A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Misiones volvió a convertir la memoria en una acción política concreta. En Posadas, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos marcharon este martes 24 por antiguos centros de detención y edificios de fuerzas de seguridad hasta cerrar en la plaza 9 de Julio con un acto abierto. En Oberá, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia reunió a funcionarios municipales, autoridades universitarias, víctimas, familiares y vecinos en la Casa del Bicentenario, donde además quedó plasmada una señal institucional con la colocación de imágenes y una placa conmemorativa. La fecha no solo volvió a activar el recuerdo del terrorismo de Estado: también mostró que la disputa por el sentido de la memoria sigue viva y se proyecta sobre el presente político.
No fue una conmemoración protocolar. En Posadas, la movilización avanzó sobre una geografía cargada de significado: Jefatura de Policía, Policía Federal, la antigua Cárcel de Posadas, la sede de Inteligencia del Ejército, Gendarmería Nacional y la sede administrativa del Ejército. El recorrido tuvo una lógica clara: reconstruir físicamente el mapa de la represión en la provincia y volverlo visible en el espacio público. Allí apareció la dimensión política más nítida del 24 de marzo de este año: la memoria ya no se expresó solo como homenaje, sino como intervención sobre una discusión abierta acerca de los derechos humanos, el negacionismo y los límites de la democracia.
Una marcha con lectura territorial y una memoria anclada en los hechos
La movilización en la capital misionera comenzó en la intersección de avenida Mitre y Buenos Aires. Desde allí partió la columna principal con organizaciones sociales, referentes, familiares de desaparecidos y exdetenidos. El esquema de la jornada no fue casual. Cada parada funcionó como una estación de memoria y, al mismo tiempo, como una forma de inscribir en el presente institucional una historia que durante años intentó ser borrada o minimizada.
La referente María Villanueva explicó que la marcha se detendría en cada centro de detención para recordar lo ocurrido durante la dictadura en la provincia. Esa decisión ordenó políticamente la jornada: no se trató solo de una marcha de consignas, sino de una reconstrucción del circuito represivo local. En una provincia donde el peso de la historia reciente no siempre ocupa el centro del debate público, la movilización buscó volver tangible esa trama.
En el acto final, además de la lectura de un documento, se dejó abierto el micrófono para que militantes de distintas agrupaciones tomaran la palabra. Ese gesto también habló del momento: la memoria apareció como un campo plural, atravesado por voces diversas, pero articulado por un mismo reclamo de verdad y justicia.
Testimonios que corren la discusión del plano simbólico al terreno de la experiencia
Uno de los núcleos más potentes de la jornada estuvo en los testimonios de sobrevivientes. María José Estévez se definió como una víctima directa, pero amplió de inmediato el alcance de esa marca: “mis hijas, mis padres, mis hermanos… no hubo nadie en la sociedad argentina que no haya sido alcanzado”. La frase, más que una evocación personal, reubicó el debate en una dimensión colectiva. La dictadura no aparece allí como un episodio cerrado sobre un grupo específico, sino como una herida de alcance social.
Su relato sobre la detención, el traslado por distintas provincias, el juicio militar y la condena de 22 años aportó algo que ninguna consigna puede reemplazar: espesor humano. También cuando habló de la salida, de las hijas pequeñas y de la dificultad de recomponer la vida. En esa secuencia, la memoria dejó de ser una categoría abstracta para volver a ser experiencia concreta, daño persistente y demanda de justicia todavía inconclusa.
También en Oberá, los testimonios ocuparon el centro. Juan Carlos Berent, ex preso político, relató las torturas sufridas tras ser secuestrado por integrar el Movimiento Agrario Misionero. Norma Yanzat, ex presa política, advirtió sobre los discursos que relativizan o reivindican la dictadura. No fueron intervenciones laterales: fueron el núcleo del acto. Y eso también marca una decisión institucional y política sobre cómo contar la historia a nuevas generaciones.
Oberá mostró otra dimensión: la institucionalización de la memoria
Mientras Posadas puso el cuerpo en la calle, Oberá exhibió otro movimiento relevante: la articulación entre municipio, Concejo Deliberante y facultades de la Universidad Nacional de Misiones para sostener una agenda de memoria con respaldo institucional. El acto debió trasladarse por el mal tiempo desde la plaza de la Memoria a la Casa del Bicentenario, pero eso no debilitó su peso político.
El intendente Pablo Hassan abrió la actividad subrayando el valor del “relato vivo”, especialmente para quienes no atravesaron el período entre 1976 y 1983. El dato no es menor. En un contexto donde la transmisión generacional de la memoria aparece como una tarea cada vez más decisiva, la escena de funcionarios municipales compartiendo espacio con víctimas, familiares, autoridades universitarias y vecinos mostró una convergencia institucional que buscó evitar que el 24 de marzo quede reducido a una efeméride.
