Deuda externa

Delfina Rossi en Posadas: “El modelo de endeudamiento garantiza una distribución injusta de la renta”

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“¿Quién paga la cuenta?”. La pregunta que da nombre al conversatorio que la economista Delfina Rossi protagonizó este viernes en Posadas funciona también como síntesis de su lectura sobre la economía argentina. En diálogo con Economis antes de su exposición, sostuvo que el actual programa económico no constituye una experiencia aislada, sino la continuidad de un ciclo que, a su entender, combina endeudamiento externo, dólar apreciado, fuga de capitales y una transferencia regresiva del ingreso.

La economista, que llegó a Misiones para participar del encuentro “¿Quién paga la cuenta? El lado B del experimento económico argentino”, organizado con auspicio del PJ Misiones, ubicó el punto de partida de su análisis en el programa de endeudamiento iniciado durante la gestión de Mauricio Macri y su posterior continuidad durante el gobierno de Javier Milei. Su tesis central es que el endeudamiento no estaría funcionando como una herramienta destinada a financiar un proceso de inversión y transformación productiva, sino como un mecanismo que permite sostener determinadas condiciones financieras y cambiarias mientras una parte de los capitales se dirige nuevamente al exterior.

“Seguimos en el mismo programa que inició Mauricio Macri en 2018, con el Fondo Monetario y el experimento de Mauricio Macri, con la continuidad de Javier Milei”, planteó Rossi. En su interpretación, el esquema se sostiene sobre un “dólar relativamente barato” y el endeudamiento externo como ancla de las expectativas de inflación, una combinación que termina generando efectos diferentes según el lugar que cada actor ocupa en la economía.

Para la economista, el punto crítico no es únicamente cuánto se endeuda el Estado, sino qué ocurre con los dólares que ingresan y qué destino tienen. Rossi estimó que, desde el comienzo de la administración de Milei, el nuevo endeudamiento externo —incluyendo fondos del FMI, obligaciones negociables emitidas por empresas, deuda provincial y otros organismos internacionales— se aproxima a los US$40.000 millones y sostuvo que ese monto tendría una magnitud comparable con la formación de activos externos durante el período.

“Dólar que entra, dólar que se fuga”, sintetizó. Desde su perspectiva, ese circuito configura una dinámica en la que “la deuda le queda a todos los argentinos y argentinas, mientras que unos pocos disfrutan de llevárselo afuera”.

El planteo adquiere una dimensión particular en Misiones, donde las diferencias cambiarias con Paraguay y Brasil permiten observar de manera cotidiana los efectos de un tipo de cambio que Rossi considera apreciado. El fenómeno aparece en el comercio fronterizo, en la capacidad de compra de los consumidores y en la competencia que enfrentan las actividades económicas locales.

La economista cuestionó, en ese sentido, que la estabilidad nominal pueda ser considerada suficiente para evaluar el éxito de un programa económico. Para Rossi, el desafío consiste en determinar qué estructura productiva y distributiva queda detrás de esa estabilidad y quién absorbe los costos del proceso de ajuste.

“No hay un endeudamiento virtuoso para el desarrollo”, sostuvo, al cuestionar la idea de que la toma de deuda pueda justificarse únicamente por su capacidad para reducir el riesgo país y facilitar posteriormente un mayor acceso al financiamiento.

El Peronismo debería “pedir disculpas” por la inflación

Rossi reconoció que la inflación representa uno de los principales problemas económicos y sociales que enfrenta cualquier gobierno. Incluso planteó que el peronismo debería “pedir disculpas” por los niveles de inflación registrados durante la última gestión de esa fuerza política con Alberto Fernández como presidente. Pero inmediatamente buscó trasladar la discusión hacia sus causas y hacia el diseño institucional que, a su criterio, debería permitir recuperar capacidad de decisión económica.

“La inflación es muy nociva para toda la economía, para cualquiera que quiera planificar, pero sobre todo para aquel que trabaja y no sabe cuántas horas hay que trabajar hoy para ver si mañana puede comprar un litro de leche”, afirmó.

