Para justificar el brutal ajuste aplicado en las pensiones de discapacitados, el Gobierno puso en el mapa a Guanaco Muerto, un lejano paraje cordobés, donde había más pensiones que habitantes. El ejemplo perfecto para justificar el ajuste. De nada sirvieron las explicaciones ni el análisis de los datos. El relato ya estaba escrito en un par de medios y era multiplicado por miles de “trolls” que ese día se enteraron que el lugar quedaba en la Argentina.

Guanaco Muerto es un pueblo en la miseria, sin trabajo, donde nadie quiere vivir y el mal de Chagas es endémico. “Hay muchos de los beneficiarios de esas pensiones que se han jubilado, no están en los padrones. Dejaron de recibir una pensión para recibir una jubilación”, explicó el jefe comunal, Domingo Zenón Soria.

Su pueblo fue utilizado como argumento para el ajuste. Hubo otros peores. “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino. ¿Cuántas personas con síndrome de down en realidad pueden conseguir trabajo? ¿Y cuantas uno más o menos bien remunerado? ¿Conoce alguno?

El funcionario se excusó por el tijeretazo sin aviso. “No tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, confesó al diario Clarín.

Ante la creciente ola de repudio en pleno arranque de la campaña de cara a las elecciones de octubre, el gobierno de Mauricio Macri dijo que, otra vez, se trató de un error y que iban a dar marcha atrás. Con la lógica utilizada, todos los pensionados “clientelistas” seguirán cobrando. El daño, de todos modos, ya está hecho. Hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad.

Como se ve, la gestión del Excel nuevamente calculó mal. Con la idea fija de reducir los gastos del Estado, el Gobierno apela a un ajuste que recae siempre sobre los menos poderosos. Ya pasó con los tarifazos de la luz y el gas, las jubilaciones y las paritarias a la baja.

Es un modelo. Para presionar a los docentes de Buenos Aires a que acepten la oferta salarial, María Eugenia Vidal anunció que no enviará comida a los comedores escolares los días de paro, hagan o no huelga los docentes.

Para recortar pensiones, el Gobierno nacional manoteó un decreto de Carlos Menem que ni el mismo riojano -ajustador serial- utilizó. No importó que el texto menemista haya quedado en el olvido con la adhesión de la Argentina a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –recomendada en 2006 por la asamblea general de las Naciones Unidas-. La ministra Carolina Stanley lo desempolvó para recordar que siempre se puede estar peor. “Error de aplicación de criterio”, dijo después, con el escándalo consumado.  

Un pensionado por discapacidad cobra 4.776 pesos, que en la mayoría de los casos, apenas alcanza para cubrir una parte de sus gastos. Se cuestiona el “clientelismo” porque durante el kirchnerismo, las pensiones por invalidez pasaron de 180 mil a casi dos millones.

Nadie dice que, más allá de casos puntuales que son repudiables siempre -en Misiones hubo varias denuncias a intendentes y parientes- el número saltó porque es un derecho que comenzó a reconocerse en los últimos años. Eran anónimos que pasaron a ser visibles.

La vicepresidenta Gabriela Michetti volvió a apelar a lo fortuito por encima de las decisiones políticas. “”Ese dinero no podía ir a cualquier lado y se empezó a investigar. Tuvimos la pésima suerte de que a personas que debían tener la pensión se les dio de baja”, se atajó. Suerte. La mala siempre les toca a los mismos. Algunos ya deslizan que la próxima yeta será la de los jubilados.

La cantidad de discapacitados en la Argentina coincide con el promedio mundial y hay muchos menos pensionados que discapacitados.

Según el último censo realizado por el Indec, el 12,9 por ciento de la población tiene algún grado de discapacidad, lo que representa 5.114.190 personas que declaran tener alguna dificultad o limitación permanente. Pero solo se pagan 1.037.931 pensiones no contributivas por invalidez. 

La mayor parte de la población que declaró tener una sola dificultad, tiene un problema visual: son 2.069.151 personas que representan casi el 60% del total de esa población. Las dificultades motoras (inferiores y superiores) afectan a poco menos del 24% de los habitantes. Las personas con dificultades auditivas y cognitivas representan algo más del 8%, en cada caso.

De las 4.701.685 personas de 14 años y más con dificultad o limitación permanente, el 47,7% corresponde a la Población Económicamente Activa. En términos absolutos son 2.241.897 personas. El 44,6% de 14 años y más, se encuentra ocupado.

