Deuda externa

Deuda con el FMI: el verdadero riesgo para América Latina en 2026 pasa por la caja

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País Deuda con el FMI (USD aprox.)
Argentina ≈ 57.300.000.000
Ecuador ≈ 9.889.000.000
Costa Rica ≈ 2.432.000.000
Jamaica ≈ 1.220.000.000
Honduras ≈ 644.000.000
Surinam ≈ 589.000.000
Barbados ≈ 551.000.000
Paraguay ≈ 318.000.000
El Salvador ≈ 236.000.000
Haití ≈ 222.000.000

Estimación en dólares estadounidenses a partir de una tasa aproximada de conversión de 1 DEG ≈ 1,37 USD (principios de febrero de 2026). Montos originales en derechos especiales de giro (DEG/SDR), saldo al 06/02/2026. Fuente: FMI, “Total IMF Credit Outstanding”.

América Latina llegará a 2026 con un desafío menos visible, pero más exigente: el problema no es el tamaño del stock de deuda, sino la capacidad de pagar intereses y amortizaciones sin perder acceso al financiamiento ni desestabilizar la macroeconomía. Esa es la principal conclusión del análisis publicado por Bloomberg Línea a partir de datos del Fondo Monetario Internacional y de entrevistas con economistas del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

El contexto es adverso: tasas internacionales altas en términos reales, crecimiento regional moderado y una menor tolerancia de los mercados a desvíos fiscales. En ese escenario, el servicio de la deuda absorbe una porción creciente de los ingresos públicos y vuelve más frágil el equilibrio financiero, incluso en países sin problemas inmediatos de solvencia.

Argentina, el caso más desafiante

Dentro del ranking regional, Argentina se mantiene como el país más endeudado con el FMI en todo el mundo. El desafío, según los analistas citados por Bloomberg Línea, no pasa solo por el volumen de la deuda, sino por la gestión de flujos en un contexto de acceso limitado al mercado y necesidad de acumular reservas.

Un dato que ilustra esa tensión operativa: a comienzos de febrero, el Gobierno argentino pagó intereses al FMI utilizando Derechos Especiales de Giro (DEG) adquiridos al Tesoro de los Estados Unidos. La operación fue reportada por Forbes, que detalló que el pago rondó los US$808 millones, en el marco de un calendario de vencimientos exigente para 2026.

Actualmente, Argentina mantiene un acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo por US$20.000 millones, con un programa que pone el foco en el ancla fiscal, la transición monetaria y cambiaria y una agenda de reformas estructurales orientadas a mejorar productividad y competitividad.

Ecuador y las economías dolarizadas

Detrás de Argentina aparece Ecuador, segundo mayor deudor regional con el FMI. Si bien su exposición es menor en términos absolutos, resulta elevada en relación con el tamaño de su economía. Además, el país opera bajo un régimen de dolarización, lo que elimina amortiguadores monetarios y concentra todo el ajuste en la caja fiscal, el crecimiento y el acceso al financiamiento.

Según el análisis, esta característica vuelve especialmente sensibles a Ecuador y también a El Salvador, donde cualquier deterioro en la confianza se traduce rápidamente en mayores costos financieros.

El foco se desplaza del stock al flujo

El consenso entre los analistas es claro: lo que separará a las economías más resilientes de las más expuestas en 2026 no será el nivel heredado de deuda, sino la capacidad de absorber pagos de intereses y amortizaciones. En un escenario de tasas altas y crecimiento insuficiente, incluso déficits primarios moderados pueden volverse problemáticos.

Por eso, el riesgo ya no se mide solo en ratios de deuda sobre PIB, sino en cuánta “caja” requiere el servicio de la deuda y cuán creíble resulta el mix de políticas fiscales, monetarias y financieras ante los mercados.

