El ORSNA redefine el acceso a los servicios de rampa y refuerza la libre competencia en aeropuertos con capacidad limitada
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) derogó el régimen vigente y aprobó un nuevo reglamento que redefine, con carácter excepcional, la asignación de espacios a los Prestadores de Servicio de Rampa (PSR) en aeropuertos con capacidad limitada. La Resolución 65/2025, publicada el 19 de diciembre de 2025, ratifica la libertad de prestación de los servicios de rampa en todo el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) y establece un procedimiento específico para los casos en que la demanda supere la oferta física disponible, con impacto directo en la competencia, los costos operativos y la eficiencia del transporte aerocomercial.
Libre prestación como principio general y derogación del esquema previo
La Resolución 65/2025 deroga expresamente la Resolución ORSNA N° 51 del 3 de noviembre de 2025 y reafirma que la operación de los servicios de rampa es libre en todos los aeropuertos del SNA, conforme a lo dispuesto por la Resolución N° 49/2024 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. En ese marco, ningún operador aeroportuario podrá limitar o impedir el acceso de los PSR, ya sea que se trate de autoprestación o de prestación a terceros.
La decisión se inscribe en la política de libre acceso a los mercados aerocomerciales fijada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 599 del 8 de julio de 2024, que prioriza la desregulación, la lealtad comercial y la vigilancia de la seguridad operacional. Según los considerandos, la normativa anterior generó “interrogantes en su aplicación” que dilataron el ingreso de nuevas empresas al sistema, afectando la dinámica competitiva y la prestación de servicios en distintos aeropuertos del país.
Un régimen de excepción para aeropuertos con restricciones físicas
El nuevo “Reglamento de Excepción a la Libre Asignación de Espacios a los Prestadores de Servicio de Rampa (PSR) en los Aeropuertos con Capacidad Limitada del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA)” introduce un esquema de intervención acotado y excepcional. Solo podrá aplicarse cuando un operador aeroportuario acredite ante el ORSNA que la capacidad física del aeropuerto resulta objetivamente superada por la demanda de espacios.
En esos casos, el operador deberá solicitar autorización al regulador y, una vez aprobada la excepción, asignar los espacios bajo principios de concurrencia, transparencia, no discriminación y libre competencia. El reglamento prohíbe expresamente concentrar la totalidad de los espacios en un solo PSR y excluye mecanismos como subastas o procedimientos análogos para la asignación de infraestructura aeroportuaria.
Además, se establece que los precios por el uso de espacios e infraestructura deberán ser uniformes para todos los prestadores, resguardando los derechos derivados de contratos vigentes. La norma también garantiza que los PSR con contratos o cartas de intención con explotadores aéreos tengan prioridad en la asignación, en función del volumen efectivo de sus operaciones.
Impacto operativo, económico e institucional
Desde el punto de vista económico, la resolución busca reducir barreras de entrada y evitar conductas monopólicas en un segmento clave para los costos del transporte aéreo. La apertura del mercado de rampa puede incidir en una mayor competencia de precios y en mejoras de calidad del servicio, con efectos indirectos sobre aerolíneas, pasajeros y la regularidad operativa.
En el plano institucional, el ORSNA refuerza su rol como árbitro previo a la judicialización de conflictos. La norma dispone que, ante disputas por asignación de espacios o relaciones comerciales entre operadores aeroportuarios y PSR, las partes deberán recurrir primero al organismo regulador, ya sea mediante procedimientos de controversias o reclamos formales.
Asimismo, se establece que ningún conflicto de naturaleza económica entre explotadores aéreos y prestadores de rampa podrá justificar la interrupción del servicio, considerado esencial para la continuidad del transporte aerocomercial. Los operadores aeroportuarios deberán coordinar las acciones necesarias para garantizar la prestación durante todo el horario operativo del aeropuerto.
Sectores alcanzados y posibles reacciones
La medida impacta directamente en los operadores aeroportuarios, los PSR y las aerolíneas que se autoprestan servicios de rampa. Para los nuevos prestadores, el reglamento despeja incertidumbres regulatorias y habilita mayores oportunidades de ingreso, mientras que para los actores ya instalados introduce criterios objetivos de reasignación de espacios en aeropuertos congestionados.
