Hace pocos días pequeños productores de yerba mate de la Zona Centro de Misiones, organizados en la Asamblea Permanente de Productores, enviaron una emotiva carta al Papa Francisco desde el cruce Karaben, en Oberá, donde llevaban semanas acampando en protesta por la situación del sector. La misiva, firmada por decenas de referentes y acompañada por el sello de la Diócesis de Oberá, nunca recibió una respuesta oficial del Vaticano que ahora se quedó sin su receptor con la muerte del Papa Francisco.
“Le escribimos con la esperanza de que escuche nuestro reclamo, sabiendo de su sensibilidad hacia los sectores más humildes y su amor por el mate, que también es parte de nuestra vida cotidiana”, inicia la carta dirigida a “Su Santidad”. En el texto, los productores explicaron el conflicto generado por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, que desreguló el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dejando al sector sin una entidad que garantice un precio justo.
“Hoy, con el INYM sin herramientas para intervenir, las grandes industrias —pocas y muy concentradas— imponen un precio que ni siquiera cubre nuestros costos de producción”, denunciaron. Según la carta, el monto ofrecido de 300 pesos por kilo de hoja verde no alcanza a cubrir los 505 pesos que los productores necesitan para sostener su actividad. A su vez, advirtieron que el precio del paquete de yerba sigue aumentando en góndolas, sin que esa mejora llegue al eslabón primario de la cadena.
El documento también destaca el impacto ambiental y social que implica la continuidad de las más de 13.000 familias que viven de la yerba mate. “El monte, el agua y la biodiversidad de Misiones dependen de que estas familias sigan cuidando sus tierras”, argumentan, y exigen la restitución plena del INYM en el marco de la Ley Yerbatera N° 25.564, sancionada en 2002 tras una lucha similar a la actual.
En un tono cargado de fe, los productores le pidieron al Papa que rece por ellos y que ayude a visibilizar su causa. “Sabemos que usted conoce el valor del trabajo rural y el sufrimiento de quienes son ignorados por los poderosos. Por eso acudimos a usted”, concluye la carta.
La carta que buscaba una bendición se convirtió, con la muerte del Papa Francisco, en símbolo de un reclamo aún latente.
La Confederación General de la Producción de la República Argentina (CGP) expresó su respaldo a la denuncia penal presentada por organizaciones agrarias de Misiones contra el presidente Javier Gerardo Milei y otros funcionarios nacionales, por la omisión en el nombramiento del director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la consecuente parálisis institucional del organismo.
La denuncia fue presentada el pasado 18 de marzo ante el Juzgado Federal de Oberá por el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y productores autoconvocados de Oberá y Aristóbulo del Valle. Las entidades acusan al Gobierno Nacional de incumplimiento de deberes de funcionario público al no cumplir con lo establecido por la Ley Nacional 25.564, que regula la actividad del INYM y establece la obligatoriedad de designar sus autoridades.
La CGP señaló que la falta de designación de un director en el organismo rector de la actividad yerbatera se suma al impacto generado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que le quitó al INYM la facultad legal de fijar precios para la materia prima y limitó su capacidad de financiamiento, sumiendo a la institución en una “crisis funcional, institucional, económica y social”.
Ante esta situación, las entidades yerbateras también presentaron un recurso de amparo, y la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas resolvió suspender los artículos 164 a 168 del DNU. En su fallo, la Cámara advirtió sobre “el interés público afectado” y las “consecuencias de imposible reparación ulterior” que enfrentan los sectores más vulnerables de las zonas rurales, incluso “poniendo en riesgo sus propias vidas”.
La CGP denunció que la desregulación impulsada por el Ejecutivo ha derivado en un fuerte deterioro del precio de la hoja verde de yerba mate, que cayó de 370 pesos por kilo en 2024 a menos de 100 pesos en la actualidad. Esta situación perjudica directamente a más de 12.000 productores, 15.000 cosecheros, casi 50 cooperativas, además de secaderos e industrias del sector. La pérdida de ingresos afecta no solo a quienes forman parte de la cadena productiva, sino también al movimiento económico de múltiples localidades misioneras.