La colocación de cuatro imágenes ilustrativas de víctimas de la dictadura y de una placa por los 50 años refuerza ese sentido. No es solo una marca conmemorativa. Es una toma de posición del Estado local, del Concejo y de la universidad sobre qué debe permanecer visible en el espacio público.
Memoria, derechos humanos y presente político
La conmemoración de este año tuvo una singularidad: no solo recordó el pasado, también dejó ver que la memoria se discute en tiempo presente. En Posadas, durante las intervenciones públicas, aparecieron referencias críticas al Gobierno nacional, al negacionismo y a reformas que, según algunos participantes, abren tensiones sobre libertades, organización social y derechos. Esos posicionamientos formaron parte del acto y le dieron a la jornada una densidad política que excedió la recordación histórica.
Sin embargo, el dato más consistente no estuvo en la confrontación discursiva, sino en la capacidad de las organizaciones y de parte de las instituciones de sostener una agenda activa de derechos humanos a medio siglo del golpe. En Posadas, esa fuerza se expresó en la calle. En Oberá, en una alianza entre Estado local, universidad y sociedad civil. En ambos casos, la memoria operó como un terreno de construcción política antes que como un ejercicio de nostalgia.
Qué deja la jornada y qué habrá que mirar
La marcha de Posadas y el acto de Oberá mostraron que, a 50 años del golpe, la memoria sigue siendo un eje de movilización y una herramienta de legitimidad pública. Fortalece a los organismos de derechos humanos, a los familiares, a los sobrevivientes y a los espacios políticos y sociales que sostienen esa agenda. También interpela a las instituciones locales, que definen si acompañan, si se repliegan o si dejan vacante ese terreno.
Lo que habrá que observar en las próximas semanas es si esta potencia conmemorativa se traduce en nuevas acciones públicas, en políticas locales de señalización y memoria, o en una agenda más sostenida de articulación entre municipios, universidad y organizaciones. También quedará abierto otro punto: cómo seguirá procesándose, en el plano político y social, la disputa entre memoria histórica, negacionismo y defensa de los derechos humanos.
A medio siglo del golpe, Misiones dejó una escena nítida. La memoria no quedó encerrada en el pasado. Volvió a ocupar las calles, los edificios, las plazas y la palabra pública. Y, justamente por eso, sigue siendo una discusión del presente.
El Gobierno difundió un polémico video alusivo al 50mo. aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa: Las víctimas que quisieron esconder”, con el que vuelve a la carga con la postura oficial de equiparar la violencia cometida desde el Estado con la de las organizaciones guerrilleras de los años ‘70.
El video, del que se emitió anoche un adelanto en redes sociales, muestra los testimonios de una “nieta recuperada” que fue apropiada por un policía condenado por delitos de lesa humanidad, y del hijo de un coronel del ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias.
A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR
El video afirma que “en el año 2003 el Gobierno Nacional Argentino lanzó una campaña política empleando cuantiosos recursos públicos” con una “visión sesgada y revanchista” que “en lugar de sanar las disputas del pasado solo las exacerbó”, según el relato en off de las imágenes.
“Este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página dándole visibilidad a la historia completa” afirma el trabajo fílmico, en el que se asevera que “cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”
Además, califica las políticas de en materia de Derechos Humanos como un “fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos”.
“Este Gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años”, agrega.
El video muestra el testimonio de Miriam Fernández, hija de los desaparecidos Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, vistos por última vez en mayo de 1977, quien mantiene el apellido del policía que la anotó como hija propia, Armando Fernández, lo que la llevó a un litigio judicial con Abuelas de Plaza de Mayo.
La mujer es la nieta recuperada 127, según la numeración que siguen las Abuelas, y en el video afirma que vivió su historia “como hija de militares y como hija de desaparecidos” por lo que sostiene: “si yo puedo mirar para adelante y conciliar una historia completa por qué no lo puede hacer la Argentina”.
“Dejemos el pasado en paz, porque a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie, y el dolor que yo viví con mi familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie”, afirmó y describió que Fernández “es mi papá, le guste a quien le guste, sin negar que también tengo mis papás biológicos”.
De igual modo el video recoge el testimonio de Raúl Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo en 1974, cuando se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.
Larrabure describe que su padre estuvo detenido “en condiciones infrahumanas” en lugares definidos por sus captores como “cárceles del pueblo” con “un camastro y un baño portátil”, donde sufrió “simulacros de fusilamiento y torturas”, en lo que fue “el secuestro más largo de la historia argentina, con 372 días”.
“Queremos que la verdad completa se imponga y que los chicos puedan discernir qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque nosotros somos testigos de esa época”, añadió.
