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Alertan por el impacto social de la desregulación en el sector yerbatero

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La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) profundizó la crisis del sector yerbatero y generó un impacto social directo sobre más de 11.000 familias productoras en Misiones, en un contexto donde los indicadores de exportación muestran buenos resultados, pero la economía interna de las chacras se deteriora de manera acelerada. Así lo advirtió la diputada provincial Arabela Soler, quien reclamó la restitución de las funciones del organismo como herramienta central para que los productores puedan negociar precios justos con el sector industrial.

La legisladora en dialogo con LT17 Radio Provincia sostuvo que la quita de atribuciones del Inym dejó a los pequeños productores sin mecanismos de protección en un mercado desregulado, lo que derivó en una fuerte asimetría dentro de la cadena yerbatera, con beneficios concentrados en los eslabones industriales y comerciales.

Asimetrías en la cadena yerbatera y deterioro de la economía rural

Soler describió un escenario de desigualdad estructural entre los distintos actores del sector. Mientras que los números de exportación muestran un desempeño positivo, la realidad de los productores primarios es diametralmente opuesta. “En materia de números y exportaciones nos está yendo muy bien, pero nuestra economía interna se está desplomando día a día”, señaló.

Según explicó, los sectores más perjudicados son aquellos que no son propietarios de la hoja verde, en particular los pequeños productores y algunos secaderos que funcionan como pymes y que hoy concentran stock de yerba canchada estacionada. En contraste, los molinos cuentan con mayor capacidad financiera y operativa para administrar su materia prima y sostener su posición en el mercado.

La diputada remarcó que la eliminación de la posibilidad de fijar precios de referencia, función que históricamente ejercía el Inym, dejó a los productores sin previsibilidad ni poder de negociación. “Al sector yerbatero le quitaron las funciones de la noche a la mañana y es por eso que se desploma”, afirmó, y contrastó esta situación con otros sectores productivos que aún conservan instancias de consenso para definir precios.

La agenda legislativa y el reclamo por la restitución de funciones del Inym

En este contexto, Soler destacó la agenda legislativa territorial impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, que permitió reunir a legisladores de todos los espacios políticos para analizar la crisis. “Estuvimos todos de acuerdo que acá no hay banderas políticas, no hay ideales, más que poder defender nuestro producto emblema”, sostuvo.

Durante ese encuentro, se realizó un diagnóstico compartido sobre una problemática que, según la diputada, se arrastra desde hace casi dos años. Lejos de tratarse de una situación inesperada, advirtió que el deterioro del sector es conocido y sostenido en el tiempo, y que ahora el desafío pasa por definir medidas concretas dentro de las herramientas disponibles a nivel provincial.

Soler fue enfática al señalar que, sin la restitución plena de las funciones del Inym —en particular la capacidad de establecer referencias de precios—, no habrá soluciones de fondo. “Sin las funciones del Inym o la de fijar un precio de nuestra materia prima no va a haber una solución mágica”, aseguró, aunque reconoció que podrían implementarse medidas paliativas con resultados a mediano plazo.

Entre el cese de cosecha y la subsistencia diaria

Más allá de las variables económicas, la legisladora puso el foco en el impacto social de la crisis. La mayoría de los productores yerbateros de Misiones son pequeños chacareros que dependen de la venta de hoja verde para cubrir gastos básicos. “Son productores que tienen que mandar al colegio a sus hijos, pagar la luz, vivir el día a día”, describió.

En ese escenario, las estrategias colectivas, como el cese de cosecha para forzar una suba de precios, se vuelven difíciles de sostener. “No todos tienen la posibilidad de esperar”, explicó Soler, al relatar la tensión entre la necesidad de mantener la unidad sectorial y la urgencia de generar ingresos para la subsistencia familiar.

La diputada insistió en que los productores deben apoyarse en el instituto que los nuclea y reforzar sus asociaciones para recuperar capacidad de negociación. En un contexto de libre mercado, subrayó la necesidad de contar con herramientas concretas que permitan sentarse a negociar con los industriales sin quedar en desventaja.

La crisis del Inym, concluyó, no es solo productiva ni económica: es una problemática social que atraviesa a miles de familias rurales y pone en riesgo la sostenibilidad del principal producto emblema de Misiones.