“La consecuencia de todo esto no solo provoca la desaparición de los productores minifundistas, sino que alimenta el avance de los grandes grupos concentrados que aprovechan la crisis para expandirse y acaparar el mercado”, advirtió el comunicado. Asimismo, alertaron sobre el desplazamiento de familias rurales, con éxodos forzados y migraciones que amenazan con destruir una actividad de fuerte arraigo territorial y cultural.
La CGP también cuestionó el uso del concepto de libre competencia por parte del Gobierno Nacional, señalando que “no puede fundarse en la marginación, el maltrato y la exclusión”, y recordó que la Ley de Defensa de la Competencia considera una práctica desleal la exclusión de actores del mercado. “Eso es lo que ha estado realizando el Gobierno bajo la consigna del libre mercado”, denunciaron.
Por último, la entidad productiva pidió que se investigue el accionar de los funcionarios involucrados bajo los alcances del artículo 248 del Código Penal, que sanciona a quienes incumplen sus deberes públicos, y exhortó al cumplimiento del fallo emitido por la Cámara Federal de Posadas.
Por Leonardo Batista, docente e investigador de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y Hugo Parra, licenciatura en tratamiento y análisis de datos para la investigación socioeconómica por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Las medidas impuestas por el gobierno de Javier Milei nos están empujando aceleradamente a un escenario muy similar al de fines de los 90, especialmente para los productores que han sido puestos en jaque por los grupos económicos más concentrados del acopio, industrialización y comercialización de la yerba mate. Ante un nuevo cambio de las reglas de juego impuestas por los ganadores, se vislumbra quiénes se ven amenazados en esta partida de “libre” mercado.
La eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y del Mercado Consignatario tuvo consecuencias devastadoras para los productores y trabajadores. El precio de la hoja verde cayó drásticamente a lo largo de la década. La hoja verde, que en 1990 cotizaba al equivalente a 202 dólares por tonelada se desplomó a 42 en 2001. Por su parte la yerba canchada que cotizaba a 930 dólares (equivalentes a 1 dólar por kilo) pasó a valer 349 dólares en 2001, lo que representaba apenas 35 centavos de dólar por kilo. Mientras tanto, el precio de la yerba en góndola se mantuvo estable durante toda la década.
Fruto de las movilizaciones conjuntas de organizaciones de productores y tareferos, en 2002 se comenzó a revertir esta pulseada, y con la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fueron recuperando el precio que recibían por la hoja verde
y la yerba canchada, que en términos reales había aumentado un 250% para el año 2023, respecto a su punto más bajo en 2002 (CEPA, 2025).
Fuente: elaboración propia en base a informe CEPA, 2025
Circuito económico de la yerba, un tablero muy asimétrico
El circuito de la yerba mate se inicia con una actividad productiva en la provincia de Misiones en manos de aproximadamente 13 mil productores que entregan “hoja verde” cosechadas por unos 15 mil trabajadores entre abril y septiembre. Estos trabajadores son reclutados en cuadrillas por alrededor de 500 contratistas, quienes han tercerizado la contratación temporaria, en muchos casos sin registración laboral.
Una vez cosechada, la yerba es sometida a un proceso de marchitado interrumpido y luego deshidratada en unos 200 secaderos ubicados cerca de las zonas de producción. Posteriormente, se traslada a alrededor de 100 establecimientos elaboradores, donde se realiza la molienda final y el envasado en los paquetes con los diferentes formatos comerciales.
Esta cadena de valor está caracterizada por la concentración: los 10 molinos más grandes controlan el 90% de la producción final, mientras que sólo 4 empresas acaparan el 50% del mercado. Por su escala, son éstas las que negocian directamente con las grandes cadenas de hipermercados, que a su vez dominan la mayor parte de las ventas al público de alimentos en Argentina (Batista, Gortari, 2024).
