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La Provincia pide que el INYM genere un precio de referencia para la yerba mate

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En un contexto de fuerte tensión en la cadena yerbatera tras la pérdida de facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el director del organismo por el Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel, elevó una nota formal al presidente del Instituto, Rodrigo Correa, solicitando que el Directorio avance en la generación de un precio referencial de la materia prima para la zafra 2026.

La carta, fechada en Posadas el 12 de febrero de 2026 y con ingreso oficial al organismo ese mismo día, plantea la necesidad de que el sector cuente con información de costos y valores orientativos para la hoja verde y la yerba canchada.

Maciel reconoce en el texto que el INYM perdió facultades para fijar un “precio oficial obligatorio”, pero advierte sobre el impacto que esa decisión generó en las últimas dos cosechas. “No hace falta redundar en las pérdidas de facultades para la fijación de un precio oficial obligatorio por parte de este organismo, pero tampoco podemos desconocer el impacto negativo que tal decisión generó en las dos últimas cosechas en el sector productivo primario”, señala.

Un mercado oligopsónico

Uno de los puntos centrales del planteo es la caracterización estructural del mercado yerbatero. El director sostiene que se trata de un mercado “oligopsónico”, es decir, con pocos compradores que concentran el poder de demanda y pueden influir en los precios pagados a los productores.

“Hay pocos compradores que dominan el mercado y pueden (y lo hacen) influir en los precios pagados a los productores; por lo tanto, en este escenario, el libre mercado no existe o es injusto”, afirma el documento.

La advertencia apunta directamente a la asimetría entre los aproximadamente 12.500 productores misioneros y el reducido número de molinos que adquieren la hoja verde, una situación que, sin un precio de referencia institucional, deja al eslabón primario expuesto a negociaciones individuales y dispersión de valores.

Maciel solicita que el Directorio avance en la generación de una “pizarra” o referencia de precios antes del inicio de la próxima etapa productiva. El pedido es concreto: que a partir del 1° de abril la actividad se desarrolle con información oficial de precios emitida por el organismo.

“El mercado desconoce que hay costos oficiales de mano de obra, combustibles, energía, fertilizantes y que además el que produce necesita un mínimo margen de rentabilidad”, sostiene.

El planteo no describe a la yerba mate como un sector en crisis productiva, sino que introduce una definición más política y económica: “La yerba mate no está en crisis, lo que está en crisis es la distribución de lo que genera el negocio yerbatero”.

El documento también invoca el objetivo fundacional del INYM de “bregar por la sustentabilidad de toda la cadena” y evitar la concentración del negocio en pocos actores. En ese marco, la generación de valores referenciales aparece como una herramienta para ordenar el mercado sin volver -al menos formalmente- al esquema de precios obligatorios.

El planteo reabre el debate sobre el rol del INYM tras la desregulación nacional que limitó su capacidad de fijar precios mínimos. Mientras algunos sectores industriales sostienen que el mercado debe autorregularse, representantes del sector productivo y del Gobierno provincial insisten en la necesidad de mecanismos de referencia que compensen las asimetrías estructurales.

Más allá de su carácter administrativo, la carta constituye una señal política clara desde la representación misionera dentro del Instituto: avanzar en algún tipo de intervención orientativa antes del inicio de la zafra gruesa.

El pedido coloca nuevamente en agenda el debate sobre la regulación del mercado yerbatero, la sustentabilidad económica de los pequeños productores y el equilibrio de poder dentro de la cadena.

La decisión ahora queda en manos del Directorio del INYM, en un año clave para la actividad.

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“La yerba no es un mercado más”: Misiones cuestiona la política nacional y reclama mayor presencia del Estado

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La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.

Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que, desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que Facundo López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había advertido que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, sostiene, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, resume.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) fue creado en 2002 por iniciativa de los propios productores y durante más de dos décadas actuó como regulador y árbitro del mercado. En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica el ministro, configura una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, afirma. Desde esa lógica, plantea que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado también dice que cuando hay este tipo de patología se debe intervenir”.

