Diarios de Misiones

Nepal enfrenta una catástrofe en el Himalaya: 332 muertos y 1400 desaparecidos

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La magnitud de la tragedia que golpeó la frontera entre Nepal y China sigue creciendo. Las autoridades nepalíes elevaron este jueves a 332 la cantidad de muertos por las inundaciones repentinas que se produjeron tras el colapso de una masa glaciar y el posterior deslizamiento de hielo, barro y rocas hacia el río Bhote Koshi. En paralelo, cientos de personas continúan desaparecidas y las operaciones de búsqueda se desarrollan bajo condiciones extremadamente complejas.

El desastre comenzó el miércoles en una zona montañosa próxima al distrito nepalí de Rasuwa y se extendió aguas abajo hacia otras localidades. La fuerza del torrente destruyó viviendas, caminos y puentes, dejando aisladas a comunidades enteras. La destrucción de la infraestructura se convirtió ahora en uno de los principales obstáculos para los equipos de emergencia, que dependen de helicópteros para alcanzar algunos de los sectores afectados.

La situación también tiene una dimensión internacional. Según la Junta de Turismo de Nepal, 644 turistas y viajeros permanecen desaparecidos en territorio nepalí, de los cuales 517 son extranjeros. India concentra el mayor número de personas no localizadas, seguida por Estados Unidos, Ucrania, Malasia y Australia. Del otro lado de la frontera, las autoridades chinas informaron tres fallecidos y 558 personas desaparecidas en el condado tibetano de Gyirong. En conjunto, el número de personas cuyo paradero se desconoce supera las 1.400.

Entre los desaparecidos hay numerosos peregrinos y turistas que se encontraban en la región por viajes hacia el monte Kailash y otros destinos del Himalaya. La zona afectada funciona como corredor de tránsito entre Nepal y China y concentra actividad turística, comercial y religiosa, lo que amplificó el impacto humano de la inundación.

Una pared de agua que arrasó con todo a su paso

Los testimonios de los sobrevivientes permiten dimensionar la velocidad con la que se desencadenó el desastre. Residentes describieron una corriente que apareció de manera repentina y transformó el cauce del río en una masa de agua y escombros capaz de arrastrar vehículos, viviendas e infraestructura.

La destrucción de puentes y rutas complicó además la localización de personas atrapadas o sepultadas. En algunas zonas, los equipos de rescate solo pueden ingresar por vía aérea, mientras que las lluvias, los desprendimientos y la inestabilidad de las laderas mantienen elevado el riesgo para quienes participan de las tareas de emergencia.

Las autoridades nepalíes desplegaron miles de efectivos de la Policía y el Ejército para las tareas de búsqueda, evacuación y asistencia. Helicópteros son utilizados para rescatar personas aisladas y trasladar heridos, mientras continúan las operaciones para identificar cuerpos y establecer el paradero de quienes siguen desaparecidos.

El origen: colapso glaciar y deslizamiento de tierra

La explicación científica del fenómeno también fue modificándose a medida que avanzaron las investigaciones. En un primer momento se evaluó la posibilidad de un terremoto o de la ruptura de un lago glaciar. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos determinó posteriormente que las señales registradas correspondían a un colapso glaciar acompañado por un flujo masivo de escombros, y no a un terremoto tectónico.

La hipótesis actualmente analizada indica que una gran masa de hielo se desprendió en las montañas y cayó hacia el valle, arrastrando rocas y sedimentos. El volumen y la velocidad del material generaron una corriente de enorme capacidad destructiva que avanzó por el sistema fluvial.

El fenómeno incluso produjo vibraciones que inicialmente fueron interpretadas como actividad sísmica. El análisis posterior permitió determinar que esas señales fueron generadas por el propio colapso y el desplazamiento de la masa de hielo y escombros.

El riesgo, sin embargo, no terminó con la primera inundación. Especialistas advirtieron sobre la posibilidad de que los materiales acumulados formen represas naturales inestables y generen nuevos episodios de inundación si esas barreras se rompen.

10.000 familias necesitan asistencia urgente

La emergencia ya pasó de la fase estrictamente de rescate a una operación humanitaria de mayor escala. La Organización Mundial de la Salud informó que unas 10.000 familias necesitan ayuda inmediata, mientras varios centros de salud quedaron destruidos o con sus servicios interrumpidos.