Argentina no tiene ni más ni menos que el promedio mundial: la Organización Mundial de la Salud estima que mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; alrededor del 15% de la población mundial. Esta cifra es superior a las estimaciones previas de la OMS, correspondientes a 1970, que eran de aproximadamente un 10%, porque el número de personas con discapacidad en el mundo está creciendo. Esto es debido al envejecimiento de la población -las personas ancianas tienen un mayor riesgo de discapacidad- y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales.

Eso redunda en peores resultados sanitarios y académicos, menor participación económica y mayores tasas de pobreza, además de dependencia. El crecimiento es similar en la Argentina.

Misiones no escapa al promedio. En el último censo se registraron 153.455 personas con discapacidad, lo que equivale al 14,1 por ciento de la población. Según los últimos datos oficiales, el Gobierno provincial paga a través de Salud 51.755 pensiones por invalidez y 5.480 a la vejez e invalidez a través de Desarrollo Social, a quienes no tienen otro beneficio previsional. Otras tantas se suman por el gobierno nacional, aunque no hay precisiones sobre la cantidad.

Los datos sanitarios avalan la inclusión de los discapacitados como sujetos de derecho. Pasó lo mismo con el Hambre Cero. No es que de un día para el otro se multiplicaron los números de desnutrición, sino que, al reconocerse el beneficio como un derecho, se amplió el número de beneficiarios. Durante los 90, Misiones ostentaba los peores indicadores sanitarios, que se agravaron con la crisis de 2001. Recién después comenzaron a mejorar los datos, pero el núcleo duro de la pobreza seguía estando y sin la presencia del Estado, no hay esperanzas de que retroceda.

Los derechos ampliados durante los últimos años vinieron a remendar esas grietas. La Asignación Universal por Hijo es otro ejemplo. Sus beneficiarios fueron estigmatizados como planeros y el programa fue despreciado por varios de los actuales funcionarios o integrantes de la alianza gobernante. Pero generó un impacto directo sobre la pobreza y la desigualdad.

Desde su creación hubo una mejora de casi un 30% en el ingreso promedio de los estratos más bajos, mientras que este cambio se redujo a cero para el más rico. A casi 8 años de su implementación, ese efecto se mantuvo, aunque algo más suavizado.

“No existe un impacto negativo de la AUH que sea estadísticamente significativo sobre las decisiones de participación económica y en la tasa de empleo de los hogares. De este modo, no es posible concluir que el programa haya generado desincentivos al trabajo”, dice un informe de la UNICEF que acaba de ser presentado por el director de la Anses, Emilio Basavilbaso.

El repudio al ajuste aplicado fue tan intenso que dominó la última sesión de la Legislatura provincial. Todos los bloques, con excepción de la alianza Cambiemos, cuestionaron al Gobierno nacional. Alfredo Schiavoni, referente del PRO, intentó llevar las críticas al plano electoral. Pero casi al unísono, los demás diputados le marcaron la escasa sensibilidad del Gobierno y advirtieron sí, que se trata de un debate ideológico: se ajusta sobre el que menos tiene y se beneficia al poderoso. Hasta Claudio Wipplinger, de origen emparentado al PRO, pareció de ultraizquierda en comparación: “El supuesto mejor equipo reacciona cuando el impacto mediático y electoral les duele”, apuntó y resaltó que para dar de baja las pensiones, “se agarraron de un decreto de Menem”. Cambiemos siguió defendiendo el ajuste aún después de la marcha atrás anunciada por Stanley.

El embate contra la “mafia de las pensiones” no fue el único de Gobierno. Coincidió con el furibundo ataque presidencial a los jueces y abogados laboralistas que conforman la camorra de los juicios laborales”.  Se refería, claro, al crecimiento de los juicios por accidentes de trabajo. La Unión Industrial lo aplaudió y algunos sectores de la economía celebraron la iniciativa presidencial.

Lo curioso es que pese a la reforma de la ley de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, sancionada a instancias del Gobierno, los litigios crecieron, especialmente en Buenos Aires. Y no mejoró ningún indicador de productividad ni de empleo.

