El INTI disuelve el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) y concentra la certificación en el OAA para fortalecer el Sistema Nacional de Calidad
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) oficializó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), creado en 1985, con el objetivo de eliminar superposiciones con el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y robustecer el Sistema Nacional de Calidad. La medida, alineada con las políticas nacionales de desregulación y eficiencia administrativa, busca impulsar que los laboratorios certifiquen directamente ante el OAA, organismo con reconocimiento internacional.
Unificación institucional: por qué se elimina el SAC tras casi cuatro décadas
La decisión fue anunciada este 2 de diciembre de 2025 y se fundamenta en la necesidad de corregir una estructura duplicada dentro de la gestión de la calidad. Tanto el SAC como el OAA intervenían en la autorización de Certificados de Calibración y Medición, generando —según los argumentos oficiales— una superposición de funciones que afectaba la eficiencia del sistema.
La medida se enmarca en las políticas de desregulación, desburocratización y simplificación impulsadas por el Gobierno Nacional para optimizar el uso de los recursos públicos y promover un entorno técnico más competitivo para la certificación de calidad.
De acuerdo con el INTI, la disolución del SAC permite avanzar hacia un esquema unificado que fortalece la capacidad de los laboratorios para obtener acreditaciones internacionalmente reconocidas. El OAA, como organismo central del sistema, cuenta con el respaldo de entidades globales como ILAC, IAF, IAAC, la OCDE y el International Halal Acreditation Forum (IHAF).
Reconfiguración del Sistema Nacional de Calidad: nuevas competencias y transición para los laboratorios
El rediseño normativo se apoya en la Resolución Nº 276/24 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Esta normativa habilita a los entes privados —además del INTI— a efectuar la aprobación de modelos y verificaciones periódicas de instrumentos de medición, una función históricamente concentrada en el ámbito estatal.
Según los fundamentos oficiales, la nueva estructura apunta a: Consolidar un sistema de calibración más robusto bajo la coordinación del OAA. Eliminar barreras técnicas al comercio, facilitando procesos más ágiles para empresas y laboratorios. Promover la transparencia y estandarización, al operar bajo acreditaciones reconocidas globalmente. Fortalecer la competitividad, mejorando la inserción de productos y servicios argentinos en mercados internacionales.
La Dirección Operativa del INTI garantizó una transición ordenada, de modo que los laboratorios puedan iniciar formalmente los procedimientos necesarios para la acreditación ante el OAA. Esto implica migrar sus certificaciones al nuevo régimen y adecuar procesos internos a los estándares exigidos por el organismo.
Laboratorios, industria y comercio exterior
El rediseño del esquema de certificación genera consecuencias directas para industrias que dependen de la calibración y medición para operar:
Laboratorios privados y públicos
La eliminación del SAC implica que todos deberán certificar ante el OAA, un organismo con estándares estrictos y homologación internacional. Esto puede elevar la competitividad pero exige inversiones en adecuación técnica.
Empresas industriales
La simplificación del sistema busca reducir tiempos y costos en la aprobación de modelos y verificaciones periódicas, especialmente en sectores donde la trazabilidad de mediciones es crítica —manufacturas, alimentos, construcción, energía, logística.
Comercio exterior
El reconocimiento internacional del OAA facilita la aceptación de certificaciones argentinas en otros mercados, reduciendo la necesidad de ensayos duplicados y potenciando la inserción de productos locales.
Estado nacional
El nuevo esquema se alinea con la estrategia de eficiencia administrativa, reducción del gasto operativo y fortalecimiento de estándares compatibles con organismos multilaterales.
Economía eliminó aranceles históricos del transporte y derogó normas clave del sistema ferroviario en plena desregulación
El Ministerio de Economía oficializó las Resoluciones 1878/2025 y 1879/2025, publicadas este 25 de noviembre de 2025, que eliminan aranceles vigentes desde la década del 90 y derogan normas centrales del esquema ferroviario heredado de la Emergencia Ferroviaria de 2003.