La respuesta incluye insumos médicos, refugios temporales y apoyo logístico. Las Naciones Unidas también activaron recursos de emergencia para asistencia sanitaria, agua y alojamiento, mientras organizaciones humanitarias comenzaron a desplegar equipos en las zonas más afectadas.

El desafío inmediato es doble: llegar hasta las personas que todavía permanecen aisladas y evitar que la destrucción de los sistemas de agua y saneamiento genere una segunda emergencia sanitaria. La interrupción de caminos y comunicaciones convierte cada hora en un factor crítico para la supervivencia de quienes permanecen atrapados.

Una advertencia para un Himalaya bajo presión

Más allá de la emergencia inmediata, la tragedia vuelve a poner en discusión la vulnerabilidad de las comunidades del Himalaya frente a los cambios que atraviesan los glaciares y las laderas de alta montaña. El colapso de masas de hielo puede desencadenar inundaciones repentinas con muy poco margen de reacción para las poblaciones ubicadas aguas abajo.

Por eso, la respuesta no se limita al rescate. La reconstrucción de rutas y puentes, la recuperación de los sistemas sanitarios y de alerta y el monitoreo de lagos y masas glaciares inestables serán determinantes para reducir el riesgo de nuevos episodios.

La catástrofe deja así una doble urgencia: rescatar a quienes todavía pueden ser encontrados y reconstruir la capacidad de prevención de las comunidades expuestas. En un territorio donde la geografía dificulta el acceso incluso en condiciones normales, la infraestructura de alerta temprana y las rutas de evacuación pasan a ser herramientas tan importantes como los equipos de emergencia desplegados después del desastre.

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El Senado busca aprobar 67 pliegos judiciales y cinco acuerdos internacionales

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El Senado de la Nación sesionará este jueves a las 11 para aprobar 67 pliegos de jueces y fiscales federales que ya obtuvieron dictamen en la Comisión de Acuerdos. La agenda, definida por la Comisión de Labor Parlamentaria, incorpora además cinco acuerdos internacionales que requieren aval legislativo para su entrada en vigencia.

El capítulo judicial concentra buena parte del peso político de la sesión. Entre los pliegos se encuentran los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña, uno de los tribunales con mayor incidencia sobre expedientes vinculados con corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado.

La eventual designación de ambos magistrados adquiere particular relevancia por el tipo de causas que podrían quedar bajo la órbita del tribunal. Entre ellas aparecen investigaciones de alto impacto político para el Gobierno nacional, como el expediente relacionado con la criptomoneda $LIBRA y la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En esta última investigación fue apartado de su cargo el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, mientras que el expediente también alcanza al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La Cámara Federal porteña podría tener intervención en distintas instancias de procesos de esta naturaleza.

El tribunal también podría recibir la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y que actualmente tramita ante el juzgado de Ariel Lijo. El magistrado le otorgó una prórroga de 15 días para que presente documentación destinada a justificar su patrimonio.

Bertuzzi y Yadarola ya atravesaron sus exposiciones ante la Comisión de Acuerdos sin mayores obstáculos. La instancia tuvo una particularidad política: los principales opositores del bloque Justicialista, conducido por José Mayans, no participaron de la audiencia, lo que redujo el nivel de cuestionamiento durante el tratamiento de las candidaturas.

El oficialismo negoció con aliados para garantizar la sesión

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tuvo un papel central en la construcción de los acuerdos necesarios para llevar adelante la sesión. El oficialismo consiguió respaldo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, aunque esas negociaciones también expusieron demandas para ampliar la agenda parlamentaria.

Los aliados plantearon incorporar proyectos con mayor impacto económico y social, pero esas iniciativas no formarán parte del temario de este jueves. Su tratamiento podría avanzar en las próximas semanas si consiguen los dictámenes correspondientes en las comisiones.

Entre los expedientes que ya comenzaron a discutirse aparecen dos iniciativas impulsadas por la salteña Flavia Royón y la misionera Sonia Rojas Decut sobre el marco regulatorio y los presupuestos mínimos de protección ambiental vinculados con el mercado voluntario de carbono.

También continúa el debate sobre la Ley de Biocombustibles. Un proyecto de la senadora tucumana Beatriz Ávila propone modificar los porcentajes obligatorios de biodiésel y bioetanol incorporados al gasoil y las naftas. La discusión involucra a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

El expediente reúne además iniciativas de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, los senadores de Provincias Unidas Alejandra Vigo y Carlos Espínola, Flavia Royón, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y el peronista Jorge Capitanich. Patricia Bullrich también presentó una propuesta sobre la materia.