Larrabure, que al igual que Miriam Fernández dio su testimonio en una nota realizada ene el Salón Blanco de la Casa Rosada, sostuvo que durante los años en los que se llevaron adelante los juicios por delitos de lesa humanidad se vivió “una historia falaz”.
por Alejandro Miravet. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no es solo una fecha en el calendario, sino una tríada conceptual que sostiene el andamiaje democrático de la Argentina actual. El título de la conmemoración condensa un compromiso ético irrenunciable: la Memoria para no repetir los errores del pasado, la Verdad como base de la reparación histórica y la Justicia como el único camino posible para la resolución de conflictos institucionales. A 50 años del golpe de Estado de 1976, esta denominación oficial funciona como un recordatorio permanente de que la estabilidad del país depende de la integridad de estos tres pilares.
Desde la perspectiva de MRVT Consultora, el nombre de la efeméride resuena hoy con una vigencia renovada. Mientras que el 60% de los ciudadanos asocia directamente estos valores con la garantía de un “Nunca más” al quiebre democrático, el título también señala una deuda pendiente en la percepción social. Al hablar de Memoria, Verdad y Justicia, se convoca a un ejercicio activo que, según los datos recogidos, demanda mayor profundidad pedagógica y una integración real de estos principios en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.
1. Nivel de conocimiento sobre la efeméride
Pregunta: ¿Sabe qué se conmemora el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia?
SÍ: 90,7%
NO: 9,3%
Análisis MRVT: El desconocimiento es 100% generacional. Quienes manifestaron no saber qué se conmemora pertenecen exclusivamente al rango de 16 a 34 años, evidenciando un déficit en la transmisión educativa básica en los sectores más jóvenes.
2. Valoración de la fecha
Pregunta: ¿Qué importancia le asignas a la conmemoración de esta fecha? Muy importante: 60%
Importante: 11%
Poco importante: 18,5%
Nada importante: 10,5%
Análisis MRVT: El compromiso con la fecha crece con la edad. Mientras que en los mayores de 35 años la valoración positiva supera el 71%, en el segmento joven la importancia cae drásticamente, coincidiendo con su menor tasa de respuesta al estudio.
3. Canales de información y participación
Pregunta: ¿A través de qué medios participas o te informas sobre esta temática? Redes sociales y medios digitales: 45%
Actos públicos o marchas: 25,5%
Contenidos educativos: 20%
Programas de TV o radio: 9,5%
Análisis MRVT: Existe una “Paradoja Digital”. Los jóvenes encuestados se informan en un 80% por redes, pero presentan el menor nivel de conocimiento fáctico. La digitalización no garantiza profundidad informativa.
4. Propósito de la Memoria
Pregunta: ¿Cuál es el objetivo principal de mantener viva la memoria?
Garantizar el “Nunca más” al quiebre democrático: 60%
Homenajear a las víctimas y familiares: 19,5%
Promover el debate histórico y la educación: 15,5%
Continuar con los procesos de justicia: 5%
Análisis MRVT: El 60% coincide en que el fin último de la memoria es blindar el orden democrático ante posibles crisis institucionales, posicionándola como una herramienta de estabilidad para el presente.
5. Evaluación del Sistema Educativo
Pregunta: ¿Cómo calificas el abordaje de esta fecha en las escuelas?
Falta profundidad pedagógica: 35%
Está demasiado politizado: 32%
Adecuado y suficiente: 18%
Faltan visiones diversas: 15%
Análisis MRVT: Hay un fuerte reclamo de calidad y neutralidad. Un 67% de la muestra total cuestiona la forma en que el Estado y las escuelas transmiten esta historia en la actualidad.
6. Vigencia de los Derechos Humanos
Pregunta: ¿Consideras que los valores de DD.HH. están plenamente integrados en la sociedad hoy?
Parcialmente, aún falta camino por recorrer: 65%
No, se han debilitado con el tiempo: 20%
Sí, totalmente: 15%
Análisis MRVT: El 85% de los encuestados no percibe una integración plena de los Derechos Humanos hoy. Para la mayoría, es un desafío pendiente que requiere acción real y vigente.
Para la elaboración de este informe de MRVT Consultora, se optó por una metodología de recolección de datos primaria mediante la plataforma Google Forms, lo que permitió un despliegue ágil y una llegada directa a los dispositivos de los participantes. El proceso se estructuró bajo una lógica de muestreo dirigido, enviando el formulario a un universo controlado de 150 contactos seleccionados para representar diversos rangos etarios y perfiles socioeconómicos. Esta técnica garantizó un entorno de respuesta seguro y anónimo, fundamental para obtener opiniones genuinas sobre una temática de alta sensibilidad social como es el 24 de marzo.
La implementación digital fue clave para detectar uno de los hallazgos más relevantes del estudio: la tasa de deserción y participación. Al monitorear el flujo de respuestas en tiempo real, se pudo identificar que el 72% de efectividad se concentró mayoritariamente en los segmentos de 35 a adultos mayores. Por el contrario, la herramienta permitió registrar que la mayor parte del 28% que no completó el formulario pertenecía al rango joven de 16 a 34 años. Este comportamiento técnico en la plataforma Google Forms se tradujo en un dato sociológico de valor: el desinterés inicial o la apatía generacional hacia la temática antes incluso de profundizar en las preguntas. La encuesta fue realiza con habitantes de la ciudad de Posadas, capital de Misiones.
