DERECHOS DE LAS MUJERES

La mordaza invisible: cómo la violencia digital expulsa a las mujeres del debate público

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A horas de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, los hechos de violencia de género siguen siendo noticia diaria. Pero no se trata únicamente de violencia sexual o un femicidio. La violencia política contra las mujeres ya no necesita manifestarse en un recinto legislativo, una reunión partidaria o una campaña electoral. Hoy encuentra un territorio mucho más amplio, inmediato y difícil de regular: las redes sociales.

Un relevamiento realizado entre el 4 y el 11 de mayo de 2026 sobre publicaciones de medios nacionales y provinciales analizó 3.163 comentarios vinculados a dos dirigentes políticas de perfiles ideológicos diferentes: la diputada nacional Myriam Bregman y la diputada provincial misionera Paula Franco. El objetivo era observar cómo se construye la conversación digital cuando una mujer ocupa espacios de poder.

Los resultados del estudio dirigido por la licenciada Carla Chini, del “Observatorio de la Trama Social para un Proyecto Regional de Desarrollo Sustentable” de la Universidad de la Integración Sudamericana, muestran un patrón inquietante: la agresión rara vez se concentra en las ideas. En cambio, se dirige a la condición de mujer de quien participa del debate público.

En el caso de Paula Franco, legisladora provincial de Misiones, abogada y magíster en Políticas Públicas, el estudio analizó 743 comentarios publicados en cuentas de Facebook e Instagram de Canal 12 y otros medios de Misiones. Los ataques más frecuentes no cuestionaban proyectos legislativos, iniciativas de transparencia o propuestas de modernización del Estado. El blanco era otro.

La principal modalidad detectada fue la deslegitimación de la autonomía profesional. Expresiones como “acomodada política”, “hija de”, “paracaídas” o referencias permanentes a supuestos favores políticos aparecieron de forma recurrente. El mecanismo es conocido: desplazar cualquier mérito académico o profesional y explicar la presencia de una mujer en la política exclusivamente a través de vínculos familiares o personales.

El fenómeno resulta particularmente llamativo porque Franco posee una trayectoria profesional concreta y formación específica en gestión pública. Sin embargo, gran parte de los comentarios analizados ignoraban deliberadamente esos antecedentes para construir una narrativa donde el acceso al cargo no era consecuencia de capacidades propias sino de relaciones de poder masculinas.

La segunda categoría de agresiones detectada fue la patologización. El estudio encontró una recurrencia significativa de expresiones como “loca”, “iluminada” o “desesperada”. La utilización de presuntas alteraciones emocionales para desacreditar a una mujer constituye uno de los mecanismos históricos más persistentes de exclusión política. Mientras los hombres suelen ser cuestionados por sus decisiones, las mujeres continúan siendo cuestionadas por su estabilidad emocional.

La tercera modalidad fue la sexualización. En numerosos casos, la discusión pública se desplazó desde las políticas que impulsaba la legisladora hacia insinuaciones sobre su vida privada, relaciones personales o comentarios vinculados a su apariencia física. El objetivo es evidente: reducir la autoridad política a una dimensión íntima o corporal.

El informe también detectó procesos de animalización mediante términos como “yegua”, “burra”, “cuadrúpeda” o “tilinga”. Estas expresiones, lejos de ser simples insultos, constituyen mecanismos simbólicos destinados a deshumanizar y degradar la figura pública femenina.

La distribución de los agresores también ofrece información relevante. El 59% de los ataques identificados provenía de perfiles masculinos. En estos casos predominaban las agresiones directas, la sexualización y los cuestionamientos a la capacidad intelectual.

Por su parte, el 32% correspondía a perfiles femeninos. Allí aparecía con mayor frecuencia otro tipo de discurso: acusaciones de acomodo, cuestionamientos éticos y descalificaciones sobre méritos académicos o profesionales.

El dato rompe con una simplificación habitual. La violencia política de género no es ejercida exclusivamente por hombres. También puede ser reproducida por mujeres cuando incorporan y replican estereotipos culturales profundamente arraigados.