Su propuesta pasa por recuperar una moneda nacional capaz de funcionar como instrumento de política económica. En esa línea, cuestionó los cambios que el Gobierno impulsa sobre el Banco Central y advirtió que una economía sin moneda propia pierde capacidad para administrar los ciclos de expansión y contracción.

“Necesitamos recuperar una moneda”, sostuvo Rossi, y vinculó esa recuperación con un proceso previo de desendeudamiento. “No es serio pensar que vamos a poder generar una estabilidad macro con estos niveles de endeudamiento y fuga”, afirmó.

El planteo supone una discusión de fondo sobre la política monetaria: no se trata únicamente de controlar la cantidad de dinero, sino de preservar los instrumentos mediante los cuales el Estado puede actuar sobre la demanda, el crédito y la actividad cuando el ciclo económico lo requiere.

Rossi también cuestionó el funcionamiento actual del régimen cambiario, al que definió como un “Frankenstein” en el que conviven restricciones, mecanismos de acceso al mercado de cambios y diferentes grados de intervención sobre los flujos financieros. A su entender, esa arquitectura revela que el esquema todavía no constituye un sistema plenamente consistente y genera diferencias entre las propias empresas a la hora de invertir y acceder a divisas por la exportación de bienes o servicios.

El espejo de Paraguay y la advertencia sobre Misiones

La referencia a Paraguay apareció como uno de los puntos más vinculados con la realidad misionera. Rossi utilizó al país vecino como ejemplo de una economía que puede exhibir estabilidad macroeconómica bajo determinadas condiciones, pero cuya estructura distributiva considera incompatible con el modelo de movilidad social que históricamente reivindica el peronismo.

“Acá en Misiones tenemos el espejo”, planteó durante la entrevista, en referencia a la experiencia paraguaya y a las asimetrías que se observan en la frontera.

La discusión, según su interpretación, no debería reducirse a inflación versus estabilidad. El interrogante central es qué tipo de sociedad se construye detrás de cada configuración macroeconómica. Rossi cuestionó los modelos que, según su mirada, pueden garantizar previsibilidad para los sectores de mayor poder económico mientras restringen las posibilidades de movilidad social para amplios segmentos de la población.

Su crítica se extendió a la idea de que el sacrificio presente necesariamente garantiza bienestar futuro. “Tenés que sacrificarte ahora pero nunca más vas a tener inflación”, resumió, al describir el relato que, según su interpretación, acompaña a determinadas políticas de estabilización.

Frente a eso, planteó una alternativa basada en una macroeconomía equilibrada a partir de la producción y el trabajo. “Nuestro modelo es aquel que reconoce las debilidades macroeconómicas que tenemos, pero que necesita equilibrar la macroeconomía a partir de la producción y el trabajo”, sostuvo.

El Banco Nación como pieza de una estrategia productiva

La conversación también pasó por su experiencia en el Banco Nación y por el rol que, según Rossi, deberían asumir las entidades financieras públicas. En lugar de limitarse a criterios estrictamente financieros, propuso que sus directorios incorporen una mirada representativa de la diversidad productiva del país.

“El directorio tiene que tener los intereses de la economía nacional y su diversidad federal”, señaló. En esa concepción, el sistema financiero público debería contemplar las necesidades del sector agropecuario, las empresas petroleras, las pymes y las familias.

Rossi reivindicó además mecanismos de participación de los trabajadores en las instituciones financieras públicas y planteó la necesidad de reconstruir un esquema de diálogo social que permita compatibilizar esfuerzo, inversión y distribución.

Su crítica apuntó también contra la idea de meritocracia como principio ordenador de la política económica. Frente a ello, propuso recuperar una mirada centrada en “lo humano, la producción y el trabajo”.

“La preocupación no es quiénes son ellos, sino por qué el pueblo argentino se vio reflejado en ese relato”

La dimensión política apareció inevitablemente en el diálogo. Consultada por dirigentes que anteriormente la habían cuestionado y que hoy forman parte del oficialismo o se encuentran vinculados a su estructura, Rossi evitó concentrar su crítica en las trayectorias individuales.

