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El Agro advierte que la desregulación pone en riesgo el modelo productivo yerbatero de Misiones

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Un informe de la Subsecretaría de Asuntos Yerbateros señala que Misiones produce el 85% de la hoja verde del país con más de 11 mil productores. En el actual escenario de libre mercado, el Gobierno provincial advierte que ese esquema -basado en chacras, cooperativas e industrias- contrasta con modelos más concentrados que predominan en otras regiones productoras.

En el actual escenario de libre mercado, el sector yerbatero enfrenta un momento clave. Desde el Ministerio del Agro y la Producción advierten que la desregulación abre una discusión de fondo sobre el modelo productivo de la actividad. Un informe elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Yerbateros muestra que en el país conviven dos esquemas productivos claramente distintos: uno basado en la concentración vertical con pocos actores, y otro sustentado en una estructura horizontal con miles de productores y cooperativas.

Misiones representa este segundo modelo. Durante 2025, la provincia produjo 754.413.373 kilos de hoja verde, lo que equivale al 85% del total nacional, mientras que Corrientes aportó el 15% restante con 135.842.716 kilos. Ese volumen en Misiones es generado por más de 11 mil productores, conformando un entramado social que caracteriza históricamente a la actividad yerbatera de la provincia. El 75% de ellos posee unidades productivas de hasta 50 hectáreas y depende directamente del precio de la hoja verde para sostener su producción.

El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, explicó que la diferencia entre ambos modelos se vuelve más visible en un escenario de mercado desregulado. “En un esquema de libre mercado se enfrentan claramente dos modelos productivos: uno concentrado con integración vertical en pocos actores y otro más horizontal con miles de productores, cooperativas e industrias. Ese modelo misionero es el que hoy está en juego”, afirmó.

Producción, elaboración y exportaciones

Misiones no solo lidera la producción de hoja verde, sino que también tiene una fuerte participación en los eslabones de elaboración y comercialización. En el mercado interno, la provincia concentra el 41% del volumen de yerba mate elaborada, con más de 116 millones de kilos, distribuidos en 90 establecimientos.

En comparación, Corrientes registra solo 7 operadores que explican un volumen similar de producción elaborada. La diferencia radica en la estructura de la cadena productiva: mientras Misiones presenta una amplia diversidad de actores, en Corrientes la actividad se encuentra concentrada en pocas empresas, que explican gran parte del volumen provincial.

En materia de exportaciones, Misiones también lidera ampliamente. Durante 2025 concentró 52.380.000 kilos exportados, lo que representa el 87% del total nacional, con presencia en 50 mercados internacionales. Los principales destinos de la yerba mate misionera fueron Siria (75%), seguido por Chile, Brasil, España y Estados Unidos.

Si se considera el mercado interno y externo en conjunto, Misiones concentra el 48% del volumen total comercializado, frente al 34% de Corrientes.

Un modelo productivo construido con políticas públicas

En la última década, el Gobierno de Misiones impulsó distintas políticas para fortalecer la integración de los productores en la cadena yerbatera. Entre ellas se promovió la creación de cooperativas con secaderos propios, con el objetivo de agregar valor a la materia prima y mejorar el poder de negociación de los productores en distintas zonas productoras. Varias de esas cooperativas lograron consolidarse y desarrollar marcas propias de yerba mate elaborada, ampliando la participación de productores en los eslabones industriales de la actividad.

En el actual contexto de desregulación, desde la cartera agraria del gobierno provincial señalan que el desafío es sostener ese modelo productivo y evitar procesos de concentración que puedan afectar a los pequeños y medianos productores. Maciel remarcó que el crecimiento del mercado debe traducirse en mejores condiciones para quienes producen la materia prima:

Una mejora en la comercialización de la yerba mate elaborada tiene que reflejarse en un mejor pago por la hoja verde. Mientras no exista un marco legal para fijar precios mínimos, necesitamos generar herramientas que eviten que las distorsiones del mercado terminen perjudicando a los productores”.

