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Las fragilidades del mercado laboral

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Los mercados laborales globales parecen en general estables, con el desempleo estable y el crecimiento continuando a principios de 2026. Sin embargo, bajo esta superficie, las debilidades estructurales —incluida la informalidad generalizada y la pobreza extrema— están poniendo en riesgo a millones de trabajadores, ha dicho el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert F. Houngbo.

En declaraciones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las reuniones de primavera del Banco Mundial en Washington D.C., Houngbo enfatizó que los déficits persistentes en el trabajo decente están socavando la cohesión social y la resiliencia económica.

“El reto más profundo es uno de calidad del trabajo y transformación estructural. Unos 284 millones de trabajadores siguen viviendo en pobreza extrema, mientras que 2.100 millones de trabajadores, casi el 58 por ciento de la fuerza laboral mundial, siguen en empleo informal”, afirmó.

Houngbo señaló que el aumento de la deuda soberana, el espacio fiscal limitado y la mayor incertidumbre económica limitan aún más la capacidad de los gobiernos para apoyar a los trabajadores y fortalecer los mercados laborales.

Conflicto en Oriente Medio: amplificando los riesgos económicos y del mercado laboral global

El conflicto en curso en Oriente Medio está intensificando vulnerabilidades preexistentes y transmitiendo choques a través de los mercados energéticos, interrupciones comerciales y el aumento de costes, aumentando el riesgo de impactos graves y duraderos en el mundo laboral, señaló el Director General.

En los países más afectados, se espera que los daños en infraestructuras, la interrupción empresarial, el desplazamiento y la inseguridad reduzcan empleos e ingresos, al tiempo que tensionan a las instituciones del mercado laboral y a los servicios públicos.

Más allá de la región, las interrupciones en la energía, el comercio y las cadenas de suministro ya están afectando empleos, salarios y condiciones laborales en muchas economías. Los hogares de bajos ingresos, los trabajadores informales, los migrantes y las pequeñas empresas enfrentan las cargas más elevadas, con un aumento del riesgo de trabajo infantil, trabajo forzado y otros déficits graves de trabajo decente.

“El conflicto en Oriente Medio no es un choque aislado superpuesto a una economía global estable de otro modo. Esto está agravando vulnerabilidades preexistentes y aumentando la probabilidad de efectos más graves y duraderos en el mundo laboral”, dijo Houngbo.

Protección de los trabajadores y fortalecimiento del mercado laboral

Para abordar la creciente fragilidad del mercado laboral en medio de la creciente incertidumbre y choques globales, Houngbo instó a los gobiernos a actuar con rapidez para proteger a los trabajadores, preservar el espacio fiscal para la protección social e implementar medidas activas en el mercado laboral.

“Una protección social eficaz, el apoyo a los medios de vida y medidas políticas activas del mercado laboral son esenciales para evitar que los trabajadores y hogares vulnerables se hundan aún más en la inseguridad.”

En los países afectados por conflictos, la recuperación y la reconstrucción deben incorporar desde el principio un trabajo digno, derechos laborales, protección social y condiciones laborales justas, afirmó.

Houngbo instó a los responsables políticos a extraer lecciones de la crisis actual, subrayando que la resiliencia económica no puede construirse sobre bases débiles del mercado laboral.

“Donde el crecimiento no genera empleos dignos, donde la informalidad sigue siendo omnipresente y donde los trabajadores carecen de seguridad, voz y protección, las sociedades se vuelven mucho más vulnerables a los choques. Por eso la persistencia de déficits laborales dignos no solo es una preocupación económica, sino también una preocupación de derechos”, afirmó.

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El BID anunció un apoyo financiero para la Argentina y una garantía de US$550 millones

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un apoyo financiero para la Argentina que incluye garantías por US$550 millones para la obtención de un crédito privado.

Asimismo, prometió que acelerará un apoyo financiero por US$7.200 millones que se desembolsará en 2026. El informe oficial no da cuenta del financiamiento neto, dado que Argentina debe hacer pagos a ese organismo durante el corriente año.

“Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según un comunicado oficial el plan incluye más de US$5.000 millones para operaciones soberanas con el sector público, lo que contempla el financiamiento de proyectos y una garantía por U$S550 millones.

Asimismo, BID Invest, la división encargada del sector privado, estima movilizar inversiones por alrededor de US$2.200 millones de dólares.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo este programa para 2026 busca ampliar el apoyo al país mediante el respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento directo a empresas.

El BID indicó que el monto total previsto para ese año es superior a los cerca de U$S5.000 millones aprobados en 2025.

Sobre el proceso actual del país, el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, afirmó que “el gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento”.

El directivo añadió que el organismo acompaña esta etapa con mayor escala y que su labor consiste en estar “apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”.

En cuanto al destino de los fondos, BID Invest priorizará el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva, el acceso a servicios de salud, la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

También se contemplan proyectos sostenibles en agroindustria, manufactura de exportación e inversiones en minerales críticos como el litio.

Por la parte del sector público, el foco estará en la gestión fiscal, la mejora de la calidad del gasto público y la modernización tributaria. También se prevén recursos para seguridad ciudadana, justicia y el acceso a servicios esenciales como energía y protección social.

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Argentina en loop: el mito del eterno retorno

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Si alguien quisiera explicar la economía argentina sin tecnicismos, podría hacerlo con una sola imagen: estamos atrapados en “El Día de la Marmota”. Como en la famosa película de Hollywood, nos despertamos, una y otra vez, en el mismo día. Cambian los nombres, cambian los discursos, pero el resultado es idéntico: deuda, ajuste e inflación.

El libreto no es nuevo. Lo escribió José Alfredo Martínez de Hoz, durante la dictadura cívico-militar, cuando la deuda externa pasó de 7.000 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones en 1983. No fue un desvío: fue un programa. Como reconocería años después el propio Banco Central, gran parte de ese endeudamiento terminó financiando la fuga de capitales.

Ese modelo no murió. Lo perfeccionó Domingo Cavallo en los 90. Entre 1991 y 2001, la deuda pasó de 65.000 millones a más de 145.000 millones de dólares, en paralelo a privatizaciones masivas. El Fondo Monetario Internacional sostuvo el esquema hasta el colapso y después habló de “fallas”.

Otra vez: primero legitiman el modelo, después reconocen el desastre.

Y sin embargo, acá estamos de nuevo.

Con Luis Caputo, el ciclo no solo vuelve: acelera. El préstamo récord del FMI en 2018 —57.000 millones de dólares— terminó, según el propio organismo, financiando en gran medida la salida de capitales. Entre 2016 y 2019, se fugaron más de 80.000 millones de dólares.

Pero hay algo más constante que la deuda.

El discurso.

Porque en cada ciclo hay una promesa que vuelve como un mantra. Antes fue la “estabilidad para siempre”. Después, la “confianza de los mercados”. Hoy, se repite la misma escena, la famosa “luz al final del túnel”.

O, en versión más aggiornada, lo que dijo Luis Caputo ante empresarios en la reunión de AmCham (American Chamber of Commerce) Argentina: que se vienen “los mejores meses de la historia”.

Siempre es lo mismo: el sacrificio es ahora, el bienestar viene después.

El problema es que ese “después” nunca llega para la mayoría.

Porque mientras se promete futuro, los datos del presente son contundentes:

2018: 47,6% de inflación tras la devaluación.

2019: 53,8%.

2023: más de 200% anual.

La CEPAL lo viene señalando: en economías como la argentina, la inflación está atada a la restricción externa y al tipo de cambio. Es decir, al mismo esquema de deuda y dependencia.

Primero entra la deuda.

Después la presión sobre el dólar.

Después la devaluación.

Y finalmente, la inflación.

Mientras tanto, el salario pierde. Más de 20% de caída real entre 2016 y 2019 y, en la etapa reciente el deterioro se profundiza: desde la asunción de Javier Milei, el salario real registrado acumuló una caída, en promedio, cercana al 25%, tras un derrumbe inicial mucho más brusco luego de la devaluación de diciembre.