El alcance nacional de la resolución —que notifica a concesionarios y entes aeroportuarios del SNA— anticipa un reordenamiento gradual del mercado de servicios en tierra. En un contexto de crecimiento de operaciones y búsqueda de mayor eficiencia, la norma se proyecta como un instrumento para compatibilizar competencia, seguridad operacional y uso eficiente de la infraestructura aeroportuaria.
El Gobierno habilita estaciones de servicio móviles y crea un nuevo régimen para garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país
El Gobierno nacional formalizó la incorporación de las estaciones de servicio móviles al Registro de Bocas de Expendio de Combustibles, habilitando una modalidad que busca resolver el desabastecimiento en localidades sin infraestructura fija, reducir costos logísticos y dinamizar la competencia en el mercado de combustibles. La medida, instrumentada mediante la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía, publicada el 11 de diciembre de 2025, constituye uno de los cambios regulatorios más profundos en décadas dentro del sector energético argentino.
Un nuevo régimen para ampliar la cobertura territorial del expendio de combustibles
La Secretaría de Energía incorporó a las estaciones de servicio móviles —tanto modulares como cisternas— al Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y Comercializadores, creado por la Resolución 1102/2004.
El artículo 1° de la Resolución 504/2025 establece formalmente que todas las personas físicas o jurídicas habilitadas para la venta minorista bajo modalidad móvil quedan incorporadas al registro oficial, integrándose al sistema regulado nacional.
La norma se apoya en un marco legal amplio, que incluye: Ley 17.319 de hidrocarburos. Decreto 2407/1983, que regula seguridad en estaciones de servicio. Decreto 70/2023, que ordena promover un sistema económico de libre concurrencia. Ley 27.742, de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que restringe la intervención estatal al mínimo necesario. Decreto 46/2025, que introdujo la figura de estaciones de servicio móviles y autorizó tanques sobre superficie.
Según la resolución, las estaciones móviles constituyen “una herramienta fundamental” para abastecer a localidades que hoy carecen de estaciones fijas en un radio considerable, situación que obliga a los habitantes a trasladarse “incluso por varios kilómetros” para acceder al combustible.
La Secretaría destaca que la modalidad permite “una rápida instalación y reubicación”, ofreciendo soluciones flexibles y de menor costo que la construcción de estaciones tradicionales con tanques soterrados.
Estándares técnicos más estrictos, auditorías obligatorias y sanciones severas
Los anexos técnicos incorporados por la Resolución 504/2025 establecen requisitos detallados para asegurar la operación segura y confiable de estas nuevas bocas de expendio.
Estaciones modulares portátiles (Anexo I)
Definidas como equipos autónomos tipo container con tanque sobre el terreno, dispensadores y sistemas de control, deben cumplir normas internacionales como UL-2085, disponer de tanques “protegidos” de doble pared, detectores de pérdidas, alarmas automáticas y sistemas de corte a distintos niveles de llenado.
La capacidad máxima permitida es de 40 m³, y las instalaciones deben: Ubicarse a 15 metros de los límites del predio. Operar sobre playas de hormigón armado resistentes a tránsito pesado. Contar con sistemas de contención de derrames y planes de contingencia certificados. Mantener auditorías de seguridad emitidas por entidades habilitadas, con vigencia anual.
Estaciones móviles cisterna (Anexo II)
Definidas como vehículos cisterna equipados para despacho minorista, no pueden superar los 4.500 litros de capacidad y deben cumplir estándares NFPA385 y ADR. Solo pueden reabastecerse en terminales habilitadas con carga ventral, quedando prohibido el uso de surtidores convencionales.
Entre los requisitos más estrictos figuran. Distancias mínimas de 7,5 metros respecto de edificaciones y 15 metros de fuentes de ignición. Extintores, kits de control de derrames y bandejas de contención obligatorias. Prohibición total del autodespacho en esta modalidad. Operación atendida permanentemente por personal capacitado.
Además, hasta que existan sistemas tecnológicos de control continuo, la Secretaría dispuso que todas las operaciones mediante estaciones cisterna tributarán según el régimen de zonas no exentas, en virtud de las limitaciones actuales para verificar el lugar exacto de expendio, conforme el Título III de la Ley 23.966.