Quizás uno de los hallazgos más preocupantes del estudio no sea el contenido de los ataques, sino la reacción que generan. Los comentarios más agresivos son también los que reciben mayores niveles de validación social.

Las reacciones de “Me gusta” y “Me divierte” concentran buena parte de la interacción en publicaciones donde aparecen insultos, descalificaciones o ataques personales. En contraste, prácticamente no se registraron reacciones de rechazo.

La consecuencia es la creación de un ecosistema donde la agresión obtiene recompensa social. El odio se transforma en entretenimiento. La humillación pública se convierte en contenido.

Y la violencia deja de percibirse como una conducta reprochable para pasar a formar parte de la normalidad de la conversación digital.

El caso de Myriam Bregman muestra patrones similares.

Sobre una muestra de 2.420 mensajes relevados en medios nacionales, el 65% de las agresiones provinieron de perfiles masculinos y estuvieron orientadas a descalificar su ideología mediante referencias a su condición de mujer, su apariencia o su origen. Términos como “loca”, “zurda”, “rusa” o “yegua” aparecieron de manera reiterada en publicaciones vinculadas a debates políticos o encuestas electorales.

La coincidencia entre ambos casos resulta significativa.

Se trata de dirigentes con trayectorias, partidos y posicionamientos ideológicos completamente distintos. Sin embargo, reciben formas de agresión notablemente similares.

La variable común no es la ideología.

Es el género.

Por eso la violencia digital contra las mujeres no puede analizarse únicamente como un problema de moderación de contenidos o convivencia en redes sociales.

Se trata de una barrera política. Una barrera que busca instalar la idea de que las mujeres deben justificar permanentemente su presencia en espacios de decisión.

Una barrera que intenta reducir credenciales académicas a vínculos personales, propuestas de gestión a estereotipos y liderazgo a características físicas.

El relevamiento muestra que la violencia política digital no es un fenómeno aislado ni espontáneo. Posee patrones reconocibles, mecanismos repetidos y formas de validación social que permiten su reproducción. Comprender cómo funciona es el primer paso para enfrentarla.

La agresión es apenas un eslabón en la cadena de violencias. Hay otros que directamente impiden la participación de la mujer. El estudio de Chini señala que en el 2019 hubo en Misiones 54 candidatas a intendentas y legisladoras, el mayor número alcanzado de candidatas, luego de implementarse la Ley de Paridad de Género. 

Ese año y en los siguientes desde el actual “Observatorio de la Trama Social para un Proyecto Regional de Desarrollo Sustentable” de la Universidad de la Integración Sudamericana se consultó a mujeres y hombres sobre cuál es el factor que influye para que la mujer participe o no en política, ya sea en listas a cargos y/o en espacios de toma de decisiones. Las respuestas hacían referencia en primer lugar a la falta de recursos económicos con los que cuentan las mujeres para llevar adelante una campaña y la falta de apoyo para que puedan conseguirlos; en segundo lugar a la violencia política por razones de género, tanto digital como presencial y como tercera opción a la doble carga de trabajo: profesional y doméstica. 

“El rol de la mujer es cuidar a su familia”; “la mujer no debe trabajar y debe estar lejos de la política” fueron algunas de las frases recuperadas. 

Un 58% de las personas encuestadas consideraba que los tipos de liderazgo son básicamente iguales, el 31% pensaba que son diferentes, pero de todas maneras no las eligen a la hora de preguntar sobre si las votarían y un importante número indicaba que es más fácil para los hombres acceder a cargos políticos.

Aunque hemos avanzado mucho, la realidad es que la “cancha” sigue estando bastante inclinada. 

1. La “doble jornada” y la carga de cuidados

Esta es, quizás, la barrera más persistente. Socialmente, todavía se espera que las mujeres sean las principales responsables del hogar y el cuidado de hijos o familiares dependientes.

El conflicto de tiempo: La política exige horarios impredecibles y reuniones, lo cual se enfrenta con las responsabilidades domésticas.

El costo de oportunidad: Mientras un candidato suele tener una estructura de apoyo en casa, muchas candidatas deben gestionar la logística familiar antes de salir a una reunión.

