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Cuba en áspera negociación con EEUU mientras la crisis llega al límite

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Escribe Dariel Pradas / IPS Noticias – Otro corte eléctrico total en Cuba empeoró las protestas y los cacerolazos de la población, mientras el gobierno negocia con Estados Unidos el fin de la asfixia energética a la isla, dentro de una crisis que se hace cada día más insostenible para sus habitantes.

El miércoles 18, luego de casi 30 horas, la red eléctrica nacional volvió a su “normalidad” luego de que el apagón general del lunes 16 —el sexto de esa envergadura en 18 meses— dejara sin luz a los 9,7 millones de habitantes de esta nación insular caribeña.

Sin conocerse aún las causas específicas que han propiciado este nuevo apagón total, el sistema eléctrico volvió a su rutina de cortes de unas 15 horas diarias en La Habana y hasta el doble en el resto de las provincias, llegando a alcanzarse un déficit diario de la generación eléctrica superior a 60 %.

“Es demasiado que ocurra otro apagón general, cuando al día solo te ponen unas poquitas horas de luz. Así no se puede”, dijo a IPS Marielys González, una responsable de su hogar, de 59 años, residente en la capital.

Según González, los cacerolazos en su barrio no dejaron de sonar, como actos de protesta a la crisis energética que atrapa la cotidianidad de La Habana y otras ciudades durante las últimas semanas.

En la medianoche del sábado 14, un grupo de personas de la central ciudad de Morón, a más de 400 kilómetros de La Habana, salieron a las calles “con reclamos relacionados, fundamentalmente, con la situación electroenergética y el acceso a productos alimenticios”, reportó un medio local.

La protesta, que había iniciado de “manera pacífica”, derivó en que un grupo más reducido apedreara la entrada de la sede del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba —el único permitido por ley—,  y provocara un incendio en la calle con los muebles de la recepción, un video que se hizo viral en las redes sociales.

Cinco personas fueron detenidas, según informó el Ministerio del Interior de Cuba.

Apenas días atrás, el lunes 9, una treintena de estudiantes universitarios se había congregado en la escalinata de la Universidad de La Habana (UH) para protestar por la falta de vías institucionales para transmitir sus quejas y, sobre todo, contra el sistema de clases semipresenciales implementado en febrero para la educación media y superior, como parte de las medidas de ahorro ante el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

“No un semipresencial, es a distancia totalmente, al menos en mi carrera. Muchos estudiantes no se sienten cómodos con esta forma. Y al ser a distancia, los apagones y las problemas de conectividad están afectando bastante”, dijo a IPS Leonard Gómez, de 21 años, estudiante de Derecho de la UH y vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria de su facultad, organización que agrupa a los universitarios cubanos.

Gómez y otros estudiantes se organizaron para exigir, mediante la protesta en la escalinata, la cancelación del semestre escolar: “Que se posponga y empiece de cero una vez que la situación del país mejore”, agregó.

Sin embargo, reconoció que su petición es sobre la base de que la crisis energética del país terminaría en pocos meses, ya que “la situación en el país no es sostenible en años”.

Si no mejorara antes de septiembre, probablemente no quedaría otra opción que acatar el modelo de clases semipresenciales, dijo.

La precariedad creciente de las condiciones de vida de los cubanos explica la expectación con que en La Habana se aguarda la llegada, este sábado 21 de la flotilla humanitaria «Nuestra América», con tres buques de organizaciones de una Internacional Progresista, cargados con alimentos y otros insumos asistenciales.

El activista estadounidense David Adler, coordinador de la Internacional, dijo el jueves 19, ya en La Habana, que «Estados unidos ha logrado, con pistola en mano, romper histórica solidaridad entre países», y esto es lo que busca aliviar la flotilla, y tratar de abrir una brecha a favor de la población cubana.

Estudiantes universitarios realizan una protesta pacífica en la escalinata de la Universidad de La Habana. Algunos se encontraban inconformes con el modelo de clases semipresenciales y pedían la suspensión del semestre escolar. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

Ásperas negociaciones con Washington

Desde mediados de diciembre, el gobierno de Donald Trump impuso un cerco marítimo en el Caribe para restringir el flujo de petróleo venezolano hacia otros países, incluido Cuba, que durante décadas recibió combustible de Caracas a cambio de cooperación médica y de otros sectores profesionales.

A finales de enero, Trump presionó más al anunciar aranceles para cualquier nación que suministrara combustible a La Habana, una medida que ha disuadido a otros gobiernos de enviar crudo y que provocó un plan de contingencia con fuertes medidas de ahorro como racionar la venta de combustible, entre otras.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó en una declaración el 13 de marzo que, como consecuencia de estas acciones, no han llegado cargamento alguno de petróleo al país en los últimos tres meses.