El dato político relevante para Misiones es que los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut aparecen dentro de una discusión que puede impactar sobre una actividad vinculada con la matriz energética y productiva regional. Sin embargo, el proyecto todavía debe atravesar la instancia de comisiones antes de convertirse en parte de una sesión.

Mercosur, Ucrania y Chile, en la agenda internacional

La sesión también contempla la aprobación de cinco acuerdos internacionales. El tratamiento será fundamentado por el senador libertario Francisco Paoltroni, titular de la Comisión de Relaciones Internacionales.

Entre los instrumentos figura el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Su tratamiento conecta la agenda parlamentaria con uno de los principales desafíos comerciales del bloque regional: ampliar mercados y profundizar vínculos económicos fuera de sus socios tradicionales.

También se encuentra el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, junto con el Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado.

La agenda se completa con el Tratado sobre Traslado de Personas Sentenciadas con Ucrania y el Tratado de Extradición con Chile, que incorpora además disposiciones relativas a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica.

Así, la sesión combinará una definición de fuerte contenido institucional —la cobertura de 67 vacantes judiciales— con acuerdos internacionales que amplían el marco jurídico de cooperación y comercio de la Argentina. El resultado de la jornada también permitirá medir la capacidad del oficialismo para sostener acuerdos con sus aliados y, al mismo tiempo, anticipar qué proyectos económicos y productivos podrán ganar espacio en la agenda del Senado durante las próximas sesiones.

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Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Inocencia Fiscal y amplió el régimen para los contribuyentes

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La Cámara de Diputados volvió a darle una victoria parlamentaria al Gobierno de Javier Milei. Con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, aprobó y giró al Senado el proyecto de reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que amplía de manera sustancial el universo de contribuyentes habilitados para utilizar el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

La votación se produjo después de la media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y consolidó una nueva demostración de capacidad del oficialismo para construir mayorías con el PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. Unión por la Patria y la izquierda rechazaron la iniciativa, mientras que también hubo votos negativos de sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

El cambio central consiste en eliminar los límites que actualmente restringen el acceso al régimen. La normativa vigente establece un ingreso anual máximo de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. El proyecto aprobado por Diputados habilita a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en la Argentina a optar por la modalidad simplificada, sin topes de ingresos ni patrimonio.

El Gobierno sostiene que la modificación apunta a reducir la complejidad del sistema tributario y a generar mayores incentivos para que los ahorros que permanecen fuera del circuito formal ingresen al sistema financiero. En la argumentación oficial aparece como uno de los objetivos la incorporación de recursos que permanecen fuera del circuito declarado, en un contexto en el que la administración libertaria estima que existen unos US$170.000 millones fuera del sistema financiero.

Pero el alcance de la reforma excede la simplificación de una declaración jurada. El proyecto redefine las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede considerar que existe una “discrepancia significativa” y, a partir de allí, impugnar la declaración simplificada y avanzar sobre declaraciones de Ganancias e IVA de períodos no prescriptos.

La discrepancia significativa quedará configurada cuando la impugnación implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado, cuando la diferencia supere el monto establecido por el Régimen Penal Tributario o cuando existan facturas u otros documentos apócrifos o un cómputo improcedente de ingresos directos. A su vez, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el régimen penal por debajo del cual no se configurará esa discrepancia aun cuando se supere el porcentaje establecido.

El proyecto también introduce una ventana de regularización. Si el contribuyente presenta una declaración rectificativa dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la liquidación administrativa o de la determinación de oficio y cancela o regulariza el impuesto y los intereses correspondientes, la diferencia entre la declaración original y la rectificativa no será considerada para configurar una discrepancia significativa.

El punto político: los funcionarios quedaron fuera de los beneficios

Uno de los cambios incorporados durante el tratamiento parlamentario apunta directamente a los funcionarios públicos y responde al debate generado alrededor de la adhesión al régimen de Manuel Adorni, exjefe de Gabinete y actual legislador, quien fue mencionado durante la discusión por una causa de presunto enriquecimiento ilícito.

Los funcionarios podrán utilizar el sistema simplificado únicamente como canal operativo para presentar la declaración jurada y cancelar el saldo correspondiente. No podrán acceder a la presunción de exactitud, a la liberación de fiscalizaciones ni a los demás beneficios o inmunidades tributarias del régimen. Tampoco se aplicará para ellos el concepto de discrepancia significativa.