“Mi preocupación no es quiénes son ellos, sino por qué el pueblo argentino se vio reflejado en ese relato y no se siente contenido por nosotros”, afirmó.

La frase contiene uno de los diagnósticos políticos centrales de su exposición: para Rossi, el problema del peronismo no se resuelve únicamente con la identificación de adversarios, sino con una revisión de sus propios errores y con la construcción de una propuesta capaz de volver a interpelar a una sociedad que cambió sus prioridades.

En ese sentido, planteó que el movimiento nacional debe reconstruir una alternativa política a partir de una discusión sobre el modelo de país y no únicamente sobre candidaturas. “Tenemos que reforzar lo que han sido nuestros errores y la propuesta alternativa que tenemos”, sostuvo.

La economista también vinculó esa reconstrucción con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se revise el fallo en la causa Vialidad, una posición que forma parte de su lectura política sobre el actual escenario argentino.

Más allá de la controversia partidaria, su argumento vuelve a colocar la cuestión distributiva en el centro: para Rossi, la discusión sobre deuda, moneda, Banco Central, tipo de cambio y política productiva termina desembocando en una pregunta esencialmente política: quién captura los beneficios de la estabilidad y quién absorbe sus costos.

Ese es, en definitiva, el sentido de la pregunta que llevó a Posadas: quién paga la cuenta de un programa económico no se define solamente en el resultado fiscal o en el balance del Banco Central. Se define también en los salarios, el crédito, el empleo, el precio de los alimentos, la actividad productiva, la capacidad de consumo y las oportunidades de movilidad social. Y es allí donde Rossi ubica el verdadero “lado B” del experimento económico argentino.

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Georgieva llega a la Argentina con un mensaje para los mercados: respaldo político al plan económico y una escala estratégica en Vaca Muerta

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La llegada de Kristalina Georgieva a la Argentina trasciende el carácter protocolar de una visita institucional. En un escenario donde el Gobierno de Javier Milei enfrenta el desafío de sostener la confianza de los mercados y garantizar el financiamiento del programa económico hasta 2027, la presencia de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional representa una señal política de alto impacto para los inversores internacionales.

La titular del organismo desembarcará este lunes 27 de julio luego de aceptar una invitación del presidente Javier Milei. Aunque la agenda oficial se mantiene bajo estricta reserva por razones de seguridad, se prevé una intensa actividad que incluirá reuniones con el Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, integrantes del Gabinete y representantes del sector privado, además de una visita a Vaca Muerta, el principal activo energético del país.

La recorrida por la formación neuquina constituye uno de los hechos más significativos del viaje. Allí Georgieva visitará el área de Loma Campana, donde será recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. El objetivo es conocer de primera mano el potencial de la principal reserva de hidrocarburos no convencionales de Argentina, que hoy concentra buena parte de las expectativas de generación de divisas para los próximos años.

Desde el Gobierno interpretan esa escala como un cambio de enfoque en la relación entre Argentina y el Fondo Monetario. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que el organismo ya no llega únicamente para evaluar la capacidad del país de cumplir con sus compromisos financieros, sino para analizar las perspectivas de desarrollo económico vinculadas al crecimiento de las exportaciones energéticas.

“Antes el Fondo venía a discutir si Argentina podía pagar. Ahora viene a discutir el plan de desarrollo económico argentino”, afirmó Santilli, quien confirmó que la directora gerente recorrerá Vaca Muerta como parte de su agenda oficial.

El simbolismo no es menor. Mientras la evaluación técnica del programa vigente continúa en manos de los equipos especializados del FMI, la presencia de Georgieva apunta principalmente a fortalecer el respaldo político al rumbo económico adoptado por la administración de Milei.

Durante la jornada del lunes, además de las reuniones en Casa Rosada, la titular del Fondo ofrecerá una exposición institucional en el Palacio Libertad ante empresarios, académicos y funcionarios, donde analizará las perspectivas de la economía mundial y el escenario para América Latina.

