Deuda externa

Caputo admite el freno en la desinflación y descarta deuda externa, apuesta a financiamiento alternativo

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El ministro de Economía, Luis Caputo, explicitó este jueves una tensión central del programa económico: el Gobierno no puede forzar la demanda de pesos en un contexto donde la inflación volvió a acelerarse, al tiempo que confirmó que no recurrirá al mercado internacional para refinanciar deuda. La definición, realizada durante el 21° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, combina dos datos políticos clave: una inflación que no termina de ceder —2,9% en febrero por segundo mes consecutivo— y una estrategia financiera que se repliega hacia fuentes alternativas para cubrir vencimientos por unos USD 9.000 millones. La pregunta queda abierta: ¿es un ajuste táctico o el reconocimiento de un límite estructural del esquema económico?

El límite de la demanda de pesos y el rediseño del programa

Caputo puso el foco en un punto sensible del modelo: la demanda de dinero. Mientras el equipo económico controla la emisión, admite que no puede incidir directamente en la decisión de los argentinos de mantener pesos. Esa variable, sostuvo, explica parte de la resistencia inflacionaria reciente.

El diagnóstico oficial vincula la suba de precios a factores puntuales: la recomposición de precios regulados y el impacto de la carne. En esa lectura, se trataría de un desvío transitorio dentro de un sendero de desinflación que debería retomarse “más temprano que tarde”. Sin embargo, el reconocimiento de un “retroceso” en los últimos siete u ocho meses introduce una señal política relevante: el programa ya no se presenta como lineal.

En paralelo, el ministro descartó una herramienta clásica de gestión: la emisión de deuda en los mercados internacionales. La decisión implica un cambio de posicionamiento respecto de evaluaciones previas —mencionó que se analizó hacia fines del año pasado— y refuerza una narrativa oficial centrada en el superávit fiscal y la reducción del endeudamiento.

En su lugar, el Gobierno apuesta a una combinación de financiamiento local, venta de activos y mecanismos alternativos aún no detallados públicamente. Según Caputo, estas opciones permitirían cubrir los próximos tres vencimientos de capital —julio de este año, enero y julio del próximo— por aproximadamente USD 9.000 millones.

Deuda, mercado y FMI: equilibrio sin acceso pleno

La decisión de no acudir al mercado internacional no ocurre en el vacío. El propio ministro reconoció que el nivel de riesgo país resulta “exagerado” en relación con las condiciones técnicas, lo que sugiere una brecha entre la evaluación del Gobierno y la percepción del mercado.

En ese contexto, la estrategia oficial busca sostener el cumplimiento de pagos mientras se espera una mejora en las condiciones de financiamiento. La lógica es clara: evitar endeudarse caro cuando existen alternativas más baratas, aunque esas fuentes no hayan sido aún explicitadas.

El vínculo con el Fondo Monetario Internacional aparece como un respaldo político en ese esquema. Caputo calificó la relación como “espectacular” y destacó un nivel de confianza inédito, en medio de la segunda revisión en curso. Sin embargo, también recordó que en 2027 vencen USD 3.000 millones adicionales con el organismo, lo que proyecta la tensión financiera más allá del corto plazo.

Impacto político: señales mixtas para el mercado y la gobernabilidad

El mensaje del ministro deja una doble lectura. Por un lado, reafirma la disciplina fiscal y la decisión de evitar nueva deuda externa, lo que fortalece la narrativa de sostenibilidad. Por otro, admite límites en la política monetaria y reconoce que la inflación aún no está completamente bajo control.

En términos de correlación de fuerzas, el Gobierno intenta sostener credibilidad ante los mercados y el FMI sin ceder a la presión de financiarse externamente. Esa postura condiciona el margen de maniobra: obliga a consolidar el mercado local, acelerar mecanismos alternativos y mantener el superávit como ancla política.

El dato no menor es que el propio ministro identificó el escepticismo social como un factor relevante. Esa percepción, dijo, pesa tanto como las variables económicas. En clave política, implica que la estabilización no solo depende de indicadores, sino también de expectativas.

