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Productores yerbateros alertan una crisis tras la desregulación: “El precio cayó a 200 pesos, pero en góndola subió”

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Productores yerbateros advierten un colapso de ingresos tras la desregulación, “Nos bajaron el precio, pero en la góndola no hubo cambios”.

La reciente desregulación del mercado de la yerba mate, que eliminó la capacidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios mínimos, generó un fuerte malestar en el sector productivo de Misiones. Jonás Peterson, referente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, alertó que la medida redujo de manera drástica los ingresos de más de 12.500 productores, mientras que los precios en góndola continuaron en alza: “Nos bajaron el precio, pero en la góndola el valor de la yerba no cayó”, afirmó en diálogo con Infobae en Vivo.

Fin de la regulación del INYM y caída del precio en origen

La entrevista expuso los primeros efectos del decreto nacional que desreguló el mercado yerbatero e impidió al INYM fijar valores de referencia para la hoja verde. Según Peterson, hasta 2023 el esquema regulatorio permitía un ordenamiento mínimo del mercado. “Cobramos 400 pesos el kilo de hoja verde en 2023, y ese precio cubría los costos y nos dejaba un pequeño margen para vivir”, explicó.

Con la eliminación de esos artículos, los pequeños productores quedaron —según su diagnóstico— en clara desventaja frente a “cinco o seis grandes empresas” con capacidad de industrializar y almacenar yerba suficiente para un año. Esta asimetría derivó en una marcada caída del precio pagado en chacra: la hoja verde pasó a ubicarse entre 200 y 250 pesos por kilo, en un contexto de aumento generalizado de costos.

Peterson subrayó que la pérdida de herramientas regulatorias no sólo afectó el ingreso rural, sino también la estructura productiva regional. A su juicio, la situación impacta especialmente en Misiones, donde “12.500 familias sostienen la actividad y el empleo asociado”. En contraste, señaló que en Corrientes la industrialización se concentra en dos firmas de gran escala.

Brecha entre precio al productor y precio en góndola

Uno de los puntos más sensibles planteados por el dirigente es la distancia entre el valor percibido por quienes producen la yerba y el que paga el consumidor final. “En 2023 el kilo de yerba costaba en promedio 1.800 pesos para el público. Ahora, supera los 3.000 pesos. A nosotros nos bajaron el precio a 200 pesos, pero el consumidor paga cada vez más”, cuestionó.

Peterson insistió en que no existe sobreoferta local que justifique la caída en el precio de la hoja verde. Por el contrario, afirmó que aun en años de buena producción, algunas empresas importaron yerba de Paraguay y Brasil para acceder a materia prima más barata.

El productor también advirtió por la pérdida de otras atribuciones del INYM, como el establecimiento de calendarios de cosecha y el control de calidad. Sin esas herramientas, dijo, los pequeños agricultores quedaron expuestos a prácticas que profundizan la brecha: “Si decidimos demorar la cosecha para esperar una mejora, la industria simplemente aguanta o trae yerba de Brasil o Paraguay”.

Impacto social y retroceso productivo en las chacras misioneras

Peterson describió un deterioro acelerado en la economía familiar rural tras la desregulación. Según su testimonio, el margen económico por kilo cayó de 300 pesos a apenas 80-100 pesos, mientras que los costos de insumos y servicios siguieron en aumento. Esto derivó en menor fertilización, reducción del mantenimiento y caída del rendimiento productivo.

También se observaron señales preocupantes en el mercado de tierras rurales: “Hasta el año pasado casi no había pequeñas propiedades a la venta. Ahora aparecen cada vez más, porque la actividad dejó de cerrar”, señaló.

La situación obligó a muchas familias a diversificar de manera forzada su subsistencia. “Sobrevivimos criando chanchos, gallinas, vacas para el consumo diario, y reduciendo los gastos al mínimo”, indicó. El productor comparó el momento actual con la desregulación de los años 90: “Hubo canje de yerba mate por mercadería y combustible, y a veces hasta debíamos ir a Brasil para conseguir productos básicos”.

