Un nuevo conjunto de documentos desclasificados de Estados Unidos agregaron detalles a la llamada “Operación 30 horas”, el plan que ideó la dictadura brasileña en 1971 para invadir Uruguay si la coalición de izquierda Frente Amplio ganaba las elecciones ese año, y sumó otro dato importante: Brasil ayudó a manipular esos comicios.
Dos semanas después de las elecciones de noviembre de 1971 en Uruguay, el dictador que gobernó Brasil entre 1969 y 1974, Emílio Garrastazu Médici, se reunió con el entonces presidente estadounidense Rochard Nixon en la Casa Blanca, junto con su asesor del Consejo de Seguridad Nacional Henry Kissinger, el secretario de Estado William Rogers y Vernon Walters, el hombre que era agregado militar en Brasil en el momento del golpe de 1964 y quien asumiría al año siguiente como el número dos de la CIA.
No se sabe lo que se dijeron, pero Kissinger registró en un memo clasificado sus impresiones de una reunión posterior entre Nixon y el entonces primer ministro británico Edward Heath.
“Nuestra posición está respaldada por Brasil, que es, después de todo, la clave del futuro. Los brasileños ayudaron a manipular las elecciones uruguayas…Hay fuerzas en juego que no desalentamos”, escribió Kissinger el 20 de diciembre de 1971, según los documentos recientemente desclasificados por el Proyecto de Documentación del Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional y analizados por su director, Carlos Osorio, en un informe retomado por la revista uruguaya Caras y Caretas.
Los documentos desclasificados fueron analizados también por el portal de noticias brasileño UOL que publicó que el plan de invasión brasileño se diseñó a pedido del entonces presidente uruguayo Jorge Pacheco Areco, del Partido Colorado.
Documentos desclasificados en el pasado ya demostraron que Nixon y el dictador brasileño Médici habían acordado derrocar Gobiernos de izquierda en la región y el plan para Uruguay solo debía activarse si el Frente Amplio llegaba al poder.
Sin embargo, ese era el plan de contingencia. Antes, apostaron a manipular las elecciones para no tener que llegar a activar la intervención militar, una opción mucho más visible y difícil de justificar internacionalmente.
Los documentos desclasificados relatan como militares brasileños hicieron inteligencia en Uruguay, incluso de “campamentos de militantes de izquierda” de Tupamaros para preparar el terreno para la eventual invasión, que como dice el nombre de la operación, debía completarse en apenas 30 horas, el tiempo que Brasilia estimó que tomaría ocupar desde la capital Montevideo hasta la frontera con el estado de Rio Grande do Sul.
Por Ailín Bullentini. Hubo un tiempo en que el Nordeste argentino estuvo en las manos de campesinos y campesinas que lo sembraron, lo cosecharon y trabajaron; que idearon la forma en la que la comercialización del fruto de su esfuerzo les sirviera para comer, pero también para desarrollar una vida digna. Para ellos, para sus familias, para el futuro de todos. Fue el tiempo de las Ligas Agrarias, que lograron organizar y unificar a cientos de pequeñas y medianas cooperativas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos detrás de un sueño que fue expandiéndose y que encontró en el terror de la última dictadura cívico eclesiástica militar el límite y el abismo.
Muchos de sus referentes fueron perseguidos, detenidos y torturados durante aquellos años; algunos fueron asesinados y otros continúan desaparecidos. De a poco, y tras décadas de impunidad, algunas de esas historias fueron decantando en diferentes causas y juzgados, que más lento de lo deseable, fueron aportando Justicia a la Verdad y a la Memoria.
Hace pocas semanas, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) de San Martín definió como “crímenes de lesa humanidad” cometidos en el marco de un “genocidio” a los delitos cometidos contra militantes que participaron de la Contraofensiva montonera, entre ellos algunos dirigentes de las Ligas Agrarias. Fueron golpes que sucedieron entre 1979 y 1981, aunque la cacería había comenzado bastante antes.