Como resultado, la demanda eléctrica interna solo puede ser abastecida en 40 %, que aporta el crudo y gas que se extraen localmente, además de los pocos paneles solares en funcionamiento.

El presidente confirmó en la primera quincena de marzo la crisis energética se había “agravado”.

Asimismo, agregó que “el impacto es tremendo” y que la falta de energía perjudica los servicios médicos, educación, transporte y comunicaciones.

“Decenas de miles de personas esperan por una operación quirúrgica que no se puede desarrollar por la falta de energía eléctrica”, citó como ejemplo de las penurias que vive la población.

Pero la mayor noticia que dio Díaz-Canel fue la oficialización de conversaciones con la  administración Trump, en la primera admisión oficial de un diálogo bilateral para salir de las presiones estadounidenses.

De acuerdo al presidente, funcionarios de ambos países están tratando de “buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales”, y que hay actores internacionales —no especificó cuáles— “que han facilitado estos intercambios”, sin dar más detalles.

El jueves 12, horas antes del anuncio de Díaz-Canel, el gobierno cubano anunció la liberación de 51 presos, en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países, en lo que se consideró como un gesto dentro de esas negociaciones.

Desde hace semanas, el gobierno estadounidense y el propio Trump repetían que estaba en diálogo con las autoridades cubanas, pero la contraparte cubana lo había negado.

El lunes 16 de marzo, Trump dijo que espera tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, mientras aseguró que podía hacer “lo que quisiera” en la isla.

“Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional… Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, respondió Díaz-Canel, al día siguiente, en su cuenta de X.

Este mismo viernes 20, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, reconoció que las negociaciones con Estados Unidos son «muy sensibles» y por ello la decisión de La Habana es conducirlas con discreción.

Pero «puedo confirmar categóricamente que el sistema político cubano no es objeto de negociciación», ni lo es el cargo del presidente o cualquier otro funcionario, remarcó el vicecanciller ante crecientes rumores sobre que la salida de Díaz-Canel de la presidencia era parte de las conversaciones binacionales.

Un joven observa la transmisión de la conferencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, televisada en cadena nacional el 13 de marzo. El mandatario confirmó en ella la existencia de una mesa de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS

La batalla comunicacional

Muchas reacciones de la población local variaron entre si Cuba debería defender una posición más “digna” o “dar su brazo a torcer” en la mesa de negociaciones, según pudo comprobar IPS en un sondeo realizado a vox populi.

Sin embargo, en los que todos coincidieron es que se debía encontrar alguna solución mediante aquel diálogo bilateral, de forma que se alivie la crisis energética que sufre principalmente la población cubana.

“Pero, ¿qué está exigiendo Estados Unidos? ¿Qué se está negociando? Nada de eso dijeron. Y lo más importante, ¿para cuándo se va a solucionar el problema? Porque no hace falta para dentro un año: la solución se necesita ahora”, dijo a IPS Teresa Gutiérrez, enfermera habanera de 61 años.

Desde febrero, el gobierno cubano ha implementado varias normas jurídicas que ofrecen mayor apertura al sector privado, como la creación de sociedades mixtas con el sector estatal, permitir la importación de combustible, entre otros.

En el contexto de las conversaciones entre La Habana y Washington, la medida más reciente consiste en que los cubanos fuera del país podrán desde ahora ser propietarios de empresas privadas en Cuba sin necesidad de residir en la isla, abrir y operar cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos, y otras oportunidades que hasta solo estaban restringidos a los cubanos con residencia efectiva.

Las medidas fueron divulgadas por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva, primero en la cadena estadounidense NBC News, y el lunes 16 en la televisión cubana.

Mientras siguen las negociaciones bilaterales, gobiernos de la región, alineados con Trump, intensifican la presión hacia Cuba.

Costa Rica anunció el miércoles 18 el cierre de su embajada en Cuba al expresar su “profunda preocupación” por la situación en la isla y afirmar que “hay que limpiar el hemisferio de comunistas”.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano (Minrex) lamentó que Costa Rica haya limitado las relaciones bilaterales “bajo presión de Estados Unidos”

Dos semanas antes, el gobierno de Ecuador ordenó la salida del personal diplomático cubano de Quito, alegando injerencia en asuntos internos.

En menos de un mes, Guatemala anunció que frenará gradualmente su programa de médicos cubanos, tras 27 años de cooperación, mientras Nicaragua prohibió la entrada a ciudadanos cubanos sin visa, cortando una ruta clave para la migración hacia Estados Unidos.

Asimismo, los últimos médicos cubanos en Honduras salieron el 5 de marzo sin renovación alguna y, al día siguiente, Jamaica rompió el convenio médico con Cuba, una brigada compuesta por 277 profesionales.

“El gran tema hoy es la batalla comunicacional, cuando el nuevo fascismo tiene la ventaja”, dijo el intelectual cubano Abel Prieto el miércoles 18, durante el anuncio de la quinta edición del Coloquio Internacional Patria, un evento que debatirá los desafíos de la comunicación digital contemporánea y la soberanía tecnológica, entre otros tópicos.

