DESIGUALDAD

ONU Mujeres alerta, casi 50.000 femicidios familiares en 2024 y 137 víctimas por día

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Femicidios en aumento, ONU Mujeres alerta que casi 50.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familias en 2024

Un informe de ONU Mujeres, elaborado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reveló que en 2024 casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o algún miembro de su familia. La cifra —que equivale a un promedio de 137 víctimas por día— expone el agravamiento de una problemática estructural que las Naciones Unidas volvieron a colocar en el centro del debate global en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El organismo advirtió que estos crímenes representan casi el 60% de los 83.000 homicidios de mujeres registrados ese año. Las conclusiones describen un escenario alarmante para los sistemas judiciales, los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos que buscan contener un fenómeno que combina desigualdad estructural, violencia doméstica y fallas de protección estatal.

Un mapa global del femicidio: África y Asia concentran la mayoría de los casos

El informe muestra disparidades regionales que permiten dimensionar la magnitud del problema:

África: 22.600 asesinadas por parejas o familiares en 2024.
Asia: 17.400 víctimas.
Américas: 7.700.
Europa: 2.100.
Oceanía: 300.

La distribución geográfica confirma que el femicidio íntimo o familiar continúa siendo un fenómeno transversal, aunque con dinámicas específicas según región. En Europa, el 64% de los casos fueron cometidos por parejas de las víctimas, mientras que en las Américas ese porcentaje asciende a 69%.

ONU Mujeres identificó factores estructurales que sostienen la violencia letal: estereotipos de género que consideran a las mujeres “subordinadas” a los hombres, discriminación en distintos niveles sociales y económicos, desigualdad persistente en el acceso al empleo, la educación y la justicia.

Además, el informe alerta sobre dos factores de riesgo clave en el feminicidio de pareja: antecedentes de violencia y separación inminente. Sin embargo, en los crímenes cometidos por otros familiares, los patrones son menos claros, lo que exige estrategias más amplias y específicas de prevención

La tecnología como nuevo vector de violencia: del control digital a los deepfakes

Uno de los puntos más novedosos del informe es la referencia al rol de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la expansión de nuevas modalidades de violencia contra mujeres y niñas.

Según ONU Mujeres, el acceso masivo a herramientas digitales permite: intensificar patrones de violencia doméstica, ejercer control coercitivo, vigilancia y acoso, producir contenidos dañinos como videos deepfake, una práctica en crecimiento.

La organización advierte que la violencia digital impacta especialmente en mujeres con mayor visibilidad pública —periodistas, políticas y activistas—. Una de cada cuatro periodistas afirmó haber recibido amenazas de violencia física o de muerte a través de Internet.

Para ONU Mujeres, esta tendencia no solo profundiza la violencia tradicional, sino que crea nuevos factores de riesgo que pueden actuar como antesala del feminicidio.

Prevención, justicia y datos: las claves que propone ONU Mujeres para frenar los feminicidios

El estudio insiste en que reducir los feminicidios requiere intervenciones integrales y sostenidas, basadas en tres pilares: educación, legislación y fortalecimiento institucional.

Entre las medidas propuestas se destacan:

Educación y habilidades para relaciones sanas

Programas de formación para desmontar estereotipos y prevenir dinámicas abusivas desde edades tempranas.

Reforma legal y penal

Criminalizar el femicidio como figura autónoma.

Incorporar agravantes específicas para homicidios motivados por violencia de género.

Crear unidades especializadas en policías, fiscalías y tribunales.

Campañas públicas

Promoción de campañas como “Ni Una Menos” y “Me Too”, destinadas a sensibilizar y ampliar la visibilidad del problema.

Sistemas de información confiables

Los organismos internacionales subrayan que cualquier política pública requiere datos robustos y comparables. Entre los modelos citados se encuentra VioGén, un sistema del Ministerio del Interior de España creado en 2007, que integra herramientas de evaluación de riesgo, monitoreo y protección de víctimas.

El fortalecimiento de observatorios de feminicidio y agencias estatales aparece como condición central para mejorar la respuesta de justicia y prevención.