Las medidas se inscriben en el proceso de desregulación y simplificación iniciado con el Decreto 70/2023 y profundizado por los decretos dictados durante 2024 y 2025.
El impacto es directo sobre los operadores de transporte automotor y ferroviario, los regímenes de fiscalización de la CNRT y las concesionarias privadas de las líneas Urquiza y Belgrano Norte.
Eliminación de aranceles del transporte automotor y cambios en registros y fiscalización (Resolución 1878/2025)
La Resolución 1878/2025 del Ministerio de Economía abroga un conjunto de normas históricas que fijaban aranceles para trámites vinculados a la inscripción, habilitación y fiscalización de servicios de transporte automotor de pasajeros y cargas.
En esta decisión, el Ministerio elimina los aranceles creados por: Resolución 1104/1992 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Resolución 433/1992 de la Secretaría de Transporte. La Resolución 175/1995 de la Secretaría de Transporte. Resolución 2/2001 de la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Infraestructura y Vivienda.
Además, la resolución deroga artículos centrales de la Resolución 433/2022, que establecían el pago de aranceles para el Permiso Originario del transporte internacional de cargas por carretera, regulado bajo el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT).
Según los considerandos, la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones de la CNRT concluyó que la eliminación de estos aranceles “no afecta la eficiencia y eficacia de la fiscalización”, en línea con la política de “eficiencia, equidad, simplificación y apertura” definida para el sector.
Impacto institucional
La decisión se apoya en un marco jurídico amplio que va desde la Ley 12.346 (regulación del transporte automotor de pasajeros), la Ley 24.653 (transporte de cargas), y los decretos de reorganización del sistema dictados entre 1996 y 2024, hasta el reciente Decreto 883/2024 sobre transporte interjurisdiccional.
La medida consolida la unificación de registros y procedimientos iniciada con las Resoluciones 57/2024 y 2/2025 de la Secretaría de Transporte. Que crearon el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.
Repercusiones esperadas
Transportistas y empresas automotoras: se reducen costos administrativos al eliminarse los aranceles para trámites de habilitación.
CNRT: deberá sostener su capacidad de control sin ingresos por aranceles regulatorios.
Operadores internacionales de cargas: se desregula el proceso para permisos originarios bajo el ATIT.
Derogación de la Resolución 126/2003 y revisión del esquema ferroviario (Resolución 1879/2025)
En paralelo, la Resolución 1879/2025 elimina la Resolución 126/2003 del entonces Ministerio de la Producción, una norma clave del período de Emergencia Ferroviaria declarada por el Decreto 2075/2002.
Aquella resolución había articulado los mecanismos de emergencia con el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), los planes de seguridad y los regímenes de compensaciones en un contexto donde todas las líneas metropolitanas estaban concesionadas.
El Ministerio justifica la derogación en la transformación estructural del sistema desde 2003, marcada por: La creación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado mediante la Ley 26.352. La finalización de numerosos contratos de concesión. La persistencia de solo dos operadores privados: Metrovías S.A. (Línea Urquiza) y Ferrovías S.A.C. (Belgrano Norte).
Ambas empresas tienen sus plazos de operación prorrogados por 60 días mediante las Resoluciones 62/2025 y 63/2025. Tras el vencimiento de los plazos establecidos en las Resoluciones 999/2024 y 1000/2024.
Un sistema en revisión estructural
La medida se dicta bajo la vigencia del Decreto 525/2024, que declaró la Emergencia Pública en materia Ferroviaria por 24 meses. Y del Decreto 526/2024, que ordena una revisión integral de todas las normas y procesos de mantenimiento y seguridad del sistema ferroviario.
La eliminación de la Resolución 126/2003 responde a la necesidad de ajustar el sistema normativo a un escenario actual donde las condiciones de operación, control y definición tarifaria resultan distintas a las del esquema vigente hace dos décadas.
Sectores afectados
Concesionarias privadas: deberán adecuarse a los nuevos lineamientos en materia de compensaciones y mantenimiento.
Estado nacional: abre un proceso de reordenamiento bajo una lógica de simplificación y desregulación.
