El diputado nacional del Frente PRO y presidente de la comisión de Defensa, Alberto Asseff, presentó hoy un proyecto de resolución por el cual propone que el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Justicia de la Nación “extreme las medidas -dentro de sus facultades constitucionales- para asegurar la igualdad de derechos para todas las personas encartadas, sea con prisión preventiva o con condena, aplicándoseles las normas vigentes y constitucionales”, en referencia a los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad.
La iniciativa, de carácter declamativo por tratarse de un proyecto de resolución, lleva también las firmas de los diputados Pablo Torello (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria), ambos del interbloque Juntos por el Cambio.
“En el escenario actual podemos ver que el Poder Ejecutivo detenta poder y busca seguir haciéndolo, y para ello necesita la simpatía de los sufragistas, a quienes no les alcanza ya la aplicación de planes y subsidios monetarios. Para peor los amenaza cotidianamente una inflación que literalmente corroe los ingresos”, señaló el diputado Asseff en los fundamentos de la iniciativa.
“El enemigo revivido del gobierno de turno -los acusados de delitos de lesa humanidad- debe ser castigado, para lograr así la simpatía del sufragista, quien está demasiado ocupado intentando sobrevivir, subsistir”, añadió en el texto el diputado del PRO.
Consultado por una radio bahiense sobre el posible riesgo de fuga de los autores de esos delitos, el diputado del PRO hizo hincapié en que “es imposible la reincidencia por razones de la edad” y manifestó que “no podemos conjeturar sobre la autoría intelectual de un genocidio en 2022”.
“En el año 2022 hay otros genocidios: el genocidio…vamos a decir por extensión el genocidio de la inflación, el genocidio de la pobreza, el genocidio de la droga y de las adicciones que crecen; ahí sí podemos hablar de genocidio. No hay genocidio. Acá no hay una banda política que haya tomado las armas y esté así generando terror” continuó.
Y apuntó: “Estamos hablando de gente enferma en serio, porque yo tengo el informe que el Servicio Penitenciario Nacional me mandó a mi despacho hace 6 o 7 años cuando pedí en ese momento ese informe, el 95% de los presos por delitos de lesa humanidad tiene patologías graves”.
“No hay ningún riesgo de fuga”, remarcó; aunque reconoció que “siempre hay una excepción a la regla”, cuando se le mencionó la reciente captura del genocida prófugo Roberto Carlos Brunello.
Dirigentes sindicales de la izquierda clasista y el peronismo llevaron a cabo hace 53 años “El Cordobazo”, una huelga con movilización que ganó las calles de la capital de la provincia mediterránea y que desembocó en un estallido social que hizo tambalear a la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía.
En mayo de 1969, el descontento popular contra el régimen militar -instalado en el gobierno tres años antes tras el derrocamiento del presidente radical Arturo Illia- comenzó a manifestarse con huelgas y marchas en las ciudades más importantes del país.
El gobierno de Onganía, además de restringir las libertades públicas, imponía una política de congelamiento de salarios de la mano del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, por la que se derogó la Ley del “sábado inglés”, una medida que establecía que cada hora trabajada después de las 13 de ese día debía pagarse doble.
En Córdoba, por esos años el centro de la industria automotriz y metalmecánica, el rechazo a la cancelación de ese beneficio, se hizo generalizado y, a pesar de las divisiones, el movimiento obrero alcanzó rápidamente un acuerdo para realizar una huelga general.
De esta forma, Agustín Tosco -dirigente de Luz y Fuerza enrolado en la izquierda clasista y referente de la CGT de los Argentinos- acordó con Elpidio Torres (Smata) y Atilio López (UTA) -ambos de extracción peronista- la realización de un plan de lucha.
El viernes 16 de mayo, los trabajadores realizaron un paro por 24 horas con alto acatamiento, y la respuesta del gobernador de facto, Carlos Caballero, fue decretar un aumento salarial para la policía.