La vocera del organismo, Julie Kozack, explicó previamente que el viaje busca mantener un diálogo amplio con distintos actores políticos, económicos y productivos para conocer la evolución de la economía argentina más allá de los indicadores fiscales y financieros.

El contexto en el que se desarrolla la visita resulta especialmente sensible. Si bien el Gobierno exhibe avances en materia de inflación, equilibrio fiscal y recuperación parcial de la actividad, los mercados mantienen interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del programa económico en el mediano plazo.

Las dudas se concentran especialmente en la capacidad del país para afrontar los compromisos de deuda previstos para los próximos años y en el impacto que podría tener el calendario electoral de 2027 sobre la continuidad del actual esquema económico. Con ese telón de fondo, la presencia de Georgieva funciona como una señal destinada a reforzar la percepción de respaldo internacional hacia el programa acordado con el organismo.

En ese sentido, la estrategia oficial busca mostrar que el potencial exportador de Vaca Muerta constituye una pieza central para superar una de las principales restricciones estructurales de la economía argentina: la escasez crónica de divisas.

La producción de petróleo y gas de la cuenca neuquina viene registrando máximos históricos, mientras avanzan proyectos de infraestructura como oleoductos, gasoductos y plantas de licuefacción destinados a multiplicar las exportaciones energéticas durante la próxima década.

Desde una perspectiva económica, ese desarrollo aparece como uno de los pilares sobre los cuales el Gobierno proyecta fortalecer la capacidad de generación de dólares genuinos, condición considerada indispensable para estabilizar la macroeconomía y cumplir los compromisos financieros asumidos.

La agenda internacional del Presidente continuará el martes, cuando viaje a Lima para participar de la ceremonia de asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. Paralelamente, el jefe de Gabinete recibirá en Casa Rosada al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, con el objetivo de profundizar la agenda bilateral en materia comercial y de inversiones.

Más allá de las actividades protocolares, la visita de Georgieva deja un mensaje con fuerte contenido económico: el respaldo político del FMI continúa vigente, pero el éxito del programa dependerá de la capacidad de Argentina para transformar estabilidad macroeconómica en crecimiento sostenido, aumentar las exportaciones y consolidar sectores estratégicos capaces de generar divisas de manera permanente.

En ese marco, Vaca Muerta aparece como mucho más que un yacimiento energético. Se convierte en el principal argumento con el que el Gobierno intenta convencer a los mercados de que el país puede sostener un nuevo ciclo de crecimiento apoyado en inversiones, producción y exportaciones, más allá del horizonte político de los próximos años.

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Caputo cierra acuerdos en Washington y apunta a refinanciar deuda por US$4.300 millones sin afectar reservas

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El ministro de Economía, Luis Caputo, finalizó su gira por Washington tras participar de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, donde cerró una serie de acuerdos con organismos multilaterales orientados a refinanciar vencimientos de deuda y fortalecer el frente financiero del Gobierno. El objetivo inmediato es cubrir compromisos por US$4.300 millones en julio sin presionar las reservas del Banco Central.

La agenda incluyó reuniones con el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el propio FMI, en una semana que el equipo económico calificó como positiva en términos de acceso a financiamiento y respaldo institucional.

Respaldo internacional en un momento crítico

La gira se desarrolló en un contexto donde la Argentina enfrenta exigencias concretas del programa firmado con el FMI, que incluye metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas. En ese marco, Caputo se reunió con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo vigente.

Esa instancia habilitaría un desembolso cercano a los US$1.000 millones, según lo informado, lo que permitiría reforzar reservas y atender compromisos inmediatos. Durante el encuentro, se evaluó la marcha del programa y los próximos pasos en materia de deuda y financiamiento.

El programa con el FMI, firmado en 2025 por US$20.000 millones bajo la modalidad de facilidades extendidas, establece revisiones periódicas que condicionan el acceso a nuevos fondos.

Financiamiento y costo de la deuda

Según el balance difundido por el ministro, los acuerdos alcanzados con el FMI, el BID, el Banco Mundial y el MIGA permitirán al Gobierno acceder a financiamiento en condiciones más favorables que las del mercado.