Usuarios metropolitanos: el impacto final dependerá de las revisiones tarifarias y de seguridad que surjan de la emergencia ferroviaria.
Un movimiento coordinado hacia la desregulación integral del transporte
Ambas resoluciones reflejan una línea de acción coherente con los objetivos establecidos en el Decreto 70/2023. Que apunta al “reordenamiento integral de la economía y reformulación de regímenes jurídicos”.
La eliminación de aranceles administrativos y la derogación de normas ferroviarias históricas avanzan en un mismo sentido: desmontar estructuras regulatorias consideradas obsoletas o incompatibles con la política de simplificación del Estado.
Aunque las medidas reducen costos burocráticos para empresas de transporte. También desplazan al sistema hacia un modelo donde la fiscalización deberá sostenerse sin ingresos por aranceles. Y bajo un esquema de emergencia que revisa integralmente la seguridad ferroviaria.
El artículo 17 del decreto reglamentario del Instituto Nacional de la Yerba Mate fue redactado a propósito para no repetir precios de miseria pagados en los 90: “El precio de las materias primas no podrá ser inferior al importe que resulte necesario para desarrollar la actividad productiva, incluyendo las cargas impositivas, laborales y provisionales, incluyendo una rentabilidad razonable”. Con un nuevo decreto, Javier Milei acaba de borrar de un plumazo ese artículo, entre otros, que todavía incluían algún mecanismo de regulación del mercado yerbatero. El Presidente legalizó que se le pague al productor por debajo del costo de producción, como está sucediendo actualmente.
Según el último estudio difundido por el INYM, el costo de producción del kilogramo de hoja verde puesta en secadero, asciende a $423,99, según la matriz de costos aprobada por el Directorio del organismo. Si a ese valor se le suma un 30 por ciento de rentabilidad razonable, el precio de referencia ascendería a $551,19 por kilo de hoja verde.
Los precios reales que se pagan en el mercado están muy por debajo de estos parámetros. En la zona Centro-Sur de Misiones, la hoja verde se paga alrededor de $180 por kilo; en el Norte, cerca de $280; y en el caso de las cooperativas, los valores rondan los $305. Ahora esos valores son legales. El valor cayó 77 por ciento, según los cálculos de la Provincia.
El nuevo decreto presidencial sorprendió en Misiones. Llegó sin aviso y casi sin necesidad. El DNU de diciembre de 2023 ya había sido demoledor. Pero ahora el desguace es total. El INYM quedó apenas con un rol de promoción. Los productores que votaron -nuevamente- a Milei no encuentran explicación ni respuestas cuando reciben las críticas de otros yerbateros.
Incluso en la industria sienten que se está llevando al extremo una situación que no beneficia a nadie en Misiones. El precio bajo sólo conviene a Buenos Aires. La rentabilidad industrial también se resiente con precios planchados, mientras que los costos operativos no paran de subir.
El siempre sonriente Federico Sturzenegger, sin embargo, salió a celebrar el nuevo decreto. Destacó que la producción total de yerba mate creció 29% en 2024, alcanzando un récord histórico, lo que obedece más al fin de la sequía y la mayor producción que a la desregulación -se tarda cuatro años en cosechar una planta-. También apuntó que las exportaciones aumentaron casi 17%, también en niveles récord, pero eso nada tiene que ver con la desregulación, ya que el INYM no regulaba nada en esa área y, de hecho, impulsaba la venta en mercados externos con participación en ferias y promociones.
El ministro desregulador insiste en el precio real de la yerba cayó 44%, lo que -según su lectura- implicó un alivio directo para millones de familias consumidoras. Pero el único precio que “cayó” fue el de la materia prima. En góndolas subió 126,4 por ciento desde diciembre de 2023. En todo caso, aumentó menos que la inflación acumulada desde entonces -241,03%-, según los últimos datos-.
Para Sturzenegger, “el caso yerba mate” se convirtió en uno de los principales ejemplos de la política de desregulación aplicada durante la gestión. “La desregulación del sector ha dado sus frutos. Lo que estaba trabado creció, lo que era caro se abarató y lo que era rígido ahora es dinámico”, dijo. Dinámico, como el futuro de la chacra.