Desregulación no significa “libre” juego
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, se establecieron un conjunto de desregulaciones económicas, presentadas como una manera de reducir
los costos por una menor intervención estatal. Para la actividad yerbatera, el Ejecutivo nacional derogó las facultades asignadas al INYM por Ley para acordar precios, y regular las nuevas plantaciones.
En la realidad, ésta “desregulación” permitió que las grandes empresas acopiadoras y procesadoras puedan decidir arbitrariamente a cuánto recibirán la yerba mate que entregan los productores, desconociendo los ámbitos institucionales de negociación entre los distintos actores donde se acordaban precios que, al menos, cubrieran los costos para garantizar la cobertura y afrontar una nueva cosecha. A pesar de las presentaciones judiciales de las organizaciones de productores, y de las movilizaciones y cortes de ruta reclamando precios “justos”, no hay respuestas del gobierno nacional, y escasas acciones del gobierno provincial.
Ante el inicio inminente de una nueva cosecha la situación se ha tornado alarmante: los precios que ofrecen los acopiadores por la hoja verde y la yerba canchada están muy lejos de los que reclaman los productores y sus cooperativas, y ni siquiera alcanzan para cubrir los costos básicos de producción, lo que deja a miles de familias al borde del colapso económico. Este tipo de “libre” mercado, en un contexto donde no existe una competencia real, no hace otra cosa que beneficiar a un puñado reducido de empresas que concentran el poder económico y financiero, a costa de la reducción en los ingresos de miles de productores y trabajadores en nuestra tierra.
A mediano plazo, la eliminación del cupo de plantaciones, permitirá a las grandes empresas aumentar su participación en la producción primaria, con mayor escala, aumentando su control sobre la oferta de materia prima, favoreciendo la integración vertical con las grandes industrias. Como resultado, los productores de menor escala o de rendimientos más bajos pronto se verán obligados a arrendar y a abandonar sus chacras. Este proceso no sólo consolida el poder económico de estas empresas, sino
que también profundizará la concentración de la propiedad de la tierra, expulsando y dejando sin trabajo a miles de agricultores misioneros y a sus familias.
Crecen las ganancias de las empresas…, mientras caen los ingresos
A pesar de que el precio de la yerba mate envasada se mantuvo en las góndolas de los supermercados, el precio que pagaron por la materia prima a los productores, experimentó una drástica reducción en el año 2024. Mientras que a fines de 2023 se
había acordado entre los representantes de los diferentes eslabones de la cadena un precio de $370 por kilo de hoja verde a pagar al contado, en septiembre de 2024 los acopiadores solo ofrecían $180 y con un esquema de pago escalonado: $100 al contado (destinados a cubrir gastos inmediatos de cosecha y flete) y $80 mediante cheques posdatados con vencimientos de hasta 180 días. Los productores estiman que, para el inicio de la cosecha gruesa de 2025, un precio justo debería situarse en $458 por kilo, tomando como referencia la grilla de costos actualizada del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que establece un monto base de $352 por kilo para garantizar la continuidad productiva.
Algunos molinos de la provincia de Misiones empezaron a negociar mejores precios para el inicio de la zafra 2025, pero las grandes empresas elaboradoras de Corrientes siguen ofreciendo en torno a los $205 pagaderos en un plazo de 90 a 120 días.
Este escenario deja en evidencia una asimetría profunda en el circuito económico de la yerba: mientras los productores luchan por precios que al menos cubran sus costos, las grandes empresas consolidan su dominio en un mercado cada vez más concentrado. La desregulación, lejos de fomentar la competencia, ha exacerbado las desigualdades y puesto en riesgo la sostenibilidad de una actividad productiva que es vital para miles de familias de productores y trabajadores, así como para la economía regional y la cultura argentina.
Otros jugadores, nuevos destinos
Esta problemática se agrava por la apertura comercial implementada en marzo de 2024 mediante la Resolución General 5490/2024, que redujo los aranceles a las importaciones de materias primas y productos semielaborados de yerba mate, categorizados como “bienes de primera necesidad”. Posteriormente, la Resolución General 5527/2024 extendió este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2024 y paralelamente se redujeron los impuestos que debían pagar los importadores.