El eje de la estrategia es claro: refinanciar vencimientos a tasas más bajas, reduciendo el costo financiero y evitando una salida de divisas del Banco Central en un momento donde la acumulación de reservas sigue siendo un punto sensible.

Además, el equipo económico expuso ante inversores internacionales distintas alternativas para afrontar pagos en dólares, incluyendo nuevas herramientas de financiamiento.

El respaldo como activo político

La gira dejó un dato central: el Gobierno busca consolidar apoyo externo como ancla de su programa económico. El aval de organismos como el FMI y el Banco Mundial no solo habilita financiamiento, sino que también funciona como señal hacia los mercados.

El respaldo al rumbo fiscal aparece como uno de los puntos más valorados por los organismos. En marzo, el sector público nacional registró un superávit financiero de $484.789 millones, con un resultado primario de $930.284 millones. En el acumulado del primer trimestre, el superávit financiero alcanzó aproximadamente el 0,2% del PIB.

Este resultado refuerza la narrativa oficial de disciplina fiscal, un componente clave para sostener las negociaciones internacionales y acceder a mejores condiciones de crédito.

Reservas, deuda y estabilidad

El esquema que busca implementar el Gobierno apunta a evitar un deterioro de las reservas internacionales en un momento crítico del calendario financiero. Cubrir vencimientos sin recurrir a reservas implica sostener la estabilidad cambiaria y reducir riesgos de tensión en el mercado.

Al mismo tiempo, una baja en el costo de financiamiento podría aliviar la carga de intereses en el mediano plazo, aunque su efectividad dependerá de la continuidad del acceso al crédito multilateral.

Impacto indirecto en economías regionales

Si bien los acuerdos se negocian a nivel nacional, sus efectos alcanzan a las economías regionales. La estabilidad macroeconómica, el acceso al crédito y la evolución del tipo de cambio son variables que inciden directamente en sectores productivos del NEA, incluyendo exportaciones agroindustriales y cadenas forestales.

En provincias como Misiones, la disponibilidad de financiamiento y la previsibilidad macro son factores clave para sostener inversión y actividad.

El resultado de la gira abre una nueva etapa en la relación con los organismos internacionales, pero deja variables en seguimiento. La capacidad del Gobierno para cumplir metas del programa, sostener el superávit fiscal y acumular reservas será determinante para mantener el flujo de financiamiento.

También será clave observar la evolución del costo del crédito y la reacción de los mercados ante los próximos vencimientos. El desafío no es solo conseguir fondos, sino sostener condiciones que permitan refinanciar sin aumentar la vulnerabilidad financiera.

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Caputo anuncia acuerdo con el FMI y asegura acceso a USD 1.000 millones para sostener el programa económico

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que Argentina alcanzó un Staff-Level Agreement con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). El entendimiento, sujeto a aprobación del Directorio del organismo, habilitaría un desembolso cercano a los USD 1.000 millones.

El anuncio se produjo tras negociaciones entre el equipo económico argentino y técnicos del organismo en Washington. Según lo informado, el acuerdo forma parte del seguimiento del programa vigente y apunta a consolidar el proceso de estabilización macroeconómica iniciado por el Gobierno.

Revisión del programa y señales al mercado

El entendimiento técnico se inscribe dentro del acuerdo de 48 meses firmado con el FMI. La segunda revisión evalúa el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y externas, así como el avance de reformas estructurales.

De acuerdo al organismo, el proceso se dio en un contexto de fortalecimiento del “momentum reformista”, con la aprobación del Presupuesto 2026 y otras iniciativas legislativas vinculadas a formalización de activos, flexibilización laboral, acuerdos comerciales e incentivos a la inversión, particularmente en sectores estratégicos.

Además, el FMI destacó mejoras en el esquema monetario y cambiario, con compras de divisas por parte del Banco Central que superan los USD 5.500 millones en lo que va del año, lo que contribuye a reforzar las reservas.

Metas fiscales, reservas y política monetaria

El nuevo entendimiento incluye un paquete de políticas orientado a sostener la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y recuperar el crecimiento.