El presidente de Casa de las Américas, institución que auspicia el Coloquio, agregó: “Esta amenaza (de Estados Unidos), lo que hizo fue reforzar el antimperialismo de la gente”.

Mientras, su más celebre cantautor, Silvio Rodríguez, aseguró que “tomará las armas” si llega a concretarse la agresión de Estados Unidos a Cuba, que anuncia Trump.

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Deuda alta, decisiones difíciles

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Escriben Era Dabla-Norris y Rodrigo Vadés – La política fiscal siempre ha implicado compensaciones. ¿De quién se financiarán las prioridades? ¿De quién se apondrán las cargas? ¿Bajo qué condiciones? Hasta hace poco, los gobiernos podían posponer estas decisiones pidiendo prestado en condiciones convenientes. Pero ahora, niveles de deuda sin precedentes y mayores costes de endeudamiento han elevado la apuesta. Al mismo tiempo, la demanda de fondos públicos sigue creciendo incluso cuando los recursos están muy limitados. Las sociedades solo pueden reconciliar con éxito prioridades en competencia si dependen de algo que a menudo se pasa por alto y actualmente escasea: la confianza pública.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la deuda pública seguía aumentando de forma constante. En muchas democracias, las plataformas políticas favorecían un mayor gasto y déficits, mientras posponían las reformas estructurales (Cao, Dabla-Norris y Di Grigorio 2024). El crecimiento económico modesto, el gasto para atender a una población mayor en crecimiento y la reticencia a subir los impuestos solo empeoraron las cosas. Se pospusieron decisiones difíciles y se acumuló deuda, sostenida por los tipos de interés inusualmente bajos de las dos últimas décadas.

Luego, en 2020, ante el peor colapso económico desde la Gran Depresión, los gobiernos comenzaron a endeudarse extensamente. La deuda de la economía avanzada aumentó decenas de puntos porcentuales del PIB; en algunos países superó el 120 por ciento (véase el Gráfico 1). Los países de mercados emergentes y de bajos ingresos, aunque más limitados, también se endeudaron en exceso. La respuesta evitó una catástrofe más profunda y, aunque los niveles de deuda se han estabilizado en muchos casos, los países ahora se enfrentan a un mundo en el que endeudarse ya no es barato.

Hoy en día, los responsables políticos se enfrentan a la versión fiscal del COVID prolongado: tipos de interés más altos y aumento del coste de la deuda. La deuda pública global subió al 93,9 por ciento del PIB en 2025 y está en camino de superar el 100 por ciento para 2028, niveles nunca vistos en tiempos de paz, marcando un punto de inflexión para la política económica y la política (Gráfico 2). Mientras tanto, las fuerzas estructurales a largo plazo —el envejecimiento de la población, el cambio climático, el aumento de las demandas sociales y, en el caso de los países de bajos ingresos, la disminución de los flujos de ayuda y los persistentes altos costes de endeudamiento— siguen afectando los presupuestos incluso cuando las tensiones geopolíticas emergentes ejercen presión para gastar en política de defensa e industrial.

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Carga de la deuda

La era de los tipos de interés ultra bajos ha terminado, pero las tendencias de crecimiento económico no han cambiado de forma apreciable. En poco tiempo, los costes de préstamo se han duplicado o triplicado. Las facturas de intereses ahora afectan más los presupuestos, desplazando otras prioridades. En Estados Unidos, por ejemplo, los pagos netos de intereses subieron de aproximadamente el 2 por ciento del PIB antes de la pandemia al 4,2 por ciento en 2025, superando el gasto en defensa, y se espera que siga aumentando. En los países de bajos ingresos, los pagos de intereses consumen de media el 21 por ciento de los ingresos fiscales.

La deuda alta implica menos margen para responder a los shocks, interfiere en la economía en general al aumentar el coste del capital y complica la elaboración de la política monetaria mientras motiva la represión financiera. También puede amenazar la estabilidad financiera, especialmente en los mercados emergentes, si los rendimientos suben a medida que los inversores empiezan a dudar de la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. A medida que las condiciones de financiación se endurecen, los ajustes pueden volverse más bruscos y repentinos—recordando la idea del economista alemán del siglo XX Rudi Dornbusch, que dice que “las crisis tardan mucho más en ocurrir de lo que crees, y luego ocurren más rápido de lo que pensabas.” Y una deuda elevada traslada la renta nacional hacia los acreedores a costa de otras necesidades.