Un equilibrio inestable hacia 2027

El programa económico entra en una fase más compleja. La inflación no desciende al ritmo esperado, la demanda de pesos sigue siendo una variable incierta y el acceso al financiamiento externo continúa limitado.

En ese escenario, el Gobierno apuesta a ganar tiempo: cumplir vencimientos con recursos propios o alternativos, sostener el orden fiscal y esperar que la desinflación retome su curso. La incógnita es si esa estrategia alcanzará para consolidar el esquema antes de los compromisos más exigentes, especialmente los de 2027.

Las próximas semanas serán clave para observar dos variables: la evolución de la inflación tras la recomposición de precios y la presentación concreta de las fuentes de financiamiento alternativas. Ahí se juega algo más que una cuestión técnica: la consistencia política de un modelo que busca sostenerse sin recurrir a las herramientas tradicionales del mercado.

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Reservas: la aparente recuperación de dólares esconde una fragilidad estructural

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Las reservas del Banco Central muestran una recuperación parcial en 2026, pero el dato central del momento cambiario argentino va en sentido contrario. Mientras las reservas brutas crecieron cerca de 5.000 millones de dólares en el primer bimestre del año, las reservas netas —según la metodología del FMI— se hundieron hasta los -16.865 millones de dólares al 23 de febrero, el nivel negativo más profundo de la serie reciente.

La diferencia entre ambas cifras expone una tensión clave de la política económica actual: el gobierno logra recomponer parcialmente el stock de reservas contables, pero no logra fortalecer el “poder de fuego” real para enfrentar pagos de deuda o eventuales shocks financieros.

El diagnóstico aparece en un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) elaborado por Leandro Amoretti y Pablo Manzanelli, que analiza la dinámica de reservas en un escenario marcado por volatilidad internacional, restricciones financieras y alta demanda de dólares.

En términos políticos, el problema no es solo contable. El dato abre una pregunta estratégica para el programa económico: ¿puede sostenerse la estabilidad cambiaria con reservas netas profundamente negativas y fuertes compromisos de deuda en el horizonte inmediato?

El “efecto Trump”, la burbuja financiera y la recomposición parcial

El informe ubica el inicio del actual ciclo en octubre de 2025, cuando se produjo lo que los economistas denominaron el “efecto Trump”. Ese episodio generó una etapa de estabilidad cambiaria que facilitó el ingreso de capitales financieros y la formación de una nueva burbuja especulativa.

El contexto también incluyó un respaldo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que contribuyó a frenar la corrida cambiaria y a consolidar políticamente al gobierno tras el resultado electoral de ese año.

Sin embargo, ese respaldo externo no alcanzó para resolver el problema estructural del financiamiento. El país no logró regresar plenamente a los mercados internacionales de crédito, por lo que el acceso a dólares quedó restringido a tres fuentes principales: organismos internacionales, acuerdos de préstamo tipo Repo con bancos internacionales y endeudamiento de empresas y gobiernos subnacionales

En ese marco, el Banco Central logró mostrar un incremento de reservas brutas durante los primeros meses de 2026. El informe identifica tres factores principales detrás de esa mejora: aumento del precio internacional del oro, que eleva el valor contable de las reservas. Préstamos Repo con bancos internacionales. Incremento de los encajes bancarios por depósitos en dólares

La compra directa de divisas por parte del Banco Central también contribuyó, aunque en menor medida.

El resultado fue una entrada de más de 10.000 millones de dólares por distintos canales, aunque buena parte de esos fondos se utilizó para cumplir con pagos de deuda externa por 5.272 millones de dólares.

Reservas brutas vs. reservas netas: la brecha que preocupa

La diferencia entre reservas brutas, líquidas y netas se volvió central para interpretar la situación del Banco Central.

Las reservas líquidas, que miden la capacidad inmediata de intervención cambiaria, aumentaron en 3.544 millones de dólares entre fines de 2025 y febrero de 2026.

