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Donald Trump: “Vamos a gobernar Venezuela”

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Donald Trump quiere presentar el relato bélico, captura de Nicolás Maduro y derrota del supuesto jefe narcoterrorista de Venezuela. 2026 es año electoral en USA y hay que agitar a los electores propios y a los independientes también. ¿Acaso él no presentó como éxito una falsa tregua en Gaza o un armisticio entre Rusia y Ucrania que en la realidad es una rendición de Kiev? Pero siempre habrá un Javier Milei dispuesto a creer en Papá Noel y los Reyes Magos.

“Vamos a gobernar Venezuela”, declaró en una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago.

“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo venezolano”, dijo Trump a la prensa en su club de Mar-a-Lago. “No vamos a permitir que eso suceda”.

Al declarar que Estados Unidos “gobernará” Venezuela, Trump provoca numerosas preguntas:

  • ¿Estados Unidos tendrá una fuerza militar de ocupación?
  • ¿Instalará un gobierno dócil durante varios años?
  • ¿Controlará los tribunales y determinará quién extrae el petróleo?
  • ¿USA se involucrará en una eventual guerra civil?

Trump habló extensamente sobre la posibilidad de llevar compañías petroleras estadounidenses para reconstruir la infraestructura energética del país y recuperar los derechos que alguna vez tuvo USA para explotar las reservas de petróleo.

Trump dijo que las compañías petroleras estadounidenses gastarán miles de millones de dólares en Venezuela para arreglar su infraestructura petrolera.

Cualquiera sabe que helicópteros volando a baja altura son un blanco sencillo de cualquier artillería, aún cuando sea ineficiente como la venezolana.

La detención y extradición de Nicolás Maduro es un relato de ficción similar al que hicieron los chavistas con la fuga de los opositores venezolanos de la Embajada argentina en Caracas.

La idea de que Diosdado Cabello pudo ocultarse y Nicolás Maduro no pudo resulta inverosímil.

Aún cuando Maduro ya es muy impopular es complicado iniciar una transición sin el oficialismo.

El chavismo es un fracaso: el PBI por habitante de Venezuela en 2025 es el mismo de 1945. 8 decadas perdidas. Pero los militares tienen el poder.

Conocer la verdadera historia es clave para evaluar lo que vendrá.

La detención de Maduro

El representante Carlos Giménez (republicano por Florida) se enteró de que Nicolás Maduro había sido capturado cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, lo llamó a las 04:27 a. m. para decirle: “Lo tenemos”, relató el legislador en una entrevista.

“Sabía de quién estaba hablando”, dijo Giménez, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien dijo que no tenía ningún conocimiento previo sobre la operación.

Giménez también afirmó, sin entrar en detalles, que Rubio afirmó que el líder venezolano estaba rodeado de agentes de seguridad cubanos y que “no les fue bien”.

El legislador afirmó que el presidente Trump tomó la decisión correcta al autorizar la captura de Maduro y que la acción envió una fuerte señal a otros regímenes, especialmente al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

“Estoy seguro de que Díaz-Canel ahora está reconsiderando su situación: ¿qué tan seguro está? No digo que estemos haciendo nada al respecto… Esto es una demostración de la capacidad y la habilidad de Estados Unidos, y cuando se tiene la voluntad de usarlas, se pueden obtener resultados realmente positivos”, dijo Giménez.

Él también especuló que Estados Unidos estaba negociando con los líderes restantes de Venezuela, “posiblemente la vicepresidente”, porque “creo que la principal preocupación en este momento es la seguridad, y no queremos una guerra civil dentro de Venezuela. Queremos que sea lo más pacífica posible”.

Republicanos

Algunos correligionarios republicanos del presidente Trump se han quejado de lo que consideran una Casa Blanca demasiado centrada en las intervenciones extranjeras en detrimento de los desafíos internos. Sin embargo, el partido se alineó en gran medida con él tras la operación para destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Un dictador malvado y narcoterrorista ha caído, creando un camino hacia la libertad para el maravilloso, altamente inteligente y trabajador pueblo de Venezuela”, dijo el senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) el 15 de marzo, un sentimiento compartido por otros legisladores republicanos, incluyendo críticos ocasionales como el representante centrista Don Bacon (republicano por Nebraska).