En ese marco, el Ministerio del Agro impulsa tres líneas de trabajo orientadas a fortalecer la cadena yerbatera, cuya implementación se realizará junto a otros organismos del Estado provincial. La primera es avanzar en precios referenciales que permitan dar señales al mercado y proteger el ingreso del productor. La segunda es fortalecer la participación de las marcas locales, promoviendo que el consumidor conozca quién produce la yerba mate, su historia, su cultura y el territorio donde se origina. La tercera línea apunta al desarrollo de productos derivados de la yerba mate, especialmente extractos destinados a bebidas energizantes, cosméticos y gastronomía. El objetivo es avanzar en protocolos estandarizados de producción que garanticen la calidad y los principios activos según el destino de cada producto.

Desde el Gobierno provincial señalan que estas acciones buscan garantizar que la rentabilidad del producto final se traduzca en un pago justo por la materia prima. “No queremos y no debemos permitir la producción de yerba sin agricultores, para lograrlo tenemos que evitar el avance de la concentración. Una chacra que no comercializa su producto es una PyME en riesgo”, concluyó Maciel.

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La CNV simplifica trámites y acelera decisiones para emisores, fondos y agentes del mercado

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con una reforma silenciosa pero estructural de su funcionamiento interno y de sus reglas operativas. A través de la Resolución General 1112/2026, publicada este 26 de febrero en el Boletín Oficial y con vigencia desde el día siguiente, el organismo actualizó el Título XVI de sus Normas para simplificar trámites, digitalizar procesos, redefinir mecanismos de notificación y ampliar la delegación de facultades hacia las gerencias técnicas.

El cambio no introduce nuevos productos ni modifica regímenes de inversión, pero impacta de lleno en el “cómo” del mercado: tiempos administrativos, costos de cumplimiento y previsibilidad regulatoria para emisores, agentes, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. En un contexto de revisión normativa y agenda de desregulación selectiva, la CNV ajusta su engranaje interno para ganar velocidad sin resignar control.

Qué cambia en la práctica: menos fricción y más gestión digital

La resolución sustituye íntegramente el Título XVI de las Normas (N.T. 2013 y mod.) y ordena aspectos que, aunque operativos, tienen efectos económicos concretos.

Uno de los ejes centrales es la consolidación de las notificaciones electrónicas. A partir de ahora, las comunicaciones por correo electrónico declarado mediante declaración jurada tendrán efectos jurídicos plenos, siempre que se cursen bajo los recaudos formales establecidos. En términos prácticos, se reducen márgenes de ambigüedad y se refuerza la responsabilidad de los sujetos regulados sobre la actualización de sus datos de contacto.

También se eliminan canales obsoletos —como el uso del fax— y se explicita el horario de atención de la mesa de entradas, un detalle menor en apariencia, pero relevante para la trazabilidad de plazos y presentaciones.

En paralelo, la norma actualiza y amplía el listado de trámites que deben iniciarse obligatoriamente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La enumeración abarca prácticamente todo el ciclo regulatorio: desde la inscripción y cancelación de agentes, la autorización de emisiones, CEDEAR, fideicomisos y fondos comunes de inversión, hasta el registro de proveedores de servicios de activos virtuales.

En la práctica, esto consolida un esquema 100% digital para la interacción con el regulador, reduciendo costos administrativos y tiempos de procesamiento, especialmente para emisores frecuentes y estructuras PyME.

Más decisiones técnicas sin pasar por el Directorio

Otro cambio relevante es la ampliación y sistematización del esquema de delegación de facultades dentro del organismo. La resolución transfiere a las gerencias y subgerencias de áreas clave —Emisoras, Fondos Comunes de Inversión, Fideicomisos Financieros, Agentes y Mercados, Registro y Control, Gobierno Corporativo y Prevención de Lavado— la potestad de resolver trámites técnicos, operativos o de bajo impacto estructural.

Esto incluye autorizaciones de emisiones dentro de programas ya aprobados, modificaciones no esenciales, cancelaciones parciales, registros y bajas, advertencias por incumplimientos formales y decisiones de archivo o caducidad de expedientes sin interés público comprometido.

El Directorio de la Comisión Nacional de Valores conserva las definiciones sustantivas, pero deja de ser un cuello de botella para decisiones repetitivas. A cambio, las gerencias deberán informar mensualmente los actos dictados en ejercicio de la delegación, manteniendo un esquema de control ex post.