En el frente fiscal, el programa mantiene el equilibrio como ancla central, con un superávit primario proyectado de 1,4% del PBI. Este objetivo se apoya en el control del gasto público, aunque contempla márgenes para asistencia social focalizada.

En materia monetaria, se prevé continuar con una política contractiva, con medidas para reducir la volatilidad de tasas y mejorar la transmisión del crédito. También se profundiza el esquema cambiario con bandas más amplias y mayor transparencia en los objetivos del programa.

En el plano externo, el compromiso oficial apunta a incrementar las reservas internacionales netas en al menos USD 8.000 millones durante 2026, a partir de compras sostenidas de divisas y financiamiento en moneda extranjera.

El esquema de financiamiento incluye emisiones de deuda en dólares bajo legislación local, utilización de activos estatales, operaciones del Banco Central y préstamos externos.

Respaldo internacional y disciplina interna

El acuerdo refuerza la posición del Gobierno en dos niveles. Hacia el exterior, consolida el vínculo con el FMI y envía una señal de continuidad del programa económico ante los mercados. Hacia el plano interno, ratifica el rumbo basado en ajuste fiscal, desregulación y apertura.

El respaldo técnico del organismo también se apoya en avances legislativos recientes, lo que sugiere un alineamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en aspectos clave del programa.

Al mismo tiempo, el esquema establece condicionamientos claros: el cumplimiento de metas y la implementación de reformas estructurales siguen siendo requisitos para sostener el financiamiento y avanzar hacia el acceso a mercados internacionales.

Reservas, crédito y acceso a financiamiento

El desembolso potencial de USD 1.000 millones se suma a una estrategia más amplia de fortalecimiento de reservas, un punto crítico para la estabilidad cambiaria.

Según el FMI, la mejora en los buffers externos y la recomposición del marco macroeconómico buscan facilitar el retorno a los mercados internacionales de crédito en condiciones más favorables.

En paralelo, la continuidad de una política monetaria restrictiva y el orden fiscal apuntan a sostener el proceso de desinflación, aunque con impacto en la dinámica del crédito y la actividad económica.

Efectos indirectos en economías del NEA

Para regiones como el NEA y Misiones, el acuerdo no tiene medidas específicas, pero su impacto puede sentirse de forma indirecta.

La estabilidad macroeconómica, el acceso a financiamiento y la evolución del tipo de cambio inciden en variables clave para las economías regionales, como el costo del crédito, la inversión productiva y la competitividad exportadora.

En particular, sectores vinculados a la forestoindustria, la agroindustria y la energía podrían verse condicionados por la disponibilidad de financiamiento y el ritmo de apertura económica.

Aprobación pendiente y cumplimiento de metas

El acuerdo aún debe ser aprobado por el Directorio del FMI, paso necesario para habilitar el desembolso. Además, el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y de reservas será determinante para las próximas revisiones.

En el corto plazo, el foco estará en la evolución de las reservas, la dinámica inflacionaria y la capacidad del Gobierno para sostener el programa sin desvíos.

El entendimiento técnico marca un nuevo capítulo en la relación con el organismo, pero deja abierto el interrogante central: si el esquema actual logrará traducirse en estabilidad sostenida y recuperación económica.

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Caputo admite el freno en la desinflación y descarta deuda externa, apuesta a financiamiento alternativo

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El ministro de Economía, Luis Caputo, explicitó este jueves una tensión central del programa económico: el Gobierno no puede forzar la demanda de pesos en un contexto donde la inflación volvió a acelerarse, al tiempo que confirmó que no recurrirá al mercado internacional para refinanciar deuda. La definición, realizada durante el 21° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, combina dos datos políticos clave: una inflación que no termina de ceder —2,9% en febrero por segundo mes consecutivo— y una estrategia financiera que se repliega hacia fuentes alternativas para cubrir vencimientos por unos USD 9.000 millones. La pregunta queda abierta: ¿es un ajuste táctico o el reconocimiento de un límite estructural del esquema económico?