El senador republicano John Curtis de Utah adoptó un tono diferente, condenando al régimen de Maduro y al mismo tiempo pidiendo una sesión informativa del Congreso sobre la operación.

Muchos demócratas calificaron la medida tomada la noche anterior de ilegal y criticaron a Trump por eludir al Congreso en lo que consideraron un acto de guerra. El representante Greg Casar (demócrata por Texas) exigió una votación inmediata sobre una resolución sobre poderes de guerra para detener nuevas acciones. “Trump no tiene derecho a llevarnos a una guerra con Venezuela. Esto es imprudente e ilegal”, declaró.

La representante Jasmine Crockett (demócrata por Texas) agregó: “Trump prometió que no habría ‘nuevas guerras estúpidas’, pero está iniciando una con Venezuela sin la aprobación del Congreso”.

La representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien representa un distrito al norte de Miami, dijo que la destitución de Maduro fue una “buena noticia para mis amigos y vecinos” que huyeron de su gobierno. “Sin embargo, cortarle la cabeza a una serpiente es inútil si simplemente vuelve a crecer”, dijo.

Imprecisiones de Trump

Al justificar la operación militar en Venezuela, Trump argumentó que Maduro envió miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos para aterrorizar a las comunidades estadounidenses. A principios de este año, la propia agencia de inteligencia de Trump desmintió esa afirmación, al concluir que la banda no estaba controlada por el gobierno venezolano.

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Uruguay: buscan restos de desaparecidos durante la dictadura en comando de la Armada

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Un grupo de antropólogos inició pesquisas primarias en la sede del comando de la Armada de Uruguay, en la búsqueda de un posible lugar de entierro de desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), confirmó hoy la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

“Recibimos información lo suficientemente coherente como para venir a ver”, dijo el director de la INDDHH, Wilder Tayler, tras recorrer la zona señalada como un posible cementerio clandestino en el edificio ubicado en el puerto de Montevideo.

Tayler indicó a periodistas que “estas informaciones llegaron a través de un contacto político” y “se pudo hablar con testigos”. En tanto, la justicia dispuso desde el martes una medida cautelar para preservar esa zona.

“Quisiera no subir mucho las expectativas en esta materia. Hay familiares que nos están observando y no se merecen que hagamos nada sin ellos”, sostuvo Tayler.

Precisó que el trabajo de los antropólogos “va a durar hoy y algunos días más”, aunque todavía “no estamos en excavación”.

En septiembre pasado se identificaron los restos del octavo detenido-desaparecido encontrado en un predio militar uruguayo, que habían sido hallados en julio.

El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, ratificó el compromiso del Gobierno del presidente Yamandú Orsi, quien asumió en marzo pasado, en la búsqueda de los desaparecidos tras conocerse las primeras informaciones sobre las pesquisas en la Armada.

“Es una obligación del Estado, y este Gobierno está dispuesto a cumplir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Díaz.

Según la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, durante la dictadura hubo 197 desaparecidos a manos de la represión y hasta el momento solo se han identificado en el país seis cuerpos.

La justicia uruguaya ha procesado a una veintena de militares y policías por la represión ilegal, entre ellos dos exdictadores, por delitos de “desaparición forzada”.  

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Ordenan citar a declaración indagatoria a Mario Firmenich, ex líder de Montoneros

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Así lo decidió la Cámara Federal porteña que pidió citar a otros imputados al revocar sobreseimientos en la causa que investiga el atentado al comedor de la Policía Federal en 1976.

La Cámara Federal porteña ordenó hoy citar a declaración indagatoria al ex líder de Montoneros Mario Firmenich y otros imputados al revocar sobreseimientos en la causa que investiga el atentado al comedor de la Policía Federal en 1976 y disponer la reapertura de esa investigación.

La decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens quienes dispusieron “revocar los sobreseimientos de Mario Eduardo Firmenich, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares” con miras a su eventual convocatoria a declaración indagatoria, según la resolución a la que tuvo acceso  la  Agencia Noticias Argentinas.

También se resolvió tener como querellante a la “Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica” y a Eduardo Kalinec y Alicia de León Practicar, en orden a la continuidad.