Régimen sancionatorio
El artículo 7° aclara que los incumplimientos serán sancionados según lo previsto en el artículo incorporado por la Ley 26.022 a la Ley 23.966, lo que habilita multas equivalentes a hasta 160.000 litros de nafta súper, además de inhabilitaciones inmediatas.
Desregulación energética: impacto económico y proyección para las economías regionales
La resolución se inscribe en un proceso más amplio de “modernización y desregulación del sector energético” impulsado por el Gobierno Nacional, orientado a: Reducir costos logísticos de abastecimiento. Fomentar mayor competencia entre operadores. Ampliar la cobertura territorial del mercado de combustibles. Asegurar el acceso en localidades sin infraestructura fija.
La Secretaría reconoce que numerosas localidades a lo largo del país no cuentan con estaciones habilitadas, situación que impacta directamente en actividades productivas, transporte y cadenas de valor regionales.
La incorporación de estaciones modulares y móviles podría dinamizar sectores vinculados al turismo, actividades agropecuarias, industria forestal y logística rural. También se espera que reduzca costos de transporte para particulares que hoy deben recorrer decenas de kilómetros para acceder a combustibles básicos.
Al mismo tiempo, la medida abre un nuevo nicho para operadores privados, fabricantes de equipamiento modular y prestadores de servicios de auditoría y control.
En términos institucionales, la delegación de facultades a la Subsecretaría de Combustibles Líquidos refuerza un esquema de fiscalización centralizado, que buscará evitar prácticas irregulares, desplazamientos oportunistas hacia zonas exentas y riesgos ambientales.
El INTI disuelve el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) y concentra la certificación en el OAA para fortalecer el Sistema Nacional de Calidad
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) oficializó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), creado en 1985, con el objetivo de eliminar superposiciones con el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y robustecer el Sistema Nacional de Calidad. La medida, alineada con las políticas nacionales de desregulación y eficiencia administrativa, busca impulsar que los laboratorios certifiquen directamente ante el OAA, organismo con reconocimiento internacional.
Unificación institucional: por qué se elimina el SAC tras casi cuatro décadas
La decisión fue anunciada este 2 de diciembre de 2025 y se fundamenta en la necesidad de corregir una estructura duplicada dentro de la gestión de la calidad. Tanto el SAC como el OAA intervenían en la autorización de Certificados de Calibración y Medición, generando —según los argumentos oficiales— una superposición de funciones que afectaba la eficiencia del sistema.
La medida se enmarca en las políticas de desregulación, desburocratización y simplificación impulsadas por el Gobierno Nacional para optimizar el uso de los recursos públicos y promover un entorno técnico más competitivo para la certificación de calidad.
De acuerdo con el INTI, la disolución del SAC permite avanzar hacia un esquema unificado que fortalece la capacidad de los laboratorios para obtener acreditaciones internacionalmente reconocidas. El OAA, como organismo central del sistema, cuenta con el respaldo de entidades globales como ILAC, IAF, IAAC, la OCDE y el International Halal Acreditation Forum (IHAF).
Reconfiguración del Sistema Nacional de Calidad: nuevas competencias y transición para los laboratorios
El rediseño normativo se apoya en la Resolución Nº 276/24 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Esta normativa habilita a los entes privados —además del INTI— a efectuar la aprobación de modelos y verificaciones periódicas de instrumentos de medición, una función históricamente concentrada en el ámbito estatal.
Según los fundamentos oficiales, la nueva estructura apunta a: Consolidar un sistema de calibración más robusto bajo la coordinación del OAA. Eliminar barreras técnicas al comercio, facilitando procesos más ágiles para empresas y laboratorios. Promover la transparencia y estandarización, al operar bajo acreditaciones reconocidas globalmente. Fortalecer la competitividad, mejorando la inserción de productos y servicios argentinos en mercados internacionales.
La Dirección Operativa del INTI garantizó una transición ordenada, de modo que los laboratorios puedan iniciar formalmente los procedimientos necesarios para la acreditación ante el OAA. Esto implica migrar sus certificaciones al nuevo régimen y adecuar procesos internos a los estándares exigidos por el organismo.