—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?
—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.

—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?
—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.

El límite institucional volvió a quedar expuesto cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, se reunió con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, para trasladarle la preocupación por la situación de los pequeños productores. También participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Desde el oficialismo nacional, sin embargo, ratificaron que no habrá marcha atrás en la política de desregulación ni en el redimensionamiento del Instituto.

En diciembre, más de veinte trabajadores con larga trayectoria fueron desvinculados en el marco de una reconfiguración interna que acompañó la pérdida de funciones. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento se inscribe en el proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que adecuaron el funcionamiento del organismo al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, el ordenamiento del stock y la regulación productiva, y pasó a concentrarse en tareas técnicas de control, trazabilidad y certificación.

—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?
—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era un muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.

El corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su estructura interna: áreas que seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

El trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%. Y no es solamente la caída: los costos subieron. Hoy no es rentable”, sintetiza.

—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?
—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.

La crítica se extiende a la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que transmitió la preocupación del Gobierno misionero al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, aunque reconoce que la línea política del sector se define en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la órbita de Federico Sturzenegger.

Frente a ese escenario, la Provincia intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque admite que el margen es acotado. La crisis, incluso, comenzó a trascender las fronteras misioneras. Durante la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, el malestar de los productores se hizo visible a nivel nacional. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.

El diagnóstico económico desemboca en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional conserva respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta.

—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si existen desacuerdos estructurales?
—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y el vino, y no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.

En línea con la tradición pragmática del Frente Renovador de la Concordia, el ministro describe una relación con la Nación basada en la gobernabilidad, pero sin resignar la defensa de los intereses productivos locales. La crisis yerbatera, sin embargo, introduce un factor de tensión creciente: mientras el oficialismo provincial intenta contener el impacto económico y político, el malestar en la base productiva se intensifica.

—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?
—Que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.

—¿Qué le pediría al Presidente?
—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces; Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.

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La yerba mate sigue en rojo en el semáforo de economías regionales

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La yerba mate volvió a cerrar diciembre en rojo y se consolida como una de las economías regionales más comprometidas del país. El deterioro del componente de negocio -precios que crecen muy por debajo de la inflación y costos operativos en alza- volvió a golpear la rentabilidad del productor, en un contexto de desregulación que no logró recomponer ingresos ni equilibrar la cadena.

Este desempeño explica buena parte del resultado general del Semáforo de Economías Regionales de diciembre de 2025, que registró 4 actividades en verde, 9 en amarillo y 6 en rojo, con una desmejora respecto del mes anterior. El único cambio intermensual fue el retroceso de la actividad porcina, que pasó de verde a amarillo.

En el componente de negocio, la tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $195.000, registrando una suba del 18% frente al 31,5% de inflación, Desde febrero de 2025, el precio oscila entre $280.000 y $300.000.
o Componente productivo: El área cultivada se expandió un 11%, pasando de 231 mil a 231 mil hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó 867 mil toneladas, lo que representó una caída del 12% respecto al período anterior (1 millón toneladas). Aun así, el nivel actual se ubica levemente por encima del promedio histórico (800.000 toneladas)
En el componente de mercado, el consumo interno se mantiene en torno a los 4,5 kg por habitante al año. En el comercio exterior, las exportaciones generaron ingresos por 127 millones de dólares, un incremento del 8%, mientras que las importaciones sumaron 23 millones de dólares, +6%.

Dentro del grupo de actividades en amarillo, la actividad forestal volvió a mostrar señales mixtas. En diciembre, el precio promedio de la madera creció 19% interanual, claramente por debajo de la inflación del 31,5%, lo que mantuvo presionado el componente de negocio.

En el frente externo, el sector forestal acumuló exportaciones por USD 166 millones, con una caída del 29% interanual, mientras que las importaciones crecieron 10%, alcanzando los USD 187 millones. La combinación de precios atrasados y pérdida de competitividad externa explica por qué la actividad no logra salir de una zona de estancamiento prolongado.