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Milei retiró al Estado como querellante en la causa del megacrédito al FMI y descomprimió el frente judicial de Mauricio Macri

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Mediante el Decreto 87/2026, publicado en un suplemento vespertino del Boletín Oficial el 5 de febrero, el presidente Javier Milei, junto al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, ordenó que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su rol como querellante particular en la causa judicial que investiga el megacrédito otorgado por el FMI durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión implica un cambio institucional relevante en la estrategia del Estado frente a uno de los expedientes más sensibles en materia de endeudamiento externo, con impacto político, jurídico y económico, y se produce en coincidencia con la llegada de una misión del Fondo Monetario Internacional al país.

El decreto y el giro institucional en la causa del FMI

El Decreto 87/2026 deroga el artículo 1° del Decreto 239/2021, que había instruido a la Procuración del Tesoro a constituirse como querellante en la Causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. En consecuencia, se ordena formalmente que el organismo abandone su intervención penal en representación del Estado Nacional.

El texto oficial fundamenta la medida en una resolución judicial dictada el 2 de febrero de 2026, mediante la cual la jueza interviniente archivó la causa, al considerar que no se cometieron los delitos denunciados. Según se detalla en los considerandos, gran parte de los cuestionamientos planteados en el expediente fueron interpretados como discrepancias con decisiones de política económica, adoptadas dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no susceptibles de control penal.

En ese marco, el decreto sostiene que los efectos macroeconómicos adversos derivados de dichas decisiones “no permiten reconducir, por sí solos, estas conductas al ámbito del derecho penal”, alineándose con el criterio judicial que descartó la tipificación de delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública.

El megacrédito, las irregularidades denunciadas y el trasfondo económico

El expediente judicial tiene su origen en el acuerdo stand by firmado con el FMI el 12 de junio de 2018, por un monto cercano a US$57.000 millones, el más grande en la historia argentina y el mayor préstamo otorgado por el propio Fondo. La decisión había sido anunciada por Mauricio Macri en cadena nacional el 8 de mayo de 2018, bajo el argumento de “evitar una gran crisis económica” y corregir desequilibrios fiscales.

Sin embargo, distintos informes oficiales posteriores —incluidos los de la Auditoría General de la Nación (AGN)— señalaron graves irregularidades administrativas y normativas. Entre ellas, se destacó que el crédito representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el FMI, incrementando la vulnerabilidad externa en lugar de fortalecer la posición financiera del país. Además, se indicó que el 71% de los fondos se destinó al pago de deuda pública previa, especialmente emisiones realizadas entre 2016 y 2018, y que las comisiones y gastos reconocidos al Fondo equivalieron a más del 50% del presupuesto del CONICET en 2018.

Las denuncias también subrayaron el incumplimiento del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156, la falta de dictamen del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos, la ausencia de intervención del Congreso, y la no aplicación de la Resolución 108/09 que exige la aprobación por decreto de préstamos multilaterales. Asimismo, se cuestionó que el entonces ministro de Hacienda no tenía facultades suficientes para autorizar la operación, y que no se realizaron análisis de costos, riesgos ni sostenibilidad de la deuda.

Pese a ese cúmulo de observaciones, el archivo judicial de la causa y el nuevo decreto presidencial desactivan la participación penal directa del Estado, aunque el texto aclara que ello no implica renunciar a eventuales acciones civiles para el recupero de daños y perjuicios, si estos pudieran acreditarse.

Impacto político y posibles repercusiones

La publicación del decreto en un suplemento vespertino del Boletín Oficial, en lugar de esperar la edición habitual, reforzó las lecturas políticas del movimiento. La decisión beneficia directamente a Mauricio Macri, al retirar al Estado como parte activa en una causa emblemática de su gestión, en un contexto donde el expresidente se muestra distanciado políticamente de Javier Milei.

Desde el plano institucional, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de evitar superposiciones de funciones y de priorizar el uso eficiente de los recursos públicos, remarcando que la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal, conforme a los artículos 120 de la Constitución Nacional y 33 de la Ley 24.946. El decreto enfatiza que la Procuración del Tesoro no cuenta con áreas especializadas en litigación penal compleja, y que su intervención en ese fuero es excepcional.