La producción amenaza con no iniciar la zafra de verano y escalar la batalla contra la industria, aunque ésta no sea el principal enemigo, sino que está aprovechando un entorno más favorable.
La supervivencia de la economía regional está en riesgo: en las chacras ya se observa la caída de rentabilidad. En la industria sufren por la competencia de nuevas marcas baratas que van ganando terreno ante los bolsillos flacos.
El gobernador Hugo Passalacqua alertó sobre el riesgo de la concentración en la yerba mate y la supervivencia de cerca de 13 mil productores. En la oposición algunos aprovecharon para intentar llevar agua para su molino, como el diputado provincial electo Ramón Amarilla. Diego Hartfield, ajeno al tiempo y a la realidad territorial, se dedicó a explicar el rendimiento de los bonos en la Bolsa.
No hay salida de corto plazo para la crisis de la producción yerbatera. La Provincia busca ampliar mercados para que haya más demanda de materia prima -culminó con éxito una misión comercial a la India, encabezada por el ministro del Agro, Facundo Sartori, junto a varios empresarios-. Mientras tanto, se seguirá gestionando ante la Nación para recuperar el INYM -la esperanza es lo último que se pierde, dicen en el Gobierno.- y fortalecer otras producciones que puedan compensar la caída de rentabilidad. Con el té, el gobernador Hugo Passalacqua inició gestiones para que sea incorporado al acuerdo comercial de la Argentina con Estados Unidos y lograr que se elimine el arancel del 10 por ciento que cobra actualmente el país de Donald Trump. Sin esa traba, la rentabilidad de la industria tealera podría dar un salto competitivo que permita mejorar el precio de la materia prima.
Esos temas serán analizados con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien vendrá a Misiones este martes -será la primera provincia que visite-. Santilli viene en busca de respaldos al Presupuesto y otras leyes que quiere imponer Milei. Pero viene con mochilas flacas, con poco para ofrecer en relación con los reclamos de la Provincia.
En la última asamblea de gobernadores del Norte Grande, Passalacqua trazó una línea clara: pidió medidas coordinadas para enfrentar las desigualdades estructurales que afectan a Misiones. El mandatario advirtió que la ausencia de inversión en infraestructura, energía y conectividad limita las posibilidades de crecimiento regional. Además, el bloque respaldó reclamos vinculados a previsión social, fondos nacionales y regalías energéticas.
En el Centro Cultural del Bicentenario, los mandatarios del Norte Grande mantuvieron la 22.ª Asamblea de Gobernadores, un espacio de coordinación política y económica para definir líneas de acción de cara a 2026. Allí, Passalacqua planteó la necesidad de encarar estrategias conjuntas que atiendan las brechas persistentes entre regiones y los condicionantes estructurales que afectan a Misiones.
El gobernador señaló que avanzar en soledad dificulta cualquier política pública: “Hacerlo en soledad es un incordio y hacerlo en conjunto me parece excelente”.
Para graficar las desigualdades, expuso datos que reflejan brechas sociales profundas: “Un misionero por haber nacido en Misiones vive tres años menos que uno que nació en Buenos Aires.”
Passalacqua retomó además el concepto de “injusticia geográfica”, al advertir que los condicionantes históricos que pesaron sobre el norte argentino aún dificultan su competitividad. La carencia de infraestructura es un factor decisivo: “Si no hay inversión ahí, nuestra posibilidad de crecimiento, desarrollo, generar trabajo, empleo, bienestar, felicidad para nuestra gente va a ser muy difícil”.
Entre las brechas que afectan directamente a la economía provincial, el gobernador reiteró dos puntos sensibles: la exclusión de Misiones de la Hidrovía, un corredor crucial para la logística del comercio exterior; la ausencia de gas natural, siendo la única provincia del país sin conexión a redes.
El mandatario también expresó la voluntad de acompañar acuerdos legislativos vinculados al Presupuesto Nacional 2026, siempre que se incorporen necesidades centrales del bloque.