Grafico 1:
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN Comtrade, 2018
Las importaciones de materia prima para elaborar yerba mate venían siendo prácticamente insignificantes, con excepciones en años como 2019 y 2020 en que la industria elaboradora adujo falta de stock para importar yerba mate canchada. Sin embargo, en 2024, con la implementación de la política de apertura comercial, se registró un nuevo incremento de importaciones de yerba mate canchada y molida (lista para empaquetar), provenientes de Paraguay y Brasil, que rondaron los 12 millones de kilogramos, lo que representa un aumento interanual del 80% en comparación con el mismo período de 2023. Esta dinámica ha generado presiones adicionales sobre los productores locales, quienes enfrentan una mayor caída de precios por el aumento de la oferta externa.
Durante 2024, se procesaron 987 millones de kilogramos de hoja verde de yerba mate en Argentina, marcando un incremento del 27% respecto al volumen registrado en 2023 (CEPA, 2025). Sin embargo, en este mismo año, el consumo interno experimentó una contracción del 9% interanual, situándose en el nivel más bajo de los últimos ocho años, reflejando la drástica reducción del poder adquisitivo de la población.
Gráfico 2:
Fuente: elaboración propia base INYM
Como consecuencia, las exportaciones alcanzaron un récord histórico: según datos del INYM, registraron un aumento del 11% interanual en 2024 -principalmente hacia Siria, destino que concentra en promedio el 70% de las exportaciones-. Esta divergencia entre la caída del mercado interno y el aumento de las ventas externas es resultado de la depresión del consumo local ante la caída del poder adquisitivo y la generación de saldos exportables, que prometen a las grandes empresas mayores ganancias en divisas por ventas en mercados internacionales. La dinámica consolida un esquema donde la maximización de ganancias corporativas no se redistribuye con los otros eslabones de la cadena productiva, ni con la población argentina.
gráfico 3:
Fuente: elaboración propia base INYM
Los empresarios siempre hablan de sobreoferta de materia prima para justificar la reducción del precio que ofrecen por ella, de acuerdo a las “leyes de oferta y demanda”. Hablan de excedentes de 70 millones de kilogramos de yerba molida, por la reducción abrupta de la demanda local y/o por el aumento del volumen producido, sin mencionar el agravante que generan ellos mismos al importar aprovechando las medidas de apertura económica del gobierno nacional.
La presión a la baja sobre los precios del mercado de la hoja verde y la canchada, además de la oferta y la demanda, responde a las medidas de desregulación que benefician a los actores más poderosos y concentrados, que, al encontrar un marco normativo más flexible, imponen sus estrategias de precios de manera agresiva, profundizando así la depreciación de los valores en los eslabones iniciales de la cadena yerbatera.
Reclamos y recuperación de la institucionalidad
Salvando las distancias y las particularidades de cada contexto histórico, el paralelismo con los años 90, no hace más que encender las alarmas. La desregulación planteada en nombre del “libre” mercado, opera como un dispositivo de sobreexplotación: transfiere riesgos hacia los productores más débiles, reduce el salario real de los trabajadores, mientras consolida el poder oligopólico de las grandes empresas elaboradoras y comercializadoras de yerba mate.
La coyuntura exige acciones urgentes: por un lado, es clave la unidad y organización de los productores y de sus cooperativas, en articulación con los trabajadores para la defensa de sus intereses comunes; por otro, el reclamo al estado de mecanismos de protección -como pisos mínimos de precios referenciados en costos reales- que puedan aliviar las dificultades imperantes. Para ello el funcionamiento pleno del INYM y la recuperación de sus competencias resultan fundamentales. En definitiva, se cambian las correlaciones de fuerzas o se seguirán profundizando las asimetrías estructurales que llevan a los productores yerbateros a un círculo vicioso de endeudamiento, abandono de chacras y migración forzada. Los mercados no se autorregulan cuando existen desigualdades tan grandes entre los actores económicos que entran en juego, y menos cuando el Estado es despojado de su rol regulador, en favor de los que van ganando la partida.