En paralelo, las jubilaciones fueron directamente el “ancla” del ajuste: según el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), los haberes acumulan una pérdida del 27,4% en términos reales desde el cambio de fórmula aplicado a fines de 2023, convirtiéndose en uno de los principales mecanismos para alcanzar el superávit fiscal.

Como explicaba Aldo Ferrer, el problema histórico es la falta de dólares. Pero este modelo no la resuelve: la profundiza.

Ahí es donde el eterno retorno deja de ser metáfora. Como planteaba Friedrich Nietzsche, la pregunta no es si todo vuelve, sino por qué aceptamos que vuelva.

Porque en cada ciclo hay ganadores:

Los que hacen negocios con la deuda.

Los que fugan a tiempo.

Los que compran barato después de la crisis.

Y perdedores:

Trabajadores y jubilados que pagan la inflación.

El Estado que hereda la deuda.

La sociedad que soporta el ajuste.

No es mala suerte. Es un modelo.

Y también es un relato que se repite.

Siempre hay un túnel.

Siempre hay una luz.

Siempre hay “los mejores meses por venir”.

Pero del otro lado, una y otra vez, aparece lo mismo:

Más deuda.

Más inflación.

Más desigualdad.

Romper ese ciclo no es técnico. Es político.

Implica dejar de discutir promesas y empezar a discutir intereses.

Implica preguntarse quién gana con este esquema y quién pierde.

Implica, en definitiva, dejar de creer que esta vez es distinto.

Porque si no, lo que viene no es sorpresa.

Es rutina.

Despertarse otra vez.

Escuchar la misma promesa.

Y volver a vivir el mismo final.

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Caputo ratifica el rumbo económico y descarta cambios mientras busca respaldo financiero internacional

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró desde Washington que el Gobierno nacional no se desviará “ni un centímetro” del rumbo económico, en un mensaje dirigido tanto a los mercados como al frente político interno. La definición se dio durante su participación en un panel del Atlantic Council, donde compartió escenario con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En ese contexto, el funcionario ratificó la continuidad de las reformas estructurales basadas en reducción de impuestos, desregulación y mejoras en la logística, al tiempo que destacó avances legislativos y el respaldo de organismos internacionales en materia de financiamiento.

Reformas, Congreso y respaldo externo

El planteo del ministro se apoya en dos pilares. Por un lado, un Congreso que, según afirmó, quedó “más alineado” con el oficialismo tras las elecciones de medio término, lo que habilitaría el envío de nuevas leyes para profundizar el proceso de reformas.

Por otro lado, el Gobierno busca sostener el programa económico con respaldo internacional. En ese marco, el Grupo Banco Mundial evalúa una garantía de hasta US$2.000 millones destinada a refinanciar deuda argentina, reducir costos financieros y mejorar las condiciones para la inversión privada.

Este esquema combina ajuste interno con financiamiento externo, en una estrategia orientada a consolidar el orden macroeconómico.

Continuidad del programa y foco en competitividad

Caputo reafirmó que el eje del modelo seguirá centrado en la baja de impuestos, la reducción de regulaciones y la mejora de infraestructura como herramientas para ganar competitividad.

En su exposición, el ministro rechazó explícitamente la utilización de devaluaciones como mecanismo de ajuste, planteando que la competitividad debe construirse por otras vías.

También mencionó reformas ya impulsadas, como la laboral y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de avanzar en mayor formalización y atraer inversión real.

Señal a mercados y disputa política interna

El mensaje de “no desviarse” funciona como una señal de previsibilidad hacia los inversores, en un contexto donde el Gobierno intenta consolidar credibilidad tras meses de ajuste económico.

Al mismo tiempo, el discurso incluye una confrontación con la oposición, al descartar la posibilidad de volver a esquemas económicos anteriores. En ese sentido, la estrategia oficial busca fijar un marco de irreversibilidad del programa.

La combinación de respaldo internacional, mayoría legislativa relativa y narrativa de resultados configura un intento de fortalecer la posición política del Gobierno en la segunda etapa de gestión.

Inversión, financiamiento y expectativas

El eventual respaldo del Banco Mundial, de concretarse, podría aliviar el frente financiero en el corto plazo, facilitando la refinanciación de deuda y reduciendo el costo del crédito.