En un mundo de baja deuda y tipos de interés bajos, los gobiernos podrían eludir decisiones difíciles pidiendo más préstamos y esperando que el crecimiento económico genere suficientes ingresos fiscales adicionales para cubrir y, eventualmente, reembolsar la deuda. Pero hoy, la era de las decisiones fáciles ha terminado. Cada dólar que un gobierno pide prestado sin ingresos equivalentes implica impuestos más altos o un gasto menor en el futuro, al menos para cubrir los intereses adicionales que genera la nueva deuda. A partir de cierto punto, más endeudamiento obliga a tomar decisiones dolorosas—mediante austeridad, inflación, represión financiera o incluso impago. La pregunta se vuelve inevitable: con un espacio fiscal limitado, ¿cuáles serán los sacrificios y quién asumirá el coste?

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Situación fiscal

Un compromiso duradero se centra en el tamaño del gobierno. El aumento del nivel de vida ha llevado a los ciudadanos a esperar redes de seguridad social fiables, educación y sanidad asequibles, una inversión pública sólida y protección frente a una gama creciente de riesgos, incluidos fenómenos meteorológicos extremos y pandemias. Las economías avanzadas expandieron considerablemente sus estados de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial; muchos lo hicieron de nuevo tras la crisis financiera global de 2008 y en respuesta al COVID-19. Las economías de mercados emergentes enfrentan una fuerte presión para reforzar sus redes de seguridad más modestas, ya que los ciudadanos exigen crecimiento con equidad. El problema es que el apetito por beneficios suele superar la disposición de las sociedades a movilizar ingresos. Y las decisiones para reducir los impuestos no siempre van acompañadas de contención del gasto. Los gobiernos no pueden proporcionar beneficios a nivel nórdico sin una tributación a nivel nórdico, y aun con tales impuestos, el envejecimiento y otras presiones desafían la aritmética.

Equilibrar credibilidad y flexibilidad plantea otro dilema. Los gobiernos necesitan espacio para responder a los shocks, pero también deben tranquilizar a los mercados y a los ciudadanos de que la deuda seguirá bajo control. Normas fiscales rígidas —como un techo de deuda excesivamente vinculante— o recortar gastos y subir impuestos demasiado rápido pueden profundizar las recesiones, y ignorar los déficits puede desencadenar una reacción en el mercado, como ocurrió durante la crisis de la deuda de la zona euro. El reto es un compromiso sólido con la sostenibilidad sin una política de camisas de fuerza. Esto requiere anclas fiscales creíbles a medio plazo con cláusulas de escape para sorpresas raras; planes transparentes que prioricen la inversión mientras protegen a los vulnerables; y marcos institucionales que generen confianza sin socavar la capacidad del gobierno para responder a recesiones severas. Conseguir este equilibrio adecuado nunca ha sido tan importante—ni tan difícil.

Un tercer dilema es si invertir ahora o conservar potencia de fuego para más adelante. Las necesidades urgentes —seguridad nacional, resiliencia ante los choques, transición climática, inclusión social y desarrollo— demandan recursos. Pero cada dólar gastado hoy significa un colchón más delgado para la próxima crisis. En un mundo de descargas frecuentes, el equilibrio es duro. Los países que agoten la capacidad de endeudamiento en tiempos favorables se verán peligrosamente expuestos cuando llegue la próxima recesión o desastre. No se trata de planificar en torno a los mejores escenarios, sino de diseñar estrategias fiscales viables cuando surjan sorpresas: conviene guardar algo cuando la próxima crisis puede estar a la vuelta de la esquina.

Cada decisión presupuestaria ahora tiene ganadores, perdedores y momentos explícitos, y la economía política de esas decisiones se ha vuelto más complicada. ¿Quién o qué tiene prioridad? ¿Qué impuestos la financiarán y qué programas deben ceder? Estas preguntas ya no pueden taparse con nuevas deudas. Deben responderse claramente, y eso está resultando ser un desafío formidable.

Desafíos intergeneracionales

Una deuda pública elevada es más que una preocupación macroeconómica; también es una cuestión de equidad entre generaciones. En palabras del estadista del siglo XVIII Edmund Burke, “La sociedad es una sociedad… entre los que están vivos, los que están muertos y los que están por nacer.” La deuda permite financiar proyectos que impulsan el crecimiento, amortiguar un choque o repartir los costes de forma más equitativa a lo largo del tiempo. Pero los déficits persistentes se financian con deuda que los trabajadores y contribuyentes del mañana deben cubrir. Cuando la deuda es grande y los tipos de interés suben, más recursos públicos fluyen hacia los tenedores de bonos que hacia los bienes públicos. Esa transferencia continúa mientras la deuda permanezca—y crece si continúa el endeudecimiento.