Desde la lógica del mercado, el mensaje es claro: menos tiempo de espera para autorizaciones rutinarias y mayor previsibilidad en los plazos regulatorios.

Revisión normativa y simplificación estatal

La reforma se inscribe en un proceso más amplio de revisión y modernización regulatoria impulsado a nivel nacional. El texto cita expresamente el Decreto 90/2025, que ordenó a los organismos del Estado relevar y depurar normas obsoletas o innecesarias, bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

En el caso del mercado de capitales, la CNV ya había avanzado en los últimos años con regímenes simplificados, autorizaciones automáticas y esquemas diferenciados para PyMEs. Esta resolución no crea un régimen nuevo, pero armoniza criterios, unifica terminología y ajusta procedimientos que habían quedado fragmentados o desactualizados.

También introduce precisiones técnicas, como la ampliación de los medios válidos para identificar al deudor cedido en operaciones de cesión de créditos, un punto relevante para fideicomisos financieros vinculados a vivienda y construcción.

Costos, tiempos y competitividad

El impacto económico de la norma es indirecto, pero no menor. La digitalización obligatoria y la delegación de facultades tienden a reducir costos administrativos para los regulados y a acortar los plazos de autorización, un factor clave para emisiones en contextos de volatilidad financiera.

Para emisores frecuentes, fondos y fiduciarios, la agilización de trámites puede traducirse en una mejor sincronización con ventanas de mercado. Para agentes y mercados, la claridad en los procedimientos y en las notificaciones reduce riesgos operativos y contingencias legales.

No hay efectos fiscales ni cambios en la carga regulatoria sustantiva. Tampoco se introducen nuevas obligaciones materiales. El beneficio está en la eficiencia del sistema y en la reducción de fricciones que, acumuladas, impactan en la competitividad del mercado de capitales local frente a alternativas externas.

Continuidad regulatoria con ajuste operativo

La resolución no implica una desregulación en sentido estricto, pero sí un reordenamiento pro-eficiencia. Refuerza la centralidad de la CNV como autoridad de control, al tiempo que descentraliza decisiones dentro de su estructura para ganar agilidad.

La señal al mercado es de continuidad normativa con ajustes operativos. No hay un cambio de reglas de juego, sino una actualización del tablero administrativo. En un contexto donde la velocidad importa tanto como la norma en sí, el regulador busca mostrarse más previsible, más digital y menos burocrático.

Hacia adelante, el termómetro del impacto real estará en los tiempos efectivos de respuesta y en la consistencia de los criterios aplicados por las distintas gerencias. Si la delegación se traduce en agilidad sin dispersión regulatoria, el mercado lo sentirá rápido.

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La Provincia pide que el INYM genere un precio de referencia para la yerba mate

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En un contexto de fuerte tensión en la cadena yerbatera tras la pérdida de facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el director del organismo por el Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel, elevó una nota formal al presidente del Instituto, Rodrigo Correa, solicitando que el Directorio avance en la generación de un precio referencial de la materia prima para la zafra 2026.

La carta, fechada en Posadas el 12 de febrero de 2026 y con ingreso oficial al organismo ese mismo día, plantea la necesidad de que el sector cuente con información de costos y valores orientativos para la hoja verde y la yerba canchada.

Maciel reconoce en el texto que el INYM perdió facultades para fijar un “precio oficial obligatorio”, pero advierte sobre el impacto que esa decisión generó en las últimas dos cosechas. “No hace falta redundar en las pérdidas de facultades para la fijación de un precio oficial obligatorio por parte de este organismo, pero tampoco podemos desconocer el impacto negativo que tal decisión generó en las dos últimas cosechas en el sector productivo primario”, señala.

Un mercado oligopsónico

Uno de los puntos centrales del planteo es la caracterización estructural del mercado yerbatero. El director sostiene que se trata de un mercado “oligopsónico”, es decir, con pocos compradores que concentran el poder de demanda y pueden influir en los precios pagados a los productores.

“Hay pocos compradores que dominan el mercado y pueden (y lo hacen) influir en los precios pagados a los productores; por lo tanto, en este escenario, el libre mercado no existe o es injusto”, afirma el documento.

