DESAPARECIDOS

Plaza de Mayo volvió a marcar el pulso político del 24 de marzo

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Con una Plaza de Mayo colmada desde horas antes del acto central y columnas que avanzaban por Avenida de Mayo, diagonales Norte y Sur, la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 volvió a convertirse este martes en un hecho político de escala nacional. La cita principal estaba prevista para las 16.30, con la lectura del documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, pero mucho antes de ese momento la escena ya había enviado una señal contundente: la memoria no quedó reducida al terreno simbólico, sino que volvió a ocupar la calle con capacidad de convocatoria, densidad social y proyección política.

La relevancia del día no estuvo solo en la fecha redonda. En un aniversario atravesado por el peso histórico del medio siglo y por una disputa abierta sobre el sentido del pasado reciente, la masividad de la movilización instaló una pregunta de fondo: si el acto central lograría transformar esa presencia callejera en una síntesis política común o si, por el contrario, dejaría expuestas las distintas capas de una coalición social amplia, pero no uniforme.

La Plaza, otra vez, como escenario de centralidad política

A falta de dos horas para el acto central, el espacio disponible en la Plaza de Mayo ya era escaso. Miles de personas llegaban al microcentro porteño para participar de una jornada marcada por el recuerdo, el duelo y también por la intervención política sobre el presente. El movimiento de columnas, banderas, familias, organizaciones y militantes confirmó que el 24 de marzo sigue siendo una de las pocas fechas del calendario argentino capaces de articular, en un mismo territorio, memoria histórica, identidad colectiva y posicionamiento político.

El escenario tuvo además una estructura claramente institucionalizada. El documento central, previsto para las 16.30, quedó en manos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, dos espacios que condensan parte de la autoridad construida durante décadas alrededor de la demanda de memoria, verdad y justicia. Esa centralidad no anuló la diversidad de actores, pero sí ordenó la jornada en torno de una voz esperada.

La movilización reunió a sectores con trayectorias, pertenencias y gramáticas distintas. A las 12 se concentraron la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. El Frente Renovador hizo lo propio en Avenida de Mayo y Tacuarí. La UCR convocó a las 13 en Alsina y Entre Ríos. La Asociación Madres de Plaza de Mayo junto al Movimiento Derecho al Futuro organizó un acto político en la Casa de las Madres, en Yrigoyen 1584, para luego marchar hacia la plaza. También hubo columnas de izquierda con puntos de encuentro diferenciados, además de la CGT, que se reunió en Diagonal Sur y Bolívar a las 14.

Ese mapa de concentraciones mostró algo más que logística. Expuso que la memoria sigue operando como un territorio de convergencia, aunque no necesariamente de homogeneidad. Cada actor llegó con su identidad, su historia y su lectura del presente, pero todos confluyeron hacia una misma escena de legitimidad.

La memoria como disputa de sentido en el presente

La jornada no transcurrió en un vacío histórico. El 50° aniversario del golpe reactivó preguntas que el Estado argentino todavía no cerró. Entre las consignas más repetidas aparecieron “¿Dónde están los desaparecidos?”, “que digan dónde están”, “Nunca más” y “abran los archivos”. El reclamo, en ese punto, no fue solo conmemorativo. También apuntó a una deuda persistente del Estado frente al plan sistemático de secuestro, tortura, violación y desaparición forzada de personas iniciado hace exactamente medio siglo.

La escena callejera mostró cómo esa demanda se transmite entre generaciones. Fotos en blanco y negro colgadas al cuello, pañuelos blancos, carteles, banderas con los rostros de desaparecidos y familias enteras en la marcha reforzaron una dimensión que en política no es menor: la memoria no aparece únicamente como archivo del pasado, sino como relato activo que sigue produciendo pertenencia y movilización.

En ese marco, la presencia de columnas partidarias y sindicales reveló una doble operación. Por un lado, el acto conservó su matriz histórica vinculada a los organismos de derechos humanos. Por otro, funcionó como espacio donde distintas fuerzas buscaron inscribirse en una fecha con alto valor moral y político. La decisión de La Cámpora de partir desde la ex-ESMA hacia Plaza de Mayo, en una caravana de 16 kilómetros, e incluir una parada en San José 1111, frente al departamento donde Cristina Kirchner cumple una condena, agregó una señal específica dentro de esa disputa por los símbolos y los recorridos.