En un plenario celebrado el miércoles 21 de mayo, los dirigentes gremiales redoblaron la apuesta y convocaron a un paro activo de 37 horas que se iniciaría a las 11 del 29 de ese mes en curso.
Esa mañana de jueves, la capital cordobesa amaneció sitiada por la policía, que se apostó sobre los puentes ubicados sobre el río Suquía.
Los primeros choques ocurrieron en torno a los puentes sobre la cañada del Suquía, y, cerca de las 13, la policía no pudo contener la movilización que, a pesar de los gases lacrimógenos y las ráfagas de FAL, rebasó los bloqueos.
Ante esta situación, Onganía ordenó al Tercer Cuerpo de Ejército retomar el control de la capital mediterránea, lo que pronto se concretó con aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando la ciudad.
Si bien el Ejército evitó el combate nocturno, retomó barrio por barrio el control de la ciudad de Córdoba en las primeras horas de la mañana del viernes 30, mientras dispersaba a los últimos grupos de manifestantes.
Tosco fue detenido en la sede de Luz y Fuerza y se lo sometió a un Consejo de Guerra, que lo condenó a 8 años de prisión, al igual que a Torres, a López y a otros dirigentes.
Sin embargo, tras 17 meses de prisión, todos los dirigentes detenidos recuperaron la libertad y volvieron a Córdoba para retomar la actividad sindical.
En términos políticos, la consecuencia inmediata significó la pérdida de legitimidad de Onganía, que se manifestó con la renuncia del ministro Krieger Vasena, el 4 de junio, menos de una semana después del “Cordobazo”.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de La Plata dará a conocer hoy el veredicto para el genocida Miguel Etchecolatz y el expolicía Julio César Garachico por los secuestros y torturas sufridas por siete personas en el excentro clandestino de Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López y el estudiante secuestrado en el episodio conocido como La Noche de los Lápices, Francisco López Muntaner, en una audiencia donde se permitirá el ingreso de público.
La audiencia será presencial, abierta al público en general, y se desarrollará a partir de las 13:30 en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones de La Plata, ubicada en las calles 8 entre 50 y 51, aunque se aclaró que los dos imputados oirán el veredicto vía Zoom mientras que Etchecolatz lo hará desde su lugar de detención en el penal de Ezeiza.
En el caso de Garachico, que cumple arresto domiciliario, seguirá la audiencia desde su casa en la ciudad de Mar del Plata.
Antes de que escuchar el veredicto, los imputados harán uso de su derecho a pronunciar algunas palabras, detalló una fuente del Tribunal.
Este juicio, que finalizará el viernes, comenzó el 30 de agosto de 2021, cuando se realizó la primera audiencia, en la que Etchecolatz hizo uso de similar derecho y, como suele hacer en estas circunstancias, rechazó la legitimidad del Tribunal que lo juzga.
“Ustedes no son mis jueces naturales, están violando la Constitución Nacional”, dijo en esa oportunidad el multi-condenado mientras sobre el buzo azul que vestía llevaba colgado del cuello un cartel donde se leía “Señor Jesús, si me condenan será porque defendí tu causa”.
En este juicio oral, Garachico está siendo juzgado por el secuestro y tormentos aplicados a Patricia Dell’Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López, y por los homicidios agravados de Dell’Orto, De Marco y Rodas.
Etchecolatz, quien fue condenado en 2006 por los casos de López, Dell’Orto y De Marco, llegó acusado por los secuestros, tormentos y homicidios de Rodas y Sánchez.
Los casos de las siete víctimas de esta causa ocurrieron entre fines de octubre y principios de noviembre de 1976 y su sustento probatorio radica especialmente en las cuatro declaraciones judiciales prestadas por Jorge Julio López antes de su segunda desaparición en 2006.
López había sindicado a Etchecolatz como el jefe del operativo de su secuestro y a Garachico como quien daba las órdenes al grupo de “picaneadores”.
El fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira, al alegar, sostuvo que “está absolutamente acreditada la participación de (Miguel) Etchecolatz en los delitos investigados. Su participación es omnicomprensiva, omnipresente sobre cada acontecimiento del Circuito Camps. No fue sólo ´el hombre atrás del escritorio´, de ideación y transmisión de órdenes, sino que participó en todos los escenarios: atrás, en el medio, adelante”.
El representante del Ministerio Público remarcó que Etchecolatz fue un participante “activo en el aparato represivo, tuvo iniciativa propia, participó en numerosos procedimientos. El Circuito represivo Camps debería llamarse Circuito represivo Camps y Etchecolatz haciendo honor a la verdad histórica”.
Al solicitar la pena, Nogueira reclamó para Etchecolatz la condena a “prisión perpetua como coautor mediato, a través del uso del aparato de poder, por los homicidios calificados por alevosía en concurso de dos o más personas en perjuicio de Norberto Rodas y Alejandro Sánchez y la privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia en dos oportunidades, con el agravante de ser perseguidos políticos en perjuicio de Rodas y Sánchez, en concurso real con los delitos contra el derecho de gentes, crímenes de genocidio y delitos de lesa humanidad”.
En tanto, para el expolicía Garachico, el fiscal demandó “la pena de prisión perpetua como coautor por dominio funcional del homicidio calificado por alevosía y en concurso de dos o más personas en perjuicio de Patricia Dell Orto, Ambrosio De Marco y Norberto Rodas, y la privación ilegítima de la libertad en abuso de funciones, agravada por violencia y amenazas en 7 oportunidades”.
Nogueira también pidió que al momento de dictar sentencia se ordene “la exploración de la zona donde funcionó la Estancia La Armonía y hoy funciona el Regimiento 7”, con la intención de que se indague la posibilidad de que existan fosas comunes en ese lugar.
Las Madres de Plaza de Mayo conmemorarán hoy los 45 años de lucha, que se cumplen en recuerdo de su primera ronda del 30 de abril de 1977 cuando un puñado de ellas marchó alrededor de la Pirámide de Mayo, como señal de protesta frente a la incertidumbre del paradero de sus hijos desaparecidos en la última dictadura militar.
En el homenaje participaron el ministro de Educación, Jaime Perczyk, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y referentes de organizaciones de derechos humanos.
“A pesar de los bastones y las sillas de rueda, las ‘locas’ seguimos de pie”, señaló Taty Almeida, a los 91 años.
“No fuimos heroínas ni nada de eso. Hicimos lo que cualquier madre hace por un hijo” y sostuvo que “nos llamaron locas y sí, estábamos locas de dolor, de rabia, de impotencia. Nos arrancaron lo más preciado que puede tener una mujer, y lo transformamos en amor, no en odio, y en lucha pacifica”.
“Hoy quedamos muy pocas madres, pero estamos tranquilas porque están los jóvenes y a ellos les pasamos la posta. No hay que tener miedo a la palabra militancia, que significa compañerismo, ocuparse del otro”, reflexionó.
En tanto, Perczyk, quien firmó un convenio de cooperación entre el ministerio de Educación de la Nación y las Madres línea fundadora, con el fin de levantar un centro universitario especializado en derechos humanos, agradeció durante su intervención a los movimientos de derechos humanos y aseguró que en educación también están “peleando el presente y luchando por el futuro”.
Por la tarde, será el turno de la asociación Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe Pastor de Bonafini, que convocó a partir de las 16 en la pirámide de Mayo.
Allí, las referentes serán acompañadas por todos los dirigentes políticos, sociales, culturales que fueron convocados, y brindarán un mensaje en el aniversario de la primera concentración, bajo la consigna “Reivindicamos la lucha revolucionaria de nuestros hijos”.