Pero el indicador más relevante para la solvencia externa —las reservas netas, que descuentan pasivos y obligaciones— siguió deteriorándose.

El resultado fue un rojo de -16.865 millones de dólares, lo que refleja que la acumulación de reservas no alcanza para cubrir los compromisos externos del Estado.

El problema se agrava si se observa la dinámica de deuda. Según estimaciones basadas en la balanza de pagos, los vencimientos de capital e intereses entre 2026 y el tercer trimestre de 2027 superan los 72.000 millones de dólares, incluyendo compromisos públicos y privados.

En ese contexto, la acumulación de reservas se vuelve una pieza clave del programa económico, pero también uno de sus puntos más frágiles.

Dólares que se van: ahorro, turismo y salida de capitales

A la presión de la deuda se suma otro factor estructural: la demanda interna de dólares.

Desde que se liberaron los controles cambiarios para personas físicas en abril de 2025, la compra de divisas para atesoramiento alcanzó 35.601 millones de dólares hasta enero de 2026, con un promedio mensual de 3.560 millones.

Ese nivel representa el promedio mensual más alto del siglo XXI.

El informe también menciona otros factores que presionan sobre la disponibilidad de divisas: aumento de las importaciones, deterioro del superávit comercial, déficit creciente en turismo y servicios y salida de capitales vinculada a operaciones financieras

La combinación de estos elementos refuerza una dinámica conocida en la economía argentina: la valorización financiera puede sostener el tipo de cambio en el corto plazo, pero tiende a deteriorar la cuenta externa en el mediano plazo.

Un frente externo más incierto

El escenario global tampoco ayuda.

El informe advierte que la guerra en Irán incrementa la incertidumbre internacional y podría acelerar el desplazamiento de capitales hacia activos seguros, un fenómeno que históricamente perjudica a las economías emergentes.

En ese contexto, la estabilidad cambiaria lograda tras la crisis de 2025 podría enfrentar tensiones adicionales si se reducen los flujos de capital hacia países periféricos.

Además, el calendario económico local agrega presión. Tradicionalmente, la oferta de dólares del sector agroexportador se debilita durante el segundo semestre, lo que podría tensionar nuevamente el mercado cambiario.

Notas Breves Reservas CIFRA by CristianMilciades

La estrategia económica bajo observación

El informe concluye que la recomposición parcial de reservas observada en 2026 no resuelve el problema estructural de la economía argentina: la brecha externa generada por deuda, demanda de dólares y fragilidad del financiamiento.

El desafío para la política económica es doble. Por un lado, sostener la estabilidad cambiaria que permitió descomprimir la crisis de 2025. Por otro, reconstruir reservas netas suficientes para enfrentar los vencimientos de deuda y eventuales shocks externos.

La dinámica de los próximos meses será clave. Si la demanda de dólares se mantiene elevada y los flujos financieros se vuelven más volátiles, la capacidad del Banco Central para sostener el equilibrio cambiario podría volver al centro de la escena económica y política.

Por ahora, el indicador más relevante sigue marcando una advertencia: las reservas contables crecen, pero el margen real de maniobra continúa en terreno negativo.

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El Banco Central lleva 41 ruedas consecutivas de compras y supera los USD 2.800 millones en 2026

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El Banco Central de la República Argentina acumuló más de USD 2.800 millones en compras de divisas en lo que va de 2026 y encadenó 41 jornadas consecutivas con saldo comprador. Este miércoles sumó otros USD 40 millones en el mercado cambiario, en una rueda con bajo volumen, y llevó el total anual a USD 2.839 millones desde el inicio de la fase 4 del programa monetario en enero.

El dato no es menor: representa cerca del 28% del objetivo oficial para el año y se produce en un escenario de dólar mayorista en baja —cerró en $1.400,50, con retroceso del 1%— y reservas internacionales en USD 46.208 millones. La pregunta que empieza a circular en el mercado es si el ritmo actual consolida un nuevo piso de estabilidad o si depende en exceso de factores estacionales y financieros.