El límite de la demanda de pesos y el rediseño del programa

Caputo puso el foco en un punto sensible del modelo: la demanda de dinero. Mientras el equipo económico controla la emisión, admite que no puede incidir directamente en la decisión de los argentinos de mantener pesos. Esa variable, sostuvo, explica parte de la resistencia inflacionaria reciente.

El diagnóstico oficial vincula la suba de precios a factores puntuales: la recomposición de precios regulados y el impacto de la carne. En esa lectura, se trataría de un desvío transitorio dentro de un sendero de desinflación que debería retomarse “más temprano que tarde”. Sin embargo, el reconocimiento de un “retroceso” en los últimos siete u ocho meses introduce una señal política relevante: el programa ya no se presenta como lineal.

En paralelo, el ministro descartó una herramienta clásica de gestión: la emisión de deuda en los mercados internacionales. La decisión implica un cambio de posicionamiento respecto de evaluaciones previas —mencionó que se analizó hacia fines del año pasado— y refuerza una narrativa oficial centrada en el superávit fiscal y la reducción del endeudamiento.

En su lugar, el Gobierno apuesta a una combinación de financiamiento local, venta de activos y mecanismos alternativos aún no detallados públicamente. Según Caputo, estas opciones permitirían cubrir los próximos tres vencimientos de capital —julio de este año, enero y julio del próximo— por aproximadamente USD 9.000 millones.

Deuda, mercado y FMI: equilibrio sin acceso pleno

La decisión de no acudir al mercado internacional no ocurre en el vacío. El propio ministro reconoció que el nivel de riesgo país resulta “exagerado” en relación con las condiciones técnicas, lo que sugiere una brecha entre la evaluación del Gobierno y la percepción del mercado.

En ese contexto, la estrategia oficial busca sostener el cumplimiento de pagos mientras se espera una mejora en las condiciones de financiamiento. La lógica es clara: evitar endeudarse caro cuando existen alternativas más baratas, aunque esas fuentes no hayan sido aún explicitadas.

El vínculo con el Fondo Monetario Internacional aparece como un respaldo político en ese esquema. Caputo calificó la relación como “espectacular” y destacó un nivel de confianza inédito, en medio de la segunda revisión en curso. Sin embargo, también recordó que en 2027 vencen USD 3.000 millones adicionales con el organismo, lo que proyecta la tensión financiera más allá del corto plazo.

Impacto político: señales mixtas para el mercado y la gobernabilidad

El mensaje del ministro deja una doble lectura. Por un lado, reafirma la disciplina fiscal y la decisión de evitar nueva deuda externa, lo que fortalece la narrativa de sostenibilidad. Por otro, admite límites en la política monetaria y reconoce que la inflación aún no está completamente bajo control.

En términos de correlación de fuerzas, el Gobierno intenta sostener credibilidad ante los mercados y el FMI sin ceder a la presión de financiarse externamente. Esa postura condiciona el margen de maniobra: obliga a consolidar el mercado local, acelerar mecanismos alternativos y mantener el superávit como ancla política.

El dato no menor es que el propio ministro identificó el escepticismo social como un factor relevante. Esa percepción, dijo, pesa tanto como las variables económicas. En clave política, implica que la estabilización no solo depende de indicadores, sino también de expectativas.

Un equilibrio inestable hacia 2027

El programa económico entra en una fase más compleja. La inflación no desciende al ritmo esperado, la demanda de pesos sigue siendo una variable incierta y el acceso al financiamiento externo continúa limitado.

En ese escenario, el Gobierno apuesta a ganar tiempo: cumplir vencimientos con recursos propios o alternativos, sostener el orden fiscal y esperar que la desinflación retome su curso. La incógnita es si esa estrategia alcanzará para consolidar el esquema antes de los compromisos más exigentes, especialmente los de 2027.

Las próximas semanas serán clave para observar dos variables: la evolución de la inflación tras la recomposición de precios y la presentación concreta de las fuentes de financiamiento alternativas. Ahí se juega algo más que una cuestión técnica: la consistencia política de un modelo que busca sostenerse sin recurrir a las herramientas tradicionales del mercado.

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