Tras el frustrado intento de que el Instituto Nacional de la Yerba Mate acepte sugerir un precio de referencia para la hoja verde, la Provincia volvió a convocar a la industria y productores a una mesa de diálogo en la que se buscará algún mecanismo de consenso que sirva para acercar posiciones y consensuar un valor más alto para la materia prima. Será una discusión áspera, ya que la industria no tiene una referencia y los precios pagados son dispares. En la zona centro la zafra arrancó con 265 pesos, mientras que en Andresito, Omar Kassab ofertó 350 y algunas cooperativas están por encima de los 400 -Piporé ofrece 450 a sus asociados-.
La posición de la Provincia y de los productores choca con la negativa del INYM, presidido por el libertario Rodrigo Correa. Para la Libertad Avanza, la desregulación llegó para quedarse y los productores no tienen otro camino que adaptarse. “No hay crisis yerbatera”, aseguró Adrián Núñez, diputado libertario.
El Ministerio del Agro y la Producción invitó a industrias, cooperativas, productores y secaderos a participar de una mesa de trabajo para analizar la situación de la actividad yerbatera y promover consensos entre los distintos eslabones de la cadena. La reunión se realizará el jueves 23 de abril a las 10:30 horas en la Sala de Situación del organismo (8° piso, Colón 1628, Posadas, Misiones).
Antes, el sector productivo, con el respaldo explícito de la Provincia, insistirá ante la Justicia federal para derrumbar el DNU que desreguló el mercado yerbatero y pulverizó los precios. El argumento de la nueva demanda judicial es que no se trató de una “liberación” del mercado, sino de un direccionamiento de la rentabilidad hacia el sector industrial. Se estima que esa transferencia de rentabilidad supera los 400 mil millones de pesos, si se tomara como referencia los 50 centavos de dólar que se consideran como precio ideal. Con esa ecuación, durante 2025 cada productor resignó 32,7 millones.
La convocatoria se enmarca en el rol del Gobierno de Misiones como mediador institucional para facilitar el encuentro entre los actores de la cadena, ante las dificultades actuales para avanzar en acuerdos en el ámbito del Instituto Nacional de la Yerba Mate. En este sentido, el titular del ministerio, Facundo López Sartori, destacó que “la provincia asume la responsabilidad de generar ámbitos de diálogo y trabajo conjunto para que la cadena yerbatera pueda encontrar puntos de acuerdo en un contexto complejo, poniendo al Estado provincial al servicio del sector y poder darle más previsiblidad”.
En la misma línea, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, señaló que “la mesa de trabajo busca construir acuerdos posibles, priorizando la responsabilidad para que las decisiones puedan discutirse con todos los actores sentados en la misma mesa”.
Desde la cartera agraria enfatizaron que el objetivo es sostener un espacio de diálogo permanente que permita generar acuerdos en un contexto donde actualmente no se han logrado definiciones sobre valores de referencia en el ámbito del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Movimientos registrados en las cuentas del sector público y en el sistema financiero en la antesala de la última licitación en pesos sugieren que el resultado oficial podría no reflejar completamente el impacto sobre la liquidez. De acuerdo con un informe de la consultora 1816, el Tesoro habría realizado operaciones previas que implicaron una inyección de fondos, lo que relativiza el financiamiento neto informado tras la subasta.
Según detalló 1816 en un reporte fechado el 5 de abril, el lunes 30 de marzo -un día antes de la liquidación de la licitación- los depósitos en pesos del Gobierno en el Banco Central cayeron en torno a $2,12 billones respecto de la jornada previa. En paralelo, los encajes de los bancos aumentaron aproximadamente $2,93 billones. Para la consultora, esta dinámica sugiere que esos recursos se canalizaron hacia el sistema financiero de manera transitoria.
La hipótesis central del informe -basada en información pública disponible y no confirmada de manera directa- es que el Tesoro habría recomprado deuda en el mercado secundario antes de la licitación. En particular, 1816 señala una operación sobre el bono ajustado por inflación TZX27 por unos $1,94 billones a valor de mercado, que habría sido acordada el viernes 27 de marzo bajo modalidad T+1.