El saludo de CFK desde el balcón, en ese contexto, no quedó desacoplado de la jornada. Sin necesidad de ocupar el centro formal del acto, esa imagen se integró a una secuencia política donde la memoria, la militancia y la referencia a una figura opositora convergieron en una misma puesta en escena.

Correlación de fuerzas: quién capitaliza una fecha que excede a todos

La Plaza llena fortaleció, en primer lugar, a los organismos que sostienen la agenda de derechos humanos como política pública y como narrativa histórica. La expectativa por el documento central mostró que, aun en un escenario fragmentado, sigue existiendo una búsqueda de palabra autorizada capaz de ordenar el sentido de la jornada.

Al mismo tiempo, la movilización ofreció volumen político a un abanico más amplio de actores: organizaciones sindicales, espacios partidarios, sectores del peronismo, radicalismo y agrupaciones de izquierda. Esa amplitud no implica unidad estratégica, pero sí marca un dato relevante: frente a una fecha cargada de historia, ninguna fuerza con vocación de incidencia quiso quedar afuera de la escena principal.

La lectura de poder aparece justamente ahí. El 24 de marzo no es solo una conmemoración; también funciona como un test de capacidad de presencia, articulación y legitimidad. Quien logra inscribirse sin desentonar en esa fecha suma un activo simbólico. Quien queda corrido del clima general, pierde interlocución con una porción significativa del espacio público.

La participación del Frente Renovador y el mensaje difundido por Sergio Massa en sus redes sociales también ingresan en esa lógica. No alteran la centralidad de los organismos, pero sí muestran cómo una fecha de memoria se proyecta sobre el tablero opositor y obliga a cada actor a fijar posición.

Un documento esperado y una plaza que dejó más de una señal abierta

La atención puesta en la lectura del documento central a las 16.30 condensó buena parte de la expectativa política del día. No solo por lo que pudiera decir, sino por la posibilidad de que funcionara como síntesis de una movilización multitudinaria y heterogénea. En aniversarios como este, la calle ordena, pero no resuelve por sí sola las diferencias.

Lo que deberá observarse en las próximas horas es si esa masividad se traduce en una voz común capaz de proyectarse más allá de la fecha o si quedará como una demostración potente, aunque dispersa, de rechazo al olvido y defensa del consenso democrático. También habrá que ver qué lugar ocupa esta jornada en la disputa más amplia por el sentido del pasado reciente, un terreno donde la memoria sigue lejos de haberse cristalizado.

A 50 años del golpe, la Plaza de Mayo volvió a demostrar que hay fechas que no se administran desde arriba ni se reducen a protocolo. Se construyen en la calle, con cuerpos, símbolos y relatos. Y esta vez, otra vez, la política tuvo que leer primero lo que ya estaba diciendo la multitud.

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A 50 años del golpe, “la idea de memoria completa es una reivindicación del terrorismo de Estado”

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A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Misiones volvió a poner la memoria en la calle, pero esta vez con una carga política más explícita. La movilización realizada este martes 24 en Posadas, con paso por ex centros de detención y sedes de fuerzas de seguridad hasta la plaza 9 de Julio, no se limitó a la conmemoración del terrorismo de Estado: incorporó una lectura directa sobre el escenario nacional actual y convirtió el acto en una advertencia sobre las libertades democráticas, el rol del Estado y la vigencia de los derechos humanos. La pregunta que quedó flotando no fue solo cómo recordar el pasado, sino qué señales del presente empiezan a ser leídas como un motivo de alarma.

La jornada reunió a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, familiares de desaparecidos, exdetenidos y militantes que marcharon desde la intersección de Mitre y Buenos Aires hasta distintos puntos vinculados a la represión ilegal en la provincia. El recorrido incluyó Jefatura de Policía, Policía Federal, la antigua Cárcel de Posadas (actual CEP 4), la sede de Inteligencia del Ejército, Gendarmería Nacional y la sede administrativa del Ejército. El cierre fue en la plaza 9 de Julio, donde se leyó un documento y se dejó abierto el micrófono para intervenciones de distintas agrupaciones.