Laboratorios, industria y comercio exterior
El rediseño del esquema de certificación genera consecuencias directas para industrias que dependen de la calibración y medición para operar:
Laboratorios privados y públicos
La eliminación del SAC implica que todos deberán certificar ante el OAA, un organismo con estándares estrictos y homologación internacional. Esto puede elevar la competitividad pero exige inversiones en adecuación técnica.
Empresas industriales
La simplificación del sistema busca reducir tiempos y costos en la aprobación de modelos y verificaciones periódicas, especialmente en sectores donde la trazabilidad de mediciones es crítica —manufacturas, alimentos, construcción, energía, logística.
Comercio exterior
El reconocimiento internacional del OAA facilita la aceptación de certificaciones argentinas en otros mercados, reduciendo la necesidad de ensayos duplicados y potenciando la inserción de productos locales.
Estado nacional
El nuevo esquema se alinea con la estrategia de eficiencia administrativa, reducción del gasto operativo y fortalecimiento de estándares compatibles con organismos multilaterales.
Economía eliminó aranceles históricos del transporte y derogó normas clave del sistema ferroviario en plena desregulación
El Ministerio de Economía oficializó las Resoluciones 1878/2025 y 1879/2025, publicadas este 25 de noviembre de 2025, que eliminan aranceles vigentes desde la década del 90 y derogan normas centrales del esquema ferroviario heredado de la Emergencia Ferroviaria de 2003.
Las medidas se inscriben en el proceso de desregulación y simplificación iniciado con el Decreto 70/2023 y profundizado por los decretos dictados durante 2024 y 2025.
El impacto es directo sobre los operadores de transporte automotor y ferroviario, los regímenes de fiscalización de la CNRT y las concesionarias privadas de las líneas Urquiza y Belgrano Norte.
Eliminación de aranceles del transporte automotor y cambios en registros y fiscalización (Resolución 1878/2025)
La Resolución 1878/2025 del Ministerio de Economía abroga un conjunto de normas históricas que fijaban aranceles para trámites vinculados a la inscripción, habilitación y fiscalización de servicios de transporte automotor de pasajeros y cargas.
En esta decisión, el Ministerio elimina los aranceles creados por: Resolución 1104/1992 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Resolución 433/1992 de la Secretaría de Transporte. La Resolución 175/1995 de la Secretaría de Transporte. Resolución 2/2001 de la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Infraestructura y Vivienda.
Además, la resolución deroga artículos centrales de la Resolución 433/2022, que establecían el pago de aranceles para el Permiso Originario del transporte internacional de cargas por carretera, regulado bajo el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT).
Según los considerandos, la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones de la CNRT concluyó que la eliminación de estos aranceles “no afecta la eficiencia y eficacia de la fiscalización”, en línea con la política de “eficiencia, equidad, simplificación y apertura” definida para el sector.
Impacto institucional
La decisión se apoya en un marco jurídico amplio que va desde la Ley 12.346 (regulación del transporte automotor de pasajeros), la Ley 24.653 (transporte de cargas), y los decretos de reorganización del sistema dictados entre 1996 y 2024, hasta el reciente Decreto 883/2024 sobre transporte interjurisdiccional.
La medida consolida la unificación de registros y procedimientos iniciada con las Resoluciones 57/2024 y 2/2025 de la Secretaría de Transporte. Que crearon el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.
Repercusiones esperadas
Transportistas y empresas automotoras: se reducen costos administrativos al eliminarse los aranceles para trámites de habilitación.
CNRT: deberá sostener su capacidad de control sin ingresos por aranceles regulatorios.
Operadores internacionales de cargas: se desregula el proceso para permisos originarios bajo el ATIT.
Derogación de la Resolución 126/2003 y revisión del esquema ferroviario (Resolución 1879/2025)
En paralelo, la Resolución 1879/2025 elimina la Resolución 126/2003 del entonces Ministerio de la Producción, una norma clave del período de Emergencia Ferroviaria declarada por el Decreto 2075/2002.
Aquella resolución había articulado los mecanismos de emergencia con el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), los planes de seguridad y los regímenes de compensaciones en un contexto donde todas las líneas metropolitanas estaban concesionadas.
El Ministerio justifica la derogación en la transformación estructural del sistema desde 2003, marcada por: La creación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado mediante la Ley 26.352. La finalización de numerosos contratos de concesión. La persistencia de solo dos operadores privados: Metrovías S.A. (Línea Urquiza) y Ferrovías S.A.C. (Belgrano Norte).