“Las Madres de Plaza de Mayo convocamos a todos aquellos que nos acompañaron siempre a recordar, reivindicar y abrazar a todos aquellos que no dejaron nunca de luchar”, invitó la entidad en un comunicado.
Por Ailín Bullentini, Agencia Tierra Viva. Hubo un tiempo en que el Nordeste argentino estuvo en las manos de campesinos y campesinas que lo sembraron, lo cosecharon y trabajaron; que idearon la forma en la que la comercialización del fruto de su esfuerzo les sirviera para comer, pero también para desarrollar una vida digna. Para ellos, para sus familias, para el futuro de todos. Fue el tiempo de las Ligas Agrarias, que lograron organizar y unificar a cientos de pequeñas y medianas cooperativas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos detrás de un sueño que fue expandiéndose y que encontró en el terror de la última dictadura cívico eclesiástica militar el límite y el abismo.
Muchos de sus referentes fueron perseguidos, detenidos y torturados durante aquellos años; algunos fueron asesinados y otros continúan desaparecidos. De a poco, y tras décadas de impunidad, algunas de esas historias fueron decantando en diferentes causas y juzgados, que más lento de lo deseable, fueron aportando Justicia a la Verdad y a la Memoria.
Hace pocas semanas, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) de San Martín definió como “crímenes de lesa humanidad” cometidos en el marco de un “genocidio” a los delitos cometidos contra militantes que participaron de la Contraofensiva montonera, entre ellos algunos dirigentes de las Ligas Agrarias. Fueron golpes que sucedieron entre 1979 y 1981, aunque la cacería había comenzado bastante antes.
“Fue todo un gran movimiento que luchó por el territorio y por la dignidad humana. Y así nos pegaron”, reflexiona Remo Vénica, uno de los pocos referentes de aquella experiencia que sobrevivieron al terrorismo de Estado, y que aportó su relato en el juicio por los crímenes contra la Contraofensiva de Montoneros. “¿Por qué no?”, se pregunta el hombre de 78 años cuando Tierra Viva lo consulta sobre las razones que llevaron a integrantes de la dirigencia liguista a encauzarse en aquella agrupación político militar peronista durante los años siguientes a su fundación. Con la misma repregunta responderá al interrogante sobre las razones que tuvieron los milicos para pegarle “tan duro”. “Tan solo hay que mirar el contexto y se entiende perfectamente”, invita. Y allá vamos.
Foto: Gustavo Molfino
Un movimiento campesino que le ganaba a las corporaciones
Osvaldo “Quique” Lovey también insiste en contextualizar la persecución, la violencia, la muerte. “Hay que decir en qué contexto político se desarrolló la represión. Las Ligas Agrarias era la organización más importante que tenían los agricultores familiares en el Nordeste argentino, enfrentamos la estrategia acumulativa de los monopolios en las distintas provincias, luchamos por la distribución de la tierra, por la reivindicaciones más sentidas de las familias campesinas. La dictadura tenía un objetivo económico y para poder implementarlo había que eliminar todo vestigio de oposición y resistencia, nos necesitaba terminados”, amplía en diálogo con esta Agencia.
Como Vénica, Lovey fue testigo en el juicio que culminó el 10 de junio pasado. También lo fueron Carlos Cremona y Oscar Mathot, integrantes del movimiento, además de varios familiares de Arturo Dean, Hugo Voucouber, María Bregant, Luis Fleitas y Carlos Piccoli, sus compañeros secuestrados y desaparecidos, “casos” en el debate. Palabras más, palabras menos, los militantes describieron ante los jueces del TOF 4 de San Martín los trabajos, lineamientos y objetivos de las Ligas Agrarias y concluyeron en que aquellas características fueron las razones de la persecución que sufrieron.