La exclusión alcanza a quienes ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en cualquiera de los tres poderes del Estado durante los cinco años anteriores a la adhesión y hacia adelante. Además, se mantiene el carácter de personas políticamente expuestas para los funcionarios y sus vínculos alcanzados por las normas de prevención correspondientes.

Para el oficialismo, esta modificación permite despejar la principal controversia política que había acompañado a la primera versión del régimen. Laura Rodríguez Machado, diputada de La Libertad Avanza y miembro informante del proyecto, sostuvo que la norma busca modificar una lógica de fiscalización que considera excesivamente sospechosa sobre quienes acumularon ahorros fuera del sistema formal durante períodos de alta inflación.

La oposición leyó el cambio de manera inversa. Desde Unión por la Patria se cuestionó que la eliminación de los topes permita que personas con una capacidad económica mucho mayor que la de los pequeños contribuyentes accedan al régimen. También se advirtió que la reducción de las facultades de fiscalización podría dificultar la detección de patrimonio no declarado, evasión y operaciones vinculadas al lavado de activos.

Martín Lousteau, de Provincias Unidas, planteó que detrás de la simplificación tributaria existe una reducción de la capacidad de ARCA para detectar evasores, mientras que otros bloques opositores calificaron el proyecto como una suerte de blanqueo encubierto. El oficialismo rechazó esa interpretación y sostuvo que la norma no elimina la posibilidad de investigar delitos ni establece una amnistía.

Un alivio adicional para las MicroPyMEs

El proyecto incorpora además un componente orientado al sector productivo. Las MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro tendrán una reducción automática del 25% en las multas formales, dentro de un esquema destinado a disminuir la presión punitiva e incentivar la regularización voluntaria.

El cambio adquiere relevancia para empresas que operan con estructuras administrativas pequeñas y enfrentan costos de cumplimiento tributario relativamente elevados. La lógica planteada por el oficialismo es que reducir las sanciones formales facilite el regreso a la formalidad y disminuya los incentivos para permanecer fuera del circuito tributario.

La discusión, sin embargo, expone una tensión estructural de la política fiscal. Simplificar el cumplimiento puede reducir costos y favorecer la formalización, pero al mismo tiempo una ampliación del régimen sin límites patrimoniales obliga a definir con mayor precisión dónde termina la protección del contribuyente cumplidor y dónde comienza el riesgo de debilitar las herramientas contra la evasión.

Ese será uno de los puntos centrales cuando el proyecto llegue al Senado. La iniciativa todavía no es ley: recibió media sanción en Diputados y deberá ser tratada por la Cámara alta.

La segunda victoria parlamentaria consecutiva del Gobierno, además, deja un dato político relevante. La administración de Milei logró reunir nuevamente una mayoría transversal alrededor de una reforma económica, pero lo hizo sobre un terreno en el que los aliados también introdujeron condiciones, particularmente respecto de los funcionarios públicos. La discusión que sigue en el Senado no será solamente tributaria: definirá hasta dónde puede avanzar la estrategia de simplificación y formalización de capitales sin reducir la capacidad del Estado para controlar el patrimonio y las operaciones de mayor riesgo.

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Diputados aprobó el Tratado de Patentes y lo devolvió al Senado tras 28 años

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La Cámara de Diputados aprobó con una amplia mayoría la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca simplificar y abaratar el proceso de registro de invenciones en distintos países. La iniciativa obtuvo 147 votos afirmativos y 93 negativos, pero no quedó convertida en ley: una modificación incorporada durante el tratamiento obliga a que vuelva al Senado, donde había recibido media sanción en 1998.

El recorrido parlamentario tiene una particularidad poco habitual. El proyecto permaneció 28 años en una situación excepcional y ahora vuelve a la Cámara de origen para revisar el cambio introducido por Diputados. La Argentina había firmado el tratado en 1970 y el Senado lo había aprobado en 1998, pero nunca completó el trámite de adhesión.

La modificación que impidió la sanción definitiva fue la incorporación de una reserva al Capítulo II del PCT, una decisión impulsada durante las negociaciones parlamentarias para preservar determinadas facultades nacionales vinculadas con la evaluación técnica de las solicitudes de patentes. El capítulo establece mecanismos de examen internacional que no resultan vinculantes para los Estados.