Ambas empresas tienen sus plazos de operación prorrogados por 60 días mediante las Resoluciones 62/2025 y 63/2025. Tras el vencimiento de los plazos establecidos en las Resoluciones 999/2024 y 1000/2024.
Un sistema en revisión estructural
La medida se dicta bajo la vigencia del Decreto 525/2024, que declaró la Emergencia Pública en materia Ferroviaria por 24 meses. Y del Decreto 526/2024, que ordena una revisión integral de todas las normas y procesos de mantenimiento y seguridad del sistema ferroviario.
La eliminación de la Resolución 126/2003 responde a la necesidad de ajustar el sistema normativo a un escenario actual donde las condiciones de operación, control y definición tarifaria resultan distintas a las del esquema vigente hace dos décadas.
Sectores afectados
Concesionarias privadas: deberán adecuarse a los nuevos lineamientos en materia de compensaciones y mantenimiento.
Estado nacional: abre un proceso de reordenamiento bajo una lógica de simplificación y desregulación.
Usuarios metropolitanos: el impacto final dependerá de las revisiones tarifarias y de seguridad que surjan de la emergencia ferroviaria.
Un movimiento coordinado hacia la desregulación integral del transporte
Ambas resoluciones reflejan una línea de acción coherente con los objetivos establecidos en el Decreto 70/2023. Que apunta al “reordenamiento integral de la economía y reformulación de regímenes jurídicos”.
La eliminación de aranceles administrativos y la derogación de normas ferroviarias históricas avanzan en un mismo sentido: desmontar estructuras regulatorias consideradas obsoletas o incompatibles con la política de simplificación del Estado.
Aunque las medidas reducen costos burocráticos para empresas de transporte. También desplazan al sistema hacia un modelo donde la fiscalización deberá sostenerse sin ingresos por aranceles. Y bajo un esquema de emergencia que revisa integralmente la seguridad ferroviaria.
El artículo 17 del decreto reglamentario del Instituto Nacional de la Yerba Mate fue redactado a propósito para no repetir precios de miseria pagados en los 90: “El precio de las materias primas no podrá ser inferior al importe que resulte necesario para desarrollar la actividad productiva, incluyendo las cargas impositivas, laborales y provisionales, incluyendo una rentabilidad razonable”. Con un nuevo decreto, Javier Milei acaba de borrar de un plumazo ese artículo, entre otros, que todavía incluían algún mecanismo de regulación del mercado yerbatero. El Presidente legalizó que se le pague al productor por debajo del costo de producción, como está sucediendo actualmente.
Según el último estudio difundido por el INYM, el costo de producción del kilogramo de hoja verde puesta en secadero, asciende a $423,99, según la matriz de costos aprobada por el Directorio del organismo. Si a ese valor se le suma un 30 por ciento de rentabilidad razonable, el precio de referencia ascendería a $551,19 por kilo de hoja verde.
Los precios reales que se pagan en el mercado están muy por debajo de estos parámetros. En la zona Centro-Sur de Misiones, la hoja verde se paga alrededor de $180 por kilo; en el Norte, cerca de $280; y en el caso de las cooperativas, los valores rondan los $305. Ahora esos valores son legales. El valor cayó 77 por ciento, según los cálculos de la Provincia.
El nuevo decreto presidencial sorprendió en Misiones. Llegó sin aviso y casi sin necesidad. El DNU de diciembre de 2023 ya había sido demoledor. Pero ahora el desguace es total. El INYM quedó apenas con un rol de promoción. Los productores que votaron -nuevamente- a Milei no encuentran explicación ni respuestas cuando reciben las críticas de otros yerbateros.
Incluso en la industria sienten que se está llevando al extremo una situación que no beneficia a nadie en Misiones. El precio bajo sólo conviene a Buenos Aires. La rentabilidad industrial también se resiente con precios planchados, mientras que los costos operativos no paran de subir.