Fase 4, emisión y absorción: el engranaje del esquema monetario

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, la autoridad monetaria compró USD 2.839 millones. Solo en febrero acumuló USD 1.555 millones, un salto significativo en la estrategia de acumulación.

Para sostener esas compras, el Central emitió pesos sin esterilizar en el momento de adquirir los dólares. Luego, el Tesoro absorbió parte del excedente a través de colocaciones de deuda en el mercado local. En las últimas licitaciones evitó expandir en exceso la base monetaria para no trasladar presión a los precios.

El presidente del organismo, Santiago Bausili, explicó que la acumulación dependerá de la demanda de pesos y del flujo de dólares hacia el sistema. La meta oficial para 2026 oscila entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, según estimaciones oficiales. El margen es amplio y deja claro que el Gobierno condiciona el objetivo a la dinámica de confianza en la moneda local.

El esquema operativo incluye un tope diario de compra equivalente al 5% de las operaciones en el Mercado Libre de Cambios. Además, habilita adquisiciones fuera del mercado mayorista mediante acuerdos directos con compañías e instituciones, con el objetivo de reducir presión sobre la cotización.

Deuda, exportaciones y financiamiento: las fuentes de los dólares

La disponibilidad de divisas provino principalmente de la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y de emisiones de deuda corporativa y subsoberana. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, empresas y provincias colocaron alrededor de USD 11.000 millones en obligaciones negociables y bonos.

Ese flujo fortaleció la oferta en el mercado y permitió al Banco Central intervenir sin forzar la cotización. En paralelo, el Tesoro compró dólares a la autoridad monetaria para afrontar compromisos externos, lo que moderó el impacto neto sobre las reservas.

A comienzos de semana, el Central pagó USD 1.004 millones correspondientes a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), un instrumento diseñado para que empresas con deudas comerciales externas regularicen compromisos con proveedores. El pago tensionó el stock, pero no alteró la tendencia general de acumulación.

A fines de febrero, las reservas habían alcanzado USD 46.905 millones, el nivel más alto desde el inicio del gobierno de Javier Milei y el mayor en más de seis años.

Tipo de cambio y banda: margen de maniobra

El dólar mayorista cerró este miércoles en $1.400,50, 214,02 pesos por debajo del techo de la banda cambiaria fijado en $1.614,52. Es decir, el tipo de cambio oficial se ubica 15,2% debajo del límite superior del esquema.

El volumen operado en contado fue de USD 331,5 millones, inferior al promedio reciente. La combinación de menor demanda y oferta sostenida permitió sostener el sendero descendente sin intervención agresiva. Para fin de mes, el techo de la banda se proyecta en torno a los $1.654.

El Gobierno observa esa brecha como un colchón de credibilidad: mientras el dólar se mantenga lejos del límite, el esquema luce administrable. Pero ese margen también depende del ingreso de divisas y del apetito por instrumentos en pesos.

Correlación económica y agenda política

En términos políticos, la acumulación de reservas fortalece al equipo económico. Mejora la capacidad de pago de deuda, reduce vulnerabilidad externa y otorga margen frente a eventuales shocks. También consolida la narrativa oficial de estabilización tras la volatilidad inicial del programa.

Sin embargo, el mecanismo no es neutro. La emisión para comprar dólares requiere coordinación fina con el Tesoro para evitar que el excedente presione la inflación. La estrategia descansa en un delicado equilibrio entre absorción monetaria, financiamiento en pesos y confianza cambiaria.

La acumulación ya superó un cuarto de la meta anual. El desafío será sostener el ritmo cuando la estacionalidad de exportaciones pierda fuerza y cuando el calendario de deuda exija nuevas salidas de divisas.

Por ahora, el Banco Central compra, el dólar retrocede y las reservas crecen. El mercado observa si la secuencia responde a un ciclo virtuoso consolidado o a una ventana favorable que aún debe atravesar pruebas más exigentes.