Gestiones y respuesta del Gobierno nacional

Peterson comentó que representantes del sector viajaron a Buenos Aires para transmitir su preocupación, pero no encontraron margen para revisar la medida. “Fui a Buenos Aires, llevé mi tractor. Pero nos dijeron siempre lo mismo: la desregulación no se negocia”, relató.

El referente yerbatero consideró que la eliminación de las funciones del INYM colocó al sector en la situación “más débil en dos décadas”, tras años en los que las herramientas institucionales habían permitido avanzar en mejores condiciones económicas y laborales para el productor primario. “Cuando existía la grilla de costos y el precio mínimo, logramos cierto avance. Hoy estamos lejos de ese objetivo”, cerró.

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Desregulación de la yerba: Misiones alerta por una caída del 77% en el precio al productor

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El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia 812/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el 18 de noviembre, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para intervenir en los precios de la cadena productiva. La medida desató un profundo malestar en Misiones, la principal provincia productora, donde el Gobierno advierte que la desregulación está provocando un daño acelerado sobre miles de pequeños productores y un proceso de concentración sin precedentes.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que gran parte de las conclusiones que circulan a nivel nacional parten de un desconocimiento del funcionamiento del mercado yerbatero. “Quien no conoce cómo funciona el mercado arriba a conclusiones equivocadas y, en definitiva, impulsa medidas desregulatorias que están perjudicando seriamente a la mayoría del sector”, afirmó.

El gobernador Hugo Passalacqua también alertó sobre los riesgos que esta desregulación implica para la estructura productiva: un esquema sin reglas, dijo, beneficia únicamente a los grandes jugadores de la cadena y profundiza la asimetría entre quienes compran y quienes producen. “Solo un mercado equilibrado garantiza que todos los actores puedan vivir de su trabajo”, sostuvo.

Safrán recordó que, a diferencia de lo que suele suponerse, el productor primario no fija el precio de la hoja verde. Son los secaderos —que compran la hoja— quienes negocian el valor en función del precio que luego recibirán por la yerba canchada. Pero tampoco los secaderos deciden: son los acopiadores y molinos, en la cima de la cadena, quienes determinan el precio final de la materia prima.

Con más de 13.000 productores y apenas unos 130 molinos, la estructura del sector combina una atomización extrema de la oferta con una demanda altamente concentrada. Ese desequilibrio hace que, sin regulación, el productor quede totalmente expuesto a la fijación unilateral de precios.

A esa vulnerabilidad estructural se suma una diferencia clave respecto de otras economías regionales: el productor yerbatero no puede almacenar su cosecha. “No existe en la yerba mate algo equivalente a las silobolsas de la soja. O cosecha y entrega al precio que le paguen, o no cosecha y pierde la temporada”, explicó Safrán. Esa imposibilidad de acopiar debilita aún más la capacidad de negociación del sector primario.

El ministro recordó que las funciones del INYM nunca se limitaron a fijar precios mínimos. Su tarea incluía ordenar un mercado naturalmente asimétrico, intervenir en períodos de sobreoferta o escasez y garantizar estándares de calidad. Esa arquitectura, construida durante dos décadas, fue barrida por el DNU.

La secuencia desregulatoria comenzó con el primer megadecreto de diciembre de 2023, que tampoco contó con el apoyo de los legisladores misioneros y llevó al Gobierno provincial a presentar una demanda judicial para restituir facultades del INYM. Desde entonces, afirma Safrán, el impacto en el productor fue devastador: el precio real de la hoja verde cayó más del 77%, una pérdida que no puede explicarse por la mayor producción registrada en 2024 y 2025.

“Esa caída no responde a un fenómeno de oferta. La explicación está en la desregulación y en la pérdida de poder de negociación del productor frente a una cadena altamente concentrada”, subrayó.

Nuevas marcas, precios dispares y riesgo de deterioro en la calidad

La eliminación de regulaciones también favoreció la aparición de nuevos emprendimientos que compran yerba canchada y la venden directamente molida y envasada, a menor escala. Si bien esto diversifica la oferta, también genera una amplia dispersión de precios y calidades en góndola. Y vuelve a colocar en el centro un aspecto clave: la necesidad de controles estrictos sobre la calidad del producto, especialmente el porcentaje de palo, que incide en el sabor, en la vida útil y en la confianza del consumidor.