La organización campesina se expandió rápidamente por todo el Nordeste y llegaron incluso a Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Pero el origen de las Ligas es chaqueño. Allí se dieron una serie de condiciones que, en medio de la “turbulencia que sacudía al país entero”, concluyeron en la primera versión de este “colectivo social que se reconoció como un ‘nosotros’explotado y marginado, y se construyó desde la crisis y la amenaza efectiva a la supervivencia” de campesinos vinculados al cultivo del algodón, define la socióloga Mercedes Moyano Walker en su investigación “El mundo rural en emergencia”.
El nacimiento de las Ligas Agrarias
La fecha: 14 de noviembre de 1970. Aquel día, en Saenz Peña, Chaco, se llevó a cabo el “Primer Cabildo Abierto de Campesinos”, principalmente pequeñas familias rurales. Estaban los “colonos”, una identidad que viene de la distribución de más de un millón de hectáreas del centro chaqueño en colonias agrícola-ganaderas de entre 10 y 50 hectáreas cada una que el gobierno nacional impulsó en la primera mitad del Siglo XX y en donde se fomentó, sobre todo, el cultivo de algodón. También figuraban los cooperativistas, ya que la producción se había organizado institucionalmente en cooperativas que se habían conformado desde hacía décadas. Aquella reunión dio nacimiento a Ligas Agrarias chaqueñas.
Las demandas apuntaban contra los monopolios de acopio y comercialización usufructuados por dos o tres terratenientes locales y capitales extranjeros y exigían protección al gobierno provincial y nacional: regulación estatal de la comercialización y la producción, pero también distribución de la tierra, indican en una de sus tantas investigaciones sobre el tema Claudia Calvo y Analía Percíncula para la Universidad Nacional del Nordeste.
Aquella primera irrupción pública reunió, recuerda Venica, unos 4000 campesinos y campesinas que ya venían “agitados”. El Cordobazo, en 1969, había dejado la mecha encendida. El Movimiento Rural de Acción Católica Argentina venía aportando para entonces, dice Moyano Walker, una elemento fundamental para la conformación de las Ligas: jóvenes formados en el territorio, en los campos, en los montes de esa zona litoraleña, educados en contacto con la tierra y con un objetivo claro: “Impulsar en el campesinado el camino hacia la vida digna”, define el militante que fue uno de ellos.
¿Sobre qué capacitaban? Sobre cómo trabajar la tierra, cómo conectarse con el entorno y cómo vivir en él y de lo que él otorga; cómo defenderlo desde la política, la educación, la construcción asamblearia. “El movimiento liguista surge de una gran necesidad de organización, una gran necesidad de transformación y una gran necesidad de lucha para evitar que se apoderen de las tierras de los campesinos del país”, resume la investigadora Mercedes Moyano Walker.
En el trabajo de formación del Movimiento Rural Católico fue que Vénica conoció a su compañera Irmina Kleiner, con quien sobrevivió a la última dictadura escondido en el monte, la selva y los cañaverales de la zona y hoy mantiene un proyecto de agroecología en Guadalupe Norte (Santa Fe) —Naturaleza Viva—, donde nació y adonde regresó tras el exilio.
Archivo Gustavo Molfino
La asociación como herramienta: nadie se salva solo
El formato ya existía, y sobre él se montaron las Ligas Agrarias: las cooperativas. Subraya Vénica: “Hemos logrado recuperar decenas y decenas de cooperativas, incluso de las grandes” de algodón en Chaco y Formosa, de tabaco y yerba en Misiones y Corrientes, agropecuarias en el norte de Santa Fe. “Fueron nuestras herramientas económicas sobre las que concentrábamos la producción y defendíamos los precios. Y sobre ellas golpeó la dictadura para que no haya resistencia al plan económico de las corporaciones”, completa Lovey. En todo el Nordeste llegaron a involucrar cerca de 30.000 familias, más de 100.000 personas.
El contexto: “La política económica de la dictadura venía a reimponer a los grupos multinacionales que concentraban en sus manos desde el acopio en la producción hasta todo el desarrollo de la cadena industrial”, apunta el militante rural que hoy sigue vinculado a la temática, en el gobierno de Jorge Capitanich, en Chaco.