En términos económicos y de señal política, el giro se produce en paralelo a la auditoría del FMI sobre la economía argentina, lo que abre interrogantes sobre el mensaje que el Gobierno busca enviar al organismo internacional respecto del pasado reciente y del tratamiento institucional del endeudamiento externo.

primera-seccion_05-02-2026_suplemento-1 by CristianMilciades

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Tras la flexibilización del cepo, los dólares se destinaron a viajes, deuda y consumos externos

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Aunque el Banco Central describió un escenario de “pax cambiaria” en enero, la flexibilización parcial del cepo cambiario habilitada en abril del año pasado derivó en una masiva compra de dólares por parte de personas y empresas, con usos concretos y trazables. Viajes, pagos de deuda, cancelación de pasivos externos y consumos con tarjeta en moneda extranjera concentraron el grueso de una salida de divisas que alcanzó niveles récord y fue financiada por el superávit comercial y el endeudamiento público y privado.

La liberalización parcial del mercado cambiario marcó un punto de inflexión en la dinámica de dolarización de la economía argentina. Desde entonces, la demanda de billetes verdes se aceleró y dejó al descubierto estrategias claras tanto de individuos como de empresas sobre el destino de esas divisas, según surge de los datos oficiales del Banco Central.

Dolarización acelerada tras el levantamiento parcial del cepo

La salida de divisas se intensificó a partir de abril del año pasado, luego del levantamiento parcial del cepo cambiario. Ese proceso fue financiado por dos pilares centrales: el superávit comercial y la toma de deuda, tanto pública —a través del FMI, otros organismos internacionales y bancos— como privada.

En diciembre, la compra de dólares por parte de las personas humanas se aceleró de manera significativa respecto de noviembre. Según el Banco Central, 1,5 millón de personas realizaron compras brutas de billetes por USD 2.186 millones, mientras que 670.000 personas vendieron dólares por USD 477 millones.

Este comportamiento consolidó una tendencia de dolarización de carteras que ya se había manifestado con fuerza en los meses previos y que explica, en parte, el elevado volumen de salida de divisas registrado a lo largo del año.

Un dato clave del balance cambiario es que la salida de divisas del sector privado “sin fines específicos” alcanzó en 2025 un récord neto de USD 32.340 millones, el nivel más alto desde el inicio de la serie estadística del Banco Central en 2003. Se trata de un indicador que refleja la magnitud del proceso de formación de activos en moneda extranjera, aunque con matices relevantes sobre su uso final.

Viajes, turismo y pagos de intereses: los principales destinos

El desglose de los egresos muestra con claridad en qué se utilizaron los dólares adquiridos tras la flexibilización cambiaria. La salida neta por viajes, pasajes y turismo superó los USD 10.000 millones durante el último año, convirtiéndose en uno de los principales factores de presión sobre la cuenta de servicios.

A ese monto se sumó otro flujo de magnitud similar correspondiente a pagos de intereses, tanto del sector público como del privado, lo que refuerza el peso del endeudamiento externo en la dinámica cambiaria.

Desde el Banco Central aclararon que no toda la compra de dólares implica necesariamente formación de activos externos. Una parte relevante de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta de billetes permanece depositada en cuentas locales en moneda extranjera y se utiliza para cancelar consumos con tarjetas en dólares, lo que atenúa su impacto directo sobre la salida efectiva de capitales.

“Una ventaja de estas operatorias es que parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales y son utilizados para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera”, explicaron desde la autoridad monetaria.

Empresas, pasivos externos y un uso financiero de las divisas

En el caso de las empresas, el destino de los dólares también aparece claramente definido. Según el balance cambiario, una parte de los egresos fue destinada a la cancelación de pasivos con el exterior, incluyendo pagos de deuda comercial y financiera externa, así como utilidades y dividendos.

Este comportamiento refleja una estrategia defensiva frente a la volatilidad histórica del mercado cambiario argentino: reducir exposición externa, normalizar balances y cubrir compromisos en moneda dura aprovechando la ventana de acceso al mercado oficial.

De este modo, la fuerte salida de divisas observada tras la apertura parcial del cepo no respondió a un fenómeno difuso o especulativo, sino a decisiones concretas vinculadas al consumo externo, el turismo, el servicio de la deuda y la administración financiera de empresas y hogares.