2. Violencia política por razón de género

No se trata solo de críticas a la gestión, sino de ataques dirigidos por el simple hecho de ser mujer.

Acoso en redes sociales: Las candidatas reciben significativamente más insultos personales, amenazas de violencia sexual y comentarios sobre su apariencia que sus colegas varones.

3.Deslegitimación: Se cuestiona su inteligencia, su salud mental o se asume que llegaron ahí por “ser la esposa de” o por favores personales.

Gran parte de la política ocurre fuera de las oficinas: en cenas, partidos de fútbol o reuniones informales donde se cierran acuerdos y se designan candidaturas.

Exclusión: Al ser espacios históricamente masculinos, las mujeres suelen quedar fuera de estos círculos de confianza donde se reparte el poder real.

Falta de mentoría: Hay menos referentes mujeres en niveles altísimos que puedan “abrir camino” o mentorizar a las nuevas generaciones.

4. La brecha de financiamiento

Acceso al capital: Las redes de donantes suelen estar concentradas en hombres de negocios que, por sesgos inconscientes, tienden a invertir en candidatos que se parecen a ellos.

Percepción de riesgo: Algunos partidos políticos siguen viendo las candidaturas femeninas como “arriesgadas” o menos competitivas, destinándoles menos recursos económicos.

5. El sesgo mediático y los estereotipos

La prensa y la opinión pública a menudo evalúan a las mujeres con una vara distinta:

El escrutinio estético: Se habla más de su ropa o de su tono de voz que de sus propuestas legislativas.

El dilema de la competencia: Si una mujer es firme, se la tacha de “agresiva” o “difícil”; si es empática, se la considera “débil” o emocional.

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Generación Z, manósfera y elecciones

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La manósfera -ese conjunto de foros, canales de YouTube y redes sociales que agrupan a varones que reivindican la masculinidad tradicional y el antifeminismo- cobró visibilidad pública con la serie Adolescencia y el documental de Louis Theroux en Netflix. Se ha vuelto un fenómeno corriente entre los varones jóvenes. Sin embargo, aún no hay mayor conciencia sobre los efectos que produce.

Durante décadas, la academia analizó el comportamiento electoral como si hombres y mujeres opinaran de manera homogénea. Hoy eso ya no es sostenible. Un análisis de datos electorales en más de veinte países elaborado por John Burn-Murdoch (Financial Times, 2024) mostró que los varones jóvenes se identifican crecientemente con posiciones conservadoras o de derecha, mientras que las mujeres jóvenes se desplazan hacia el feminismo, el progresismo y la izquierda. Una encuesta de Ipsos en 31 países lo confirmó: seis de cada diez varones de la Generación Z creen que la igualdad de las mujeres los perjudica. Estamos ante algo más que una anomalía estadística: estamos ante un síntoma de época.

En Argentina, una investigación del Observatorio de Políticas Públicas de la UNVM  (2025) con jóvenes de entre 16 y 30 años reveló que el 49,8% de los varones se identifica con posiciones de centroderecha a extrema derecha, frente al 28,7% de las mujeres. En 2025 esa brecha creció al 28,9%. Este grupo representará el 53% del padrón electoral para las elecciones presidenciales de 2027.

¿La juventud se ha derechizado? No exactamente, pero intentan entender las dinámicas políticas sin atender a las tensiones de género parece difícil al día de hoy. Existen al menos tres ejes explicativos. El primero es económico: las mujeres concentran el trabajo precarizado y las tareas de cuidado no remuneradas, mientras algunos varones perciben los avances de las agendas de género como amenazas a su estatus. El segundo es cultural: #NiUnaMenos y #MeToo transformaron el vocabulario político y la identidad colectiva de muchas mujeres. El tercero es digital: hombres y mujeres habitan ecosistemas separados, consumiendo contenidos distintos y construyendo identidades políticas que raramente se cruzan. Varones hiperconectados a merced de influencers con narrativas que representan opciones electorales que, habitualmente, enmascaran una pertenencia a una derecha radicalizada a nivel mundial.