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Uno de cada dos hogares urbanos no accede a todos los servicios básicos

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los indicadores de condiciones de vida del segundo semestre de 2024, relevados en los 31 principales aglomerados urbanos del país. El informe expone que el 45,7% de los hogares no accede simultáneamente a los tres servicios esenciales -agua corriente, cloacas y gas de red-, lo que evidencia una desigualdad estructural persistente en el acceso a infraestructura básica.

En paralelo, casi dos de cada diez hogares habitan viviendas con materiales de calidad insuficiente o parcialmente insuficiente. Si bien el 81,4% de los hogares reside en viviendas con materiales adecuados, el 18,6% restante presenta condiciones que afectan la habitabilidad, la salud y el bienestar general. A esto se suma un 2,2% de hogares en hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto), lo que implica que 1,2 millones de personas viven sin espacios adecuados de intimidad ni comodidad.

El saneamiento también continúa siendo una deuda pendiente: un 12,8% de los hogares no cuenta con condiciones sanitarias adecuadas, y el 6,5% directamente no posee baño con descarga de agua. Aunque el 97,7% de los hogares accede al agua dentro de la vivienda, todavía hay un 2,3% que debe obtenerla fuera, lo cual complica el acceso seguro y constante al recurso.

Otro dato alarmante es que más de medio millón de hogares están ubicados a menos de tres cuadras de basurales, y 861.000 hogares viven en zonas con riesgo de inundaciones. Estas condiciones ambientales adversas afectan a más del 10% de la población urbana, generando vulnerabilidad estructural.

El régimen de tenencia también refleja los desafíos de acceso a la vivienda: el 22% de los hogares es inquilino y otro 9,6% ocupa sin título formal. Solo el 60% de los hogares es propietario tanto de la vivienda como del terreno, lo que marca una tendencia sostenida hacia la precarización residencial.

En cuanto a cobertura médica, el 32,8% de la población depende exclusivamente del sistema público de salud. En los hogares con niños y adolescentes, esta proporción sube a 43,1%, mientras que entre los adultos mayores desciende al 2,8%, debido a la cobertura casi universal del sistema previsional. La salud pública sostiene a casi 10 millones de personas sin otra cobertura.

En el terreno educativo, la asistencia escolar en niños y adolescentes de 4 a 17 años alcanza el 97,7%, aunque con brechas por edad y por nivel educativo del hogar. Los adolescentes (15 a 17 años) muestran una inasistencia del 5,5%. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo el 49% asiste a un establecimiento educativo y apenas el 16,3% de los adultos jóvenes (25 a 29 años) ha finalizado estudios superiores. En los hogares con clima educativo bajo o muy bajo, la probabilidad de abandono escolar es significativamente mayor.

Finalmente, el informe del INDEC vincula estas condiciones con los niveles de pobreza por ingresos: el 38,1% de la población urbana es pobre, de los cuales el 8,2% se encuentra en situación de indigencia. Las carencias materiales no son solo consecuencia de los ingresos, sino también reflejo de desigualdades en el acceso a servicios, infraestructura y derechos básicos.

Los datos del segundo semestre de 2024 consolidan un panorama en el que las mejoras son escasas y la desigualdad estructural persiste. La necesidad de políticas públicas focalizadas, inversión en urbanización y fortalecimiento del sistema de salud y educación es cada vez más urgente para revertir este diagnóstico que afecta a millones de hogares en todo el país.

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En el primer trimestre, la desigualdad pegó un salto y trepó a un nivel récord desde 2016

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El coeficiente de Gini, que mide la disparidad del ingreso per cápita familiar, fue de 0,467 en el 1° trimestre de 2024, lo que significa un salto significativo respecto al mismo trimestre de 2023, cuando el valor fue de 0,446, lo que muestra un importante aumento de la desigualdad en la comparación interanual, informó esta tarde el INDEC.