A su vez, el énfasis en la estabilidad macroeconómica y la competitividad apunta a mejorar las condiciones para la inversión privada, tanto local como extranjera.

El Gobierno también sostiene que el contexto internacional —incluyendo tensiones como la guerra en Medio Oriente— abre oportunidades para países con recursos estratégicos, como energía y alimentos.

El planteo oficial sobre competitividad e inversión tiene implicancias indirectas para regiones como el NEA. La mejora en infraestructura y logística, mencionada como eje del programa, aparece como un factor clave para economías alejadas de los grandes centros productivos.

Sin embargo, el impacto concreto dependerá de cómo se traduzcan esas políticas en inversiones reales y en reducción de costos para las economías regionales.

Reformas, financiamiento y clima político

El rumbo económico queda condicionado a múltiples variables: la capacidad del Gobierno para sostener el apoyo legislativo, la concreción del financiamiento internacional y la evolución del contexto global.

También será clave observar si las reformas logran traducirse en crecimiento y empleo, objetivo central del discurso oficial.

En ese marco, la definición de Caputo busca cerrar la puerta a cambios de estrategia, pero deja abierto el interrogante sobre la velocidad y profundidad de los resultados.

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Un país que se había prohibido crecer

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El proceso de transformación económica en el que el Gobierno está empeñado requiere del acompañamiento legislativo. El Congreso necesita dar pasos decisivos en la eliminación de las trabas a la inversión productiva.

A fines de los años 60, los argentinos éramos más ricos que los españoles. Pero desde entonces nuestro desempeño fue calamitoso: pasamos de ser un país próspero y con índices de pobreza bajísimos a uno donde, cuando asumió Javier Milei, el 70% de los niños vivía en la pobreza.

Se esgrimieron las más variadas hipótesis para explicar ese fracaso: algunas lo atribuían a una suerte de anomia social, otras a la inestabilidad macroeconómica, otros a una puja distributiva sin fin; hubo quienes inventaron el fantasma de la restricción externa, y otros señalaron un complot del resto del mundo por los que debíamos vivir con lo nuestro.

No vale la pena repasarlas todas -su cantidad lo haría imposible-, pero sobre todo porque la explicación resultó ser algo mucho más sencillo: simplemente habíamos prohibido el crecimiento. Lo hicimos prohibiendo toda actividad económica en la que teníamos potencial.

La ley de glaciares prohibió la minería; las provincias salmoneras prohibían la acuicultura; la actividad petrolera tuvo sus detractores mientras los ambientalistas bloqueaban el acceso a los pozos; el litio iba a arruinar las salinas; el ganado en pie no se podía exportar por sarasa; tampoco los cueros; propiedad intelectual para nuestras industrias y científicos, no; para las semillas tampoco, por eso la productividad en algodón, trigo y soja se rezagó respecto del mundo; navegar los ríos, no; importar bienes de capital usados, no; plantas de celulosa, no; turismo en el glaciar Perito Moreno, no; producir más yerba, no; conectar los pueblos por avión, no; internet satelital, no; cosechar sin autorización del INTA, no; vender productos industriales sin una autorización del INTI, que nunca llegaba o requería una coima, tampoco. Hasta les prohibimos a nuestros empresarios pymes exportar por correo postal.

Entonces, ¿por qué sorprende que no hayamos crecido? Lo verdaderamente insólito hubiera sido crecer con semejante cantidad de trabas. Por suerte, en 2023 la gente eligió el cambio, y ese cambio tiene como componente central justamente eliminar esas prohibiciones. Es un proceso en el que el gobierno está embarcado desde el comienzo de la gestión, pero que este año, de la mano del Congreso más reformista de la historia, necesita dar un paso decisivo.

La reforma a la Ley de Glaciares, aprobada en el Congreso la semana pasada, es un buen ejemplo del proceso de derrumbe de esas trabas, ya que permitirá el desarrollo de las minas de cobre, plata y oro más grandes del mundo, que insólitamente habíamos elegido ignorar.