De la conmemoración al señalamiento político

La movilización mantuvo el núcleo histórico del 24 de marzo —memoria, verdad y justicia—, pero sumó una capa de intervención política sobre el presente. En ese marco se inscribieron las palabras de Mario Coutouné, expreso político, hermano de una desaparecida por la dictadura y militante de Política Obrera, quien durante la jornada vinculó el aniversario de los 50 años del golpe con una crítica frontal al Gobierno nacional y a lo que definió como una avanzada sobre derechos y libertades.

Su planteo no quedó en una evocación general. Coutouné cuestionó la idea de “memoria completa”, la asoció a una reivindicación del terrorismo de Estado y sostuvo que la fecha también debía servir para advertir sobre medidas que, a su entender, anticipan un endurecimiento del poder. En esa línea, mencionó el tratamiento de una modificación del servicio de inteligencia, la posibilidad de detenciones arbitrarias, el rastreo digital sin control judicial y la pérdida de derechos laborales y sindicales.

La intervención tuvo un tono de denuncia política y buscó correr la conmemoración del terreno exclusivamente simbólico. Allí apareció una de las claves de la marcha de este año: para una parte de los sectores movilizados, el 24 de marzo ya no solo funciona como recuerdo del pasado, sino también como una herramienta para leer el presente y ordenar una respuesta política.

Del terrorismo de Estado a las alertas sobre el presente

En dialogo con Economis, Coutouné avanzó sobre un terreno sensible: vinculó la agenda de derechos humanos con debates actuales sobre inteligencia, organización de los trabajadores, derecho de huelga y capacidad de respuesta de las organizaciones sociales. Su crítica apuntó a lo que definió como una reivindicación del terrorismo de Estado bajo la idea de “memoria completa”, y desde allí trazó un paralelo entre el clima previo al golpe y determinadas decisiones o debates contemporáneos.

No se trató, en su exposición, de una comparación lineal ni de una descripción institucional cerrada, sino de una lectura militante sobre el presente político. El eje de su argumento fue que los retrocesos en derechos, la pérdida de herramientas de organización y las reformas que afectan libertades públicas deben ser observados no como hechos aislados, sino como parte de una secuencia que exige debate y reacción en sindicatos, lugares de trabajo y espacios de militancia.

En ese punto, su intervención aportó una dimensión política específica a la marcha: trasladó la memoria desde el terreno del consenso histórico al de la disputa contemporánea. Allí apareció una de las claves de la jornada. La conmemoración no solo reunió a quienes sostienen el reclamo de justicia por los crímenes de la dictadura; también funcionó como caja de resonancia para sectores que leen en el presente una reconfiguración del vínculo entre Estado, control social y conflicto laboral.

Una voz militante que tensiona el clima político

Coutouné sostuvo que no se puede permitir que un nuevo deterioro democrático “sorprenda” a la sociedad, y recuperó para eso referencias del período previo al golpe de 1976. Su argumento se apoyó en la idea de que la inacción de dirigencias políticas y sindicales frente a señales de agravamiento institucional también forma parte de la historia que debe ser revisada.

Esa lectura corrió la discusión de un plano memorial hacia uno estratégico. El foco ya no estuvo solo en el pasado dictatorial, sino en la capacidad actual de organización social. Según su planteo, el silencio sindical, la pérdida de derechos laborales y la falta de debate en los lugares de trabajo debilitan la capacidad de respuesta ante escenarios de mayor conflictividad. De ese modo, la memoria aparece no solo como homenaje a las víctimas, sino como herramienta de interpretación política y de reorganización colectiva.

El impacto de esa voz dentro de la jornada no radicó únicamente en la dureza de sus definiciones, sino en el lugar desde donde habla: hermano de una desaparecida y partícipe de una movilización que, a medio siglo del golpe, volvió a reunir a sectores políticos, sociales y de derechos humanos en defensa del “Nunca Más”. Esa combinación entre biografía, militancia y coyuntura le dio peso a su intervención dentro del acto.

La memoria como territorio de disputa

A medio siglo del golpe, el sentido de la fecha se volvió un terreno en disputa más visible. La marcha en Posadas mostró que la memoria ya no se limita a la preservación de una verdad histórica, sino que se reactualiza frente a debates contemporáneos sobre seguridad, organización social, inteligencia estatal y derechos laborales.

En ese marco, el recorrido por ex centros de detención y edificios ligados a las fuerzas de seguridad tuvo una carga doble. Por un lado, reconstruyó territorialmente el circuito de la represión en Misiones. Por otro, reforzó una idea política: que los lugares del pasado no son solo sitios de memoria, sino referencias concretas desde donde interpelar decisiones del presente.