Augusto Gilberto Speratti tenía apenas 14 años cuando empezó a militar. Lo hizo, como tantos otros jóvenes de su generación, desde el barrio, entre reuniones, debates políticos y tareas comunitarias.
“Nos iniciamos en la militancia con compañeros un poco mayores, dentro del peronismo revolucionario, el ala más combativa”, recuerda. Aquellos años previos al golpe estaban atravesados por la organización barrial, el trabajo con comisiones vecinales y una fuerte vocación pedagógica: “Lo principal era la toma de conciencia. Queríamos que la gente supiera lo que pasaba en la Argentina y en América Latina”.
Era una militancia que combinaba lo territorial con lo estudiantil. Speratti trabajaba en un comercio durante el día y por la noche cursaba en el Colegio Nacional. Integraba, además, la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), donde acompañaban reclamos y situaciones de injusticia.
“Nos organizábamos para defender derechos, incluso cuando alguna compañera era vulnerada. Salíamos a manifestarnos. Esa era nuestra política”, explica.
El clima regional también marcaba el pulso: dictaduras en Chile, Brasil y el avance del Plan Cóndor anticipaban lo que vendría.
La madrugada del secuestro
El golpe lo encontró con 19 años, una compañera y una hija de apenas siete meses. La madrugada del 24 de marzo de 1976 cambió su vida para siempre.
“A las cinco de la mañana irrumpen en mi casa. Eran unos 20 hombres, de civil, armados. Me sacaron prácticamente en ropa interior”, relata.
Fue trasladado al Departamento de Informaciones de la Policía, en Posadas. Desde ese momento comenzó un circuito de violencia sistemática.
“Me tiraron al piso, me pateaban, me golpeaban. Ya desde ese traslado recibí torturas”, cuenta. Vendado, sin poder ver, apenas podía reconocer voces o intuir movimientos.
Allí comenzó el primer interrogatorio. Buscaban nombres, vínculos, estructuras. “Querían saber quiénes éramos, quién lideraba, dónde estaban los mimeógrafos. Nuestro ‘arsenal’ eran libros y revistas”, dice.
El testimonio de Speratti expone con crudeza el funcionamiento del aparato represivo.
“Me desnudaron, me pusieron sobre una mesa y me empezaron a pasar picana en la cabeza y en los testículos. Mientras tanto me interrogaban”, recuerda.
Las sesiones de tortura eran constantes, alternadas con golpes, amenazas y simulacros de ejecución. La violencia no era sólo física, sino también psicológica.
“Me decían que tenían a mi compañera y a mi hija, que les iban a hacer de todo. Eso era lo que más me desesperaba”, relata.
En un momento, fue trasladado a lo que luego identificaría como la “Casita de los Mártires”, un centro clandestino de detención en Posadas. Allí permaneció colgado durante horas, atado de pies, sometido a golpes, quemaduras y picana eléctrica.
“Estábamos como bolsas de boxeo. Nos torturaban por turnos. Perdí el conocimiento varias veces”, dice.
La escena que describe es brutal: torturadores que entraban en grupo, una cadena de mandos reconocible por la voz, radios encendidas para tapar los gritos, y una lógica de deshumanización total.
Tras días de tortura, Speratti fue devuelto al Departamento de Informaciones y luego trasladado al penal de Candelaria.
“Allí creíamos que iba a ser distinto, pero también había torturas. Sacaban compañeros de noche, los golpeaban”, recuerda.
Pasó por distintos lugares de detención, incluyendo la cárcel de Resistencia, en Chaco. En total, estuvo detenido cerca de un año.
Su liberación llegó en el marco de presiones internacionales por los derechos humanos durante el gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos. Pero no fue una libertad plena.
“Salimos en libertad vigilada. Teníamos que ir todos los meses al regimiento a firmar. No podíamos salir de la provincia”, explica.
El regreso y el miedo
Volver a la vida civil no fue inmediato. El miedo persistía.
“Al principio no militábamos. Había terror. Recién en los años 80 empezamos a reorganizarnos”, cuenta.
Con el retorno de la democracia, Speratti volvió a la actividad política y a la militancia en derechos humanos. Desde entonces, su compromiso se mantiene intacto.
Hoy, como referente de memoria en Misiones, insiste en la necesidad de transmitir lo vivido a las nuevas generaciones.
“La política es necesaria para todo. Es la herramienta para cambiar la realidad”, sostiene.
Y deja una definición que atraviesa su historia: “Estoy convencido de que nuestra generación luchó por una sociedad más justa, por un país libre, justo y soberano”.
También advierte sobre los riesgos del negacionismo:
“Tenemos que conocer nuestra historia reciente. Esto no fue un error: fue un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones”.
Speratti rechaza la idea de que en Misiones “no pasó nada”.
“En Misiones no hubo guerrilla, pero sí hubo represión. Fueron perseguidos especialmente los integrantes de las Ligas Agrarias”, afirma.