No quiere decir eso que se bloquee el tratamiento legislativo de los proyectos del Gobierno nacional. Pero se exige alguna reciprocidad que por ahora no aparece. Santilli deberá hacer algún esfuerzo para convencer. No hay visión federal ni un intento de acercamiento real del Presidente con los gobernadores. De hecho, parece haber una desconexión entre la agenda presidencial y las demandas reales de la Argentina, que exhibe una pérdida inédita de empleo y empresas aún más grande que durante la pandemia. La comparación entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 493.193. Esto implica una contracción de 19.164 empresas, es decir, casi 30 (28,25) empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.
En el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 2,81%, lo que representa una pérdida de 276.624 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025, representando más de 432 (432,23) trabajadores/as registrados/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
No parece haber modelo económico pensado para la recuperación de esos empleos ni del poder adquisitivo. Con un valor equivalente a 225 dólares, el Salario Mínimo, Vital y Móvil de Argentina se hundió por debajo de países vecinos con economías mucho más pequeñas, como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares), y quedó lejos de los niveles que exhiben Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares), Chile (567 dólares) o Ecuador (470 dólares).
El retroceso del salario mínimo argentino se profundizó durante los últimos dos años en un contexto de inflación persistente, caída del consumo y pérdida acelerada del poder adquisitivo. El SMVM no solo es el más bajo de Latinoamérica, sino que además ya se ubica por debajo del nivel registrado en 2001, previo a la salida de la Convertibilidad.
Apenas hay un plan financiero, atado a los humores de Donald Trump y el FMI. Ni siquiera los bancos de Estados Unidos parecen estar dispuestos a confiar en el plan: se bajaron del salvataje de 20 mil millones de dólares porque no encontraron “garantías” de poder cobrar la deuda. Se trata de uno de los acuerdos de salvataje que habían festejado desde el Ejecutivo y formaba parte de las medidas anunciadas por el secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent. El ministro de Economía, Luis Caputo, solo atinó a relativizar la necesidad de auxilio, contradiciendo lo que celebraba hasta hace unas pocas semanas, cuando se evitó el colapso económico, justo antes de las elecciones.
La frustrada ayuda no parece poner en riesgo la continuidad del ministro, uno de los sobrevivientes en el Gabinete que ya tiene a dos nuevos nombres: Alberto Presti, ex jefe del Ejército, será el primer militar en ocupar el ministerio de Defensa desde la recuperación de la democracia. La designación es toda una declaración política del presidente Javier Milei, que quiere poner fin a la “demonización” de las fuerzas armadas. La alusión no es inocente. El flamante ministro es hijo del genocida Carlos Roque Presti, muerto impune pero imputado por estar a cargo del Regimiento 7 de La Plata (centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría 5ta). El coronel estaba acusado por 44 crímenes de lesa humanidad.
La otra designación es la de Alejandra Monteoliva, la segunda de Patricia Bullrich en Seguridad -la ex ministra irá al Senado-. La flamante titular de la cartera de seguridad está dedicada al rubro desde 1995. Fue consultora en seguridad en Honduras y El Salvador, donde trabajó en el “exitoso Modelo Bukele”. Es discípula del general Oscar Naranjo, quien incorporó en Colombia técnicas antiterroristas y antinarcóticos de la DEA y el FBI y fue uno de los que logró cazar a Pablo Escobar. Toda una declaración.
Productores yerbateros advierten un colapso de ingresos tras la desregulación, “Nos bajaron el precio, pero en la góndola no hubo cambios”.
La reciente desregulación del mercado de la yerba mate, que eliminó la capacidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios mínimos, generó un fuerte malestar en el sector productivo de Misiones. Jonás Peterson, referente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, alertó que la medida redujo de manera drástica los ingresos de más de 12.500 productores, mientras que los precios en góndola continuaron en alza: “Nos bajaron el precio, pero en la góndola el valor de la yerba no cayó”, afirmó en diálogo con Infobae en Vivo.