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Georgieva recibió a Caputo en Davos y destacó la acumulación de reservas

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En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó “el fuerte desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”. La reunión se produjo en la antesala de la segunda revisión del acuerdo vigente, de la que depende un nuevo desembolso de USD 1.000 millones, y a pocos días de un vencimiento de USD 824 millones en intereses, previsto para el 1° de febrero.

Señales políticas y financieras en Davos: respaldo del FMI y diálogo en un momento clave

El encuentro entre Caputo y Georgieva fue calificado como “breve”, pero se dio en un contexto de alta sensibilidad financiera. Tras la reunión, la titular del FMI compartió una imagen en sus redes sociales junto al ministro argentino y subrayó el “progreso en la acumulación de reservas”, una de las principales metas bajo observación del organismo.

“El tiempo es muy corto y estamos tratando de tener un abrazo. Está todo muy bien, se están reconstruyendo las reservas”, afirmó Georgieva al ser consultada sobre la delegación argentina, luego del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos. Caputo citó el mensaje y respondió: “Seguiremos trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.

La señal pública del FMI llega cuando una misión técnica del organismo se prepara para viajar a la Argentina en febrero, con el objetivo de realizar la segunda revisión del programa. De su aprobación depende la liberación de un giro por USD 1.000 millones, clave para reforzar la posición financiera del país y atender compromisos externos.

Vencimientos, reservas y la expectativa de un waiver

El calendario financiero inmediato agrega presión. El 1° de febrero, el Gobierno debe afrontar un pago de USD 824 millones en intereses al FMI. Fuentes del Ministerio de Economía evitaron precisar si el pago se realizará antes o después de la auditoría del organismo, y tampoco confirmaron la fecha exacta de arribo de la misión, más allá de que será durante febrero.

Entre los economistas, el consenso apunta a que el Ejecutivo cumplirá con el vencimiento. “El Gobierno lo va a pagar y va a esperar el desembolso de USD 1.000 millones luego de la revisión”, sostuvo Fausto Spotorno, director de la consultora OJF.

El foco central del análisis del FMI estará puesto en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025. Si bien el equipo económico cumplió con las exigencias fiscales, no logró alcanzar el objetivo de reservas, lo que abre la puerta a la solicitud de un waiver (dispensa).

En la revisión anterior, el Fondo ya había recortado de manera significativa las metas para facilitar el cumplimiento. Inicialmente, el BCRA debía cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero el objetivo fue modificado a USD -2.600 millones. Aun así, la meta no se alcanzó, influida por la estrategia de no comprar divisas hasta tocar el piso de la banda cambiaria y, en menor medida, por ventas destinadas a contener el dólar antes de las elecciones legislativas.

Nueva fase del programa y compras del BCRA: el punto fuerte de la revisión

De cara a la próxima evaluación, el Banco Central llega con una posición más favorable. Desde el 1° de enero, comenzó una nueva etapa del programa económico, con bandas cambiarias ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un esquema de compras de dólares en función de la demanda de dinero.

En ese marco, el BCRA compró USD 712 millones en las últimas 12 jornadas, y al 20 de enero las reservas internacionales brutas alcanzaron USD 44.874 millones, tras adquisiciones por USD 716 millones en ese período. Luego de la primera revisión, el FMI había solicitado explícitamente que la autoridad monetaria “desempeñe un papel más activo en el proceso de acumulación de reservas, incluyendo la compra de divisas según un calendario predecible”, recomendando observar experiencias de Chile, Colombia y México.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, celebró el inicio de esta nueva fase: “Si bien todavía es temprano, el proceso de acumulación empezó este año a un ritmo más rápido de lo previsto. Las compras del Banco Central superaron el 5% del piso del volumen diario del mercado de cambios en la mayoría de los días, lo cual es bienvenido”.

Para 2026, las metas acordadas tras la primera revisión establecen que las reservas internacionales netas deben ubicarse en USD -3.100 millones al cierre del primer trimestre, en USD 1.600 millones al segundo trimestre y en USD 8.400 millones en diciembre, todos objetivos inferiores a los originalmente pactados.