Según el INDEC, es un indicador de la desigualdad en la distribución del ingreso. El coeficiente toma valores comprendidos entre 0 y 1. El valor 0 corresponde al caso de “igualdad absoluta de todos los ingresos” y el valor 1, al caso extremo contrario, donde todas las personas tienen ingreso 0 y una sola persona se lleva el total. Puede calcularse con datos desagregados o agrupados; por ejemplo, en deciles. El INDEC lo calcula con los datos desagregados. Se lo utiliza, a veces, para comparar la distribución del ingreso entre países o para mostrar la evolución de la distribución del ingreso de un país. Para su cálculo, se toma en cuenta el conjunto de la población, lo que lo diferencia de otros indicadores, como el cociente entre los deciles 10 y 1, que toma en cuenta la diferencia entre los extremos de la distribución. 

El informe de hoy sobre evolución de la distribución del ingreso es otro indicador que muestra el impacto que están teniendo las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, que asumió a partir del 10 de diciembre del año pasado. Otro ejemplo de este impacto se verificó ayer, cuando el INDEC dio a conocer la caída de 5,1% interanual del Producto Bruto Interno, también en el primer trimestre de 2024. Y otro cuando dio a conocer el Informe sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en correspondiente al segundo semestre de 2023, el que, aunque apenas muestra el comienzo de la administración actual, logró capturar más deterioro en diciembre por la devaluación, entre otras medidas. Los datos de pobreza revelaron un aumento en ambos indicadores con respecto al primer semestre del mismo año. Según el INDEC, el 31,8% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza (LP), lo que representa un aumento de 2,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al primer semestre. Eso significa que 41,7% de las personas son pobres, un aumento de 1,6 p.p. en el mismo período. A su vez, 8,7% de los hogares se encuentran bajo la línea de indigencia (LI), lo que representa un aumento de 1,9 p.p. Esto se traduce en que 11,9% de las personas son indigentes, un aumento de 2,6 p.p.

Ese anticipo del impacto de las medidas gubernamentales en la pobreza se verificó, aunque con otros criterios de medición, cuando Cáritas Argentina y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) de la Universidad Católica Argentina presentaron, hace tres semanas, el informe “Radiografía de la pobreza en Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza”, donde se señala que “la aceleración de la espiral inflacionaria generó un notable incremento en los índices de pobreza e indigencia. Entre el tercer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, el indicador de pobreza subió del 44,7% al 55,5%, mientras que la indigencia pasó del 9,6% al 17,5%. Esto implica que en los primeros meses de 2024, aproximadamente 24,9 millones de personas en áreas urbanas se encontraban en situación de pobreza, de las cuales 7,8 millones vivían en la indigencia”.

El Gobierno, que en estos momentos celebra un proceso de desinflación, atribuye todos estos indicadores a la herencia recibida, que está siendo encarada mediante políticas de ajuste con una intensidad de shock: suba inflacionaria, despidos en la administración pública y en el sector privado, recortes en la ayuda social, recesión, entre  otras. La administración de Milei considera que estos flagelos son un precio inevitable para que el país derrote la inflación, y recupere el crecimiento, a partir de los cual  estos números se mejorarían. 

Más datos del informe de hoy

El informe del INDEC consigna, además, que la suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $6.915.757 millones, lo que significó un incremento de 198,4% en relación con igual trimestre de 2023. El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.593.119 personas, alcanzó los $233.695, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $155.000.

Además, señala que el 62,2% de la población total (18.416.828 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $369.085. Analizado según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de $122.529; el del estrato medio (deciles 5 a 8), de $327.862 y el del estrato alto (deciles 9 y 10), de $945.325. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $429.741, mientras que el de las mujeres fue de $310.064.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $350.593 y un ingreso mediano de $260.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, fue de $118.759. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 a 8) fue de $329.826, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 fue de $855.881.

Más datos 

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.620.037 personas con ingreso promedio de $361.445. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $449.382 (+196,1% interanual), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $197.467 (+200,8% interanual).

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 76,8% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,2% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos: fue igual al 62,6% en el primero y 13,6% en el décimo. 

Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 125 por cada 100 ocupadas, mientras que la cantidad de no perceptoras de ingreso fue de 60 por cada 100 perceptoras. Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos. Para el decil 1, por ejemplo, es igual a 267 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 144 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar. En el mismo trimestre del año anterior, los valores eran de 271 y 155, respectivamente. En el caso del decil 10, los valores correspondientes son iguales a 36 no ocupados cada 100 ocupados y 18 no perceptores cada 100 perceptores.

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“Reflejos de la desigualdad”: Un informe que reflexiona sobre los factores que profundizan la desigualdad

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La Asociación Grow, desarrolló un informe en el que se describe como no sólo la participación de las mujeres en el campo laboral, sino las licencias por paternidad a pesar de los proyectos, siguen siendo restrictivas. Lo que profundiza en que las tareas de cuidado sigan estando más centradas en el rol femenino.

Grow, una asociación que pretende reflexionar sobre los distintos ejes de las desigualdades relacionadas al género, la edad, la nacionalidad, los roles de cuidado, la orientación, factores que habilitan oportunidades, o significan obstáculos en el desarrollo personal y profesional de las personas, realizó un informe en el cual señala que el camino hacia a la igualdad en lo profesional aún muestra indicadores a tener presentes.

Utilizando datos proporcionados por la INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), CIPEEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), la ENUT (Encuesta Nacional para el Uso de Tiempo) y la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo); esta organización promueve un enfoque amplio de reflexión, sobre los diferentes datos y su impacto en los sectores de la sociedad.

Uno de los tópicos desarrollados es que, aunque las mujeres participan cada vez más del mercado laboral, su participación aún se encuentra por debajo de la de los varones. En general, son ubicadas en áreas menos estratégicas, con salarios más bajos, con dificultades de acceso a puestos de decisión. Esta situación aún se ve más afectada si la mujer es migrante. En general sean hombres o mujeres, las actividades que realizan suelen ser precarias y menos remuneradas. Aún así la diferencia entre los salarios entre la mujer y el hombre migrante, sigue mostrando una tendencia negativa hacia la mujer.

Con respecto a este punto, el informe sostiene que: “Las actividades que se adjudican a las masculinidades (fuerza física o tecnología, por ejemplo) son en las que históricamente se han desarrollado los varones, y suelen estar mejor remuneradas que aquellas que se asocian a las feminidades (enseñanza, salud y trabajo doméstico remunerado)”.

Estas actividades destinadas a las masculinidades, también se enfocan sobre el concepto que las tareas de cuidado y las licencias de paternidad, las cuales son más restrictivas que con respecto a la mujer. Donde las licencias por paternidad son de 2 días, mientras que las de maternidad son por 90 días. El informe es taxativo con respecto a que los hombres: “Tienen menos derecho a pasar tiempo con sus hijos/as
después del nacimiento”
. Profundizando que la mujer deje su trayectoria profesional, para dedicarse al cuidado de los hijos. Además del tiempo dedicado a las tareas de cuidado, donde la mujer destina 6,3 horas diarias, mientras que los hombres 3,4 horas.

Además de esto, otro sector que sufre estas desigualdades es el de las personas con discapacidad, de las cuales solo un 36% son económicamente activas. Esta situación profundiza la dependencia de otras personas, imposibilitándolos de gestar su autonomía económica y profesional.

Al cierre, el informe de esta asociación menciona que si bien las personas de la comunidad LGTBIQ+, se ha visto beneficiada por las legislaciones con respecto a defender los derechos de la comunidad, aún se siguen observando situaciones de discriminación por chistes, o bromas con respecto a sus elecciones.

El Informe en datos:

En Argentina las mujeres:

  • Participan del mercado laboral menos que los varones:

52% vs. 70%. CEPAL, 2022.

  • Ganan, en promedio, menos que los varones:

28% de brecha salarial.

INDEC, EPH 2° Trimestre 2022.

  • Ocupan menos posiciones de liderazgo que los varones:

Solo el 31% de jefaturas y el 34% de dirección.

INDEC, EPH 2° Trimestre 2022.

  • Las mujeres migrantes ganan un 12% menos que las mujeres no migrantes y un 16% menos que los varones migrantes.

SRT, 2022.