Fuentes:
Batista, Gortari. 2024.Volver al futuro: el DNU 70/2023 y la desregulación yerbatera. XVI jornadas nacionales de investigación en economía regionales. Inercias y rupturas en escenarios de transformación.
Batista, Gortari y Sena 2020: Mate amargo: expansión económica con exclusión social en la economía regional yerbatera.
CEPA, 2025. Informe: Análisis sobre la evolución reciente del complejo yerbatero. disponible en: https://mcusercontent.com/e9c6f62a4dc825f6a9dab4e88/files/e41ed06c-e986-51f6- 75f4-
La posibilidad se habilitará mediante licitaciones públicas a cargo de la AABE.
El Gobierno habilitó la posibilidad de que los bienes del Estado sean subastados o vendidos a través de plataformas electrónicas privadas, al introducir una serie de cambios en el proceso regulatorio para desprenderse de propiedades muebles.
La medida se implementó este martes mediante el Decreto 195/2025 publicado en el Boletín Oficial, permitiendo ampliar las herramientas disponibles para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oferte los bienes estatales.
De esta manera, la venta de bienes muebles se podrá efectuar tanto a través de plataformas electrónicas públicas como privadas. En el caso de que se opte por esta última opción, la normativa estipuló que la AABE deberá llevar a cabo una licitación pública.
El Decreto 195/25, con firma de @JMilei y @GAFrancosOk resuelve un cuello de botella que enfrentábamos en el proceso de reestructuración del Estado: la venta de bienes muebles en desuso, trabada por exigencias burocráticas que encarecían y demoraban el proceso.
Al respecto, precisó que se realizará “a los fines de convocar a aquellas plataformas electrónicas privadas que se encuentren interesadas en prestar los servicios de organización, gestión y realización de subastas electrónicas y/o intermediación comercial para la enajenación de bienes muebles propiedad de las jurisdicciones o entidades del Estado Nacional”.
Entre las modificaciones, también se autoriza a cada dependencia estatal a fijar el valor base de la subasta o del bien en cuestión utilizando como referencias indicadores especializados de mercado.
En este punto, el texto oficial especificó que “el valor base de las subastas y/o el precio final del bien, según fuera el caso, serán fijados por el servicio administrativo financiero correspondiente a la jurisdicción propietaria, el cual deberá emplear indicadores de mercado provenientes de fuentes reconocidas, como publicaciones especializadas, revistas del sector o bases de datos de precios del mercado privado”.
Al fundamentar la medida, el Ejecutivo expresó que “con el objetivo de optimizar y agilizar las modalidades de disposición de bienes muebles y semovientes estatales, resulta necesario impulsar una serie de modificaciones, fortaleciendo los principios de transparencia y publicidad en los procedimientos de enajenación de bienes e incorporando herramientas tecnológicas y mecanismos que promuevan una mayor concurrencia de oferentes y la optimización de los procesos”.
Asimismo, remarcó que “las modificaciones que se propician optimizarán la disposición de bienes muebles, sean o no registrables, del Estado Nacional con el fin de garantizar una gestión más eficiente y transparente de los mismos”.
Además, puntualizó que “estas disposiciones se enmarcan en las mejores prácticas internacionales y en las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, en el marco del proceso de adhesión del país al organismo, y sostuvo que “permitirán ampliar los medios disponibles para la realización de ventas, subastas y tasaciones, adaptando la normativa vigente a los estándares internacionales de gestión de bienes públicos”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó la iniciativa en su cuenta de X asegurando que “resuelve un cuello de botella que enfrentábamos en el proceso de reestructuración del Estado: la venta de bienes muebles en desuso, trabada por exigencias burocráticas que encarecían y demoraban el proceso”.