El siempre sonriente Federico Sturzenegger, sin embargo, salió a celebrar el nuevo decreto. Destacó que la producción total de yerba mate creció 29% en 2024, alcanzando un récord histórico, lo que obedece más al fin de la sequía y la mayor producción que a la desregulación -se tarda cuatro años en cosechar una planta-. También apuntó que las exportaciones aumentaron casi 17%, también en niveles récord, pero eso nada tiene que ver con la desregulación, ya que el INYM no regulaba nada en esa área y, de hecho, impulsaba la venta en mercados externos con participación en ferias y promociones.
El ministro desregulador insiste en el precio real de la yerba cayó 44%, lo que -según su lectura- implicó un alivio directo para millones de familias consumidoras. Pero el único precio que “cayó” fue el de la materia prima. En góndolas subió 126,4 por ciento desde diciembre de 2023. En todo caso, aumentó menos que la inflación acumulada desde entonces -241,03%-, según los últimos datos-.
Para Sturzenegger, “el caso yerba mate” se convirtió en uno de los principales ejemplos de la política de desregulación aplicada durante la gestión. “La desregulación del sector ha dado sus frutos. Lo que estaba trabado creció, lo que era caro se abarató y lo que era rígido ahora es dinámico”, dijo. Dinámico, como el futuro de la chacra.
La producción amenaza con no iniciar la zafra de verano y escalar la batalla contra la industria, aunque ésta no sea el principal enemigo, sino que está aprovechando un entorno más favorable.
La supervivencia de la economía regional está en riesgo: en las chacras ya se observa la caída de rentabilidad. En la industria sufren por la competencia de nuevas marcas baratas que van ganando terreno ante los bolsillos flacos.
El gobernador Hugo Passalacqua alertó sobre el riesgo de la concentración en la yerba mate y la supervivencia de cerca de 13 mil productores. En la oposición algunos aprovecharon para intentar llevar agua para su molino, como el diputado provincial electo Ramón Amarilla. Diego Hartfield, ajeno al tiempo y a la realidad territorial, se dedicó a explicar el rendimiento de los bonos en la Bolsa.
No hay salida de corto plazo para la crisis de la producción yerbatera. La Provincia busca ampliar mercados para que haya más demanda de materia prima -culminó con éxito una misión comercial a la India, encabezada por el ministro del Agro, Facundo Sartori, junto a varios empresarios-. Mientras tanto, se seguirá gestionando ante la Nación para recuperar el INYM -la esperanza es lo último que se pierde, dicen en el Gobierno.- y fortalecer otras producciones que puedan compensar la caída de rentabilidad. Con el té, el gobernador Hugo Passalacqua inició gestiones para que sea incorporado al acuerdo comercial de la Argentina con Estados Unidos y lograr que se elimine el arancel del 10 por ciento que cobra actualmente el país de Donald Trump. Sin esa traba, la rentabilidad de la industria tealera podría dar un salto competitivo que permita mejorar el precio de la materia prima.
Esos temas serán analizados con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien vendrá a Misiones este martes -será la primera provincia que visite-. Santilli viene en busca de respaldos al Presupuesto y otras leyes que quiere imponer Milei. Pero viene con mochilas flacas, con poco para ofrecer en relación con los reclamos de la Provincia.
En la última asamblea de gobernadores del Norte Grande, Passalacqua trazó una línea clara: pidió medidas coordinadas para enfrentar las desigualdades estructurales que afectan a Misiones. El mandatario advirtió que la ausencia de inversión en infraestructura, energía y conectividad limita las posibilidades de crecimiento regional. Además, el bloque respaldó reclamos vinculados a previsión social, fondos nacionales y regalías energéticas.
En el Centro Cultural del Bicentenario, los mandatarios del Norte Grande mantuvieron la 22.ª Asamblea de Gobernadores, un espacio de coordinación política y económica para definir líneas de acción de cara a 2026. Allí, Passalacqua planteó la necesidad de encarar estrategias conjuntas que atiendan las brechas persistentes entre regiones y los condicionantes estructurales que afectan a Misiones.
El gobernador señaló que avanzar en soledad dificulta cualquier política pública: “Hacerlo en soledad es un incordio y hacerlo en conjunto me parece excelente”.
Para graficar las desigualdades, expuso datos que reflejan brechas sociales profundas: “Un misionero por haber nacido en Misiones vive tres años menos que uno que nació en Buenos Aires.”