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Deuda con el FMI: el verdadero riesgo para América Latina en 2026 pasa por la caja

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País Deuda con el FMI (USD aprox.)
Argentina ≈ 57.300.000.000
Ecuador ≈ 9.889.000.000
Costa Rica ≈ 2.432.000.000
Jamaica ≈ 1.220.000.000
Honduras ≈ 644.000.000
Surinam ≈ 589.000.000
Barbados ≈ 551.000.000
Paraguay ≈ 318.000.000
El Salvador ≈ 236.000.000
Haití ≈ 222.000.000

Estimación en dólares estadounidenses a partir de una tasa aproximada de conversión de 1 DEG ≈ 1,37 USD (principios de febrero de 2026). Montos originales en derechos especiales de giro (DEG/SDR), saldo al 06/02/2026. Fuente: FMI, “Total IMF Credit Outstanding”.

América Latina llegará a 2026 con un desafío menos visible, pero más exigente: el problema no es el tamaño del stock de deuda, sino la capacidad de pagar intereses y amortizaciones sin perder acceso al financiamiento ni desestabilizar la macroeconomía. Esa es la principal conclusión del análisis publicado por Bloomberg Línea a partir de datos del Fondo Monetario Internacional y de entrevistas con economistas del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

El contexto es adverso: tasas internacionales altas en términos reales, crecimiento regional moderado y una menor tolerancia de los mercados a desvíos fiscales. En ese escenario, el servicio de la deuda absorbe una porción creciente de los ingresos públicos y vuelve más frágil el equilibrio financiero, incluso en países sin problemas inmediatos de solvencia.

Argentina, el caso más desafiante

Dentro del ranking regional, Argentina se mantiene como el país más endeudado con el FMI en todo el mundo. El desafío, según los analistas citados por Bloomberg Línea, no pasa solo por el volumen de la deuda, sino por la gestión de flujos en un contexto de acceso limitado al mercado y necesidad de acumular reservas.

Un dato que ilustra esa tensión operativa: a comienzos de febrero, el Gobierno argentino pagó intereses al FMI utilizando Derechos Especiales de Giro (DEG) adquiridos al Tesoro de los Estados Unidos. La operación fue reportada por Forbes, que detalló que el pago rondó los US$808 millones, en el marco de un calendario de vencimientos exigente para 2026.

Actualmente, Argentina mantiene un acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo por US$20.000 millones, con un programa que pone el foco en el ancla fiscal, la transición monetaria y cambiaria y una agenda de reformas estructurales orientadas a mejorar productividad y competitividad.

Ecuador y las economías dolarizadas

Detrás de Argentina aparece Ecuador, segundo mayor deudor regional con el FMI. Si bien su exposición es menor en términos absolutos, resulta elevada en relación con el tamaño de su economía. Además, el país opera bajo un régimen de dolarización, lo que elimina amortiguadores monetarios y concentra todo el ajuste en la caja fiscal, el crecimiento y el acceso al financiamiento.

Según el análisis, esta característica vuelve especialmente sensibles a Ecuador y también a El Salvador, donde cualquier deterioro en la confianza se traduce rápidamente en mayores costos financieros.

El foco se desplaza del stock al flujo

El consenso entre los analistas es claro: lo que separará a las economías más resilientes de las más expuestas en 2026 no será el nivel heredado de deuda, sino la capacidad de absorber pagos de intereses y amortizaciones. En un escenario de tasas altas y crecimiento insuficiente, incluso déficits primarios moderados pueden volverse problemáticos.

Por eso, el riesgo ya no se mide solo en ratios de deuda sobre PIB, sino en cuánta “caja” requiere el servicio de la deuda y cuán creíble resulta el mix de políticas fiscales, monetarias y financieras ante los mercados.

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Milei retiró al Estado como querellante en la causa del megacrédito al FMI y descomprimió el frente judicial de Mauricio Macri

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Mediante el Decreto 87/2026, publicado en un suplemento vespertino del Boletín Oficial el 5 de febrero, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ordenó que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su rol como querellante particular en la causa judicial que investiga el megacrédito otorgado por el FMI durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión implica un cambio institucional relevante en la estrategia del Estado frente a uno de los expedientes más sensibles en materia de endeudamiento externo, con impacto político, jurídico y económico, y se produce en coincidencia con la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional al país.