“Fue todo un gran movimiento que luchó por el territorio y por la dignidad humana. Y así nos pegaron”, reflexiona Remo Vénica, uno de los pocos referentes de aquella experiencia que sobrevivieron al terrorismo de Estado, y que aportó su relato en el juicio por los crímenes contra la Contraofensiva de Montoneros. “¿Por qué no?”, se pregunta el hombre de 78 años cuando Tierra Viva lo consulta sobre las razones que llevaron a integrantes de la dirigencia liguista a encauzarse en aquella agrupación político militar peronista durante los años siguientes a su fundación. Con la misma repregunta responderá al interrogante sobre las razones que tuvieron los milicos para pegarle “tan duro”. “Tan solo hay que mirar el contexto y se entiende perfectamente”, invita. Y allá vamos.
Un movimiento campesino que le ganaba a las corporaciones
Osvaldo “Quique” Lovey también insiste en contextualizar la persecución, la violencia, la muerte. “Hay que decir en qué contexto político se desarrolló la represión. Las Ligas Agrarias era la organización más importante que tenían los agricultores familiares en el Nordeste argentino, enfrentamos la estrategia acumulativa de los monopolios en las distintas provincias, luchamos por la distribución de la tierra, por la reivindicaciones más sentidas de las familias campesinas. La dictadura tenía un objetivo económico y para poder implementarlo había que eliminar todo vestigio de oposición y resistencia, nos necesitaba terminados”, amplía en diálogo con esta Agencia.
Como Vénica, Lovey fue testigo en el juicio que culminó el 10 de junio pasado. También lo fueron Carlos Cremona y Oscar Mathot, integrantes del movimiento, además de varios familiares de Arturo Dean, Hugo Voucouber, María Bregant, Luis Fleitas y Carlos Piccoli, sus compañeros secuestrados y desaparecidos, “casos” en el debate. Palabras más, palabras menos, los militantes describieron ante los jueces del TOF 4 de San Martín los trabajos, lineamientos y objetivos de las Ligas Agrarias y concluyeron en que aquellas características fueron las razones de la persecución que sufrieron.
La organización campesina se expandió rápidamente por todo el Nordeste y llegaron incluso a Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero. Pero el origen de las Ligas es chaqueño. Allí se dieron una serie de condiciones que, en medio de la “turbulencia que sacudía al país entero”, concluyeron en la primera versión de este “colectivo social que se reconoció como un ‘nosotros’explotado y marginado, y se construyó desde la crisis y la amenaza efectiva a la supervivencia” de campesinos vinculados al cultivo del algodón, define la socióloga Mercedes Moyano Walker en su investigación “El mundo rural en emergencia”.
El nacimiento de las Ligas Agrarias
La fecha: 14 de noviembre de 1970. Aquel día, en Saenz Peña, Chaco, se llevó a cabo el “Primer Cabildo Abierto de Campesinos”, principalmente pequeñas familias rurales. Estaban los “colonos”, una identidad que viene de la distribución de más de un millón de hectáreas del centro chaqueño en colonias agrícola-ganaderas de entre 10 y 50 hectáreas cada una que el gobierno nacional impulsó en la primera mitad del Siglo XX y en donde se fomentó, sobre todo, el cultivo de algodón. También figuraban los cooperativistas, ya que la producción se había organizado institucionalmente en cooperativas que se habían conformado desde hacía décadas. Aquella reunión dio nacimiento a Ligas Agrarias chaqueñas.
Las demandas apuntaban contra los monopolios de acopio y comercialización usufructuados por dos o tres terratenientes locales y capitales extranjeros y exigían protección al gobierno provincial y nacional: regulación estatal de la comercialización y la producción, pero también distribución de la tierra, indican en una de sus tantas investigaciones sobre el tema Claudia Calvo y Analía Percíncula para la Universidad Nacional del Nordeste.