Passalacqua retomó además el concepto de “injusticia geográfica”, al advertir que los condicionantes históricos que pesaron sobre el norte argentino aún dificultan su competitividad. La carencia de infraestructura es un factor decisivo: “Si no hay inversión ahí, nuestra posibilidad de crecimiento, desarrollo, generar trabajo, empleo, bienestar, felicidad para nuestra gente va a ser muy difícil”.
Entre las brechas que afectan directamente a la economía provincial, el gobernador reiteró dos puntos sensibles: la exclusión de Misiones de la Hidrovía, un corredor crucial para la logística del comercio exterior; la ausencia de gas natural, siendo la única provincia del país sin conexión a redes.
El mandatario también expresó la voluntad de acompañar acuerdos legislativos vinculados al Presupuesto Nacional 2026, siempre que se incorporen necesidades centrales del bloque.
No quiere decir eso que se bloquee el tratamiento legislativo de los proyectos del Gobierno nacional. Pero se exige alguna reciprocidad que por ahora no aparece. Santilli deberá hacer algún esfuerzo para convencer. No hay visión federal ni un intento de acercamiento real del Presidente con los gobernadores. De hecho, parece haber una desconexión entre la agenda presidencial y las demandas reales de la Argentina, que exhibe una pérdida inédita de empleo y empresas aún más grande que durante la pandemia. La comparación entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 493.193. Esto implica una contracción de 19.164 empresas, es decir, casi 30 (28,25) empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.
En el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 2,81%, lo que representa una pérdida de 276.624 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025, representando más de 432 (432,23) trabajadores/as registrados/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
No parece haber modelo económico pensado para la recuperación de esos empleos ni del poder adquisitivo. Con un valor equivalente a 225 dólares, el Salario Mínimo, Vital y Móvil de Argentina se hundió por debajo de países vecinos con economías mucho más pequeñas, como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares), y quedó lejos de los niveles que exhiben Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares), Chile (567 dólares) o Ecuador (470 dólares).
El retroceso del salario mínimo argentino se profundizó durante los últimos dos años en un contexto de inflación persistente, caída del consumo y pérdida acelerada del poder adquisitivo. El SMVM no solo es el más bajo de Latinoamérica, sino que además ya se ubica por debajo del nivel registrado en 2001, previo a la salida de la Convertibilidad.
Apenas hay un plan financiero, atado a los humores de Donald Trump y el FMI. Ni siquiera los bancos de Estados Unidos parecen estar dispuestos a confiar en el plan: se bajaron del salvataje de 20 mil millones de dólares porque no encontraron “garantías” de poder cobrar la deuda. Se trata de uno de los acuerdos de salvataje que habían festejado desde el Ejecutivo y formaba parte de las medidas anunciadas por el secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent. El ministro de Economía, Luis Caputo, solo atinó a relativizar la necesidad de auxilio, contradiciendo lo que celebraba hasta hace unas pocas semanas, cuando se evitó el colapso económico, justo antes de las elecciones.
La frustrada ayuda no parece poner en riesgo la continuidad del ministro, uno de los sobrevivientes en el Gabinete que ya tiene a dos nuevos nombres: Alberto Presti, ex jefe del Ejército, será el primer militar en ocupar el ministerio de Defensa desde la recuperación de la democracia. La designación es toda una declaración política del presidente Javier Milei, que quiere poner fin a la “demonización” de las fuerzas armadas. La alusión no es inocente. El flamante ministro es hijo del genocida Carlos Roque Presti, muerto impune pero imputado por estar a cargo del Regimiento 7 de La Plata (centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría 5ta). El coronel estaba acusado por 44 crímenes de lesa humanidad.
La otra designación es la de Alejandra Monteoliva, la segunda de Patricia Bullrich en Seguridad -la ex ministra irá al Senado-. La flamante titular de la cartera de seguridad está dedicada al rubro desde 1995. Fue consultora en seguridad en Honduras y El Salvador, donde trabajó en el “exitoso Modelo Bukele”. Es discípula del general Oscar Naranjo, quien incorporó en Colombia técnicas antiterroristas y antinarcóticos de la DEA y el FBI y fue uno de los que logró cazar a Pablo Escobar. Toda una declaración.