Desde 2016 crece en Estados Unidos el movimiento Repeal the 19th, que exige derogar el derecho al sufragio femenino. No es nostalgia: es la manosfera trasladada a la política electoral. ¿Qué sigue? ¿Derogar el derecho de las mujeres a estudiar? ¿A heredar? ¿A trabajar? ¿A divorciarse? ¿A hablar en público? No es un planteo exagerado. Prestar atención a esta polarización es urgente, porque el distanciamiento ideológico entre géneros impacta directamente sobre la estabilidad democrática y los derechos conquistados.

No estamos ante una generación que gira hacia la derecha. Lo que aparece es una generación en la que hombres y mujeres siguen trayectorias políticas cada vez más opuestas.

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Casi 2.400 millones de mujeres en todo el mundo no tienen los mismos derechos económicos que los hombres

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A pesar de la pandemia, 23 países mejoraron las leyes para promover la inclusión económica de las mujeres en 2021. El informe del Banco Mundial destaca que Argentina contabilizó explícitamente los períodos de ausencia por cuidado infantil en las prestaciones de jubilación

Alrededor de 2400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen las mismas oportunidades económicas y 178 países mantienen barreras legales que impiden su plena participación económica, según el informe Mujeres, Empresas y el Derecho 2022 del Banco Mundial. En 86 países, las mujeres enfrentan algún tipo de restricción laboral y 95 países no garantizan igual salario por igual trabajo.

A nivel mundial, las mujeres todavía tienen solo las tres cuartas partes de los derechos legales otorgados a los hombres, una puntuación total de 76,5 de un posible 100, lo que denota una paridad legal completa. Sin embargo, a pesar del efecto desproporcionado de la pandemia mundial en la vida y el sustento de las mujeres, 23 países reformaron sus leyes en 2021 para tomar medidas muy necesarias para promover la inclusión económica de las mujeres, según el informe.

“Si bien se han logrado avances, la brecha entre los ingresos esperados a lo largo de la vida de hombres y mujeres a nivel mundial es de USD 172 billones, casi dos veces el PIB anual del mundo”, dijo Mari Pangestu, Directora Gerente de Políticas de Desarrollo y Asociaciones del Banco Mundial . “A medida que avanzamos para lograr un desarrollo verde, resiliente e inclusivo, los gobiernos deben acelerar el ritmo de las reformas legales para que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial y beneficiarse plenamente y por igual”.

Mujeres, Empresas y la Ley 2022 mide leyes y regulaciones en 190 países en ocho áreas que impactan la participación económica de las mujeres: movilidad, lugar de trabajo, salario, matrimonio, paternidad, emprendimiento, activos y pensiones. Los datos ofrecen puntos de referencia objetivos y medibles para el progreso global hacia la igualdad de género. Solo 12 países, todos parte de la OCDE, tienen paridad de género legal. La novedad de este año es una encuesta piloto de 95 países sobre las leyes que rigen el cuidado de los niños, un área crítica en la que se necesita apoyo para que las mujeres tengan éxito en el empleo remunerado. También se incluye un análisis piloto de cómo se implementan las leyes que afectan el empoderamiento económico de las mujeres, destacando la diferencia entre las leyes en los libros y la realidad experimentada por las mujeres.

Las regiones de Medio Oriente y África del Norte y África Subsahariana mostraron las mayores mejoras en el índice WBL en 2021, aunque continúan rezagadas con respecto a otras partes del mundo en general. Gabón se destaca con reformas integrales a su código civil y la promulgación de una ley sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. La puntuación de Gabón aumentó de 57,5 ​​en 2020 a 82,5 en 2021.

A nivel mundial, el mayor número de reformas se realizaron en los indicadores de paternidad, salario y lugar de trabajo. Muchas reformas se centraron en la protección contra el acoso sexual en el empleo, la prohibición de la discriminación de género, el aumento de las licencias pagadas para los nuevos padres y la eliminación de las restricciones laborales para las mujeres. Los indicadores Remuneración y Paternidad tienen las puntuaciones medias más bajas del índice, pero han aumentado en el último año, subiendo 0,9 y 0,7 puntos, respectivamente, con puntuaciones medias de 68,7 y 55,6. Los avances en el indicador de paternidad se han centrado en gran medida en la licencia de paternidad y la licencia parental compartida, pero la baja puntuación destaca la necesidad de acelerar las reformas en esta área.