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APAM alerta por la desregulación del INYM y reclama un precio justo para la yerba mate

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La Asociación de Productores Agrarios de Misiones (APAM) encendió una señal de alarma por la situación que atraviesa el sector yerbatero tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Según advirtieron, la eliminación del marco regulatorio provocó un profundo desequilibrio económico, con caída de precios, pérdida de rentabilidad y graves consecuencias sociales en las colonias productivas. En ese contexto, la entidad reclamó un precio justo de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde, al considerar que los valores actuales no cubren los costos de producción ni garantizan la continuidad de la actividad.

Desde APAM sostuvieron que la desregulación dejó al sector “librado a las fuerzas del mercado”, en un esquema que calificaron como altamente concentrado e imperfecto, donde los pequeños productores carecen de poder de negociación frente a un número reducido de compradores.

Un mercado concentrado y precios a la baja tras la eliminación del marco legal

La entidad explicó que la estructura del mercado yerbatero presenta asimetrías profundas. Por un lado, existen alrededor de 13 mil pequeños productores, de los cuales el 80% posee menos de ocho hectáreas. Por el otro, un grupo muy reducido de empresas compradoras concentra el poder de mercado.

Según detallaron, dos grandes empresas correntinas concentran cerca del 50% del mercado, y si se suma una firma de Misiones, ese porcentaje se eleva aún más. Esta concentración, advirtieron, permite a esos actores imponer precios bajos, en detrimento de la producción primaria.

Desde APAM señalaron que la desregulación del INYM desarticuló el sistema que ordenaba la actividad, generando un escenario donde “hoy pagan lo que quieren”. Como consecuencia, afirmaron que muchos trabajadores rurales se ven forzados a migrar a Brasil para realizar tareas de cosecha, ante la imposibilidad de percibir ingresos suficientes en el circuito yerbatero local.

Antecedentes regulatorios y el rol histórico del INYM

La asociación recordó que el sector ya atravesó una experiencia similar tras la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) en la década del noventa, cuyos efectos negativos sobre la producción primaria fueron luego reconocidos por los propios actores de la cadena.

Como respuesta a ese proceso, se creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, con el objetivo de garantizar costos de producción y márgenes mínimos de rentabilidad, a través de un sistema de negociación institucionalizada. Sin embargo, desde APAM cuestionaron que el actual proceso de desregulación haya eliminado ese marco legal, dejando sin herramientas de protección a los productores.

“La mesa del INYM siempre fue compleja, un verdadero campo de batalla, pero existía un marco legal”, señalaron desde la entidad. En ese esquema, explicaron, si no se alcanzaba unanimidad en la definición del precio, la Nación debía laudar, y ese laudo aseguraba al menos la cobertura de los costos de producción.

En esa línea, defendieron el requisito de unanimidad como una herramienta clave para la producción primaria. “Los únicos que vendemos materia prima somos los productores. El resto compra. Si el precio se definiera por mayoría, se fijaría un valor vil que nos dejaría afuera del sistema”, afirmaron.

Impacto social en las colonias y reclamo de una salida política

La crisis derivada de la desregulación ya se manifiesta con fuerza en las zonas rurales. Desde APAM advirtieron sobre la proliferación de carteles de venta de chacras y propiedades rurales, una señal concreta del deterioro económico y social que atraviesa la actividad yerbatera en Misiones.

Frente a este escenario, la entidad reclamó una salida política urgente y pidió que las máximas autoridades de la provincia intervengan ante el Gobierno nacional. “Pedimos que se sienten con el Presidente y se resuelva esta situación. El marco legal existe y se llama Instituto Nacional de la Yerba Mate”, expresaron.

Finalmente, APAM reiteró su histórico reclamo por un precio justo de 50 centavos de dólar por kilo de hoja verde, un valor que, aseguraron, está respaldado por documentos, publicaciones y antecedentes históricos del sector. “Históricamente sostenemos ese precio y en varios períodos incluso estuvimos por encima de ese valor”, concluyeron.

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Crisis de la producción yerbatera: sin libertarios, diputados buscan respuestas alternativas

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En un contexto de caída de precios, pérdida de rentabilidad e incertidumbre en toda la cadena productiva, el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Horacio Macias, reunió, a pedido del PAyS, este lunes 26 de enero a una mesa de diálogo extraordinaria con los diputados provinciales para abordar la crisis del sector yerbatero y evaluar herramientas legislativas y políticas. La ausencia de La Libertad Avanza (que fue invitada y estaba al tanto de la reunión) fue el dato político central de la jornada.

El encuentro se realizó en el edificio anexo de la Legislatura Misionera y tuvo como objetivo abrir un espacio institucional de debate frente a los efectos de la desregulación nacional del mercado yerbatero, una medida que impactó de manera directa en pequeños productores, cooperativas y actores industriales de la provincia. La convocatoria buscó construir un diagnóstico común y comenzar a delinear alternativas desde el ámbito legislativo provincial.