El Tribunal de Apelaciones ordenó a la  jueza que tiene la causa, María Servini, practicar todas las medidas de prueba que, pese al tiempo transcurrido, permitan dilucidar lo que aconteció el 2 de julio de 1976 y establecer quiénes fueron sus responsables”.

“Ya sea que tuvieran intervención directa en el hecho o indirecta dentro de la estructura de mando de la propia organización que ideó, planeó y autorizó el accionar ilícito”, detallaron y le indicaron “convocar inmediatamente a prestar declaración testimonial a quienes resulten víctimas en este proceso”.

En cuanto a Firmenich, “considerando la pública y notoria posición de mando de Mario Eduardo Firmenich dentro de la agrupación que explícitamente se atribuyera la autoría del atentado, prever su citación en los términos del art. 294 del CPPN”, es decir como acusado a indagatoria.

Los jueces explicaron que “no es necesario abundar en aclaraciones sobre el hecho de que la brutal y trágica violación de los derechos humanos perpetrada por la dictadura que asumió el poder en marzo de 1976 no constituye un obstáculo para la reapertura de la presente causa, ni exime de responsabilidad a los autores del grave hecho que debe ser investigado”.

“Consideramos que, a pesar del tiempo transcurrido, aún es posible avanzar en la investigación en el presente para esclarecer las responsabilidades en este suceso y poner fin al estado de incertidumbre que afecta a las víctimas y sus familiares”, advirtieron.

“El viernes 2 de julio de 1976 el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía era el centro de congregación de decenas de personas. Policías y civiles, hombres y mujeres, altos jefes o simples empleados se encontraban en la planta baja del edificio de calle Moreno 1417 -en el horario del almuerzo, a las 13 horas 20 minutos- cuando se produjo la trágica detonación de una maleta con material explosivo”, recordaron sobre lo sucedido.

“Casi dos docenas de personas murieron y más de 100 resultaron con heridas de diferente gravedad. Inmediatamente la organización Montoneros se adjudicó la autoría del grave hecho que causó un alto impacto en la sociedad”, agregaron.

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Memoria, verdad, justicia y, ¿libertad?

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Llega un nuevo 24 de marzo, aunque esta vez en condiciones que quizás no se presentaron previamente. El negacionismo y los discursos de odio se escaparon de Twitter para instalarse en el poder. 

Penosamente, un 24 de marzo, pero de 1976 se abría uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina. La Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla decide ejecutar un golpe de Estado, despojando a nuestro país del modelo democrático. La historia es conocida. Represión, detenciones ilegales, torturas y desapariciones. El número de 30 mil desaparecidos que se transforma en bandera con el correr de los años posteriores a la dictadura, que gobernó hasta 1983. 

Hoy, en pleno 2024, es difícil pensar en Memoria, Verdad y Justicia. El poder político de turno tiene como principio partidario e ideológico, al negacionismo del proceso represivo de la última dictadura cívico – militar. Algunos personajes que hoy están en el poder, consideran que no hubo un gobierno que aplicó el terrorismo de Estado, sino que se trató de una guerra que sirvió para barrer con el “terrorismo” de izquierda. Interpretación peligrosa si las hay.

Además del dato duro histórico, el cual existe, también hay que decir que la propagación de teorías negacionistas tienen un efecto potencialmente negativo en la sociedad. La ecuación es simple: si la gente naturaliza que los militares no desaparecieron gente, facultan a la aceptación generalizada de nuevos regímenes con un uso ilegítimo de la fuerza. Este fenómeno es nada más y nada menos que la manipulación de la historia con fines políticos. Es algo que ha existido desde la propia creación de los relatos y la tradición oral. Es el historiador quien debe saber discernir y trasladar esos debates a la ciudadanía. 

Pareciera haber un correlato entre los movimientos negacionistas a nivel mundial y la necesidad de la aplicación de la fuerza contra grupos disidentes. No por nada se ven neonazis en Estados Unidos y Alemania, pese a que en el último país hay una pena de cárcel para aquellos que hagan apología al fascismo, por ejemplo. Ese correlato es poder puro, al servicio del conservadurismo. Replicar esos modelos es entregarle en bandeja un país, con facultades de golpear y asesinar a quien piense distinto. 

¿Por qué se duda del número de desaparecidos? 