Recuerda casos emblemáticos:
Pedro Peczak, dirigente agrario ejecutado
Susana Ferreira, docente
Carlos Pérez Rúa, militante peronista
Miguel Ángel Sánchez, estudiante secundario asesinado tras torturas
Y agrega: “Fuimos cientos los secuestrados y detenidos. Más de 60 misioneros fueron asesinados o desaparecidos en todo el país”.
A medio siglo del golpe, Speratti no duda cuando se le pregunta si cambiaría algo.
“Lo volvería a hacer. Sin duda”, afirma.
Su respuesta no es épica ni retórica: es la síntesis de una vida atravesada por la militancia, el dolor y la memoria “Lo que hicieron nuestros compañeros no puede quedar en vano. Costó mucha sangre”, concluye.
Por Ailín Bullentini, Tierra Viva. Cincuenta años pasaron del comienzo de la última dictadura cívico-militar que sufrió Argentina. Ese punto de inflexión en el que las fuerzas militares y de seguridad, con el empuje y el compromiso del poder económico y de la Iglesia, aseguraron mediante terror y genocidio las manos de pocos alrededor del pescuezo de muchos. Las mismas manos que siguen asfixiando hoy. Y si bien, justo este marzo, el calendario prometía una casualidad inédita, todo sigue igual: el primer juicio de lesa humanidad contra empresarios agroindustriales, con los exdirectivos de Ingenio La Fronterita en el banquillo, fue suspendido sin fecha de reprogramación. Medio siglo después del terrorismo de Estado, el capítulo de la responsabilidad empresaria sigue prácticamente intacto. La impunidad para quienes se beneficiaron del disciplinamiento represivo de la clase trabajadora continúa en pie.
El proceso de juzgamiento a los responsables de la dictadura lleva 23 años de continuidad ininterrumpida. En ese tiempo, unas 360 sentencias dejaron establecido que secuestros, torturas, abusos, homicidios, desapariciones, apropiaciones de niños y niñas y el saqueo de bienes fueron crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento, 1246 personas fueron condenadas. La mayoría son integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. Los cientos de juicios realizados desde 2003 revisaron principalmente responsabilidades militares y policiales.
¿Cuántos empresarios se sentaron en el banquillo? Solo cinco. Un directivo de la empresa La Veloz del Norte fue el primer condenado en 2016. Dos exdirectivos de Ford condenados en 2018; y dos exdirectivos de Acindar —la empresa acerera que tuvo al ministro de Economía de la dictadura José Martínez de Hoz en su directorio—, absueltos en un escandaloso fallo el año pasado.
Empresas y represión: el disciplinamiento de la clase trabajadora y campesina
Ingenios azucareros del norte —Ledesma, La Fronterita, Concepción—; la producción yerbatera en Misiones y Corrientes —Establecimiento Las Marías—; el procesamiento de harina y aceite en Buenos Aires —Molinos Río de la Plata—. El cuerpo de trabajadores de todas esas compañías estaba organizado y comprometido en luchas por mejoras en las condiciones de trabajo y salarial en los años previos al golpe.
“Si se piensa en las regiones del Noreste y Noroeste argentino, previo al golpe de Estado, hay dos líneas que amenazan fuertemente la construcción de poder de las gigantes agroindustriales: por un lado el movimiento obrero organizado y por otro la organización de pequeños productores y campesinos”, explica Victoria Basualdo, historiadora con décadas de experiencia en la investigación de la persecución a trabajadores y trabajadoras en procesos dictatoriales y el vínculo de las empresas en esa trama.
Foto: Archivo General de la Nación/ Archivo Nacional de la Memoria
Esa organización de pequeños productores tuvo una experiencia icónica en las Ligas Agrarias, que fueron especialmente atacadas durante el más reciente genocidio local; mientras que, al menos, 150 personas que trabajaban en las grandes agroindustrias del NOA y el NEA fueron secuestradas y torturadas —y muchas de ellas continúan desaparecidas— luego de que sus patronales los entregaran. Los directivos de las empresas daban sus nombres y domicilios a las patotas; prestaban recursos empresariales para llevar a cabo esas detenciones ilegales o, incluso, construían centros clandestinos de detención en los propios lugares de trabajo.
¿Por qué? “Por dentro y por fuera, las dos formas de organización popular discuten al poder distribución de recursos, modos de producción y de comercialización”, responde Basualdo, quien, en 2023, comenzó a abordar esta trama junto al equipo de Estudios del Trabajo, en el marco de una Red Federal de Alto Impacto Memoria, Verdad y Justicia, que también integran el Centro de Estudios de Genocidio de la UNTREF, el INTEPH (CONICET-UNT) de Tucumán y un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Misiones. Tras su llegada a la presidencia, Javier Milei y compañía cerraron la financiación al proyecto, que dependía del eliminado Ministerio de Ciencia.