Al argumentar el ingreso de medios privados para la operatoria de venta o subastas, explicó que con el modelo previo “la reglamentación limitaba la venta de bienes muebles a la plataforma electrónica del Estado, poco conocida y donde concurrían no muchos oferentes”.
En relación a la tardanza para efectivizar las transacciones, expuso que “con la recarga de trabajo del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) los autos, por ejemplo, podían demorar meses en ser tasados con la consecuente depreciación para cuando se vendieran (además del costo de mantenerlos todos esos meses: depósitos, seguridad, seguros, etc.)”.
Por primera vez desde la desregulación impuesta por el DNU 70/23 del presidente Javier Milei, productores e industriales se sentaron a una misma mesa para intentar encontrar una salida a la nueva, pero no desconocida, crisis yerbatera. Un primer encuentro que no disimuló la tensión, pero que sirvió para allanar un necesario camino de encuentro. No será sencillo, los intereses son cruzados y cada sector tiene una cuota de razón en una crisis desatada por una injerencia externa a la Provincia, donde se viven las consecuencias sociales y el impacto económico del plan motosierra.
La intransigencia de algunos sectores también conspira contra una solución sustentable. Hay productores que comienzan a pedir desesperadamente poder cosechar, porque necesitan el dinero, mientras que otros bloquean el paso de camiones. El foco de conflicto está en Concepción de la Sierra, casualmente gobernado por Hugo Humeniuk, alineado al puertismo, que, paradójicamente, está encolumnado en las fuerzas del cielo. Los radicales financian la protesta, pero no aparecen por los piquetes. Mientras el conflicto crece en Misiones, el converso Martín Arjol, el primero en pegar el salto a la LLA, fue a conocer Vaca Muerta. Prioridades. Ricardo Barrios Arrechea les insiste a los productores que cosechen “por goteo” para “desabastecer” a la industria. El radicalismo, vale recordar, había sido protagonista en la sanción de la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
“Es como un cuarto intermedio de las reuniones que teníamos a fines de los 90”, retrató el veterano Hugo Sand al término del encuentro en el ministerio del Agro, que contó con representación de todos los eslabones, pero la ausencia de los principales jugadores de la molinería y, dato clave, de Corrientes. Ese eslabón es central en la discusión, ya que allí se concentra buena parte de la industrialización, aunque el 85 por ciento de la producción está en Misiones. Para colmo, la guerra comercial entre Las Marías y Playadito por el primer y segundo lugar en las góndolas, se juega con ofertas y precios bajísimos, que conspiran contra la competencia de este lado del Chimiray.
No será sencillo acercar posiciones. Fueron decenas las reuniones que terminaron pariendo el Instituto Nacional de la Yerba Mate en 2002, desguazado ahora por efecto del DNU de Milei. Como era de esperar, no hubo una definición acerca del precio, pero sí un reconocimiento explícito de que la situación requiere para resolverse, decisiones nacionales, que están lejos de conseguirse.
De hecho, el Gobierno de Milei descarta devolverle facultades al INYM, no está dispuesto a designar presidente y ratificó que el precio debe ser determinado por el libre mercado, como dejó claro el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Lejos de contemplar los reclamos, en la última reunión con directores del INYM, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, exigió eliminar las últimas tres facultades regulatorias que le quedaban: suprimir definitivamente la 170, que le puso cupo a las plantaciones, la 185, que regulaba los controles de calidad; y la 11/17, de controles de los procesos productivos en secaderos y depósitos. Esta última resolución, también incluía controles sobre la yerba importada, algo que el Gobierno nacional decidió eliminar.
Con ese panorama en mano, la cumbre del jueves en el octavo piso del ministerio del Agro, decidió pedir a Nación dos alternativas de “menor injerencia” en el mercado: disminuir el porcentaje de palo del 35 al 25 por ciento y que el porcentaje de hierbas en la yerba compuesta se reduzca del 40 al 10 por ciento. Estas modificaciones en el Código Alimentario elevarían la demanda de hojas y mejorarían la calidad del producto final que se comercializa en el mercado interno y de exportación. Esa petición fue apoyada por todos los sectores.