La lógica del acto también acompañó esa lectura. Dejar el micrófono abierto a las agrupaciones no solo amplió la participación: habilitó que la conmemoración tomara un tono más asambleario, más militante y menos ceremonial. Eso fortaleció la dimensión política del evento, aunque también dejó a la vista que dentro del amplio campo de derechos humanos conviven discursos, estrategias y tonos distintos.

Qué expresa esta escena en términos de poder

La movilización dejó una señal relevante en el plano político local. Las organizaciones de derechos humanos, los sobrevivientes, los familiares y los espacios militantes que participaron conservaron capacidad de presencia callejera, de construcción de agenda y de intervención simbólica sobre una fecha central del calendario democrático. No es un dato menor en un escenario donde la disputa por el sentido del pasado también busca traducirse en posicionamientos sobre el presente.

Al mismo tiempo, la incorporación de una crítica abierta al Gobierno nacional reordena el mapa de alianzas y tensiones en torno al 24 de marzo. La memoria aparece así no solo como una política de reparación o un compromiso institucional, sino como una plataforma desde la cual sectores sociales y políticos fijan posición frente a reformas, discursos y dispositivos estatales que consideran problemáticos.

Eso no convierte automáticamente a toda la marcha en una expresión homogénea. Pero sí muestra que la conmemoración dejó de ser un espacio neutro. En Posadas, el aniversario de los 50 años del golpe funcionó como una escena donde se cruzaron historia, derechos humanos y conflicto político contemporáneo.

Un aniversario que no quedó encapsulado en el pasado

En sus declaraciones, Coutouné insistió en una idea: que el golpe de 1976 no fue una irrupción inesperada, sino un proceso precedido por señales, complicidades y silencios. Esa lectura histórica fue llevada al presente como advertencia. Su planteo apuntó a que las organizaciones sociales, sindicales y políticas debatan, se reorganicen y no minimicen medidas que, según su visión, pueden erosionar derechos democráticos.

Más allá de la dureza de esa interpretación, el hecho político concreto es otro: en Misiones, el 24 de marzo de este año no quedó encapsulado en el pasado. Se convirtió en una fecha desde la cual distintos actores intentan intervenir en la discusión pública actual. Eso amplía el alcance de la jornada, pero también eleva la tensión alrededor de su significado.

Lo que habrá que observar en las próximas semanas es si esta lectura más confrontativa del Día de la Memoria se sostiene en nuevas acciones, documentos o articulaciones entre organizaciones, o si queda circunscripta a la potencia simbólica de la fecha. También será relevante ver hasta qué punto la agenda de derechos humanos logra seguir conectando con reclamos sociales más amplios, como el empleo, los salarios y las libertades públicas, sin perder densidad histórica en el camino.

A 50 años del golpe, la escena en Posadas dejó algo más que una conmemoración. Mostró que la memoria sigue siendo una forma de intervención política y que, lejos de clausurarse, el debate sobre su sentido vuelve a abrirse cada vez que el presente empuja nuevas preguntas.

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Memoria, verdad, justicia y, ¿libertad?

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Llega un nuevo 24 de marzo, aunque esta vez en condiciones que quizás no se presentaron previamente. El negacionismo y los discursos de odio se escaparon de Twitter para instalarse en el poder. 

Penosamente, un 24 de marzo, pero de 1976 se abría uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. La Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla decide ejecutar un golpe de Estado, despojando a nuestro país del modelo democrático. La historia es conocida. Represión, detenciones ilegales, torturas y desapariciones. El número de 30 mil desaparecidos que se transforma en bandera con el correr de los años posteriores a la dictadura, que gobernó hasta 1983. 

Hoy, en pleno 2024, es difícil pensar en Memoria, Verdad y Justicia. El poder político de turno tiene como principio partidario e ideológico, al negacionismo del proceso represivo de la última dictadura cívico – militar. Algunos personajes que hoy están en el poder, consideran que no hubo un gobierno que aplicó el terrorismo de Estado, sino que se trató de una guerra que sirvió para barrer con el “terrorismo” de izquierda. Interpretación peligrosa si las hay.