La demografía intensifica el desafío de dos maneras. A medida que las sociedades envejecen, el coste de proporcionar pensiones y atención sanitaria comienza a crecer más rápido que los ingresos fiscales. Y donde las tasas de natalidad se desploman, estos costes los asume una plantilla en declive. Las economías avanzadas ahora cuentan con unos tres trabajadores por jubilado, frente a unos cuatro en 2000, y la cifra se acerca a dos trabajadores para 2050 (OCDE 2025). Además, muchas obligaciones de pensiones y sanidad permanecen fuera del balance del gobierno y, a medida que la población envejece, estas obligaciones implícitas aparecen en los presupuestos, a menudo con fuerza desestabilizadora. Eso plantea decisiones difíciles: subir los impuestos, reducir las prestaciones o seguir pidiendo prestado y simplemente retrasar el ajuste de cuentas.

Cuanto más se pospongan las decisiones difíciles, más abrupto y gravoso será el ajuste cuando los acreedores o la realidad fiscal finalmente obliguen a actuar. Y peor aún, la factura recae en menos personas. Mientras tanto, las transferencias y otros gastos y servicios de la deuda actuales pueden desplazar la inversión en educación, tecnología e infraestructuras, erosionando la prosperidad de la próxima generación. La economía política magnifica el desafío. Los votantes actuales se resisten a los recortes a los beneficios ganados o prometidos, y los votantes mayores pueden formar un bloque electoral especialmente poderoso.

Los políticos, tentados a evitar medidas impopulares como subir la edad de jubilación, recortar prestaciones o ampliar la base impositiva, dejan que la deuda asuma la presión. Este sesgo hacia el presente plantea importantes cuestiones de equidad. Los jóvenes ven que los gobiernos acumulan deuda y sospechan que recibirán el cheque a través de impuestos más altos y servicios públicos más ajustados cuando se jubilen. La confianza se erosiona y el contrato social entre generaciones se deshilacha. Los mercados financieros también toman nota, exigiendo primas de riesgo más altas o retrocediendo cuando perciben que el ajuste fiscal se está posponiendo indefinidamente.

Pero pedir prestado no es inherentemente malo para los jóvenes. La deuda puede ayudar a construir un futuro mejor si impulsa el crecimiento o evita recesiones profundas. Las inversiones financiadas por deuda en infraestructuras, educación y resiliencia climática pueden aportar beneficios a los futuros ciudadanos. Lo preocupante es que demasiada deuda reciente ha financiado el consumo actual o la evitación de decisiones difíciles, transfiriendo efectivamente más carga a los futuros contribuyentes en lugar de a quienes se benefician hoy. La cuestión clave es si estamos dejando un mundo mejor y más próspero para la próxima generación, o simplemente dejándoles el proyecto de ley.

Si la política fiscal consiste en distribuir los costes a lo largo del tiempo y los grupos sociales, entonces la confianza es la moneda que hace que esta distribución sea políticamente viable. Sin confianza, incluso las reformas más sensatas y bien diseñadas pueden flaquear cuando los ciudadanos dudan de sus motivos y resultados. Con la confianza, las sociedades están más dispuestas a aceptar sacrificios difíciles y mantenerlos a lo largo del tiempo.

Miedos de los ciudadanos

La confianza es la creencia de que algo es seguro y fiable, o que una persona es buena y honesta. Cada uno de estos elementos tiene un equivalente fiscal: los acuerdos deben ser comprendidos, justos, transparentes y competentes; de lo contrario, no se les confiará.

Muchas sociedades sufren un déficit de confianza (Gráfico 3). Investigaciones recientes, basadas en una encuesta realizada a 27.000 personas en 13 países en 2024, arrojan luz sobre las lagunas de percepción que alimentan esta desconfianza (Bianchi, Dabla-Norris y Khalid 2025). Muchas personas —tanto de economías avanzadas como emergentes— no entienden cuestiones fiscales básicas. Por ejemplo, solo alrededor del 42 por ciento de los encuestados entendía que subir impuestos o recortar el gasto reduciría el déficit público. De manera similar, más del 60 por ciento subestimó el nivel deuda-PIB de su país, especialmente en países con alta deuda. Si la gente cree que la deuda no es tan alta o dañina, naturalmente verá las llamadas a la reforma fiscal como exageradas o políticamente motivadas. Estas percepciones erróneas atenuan la sensación de urgencia y dificultan la formación de apoyo para una acción correctiva oportuna.

Sin confianza, el pesimismo sobre las políticas gubernamentales aumenta. Los encuestados que reportan mayor confianza en su gobierno tienen un 20 por ciento más de probabilidades de creer que sus políticas ayudarán a estabilizar o reducir la deuda pública. Aunque los encuestados en general tienden a dudar de que las políticas actuales para reducir la deuda les vayan a beneficiar, quienes confían más en el gobierno tienen un 17 % más de probabilidades de esperar un impacto positivo en su propio bienestar.