El “cuarto intermedio” al que aludió Sand es una referencia obvia. La desregulación provocó un derrumbe del sector productivo en los 90 y durante una década, una enorme transferencia de recursos hacia el sector industrial, estimada en mil millones de dólares. Ahora el proceso es idéntico, aunque mucho más acelerado. El propio Sand calculó en 200 mil millones de pesos la pérdida para los productores en el primer año del plan motosierra.
Pero a diferencia de la última década del siglo pasado, la desregulación actual llegó en medio de un proceso inflacionario que agravó las consecuencias y afectó a toda la cadena. La inflación acumulada desde diciembre de 2023 fue de 122,5 por ciento, con algunos costos que incluso estuvieron por encima, como la energía eléctrica o el combustible, que aumentó 153 por ciento -un tanque de 80 litros de Infinia Diesel en una Toyota Hilux, que en diciembre de 2023 costaba $49.520, hoy requiere $125.280-.
En contraste, la hoja verde, cuando asumió Milei se pagaba 370 pesos y llegó a 390 en marzo del año pasado. Hoy se paga 260 pesos, diez pesos menos que lo que se terminó pagando en diciembre del año pasado. Una pérdida de valor del 33,33 por ciento, contra una inflación del 122,5 por ciento.
La industria expone sus razones, aunque reconoce que el precio es bajo. Los principales representantes aseguran que además de la inflación tienen que asumir mayores costos de energía y combustibles, una caída de la demanda interna que fue de casi el 10 por ciento y la competencia provocada por la apertura de importaciones -que amenaza con convertirse en un nuevo problema serio en las próximas semanas, con una oferta de Paraguay a un precio similar al local-.
En ese escenario, señalan los molineros, se mantuvo (y se creó) empleo, que contiene a cerca de 20 mil misioneros. Reconocen que el precio actual es bajo, pero advierten que, por costos, el precio debería ser menor a los 200 pesos.
El sector también marca que la caída de precios no depende únicamente de la regulación, sino de un exceso de oferta. El año pasado se cosecharon casi mil millones de kilos y todavía hay plantaciones que no entraron en producción plena, contra 860 millones de kilos de 2023. Redondeando, 140 millones más, que representan casi 50 millones de kilos de canchada, lo que hace que hoy haya stock para “pasar la tormenta”. En la misma industria admiten como necesaria la regulación de oferta -hasta tanto no aumente la demanda-.
Hay que agregar aquí, como paréntesis, que esos 50 millones de kilos que hoy son un colchón de canchada, se compraron en el último año a un promedio de 300 pesos. Los exportadores liquidarán sus ventas con un dólar arriba de mil pesos.
Uno de los cuestionamientos que hacen al INYM -y a las políticas oficiales- es pensar la economía yerbatera en base a los rindes del siglo pasado: 4.700 kilos por hectárea, cuando hoy se logran producciones por encima de los diez mil kilos por hectárea e incluso bastante más en algunas chacras modelo. Esa diferencia, obviamente, influye en el cálculo de los costos.
El cóctel, como se aprecia, es mucho más complejo que definir un precio, objetivo que no se alcanzará en la reunión prevista para este lunes, a la que convocaron al presidente de la Cámara de Molineros, Víctor Saguier. “Sin Corrientes, no se puede definir nada”, adelantó un molinero.
Queda claro que habrá que usar una paciencia quirúrgica para corregir los desbalances. Todo lo contrario a la motosierra.
Será una tarea titánica, que preocupa especialmente a la Provincia.
El gobernador Hugo Passalacqua expresó su desacuerdo con la visión de la Nación que pretende que los productores yerbateros “se dediquen a otra cosa”. “Eso me produce un profundo dolor”, afirmó el mandatario.
“Si hay una cosa que nos duele a los misioneros es que el pequeño productor hoy no tenga su herramienta, que es el INYM. Tampoco la Nación va a firmar la designación del presidente del INYM”, lamentó.