Una mesa de diálogo ante la caída de precios y la pérdida de rentabilidad

Durante la reunión, cada bloque y representante contó con un espacio de locución para exponer su mirada sobre el escenario actual del sector. El intercambio permitió detallar la profundidad de la crisis yerbatera, marcada por precios deprimidos, pérdida de rentabilidad y una creciente incertidumbre en la cadena productiva, factores que encendieron alertas en toda la provincia y demandan una respuesta política coordinada.

“El sector yerbatero se ha visto afectado por la desregulación del precio y otras medidas. Desde la Legislatura abordamos esta agenda para abrir espacios de diálogo, que amplíen la propuesta para ser parte de las soluciones, con todos en la mesa”, expresó Macias al término del encuentro. El presidente de la Cámara remarcó además que la iniciativa apunta a sumar actores más allá del ámbito legislativo, con el fin de enriquecer las herramientas que se comiencen a analizar.

La crisis del mercado yerbatero se consolidó así como uno de los temas centrales de la agenda política e institucional de Misiones, en un contexto de fuerte preocupación social y productiva, especialmente en las zonas donde la actividad constituye la principal fuente de ingresos.

Participación plural y un dato político: la ausencia de La Libertad Avanza

De la mesa participaron representantes de casi todo el arco parlamentario provincial. Estuvieron presentes Alejandro Arnold, Arabela Soler y Juan José Szychowski, del Frente Renovador de la Concordia; Héctor “Cacho” Bárbaro, Cristian Castro y Elvani Göring, del PAyS; Walter Ríos, de Por la Vida y los Valores; Analía Labandoczka, del PRO; Santiago Koch, de la UCR; Juan Ahumada, ex Activar; y Ramón Amarrilla, de Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores.

Desde La Libertad Avanza, en tanto, informaron que “no fueron notificados de la reunión” y no enviaron representantes. La ausencia del espacio libertario fue leída como un dato político relevante, en momentos en que la desregulación impulsada a nivel nacional es señalada como uno de los factores centrales detrás de la crisis que atraviesa el sector.

La presencia del resto de los bloques permitió avanzar en un diagnóstico compartido sobre la situación del mercado yerbatero y las consecuencias que el nuevo escenario económico tiene sobre productores primarios, cooperativas y economías locales.

Agenda abierta y próximos pasos legislativos

Desde el Frente Renovador de la Concordia remarcaron la necesidad de sostener el diálogo institucional y de defender a los productores misioneros frente a los efectos de la desregulación. La mesa de trabajo que se inició este lunes fue definida como el primer paso de un proceso que continuará en el corto plazo.

Según se informó oficialmente, la mesa volverá a reunirse “a la brevedad” para avanzar de manera responsable en la definición de una agenda legislativa específica sobre la temática. El objetivo es que las conclusiones del debate se traduzcan en iniciativas políticas y legislativas que permitan amortiguar el impacto de la crisis yerbatera y aportar previsibilidad a una de las actividades productivas más relevantes de la provincia.

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El INYM deroga y modifica reglas clave del control de calidad de la yerba mate

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) aprobó una profunda actualización de su marco regulatorio sobre control de calidad de la materia prima, en línea con los decretos nacionales de simplificación y desregulación. La Resolución 2/2026, firmada en Posadas el 8 de enero de 2026, deroga normas vigentes, modifica artículos centrales del Reglamento de Control de Calidad y redefine exigencias técnicas, con impacto directo en secaderos, depósitos y comercializadores de la cadena yerbatera. La medida apunta a reducir cargas administrativas sin resignar estándares sanitarios, en cumplimiento de la Ley 25.564 y de las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.

Simplificación normativa y alineamiento con la política nacional

La Resolución 2/2026 del INYM se inscribe en un proceso de reordenamiento normativo iniciado formalmente con la Resolución INYM Nº 254/2021 y profundizado tras la sanción de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 90/2025 y Nº 812/2025. Este último sustituyó el artículo 8° del Decreto Reglamentario Nº 1.240/02 de la Ley 25.564, estableciendo que el INYM “no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda”.

En ese marco, el Directorio del INYM asumió el compromiso de revisar integralmente su stock normativo para adecuarlo a los nuevos lineamientos nacionales. Según consta en los considerandos, esta tarea fue aprobada por mayoría de dos tercios del Directorio en la reunión del 4 de diciembre de 2025, habilitando la revisión y eventual derogación o modificación de resoluciones que pudieran contradecir el nuevo marco legal.