“Las mujeres no pueden lograr la igualdad en el lugar de trabajo si están en condiciones de desigualdad en el hogar”, dijo Carmen Reinhart, vicepresidenta sénior y economista jefe del Grupo del Banco Mundial . “Eso significa nivelar el campo de juego y garantizar que tener hijos no signifique que las mujeres estén excluidas de la participación plena en la economía y la realización de sus esperanzas y ambiciones”.

En todo el mundo, 118 economías garantizan 14 semanas de licencia paga para las madres. Más de la mitad (114) de las economías midieron la licencia remunerada obligatoria para los padres, pero la duración media es de solo una semana.

El año pasado, la RAE de Hong Kong, China, que anteriormente proporcionaba 10 semanas de licencia de maternidad remunerada, introdujo la duración mínima recomendada de 14 semanas. Armenia, Suiza y Ucrania introdujeron la licencia de paternidad remunerada. Colombia, Georgia, Grecia y España introdujeron la licencia parental remunerada, que ofrece a ambos padres algún tipo de licencia remunerada para cuidar a un hijo después del nacimiento. Las leyes que promueven la licencia paga para los padres pueden reducir la discriminación en el lugar de trabajo y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Mujeres, Empresas y la Ley 2022 presenta una investigación piloto detrás de dos nuevas áreas: entorno legal para los servicios de cuidado infantil e implementación de leyes. Un número creciente de economías está invirtiendo en el cuidado de los niños para mejorar sus habilidades y reconocer el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres, que a menudo asumen más tareas de cuidado. La investigación piloto analizó las leyes en 95 economías y encontró que la mayoría de las economías de altos ingresos de la OCDE y de Europa y Asia Central regulan los servicios públicos de cuidado infantil, mientras que en Oriente Medio, el Norte de África y el Sur de Asia las regulaciones obligan al sector privado o a los empleadores a brindar servicios de cuidado infantil. de padres trabajadores.

Para hacer que el cuidado infantil sea más asequible y más utilizado, algunos países ofrecen apoyo financiero a los padres o proveedores de cuidado infantil. La investigación también analizó los aspectos de calidad regulados, como la proporción de maestro por niño, el tamaño máximo de los grupos, los requisitos de capacitación para los maestros, así como los requisitos de licencia, inspección y presentación de informes para los proveedores de servicios. Se necesita más evidencia sobre lo que constituye una buena calidad y qué aspectos de la calidad podrían determinar la aceptación de los servicios por parte de los padres.

Esta edición también explora el funcionamiento de los indicadores Mujer, Empresa y Derecho en la práctica en 25 economías. Un análisis de los esquemas de implementación de las leyes revela una brecha sustancial entre la legislación en los libros y la operación legal. Las leyes por sí solas no son suficientes para mejorar la igualdad de género; los factores en juego incluyen no solo su implementación y cumplimiento, sino también las normas sociales, culturales y religiosas. Estas brechas se explorarán más a fondo en futuros ciclos de informes sobre Mujeres, Empresas y el Derecho .

Aspectos destacados regionales

Economías Avanzadas: Las economías avanzadas continúan progresando en los indicadores. Grecia , España y Suiza reformaron las leyes en 2021, todas enfocadas en mejorar la licencia paga para los nuevos padres. Doce economías avanzadas son las únicas economías del mundo que obtienen una puntuación de 100: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Portugal, España y Suecia.

Asia Oriental y el Pacífico: El La región de Asia Oriental y el Pacífico continúa reformando su legislación hacia la igualdad de género, pero a un ritmo lento. Dos economías del este de Asia se reformaron el año pasado. Camboya introdujo un sistema de pensiones de vejez que establece edades iguales en las que las mujeres y los hombres pueden jubilarse con todos los beneficios de la pensión. Vietnam eliminó todas las restricciones al empleo de las mujeres.