Movilización del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) Foto: Archivo – Sergio Alvez
La Fronterita, el primer juicio a la complicidad agroindustrial
El 11 de marzo iba a ser la fecha. Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Buttori, dos directivos delGrupo empresario José Minetti & Cía, gerenciador de La Fronterita, uno de los 16 ingenios que para 1975 seguían en pie en Tucumán —tras la guadaña a la actividad ocurrida durante la dictadura de Juan Carlos Onganía—, comenzarían a ser juzgados por un tribunal federal acusados de ser cómplices en secuestros, tormentos, violaciones y homicidios contra trabajadores y sus familias. La familia Minetti, fundadora del ingenio en 1923, cedió, en 1975, instalaciones en su predio para montar una base militar, que funcionó como centro clandestino.
El martes anterior al inicio del juicio, el Tribunal Oral Federal de Tucumán informó que el juicio quedaba suspendido hasta nuevo aviso. La causa contra los directivos de La Fronterita comenzó hace una década. En 2015,el caso fue uno de los 25 analizados en una investigación exhaustiva y pionera sobre responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad, que desarrolló el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Entre las conclusiones de ese estudio, los investigadores determinaron que:
El 76% de las empresas entregó información de trabajadores.
El 72% tuvo presencia militar en sus instalaciones.
El 60% registró infiltración o inteligencia interna.
El 48% cedió instalaciones o financió la represión.
El 24% tuvo centros clandestinos en sus predios.
Señalización de la base militar del Ingenios La Fronterita como sitio de memoria. Foto: argentina.gob.ar.
El Ingenio La Fronterita cumplió con todos esos parámetros. A principios de 2018, la Fiscalía federal, a cargo de Pablo Camuña, solicitó la indagatoria de seis miembros del directorio y administradores de la firma que gestionaron la empresa entre 1975 y 1983: Figueroa Minetti y Buttori, pero también Camilo Bergero, Carlos Allende Pinto, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos por el secuestro y las torturas sufridas por 68 personas —trabajadores fabriles y de surco—, 11 de ellas desaparecidas desde 1975, tras el Operativo Independencia, paso previo a la dictadura militar. La causa naufragó en manos del juez federal Daniel Bejas y la Cámara de Apelaciones de Tucumán, que dictó y confirmó la falta de mérito para los acusados.
En 2020 recién se logró revertir la situación y se acercó el juicio oral y público en 2022, pero comenzaron las dilaciones de las defensas: apelaciones, recusaciones, cuestiones de salud en las que jugó incluso la Corte Suprema de Justicia. El camino hacia el juicio quedó firme, pero los dos acusados que quedaron en pie recusaron a las juezas del tribunal Ana Farías y Cristina Giordano y solicitaron se los revise por su estado de salud. Cornú de Olmos quedó fuera de debate por incapacidad sobreviniente. El resto, falleció. Limbo otra vez.
“Queda en manos del tribunal terminar con este laberinto procesal para determinar si los acusados son o no responsables de complicidad en crímenes de lesa humanidad”, exigió el fiscal. En 2016, la familia Minetti vendió La Fronterita a la empresa Arca Continental —multinacional embotelladora de Coca-Cola—, que le cambió el nombre a Ingenio Famaillá.
Ledesma, el emblema de la impunidad agroindustrial
Los vericuetos que posibilitan que la impunidad se extienda, a 50 años de los hechos más terribles que han desangrado el país tras el genocidio de los pueblos originarios, no son exclusivos de la causa de La Fronterita. La responsabilidad empresarial agroindustrial en crímenes de lesa humanidad tiene, por lejos, un logo que la identifica de inmediato: el del jujeñoIngenio Ledesma. La causa que investigó la colaboración de la empresa comandada por Carlos Blaquier para posibilitar la persecución y las violaciones a los derechos humanos que sufrieron cientos de de habitantes de los pueblos de General San Martín y Calilegua durante la última dictadura es quizá la más conocida, pero no por buenas razones.
En 2012, la justicia federal jujeña procesó a Blaquier y a Alberto Lemos, exadministrador de la gigante azucarera, por haber aportado las camionetas en las que unas 400 personas, entre ellas más de 60 trabajadores del ingenio, fueron secuestradas durante los primeros meses del genocidio dictatorial en lo que se conoció como La Noche del Apagón. Blaquier y su empresa también aportaron los nombres de las víctimas, muchas aún desaparecidas.
Toma área del Ingenio Ledesma. Foto: Archivo
Los hechos y el vínculo de Blaquier con las fuerzas represivas nunca estuvo en duda. Fue expuesto en el Juicio a las Juntas, en 1985, en la voz de Eulogia Garnica, una modista de Calilegua secuestrada junto a sus dos hijos en aquel operativo nocturno. Garnica fue encerrada y torturada en el centro clandestino de Guerrero y luego liberada en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires. Sus hijos,Miguel Ángel y Domingo, y su marido, los tres trabajadores de Ledesma, permanecen desaparecidos.