Ese movimiento coincidiría con una reducción en el stock en circulación de ese título, algo que —según remarca la consultora— suele ocurrir en contextos de canje o recompra. En este caso, no se registró un canje formal, lo que, para 1816, refuerza la hipótesis de una intervención directa del Tesoro en el mercado secundario.
El informe agrega que el inversor que habría vendido esos títulos —posiblemente un banco privado con tenencias relevantes— luego habría participado en la licitación primaria, adquiriendo el bono TZXS8. De este modo, habría extendido la duración de su cartera, en una operación que implicó una reasignación de activos más que un ingreso genuino de nuevos fondos al Tesoro.
Este punto es clave para interpretar el resultado de la licitación. El Ministerio de Economía informó un rollover de 138,5%, equivalente a financiamiento neto por $3,07 billones. Sin embargo, 1816 sostiene que esa cifra incluye el efecto de la operación previa sobre el TZX27.
Al descontar ese componente, la consultora estima que el roll over “genuino” habría sido de 114,2%, lo que implica un financiamiento neto más acotado, en torno a $1,13 billones.
Según 1816, esta diferencia también ayuda a explicar por qué la licitación no tuvo un impacto significativo en la liquidez del sistema ni en las tasas de corto plazo. El informe señala que el stock de operaciones de pase (repo) del Banco Central cayó cerca de $1,81 billones entre el lunes 30 y el martes 31 de marzo, un ajuste menor al esperable ante una absorción de fondos de mayor magnitud.
Para la consultora, la inyección previa de liquidez habría amortiguado el efecto contractivo de la licitación. En otras palabras, parte de los pesos que el Tesoro absorbió en la subasta ya habían sido previamente volcados al mercado mediante la recompra de deuda.
El informe también introduce otros elementos sobre la dinámica del mercado de deuda en pesos. Por un lado, destaca que algunos inversores muestran disposición a extender plazos en instrumentos ajustados por inflación, pasando de vencimientos en 2027 a 2028, en función de los rendimientos ofrecidos.
El mapa del endeudamiento en Argentina se reconfigura a gran velocidad y expone una tensión de fondo para la política económica. Según un informe de Focus Market, 6 de cada 10 hogares tienen deuda no bancaria en el inicio de 2026, en un contexto donde el crédito formal se expande con fuerza pero también aumenta el riesgo de incumplimiento. El dato, basado en un relevamiento sobre 2.670 hogares y estadísticas oficiales, instala una pregunta central: ¿la inclusión financiera está ordenando el sistema o trasladando el problema a otra escala?
El volumen es contundente. Las familias acumulan más de $39 billones en deuda, de los cuales $32,1 billones corresponden al sistema bancario y $6,9 billones a deuda no bancaria. En paralelo, el crédito al sector privado alcanzó el 13,6% del PBI en enero de 2026, más del doble del 5,2% registrado a fines de 2023. La expansión es evidente. La sostenibilidad, todavía no.
Del crédito informal al sistema financiero: un cambio estructural
Los datos muestran un giro en la forma de financiar el consumo. En 2023, el endeudamiento no bancario dominaba con amplia ventaja. Hoy, esa brecha casi desapareció: 55,1% de los hogares tiene deuda bancaria y 59% mantiene compromisos fuera del sistema.
El corrimiento es claro. Más familias acceden al crédito formal, impulsadas por mayor oferta, menor absorción de recursos por parte del Estado y cierta previsibilidad macroeconómica. En términos políticos, el fenómeno se alinea con una lógica de mercado donde el sistema financiero gana protagonismo como motor del consumo.
Pero ese cambio no es neutro. El endeudamiento promedio en el sistema bancario trepó a $5.702.809 por hogar, equivalente a 3,46 salarios promedio, cuando en 2023 representaba apenas 1,43 salarios. La inclusión financiera crece, pero también lo hace la exposición de los hogares al riesgo.
La otra cara: la mora se multiplica
El punto de inflexión aparece en la capacidad de pago. La cartera irregular del sistema financiero pasó del 2,7% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, casi cuadruplicándose en un año.