Además del dato duro histórico, el cual existe, también hay que decir que la propagación de teorías negacionistas tienen un efecto potencialmente negativo en la sociedad. La ecuación es simple: si la gente naturaliza que los militares no desaparecieron gente, facultan a la aceptación generalizada de nuevos regímenes con un uso ilegítimo de la fuerza. Este fenómeno es nada más y nada menos que la manipulación de la historia con fines políticos. Es algo que ha existido desde la propia creación de los relatos y la tradición oral. Es el historiador quien debe saber discernir y trasladar esos debates a la ciudadanía. 

Pareciera haber un correlato entre los movimientos negacionistas a nivel mundial y la necesidad de la aplicación de la fuerza contra grupos disidentes. No por nada se ven neonazis en Estados Unidos y Alemania, pese a que en el último país hay una pena de cárcel para aquellos que hagan apología al fascismo, por ejemplo. Ese correlato es poder puro, al servicio del conservadurismo. Replicar esos modelos es entregarle en bandeja un país, con facultades de golpear y asesinar a quien piense distinto. 

¿Por qué se duda del número de desaparecidos? 

Básicamente por informes de la CONADEP, donde hallaron una cifra cercana a 8 mil personas, más no 30 mil, como generalmente se expone. Eso refuerza la idea negacionista de que se trató de una guerra y no un proto genocidio. Lo que sucede, en términos históricos, con las cifras es que hay un consenso para poder entender la magnitud de las acciones del hombre en el tiempo. Que el número sea mas o menos, es una cuestión minuciosa que no explica lo que fue un proceso dictatorial como en este caso. Si una persona desapareció o fueron más de 30 mil inclusive, el proceso es el mismo, lo que se cuestiones severamente es la utilización del terrorismo de Estado como un mecanismo de gobierno. Esa es la gravedad del asunto que no se debate o que al menos los negacionistas no quieren discutir. Asimismo, despejando toda duda, Estados Unidos desclasificó un archivo donde explícitamente hablan de 22 mil desaparecidos solo hasta el año 1978. 

Documento de la DINA que co… by ambito.com

Justamente fue Videla quien se encargó de definir a los desaparecidos: “no están muertos ni vivos, están desaparecidos”. Sumado a la clandestinidad, hace que los relatos y las historias de vida sean las fuentes que sirvan para intentar reconstruir la historia lo más fidedigna posible.

¿Hubo enfrentamiento con facciones armadas de izquierda?

 Desde el vamos, la década de los 70’s fue muy convulsionada, en donde envalentonados por los experimentos socialistas revolucionarios en Cuba y Nicaragua, agrupaciones como ERP y Montoneros ampliaron sus operaciones, llevando a combates encarnizado contras las fuerzas, mientras Perón se encontraba en el exilio. Justamente, cuando Juan Domingo arriba a Argentina para su tercer mandato en 1973, hasta su muerte al año siguiente, su objetivo de gobierno distaba mucho de tomar las armas para combatir a la “derecha”, de hecho, Perón echó a los montoneros de su acto de retorno al país, mientras existía la nefasta actuación de la triple A (Alianza Anticomunista Argentina), provocando escenas desgarradoras, como por ejemplo la incógnita del atentado Irrazábal y Ayrault (gobernador y vicegobernador de Misiones) en Puerto Península en 1973. Su muerte, hasta el día de hoy tiene como hipótesis al accionar de la triple A.

Fue un momento de máxima dificultad en el país, aunque hablar de guerra es desmesurado. Una guerra tiene dos facciones con potencial acorde a sus pretensiones. En los 70’s fue un enfrentamiento entre el ejército y agrupaciones armadas de izquierda que decantó en una lamentable dictadura. Nada puede respaldar el grosero accionar de la Junta Militar para imponer semejante régimen autoritario. Además de las consecuencias sociales, fue la puerta para el experimento neoliberal de Martínez de Hoz y el agravamiento económico nacional, la fuga de cerebros y talentos y el lanzamiento hacia una guerra que fue perdida desde el vamos, sin el aprovisionamiento correcto y sin el respaldo de las potencias dominantes. Malvinas fue el único conflicto armado donde ni Estados Unidos ni la Unión Soviética apoyó a un país, también por reticencia de los militares a cargo de Argentina. 

¿A dónde está la libertad?