“Nosotros tenemos fuertes aspiraciones de exportar la yerba mate al mundo. Así es la situación del mercado que estamos viviendo hoy. Pero la salida es por afuera. Hay otros mercados como el indio o el europeo”, precisó Passalacqua, acompañado por Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones, que ayudará a financiar misiones comerciales y una plataforma de exportación para abrir nuevos mercados.
La Provincia sigue trabajando en un sistema de trazabilidad y otras herramientas para mejorar la transparencia y elevar el precio de la materia prima. La posición oficial se mantiene en que debe valer 50 centavos de dólar.
El bucle temporal al que aludió Sand tiene otros paralelismos. Como en 2001, el epílogo de la crisis germinada en los 90, la situación social es acuciante y el Gobierno se empeña en sostener una política económica a como dé lugar. La represión de la manifestación de los jubilados del miércoles último, se parece mucho a otros momentos oscuros de los últimos años. El año pasado se celebró con un asado el freno a un aumento de quince mil pesos para los jubilados. Ahora se los reprime. Un círculo virtuoso.
No es casual que algunos protagonistas se repitan cíclicamente. En 2001 el fugaz Fernando De la Rúa se aferraba a un blindaje del FMI para salvar los harapos de su Gobierno, en el que estaban “La Piba” Patricia Bullrich y un joven (y procesado) Federico Sturzenegger. Ambos nombres, junto a Luis Caputo, aparecen en el otro pedido de auxilio al FMI durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuyas consecuencias se siguen pagando, tras el inédito préstamo de 57 mil millones, el más grande de la historia. Ahora ni siquiera se sabe de cuánto será el monto del nuevo préstamo que pidió Javier Milei, custodiado nuevamente por Bullrich y Sturzenegger, el ejecutor del plan motosierra, que en el primer año de ejecución, provocó la pérdida de diez mil empleadores y cerca de 200 mil puestos de trabajo.
El impacto de esas políticas se siente particularmente en el terreno, lejos de los despachos porteños, donde reina la abstracción de los números que cierran. Por eso son los gobiernos locales los preocupados por resolver las crisis económicas y sociales. Misiones tiene las cuentas en órden y eso le permite enfrentar de un modo más eficaz la situación provocada. Sin embargo, hay luces amarillas. La última encuesta de la Confederación Económica de Misiones, reveló que en febrero cayeron las ventas en producción, comercio y servicios; al igual que la expectativa de que en los próximos 6 meses crezca Argentina.
El Gobierno se preocupa por encontrar soluciones y apuntalar sectores económicos en problemas, con incentivos al consumo. Al mismo tiempo, la oposición azuza desde afuera, enfocada en conseguir algún miserable rédito electoral. Un lugar en alguna lista, un cargo en la Nación, por el que se disputan radicales y macristas, cada vez más lejos de un acuerdo, pero desesperados por recibir alguna atención de Milei, en un espacio libertario en el que no son bienvenidos: “Los libertarios deben de responder a sus afiliados y al sentir de los votantes de Milei para evitar que los tibios que tienen de infiltrados conviertan a LLA en un nuevo Juntos por el Cambio, bailarina de cualquier baile, y vendida al mejor postor”, reprochó el abogado Alejandro Jabornicky.
De todos modos, los que esperan un triunfo holgado de Milei no deberían pecar de exceso de confianza. Envuelto en el escándalo de la criptoestafa y el nuevo préstamo del FMI, el mandatario argentino sufrió la mayor caída en la región, perdiendo 3,2 puntos en su imagen positiva, según el último estudio de CB Consultora. Otras encuestas marcan lo mismo.
Aún con el cronograma electoral ya definido, las oposiciones misioneras navegan en la intrascendencia, esperando que los que designe Karina Milei ordenen la tropa. El peronismo sufre por estos días una intervención decidida por Cristina Fernández, que también provoca una desorientación en la dirigencia que queda y que no quiere seguir atada a designios camporistas. Serán muchos más los que nutran las filas de la Renovación.