La advertencia apunta directamente a la asimetría entre los aproximadamente 12.500 productores misioneros y el reducido número de molinos que adquieren la hoja verde, una situación que, sin un precio de referencia institucional, deja al eslabón primario expuesto a negociaciones individuales y dispersión de valores.

Maciel solicita que el Directorio avance en la generación de una “pizarra” o referencia de precios antes del inicio de la próxima etapa productiva. El pedido es concreto: que a partir del 1° de abril la actividad se desarrolle con información oficial de precios emitida por el organismo.

“El mercado desconoce que hay costos oficiales de mano de obra, combustibles, energía, fertilizantes y que además el que produce necesita un mínimo margen de rentabilidad”, sostiene.

El planteo no describe a la yerba mate como un sector en crisis productiva, sino que introduce una definición más política y económica: “La yerba mate no está en crisis, lo que está en crisis es la distribución de lo que genera el negocio yerbatero”.

El documento también invoca el objetivo fundacional del INYM de “bregar por la sustentabilidad de toda la cadena” y evitar la concentración del negocio en pocos actores. En ese marco, la generación de valores referenciales aparece como una herramienta para ordenar el mercado sin volver -al menos formalmente- al esquema de precios obligatorios.

El planteo reabre el debate sobre el rol del INYM tras la desregulación nacional que limitó su capacidad de fijar precios mínimos. Mientras algunos sectores industriales sostienen que el mercado debe autorregularse, representantes del sector productivo y del Gobierno provincial insisten en la necesidad de mecanismos de referencia que compensen las asimetrías estructurales.

Más allá de su carácter administrativo, la carta constituye una señal política clara desde la representación misionera dentro del Instituto: avanzar en algún tipo de intervención orientativa antes del inicio de la zafra gruesa.

El pedido coloca nuevamente en agenda el debate sobre la regulación del mercado yerbatero, la sustentabilidad económica de los pequeños productores y el equilibrio de poder dentro de la cadena.

La decisión ahora queda en manos del Directorio del INYM, en un año clave para la actividad.

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“La yerba no es un mercado más”: Misiones cuestiona la política nacional y reclama mayor presencia del Estado

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La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.

Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que Facundo López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había advertido que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, sostiene, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, resume.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fue creado en 2002 por iniciativa de los propios productores y durante más de dos décadas actuó como regulador y árbitro del mercado. En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica el ministro, configura una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, afirma. Desde esa lógica, plantea que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado también dice que cuando hay este tipo de patología se debe intervenir”.

—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?
—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.

—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?
—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.

El límite institucional volvió a quedar expuesto cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, se reunió con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, para trasladarle la preocupación por la situación de los pequeños productores. También participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Desde el oficialismo nacional, sin embargo, ratificaron que no habrá marcha atrás en la política de desregulación ni en el redimensionamiento del Instituto.

En diciembre, más de veinte trabajadores con larga trayectoria fueron desvinculados en el marco de una reconfiguración interna que acompañó la pérdida de funciones. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento se inscribe en el proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que adecuaron el funcionamiento del organismo al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, el ordenamiento del stock y la regulación productiva, y pasó a concentrarse en tareas técnicas de control, trazabilidad y certificación.

—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?
—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era un muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.

El corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su estructura interna: áreas que seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

El trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%. Y no es solamente la caída: los costos subieron. Hoy no es rentable”, sintetiza.

—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?
—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.

La crítica se extiende a la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que transmitió la preocupación del Gobierno misionero al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, aunque reconoce que la línea política del sector se define en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la órbita de Federico Sturzenegger.

Frente a ese escenario, la Provincia intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque admite que el margen es acotado. La crisis, incluso, comenzó a trascender las fronteras misioneras. Durante la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, el malestar de los productores se hizo visible a nivel nacional. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.

El diagnóstico económico desemboca en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional conserva respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta.

—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si existen desacuerdos estructurales?
—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y el vino, y no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.

En línea con la tradición pragmática del Frente Renovador de la Concordia, el ministro describe una relación con la Nación basada en la gobernabilidad, pero sin resignar la defensa de los intereses productivos locales. La crisis yerbatera, sin embargo, introduce un factor de tensión creciente: mientras el oficialismo provincial intenta contener el impacto económico y político, el malestar en la base productiva se intensifica.