La reserva fue uno de los puntos centrales del acuerdo político que permitió reunir los votos. La industria farmacéutica nacional, representada por cámaras como CILFA y Cooperala, había advertido sobre el impacto que una adhesión plena podía generar sobre la producción local de medicamentos y la competencia con multinacionales.

Una reforma con impacto sobre innovación y medicamentos

El PCT reúne actualmente a 158 países y establece un procedimiento unificado para presentar solicitudes de patentes con intención de protección en distintos mercados. La adhesión permitiría que investigadores, universidades, empresas tecnológicas y emprendedores argentinos puedan iniciar desde el país un trámite que hoy requiere recurrir a procedimientos internacionales separados.

El argumento económico detrás de la adhesión es concreto: reducir tiempos, costos y carga administrativa para quienes buscan proteger una innovación fuera de la Argentina. El sistema no crea una “patente mundial” ni obliga automáticamente a los Estados a conceder una patente. La decisión final sobre la patentabilidad continúa dependiendo de la legislación y de las autoridades nacionales.

Para el Gobierno, ese mecanismo puede mejorar las condiciones de inserción de la innovación argentina en los mercados internacionales. Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza y miembro informante del proyecto, sostuvo que la incorporación al tratado permitiría que investigadores y empresas locales accedan a herramientas similares a las utilizadas por sus competidores internacionales.

El otro lado del debate está concentrado en el sector farmacéutico. Los laboratorios nacionales sostienen que una adhesión sin reservas podría facilitar el patentamiento de productos extranjeros y reducir el margen para la producción local de medicamentos genéricos. Ese efecto podría trasladarse a los costos del sistema sanitario si determinadas drogas quedan bajo protección de patentes y disminuye la competencia de fabricantes nacionales.

La reserva del Capítulo II funciona, en ese escenario, como una válvula de protección. Argentina se incorpora al sistema internacional de cooperación en materia de patentes, pero conserva herramientas específicas para evaluar localmente determinados requisitos técnicos.

El vínculo con Estados Unidos, detrás del debate político

La incorporación del PCT también tiene una dimensión geopolítica. La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino con Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial y de inversiones firmado en febrero.

El tratamiento parlamentario estuvo condicionado durante meses por las negociaciones comerciales con Washington. Aunque el dictamen estaba listo desde mayo, el oficialismo demoró el avance hasta que se conocieran definiciones de la administración de Donald Trump sobre su política arancelaria.

La aprobación llega después de que Estados Unidos estableciera para la Argentina un arancel de importación del 10%, la tasa mínima dentro del esquema aplicado a los socios comerciales de la región según los datos consignados en el proyecto.

Ese vínculo explica parte de la discusión política. Para el oficialismo, la adhesión representa una señal de integración internacional y modernización del sistema de propiedad intelectual. Para la oposición, en cambio, forma parte de una agenda de concesiones hacia Estados Unidos cuya contraprestación concreta todavía está en discusión.

Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, cuestionó precisamente ese punto. El ex canciller sostuvo que la aprobación del tratado debe analizarse dentro de la negociación bilateral y advirtió sobre el riesgo de avanzar en compromisos internacionales sin beneficios equivalentes para la Argentina.

La industria nacional consiguió una modificación clave

La trastienda parlamentaria muestra que el sector farmacéutico logró modificar el proyecto original. La reserva del Capítulo II permitió construir un punto de encuentro entre el objetivo oficial de incorporar a la Argentina al PCT y la preocupación de los laboratorios nacionales por preservar herramientas de evaluación y patentamiento.

Ese equilibrio tiene una consecuencia legislativa inmediata: el proyecto deberá regresar al Senado. No se trata de una nueva discusión desde cero, sino de una revisión de la modificación introducida por Diputados.

El episodio también muestra cómo la política de propiedad intelectual dejó de ser una discusión exclusivamente jurídica. En un país que busca aumentar exportaciones de servicios basados en conocimiento, desarrollar tecnología y atraer inversiones, la protección de las innovaciones es parte de la estrategia productiva. Pero en sectores como el farmacéutico, las reglas de patentamiento también determinan cuánto espacio queda para la producción local y cuál puede ser el costo de acceso a determinados tratamientos.

Ciencia, tecnología y la condición que falta

El debate dejó expuesta otra cuestión estructural: la eficacia de un sistema internacional de patentes depende de la capacidad del país para generar innovaciones que puedan ser patentadas.