El deterioro es generalizado, pero con focos críticos. Los préstamos personales alcanzaron una mora del 13,2%, mientras que las tarjetas de crédito llegaron al 11%. En los llamados “otros préstamos”, la irregularidad escaló al 31,9%, un nivel que refleja tensiones en los segmentos más frágiles del sistema.
En términos concretos, el crédito dejó de ser solo una herramienta de consumo para convertirse también en un indicador de estrés financiero. La expansión que sostiene la actividad empieza a mostrar límites cuando los ingresos no acompañan.
Deudas cotidianas y fragilidad social
Fuera del sistema bancario, la deuda adquiere otra dimensión. Involucra a 6.038.564 hogares y se expresa en obligaciones básicas: impuestos impagos, expensas, cuotas educativas o servicios.
Los números muestran un deterioro reciente. El no pago de expensas subió al 4,9%, las cuotas educativas al 3,1% y los servicios al 5,4%. No se trata de financiamiento para consumo, sino de dificultades para sostener gastos corrientes.
Al mismo tiempo, cae el peso de los préstamos entre familiares y amigos —del 35,4% al 15,9%—, lo que sugiere que ese mecanismo de contención social empieza a agotarse. El crédito formal avanza, pero el colchón informal se reduce.
Impacto político y económico
El escenario combina señales mixtas para el Gobierno. Por un lado, la expansión del crédito y la mayor bancarización refuerzan la narrativa de normalización financiera. Por otro, el aumento de la mora y el crecimiento de deudas asociadas a gastos esenciales introducen un factor de riesgo social.
El sistema financiero gana centralidad en la dinámica económica, pero también queda más expuesto a la evolución del ingreso real. En ese equilibrio, la política económica enfrenta una tensión clásica: sostener el crédito sin profundizar el sobreendeudamiento.
Un equilibrio todavía inestable
El informe sugiere que la baja de tasas puede aliviar la carga financiera y moderar la mora, pero advierte que ese efecto depende de la estabilidad macroeconómica y de la evolución de los ingresos.
En el corto plazo, el crédito sigue funcionando como sostén del consumo. En el mediano, la clave estará en si ese crecimiento logra consolidarse o si empieza a traducirse en un problema sistémico.
Por ahora, los datos marcan una transición. El endeudamiento cambia de forma, se formaliza y se expande. Pero también deja al descubierto una fragilidad que todavía no encuentra un punto de equilibrio claro.
EscribenZsolt Darvas y Jeromin Zettelmeyer / F&D FMI – Muchas economías avanzadas muy endeudadas se enfrentan a un sombrío panorama fiscal. Con las políticas actuales, los coeficientes de deuda pública de países como Bélgica, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido se deteriorarán en las próximas dos décadas. Aún tienen margen para endeudarse, pero con límites.
Hasta ahora, los mercados financieros han sido piadosos, pero las sacudidas recientes hacen pensar que podrían tornarse más susceptibles a noticias negativas acerca de las perspectivas fiscales o económicas. Es posible que impongan tasas de interés más altas incluso a países con mercados de bonos públicos muy líquidos, haciendo mucho más difícil la tarea de reducir la deuda.
El aumento de la productividad impulsado por la inteligencia artificial quizá frene un poco el avance de los coeficientes de deuda y reduzca la escala del ajuste necesario. Pero no se sabe a ciencia cierta cuál sería la magnitud de este efecto ni el momento en que se produciría. El envejecimiento de la población y las mermas del crecimiento debidas a la fragmentación del comercio y la incertidumbre política son factores que tiran en sentido opuesto.
¿Qué se necesita para estabilizar los coeficientes de deuda? En un estudio reciente con Gonzalo Huertas y Lennard Welslau, evaluamos el ajuste fiscal necesario en las economías de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y el Reino Unido. Recurrimos a pronósticos de crecimiento oficiales y proyecciones de mercado de tasas de interés, tipos de cambio e inflación, y combinándolos con shocks simulados generamos distribuciones de probabilidad para futuros coeficientes de deuda en distintos escenarios del saldo primario, que excluye los pagos de intereses por la deuda.