En marzo de 2015, Eulogia todavía vivía y estaba en condiciones de declarar en contra de Blaquier, pero la Cámara de Casación —con las firmas de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky— revocó los procesamientos y se llevó puesta la esperanza de justicia. El expediente viajó a la Corte Suprema, en donde durmió durante 6 años. Para cuando los supremos se dignaron a tratarlo, dejaron sin efecto la decisión de la Casación y allanaron el camino hacia el juicio oral, fue demasiado tarde. Blaquier falleció impune dos años después. Lemos aún espera que le pongan el banquillo para ser el único acusado por las víctimas de La Noche del Apagón.
Ingenio Concepción, la impunidad biológica
Los directivos y administradores de Ingenio Concepción, un de los más grandes productores de azúcar y alcohol de caña de Tucumán hasta la actualidad, también murieron sin dar explicaciones por su complicidad y participación en crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983. El poder judicial no llegó a presentar cargos antes de que los alcance la impunidad biológica.
En los años previos al golpe, el ingenio estaba en manos de la Compañía Azucarera Concepción y empleaba a más de 8000 trabajadores entre actividades rurales y fabriles. Esa masa obrera fue fundamental en la lucha por recuperar la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia) de las garras de la burocracia sindical, así como en las peleas por mejorar las condiciones e impedir el reemplazo de puestos de trabajo en pos de incrementar la ganancia del empresarial. Resistieron cuanto pudieron el ingreso de las máquinas integrales, con las que buscaban reemplazar a más de 200 trabajadores por cada máquina. Y pagaron por eso.
Planta del Ingenio Concepción. Foto: Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT)
Al menos 26 trabajadores fueron secuestrados entre los meses previos y el fin de la última dictadura. Todos eran activistas gremiales, la mayoría dirigentes de FOTIA o delegados del ingenio. Unos 21 permanecen desaparecidos. Existen pruebas de que la empresa integrada por la familia Paz aportó vehículos para los operativos de secuestro, muchos de los cuales sucedieron en las instalaciones de la empresa. Incluso, el genocida Antonio Bussi, comandante del Operativo Independencia y gobernador de facto de Tucumán, tenía un despacho propio en el Ingenio Concepción.
La trama represiva le permitió a la empresa aumentar sustancialmente la producción y achicar al mismo tiempo el plantel obrero. Para 1983, la planta del ingenio se había reducido a un cuarto. En 2017, la empresa había sido comprada por la agroquímica Atanor. En diciembre de 2025, tras renuncia al directorio de Ledesma, el Ingenio Concepción quedó en manos de Santiago Blaquier, hijo de Carlos.
Estas “gigantes” agroindustriales tienen “todo el poder” en el territorio en donde están emplazadas, apunta Basualdo. “Tienen relación con el poder político, con el poder judicial, condicionan lo que se habla y lo que no se habla en el territorio, Y por supuesto la dinámica de empleo y la dinámica económica”, puntualiza la investigadora.
Establecimiento Las Marías, dueños de la producción, el pueblo y la vida
Ese poder explica lo sucedido con las víctimas de la empresa yerbatera Establecimiento Las Marías y el juicio de lesa humanidad que culminó en 2018 con la absolución del único imputado, Héctor Torres Queirel. ¿Civil empresario? No, militar. Para la década de 1970, cuando la empresa se catapultó por encima de sus competidoras, Las Marías no era solamente una empresa yerbatera ubicada en las afueras de Gobernador Virasoro, en Corrientes, sino más bien un emporio provincial que ampliaba sus tentáculos hacia otras cosechas, la carne y la madera.
Controlada por la familia Navajas Artaza, la firma construía viviendas y aportaba dinero al gobierno municipal y provincial; del que algunos miembros de la familia llegaron a ser funcionarios. Tenía el control del pueblo en donde estaba emplazada. Sus habitantes trabajaban en sus campos, vivían en sus casas, jugaban en sus plazas, estudiaban en sus escuelas, compraban en sus almacenes.
Movilización por el juicio contra el interventor militar de Virasoro Héctor Torres Queirel. Foto: elgritodelsur.com.ar/
Para la época del gran crecimiento de la empresa, sus trabajadores iniciaban su camino hacia el gremialismo, acercándose a la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Fatre). En paralelo, también se organizaban los peones de los campos que vendían su producción a la compañía. El proceso se terminaría pronto. “Acá se terminaron los sindicatos”, amenazó a los obreros Juan Carlos Sacco, el militar que comandó el operativo que ocupó el pueblo el mismo 24 de marzo de 1976. A Las Marías lo había llevado el propio Adolfo Navajas Artaza, presidente de la compañía.
Una veintena de obreros de Las Marías resultaron secuestrados, de los cuales por lo menos dos están desaparecidos: Neris Pérez, delegado sindical de FATRE, y Marcelo Peralta, trabajador tarefero tercerizado por la empresa. La causa judicial por los secuestros y las desapariciones de trabajadores de Las Marías avanzó a paso lento, desde los primeros años de reanudación de los juicios de lesa humanidad post caída de las leyes de impunidad.