Fin de la regulación del INYM y caída del precio en origen
La entrevista expuso los primeros efectos del decreto nacional que desreguló el mercado yerbatero e impidió al INYM fijar valores de referencia para la hoja verde. Según Peterson, hasta 2023 el esquema regulatorio permitía un ordenamiento mínimo del mercado. “Cobramos 400 pesos el kilo de hoja verde en 2023, y ese precio cubría los costos y nos dejaba un pequeño margen para vivir”, explicó.
Con la eliminación de esos artículos, los pequeños productores quedaron —según su diagnóstico— en clara desventaja frente a “cinco o seis grandes empresas” con capacidad de industrializar y almacenar yerba suficiente para un año. Esta asimetría derivó en una marcada caída del precio pagado en chacra: la hoja verde pasó a ubicarse entre 200 y 250 pesos por kilo, en un contexto de aumento generalizado de costos.
Peterson subrayó que la pérdida de herramientas regulatorias no sólo afectó el ingreso rural, sino también la estructura productiva regional. A su juicio, la situación impacta especialmente en Misiones, donde “12.500 familias sostienen la actividad y el empleo asociado”. En contraste, señaló que en Corrientes la industrialización se concentra en dos firmas de gran escala.
Brecha entre precio al productor y precio en góndola
Uno de los puntos más sensibles planteados por el dirigente es la distancia entre el valor percibido por quienes producen la yerba y el que paga el consumidor final. “En 2023 el kilo de yerba costaba en promedio 1.800 pesos para el público. Ahora, supera los 3.000 pesos. A nosotros nos bajaron el precio a 200 pesos, pero el consumidor paga cada vez más”, cuestionó.
Peterson insistió en que no existe sobreoferta local que justifique la caída en el precio de la hoja verde. Por el contrario, afirmó que aun en años de buena producción, algunas empresas importaron yerba de Paraguay y Brasil para acceder a materia prima más barata.
El productor también advirtió por la pérdida de otras atribuciones del INYM, como el establecimiento de calendarios de cosecha y el control de calidad. Sin esas herramientas, dijo, los pequeños agricultores quedaron expuestos a prácticas que profundizan la brecha: “Si decidimos demorar la cosecha para esperar una mejora, la industria simplemente aguanta o trae yerba de Brasil o Paraguay”.
Impacto social y retroceso productivo en las chacras misioneras
Peterson describió un deterioro acelerado en la economía familiar rural tras la desregulación. Según su testimonio, el margen económico por kilo cayó de 300 pesos a apenas 80-100 pesos, mientras que los costos de insumos y servicios siguieron en aumento. Esto derivó en menor fertilización, reducción del mantenimiento y caída del rendimiento productivo.
También se observaron señales preocupantes en el mercado de tierras rurales: “Hasta el año pasado casi no había pequeñas propiedades a la venta. Ahora aparecen cada vez más, porque la actividad dejó de cerrar”, señaló.
La situación obligó a muchas familias a diversificar de manera forzada su subsistencia. “Sobrevivimos criando chanchos, gallinas, vacas para el consumo diario, y reduciendo los gastos al mínimo”, indicó. El productor comparó el momento actual con la desregulación de los años 90: “Hubo canje de yerba mate por mercadería y combustible, y a veces hasta debíamos ir a Brasil para conseguir productos básicos”.
Peterson comentó que representantes del sector viajaron a Buenos Aires para transmitir su preocupación, pero no encontraron margen para revisar la medida. “Fui a Buenos Aires, llevé mi tractor. Pero nos dijeron siempre lo mismo: la desregulación no se negocia”, relató.
El referente yerbatero consideró que la eliminación de las funciones del INYM colocó al sector en la situación “más débil en dos décadas”, tras años en los que las herramientas institucionales habían permitido avanzar en mejores condiciones económicas y laborales para el productor primario. “Cuando existía la grilla de costos y el precio mínimo, logramos cierto avance. Hoy estamos lejos de ese objetivo”, cerró.