Consideramos un horizonte de 20 años a partir de 2024 y lo dividimos en dos períodos. En el primero, de siete años, los gobiernos elevan el saldo primario hasta un nivel que garantiza la sostenibilidad de la deuda. En el siguiente período, de 13 años, los gobiernos mantienen el saldo primario constante, excluyendo las variaciones del gasto provocadas por el envejecimiento de la población. El objetivo era garantizar una probabilidad del 70% de que la magnitud del ajuste fiscal en el primer período fuera suficiente para estabilizar el coeficiente de deuda en los últimos cinco años del horizonte de 20 años.
Hallazgos dispares
Por el lado positivo, el saldo primario a largo plazo necesario no es exageradamente elevado en muchos de los casos. Por ejemplo, es del 1,3% del PIB en los casos de Estados Unidos y Francia, del 1,8% en los casos de Bélgica y el Reino Unido, y del 2,5% en el caso de Italia. Pero por el lado negativo, los cuantiosos déficits registrados en 2024 acarrean la probabilidad de que se precisen ajustes importantes. Alrededor de una docena de países necesitan ajustes de más del 3% del PIB; cinco de ellos —Estados Unidos, Francia, Polonia, la República Eslovaca y Rumanía— necesitan ajustes del 5% con respecto a 2024.
En teoría, casi todos los países de la UE tienen previsto realizar ajustes para estabilizar el coeficiente de deuda. Pero varios de ellos emplean supuestos macroeconómicos más optimistas que los de la metodología común de la UE. El plan de Alemania, por ejemplo, contempla una inflación y un crecimiento mayores que los de los pronósticos de los expertos. Si el crecimiento y la inflación efectivos resultan ser menores, el déficit y la deuda de Alemania se situarán muy por encima de lo que proyecta el país.
Además, los pronósticos de la Comisión Europea y el FMI hacen pensar que los países con las mayores necesidades de ajuste probablemente no adopten las medidas requeridas para estabilizar sus niveles de endeudamiento. Esto acrecienta las dudas acerca de la probabilidad de que se realicen estos ajustes.
Antecedentes históricos
Es poco probable que Estados Unidos y varias otras economías avanzadas realicen los ajustes fiscales necesarios para estabilizar la deuda en el mediano plazo, pero quizá lo hagan más adelante. Para determinar cuán probable es que esto suceda, analizamos antecedentes históricos: con qué frecuencia alcanzaron los países el saldo primario necesario, cuál fue el período más largo en que se mantuvo ese saldo, y con qué frecuencia efectuaron el ajuste necesario dentro de un período de siete años.
Observamos que los saldos primarios en los niveles necesarios para estabilizar la deuda en varias economías avanzadas fuertemente endeudadas son poco frecuentes, como también lo son los considerables ajustes que se necesitan para alcanzar esos niveles desde las posiciones fiscales corrientes. Francia, por ejemplo, necesitaría un superávit primario del 1,3% del PIB para estabilizar su deuda, algo que ha sucedido apenas seis veces en cinco decenios. Eso no quiere decir que los ajustes sean imposibles, pero sí hace pensar que serán difíciles y que probablemente lleven más tiempo que los siete años que contemplan las reglas fiscales de la UE.
Algo que puede alentar a las autoridades de estas economías es la transformación que han experimentado los que otrora se consideraban los eslabones débiles de la zona del euro. En 2024, Grecia registró un saldo primario del 4,0%, teniendo en cuenta los altibajos del ciclo económico, es decir, muy por encima de lo necesario para estabilizar la deuda. Portugal necesita un ajuste leve de tan solo el 0,5% del PIB. El ajuste del 1,9% del PIB que precisa Irlanda es moderado, y el coeficiente de endeudamiento del país, del 39% del PIB, es excepcionalmente bajo, y se sitúa muy por debajo del 122% de Estados Unidos y el 101% del Reino Unido.