El discurso dominante choca contra sus propios datos. Tanto que comienza a haber fuego amigo advirtiendo sobre los riesgos de sostener un modelo económico que no tiene más que tímidos brotes verdes después de 18 meses de gestión. “El presidente debe darse cuenta que su discurso no se condice con la realidad”, sorprendió el editorialista de Todo Noticias, Nelson Castro, un enemigo declarado del Gobierno anterior que ahora comienza a despegarse, aunque, como todo el grupo, sostenga a la ex presidenta Cristina Fernández como blanco de sus diatribas.

Castro se refería al permanente mensaje de optimismo que baja del gobierno sobre la marcha de la economía y la generación de empleo. Pero los datos reflejan pocos avances. 

El ajuste no mejora la economía y comienzan a notarse los efectos. En un sólo día, el Gobierno se endeudó por más de 6.200 millones de dólares, lo que representa un aumento del stock del 23 por ciento en dólares y del 77 por ciento en pesos, a una tasa variable nada barata del 25,75 por ciento anual.

La deuda es el único ingreso de dólares en la Argentina. Pero en mayo, el 90 por ciento de lo que ingresó se fue por la “bicisenda” financiera porque los inversores aprovechan las altas tasas de interés locales. Ya son US$4.000 millones en el año lo que se volcó a la especulación, mientras que el flujo de ingreso de divisas por inversión extranjera directa se redujo en mayo por segundo mes consecutivo.

El propio Presidente llamó a un votante decepcionado e intentó convencerlo de que tenga paciencia. “Esto tarda en moverse y arrancar”, confesó, como si se tratara de un viejo camión al que solo hay que empujar. Esa conversación dejó una rara explicación vinculada a los padecimientos locales. Macri aseguró que las asimetrías en Misiones o Mendoza, obedecen a la necesidad de “cuidar el empleo”, por lo que se frenan las importaciones y los productos argentinos valen más que del otro lado de la frontera.

 

“Abrí la importación de las computadoras, bajaron los precios y casi me matan. La Argentina tiene que abrirse a compertir, incluso con Brasil, que allá las zapatillas salen un tercio de lo que valen acá. La gente agarra su autito y cruza la frontera, y los que más pueden van a Miami y vienen con 14 valijas”, sostuvo, y se preguntó: “¿Qué más puedo que hacer para que esto vaya más rápido? Esto lleva su tiempo, no hay otro camino”, enfatizó.

El déficit fiscal es más alto que el “heredado” de Cristina. La inflación apenas se aminora, pero el poder adquisitivo perdido, no se recupera.

El desempleo creció a 9,2 por ciento en todo el país, según los datos del Indec, que nuevamente contradijo las expresiones del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien apenas unas horas antes del dato oficial, aseguraba que el empleo crecía desde hace nueve meses.

El 9,2 por ciento de desempleo es el porcentaje más alto de los últimos años y fue peor en Buenos Aires, el principal distrito de la alianza gobernante: la provincia manejada por María Eugenia Vidal, la gran esperanza de Cambiemos, tiene un desempleo de 10,9 por ciento, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobernada por Rodriguez Larreta, subió al 7,9. En los partidos del interior de Buenos Aires, el promedio es de 11,8 por ciento, con un crecimiento de tres puntos por encima de la media nacional.

Los datos del Indec revelan que Posadas se mantiene todavía entre los centros urbanos con menor tasa de desempleo, pero de cualquier modo,  se advierte un crecimiento que no escapa a la media. En la capital misionera, donde los tarifazos nacionales hacen un efecto mucho más dañino por las asimetrías, hay dos mil nuevos desocupados en relación al fin del año pasado y una tasa del 4,1 por ciento.

Podría ser peor sin la activa presencia del Estado provincial en el incentivo a las pequeñas empresas y la búsqueda permanente de inversiones que ahora se potenciará con una Agencia de Inversiones creada por el gobernador Hugo Passalacqua. Los datos son elocuentes sobre la necesidad de que la Nación le preste la debida atención a Misiones: de los 60 mil millones de dólares anunciados en inversión para la Argentina, apenas 10 millones -diez- se enfocaron en la tierra colorada. Uno solo viene de afuera: LUG, la fábrica de Leds que atrajo el Gobierno provincial para que se instale en el Parque Industrial con una inversión de cinco millones de dólares. El otro es capital provincial, de Pindó SA, para la generación de energía con biomasa, también por cinco millones de dólares.  A esos dos se suma un proyecto estatal, de Yacyretá, por 80 millones de dólares, a ejecutarse en varios años. Para alcanzar el promedio de crecimiento de en Latinoamérica, Misiones debe capturar al menos 300 millones de dólares en inversión.