Palabra denostada si las hay, pero de algo hay seguridad: entre 1976 y 1983 no existió tal libertad. La censura y la falta de expresión libre fueron moneda corriente. La unicidad de pensamiento era el leitmotiv del Proceso de Reorganización Nacional. Periodistas, científicos, docentes y artistas fueron perseguidos y hasta desaparecidos por pensar distinto. Básicamente, ni siquiera un análisis lógico u objetivo tenía lugar, sin la aprobación de los lugartenientes de turno. De esto hay sobradas pruebas, y me lleva a otra incógnita: ¿cómo se puede hablar de libertad si se apoya una dictadura? Situación símil a la decadente Cuba en manos de Díaz Canel, por solo tomar un ejemplo. La defensa de la libertad es algo filosófico y hasta espiritual. Los discursos mesiánicos de la libertad que hoy en día se pregonan son simples consignas para enmascarar proyectos económicos en beneficios de algunos. ¿Es libertad económica? Si, pero a costo de la libertad social. 

La libertad nunca es total, sin embargo, este 24 de marzo es para comprender que no se puede expropiar esta palabra del pueblo. Sé libre, cuestiona, criticá, fundamentá y discutí, pero jamás dejes que este concepto simbolice algo perverso.

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Fueron 30 mil desaparecidos: los archivos de inteligencia de Estados Unidos sobre la caída de la Junta Militar

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(Por Laura Pomilio) La nueva colección “Democracia 1983” del Proyecto Desclasificados echa luz, a través del análisis de documentos de organismos de inteligencia estadounidenses, sobre la evaluación que hicieron del proceso de transición democrática en Argentina, las acciones que marcaron la salida del poder de la Junta Militar y las perspectivas sobre los primeros pasos del gobierno de Raúl Alfonsín, a 40 años de los comicios que permitieron el retorno democrático en el país.

Los 129 documentos seleccionados se centran en el proceso político de los años 1982 y 1983, y dan cuenta de las comunicaciones diplomáticas, políticas y de inteligencia desclasificadas, principalmente del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en torno al “contexto de incertidumbre” que transitó Argentina hacia el proceso electoral que culminaría el 30 de octubre de 1983.

El Proyecto Desclasificados es impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta- y la nueva colección disponible se encuentra en la web desclasificados.org.ar.

Varios de esos documentos le dan centralidad a la gesta y posterior difusión en abril de 1983 del “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, la proclama política del discurso oficial militar que intentó justificar el accionar represivo a través de la noción de “guerra” en la que se “habían visto obligados a defender a la nación”.

Al respecto, un cable del Departamento de Estado fechado en febrero de 1983 -dos meses antes de la difusión del Documento Final- hizo referencia a la iniciativa de la Junta que intentó resolver uno de los problemas “más explosivos” del retorno de la democracia: las desapariciones.

“La iniciativa de la Junta tiene por objeto solucionar uno de los problemas más explosivos en la planificación argentina del regreso a la democracia. Lo que está en cuestión es el destino de hasta 30 mil personas que desaparecieron durante la campaña antiguerrilla”, expresó textualmente el documento.

También sostuvo que -según fuentes militares- la propuesta de documento “sería más una explicación de cómo y por qué se había realizado la campaña antiguerrilla” y no “una explicación detallada” de lo que pasó con “las personas oficialmente listadas como desaparecidas por los grupos de derechos humanos”.

En este mismo documento, al igual que en otros de la colección, se hizo referencia a otro hito de ese año que sería la promulgación el 22 de septiembre de la Ley 22924 de Autoamnistía (o de Pacificación Nacional), un elemento de defensa jurídica clave para el intento de salida del poder con impunidad de una Junta Militar ya seriamente debilitada además por una profunda crisis económica.

“Grupos de derechos humanos ya se han opuesto a los indultos diciendo que las Fuerzas Armadas carecen de autoridad moral para absolverse de responsabilidad por los actos que cometieron”, refirió al respecto y con seis meses de anticipación a la promulgación de la ley el documento desclasificado.

Según explicaron a esta agencia miembros del equipo interdisciplinario que trabaja desde 2019 en el Proyecto Desclasificados son numerosos los documentos que dan cuenta de las discusiones internas entre las fuerzas así como de “las reacciones adversas de los organismos, referentes políticos, religiosos y sociales”.