¿Cómo es que países que atravesaron graves crisis fiscales hace 15 años hoy han pasado a ser ejemplos de disciplina? Después de la crisis financiera mundial de 2008, los mercados financieros llevaron a esos países al borde del colapso, obligándolos a aceptar programas de préstamo de la UE y el FMI. Pese a las fallas en su diseño, el ajuste fiscal y las reformas estructurales esenciales de estos programas ponen a las economías en la senda hacia el crecimiento sostenible una vez más. El ajuste fue duro y, en el caso de Grecia, muy prolongado, pero terminó por surtir efecto.
Los resultados hablan por sí mismos. Con un crecimiento medio anual de entre el 3,1% y el 4,2% en 2022–25, los tres países superaron el ritmo del 2,6% de Estados Unidos.
La moraleja es que la disciplina fiscal y las reformas estructurales —junto con la reestructuración de la deuda pública y privada cuando sea insostenible— a la larga rinden fruto. No debe llamar la atención entonces que estas reformas y reestructuraciones no hayan sido impelidas por fuerzas políticas internas sino que más bien hayan sido impuestas por la presión del mercado.
Reconocer los riesgos
La pregunta es cómo realizarán el ajuste los países esta vez. Hay varias posibilidades.
Lo óptimo sería combinar la reforma a favor del crecimiento —lo que incluye poner en marcha el programa de mercado único en la UE descrito en el informe Draghi— con profundas reformas de la seguridad social y el sistema de pensiones. Por añadidura, se podrían reorganizar los sistemas tributarios a fin de captar ingresos sin desincentivar el crecimiento. Esto último es especialmente pertinente para Estados Unidos, el único país de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos que no tiene un impuesto al valor agregado.
Desafortunadamente, esta opción es la más complicada desde el punto de vista político. Una ruta más realista hacia la consolidación fiscal consiste en lograr un nuevo liderazgo político que ponga por delante la disciplina fiscal pero no necesariamente una reforma de gran calado. Italia es un ejemplo. Aleccionados por el desastre que se logró esquivar a comienzos de la década de 2010, los gobiernos italianos de diferentes vertientes políticas han mantenido los presupuestos en general bajo control. El coeficiente de endeudamiento de Italia, de alrededor del 135% del PIB, no deja de ser elevado, pero el saldo primario ajustado en función del ciclo es del 0,3% del PIB, es decir, mucho más saludable que los de Bélgica, Francia o el Reino Unido.
Una escalada repentina de los costos de endeudamiento que provoque tensiones por sobreendeudamiento podría desembocar en un aterrizaje brusco. Al aumentar la deuda, las tasas de interés también podrían subir, y los mercados podrían tornarse más susceptibles a noticias que pongan en entredicho la sostenibilidad fiscal. Los gobiernos podrían recurrir a estrategias de represión financiera —por ejemplo, alentar a los bancos o instituciones nacionales a absorber más deuda pública—, pero tales medidas tienen límites. Una inflación sorpresiva podría aliviar temporalmente las presiones fiscales, pero una inflación persistentemente más alta podría a la larga elevar las tasas de interés nominales.
Esperemos que las autoridades reconozcan estos riesgos y reaccionen a tiempo para evitar tal situación.
ZSOLT DARVAS, es investigador principal en el centro de estudios económicos Bruegel.
Escriben Marius Van Oordt y Christoph B. Rosenberg / F&D FMI – “Nada es seguro en esta vida, salvo la muerte y los impuestos”, escribió Benjamin Franklin en 1789. Pero ¿y si los impuestos pudieran, al menos, retrasar la llegada de la muerte? Esa es una de las razones por las que se aplican impuestos especiales a productos nocivos para la salud, como el alcohol, el tabaco y el azúcar.
De hecho, los denominados “impuestos al pecado” o “impuestos sobre comportamientos nocivos” existen desde hace miles de años: hay registros de impuestos sobre la cerveza en el antiguo Egipto desde al menos el año 2400 a. C. Estos impuestos se mantienen, en parte, porque son relativamente fáciles de recaudar. Pero en los últimos años han surgido desafíos debido a la irrupción en el mercado de una gran cantidad de productos nuevos. Pensemos, por ejemplo, en los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina o la cerveza de bajo contenido alcohólico. Para lograr objetivos de salud, las autoridades deben adaptarse a estos cambios y racionalizar unos sistemas tributarios que a menudo presentan incoherencias. Integrar los datos fiscales con los de salud facilita esa tarea.