Básicamente por informes de la CONADEP, donde hallaron una cifra cercana a 8 mil personas, más no 30 mil, como generalmente se expone. Eso refuerza la idea negacionista de que se trató de una guerra y no un proto genocidio. Lo que sucede, en términos históricos, con las cifras es que hay un consenso para poder entender la magnitud de las acciones del hombre en el tiempo. Que el número sea mas o menos, es una cuestión minuciosa que no explica lo que fue un proceso dictatorial como en este caso. Si una persona desapareció o fueron más de 30 mil inclusive, el proceso es el mismo, lo que se cuestiones severamente es la utilización del terrorismo de Estado como un mecanismo de gobierno. Esa es la gravedad del asunto que no se debate o que al menos los negacionistas no quieren discutir. Asimismo, despejando toda duda, Estados Unidos desclasificó un archivo donde explícitamente hablan de 22 mil desaparecidos solo hasta el año 1978. 

Documento de la DINA que co… by ambito.com

Justamente fue Videla quien se encargó de definir a los desaparecidos: “no están muertos ni vivos, están desaparecidos”. Sumado a la clandestinidad, hace que los relatos y las historias de vida sean las fuentes que sirvan para intentar reconstruir la historia lo más fidedigna posible.

¿Hubo enfrentamiento con facciones armadas de izquierda?

 Desde el vamos, la década de los 70’s fue muy convulsionada, en donde envalentonados por los experimentos socialistas revolucionarios en Cuba y Nicaragua, agrupaciones como ERP y Montoneros ampliaron sus operaciones, llevando a combates encarnizado contras las fuerzas, mientras Perón se encontraba en el exilio. Justamente, cuando Juan Domingo arriba a Argentina para su tercer mandato en 1973, hasta su muerte al año siguiente, su objetivo de gobierno distaba mucho de tomar las armas para combatir a la “derecha”, de hecho, Perón echó a los montoneros de su acto de retorno al país, mientras existía la nefasta actuación de la triple A (Alianza Anticomunista Argentina), provocando escenas desgarradoras, como por ejemplo la incógnita del atentado Irrazábal y Ayrault (gobernador y vicegobernador de Misiones) en Puerto Península en 1973. Su muerte, hasta el día de hoy tiene como hipótesis al accionar de la triple A.

Fue un momento de máxima dificultad en el país, aunque hablar de guerra es desmesurado. Una guerra tiene dos facciones con potencial acorde a sus pretensiones. En los 70’s fue un enfrentamiento entre el ejército y agrupaciones armadas de izquierda que decantó en una lamentable dictadura. Nada puede respaldar el grosero accionar de la Junta Militar para imponer semejante régimen autoritario. Además de las consecuencias sociales, fue la puerta para el experimento neoliberal de Martínez de Hoz y el agravamiento económico nacional, la fuga de cerebros y talentos y el lanzamiento hacia una guerra que fue perdida desde el vamos, sin el aprovisionamiento correcto y sin el respaldo de las potencias dominantes. Malvinas fue el único conflicto armado donde ni Estados Unidos ni la Unión Soviética apoyó a un país, también por reticencia de los militares a cargo de Argentina. 

¿A dónde está la libertad?

Palabra denostada si las hay, pero de algo hay seguridad: entre 1976 y 1983 no existió tal libertad. La censura y la falta de expresión libre fueron moneda corriente. La unicidad de pensamiento era el leitmotiv del Proceso de Reorganización Nacional. Periodistas, científicos, docentes y artistas fueron perseguidos y hasta desaparecidos por pensar distinto. Básicamente, ni siquiera un análisis lógico u objetivo tenía lugar, sin la aprobación de los lugartenientes de turno. De esto hay sobradas pruebas, y me lleva a otra incógnita: ¿cómo se puede hablar de libertad si se apoya una dictadura? Situación símil a la decadente Cuba en manos de Díaz Canel, por solo tomar un ejemplo. La defensa de la libertad es algo filosófico y hasta espiritual. Los discursos mesiánicos de la libertad que hoy en día se pregonan son simples consignas para enmascarar proyectos económicos en beneficios de algunos. ¿Es libertad económica? Si, pero a costo de la libertad social. 