La encuesta también reveló preocupaciones que atraviesan líneas de ingresos y demografías. Muchas personas temen perder pensiones o servicios esenciales de los que dependen. Y dudan de que la carga de resolver los problemas fiscales se reparta de forma justa. Estas ansiedades influyen en cómo votan y protestan los ciudadanos. Las personas que esperan verse perjudicadas por las reformas fiscales son mucho menos propensas a apoyarlas, independientemente de la razón económica. Por ejemplo, si los trabajadores de clase media asumen que la reducción del déficit significa una edad de jubilación más alta o una pensión más baja, se opondrán a ello. Si los contribuyentes ricos sospechan que la reforma significa un impuesto sobre la riqueza dirigido a ellos, ellos también se opondrán. Y si el público piensa que los nuevos impuestos se malgastarán por corrupción o mala gestión, verá pocas razones para pagarlos.

La experiencia también moldea la confianza. En países que han soportado repetidas rondas de austeridad sin mucho resultado, la gente se vuelve cínica respecto a cualquier nuevo plan fiscal. Si los recortes severos no logran reducir la deuda, los ciudadanos se preguntan comprensiblemente: “¿Por qué creer que esta próxima ronda de recortes de gasto o impuestos más altos solucionará algo?” De manera similar, la corrupción o el mal uso de fondos de estímulo socava la confianza pública en la competencia gubernamental. En este entorno, incluso las propuestas de reforma leves pueden provocar indignación, porque la gente asume motivos ocultos o efectos injustos. Si mencionas la reforma de las pensiones, estallan protestas cuando la gente teme que su seguridad ganada con esfuerzo desaparezca. Hablar de reforma fiscal hace que muchos sospechen inmediatamente que sus ingresos ganados con esfuerzo serán mal aprovechados. La experiencia con las reformas de las subvenciones al combustible es reveladora: los costes fiscales, la mala segmentación y las distorsiones económicas están bien comprendidos, pero la implementación ha demostrado repetidamente complejidad política y social.

La desconfianza puede desencadenar un círculo vicioso. Los líderes, temiendo represalias, posponen medidas duras; Los problemas de deuda empeoran, erosionando aún más la confianza. Pero cuando los ciudadanos creen que los sacrificios se comparten de forma justa y conducirán a un futuro mejor, han demostrado estar dispuestos a aceptar incluso reformas dolorosas, como ajustes en los sistemas de pensiones (FMI 20242025). Solo la confianza convencerá a los votantes de aceptar sacrificios a corto plazo por una estabilidad a largo plazo.

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Construyendo confianza

La alta deuda pública actual está poniendo a prueba a gobiernos y sociedades de formas sin precedentes, y la urgente necesidad de actuar es evidente. Cada año de deriva deja a los países más expuestos a choques en los tipos de interés y cambios en la confianza del mercado. Pero arreglar las finanzas públicas no se trata de austeridad indiscriminada. Se trata de dar pasos graduales y bien calibrados para poner la deuda en un camino sostenible mientras continúan invirtiendo en el futuro. Esto exige honestidad sobre los sacrificios y disposición a ceder: los responsables políticos deben ser sinceros con la gente sobre las decisiones difíciles, y la gente debe reconocer que algunos programas muy apreciados no pueden continuar sin recursos o reformas adicionales.

La confianza es central en esta ecuación. La gente debe creer que los sacrificios se compartirán con justicia y que las reformas conducirán a beneficios tangibles. La gente es más propensa a apoyar medidas difíciles si percibe la política fiscal como competente, transparente y justa. Pero la confianza no se invoca de la noche a la mañana. Debe ganarse y mantenerse.

No existe un único plan para construir confianza, pero ciertas instituciones y prácticas pueden ayudar. La transparencia presupuestaria y una gestión financiera pública bien estructurada sentan las bases. Los consejos fiscales independientes —con mandatos claros, autonomía real y sólida experiencia técnica, como en los Países Bajos— ofrecen evaluaciones imparciales y exigen responsabilidades a los gobiernos por sus planes fiscales. Las evaluaciones de gastos, los informes de gasto fiscal y las evaluaciones de impacto, elaboradas por gobiernos o organismos independientes, ayudan tanto a los responsables políticos como al público a entender hacia dónde va el dinero y qué aporta. Una gestión prudente de la masa salarial pública y una contratación eficiente pueden reducir la percepción de desperdicio. Reducir regímenes fiscales especiales y privilegios de pensiones mejora la equidad, mientras que una estricta supervisión de las empresas estatales señala responsabilidad y competencia. Estas medidas no son una solución para todo, pero ayudan a cerrar la brecha entre lo técnicamente posible y lo políticamente factible. Crean espacio para la reforma reforzando la credibilidad de la política fiscal y demostrando que los gobiernos se toman en serio ofrecer una relación calidad-precio.

Equilibrar el realismo sobre las limitaciones con las ambiciones de cambio es esencial. Si gestionamos sabiamente el desafío de la deuda, podemos asegurar una base estable para la prosperidad a largo plazo y preservar el contrato social entre generaciones. Si fracasamos o esperamos demasiado, corremos el riesgo de una crisis económica y una mayor erosión de la fe en las instituciones. El camino fiscal que elijamos hoy definirá la prosperidad y la justicia mañana.