Al tiempo que se votaba en el Congreso, el ministro Luis Caputo estimaba exportaciones mineras por 165.000 millones para los próximos 10 años. Un impacto similar, aunque en este caso sobre la producción agropecuaria y las economías regionales, tendría la derogación parcial de la Ley de Tierras 26.737 del kirchnerismo, que prohibió la compra y, por ende, limitó significativamente la inversión extranjera en el sector. El efecto más relevante no se daría tanto en la zona pampeana, hoy bien y eficientemente explotada, sino en tierras que requieren inversiones que el capital local no puede proveer.

Las trabas impuestas por la ley impiden asociaciones entre propietarios locales e inversores externos que podrían transformar la fisonomía del país. Repasemos las posibilidades que, según la Secretaría de Agricultura, se abrirían con la modificación propuesta a la Ley 26.737.

En el NEA, la derogación de la Ley de Tierras habilitaría el desarrollo foresto-industrial de manera radical. Como los procesadores de madera necesitan el control de la calidad del stock forestal, la inversión industrial viene de la mano de la adquisición de plantaciones de bosques implantados en una de las regiones más aptas del mundo.

Así se destrabaría el potencial para la construcción de dos plantas de celulosa Fluff/BSKP/DP, insumo para productos de higiene personal, con una inversión de 2.200 millones de dólares cada una; dos plantas de celulosa Kraftliner, para embalaje, cajas y bolsas de papel, de 1.500 millones cada una; inversiones por 300 millones en aserraderos para tabla, glulam, molduras, CLT y vigas estructurales; una biorrefinería para productos de alto valor agregado (lyocel, viscosa, biocomposites) de 2.500 millones; e infraestructura portuaria por 300 millones.

En total, el NEA, esto es, las provincias de Misiones, Entre Ríos y Corrientes, desbloquearían inversiones por 10.500 millones de dólares. En el Chaco las inversiones en algodón y un puerto en Barranqueras cambiará el potencial de la provincia y la podrían convertir en el nuevo centro logístico del norte del país.

El NOA, en particular las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, no sería ajeno al cambio. Allí se sumarían inversiones por un total de 320 millones de dólares en riego e industrialización en unas 100.000 hectáreas en productos tan diversos como arándanos, limones, ganadería o legumbres.

En la región pampeana, las inversiones podrían alcanzar casi 1.000 millones de dólares, distribuidos entre el desarrollo de la industria láctea, inversión en riego e infraestructura portuaria. De la provincia de Buenos Aires al norte de Santa Fé, la producción agrícola, y la ganadera podrán capitalizarse como nunca antes.

Cuyo sería uno de los grandes beneficiados, con una inyección de capital en actividades intensivas como el pistacho, los frutos secos y la industria olivícola. Se estima que esos recursos se destinarían al desarrollo de riego por goteo, reservorios de agua y plantas de procesamiento de agroproductos en más de 100.000 hectáreas, a las que se sumaría el desarrollo para la producción de forraje con riego para la ganadería.

La suma estimada de inversiones supera los 2.000 millones de dólares. Finalmente, la Patagonia: La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz verían una transformación radical en su fisonomía (Neuquén con la energía tiene de sobra). En un futuro no muy lejano, al viajar a la Patagonia no veremos la estepa a la que estamos acostumbrados, sino praderas verdes con rindes excepcionales producto de su larga exposición a la luz solar.

Las inversiones en desarrollo de tierras agrícolas con riego y en actividad ganadera involucrarían más de 150.000 hectáreas, a las que se añadirían inversiones en fruta fina y cultivos intensivos en valles fértiles por unas 20.000 hectáreas más, superando en conjunto los 1.000 millones de dólares.

En total, podríamos esperar inversiones por casi 15.000 millones que modificarían radicalmente el potencial productivo del país. Solo debemos dejar atrás los miedos y los intereses que nos habían condenado al pobrismo y la decadencia al que nos había llevado el kirchnerismo. Hoy es tiempo de reafirmar el desafío del progreso que este gobierno de Javier Milei desde el primer día. Argentina será próspera. ¡VLLC!

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