La entrega de un millón de hectáreas de Chaco y Formosa a la empresa Agrex —estadounidense con el apoyo local de la familia del dictador Alejandro Lanusse— fue la principal resistencia en el origen de las Ligas chaqueñas. Y lo lograron, no solo porque lo impidieron, sino porque el movimiento de campesinos logró desarrollarse en toda la cadena industrial del algodón: “Una parte la comercializábamos y otra se industrializaba. Teníamos fábricas de aceite, molinos harineros, hilandería, tejeduría, fábrica de confección de ropa, líneas de exportación por los ríos Paraná y Uruguay. Un complejo muy importante que fue formado, organizado, financiado por la economía de los agricultores. Eso es lo que vinieron a destruir”, describe Lovey.
Las razones económicas de la última dictadura “necesitaron de la muerte y la persecución” para poder concretarse, añade Remo Vénica, pero el objetivo era “a largo plazo” y apuntaba “a quedarse con la tierra”. “Ellos tenían presente que el futuro, la riqueza de la humanidad, era la producción de alimentos. Y para producir alimentos se requería concentrar la tierra”, explica.
—¿Considera que querían la tierra para producir?
—No, por supuesto. No veían vida en el territorio. Solo riqueza, dinero, ganancias, poder, para ellos. Ellos querían acumular ganancias, no multiplicar campesinos, que es la manera más sana de producir sanamente, de distribuir mejor a la población en el territorio y a la riqueza entre la población.
Osvaldo “Quique” Lovey, de las Ligas Agrarias de Chaco. Testigo en el juicio que condenó a represores de la dictadura militar. Foto: Gustavo Molfino
La dictadura y su plan sistemático
Para el 24 de marzo de 1976, la multiplicación de campesinos de las Ligas Agrarias era más que fructífera. El movimiento cooperativo llegó a comercializar el 80 por ciento de las producciones agropecuarias en casi todas las provincias en las que tenían presencia, según los cálculos que maneja Vénica, quien, por otro lado, destaca que durante el “auge” de las organizaciones rurales, eran “500.000 pequeños y medianos productores en todo el país. Ahora no somos más de 100.000”.
La organización campesina llegó a convertirse en “un movimiento súper fuerte de las comunidades rurales que decidían cada cosa en asamblea, las medidas que tomarían, quiénes iban a conducir el movimiento”, remarca Vénica.
Sin embargo, aquel marzo fue la estocada final de un plan de persecución y exterminio que venía consolidándose desde por lo menos un año antes. Para entonces, hacía años que gran parte de la dirigencia del movimiento —en casi todos los territorios— integraba alguna organización de la lucha armada. Varios de ellos pasaron la previa del golpe de Estado de 1976 en la cárcel. Lovey fue detenido en abril de 1975 y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, como algunos otros. Desde fines de 1975, “la represión se agudizó, se sucedieron las muertes, los asesinatos callejeros y las desapariciones, los secuestros, las torturas. Fue una cacería literalmente. Porque a la semana de habernos largado, nos volvieron a buscar y esa vez el plan era no dejarnos con vida”, describe.
Él, Venica y otra decena de referentes de las Ligas Agrarias debieron refugiarse en el monte chaqueño cuando la Junta Militar dio el golpe “pues no había lugar seguro” para ellos.
En la zona del Nordeste, la confluencia de “todas las fuerzas, Ejército, Prefectura, Gendarmería, y las Policías” desplegaron una serie de operativos a los que bautizaron “Toba” y tuvieron como única meta encontrarlos: “Iban casa por casa en las colonias, allanaban a cada familia. Secuestraban a delegados campesinos que nos ayudaban con alimento y agua, los torturaban y luego los exponían en las comunidades, maniatados con alambre, hinchados de los golpes, ensangrentados, los paseaban hasta por las canchas de fútbol de los barrios para demostrar qué pasaba si seguían insistiendo con otro modo de vida”, describe Vénica.