Lectura económica e institucional

El respaldo discursivo de Georgieva en Davos refuerza la estrategia del Gobierno de mostrar alineamiento con el FMI y avances en los ejes centrales del programa, en especial la reconstrucción de reservas. Sin embargo, la necesidad de un waiver vuelve a poner en evidencia la fragilidad del frente externo y la dependencia de la política económica argentina de la validación periódica del organismo multilateral.

En el corto plazo, la atención del mercado estará puesta en dos definiciones: el pago del vencimiento del 1° de febrero y el resultado de la segunda revisión, de la que depende no solo el desembolso de USD 1.000 millones, sino también la señal de continuidad y previsibilidad del programa financiero.

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Deuda con el FMI: el peso de los intereses marcará el próximo quinquenio

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La carga financiera de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) seguirá presionando las cuentas públicas argentinas durante el próximo quinquenio. Entre 2026 y 2030, el país deberá desembolsar unos US$ 13.432 millones solo en concepto de intereses, según cifras oficiales del organismo, calculadas a la cotización actual de los Derechos Especiales de Giro (DEG). El dato dimensiona la magnitud del compromiso asumido y reabre el debate sobre la sostenibilidad del esquema financiero con el organismo multilateral.

El peso de los intereses en el período 2026–2030

De acuerdo con los datos oficiales del FMI, la Argentina deberá afrontar pagos de intereses por US$ 13.432 millones entre 2026 y 2030, una cifra que representa una exigencia relevante para las arcas nacionales. El mayor esfuerzo se concentrará entre 2026 y 2028, años en los que se acumula la mayor parte de los vencimientos financieros vinculados al acuerdo vigente.

Como referencia, entre 2018 y fines de 2025 el país ya abonó US$ 14.773 millones en intereses, pese a que ese período abarca siete años. Es decir, el próximo quinquenio concentrará un nivel de pagos casi equivalente, pero en un plazo más acotado, lo que refuerza la presión sobre el frente fiscal y financiero.

En lo inmediato, el próximo vencimiento de intereses está previsto para el 1 de febrero, por casi US$ 830 millones, mientras que durante 2026 los pagos de capital e intereses totalizarán US$ 4.400 millones.

Origen de la deuda y evolución del compromiso con el Fondo

El esquema actual tiene su punto de partida en el préstamo extraordinario otorgado por el FMI en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, que luego fue renovado bajo la gestión de Alberto Fernández y acrecentado durante la administración de Javier Milei. Desde entonces, la Argentina mantiene una relación financiera intensa con el organismo, marcada por renegociaciones, reprogramaciones y nuevos desembolsos.

Según datos del Banco Central citados por Clarín, la deuda con el FMI al 31 de diciembre de 2025 ascendía a US$ 57.100 millones. Sobre ese stock se calculan los intereses que explican el flujo de pagos proyectado para los próximos años.

Cabe aclarar que la estimación de intereses por US$ 13.432 millones supone que la Argentina cumple con todos los vencimientos futuros de capital e intereses y que el FMI no otorga nuevos créditos. Bajo ese escenario, la carga financiera tendería a reducirse gradualmente a medida que disminuya el stock de deuda.

Escenarios futuros y el impacto de nuevos desembolsos

El panorama podría modificarse si el organismo decide completar los desembolsos pendientes del crédito por US$ 20.000 millones aprobado en abril de 2025. En ese caso, el FMI aún debería girar poco más de US$ 5.000 millones, lo que implicaría un aumento del stock de deuda, mayores intereses y plazos de pago más extensos.

Si bien esos fondos permitirían cubrir vencimientos inmediatos —incluidos los US$ 4.400 millones previstos para 2026—, también incrementarían la carga financiera de mediano y largo plazo, profundizando la dependencia del esquema de refinanciación con el organismo.

En este contexto, el cronograma de intereses del próximo quinquenio se consolida como uno de los principales condicionantes de la política económica, tanto por su impacto fiscal como por su influencia en la negociación permanente con el FMI.

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