—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?
—Que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.

—¿Qué le pediría al Presidente?
—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces; Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.

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La yerba mate sigue en rojo en el semáforo de economías regionales

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La yerba mate volvió a cerrar diciembre en rojo y se consolida como una de las economías regionales más comprometidas del país. El deterioro del componente de negocio -precios que crecen muy por debajo de la inflación y costos operativos en alza- volvió a golpear la rentabilidad del productor, en un contexto de desregulación que no logró recomponer ingresos ni equilibrar la cadena.

Este desempeño explica buena parte del resultado general del Semáforo de Economías Regionales de diciembre de 2025, que registró 4 actividades en verde, 9 en amarillo y 6 en rojo, con una desmejora respecto del mes anterior. El único cambio intermensual fue el retroceso de la actividad porcina, que pasó de verde a amarillo.

En el componente de negocio, la tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $195.000, registrando una suba del 18% frente al 31,5% de inflación, Desde febrero de 2025, el precio oscila entre $280.000 y $300.000.
o Componente productivo: El área cultivada se expandió un 11%, pasando de 231 mil a 231 mil hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó 867 mil toneladas, lo que representó una caída del 12% respecto al período anterior (1 millón toneladas). Aun así, el nivel actual se ubica levemente por encima del promedio histórico (800.000 toneladas)
En el componente de mercado, el consumo interno se mantiene en torno a los 4,5 kg por habitante al año. En el comercio exterior, las exportaciones generaron ingresos por 127 millones de dólares, un incremento del 8%, mientras que las importaciones sumaron 23 millones de dólares, +6%.

Dentro del grupo de actividades en amarillo, la actividad forestal volvió a mostrar señales mixtas. En diciembre, el precio promedio de la madera creció 19% interanual, claramente por debajo de la inflación del 31,5%, lo que mantuvo presionado el componente de negocio.

En el frente externo, el sector forestal acumuló exportaciones por USD 166 millones, con una caída del 29% interanual, mientras que las importaciones crecieron 10%, alcanzando los USD 187 millones. La combinación de precios atrasados y pérdida de competitividad externa explica por qué la actividad no logra salir de una zona de estancamiento prolongado.

El tabaco fue una de las economías regionales que mostró un desempeño relativamente más sólido dentro del semáforo. El precio al productor registró una suba interanual del 34%, superando la inflación, lo que permitió una mejora en el componente de negocio.

En comercio exterior, el sector alcanzó exportaciones por USD 620 millones, con un crecimiento del 21% interanual, mientras que las importaciones se redujeron un 11%. Aun así, el tabaco permanece en amarillo, reflejando que la mejora de precios convive con desafíos estructurales en costos, financiamiento y sostenibilidad del esquema productivo.

La mandioca mostró en diciembre una mejora marcada en el precio al productor, con el kilo pagándose en torno a $660, lo que implicó una suba interanual del 182%, muy por encima de la inflación. Sin embargo, este desempeño no alcanza para consolidar una recuperación estructural del sector. Se trata de una actividad fuertemente orientada al mercado interno, con un consumo estimado de 2 kilos por habitante al año, y con escasa inserción externa. En 2025 no se registraron exportaciones relevantes y, en contraste, las importaciones crecieron 142% interanual, alcanzando USD 3,8 millones, lo que introduce presión competitiva adicional sobre una cadena productiva de baja escala, altos costos logísticos y márgenes aún frágiles.

En perspectiva histórica, el semáforo confirma una tendencia persistente: 8 de las 19 economías regionales pasaron más de la mitad de los últimos diez años en rojo. La vitivinicultura y los cítricos dulces lideran ese ranking negativo, seguidas por lechería, arroz, ovinos, peras y manzanas y papa.

Del otro lado, los complejos bovino, aviar, porcino, granos y maní lograron mayor estabilidad, permaneciendo en verde en más del 45% del período.

El balance de diciembre vuelve a dejar una señal clara: mientras algunos sectores logran amortiguar el contexto macroeconómico, la yerba mate continúa atrapada en una crisis de rentabilidad, y economías clave del NEA como la forestación y el té siguen sin encontrar un sendero de recuperación sostenida.

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