  • La división sexual del trabajo se mantiene (y se profundiza) entre las personas migrantes: el 47% de las mujeres se dedican al servicio doméstico y el 24% de los varones, a la construcción.

SRT, 2022.

En Argentina los varones:

  • Están concentrados en actividades asociadas a lo que se espera de ellos según los roles de género. Son mayoría en construcción (96%), actividades primarias (78%), electricidad, gas y agua (83%) e industria (66%).

INDEC, EPH 3° Trimestre 2022.

  • Tienen menos derecho a pasar tiempo con sus hijos/as después del nacimiento. Según la Ley de Contrato de Trabajo la licencia por paternidad es de 2 días. Por el contrario, las licencias por maternidad son de 90 días. Desde el 2012 se presentan proyectos que buscan extenderlas.

CIPPEC, 2013.

  • La tasa de actividad de varones y mujeres de entre 16 y 59 años varía según la cantidad de hijos/as menores de edad en el hogar, en detrimento de las mujeres.

Se observan las siguientes brechas:

> Sin hijos/as: 16 pp;

> Con un/a hijo/a: 21 pp;

> Con dos hijos/as: 27 pp;

> Con tres hijos/as: 32 pp.

INDEC, EPH 3° Trimestre 2022.

  • Las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones al trabajo no remunerado. Ellas destinan 6,3 horas diarias y ellos 3,4 horas.

ENUT, 2021.

  • Las personas jóvenes (18 a 24 años) que no estudian ni trabajan concentran una mayor proporción de mujeres:

20% vs. 9% de varones.

CEPAL, OIT; 2022.

  • Las mujeres jóvenes (14 a 29 años) tienen una menor tasa de actividad que los varones: 41% vs 54%.

INDEC, 4to trimestre, 2022.

Las personas con discapacidad

  • Solo un 36% de las personas con discapacidad son económicamente activas. La tasa de actividad de las mujeres es considerablemente menor que la de los varones:

 29% vs 44%.

INDEC, 2018.

  • La división sexual del trabajo también alcanza a las personas con discapacidad. Un 9,8% no trabaja ni busca trabajo porque se dedica al cuidado del hogar, con mayor incidencia en mujeres que en varones: 16% vs. 1%.

INDEC, 2018.

La diversidad

  • Solo el 12% de las travestis y mujeres trans participa en el mercado de trabajo formal.

CIDH, 2020.

  • El 35% de las personas Travestis, Trans, No Binarias (TTNB) manifestó que no se respeta su identidad en el trato cotidiano con su equipo de trabajo, ni en sistemas informáticos, ni en comunicaciones oficiales.

CIDH, 2020.

  • La comunidad LGBTIQ+ se encuentra expuesta a situaciones de violencia simbólica en sus espacios de trabajo. El 73% de las personas presenciaron bromas o comentarios sobre la identidad de género y el 71% por la orientación sexoafectiva.

Grow- género y trabajo, 2022.

La campaña de esta asociación apunta a mostrar las realidades, donde han podido observar cómo: “la intersección de diferentes categorías sociales puede afectar el desarrollo profesional de ciertos grupos poblacionales”.

Podés acceder al informe en: Reflejos de la desigualdad

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Guterres: La desigualdad en algunos países está retrocediendo a los niveles de principios del siglo XX

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En la inauguración del Foro sobre Financiación para el Desarrollo, el titular de la ONU destaca que la inestabilidad mundial y el crecimiento de la desigualdad, ya sea económica, de género u otra clase, está transformando la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible “en un espejismo de lo que podrían haber sido”.

El Secretario General denunció este lunes que las múltiples crisis que asolan al planeta como las secuelas de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y las catástrofes asociadas al cambio climático, están acelerando la desigualdad y provocando “un impacto devastador” en las personas más pobres y vulnerables.

Durante el discurso inaugural del Foro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 2023 sobre Financiación para el Desarrollo, António Guterres declaró que tanto la Agenda 2030 como sus Objetivos de Desarrollo Sostenible “se están transformando en un espejismo de lo que podrían haber sido”, en un momento en que “las comunidades y los gobiernos luchan por satisfacer las necesidades inmediatas”.