El tabaco fue una de las economías regionales que mostró un desempeño relativamente más sólido dentro del semáforo. El precio al productor registró una suba interanual del 34%, superando la inflación, lo que permitió una mejora en el componente de negocio.

En comercio exterior, el sector alcanzó exportaciones por USD 620 millones, con un crecimiento del 21% interanual, mientras que las importaciones se redujeron un 11%. Aun así, el tabaco permanece en amarillo, reflejando que la mejora de precios convive con desafíos estructurales en costos, financiamiento y sostenibilidad del esquema productivo.

La mandioca mostró en diciembre una mejora marcada en el precio al productor, con el kilo pagándose en torno a $660, lo que implicó una suba interanual del 182%, muy por encima de la inflación. Sin embargo, este desempeño no alcanza para consolidar una recuperación estructural del sector. Se trata de una actividad fuertemente orientada al mercado interno, con un consumo estimado de 2 kilos por habitante al año, y con escasa inserción externa. En 2025 no se registraron exportaciones relevantes y, en contraste, las importaciones crecieron 142% interanual, alcanzando USD 3,8 millones, lo que introduce presión competitiva adicional sobre una cadena productiva de baja escala, altos costos logísticos y márgenes aún frágiles.

En perspectiva histórica, el semáforo confirma una tendencia persistente: 8 de las 19 economías regionales pasaron más de la mitad de los últimos diez años en rojo. La vitivinicultura y los cítricos dulces lideran ese ranking negativo, seguidas por lechería, arroz, ovinos, peras y manzanas y papa.

Del otro lado, los complejos bovino, aviar, porcino, granos y maní lograron mayor estabilidad, permaneciendo en verde en más del 45% del período.

El balance de diciembre vuelve a dejar una señal clara: mientras algunos sectores logran amortiguar el contexto macroeconómico, la yerba mate continúa atrapada en una crisis de rentabilidad, y economías clave del NEA como la forestación y el té siguen sin encontrar un sendero de recuperación sostenida.

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Yerba sin reglas: “La desregulación no trajo libertad, trajo concentración y pobreza rural”

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La crisis que atraviesa el sector yerbatero tiene, para Roberto Buser, un origen claro y reciente. Representante de CONINAGRO en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), el dirigente sostiene que la desregulación del mercado, profundizada desde diciembre de 2023, alteró de manera drástica el equilibrio de toda la cadena productiva y golpeó de lleno a productores y trabajadores rurales.

Buser señala que la puesta en marcha del DNU 70/2023, con la asunción del presidente Javier Milei, marcó un punto de quiebre al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus principales herramientas de intervención. Entre ellas, la facultad de regular la actividad y fijar precios de referencia para la hoja verde. Lejos de generar un mercado más eficiente, advierte, la medida produjo un impacto inmediato y negativo sobre los eslabones más débiles del sistema.

Según su análisis, en apenas tres o cuatro meses desde la vigencia del decreto, el precio que perciben los productores cayó alrededor de un 30%. Si se amplía la mirada a los últimos dos años, la situación es aún más crítica: hoy se recibe menos del 50% de lo que se cobraba por el mismo volumen de hoja verde. Esa pérdida, remarca, no se distribuyó a lo largo de toda la cadena, sino que se concentró casi exclusivamente en los productores primarios, mientras que los grandes compradores y molinos se beneficiaron pagando menos por la materia prima.

La eliminación del precio de referencia dejó al productor sin capacidad real de negociación. Antes de la desregulación, el INYM calculaba el costo de producción teniendo en cuenta salarios rurales, insumos y gastos operativos, y a partir de ese esquema establecía valores que garantizaban una rentabilidad mínima, con actualizaciones periódicas frente a la inflación. Con ese mecanismo fuera de juego, los productores quedaron obligados a aceptar los precios impuestos por los grandes actores del mercado.