“El INYM no solo regulaba precios, también controlaba la calidad. Su ausencia deja un vacío que afecta a toda la cadena y, en última instancia, a la demanda”, advirtió Safrán.

El Gobierno de Misiones insiste en que la salida de fondo para el sector pasa por políticas de expansión de la demanda: apertura de nuevos mercados internacionales, nuevos usos industriales de la yerba y estímulo a productos con mayor valor agregado. Safrán destacó que la provincia viene impulsando estas líneas con buenos resultados y con fuerte potencial a mediano plazo, pero advirtió que sin reglas básicas de funcionamiento el daño sobre el eslabón más débil —el productor— puede volverse irreversible.

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Claudio Anselmo: “La liberación del precio de la yerba no es una sorpresa”

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El ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, sostuvo que la decisión del Gobierno nacional de liberar el precio de la yerba mate “no es una sorpresa” y se inscribe en la política de desregulación económica impulsada por Javier Milei desde el inicio de su gestión.

La medida, oficializada mediante cambios normativos que le quitan al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar el precio de la hoja verde y la yerba canchada, generó fuerte impacto en Misiones, donde se concentra el corazón de la producción y la mayor parte de los pequeños productores afectados por la caída del valor de la materia prima.

Anselmo habló con el diario Época de Corrientes, desde Nueva Delhi, India, donde integra una misión comercial junto al gobernador Gustavo Valdés, y analizó el alcance de la norma que redefine el funcionamiento del organismo yerbatero.

El funcionario recordó que el DNU 70/23 ya había modificado artículos centrales de la Ley 25.564, quitándole al INYM la capacidad de regular plantaciones, cosechas y precios.

“La nueva resolución simplemente termina de ordenar legalmente algo que ya estaba en marcha”, afirmó. Según su visión, el reciente ajuste sobre el Decreto 1.240/2002 “consolida la eliminación de los mecanismos de intervención que regían la actividad”.

Para Anselmo, la yerba mate era “la única actividad en Argentina con un nivel tan alto de regulación”, por lo que su desregulación resulta “lógica dentro de la estrategia económica del Gobierno nacional”.

Aclaró, sin embargo, que el INYM no desaparece, sino que “vuelve a las funciones para las que fue creado: promover y desarrollar la actividad”.

Ese rol, dijo, deberá incluir una agenda activa de promoción del consumo interno y externo, aprovechando los recursos de la tasa de fiscalización.

Ante el malestar de productores por el desplome del precio de la hoja verde, Anselmo fue contundente:

“Hoy hay más oferta que demanda. Argentina, Brasil y Paraguay están produciendo más yerba de la que el mercado necesita”.

Por eso, consideró que la desregulación debe verse como “una oportunidad para exportar más”. En el seminario realizado en la Embajada Argentina en Nueva Delhi –relató–, la yerba mate generó un interés notable, lo que refuerza la posibilidad de abrir nuevos mercados.

Anselmo recordó que Corrientes “nunca tuvo injerencia directa en la fijación de precios”, dado que no participa como actor comercial en la cadena.

Señaló que el mecanismo anterior, que dependía reiteradamente de un laudo de la Secretaría de Agricultura para destrabar precios, demostraba que el sistema de fijación previa “no funcionaba”.

La desregulación, afirmó, “alinea al sector yerbatero con la política general de liberalización” y quita al Estado de la intervención directa en los costos.

Según la posición de la administración correntina, el foco del debate debe desplazarse de la contención de precios hacia la apertura de mercados internacionales, en un contexto en el que la yerba mate puede competir globalmente en la misma liga que el té o el café.

Para las provincias productoras, especialmente Misiones, el desafío será redefinir los instrumentos institucionales del INYM y sostener los ingresos de miles de pequeños productores en un escenario de mercado más volátil.

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Sturzenegger defiende la reforma del INYM y celebra la caída del precio real

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El Gobierno redefine el rol del INYM, Federico Sturzenegger afirma que “se termina la intervención en precios y producción”

Con el Decreto 812/2025, el Gobierno nacional avanzó en una profunda reforma del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), orientada a limitar sus facultades de intervención en el mercado y centrar su funcionamiento en controles de calidad y promoción. Federico Sturzenegger celebró el cambio y aseguró que la desregulación impulsada por el DNU 70/23 ya generó resultados económicos “contundentes” para el sector.