Ingresos estables
Cuando los presupuestos se contraen, los impuestos especiales —al tabaco, el alcohol y el azúcar— han demostrado ser una fuente de ingresos públicos fiable y políticamente aceptable, que aportan en promedio en torno al 2% del PIB tanto en las economías avanzadas como en las economías en desarrollo. Su uso está aumentando en estas últimas, pero viene disminuyendo en las economías avanzadas y en los mercados emergentes, debido sobre todo a la erosión de los ingresos a causa de la inflación y los cambios en el comportamiento de los consumidores. Los impuestos sobre el tabaco son los que más ingresos generan, seguidos de los del alcohol, mientras que los de las bebidas azucaradas —aún relativamente raros— suelen generar ingresos más modestos.
¿Cómo pueden los gobiernos optimizar a la vez los ingresos tributarios y los beneficios para la salud derivados de estos impuestos? Un simple aumento de las tasas impositivas no basta: tarde o temprano, los fumadores y los bebedores, en lugar de abandonar el consumo, se pasarán a alternativas no gravadas o ilícitas. Entender mejor los riesgos para la salud y la manera en que los consumidores y los productores reaccionan ante los impuestos puede ayudar a orientar mejor las decisiones de política. Para ello se requiere un enfoque integral basado en tres principios: abarcar todos los productos nocivos para la salud, ajustar las tasas impositivas al daño potencial para la salud y reforzar la cooperación transfronteriza para limitar la evasión y el contrabando.
Todos en la mira
La mayoría de los países gravan las conductas perjudiciales con algún tipo de impuesto especial, pero abundan los ejemplos de sistemas fiscales con fisuras. En la Región Administrativa Especial de Hong Kong, por ejemplo, el vino no está gravado en absoluto, mientras que las bebidas espirituosas destiladas soportan tasas superiores al 100%. En el país africano de Santo Tomé y Príncipe, el vino de palma —una de las bebidas más consumidas— está exento, mientras que el resto de bebidas alcohólicas sí tributan. Y en Etiopía, las hojas de khat, un estimulante recreativo muy extendido asociado a problemas de salud bucodental, cardiovascular y mental, permanecen sin gravar pese a los elevados impuestos que se aplican al alcohol y al tabaco. Colmar estas lagunas podría aumentar los ingresos y mejorar la salud pública.
Poner precio al daño
No obstante, las autoridades deben reflexionar de manera más amplia sobre cómo modificar los comportamientos nocivos. Lo ideal sería que el nivel impositivo reflejara el grado de daño que un producto puede causar y preservara a la vez los ingresos globales.
La dificultad radica en cómo definir ese daño, tanto el que afecta directamente al consumidor como el que repercute indirectamente sobre terceros (debido, por ejemplo, al humo ajeno o a personas que conducen bajo los efectos del alcohol). El daño depende en parte del contenido de un producto —como el etanol en las bebidas alcohólicas, el azúcar añadido en las bebidas azucaradas o las sustancias químicas tóxicas en los productos del tabaco— y en parte del modo en que se administran estas sustancias o sus componentes. También influyen los patrones de consumo: la cantidad consumida, la frecuencia y la posible combinación con otros hábitos perjudiciales. Este tipo de comportamiento es imposible de observar o contabilizar al fijar las tasas impositivas. Por ello, una aproximación viable consiste en gravar los productos en función de la cantidad de sustancia nociva que contienen y del modo de administración (por ejemplo, combustión frente a calentamiento en el caso del tabaco), tomando como referencia pautas medias de consumo.
Esta idea no es nueva. Las bebidas espirituosas, por ejemplo, han estado tradicionalmente sujetas a una mayor carga impositiva que la cerveza o el vino, en consonancia con su mayor graduación alcohólica. Lo que ha cambiado es la base empírica. Los avances en la investigación médica, sumados a la mejor información sobre la relación entre las sustancias, los modos de consumo y los riesgos para la salud, permiten hoy establecer de forma más sistemática y coherente el vínculo entre tributación y daños.