Eso también se pone en juego en las elecciones de octubre. Misiones debe aumentar la presión sobre la Nación para ser atendida. Hasta ahora la gobernabilidad dada desde la provincia, no fue retribuida con igual intensidad ni se atendieron los principales reclamos.  

La Renovación apostará a fortalecer esa línea de trabajo. Gobernabilidad, pero diferenciación a la hora de plantear los temas que interesan a Misiones. ““La Renovación es la única que defiende los intereses misioneros”, aseguró el diputado nacional Maurice Closs, quien se volverá a poner el traje de candidato para regresar al Senado.

La Renovación es el frente más amplio que se anotó para competir en octubre. Liderados por el partido de la Concordia, otros nueve partidos, entre ellos el peronismo, conforman la coalición gobernante, que presentará a sus candidatos el próximo viernes, horas antes del plazo formal.

La alianza Cambiemos todavía no tiene los nombres confirmados, pero logró un inédito consenso: el PRO y la UCR acordaron la integración del frente y marcaron el terreno frenando cualquier aventura personal, como las pretendidas por Alex Ziegler, quien finalmente volvió al rebaño, y Juan Manuel Holz, autoproclamado candidato a senador. Nada de eso sucederá. En las negociaciones se incorporó una cláusula por encima de las Cartas Orgánicas, que determina que las candidaturas deberán ser aprobadas por el PRO y la UCR antes de ser inscriptas. Los que no sean avalados, no podrán postularse. El PRO no quiere internas en ninguna parte, aunque la aceptarán a regañadientes en la Capital, donde se presenta Martín Lousteau.

La fumata blanca no fue sencilla. El macrismo y los socios menores radicales coincidían en el fondo, pero no en las formas. La ambición de Ziegler complicó el reparto. Ya no como senador, quería encabezar la lista provincial. Fue tenso el último tramo de conversaciones, que ya habían avanzado mucho entre los otros socios. Lo mandaron a la cola. Se quedó con el tercer puesto –para una mujer- de la lista provincial y el noveno. El radicalismo hizo buen negocio, quedándose con el primer puesto –el concejal Ariel Pianessi pica en punta- y cuatro entre los siete primeros. El PRO tiene dos más, pero el objetivo de fondo es que Humberto Schiavoni acceda a una banca en el Senado.

En tercer lugar aparece Avancemos, la sociedad conformada por los massistas Adolfo y Alejandro Velázquez, los radicales de Vanguardia Hugo Escalada y María Losada y los diputados de Trabajo y Progreso, Claudio Wipplinger y Victor Kreimer, a los que se sumó el Socialismo. La convivencia es la marca registrada de este frente, por encima de las candidaturas, que todavía no están definidas, pero que no deberían generar resquemores.

Hasta último momento se especuló con el acercamiento de Héctor “Cacho” Bárbaro, pero el chacarero se siente en la mayoría de edad y anotó al Partido Agrario en soledad para competir en todos los cargos.

El kirchnerismo fracasó en su intento de armar una alianza electoral pese al envión que significa la candidatura de Cristina Fernández al frente de Unidad Ciudadana. La Cámpora copó el escenario en Misiones y desplazó a los locales del partido de la Victoria. Por eso no hubo coincidencias con los peronistas locales. El frente no se dio, aunque al filo de la medianoche del miércoles, lograron anotar un partido que representará a Cristina, aunque los papeles se terminaron de oficializar recién este fin de semana.

En las antípodas, Ramón Puerta también se anotó en soledad para intentar volver al Congreso nacional. El apostoleño está dispuesto a dejar la zona de confort como embajador de Macri en Madrid para volver a la campaña por Unión Popular. No será el único detrás del voto peronista desencantado. Jorge Galeano también desempolvó su traje de candidato y recuperó a los herederos del humadismo y alterachismo para frenar la “diáspora” en un Frente Militante.

Está claro que la pulseada electoral estará concentrada en Buenos Aires por la figura de Cristina Fernández. Pero más allá de estar prendidos a las pantallas, en la tierra roja las elecciones tienen su propia intensidad. En octubre se define mucho más que una banca. Se pone en juego de qué lado de la balanza se ubica Misiones.

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