Un nuevo marco regulatorio para el INYM: fin de facultades de intervención y foco en la competencia

El Decreto 812/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, modifica aspectos centrales del Decreto 1240/2002 y redefine la arquitectura institucional del INYM. La norma establece que el organismo no podrá dictar regulaciones que generen distorsiones de precios, barreras de entrada ni restricciones a la libre iniciativa privada en la producción y comercialización de yerba mate.

En términos prácticos, implica el fin de herramientas históricas como: fijación o intervención en precios mínimos, regulaciones que condicionen la oferta, autorizaciones o restricciones productivas de carácter administrativo, decisiones que puedan actuar como barreras competitivas.

La medida forma parte del capítulo de “modernización regulatoria” que el Ejecutivo lleva adelante sobre distintos organismos públicos. Bajo la premisa de reducir estructuras intervencionistas y fortalecer mecanismos de competencia y eficiencia institucional.

El decreto también ordena al INYM revisar, en un plazo de 30 días, todas las normas vigentes que contradigan los nuevos principios, y deroga artículos del marco original que conferían facultades de intervención directa.

Sturzenegger: “El INYM debe dedicarse a la calidad, no a restringir la producción”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el principal vocero de la reforma y destacó el giro conceptual que establece la nueva normativa. Su definición fue contundente: “A partir de ahora el INYM deberá focalizarse en la calidad y la promoción. No en ser un interventor de precios y de restricción a la producción”.

Sturzenegger sostuvo que los resultados posteriores a la desregulación del sector. Iniciada con el DNU 70/23, demuestran que un mercado más abierto genera incentivos productivos más eficientes. El ministro enumeró datos que, según dijo, avalan la decisión: La producción total de yerba mate creció 29% en 2024, alcanzando un récord histórico. Las exportaciones aumentaron casi 17%, también en niveles récord. En el mercado interno, el precio real de la yerba cayó 44%, lo que —según su lectura— implicó un alivio directo para millones de familias consumidoras.

Para Sturzenegger, “el caso yerba mate” se convirtió en uno de los principales ejemplos de la política de desregulación aplicada durante la gestión. “La desregulación del sector ha dado sus frutos. Lo que estaba trabado creció, lo que era caro se abarató y lo que era rígido ahora es dinámico”, dijo.

La reforma del INYM, afirmó, busca sostener ese proceso, eliminando la posibilidad de revertir hacia esquemas de intervención.

Impactos sectoriales y nueva hoja de ruta: controles, calidad y promoción

La actualización normativa apunta a concentrar las funciones del organismo en: controles de calidad del producto final, certificaciones técnicas, verificación de estándares y buenas prácticas, campañas de promoción y posicionamiento internacional, investigación y programas de mejora competitiva.

En esta nueva etapa, el INYM se alinea con el enfoque de “regulación procompetencia” que impulsa el Ministerio de Desregulación. El objetivo declarado: un mercado más transparente, dinámico y con reglas estables.

Si bien aún no se registraron reacciones oficiales de cooperativas, productores y secaderos, el decreto impacta de forma directa en un sector. Que históricamente discutió el equilibrio entre regulación estatal y autonomía productiva. En este sentido, los próximos 30 días —plazo para la revisión— serán determinantes para conocer la transición operativa y las primeras respuestas institucionales.

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SENASA actualiza la regulación de fitosanitarios: simplificación, control científico y transparencia

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SENASA actualiza el marco regulatorio para productos fitosanitarios: más control científico, menos burocracia y un nuevo registro para la “Línea Jardín”

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 843/2025, publicada en el Boletín Oficial el 4 de noviembre de 2025, que introduce una profunda actualización del Manual de Procedimientos y Criterios para la autorización, registro, importación y fiscalización de productos fitosanitarios. La medida redefine el régimen de control de insumos agroquímicos, bioinsumos y coadyuvantes, incorpora una Guía Pública de Procedimientos y establece que los productos de “Línea Jardín” deberán inscribirse en el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios.