La resolución ahora publicada materializa ese proceso en un área sensible: el control de calidad de la materia prima de yerba mate, regulado originalmente por la Resolución INYM Nº 11/2017 y sus normas complementarias.

Qué normas se derogan y qué artículos se modifican

El nuevo acto administrativo dispone, en primer lugar, la abrogación de las Resoluciones INYM Nº 152/2021, Nº 373/2021 y su anexo, y Nº 347/2021. Además, deroga el inciso g.1.2 del artículo 5° de la Resolución INYM Nº 131/2022 y los artículos 15° y 16° de la Resolución INYM Nº 11/2017.

En paralelo, introduce modificaciones sustanciales en los artículos 5°, 8°, 9°, 10° y 17° del Reglamento de Control de Calidad de Materia Prima de Yerba Mate. Entre los cambios más relevantes se destacan:

  • Control de recepción de hoja verde: se mantiene la exigencia de un “sistema de estricto control” por parte de secaderos y comercializadores con planta de acopio, orientado a eliminar malezas, hojas ardidas, quemadas y materias extrañas. El inspector deberá exigir la separación inmediata de la hoja verde afectada para evitar su ingreso al proceso de secado.
  • Estacionamiento o almacenaje: se amplían las alternativas de envases admitidos (bolsas, bolsones big bags u otros continentes), siempre que se evite el contacto directo con el suelo y se garantice un depósito cerrado, aislado de la humedad y libre de animales, residuos y plagas. Se ratifica el uso exclusivo de los depósitos para yerba mate canchada.
  • Separación de palo grueso y cuerpos extraños: se refuerza la responsabilidad del operador secador, que deberá contar con implementos adecuados para separar palos gruesos, palos finos, hojas y otros cuerpos extraños durante el proceso de secado.

Nuevos parámetros técnicos y controles sanitarios

Uno de los ejes centrales de la resolución es la redefinición de las características y requerimientos de la yerba mate canchada, con un detalle técnico exhaustivo. El artículo 10° modificado establece parámetros mínimos fisicoquímicos, microbiológicos e inorgánicos.

Entre los principales puntos se fijan:

  • Puntos negros por ardido o quemado: la masa foliar retenida por tamiz de 420 mm (malla 40) no podrá superar el 7,00%.
  • Humedad: no deberá exceder el límite máximo establecido en el Código Alimentario Argentino para la yerba mate elaborada.
  • Semillas y bayas: máximo 2,00% del peso total.
  • Materiales extraños: máximo 1,00% del peso.
  • Tamizado: se detallan porcentajes máximos y mínimos de retención en zarandas y tamices, con un mínimo del 88,0% retenido por tamiz de 420 mm.

En materia microbiológica, se ratifican exigencias precisas, como la ausencia de Salmonella ssp en 25 gramos, límites estrictos para E. coli y recuentos controlados de Bacillus cereus, con metodologías de análisis basadas en normas ISO y BAM-FDA.

Asimismo, se establecen límites máximos para contaminantes inorgánicos: plomo (0,6 mg/kg), cadmio (0,4 mg/kg) y arsénico (0,6 mg/kg). El procedimiento de control contempla muestras originales y contra-muestras (duplicado y triplicado), con plazos de análisis de hasta 20 días hábiles y definiciones claras sobre la liberación, destrucción o devolución a origen de la materia prima.

Fiscalización, intervención preventiva e impacto en la cadena yerbatera

La modificación del artículo 17° redefine el esquema de intervención preventiva. Ante indicios “prima facie” de afectación de la inocuidad, el INYM podrá intervenir la yerba mate canchada, que quedará en custodia del responsable hasta el resultado de los análisis. Si los parámetros microbiológicos no se cumplen, el lote deberá destruirse en presencia de inspectores. En caso contrario, será liberado de inmediato. El mismo procedimiento se aplica ante sospechas de adulteración o mezcla con otros productos.

Desde el punto de vista institucional y económico, la resolución busca un delicado equilibrio: reducir superposiciones normativas y trabas administrativas, sin resignar controles esenciales para la calidad y salubridad del producto. Para secaderos, depósitos y operadores comerciales, la medida implica una actualización de obligaciones técnicas, pero también una mayor claridad normativa y previsibilidad regulatoria.

El Directorio del INYM dejó expresamente aclarado que este proceso no está concluido y que aún restan analizar resoluciones de mayor complejidad, en el marco del compromiso de adecuación progresiva a los lineamientos del Gobierno Nacional.