En el marco de esos operativos “cayeron” algunos dirigentes liguistas en 1976, como Carlos Orianski y Juan Sokol. Orianski venía escapando de la patota genocida que lo sorprendió en el monte en octubre. Permanece desaparecido. Las familias campesinas con las que había tenido contacto antes fueron detenidas y torturadas. Como la familia de Sokol, a quien hallaron en la ruta y lo trasladaron a la comisaría de Saenz Peña, donde murió producto de los golpes.
Pero además de violencia física, también hubo de la otra: robo de tierra y de herramientas, una política para desarmar el monte. “La estrategia era despojar a los campesinos de la tierra. Primeros destruían los lazos sociales con el miedo, luego les privaban del trabajo”. En Chaco, suma Lovey, “solo en 1978 se embargaron 3000 tractores de los agricultores. Entonces les quitaban las herramientas de trabajo y después las chacras. Además de campesinos secuestrados, acá desaparecieron del escenario agrario más de 20.000 familias agricultoras, el motor económico de esta provincia”.
Fueron entre tres y cuatro años de vivir escondidos. Irmina Kleiner parió dos de los seis hijos que tiene con Vénica en ese tiempo: la niña nació en una cueva que cavaron a tres metros de profundidad; el niño, en el campo de cañas de azúcar de tres metros de alto. Ambos pudieron exiliarse, al igual que Lovey y otros compañeros. Más tarde o más temprano, regresaron en el marco de la Contraofensiva. Fueron muchos los referentes de las Ligas Agrarias que no sobrevivieron al terrorismo de Estado.
Archivo Gustavo Molfino
Las víctimas campesinas de las Ligas Agrarias y los juicios a represores
El pasado 10 de junio, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a cinco jerarcas de la Inteligencia del Ejército por un centenar de delitos de lesa humanidad contra los militantes que “volvieron” a resistir el terrorismo de Estado. Entre ellos, se cuentan los que sufrieron Arturo Dean, Hugo Voucouber, María Bregant, Luis Fleitas y Carlos Piccoli. Todos estuvieron escondidos en el monte, lograron exiliarse en Europa y regresaron. A Dean y Bregant, una pareja de liguistas de Santa Fe, los secuestraron en el Puente Internacional Paso de los Libres. A Fleitas y Vocouber, se cree, los interceptaron en el aeropuerto de Mendoza. Piccoli llegó hasta Saenz Peña, en el Chaco. Su objetivo era reorganizar a les campesinos, pero no lo dejaron: lo asesinaron en una emboscada mientras andaba en bicicleta la noche del 22 de abril de 1979.
Por su muerte y la de Raúl Gómez Estigarribia, otro referente de las Ligas de Chaco, también fueron juzgados y condenados en 2019 por la justicia federal de Resistencia el ex teniente coronel del Ejército Tadeo Bettolli; los ex agentes policiales Alcides Sanferraiter y Miguel González y los ex comisarios José Rodríguez Valiente y Eduardo Wischnivetzky. El Tribunal Oral Federal de Corrientes, en tanto, revisó el secuestro y las torturas que sufrieron una decena de integrantes del movimiento en esa provincia. Por esos hechos, condenó a tres represores y absolvió a otros cuatro.
Pero son muchas más las víctimas campesinas que dejó el terror. Lovey no sabe cuántos exactamente, “nunca” quiso contarlos “por una cuestión de dolor en el alma”. Los hay muertos, los hay desaparecidos, los hay sobrevivientes, como él. Y también hay nombres que no integran la lista de ninguna “categoría”, pero igualmente sufrieron. Todas “son pérdidas que se sienten y se van a sentir para toda la vida”. “Todos están en el corazón y el alma del pueblo campesino, porque han dado todo por su lucha y organización. No hay día que el pueblo no los recuerde”, completa Vénica.