Muchos países ya gravan las bebidas en función de su contenido de azúcar o alcohol por litro, lo que les permite considerar mejor los riesgos para la salud asociados a los nuevos productos que entran en el mercado. Esta estrategia se inscribe además en una tendencia social más amplia de cambio de los patrones de consumo en muchas economías avanzadas: mientras los padres de la generación del “baby boom” optan por un cóctel, sus hijos de la generación Z se inclinan cada vez más por un combinado sin alcohol.
Como parte de una estrategia a largo plazo, una tributación basada en el daño también incentiva a los productores a ajustar su oferta. Por ejemplo, en Alemania la cerveza sin alcohol representa ya alrededor del 9% de las ventas, y la investigación y el desarrollo se centran en producir una gama más amplia de variedades de este tipo. Una vez que la industria sabe hacia dónde se dirige la tributación, se adapta en consecuencia.
Los daños del tabaquismo
Los productos con nicotina plantean un desafío particular. A medida que se consolidan las prohibiciones de fumar y cambian las preferencias de los consumidores, las alternativas a los cigarrillos tradicionales —desde los cigarrillos electrónicos hasta los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina— atienden a quienes no logran abandonar el hábito. Lo bueno es que muchos de estos nuevos productos, aunque siguen siendo perjudiciales, reducen la exposición a sustancias tóxicas (gráfico 1). Por lo tanto, resulta razonable gravarlos con tasas más bajas, que puedan ajustarse conforme avance la evidencia científica y evolucionen las necesidades de ingresos.
Nueva Zelandia es un buen ejemplo de cómo los impuestos pueden ayudar a que las personas dejen de fumar. Durante los últimos 15 años, los sucesivos gobiernos han incrementado los impuestos especiales sobre los productos de tabaco combustibles en un mínimo del 10% anual, en el marco de una estrategia deliberada orientada a ampliar el diferencial impositivo frente a alternativas menos dañinas. En términos globales, la proporción de fumadores de cigarrillos descendió del 18% en 2012 al 8% en 2024, mientras que el consumo de cigarrillos electrónicos —que son menos nocivos— pasó de niveles prácticamente inexistentes al 14% durante ese mismo período. Si bien resulta difícil establecer una relación causal concluyente, parece plausible que dicho cambio se deba en parte al aumento de los diferenciales de precios. Los ingresos fiscales aumentaron hasta 2020, pero desde entonces han disminuido en cierta medida.
La Unión Europea está alentando a sus Estados miembros a seguir una estrategia similar. La mayoría de ellos ya distingue entre productos de tabaco combustibles y no combustibles en sus regímenes de impuestos especiales. El proyecto recientemente publicado de la “Directiva sobre los impuestos especiales sobre el tabaco” de la Comisión Europea propone tasas impositivas mínimas para 13 categorías de productos, sitúa en niveles similares la tributación de los cigarrillos y del tabaco para liar y establece tasas notablemente menores para los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina. Ningún producto de tabaco o nicotina queda exento de tributación, y las tasas se fijan de manera que mantengan el ritmo de la inflación o la superen.
Cuando fallan los precios
En muchos países de ingreso bajo y economías de mercados emergentes, las tasas impositivas generan incentivos perversos. En particular, hay nocivos productos de tabaco y alcohol —a menudo de producción local— sujetos a impuestos especiales reducidos. En Sudáfrica, por ejemplo, el impuesto por unidad de alcohol en la cerveza tradicional africana equivale aproximadamente a una cincuentava parte del que se aplica a otras cervezas. De forma similar, en la India, los bidis —cigarrillos elaborados localmente con tabaco sin procesar— tributan muy por debajo de los cigarrillos con filtro, y las alternativas sin humo están prohibidas. Estas distorsiones transmiten erróneamente la señal de que el riesgo para la salud es menor, sostienen el consumo de productos a menudo más peligrosos y desvían la inversión hacia sectores inadecuados. Aunque suelen justificarse por razones distributivas, esas diferencias en los precios resultan contraproducentes cuando el objetivo es proteger a los grupos de menores ingresos, que tienden a consumir esos productos tradicionales en una proporción bien superior a la media.