La Resolución 2/2026 entrará en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, prevista para el 20 de enero de 2026.

Resolución 2 2026 INYM by CristianMilciades

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Más desregulación en transporte: empresas podrán elegir cómo identificar equipajes y encomiendas

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Con la Resolución 4/2026, la Secretaría de Transporte aprobó un nuevo Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas que desregula el esquema vigente desde 2016. La medida habilita a las empresas a elegir libremente mecanismos documentales o tecnológicos para vincular equipaje y pasajero, deroga el uso obligatorio de fajas físicas y apunta a simplificar costos, modernizar controles y alinear el sector con los principios de desregulación establecidos por el DNU 70/2023.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía avanzó con una reforma estructural en el transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional. A través de la Resolución 4/2026, publicada el 13 de enero de 2026 y firmada por el secretario Luis Octavio Pierrini, se aprobó un nuevo Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas, que reemplaza el sistema obligatorio de marbetes y fajas físicas establecido en 2016 y profundiza el proceso de desregulación del sector.

La norma, que entrará en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial, se inscribe en el marco del decreto 883/2024, que redefinió el régimen jurídico del transporte interjurisdiccional, y del DNU 70/2023, que ordenó “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria” y la eliminación de exigencias que distorsionen los precios de mercado.

Fin del sistema único y libertad tecnológica para las empresas

El eje central de la resolución es la eliminación de la obligación de utilizar dispositivos físicos estandarizados, como marbetes y fajas con especificaciones técnicas predeterminadas, que regían bajo la resolución 74-E/2016, ahora formalmente derogada junto con su modificatoria 147/2018.

En su lugar, el nuevo régimen establece un principio de libertad de condiciones. Según el artículo 2°, los transportistas podrán definir “libremente las características técnicas y de diseño de los dispositivos documentales y/o tecnológicos” que utilicen para la trazabilidad del equipaje y las encomiendas, siempre que se garantice “su seguridad e inviolabilidad”.

El Anexo I de la resolución detalla que la identificación podrá realizarse mediante, entre otros mecanismos:

  • códigos impresos en el pasaje,
  • códigos QR o electrónicos asociados,
  • registros digitales en sistemas de ticketing,
  • etiquetas impresas por la propia empresa,
  • o cualquier otro dispositivo verificable que asegure la vinculación inequívoca entre pasajero y equipaje o encomienda.

Además, se aclara que el equipaje no identificado no podrá ser ingresado a la unidad de transporte, sin derecho a compensación alguna, y que en el caso de encomiendas no será obligatorio el uso de fajas físicas.

Control estatal enfocado en resultados, no en el formato

Si bien la norma avanza en desregulación operativa, mantiene el control estatal sobre la efectividad del sistema. El artículo 3° asigna a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la tarea de fiscalizar la trazabilidad efectiva entre equipajes y pasajeros, “priorizando el control sobre el dispositivo y su seguridad más allá de las especificaciones técnicas de los instrumentos físicos”.

De este modo, el Estado deja de imponer un formato único y pasa a evaluar resultados verificables, en línea con los principios del DNU 70/2023, que promueve la libre iniciativa privada y la eliminación de barreras regulatorias innecesarias.

En materia de derechos del usuario, la resolución mantiene vigente el esquema de indemnizaciones. Ante la pérdida, deterioro total o parcial del equipaje, seguirán aplicándose las compensaciones previstas en la Resolución 47/1995, o la normativa que en el futuro la reemplace.

Impacto económico e institucional: costos, modernización y transición

Desde el punto de vista económico, la medida apunta a reducir costos operativos para las empresas de transporte, que ya no estarán obligadas a adquirir insumos físicos homologados, y a facilitar la incorporación de soluciones digitales, con mayor flexibilidad para adaptarse a distintos modelos de negocio.

En términos institucionales, la resolución profundiza el cambio de enfoque iniciado con el decreto 883/2024, que creó el Registro Nacional del Transporte Automotor de Pasajeros y consolidó a la Secretaría de Transporte como Autoridad de Aplicación del sistema. El nuevo régimen también exige a las empresas informar a la CNRT y a la Subsecretaría de Transporte Automotor los mecanismos adoptados dentro de los treinta (30) días previos a la entrada en vigencia, bajo apercibimiento de sanciones.

El impacto alcanzará tanto a los servicios interjurisdiccionales como a los de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional, y obligará a una etapa de adecuación operativa, especialmente para las empresas que aún no cuentan con sistemas digitales de identificación y trazabilidad.

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