Otro documento del Departamento de Estado fechado el 3 de mayo de 1983 relevó las reacciones mayoritariamente negativas a nivel nacional e internacional luego de la difusión del Documento Final y anticipó la autoamnistía con miras a las elecciones de octubre.

“La abrumadora reacción negativa al informe de la junta, tanto en Argentina como en el extranjero, asegura que la cuestión de las personas desaparecidas y la responsabilidad por posibles crímenes seguirá siendo explosiva durante algún tiempo”, auguró el archivo desclasificado y afirmó que la inminente promulgación de la Ley de Autoamnistía “sólo aumentará la controversia actual”.

“(Jorge Rafael) Videla admitió que las Fuerzas Armadas habían cometido errores ‘que casi excedieron los límites éticos’. Videla afirmó también que la lucha contra el terrorismo de izquierda no podría haberse abordado de forma distinta a la adoptada”, informó aquel documento sobre los dichos de uno de los máximos responsables del terrorismo de estado.

Un documento de la CIA del 3 de septiembre de ese mismo año describió las crecientes tensiones internas entre las Fuerzas Armadas y con sectores de la Policía por denuncias en curso, y señaló la presión explícita de oficiales de la Armada para la sanción de la Ley de Autoamnistía.

“Los oficiales de la Marina comenzaron a hacer lobby para la aprobación inmediata de la Ley de Autoamnistía”, detalló el cable de la CIA y adujo que la “actitud de los oficiales” de la Armada se encontraba fundada en “los procedimientos judiciales civiles contra el Almirante retirado Emilio Massera” y por el “involucramiento de la Escuela Mecánica de la Armada en la campaña antisubversiva de los años 70′”.

También el documento comunicó que miembros del Ejército y la marina se estaban “molestando mucho como resultado de varios escándalos y casos judiciales que implican a miembros de alto rango de sus servicios”.

“Los doscientos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que actualmente enfrentan cargos por excesos cometidos durante la campaña antisubversiva han amenazado con contactar a los periodistas e implicar a otros miembros del personal de las Fuerzas Armadas en estos incidentes”, detalló el documento desclasificado.

Además indicó que “policías federales y provinciales que fueron llamados a declarar en relación con acciones legales iniciadas por familiares de personas desaparecidas” estaban “presionando al Ejército para que los proteja”, dado que “actuaron bajo su control operativo” durante el terrorismo de Estado.

“Lo primero que surge del análisis de estos archivos es lo que nosotros después -con la historia a nuestro favor- sabemos sobre ese quiebre definitivo de la legitimidad de la Junta Militar, que está presente en los documentos que son contemporáneos al tiempo histórico y dan cuenta de un contexto de mucha incertidumbre”, dijo a Télam Federico Ghelfi, coordinador del Área de Investigación del CELS e integrante del Proyecto Desclasificados.

Y remarcó: “Se efectúan lecturas a través del monitoreo de los agentes de inteligencia y diplomáticos, de cómo se desarrollaría finalmente todo el proceso e inclusive si el gobierno de (Raúl) Alfonsín tendría el poder político suficiente para llevar a cabo las propuestas de campaña vinculadas fuertemente a los derechos humanos”.

Una vez efectuados los comicios del 30 de octubre de 1983 que ungieron como presidente al candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), y tras su asunción el 10 de diciembre, el Congreso derogó antes de fin de año la Ley de Autoamnistía.

Otro de los documentos, en este caso del Directorio de Inteligencia de la CIA, fechado en diciembre de 1983, efectuó un análisis del contexto complejo de la asunción de Alfonsín, delineó los principales desafíos y perspectivas del nuevo gobierno e inclusive esbozó una serie de escenarios futuros posibles.

“La sorprendente victoria electoral del presidente Alfonsín sobre los peronistas, combinada con su voluntad de llegar a acuerdos y el desorden dentro del ámbito militar, debería darle al menos seis meses de gracia para introducir reformas”, vaticinó el informe estadounidense.

Asimismo, la agencia de inteligencia argumentó que Alfonsín tenía “ventaja sobre los militares que dejan el cargo después de siete años de fracaso económico, violaciones masivas de derechos humanos y la amarga derrota de las Malvinas el año pasado”.

Además pronosticaron que “para impedir la intervención militar en política” era “probable” que el presidente radical hiciera “concesiones en dos cuestiones críticas para los militares, derechos humanos y corrupción, dejándolos en manos de los tribunales para investigar y decidir”.