Buser remarca que los más perjudicados son los pequeños y medianos productores, que en su mayoría no cuentan con secaderos propios y deben vender su producción a establecimientos privados, cooperativos o ligados a grandes empresas. Esa dependencia los coloca en una posición de extrema debilidad. La caída de los ingresos redujo de manera drástica la capacidad de afrontar los costos de producción, entre ellos la mano de obra, que representa cerca del 67% del costo total de la actividad yerbatera.

El impacto, subraya, no se limita al plano productivo. La crisis se trasladó de forma directa al empleo rural. Ante la imposibilidad de cumplir con aportes y contribuciones, muchos productores se vieron empujados a esquemas de informalidad. El resultado es una mayor vulnerabilidad para los trabajadores rurales, que quedan fuera de la registración y sin cobertura de los sistemas de protección social. En este escenario, Buser destaca el rol del RENATRE como organismo clave para garantizar derechos laborales, aunque reconoce que la caída de la registración es una consecuencia directa de la crisis económica del sector.

Para el dirigente, el proceso actual no es nuevo. La historia del sector yerbatero muestra que cada experiencia de desregulación desembocó en crisis profundas. Recuerda que en la década de 1930, frente a un escenario de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de seis décadas permitió ordenar la actividad. Sin embargo, en los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada, generando concentración del mercado y una fuerte caída de los ingresos de los productores.

En aquel período existía un mercado consignatario que fijaba precios de referencia en función de los costos de producción, lo que permitía acceder a crédito, financiar la cosecha y evitar la venta forzada a valores de remate. Con la eliminación de ese sistema, los productores quedaron nuevamente expuestos a las condiciones impuestas por los grandes compradores.

El INYM, recuerda Buser, nació como respuesta a ese fracaso. Su estructura participativa, con representación del Estado nacional, Misiones, Corrientes, trabajadores rurales, productores, secaderos y molineros, permitió durante años un equilibrio relativo entre los distintos intereses de la cadena. Vaciar al Instituto de sus funciones centrales implica, a su entender, desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores ya conocidos.

A este cuadro se suma un factor estructural que agrava la crisis. Antes de la desregulación, el INYM había detectado mediante imágenes satelitales más de 30.000 hectáreas nuevas de plantaciones que aún no habían entrado en producción. Al tratarse de un cultivo que demora entre cinco y seis años en rendir, el Instituto preveía que el ingreso simultáneo de esas hectáreas podía provocar un exceso de oferta y una caída de precios.

Para evitarlo, se regulaba la expansión de nuevas plantaciones, no para prohibir producir, sino para ordenar el crecimiento del sector. Con la liberalización total, ese control desapareció. Según Buser, quienes pudieron invertir en grandes extensiones fueron grandes capitales con capacidad financiera para esperar años sin ingresos, mientras que los pequeños productores quedaron expuestos a la caída de precios cuando esa producción comienza a volcarse al mercado.

Hoy, advierte, el mercado yerbatero muestra una alta concentración: alrededor del 80% de la comercialización está en manos de apenas cinco empresas. No se trata de un mercado competitivo, sino de un oligopsonio donde pocos compradores fijan condiciones. La baja del precio en origen no se traduce en mayor consumo —que es estable— sino en una transferencia directa de ingresos desde los productores hacia los grandes actores.

Buser también cuestiona la norma publicada en diciembre de 2025, que terminó de eliminar las últimas herramientas reglamentarias del INYM. Desde la visión oficial, esas regulaciones eran consideradas trabas. Para el sector productivo, cumplían la función de ordenar la actividad y evitar desequilibrios que hoy afectan de manera directa a productores y trabajadores.

En ese marco, el dirigente plantea que el Estado debería recuperar herramientas de regulación. No para frenar la producción ni distorsionar el mercado, sino para garantizar reglas claras y un mínimo equilibrio en la cadena. Sin planificación, sin precios de referencia y sin protección del empleo rural, concluye, la desregulación no genera libertad económica, sino concentración, exclusión y precarización.