ERA DABLA-NORRIS, es subdirector en el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.

RODRIGO VALDES, es el director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.

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El FMI alerta de un frenazo mundial por la guerra en Irán

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Los efectos prolongados de la guerra de Israel y EE.UU. contra Irán y el alza persistente del crudo, que ha llegado a aumentar un 50 % en el último mes, se van a traducir en una caída del crecimiento económico y un aumento de la inflación a nivel mundial, según cálculos del FMI.

«Ya vemos perturbaciones significativas», reconoció la directora de Comunicación del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, en una rueda de prensa donde abordó la interrupción del flujo de crudo y gas por el estrecho de Ormuz, prácticamente bloqueado por Irán, y los daños a infraestructuras en el golfo Pérsico.

¿Cuánto podría subir la inflación por la guerra en Irán?

Según Kozack, al analizar los ‘shocks’ energéticos, por regla general «cada aumento del 10 % en el precio del petróleo, si este persistiera, digamos, durante el resto de este año, podría derivar en un incremento de 40 puntos básicos en la inflación general mundial y en una caída de la producción global de entre el 0,1 % y el 0,2 %».

El FMI ve perturbaciones significativas por la guerra con Irán y alerta de un frenazo mundial
Vista de una refinería en República Checa, el 18 de marzo de 2026. EFE/Martin Divisek

«Cabe reiterar que se trata, nuevamente, de una regla general, aplicable a un aumento persistente en el precio del petróleo» que, en el caso del crudo Brent, ya ha superado los 100 dólares por barril, matizó.

El impacto económico, insistió, «dependerá de la duración, el alcance y la intensidad de la crisis. Nuestra evaluación preliminar indica que se prevé un debilitamiento del crecimiento», añadió.

En enero, el FMI elevó dos décimas su previsión de crecimiento de la economía mundial para 2026, hasta el 3,3 %, pero advirtió entonces de que está expuesta a riesgos a la baja, como un aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas o una caída de la inversión en tecnología.

El FMI actualizará sus previsiones con el impacto del conflicto

Kozack adelantó que el próximo abril el organismo internacional actualizará sus estimaciones con la publicación de un nuevo informe de Perspectivas Económicas Globales, que recogerá los efectos del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán, extendido a otros países de la región con serias amenazas a la economía mundial.

La directora de Comunicación del FMI recordó que los precios de las materias primas también han aumentado, lo cual unido a la interrupción de los envíos de fertilizantes y la perturbación del transporte marítimo, eleva el riesgo de que se produzcan subidas en los precios de los alimentos.

«Estos aumentos podrían ser sustanciales, en función de la duración y la intensidad de la situación», agregó, al tiempo que se refirió al incremento de la volatilidad financiera en varios países, incluidas tanto economías avanzadas como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea (UE), como los países emergentes y en desarrollo.

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Misiones lanza línea de alivio financiero para estatales y jubilados con alta carga de deuda

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El Gobierno de Misiones, en articulación con el Banco Macro, puso en marcha una nueva operatoria destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, así como a jubilados, pensionados y retirados, que presenten un alto nivel de endeudamiento en relación a sus ingresos.

La medida está dirigida específicamente a aquellos casos en los que las cuotas de créditos vigentes alcanzan hasta el 50% del sueldo neto, un umbral que refleja el creciente peso de las obligaciones financieras sobre la economía familiar en el actual contexto macroeconómico.

“En el actual contexto económico por todos conocido, donde el crédito se ha encarecido y las obligaciones financieras pesan cada vez más en la economía familiar, esta medida busca ofrecer una herramienta concreta para que cada beneficiario pueda, si desea usarla, reorganizar sus compromisos, cancelando saldos de préstamos y tarjetas de crédito mediante una financiación con tasa bonificada y plazos acordes a su situación”, detalló el gobernador Hugo Passalacqua.

“De esta manera, seguimos acompañando a las familias misioneras con herramientas reales, pensadas para cuidar su economía y brindar alivio dentro de las posibilidades de la Provincia”, señaló el gobernador.

Según se informó, la operatoria permitirá a los beneficiarios reorganizar sus compromisos mediante la cancelación de saldos de préstamos personales y tarjetas de crédito, accediendo a una nueva financiación con tasa bonificada y plazos adaptados a su capacidad de pago.

La iniciativa surge en un escenario donde el crédito se ha encarecido de manera significativa, lo que ha derivado en un deterioro de la relación entre ingresos y deuda, especialmente en sectores con ingresos fijos como el empleo público y el sistema previsional.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el objetivo es ofrecer una herramienta concreta que permita aliviar la carga financiera de los hogares misioneros, brindando previsibilidad y evitando situaciones de sobreendeudamiento más severas.