Sobre la propia figura de Alfonsín, el directorio de la CIA sostuvo que “el nuevo presidente de 56 años” había “demostrado coraje y paciencia” para “perseguir un compromiso de por vida con los ideales democráticos, los derechos humanos y la justicia social” y que su “reputación le permitió postularse como un hombre decente y honesto que ofrecía una genuina alternativa al peronismo”.

“Sobre la base de su trayectoria, creemos que Alfonsín tiene la capacidad y el temperamento para moderar su retórica de campaña, adaptarse a las realidades políticas y, en la medida que pueda, caminar sobre la cuerda floja siendo fiel a sus principios mientras trabaja para unir las fuerzas dispares que componen la sociedad argentina”, se sostuvo en el informe.

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Convocan a quienes puedan brindar información sobre los desaparecidos del Nordeste Argentino durante la última dictadura militar

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Las unidades de Derechos Humanos del Ministerio Publico Fiscal de las ciudades de Resistencia (Chaco) y Corrientes, en forma conjunta con las fiscalías federales de Reconquista y Goya, y en coordinación con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), convocan a aquellas personas que conozcan y deseen brindar información sobre cuerpos y/o restos de desaparecidos que hayan sido arrojados al Río Paraná entre 1975 y 1980, o de sepulturas en cementerios próximos a ese cauce u otros lugares en localidades de la costa, zonas rurales e islas.

Según resaltaron en un comunicado, las investigaciones judiciales en causas de lesa humanidad han logrado reconstruir en estos años la sistemática del Terrorismo de Estado en Corrientes y Chaco de eliminar a sus víctimas arrojando sus cuerpos al Río Paraná con un corte importante en el abdomen para evitar que flotaran, desnudos, maniatados con alambres, cortadas las yemas de sus dedos para dificultar la identificación y con balas de plomo a modo de ejecución. Ello pudo reconstruirse por las autopsias efectuadas en su momento por el médico forense de Empedrado, Dr. Otto Eliseo Manzolillo, en algunos casos y de posibles entierros clandestinos en otros.

Gracias a la colaboración de la sociedad y del testimonio de diversas personas, la justicia federal junto al EAAF han establecido el paradero y la identidad de tres personas desaparecidas, que fueron halladas en el Río Paraná y enterradas como NN en el cementerio de la localidad de Empedrado. Así se pudo identificar y restituir a sus familias a Rómulo Artieda -desaparecido del Centro Clandestino RI 9 Corrientes en mayo de 1977-; Carlos Tereszcuk -visto con vida en la Jefatura de Resistencia de la Policía del Chaco a mediados de noviembre de 1976- y Julio “Bocha” Pereyra – desaparecido en la Masacre Margarita Belén cometida el 13 de diciembre de 1976-.

Sin embargo, las dependencias del MPF resaltaron que aún son muchas más las personas que permanecen desaparecidas y cuyas familias hace más de 45 años que esperan la posibilidad de conocer la verdad, hallarlos y así concretar el duelo tan negado.

A su vez, desde las fiscalías federales se facilitarán todos los mecanismos para que quienes posean información y deseen acercarlas, las puedan brindar de manera virtual.

La convocatoria fue firmada por Flavio Ferrini -fiscal federal de Corrientes-; Patricio Sabadini -fiscal federal de Resistencia-; Federico Carniel -fiscal general-, Carlos Amad -fiscal general- y Diego Vigay -fiscal Ad Hoc de Chaco-; Roberto Javier Salum -fiscal federal de Reconquista (Santa Fe)-; Mariano Enrique de Guzmán -fiscal federal de Goya (Corrientes)- y Juan Nobile -EAAF Nordeste-.
Dónde aportar la información

Unidad de DD HH Corrientes:

Te Ce: 3794330375. Correo Electrónico: MSanauria@mpf.gov.ar.

Unidad de DD HH Resistencia, Chaco:

Te Ce 3794252793

Correo Electrónico : DVigay@mpf.gov.ar o

vigaydiegojesus@yahoo.com.ar

Fiscalía Federal de Reconquista – Santa Fe-:

Te 03482 422522

Correo electrónico : fisfed-rqt@mpf.gov.ar

Fiscalía Federal de Goya – Corrientes:

Correo Electrónico : fisfed-goy@mpf.gov.ar

Teléfono 03777-475794

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