Europa y Asia Central: La región de Europa y Asia Central (ECA) es la segunda región con la puntuación más alta, con una puntuación media de 84,1. Cuatro economías reformadas el año pasado. Armenia y Ucrania introdujeron la licencia de paternidad remunerada y Georgia introdujo la licencia parental remunerada. Ucrania también igualó las edades a las que las mujeres y los hombres pueden jubilarse con beneficios de pensión completos. Chipre permitió que las mujeres solicitaran un pasaporte de la misma manera que los hombres. Quedan desafíos importantes en las áreas de Salarios y Pensiones que tienen los puntajes promedio más bajos en esta región. Por ejemplo, casi la mitad de las economías de ECA no exigen igual remuneración por trabajo de igual valor, y las edades para recibir los beneficios de pensión completa aún son desiguales en 17 economías.

América Latina y el Caribe: Las mujeres en América Latina y el Caribe tienen menos de las tres cuartas partes de los derechos legales de los hombres. Dos de las 32 economías de la región promulgaron reformas el año pasado. Argentina contabilizó explícitamente los períodos de ausencia por cuidado de hijos en los beneficios de pensión. Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en introducir la licencia parental remunerada, con el objetivo de reducir la discriminación contra las mujeres en el lugar de trabajo. Solo la mitad de las economías de la región garantizan alguna licencia paga para los padres.

Medio Oriente y África del Norte: Las mujeres en el Medio Oriente y África del Norte tienen, en promedio, solo la mitad de los derechos legales que tienen los hombres . Sin embargo, la región mejoró más sus leyes debido a las reformas en cinco economías. Bahrein ordenó la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y levantó las restricciones a la capacidad de las mujeres para trabajar de noche. También derogó las disposiciones que otorgaban a la autoridad pertinente la facultad de prohibir o restringir el trabajo de las mujeres en determinados trabajos o industrias. Egipto promulgó leyes que protegen a las mujeres de la violencia doméstica y facilitó el acceso al crédito para las mujeres al prohibir la discriminación por motivos de género en los servicios financieros. Kuwait prohibió la discriminación por motivos de género en el empleo y aprobó leyes sobre el acoso sexual en el empleo. El Líbano promulgó una ley que tipifica como delito el acoso sexual en el empleo. Omán permitió que las mujeres solicitaran un pasaporte de la misma manera que los hombres.

Sur de Asia: Las mujeres en el sur de Asia tienen solo dos tercios de los derechos legales de los hombres en la región. Solo se reformó una economía en la región. Pakistán levantó las restricciones a la capacidad de las mujeres para trabajar de noche.

África subsahariana: África subsahariana tiene un amplio rango de desempeño en el índice Mujeres, Empresas y Derecho , que va desde 89,4 en Mauricio hasta 29,4 en Sudán. La región implementó reformas integrales, logrando la segunda mayor mejora en el índice el año pasado. Destaca Gabón , con reformas integrales a su código civil y la promulgación de una ley sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Estas reformas otorgaron a las mujeres los mismos derechos que los hombres para elegir dónde vivir, obtener trabajos sin el permiso de sus maridos, eliminaron el requisito de que las mujeres casadas obedecieran a sus maridos y permitieron que las mujeres fueran cabeza de familia de la misma manera que los hombres. Gabón otorgó a los cónyuges los mismos derechos sobre los bienes inmuebles y la misma autoridad administrativa sobre los bienes durante el matrimonio. Gabón también promulgó leyes que protegen a las mujeres de la violencia doméstica. Las reformas de Gabón otorgaron a las mujeres los mismos derechos que los hombres para abrir una cuenta bancaria y prohibieron la discriminación por motivos de género en los servicios financieros.

También en la región de África, Angola promulgó leyes que tipifican como delito el acoso sexual en el empleo. Benin eliminó las restricciones al empleo de mujeres en la construcción, por lo que ahora las mujeres pueden trabajar en los mismos trabajos de la misma manera que los hombres. Burundi ordenó la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Sierra Leona facilitó el acceso al crédito para las mujeres al prohibir la discriminación por motivos de género en los servicios financieros. Togo introdujo una nueva legislación que ya no prohíbe el despido de trabajadoras embarazadas, lo que reduce las oportunidades económicas de las mujeres.

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