Si se examinan los países del Grupo de los Veinte y los distintos tipos de productos, el panorama de la tributación basada en el daño es variopinto (gráfico 2). La tributación es más completa en el caso del tabaco, algo menos en el alcohol y muy desigual en las bebidas azucaradas. A veces, la prohibición sustituye a la tributación —por ejemplo, en el caso de productos de tabaco novedosos en Argentina y Türkiye—; en Arabia Saudita, el alcohol no se grava porque hasta hace poco estaba completamente prohibido. Con todo, en los últimos años se han registrado avances significativos: anteriormente, rara vez se fijaban las tasas impositivas teniendo en cuenta criterios de salud. Aun así, existe un amplio margen para adecuar las tasas impositivas al daño que generan las sustancias que se busca gravar.
Cooperación transfronteriza
Para sacar el máximo provecho de los impuestos con fines sanitarios basados en el daño, los países deben coordinarse y tener en cuenta la dinámica de los mercados regionales. Las grandes diferencias impositivas entre países pueden incentivar a los consumidores a buscar productos más baratos en países vecinos, lo que reduce tanto el impacto sanitario como los ingresos.
Por ejemplo, cuando en 2004 Finlandia redujo sustancialmente el impuesto sobre el alcohol, las ventas de bebidas espirituosas aumentaron hasta un 150% en algunas localidades fronterizas con Suecia. Un estudio reciente en Noruega —otro país que grava fuertemente el alcohol— aprovechó el cierre de fronteras durante la pandemia y datos a nivel de establecimiento comercial para identificar efectos similares en las compras transfronterizas. En el conjunto de la Unión Europea, se estima que las compras transfronterizas de alcohol ascienden a 1.400 millones de litros anuales, lo que acarrea una pérdida de ingresos por impuestos especiales cercana a los EUR 4.000 millones al año.
Este problema no se limita a la Europa densamente poblada y sin fronteras internas. Por ejemplo, los bajos impuestos sobre el tabaco en Paraguay han convertido a ese país en un centro de distribución hacia países vecinos con mayor carga fiscal: estos productos baratos representan actualmente alrededor del 20% del mercado de cigarrillos en Brasil y le suponen a este país unas pérdidas anuales de ingresos que rondan los USD 400 millones.
Cuando estas compras transfronterizas son ilegales, no hay duda de que una aplicación más estricta de la ley puede ayudar. Pero, en última instancia, solo un diálogo más estrecho entre los países y un mayor consenso sobre la clasificación de las nuevas líneas de productos en constante evolución evitarán la erosión de los regímenes tributarios basados en los daños.
De cara al futuro
Los impuestos son algo más que un instrumento fiscal: constituyen una poderosa palanca para promover sociedades más saludables. Vincular los impuestos especiales a los riesgos sanitarios relativos puede reducir enfermedades prevenibles y, al mismo tiempo, respaldar unos ingresos públicos sostenibles, especialmente si se aplican de manera integral y coherente. Por el contrario, las lagunas normativas, los incentivos incoherentes y los enfoques fragmentados se traducen en pérdidas de ingresos y en la persistencia de daños evitables. Por consiguiente, los sistemas tributarios deben adaptarse a la evolución de los patrones de consumo y a la aparición de nuevos productos.
Ese cambio no puede producirse de forma aislada. Requiere principios compartidos a nivel internacional sobre cómo frenar el arbitraje transfronterizo y el comercio ilícito. Instituciones globales como el FMI, y especialmente organismos regionales como la Unión Europea o la Unión Africana, desempeñan un papel fundamental para promover marcos que permitan alinear la tributación con el daño y fomenten la innovación para lograr productos más seguros. Estos avances reforzarán tanto la salud pública como la resiliencia fiscal.
MARIUS VAN OORDT, es experto en política fiscal y ex profesor asociado del Instituto Tributario Africano de la Universidad de Pretoria.
CHRISTOPH B. ROSENBERG, es economista y exsubdirector del Departamento de Comunicaciones del FMI.