Desde la oposición señalaron que la adhesión al PCT no garantiza por sí misma un salto tecnológico. Adriana Serquis, investigadora y diputada, sostuvo que los científicos argentinos ya cuentan con mecanismos para proteger sus desarrollos y cuestionó que la incorporación al tratado sea presentada como una condición indispensable para internacionalizar las patentes.

El punto plantea un desafío mayor para la política económica. La adhesión puede reducir barreras administrativas para quienes ya tienen capacidad de innovar, pero su impacto sobre la economía real dependerá de cuánto aumente la generación de conocimiento, cuántos desarrollos lleguen al mercado y qué capacidad tengan las empresas argentinas para escalar y exportar esos productos.

Por eso, la discusión que ahora vuelve al Senado no se agota en la aprobación de un tratado firmado hace más de medio siglo. Involucra el equilibrio entre integración internacional, protección de la industria nacional, acceso a medicamentos, propiedad intelectual y política científica.

Si el Senado acepta la modificación, la Argentina quedará en condiciones de completar finalmente su adhesión al PCT. El desafío posterior será transformar una herramienta de simplificación de patentes en una política efectiva de innovación, sin que la apertura internacional termine ampliando solamente las oportunidades de quienes ya dominan los mercados tecnológicos.

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El riesgo país se mantuvo al alza y ya escaló más de 20% en lo que va de agosto

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El riesgo país argentino volvió a anotar una nueva jornada con un aumento en su medición y, como consecuencia, llevó a que el alza promedio del mes sea superior al 20%.

Si bien el Gobierno anunció la creación del Programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario, en base a los fondos del ANSES, el optimismo no se desplazó hacia la rueda financiera y el indicador volvió a anotar una nueva suba.

En concreto, el índice que elabora el JP Morgan subió cinco unidades más (el equivalente a 1%) y cerró la jornada en los 517 puntos. A pocos días de que termine agosto, el riesgo país de Argentina ya lleva una escalada superior al 20%. Sin embargo, no alcanza para limpiar la caída que registra en lo que va del año (9,5%).

La tendencia bajista, que lo había puesto a un paso de perforar los 400 puntos, se revirtió a partir de un clima financiero global más hostil como consecuencia de la incertidumbre que generó la guerra en Medio Oriente, entre otros factores.

La nueva suba del indicador recae, en gran parte, por el flojo desempeño que vienen anotando los bonos soberanos, obteniendo caídas de hasta medio punto (AL29D), mientras que los incrementos son acotados y no superan el 0,3% (GD46D).

A pesar de eso, el Gobierno busca bajar la espuma y sostiene que el riesgo país, en el mandato de Javier Milei, es de 80 puntos básicos teniendo en cuenta el AO27

El bono que emitió ‘Toto’ (Luis Caputo) y que vence dentro del mandato de Milei tiene un riesgo país de 80 puntos básicos”, sostuvo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, durante su exposición en el Council de las Américas.

En cuanto al movimiento de las acciones argentinas en Wall Street, las mismas promediaron pérdidas en la rueda con Globant a la cabeza (-3,2%), seguida de Tenaris (-1,4%) y Cresud (-1%). Del lado de las ganancias estuvieron Central Puerto, con un avance de 1,5%, continuada por los papeles de Pampa Energía (1,2%) y BBVA (0,8%).

Dentro del ámbito local, el Merval avanzó 0,5% hasta los 3.024.971,01; medido en dólares cerró en US$ 1.886,67 (+0,3%). “Wall Street acompañó con una rueda positiva, impulsada por cierta distensión en los mercados de tasas y petróleo, y el rebote de las tecnológicas antes de la presentación de los resultados de Nvidia“, señaló el reporte matutino de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

La Bolsa porteña operó con disparidades y registró subas de hasta 5% (Transener), mientras que del otro lado las pérdidas alcanzaron el 2% impulsadas por Aluar.

En el mercado cambiario se conoció el nuevo precio del tipo de cambio mayorista, mediante el “efecto fixing“, para cancelar vencimientos de bonos por un monto equivalente a US$ 2.600 millones. Ese “fixing” -valor de un activo- quedó fijado por el precio del bono D31G6 (que representa vencimientos por US$2.595 millones).

Mientras el Banco Central sigue con intervenciones, la divisa mostró más espacio para avanzar otro salto en la cotización.

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