El decreto y el giro institucional en la causa del FMI

El Decreto 87/2026 deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, que había instruido a la Procuración del Tesoro a constituirse como querellante en la Causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. En consecuencia, se ordena formalmente que el organismo abandone su intervención penal en representación del Estado Nacional.

El texto oficial fundamenta la medida en una resolución judicial dictada el 2 de febrero de 2026, mediante la cual la jueza interviniente archivó la causa, al considerar que no se cometieron los delitos denunciados. Según se detalla en los considerandos, gran parte de los cuestionamientos planteados en el expediente fueron interpretados como discrepancias con decisiones de política económica, adoptadas dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no susceptibles de control penal.

En ese marco, el decreto sostiene que los efectos macroeconómicos adversos derivados de dichas decisiones “no permiten reconducir, por sí solos, estas conductas al ámbito del derecho penal”, alineándose con el criterio judicial que descartó la tipificación de delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

El megacrédito, las irregularidades denunciadas y el trasfondo económico

El expediente judicial tiene su origen en el acuerdo stand by firmado con el FMI el 12 de junio de 2018, por un monto cercano a US$57.000 millones, el más grande en la historia argentina y el mayor préstamo otorgado por el propio Fondo. La decisión había sido anunciada por Mauricio Macri en cadena nacional el 8 de mayo de 2018, bajo el argumento de “evitar una gran crisis económica” y corregir desequilibrios fiscales.

Sin embargo, distintos informes oficiales posteriores —incluidos los de la Auditoría General de la Nación (AGN)— señalaron graves irregularidades administrativas y normativas. Entre ellas, se destacó que el crédito representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el FMI, incrementando la vulnerabilidad externa en lugar de fortalecer la posición financiera del país. Además, se indicó que el 71% de los fondos se destinó al pago de deuda pública previa, especialmente emisiones realizadas entre 2016 y 2018, y que las comisiones y gastos reconocidos al Fondo equivalieron a más del 50% del presupuesto del CONICET en 2018.

Las denuncias también subrayaron el incumplimiento del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, la falta de dictamen del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos, la ausencia de intervención del Congreso, y la no aplicación de la Resolución 108/09 que exige la aprobación por decreto de préstamos multilaterales. Asimismo, se cuestionó que el entonces ministro de Hacienda no tenía facultades suficientes para autorizar la operación, y que no se realizaron análisis de costos, riesgos ni sostenibilidad de la deuda.

Pese a ese cúmulo de observaciones, el archivo judicial de la causa y el nuevo decreto presidencial desactivan la participación penal directa del Estado, aunque el texto aclara que ello no implica renunciar a eventuales acciones civiles para el recupero de daños y perjuicios, si estos pudieran acreditarse.

Impacto político y posibles repercusiones

La publicación del decreto en un suplemento vespertino del Boletín Oficial, en lugar de esperar la edición habitual, reforzó las lecturas políticas del movimiento. La decisión beneficia directamente a Mauricio Macri, al retirar al Estado como parte activa en una causa emblemática de su gestión, en un contexto donde el expresidente se muestra distanciado políticamente de Javier Milei.

Desde el plano institucional, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de evitar superposiciones de funciones y de priorizar el uso eficiente de los recursos públicos, remarcando que la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal, conforme a los artículos 120 de la Constitución Nacional y 33 de la Ley 24.946. El decreto enfatiza que la Procuración del Tesoro no cuenta con áreas especializadas en litigación penal compleja, y que su intervención en ese fuero es excepcional.

En términos económicos y de señal política, el giro se produce en paralelo a la auditoría del FMI sobre la economía argentina, lo que abre interrogantes sobre el mensaje que el Gobierno busca enviar al organismo internacional respecto del pasado reciente y del tratamiento institucional del endeudamiento externo.

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