La norma entra en vigencia el 5 de enero de 2026 y complementa la Resolución 458/2025, en el marco del proceso de simplificación y desregulación administrativa impulsado por el Gobierno nacional.

Modernización regulatoria: un SENASA más ágil y transparente

La Resolución 843/2025 actualiza los artículos centrales del régimen aprobado en junio, ajustando criterios técnicos y administrativos para mejorar la trazabilidad, el control y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En línea con la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad vegetal y animal, y con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que promueve la libre concurrencia y la simplificación del aparato estatal, SENASA establece nuevos procedimientos automáticos de autorización para establecimientos y personas físicas o jurídicas vinculadas a la producción, elaboración o comercialización de fitosanitarios.

“La presentación de la Declaración Jurada otorgará automáticamente la autorización para iniciar las actividades, quedando sujetos a la fiscalización posterior del SENASA”, precisa el nuevo texto del Artículo 2°.

El organismo también dispone que se aceptarán resultados de ensayos provenientes de laboratorios nacionales o extranjeros, siempre que acrediten el cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL o GLP), alineando la regulación argentina con estándares internacionales.

Otro punto clave es la incorporación del Artículo 14 bis, que aprueba una Guía de Procedimientos para la Gestión de Productos Fitosanitarios, disponible públicamente en el sitio oficial del SENASA. Este documento busca dar transparencia y previsibilidad a los procesos técnicos y administrativos del sector.

Importación, reevaluación y control de riesgos

La resolución redefine el esquema de importación de productos fitosanitarios, diferenciando entre países con “convergencia normativa” —detallados en el nuevo Anexo IV— y aquellos que no integran ese grupo.

Los productos ya comercializados en Argentina podrán ingresar mediante una Declaración Jurada, mientras que los que no tengan antecedentes en el país deberán presentar un registro transitorio de hasta dos años, durante el cual deberán realizar ensayos de eficacia agronómica y toxicidad.

El SENASA podrá denegar o cancelar el registro de un producto si surgen evidencias científicas de riesgo para la salud humana, animal o ambiental, o si el fitosanitario deja de estar autorizado en su país de origen.

Asimismo, se crea un procedimiento formal de “Reevaluación de Productos Fitosanitarios Registrados” (Anexo VII), que se activará ante nueva información científica o cambios en la normativa internacional.

En materia de bioseguridad, la resolución establece que los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y las Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT) sin antecedentes en el país quedarán excluidos del régimen simplificado, y su análisis quedará sujeto a aprobación de la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria).

Inclusión de la “Línea Jardín” y adecuación toxicológica

Uno de los cambios más significativos es la incorporación de los productos de la “Línea Jardín” —utilizados en ámbitos domésticos o de jardinería— al Registro Nacional de Productos Fitosanitarios. Hasta ahora, estos productos estaban regulados por la Resolución 871/2010 en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, pero a partir de esta modificación deberán ajustarse a los nuevos criterios técnicos y de seguridad establecidos por el SENASA.

Por otra parte, las empresas dispondrán de tres años para adecuar el etiquetado de sus productos al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), adoptado por las Naciones Unidas. Esta transición busca homogeneizar la información toxicológica y facilitar la interpretación de riesgos en toda la cadena productiva.

La actualización incluye además ocho anexos técnicos, que van desde los formularios de autorización y registro hasta los protocolos de ensayo, clasificación toxicológica y límites máximos de residuos.

Impacto y proyección: hacia un mercado agroquímico más competitivo y seguro

La reforma consolida una estrategia de armonización regulatoria con estándares internacionales, particularmente con países de alta vigilancia epidemiológica, lo que facilitará las operaciones de importación y exportación del sector agroquímico argentino.

Desde el punto de vista operativo, la adopción de autorizaciones automáticas, gestión digital y guías públicas de procedimientos permitirá reducir tiempos administrativos y dar previsibilidad a los actores privados, sin comprometer los estándares de seguridad ambiental ni sanitaria.

Con esta medida, el SENASA avanza hacia un modelo de “Estado regulador inteligente”, que combina simplificación administrativa, control científico y trazabilidad digital, en sintonía con la política de desburocratización y eficiencia promovida por el Ejecutivo nacional.

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