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Alertan por el impacto social de la desregulación en el sector yerbatero

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La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) profundizó la crisis del sector yerbatero y generó un impacto social directo sobre más de 11.000 familias productoras en Misiones, en un contexto donde los indicadores de exportación muestran buenos resultados, pero la economía interna de las chacras se deteriora de manera acelerada. Así lo advirtió la diputada provincial Arabela Soler, quien reclamó la restitución de las funciones del organismo como herramienta central para que los productores puedan negociar precios justos con el sector industrial.

La legisladora en dialogo con LT17 Radio Provincia sostuvo que la quita de atribuciones del Inym dejó a los pequeños productores sin mecanismos de protección en un mercado desregulado, lo que derivó en una fuerte asimetría dentro de la cadena yerbatera, con beneficios concentrados en los eslabones industriales y comerciales.

Asimetrías en la cadena yerbatera y deterioro de la economía rural

Soler describió un escenario de desigualdad estructural entre los distintos actores del sector. Mientras que los números de exportación muestran un desempeño positivo, la realidad de los productores primarios es diametralmente opuesta. “En materia de números y exportaciones nos está yendo muy bien, pero nuestra economía interna se está desplomando día a día”, señaló.

Según explicó, los sectores más perjudicados son aquellos que no son propietarios de la hoja verde, en particular los pequeños productores y algunos secaderos que funcionan como pymes y que hoy concentran stock de yerba canchada estacionada. En contraste, los molinos cuentan con mayor capacidad financiera y operativa para administrar su materia prima y sostener su posición en el mercado.

La diputada remarcó que la eliminación de la posibilidad de fijar precios de referencia, función que históricamente ejercía el Inym, dejó a los productores sin previsibilidad ni poder de negociación. “Al sector yerbatero le quitaron las funciones de la noche a la mañana y es por eso que se desploma”, afirmó, y contrastó esta situación con otros sectores productivos que aún conservan instancias de consenso para definir precios.

La agenda legislativa y el reclamo por la restitución de funciones del Inym

En este contexto, Soler destacó la agenda legislativa territorial impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, que permitió reunir a legisladores de todos los espacios políticos para analizar la crisis. “Estuvimos todos de acuerdo que acá no hay banderas políticas, no hay ideales, más que poder defender nuestro producto emblema”, sostuvo.

Durante ese encuentro, se realizó un diagnóstico compartido sobre una problemática que, según la diputada, se arrastra desde hace casi dos años. Lejos de tratarse de una situación inesperada, advirtió que el deterioro del sector es conocido y sostenido en el tiempo, y que ahora el desafío pasa por definir medidas concretas dentro de las herramientas disponibles a nivel provincial.

Soler fue enfática al señalar que, sin la restitución plena de las funciones del Inym —en particular la capacidad de establecer referencias de precios—, no habrá soluciones de fondo. “Sin las funciones del Inym o la de fijar un precio de nuestra materia prima no va a haber una solución mágica”, aseguró, aunque reconoció que podrían implementarse medidas paliativas con resultados a mediano plazo.

Entre el cese de cosecha y la subsistencia diaria

Más allá de las variables económicas, la legisladora puso el foco en el impacto social de la crisis. La mayoría de los productores yerbateros de Misiones son pequeños chacareros que dependen de la venta de hoja verde para cubrir gastos básicos. “Son productores que tienen que mandar al colegio a sus hijos, pagar la luz, vivir el día a día”, describió.

En ese escenario, las estrategias colectivas, como el cese de cosecha para forzar una suba de precios, se vuelven difíciles de sostener. “No todos tienen la posibilidad de esperar”, explicó Soler, al relatar la tensión entre la necesidad de mantener la unidad sectorial y la urgencia de generar ingresos para la subsistencia familiar.

La diputada insistió en que los productores deben apoyarse en el instituto que los nuclea y reforzar sus asociaciones para recuperar capacidad de negociación. En un contexto de libre mercado, subrayó la necesidad de contar con herramientas concretas que permitan sentarse a negociar con los industriales sin quedar en desventaja.

La crisis del Inym, concluyó, no es solo productiva ni económica: es una problemática social que atraviesa a miles de familias rurales y pone en riesgo la sostenibilidad del principal producto emblema de Misiones.

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