La operatoria ya se encuentra vigente y estará disponible hasta el 23 de abril de 2026, en lo que se configura como una ventana acotada para acceder a este esquema de refinanciación con condiciones preferenciales.

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Causa YPF: la Justicia de EE.UU. frena todas las demandas y le da aire a la estrategia del Gobierno

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La disputa por la expropiación de YPF entró en una pausa decisiva. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó suspender todas las demandas y medidas vinculadas al caso hasta que se resuelva la apelación de fondo presentada por Argentina contra la condena de unos USD 18.000 millones dictada en 2023. La decisión, adoptada tras un pedido formal del Gobierno el 6 de marzo de 2026, introduce un cambio en el ritmo del litigio y abre una ventana política: ¿se trata de un punto de inflexión en la defensa del Estado o de un compás de espera antes de una definición que seguirá condicionando las cuentas públicas?

Un freno judicial con impacto directo en la estrategia oficial

La resolución implica que ningún tribunal estadounidense podrá avanzar en ejecuciones, investigaciones ni medidas vinculadas al fallo de primera instancia hasta que se defina si esa sentencia es válida. En términos concretos, quedan suspendidos procesos clave del denominado discovery post sentencia, así como audiencias y pedidos que buscaban acelerar el cobro.

El movimiento responde a una solicitud impulsada por la Procuración del Tesoro en el inicio de la gestión de Sebastián Amerio, que planteó la necesidad de frenar el avance de los litigios mientras se revisa el núcleo del caso. La Cámara aceptó ese planteo y, con ello, reordena el tablero procesal.

El trasfondo es conocido: en 2023, la jueza Loretta Preska condenó al Estado argentino a pagar una cifra millonaria por la expropiación de la petrolera en 2012. Ese fallo fue apelado, pero en paralelo los fondos litigantes —con Burford Capital como principal actor— avanzaron con distintas estrategias para ejecutar la sentencia.

La suspensión desactiva, al menos de forma temporal, esos intentos. Pedidos como el traspaso de acciones, declaraciones de desacato o la búsqueda de pruebas para vincular directamente al Estado con la empresa quedan congelados.

Marco institucional y tiempos judiciales

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, integrada en este caso por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, tiene ahora la responsabilidad de resolver la cuestión de fondo: confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia.

No hay un plazo formal para esa definición, aunque las estadísticas del propio tribunal indican que estos procesos suelen resolverse entre seis y doce meses. La audiencia de apelación se realizó en octubre del año pasado; al momento de la suspensión ya habían transcurrido cinco meses.

En ese contexto, la decisión de frenar los procesos intermedios puede leerse como una señal de que el tribunal busca concentrarse en el fallo principal. Según el análisis técnico, avanzar con audiencias y medidas paralelas perdería sentido si la resolución de fondo está próxima.

Repercusiones: alivio financiero y capital político

En el plano económico, la medida representa un alivio inmediato. La suspensión evita, por ahora, cualquier ejecución sobre activos o nuevas presiones judiciales que podrían haber tenido impacto en las finanzas del Estado.

Para el Gobierno, el fallo se traduce en un activo político. La administración nacional lo presentó como un “hito histórico” y lo vinculó a un cambio en la estrategia jurídica, destacando la coordinación entre la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Justicia y la Cancillería.

Ese posicionamiento busca instalar una narrativa de orden y profesionalización en la defensa del caso, en contraste con etapas previas del litigio. También permite al Ejecutivo mostrar resultados en un frente sensible, donde el margen de maniobra suele ser limitado.

Del otro lado, los demandantes habían advertido sobre los perjuicios que implicaría una suspensión y cuestionado las probabilidades de éxito de Argentina en la apelación. La decisión de la Cámara, sin embargo, priorizó el análisis integral del caso antes de permitir avances parciales.

Un fallo pendiente que define el verdadero alcance

El escenario de fondo sigue abierto. La Cámara puede optar por tres caminos: validar completamente el fallo de Preska, revocarlo en su totalidad o introducir modificaciones, como revisar la jurisdicción o recalcular el monto de la indemnización.

Cada alternativa implica consecuencias distintas. Una confirmación consolidaría la obligación de pago en los términos actuales. Una revocación cerraría el caso a favor del país. Un punto intermedio prolongaría la disputa, pero podría reducir el impacto económico.

Por ahora, la suspensión actúa como una pausa estratégica. Le da tiempo al Gobierno, ordena el frente judicial y frena la presión de los acreedores. Pero no resuelve el problema de fondo.

Las próximas semanas estarán marcadas por la expectativa sobre el fallo definitivo. Allí se jugará no solo el desenlace de un litigio que lleva más de una década, sino también el margen de acción política y fiscal del Estado frente a uno de los juicios más costosos de su historia.

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