Unos 20 jueces federales se excusaron de trabajar en el expediente aduciendo vínculos con la familia dueña de Las Marías. El juez 21, Tomás Chalup, sobreseyó a Navajas Artaza sin siquiera llamarlo a declarar.El juicio, que se llevó a cabo en Virasoro, en 2018, en condiciones de alta vinculación entre los y las jueces y juezas y los imputados, sentó en el banquillo a Torres Queirel, interventor militar de la ciudad durante el terrorismo de Estado, acusado por el secuestro y la desaparición de Peralta. Fue absuelto.
La dificultad para juzgar la responsabilidad empresaria
“No tengo ninguna duda de que avanzar hacia el juzgamiento de civiles es el segmento más difícil para alcanzar justicia. Incluso más allá de la intervención del Poder Judicial o de otros perpetradores civiles”, considera la abogada Elízabeth Gómez Alcorta, quien dirigió el programa Verdad y Justicia desde el que emanó el informe sobre responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad, y representó a trabajadores de la Ford víctimas de secuestros y torturas en la causa que logró condenas para funcionarios civiles de la empresa.
Y las razones, en su análisis, “son muchas”. En primer lugar, porque “muchos, no todos, de aquellos responsables de las cúpulas empresariales siguen teniendo poder 50 años después. Se siguen sentando en la mesa del círculo rojo”, destaca. Luego, señala al Poder Judicial “muy permeable al poder fáctico”. Las causas sobre las fuerzas militares y de seguridad ocurrió después de la caída de las leyes de impunidad, cuando “ya no se encontraban en una situación de puja de poder”, pero se resiste a “buscar prueba en territorios de los Techint, los Dálmine Siderca, los ingenios, las automotrices que todavía operan en el mercado nacional y muchas veces internacional”.
Por último, Gómez Alcorta menciona que el proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura “se piensa y establece en base a responsabilidades militares, con ciertas cadenas de mando, cierta lógica de fajina. En esa planificación, colocar la participación y la responsabilidad de gerentes y directivos civiles de empresas al Poder Judicial le cuesta mucho”. Todas esas empresas agroindustriales, al igual que las de otra índole pero de igual poder en otros puntos del país —las metalúrgicas y automotrices, las ceramistas y portuarias en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, por ejemplo— se beneficiaron con el plan socioeconómico que se implantó a fuerza de terror durante el terrorismo de Estado de 1976.
“Nuestra historia y la historia del mundo nos ha enseñado que así como sólo se conquistan derechos a partir de la lucha, solo es posible quitarlos a través de la violencia”, remarca Gómez Alcorta, para introducir el efecto concreto del terror de la dictadura en la vida de los y las argentinos. “La relación capital-trabajo que se configuró por la enorme violencia de la dictadura y del terrorismo de Estado no volvió a revertirse”, puntualizó.
La abogada señala que para 1974 Argentina “había alcanzado casi el fifty-fifty” en cuanto a la distribución del ingreso entre el capital y los trabajadores. Para 1983, la parte de los trabajadores se redujo al 22 por ciento. A partir del ciclo liberal abierto en la década de los noventa con Carlos Menem y Fernando De La Rúa, reabierto con el macrismo y ahora con la llegada de la Libertad Avanza al poder “solo se han hecho ajustes a favor de la concentración del capital”, completa.
Foto: derechoshumanos.mjus.gba.gob.ar
Molinos Río de La Plata, la otra empresa que llega al banquillo
Con el juicio oral y público contra los directivos de La Fronterita en suspenso, aún queda una carta que puede servir para romper la racha de la impunidad entre los empresario agroindustriales: la del conglomerado Bunge & Born, con el directivo Emilio Parodi en el ojo del Poder Judicial, imputado por su participación en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Según la investigación del Estado, el CELS y FLACSO, al menos 27 trabajadores de Molinos Río de La Plata y personas vinculadas a la gigante procesadora de harinas y aceites fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
“Veintiún personas se encuentran desaparecidos, cuatro fueron asesinadas, una sobrevivió al operativo y una niña fue víctima de apropiación”, contabiliza el registro exhaustivo. Algunas de esas personas fueron secuestradas en operativos que se llevaron a cabo dentro de la fábrica de la empresa en la localidad bonaerense de Avellaneda, en julio de 1976, nutridos de listas entregadas por la patronal. A las que faltaban, las fueron a buscar a sus casas.
La agenda judicial indica que en abril próximo el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata comenzará a juzgar a Emilio Parodi, el gerente de la planta conurbana de la cerealera, por un puñado de esos hechos —el secuestro de tres trabajadores que permanecen desaparecidos—. Parodi fue detenido en julio de 2023, luego de una década de que los crímenes de Molinos comenzaran a ser juzgados.