El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia 812/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el 18 de noviembre, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para intervenir en los precios de la cadena productiva. La medida desató un profundo malestar en Misiones, la principal provincia productora, donde el Gobierno advierte que la desregulación está provocando un daño acelerado sobre miles de pequeños productores y un proceso de concentración sin precedentes.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que gran parte de las conclusiones que circulan a nivel nacional parten de un desconocimiento del funcionamiento del mercado yerbatero. “Quien no conoce cómo funciona el mercado arriba a conclusiones equivocadas y, en definitiva, impulsa medidas desregulatorias que están perjudicando seriamente a la mayoría del sector”, afirmó.
El gobernador Hugo Passalacqua también alertó sobre los riesgos que esta desregulación implica para la estructura productiva: un esquema sin reglas, dijo, beneficia únicamente a los grandes jugadores de la cadena y profundiza la asimetría entre quienes compran y quienes producen. “Solo un mercado equilibrado garantiza que todos los actores puedan vivir de su trabajo”, sostuvo.
Safrán recordó que, a diferencia de lo que suele suponerse, el productor primario no fija el precio de la hoja verde. Son los secaderos —que compran la hoja— quienes negocian el valor en función del precio que luego recibirán por la yerba canchada. Pero tampoco los secaderos deciden: son los acopiadores y molinos, en la cima de la cadena, quienes determinan el precio final de la materia prima.
Con más de 13.000 productores y apenas unos 130 molinos, la estructura del sector combina una atomización extrema de la oferta con una demanda altamente concentrada. Ese desequilibrio hace que, sin regulación, el productor quede totalmente expuesto a la fijación unilateral de precios.
A esa vulnerabilidad estructural se suma una diferencia clave respecto de otras economías regionales: el productor yerbatero no puede almacenar su cosecha. “No existe en la yerba mate algo equivalente a las silobolsas de la soja. O cosecha y entrega al precio que le paguen, o no cosecha y pierde la temporada”, explicó Safrán. Esa imposibilidad de acopiar debilita aún más la capacidad de negociación del sector primario.
El ministro recordó que las funciones del INYM nunca se limitaron a fijar precios mínimos. Su tarea incluía ordenar un mercado naturalmente asimétrico, intervenir en períodos de sobreoferta o escasez y garantizar estándares de calidad. Esa arquitectura, construida durante dos décadas, fue barrida por el DNU.
La secuencia desregulatoria comenzó con el primer megadecreto de diciembre de 2023, que tampoco contó con el apoyo de los legisladores misioneros y llevó al Gobierno provincial a presentar una demanda judicial para restituir facultades del INYM. Desde entonces, afirma Safrán, el impacto en el productor fue devastador: el precio real de la hoja verde cayó más del 77%, una pérdida que no puede explicarse por la mayor producción registrada en 2024 y 2025.
“Esa caída no responde a un fenómeno de oferta. La explicación está en la desregulación y en la pérdida de poder de negociación del productor frente a una cadena altamente concentrada”, subrayó.
Nuevas marcas, precios dispares y riesgo de deterioro en la calidad
La eliminación de regulaciones también favoreció la aparición de nuevos emprendimientos que compran yerba canchada y la venden directamente molida y envasada, a menor escala. Si bien esto diversifica la oferta, también genera una amplia dispersión de precios y calidades en góndola. Y vuelve a colocar en el centro un aspecto clave: la necesidad de controles estrictos sobre la calidad del producto, especialmente el porcentaje de palo, que incide en el sabor, en la vida útil y en la confianza del consumidor.
“El INYM no solo regulaba precios, también controlaba la calidad. Su ausencia deja un vacío que afecta a toda la cadena y, en última instancia, a la demanda”, advirtió Safrán.
El Gobierno de Misiones insiste en que la salida de fondo para el sector pasa por políticas de expansión de la demanda: apertura de nuevos mercados internacionales, nuevos usos industriales de la yerba y estímulo a productos con mayor valor agregado. Safrán destacó que la provincia viene impulsando estas líneas con buenos resultados y con fuerte potencial a mediano plazo, pero advirtió que sin reglas básicas de funcionamiento el daño sobre el eslabón más débil —el productor— puede volverse irreversible.