La libertad nunca es total, sin embargo, este 24 de marzo es para comprender que no se puede expropiar esta palabra del pueblo. Sé libre, cuestiona, criticá, fundamentá y discutí, pero jamás dejes que este concepto simbolice algo perverso.

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Fueron 30 mil desaparecidos: los archivos de inteligencia de Estados Unidos sobre la caída de la Junta Militar

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(Por Laura Pomilio) La nueva colección “Democracia 1983” del Proyecto Desclasificados echa luz, a través del análisis de documentos de organismos de inteligencia estadounidenses, sobre la evaluación que hicieron del proceso de transición democrática en Argentina, las acciones que marcaron la salida del poder de la Junta Militar y las perspectivas sobre los primeros pasos del gobierno de Raúl Alfonsín, a 40 años de los comicios que permitieron el retorno democrático en el país.

Los 129 documentos seleccionados se centran en el proceso político de los años 1982 y 1983, y dan cuenta de las comunicaciones diplomáticas, políticas y de inteligencia desclasificadas, principalmente del Departamento de Estado y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en torno al “contexto de incertidumbre” que transitó Argentina hacia el proceso electoral que culminaría el 30 de octubre de 1983.

El Proyecto Desclasificados es impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta- y la nueva colección disponible se encuentra en la web desclasificados.org.ar.

Varios de esos documentos le dan centralidad a la gesta y posterior difusión en abril de 1983 del “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”, la proclama política del discurso oficial militar que intentó justificar el accionar represivo a través de la noción de “guerra” en la que se “habían visto obligados a defender a la nación”.

Al respecto, un cable del Departamento de Estado fechado en febrero de 1983 -dos meses antes de la difusión del Documento Final- hizo referencia a la iniciativa de la Junta que intentó resolver uno de los problemas “más explosivos” del retorno de la democracia: las desapariciones.

“La iniciativa de la Junta tiene por objeto solucionar uno de los problemas más explosivos en la planificación argentina del regreso a la democracia. Lo que está en cuestión es el destino de hasta 30 mil personas que desaparecieron durante la campaña antiguerrilla”, expresó textualmente el documento.

También sostuvo que -según fuentes militares- la propuesta de documento “sería más una explicación de cómo y por qué se había realizado la campaña antiguerrilla” y no “una explicación detallada” de lo que pasó con “las personas oficialmente listadas como desaparecidas por los grupos de derechos humanos”.

En este mismo documento, al igual que en otros de la colección, se hizo referencia a otro hito de ese año que sería la promulgación el 22 de septiembre de la Ley 22924 de Autoamnistía (o de Pacificación Nacional), un elemento de defensa jurídica clave para el intento de salida del poder con impunidad de una Junta Militar ya seriamente debilitada además por una profunda crisis económica.

“Grupos de derechos humanos ya se han opuesto a los indultos diciendo que las Fuerzas Armadas carecen de autoridad moral para absolverse de responsabilidad por los actos que cometieron”, refirió al respecto y con seis meses de anticipación a la promulgación de la ley el documento desclasificado.

Según explicaron a esta agencia miembros del equipo interdisciplinario que trabaja desde 2019 en el Proyecto Desclasificados son numerosos los documentos que dan cuenta de las discusiones internas entre las fuerzas así como de “las reacciones adversas de los organismos, referentes políticos, religiosos y sociales”.

Otro documento del Departamento de Estado fechado el 3 de mayo de 1983 relevó las reacciones mayoritariamente negativas a nivel nacional e internacional luego de la difusión del Documento Final y anticipó la autoamnistía con miras a las elecciones de octubre.

“La abrumadora reacción negativa al informe de la junta, tanto en Argentina como en el extranjero, asegura que la cuestión de las personas desaparecidas y la responsabilidad por posibles crímenes seguirá siendo explosiva durante algún tiempo”, auguró el archivo desclasificado y afirmó que la inminente promulgación de la Ley de Autoamnistía “sólo aumentará la controversia actual”.

“(Jorge Rafael) Videla admitió que las Fuerzas Armadas habían cometido errores ‘que casi excedieron los límites éticos’. Videla afirmó también que la lucha contra el terrorismo de izquierda no podría haberse abordado de forma distinta a la adoptada”, informó aquel documento sobre los dichos de uno de los máximos responsables del terrorismo de estado.