Con más del 40% de las personas en situación de pobreza extrema viviendo en países aquejados por graves problemas de deuda, Guterres señaló que todas estas circunstancias señaladas anteriormente “perjudican profundamente a las personas y comunidades más pobres, pero no a las más ricas”.

Para evidenciarlo, recurrió a un reciente informe que señala que, tras el inicio de la pandemia, el 1% de las personas más ricas acumuló casi el doble de riqueza que el resto del mundo.

“Las desigualdades en algunos países están retrocediendo a los niveles de principios del siglo XX, a una época anterior a que se permitiera votar a las mujeres y a la aceptación generalizada del concepto de protección social. Esto nos avergüenza a todos”, advirtió.

El Secretario General recordó que el recién publicado “Informe 2023 sobre la Financiación para el Desarrollo Sostenible” revela una enorme brecha financiera que se traducirá rápidamente en un retraso del desarrollo en muchos países y en una crisis de confianza y solidaridad mundial.

Unas demoras que agravarán estos problemas, al tiempo que se acelera la crisis climática y aumentan las desigualdades.

El actual sistema económico no refleja la realidad mundial

Para transformar este escenario, Guterres explicó que su propuesta a los países del G20 contempla un Plan de Estímulo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca aumentar la financiación asequible a largo plazo para todos los países que lo necesiten, en al menos 500.000 millones de dólares anuales.

Este paquete fiscal cuenta con tres principales áreas de actuación:

-aumentar la liquidez para invertir en energías renovables, sistemas alimentarios sostenibles y la cuarta revolución industrial

-atajar el elevado coste de la deuda y los crecientes riesgos de sobreendeudamiento

-incrementar la provisión de fondos para imprevistos

A continuación, indicó que los actuales desafíos de desarrollo a largo plazo no se resolverán “confiando en el sistema financiero que contribuyó a causarlos”, ya que “la arquitectura financiera mundial se creó para un mundo que ya no existe”.

“Seamos sinceros: ha fallado a los países en su momento de mayor necesidad. Ahora se reconoce ampliamente que necesitamos un sistema económico que sea coherente y coordinado, y que refleje la realidad económica mundial actual. Un sistema que apoye unas condiciones económicas estables y ayude a los países a invertir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, destacó.

Por ello, indicó que el Foro sobre la Financiación para el Desarrollo representa “una plataforma para alcanzar un nuevo rumbo” que siente las bases para las decisiones que se tomen en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se celebrará en septiembre, y en la Cumbre del Futuro del año que viene.

Brechas en el desarrollo sostenible

Por su parte, la presidenta del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Lachezara Stoeva, destacó que “nos encontramos en una encrucijada, y que de no producirse “una acción rápida, las brechas de financiación se convertirán en brechas de desarrollo sostenible”.

“Se necesitan medidas inmediatas para fomentar la sostenibilidad de la deuda, aumentar la inversión, impulsar la financiación climática para la adaptación, avanzar en la cooperación fiscal internacional y salvaguardar la cooperación al desarrollo”, expuso.

Al igual que Guterres, Stoeva señaló la necesidad de comenzar “a sentar las bases” de una reforma de la arquitectura financiera internacional que coloque las necesidades de los países en desarrollo como elemento central.

Un desafío al que se sumó el presidente de la Asamblea General, Csaba Kőrösi.

“Reformulemos conjuntamente el modelo actual para garantizar que todo el mundo tenga un acceso justo y equitativo a la financiación del desarrollo sostenible. Y no lo olvidemos: el desarrollo sólo puede ser sostenible, de lo contrario, al final del día, no habrá desarrollo”. 

El Foro 2023 del Consejo Económico y Social de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo se celebra del 17 al 20 de abril de 2023 en la sede de la ONU, Nueva York. 

El evento busca abordar los retos mundiales actuales y avanzar en las políticas de financiación de las prioridades de desarrollo sostenible a largo plazo, en consonancia con su mandato establecido en la Agenda de Acción de Addis Abeba.

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