Un documento de la CIA del 3 de septiembre de ese mismo año describió las crecientes tensiones internas entre las Fuerzas Armadas y con sectores de la Policía por denuncias en curso, y señaló la presión explícita de oficiales de la Armada para la sanción de la Ley de Autoamnistía.

“Los oficiales de la Marina comenzaron a hacer lobby para la aprobación inmediata de la Ley de Autoamnistía”, detalló el cable de la CIA y adujo que la “actitud de los oficiales” de la Armada se encontraba fundada en “los procedimientos judiciales civiles contra el Almirante retirado Emilio Massera” y por el “involucramiento de la Escuela Mecánica de la Armada en la campaña antisubversiva de los años 70′”.

También el documento comunicó que miembros del Ejército y la marina se estaban “molestando mucho como resultado de varios escándalos y casos judiciales que implican a miembros de alto rango de sus servicios”.

“Los doscientos oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que actualmente enfrentan cargos por excesos cometidos durante la campaña antisubversiva han amenazado con contactar a los periodistas e implicar a otros miembros del personal de las Fuerzas Armadas en estos incidentes”, detalló el documento desclasificado.

Además indicó que “policías federales y provinciales que fueron llamados a declarar en relación con acciones legales iniciadas por familiares de personas desaparecidas” estaban “presionando al Ejército para que los proteja”, dado que “actuaron bajo su control operativo” durante el terrorismo de Estado.

“Lo primero que surge del análisis de estos archivos es lo que nosotros después -con la historia a nuestro favor- sabemos sobre ese quiebre definitivo de la legitimidad de la Junta Militar, que está presente en los documentos que son contemporáneos al tiempo histórico y dan cuenta de un contexto de mucha incertidumbre”, dijo a Télam Federico Ghelfi, coordinador del Área de Investigación del CELS e integrante del Proyecto Desclasificados.

Y remarcó: “Se efectúan lecturas a través del monitoreo de los agentes de inteligencia y diplomáticos, de cómo se desarrollaría finalmente todo el proceso e inclusive si el gobierno de (Raúl) Alfonsín tendría el poder político suficiente para llevar a cabo las propuestas de campaña vinculadas fuertemente a los derechos humanos”.

Una vez efectuados los comicios del 30 de octubre de 1983 que ungieron como presidente al candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), y tras su asunción el 10 de diciembre, el Congreso derogó antes de fin de año la Ley de Autoamnistía.

Otro de los documentos, en este caso del Directorio de Inteligencia de la CIA, fechado en diciembre de 1983, efectuó un análisis del contexto complejo de la asunción de Alfonsín, delineó los principales desafíos y perspectivas del nuevo gobierno e inclusive esbozó una serie de escenarios futuros posibles.

“La sorprendente victoria electoral del presidente Alfonsín sobre los peronistas, combinada con su voluntad de llegar a acuerdos y el desorden dentro del ámbito militar, debería darle al menos seis meses de gracia para introducir reformas”, vaticinó el informe estadounidense.

Asimismo, la agencia de inteligencia argumentó que Alfonsín tenía “ventaja sobre los militares que dejan el cargo después de siete años de fracaso económico, violaciones masivas de derechos humanos y la amarga derrota de las Malvinas el año pasado”.

Además pronosticaron que “para impedir la intervención militar en política” era “probable” que el presidente radical hiciera “concesiones en dos cuestiones críticas para los militares, derechos humanos y corrupción, dejándolos en manos de los tribunales para investigar y decidir”.

Sobre la propia figura de Alfonsín, el directorio de la CIA sostuvo que “el nuevo presidente de 56 años” había “demostrado coraje y paciencia” para “perseguir un compromiso de por vida con los ideales democráticos, los derechos humanos y la justicia social” y que su “reputación le permitió postularse como un hombre decente y honesto que ofrecía una genuina alternativa al peronismo”.

“Sobre la base de su trayectoria, creemos que Alfonsín tiene la capacidad y el temperamento para moderar su retórica de campaña, adaptarse a las realidades políticas y, en la medida que pueda, caminar sobre la cuerda floja siendo fiel a sus principios mientras trabaja para unir las fuerzas dispares que componen la sociedad argentina”, se sostuvo en el informe.

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