Aquella primera irrupción pública reunió, recuerda Venica, unos 4000 campesinos y campesinas que ya venían “agitados”. El Cordobazo, en 1969, había dejado la mecha encendida. El Movimiento Rural de Acción Católica Argentina venía aportando para entonces, dice Moyano Walker, una elemento fundamental para la conformación de las Ligas: jóvenes formados en el territorio, en los campos, en los montes de esa zona litoraleña, educados en contacto con la tierra y con un objetivo claro: “Impulsar en el campesinado el camino hacia la vida digna”, define el militante que fue uno de ellos.
¿Sobre qué capacitaban? Sobre cómo trabajar la tierra, cómo conectarse con el entorno y cómo vivir en él y de lo que él otorga; cómo defenderlo desde la política, la educación, la construcción asamblearia. “El movimiento liguista surge de una gran necesidad de organización, una gran necesidad de transformación y una gran necesidad de lucha para evitar que se apoderen de las tierras de los campesinos del país”, resume la investigadora Mercedes Moyano Walker.
En el trabajo de formación del Movimiento Rural Católico fue que Vénica conoció a su compañera Irmina Kleiner, con quien sobrevivió a la última dictadura escondido en el monte, la selva y los cañaverales de la zona y hoy mantiene un proyecto de agroecología en Guadalupe Norte (Santa Fe) —Naturaleza Viva—, donde nació y adonde regresó tras el exilio.
Remo Vénica. Dirigente de las Ligas Agrarias, perseguido por la dictadura, testigo en el juicio contra represores. Foto: Gustavo Molfino
La asociación como herramienta: nadie se salva solo
El formato ya existía, y sobre él se montaron las Ligas Agrarias: las cooperativas. Subraya Vénica: “Hemos logrado recuperar decenas y decenas de cooperativas, incluso de las grandes” de algodón en Chaco y Formosa, de tabaco y yerba en Misiones y Corrientes, agropecuarias en el norte de Santa Fe. “Fueron nuestras herramientas económicas sobre las que concentrábamos la producción y defendíamos los precios. Y sobre ellas golpeó la dictadura para que no haya resistencia al plan económico de las corporaciones”, completa Lovey. En todo el Nordeste llegaron a involucrar cerca de 30.000 familias, más de 100.000 personas.
El contexto: “La política económica de la dictadura venía a reimponer a los grupos multinacionales que concentraban en sus manos desde el acopio en la producción hasta todo el desarrollo de la cadena industrial”, apunta el militante rural que hoy sigue vinculado a la temática, en el gobierno de Jorge Capitanich, en Chaco.
La entrega de un millón de hectáreas de Chaco y Formosa a la empresa Agrex —estadounidense con el apoyo local de la familia del dictador Alejandro Lanusse— fue la principal resistencia en el origen de las Ligas chaqueñas. Y lo lograron, no solo porque lo impidieron, sino porque el movimiento de campesinos logró desarrollarse en toda la cadena industrial del algodón: “Una parte la comercializábamos y otra se industrializaba. Teníamos fábricas de aceite, molinos harineros, hilandería, tejeduría, fábrica de confección de ropa, líneas de exportación por los ríos Paraná y Uruguay. Un complejo muy importante que fue formado, organizado, financiado por la economía de los agricultores. Eso es lo que vinieron a destruir”, describe Lovey.
Las razones económicas de la última dictadura “necesitaron de la muerte y la persecución” para poder concretarse, añade Remo Vénica, pero el objetivo era “a largo plazo” y apuntaba “a quedarse con la tierra». «Ellos tenían presente que el futuro, la riqueza de la humanidad, era la producción de alimentos. Y para producir alimentos se requería concentrar la tierra”, explica.
—¿Considera que querían la tierra para producir?
—No, por supuesto. No veían vida en el territorio. Solo riqueza, dinero, ganancias, poder, para ellos. Ellos querían acumular ganancias, no multiplicar campesinos, que es la manera más sana de producir sanamente, de distribuir mejor a la población en el territorio y a la riqueza entre la población.
Osvaldo «Quique» Lovey, de las Ligas Agrarias de Chaco. Testigo en el juicio que condenó a represores de la dictadura militar. Foto: Gustavo Molfino
La dictadura y su plan sistemático
Para el 24 de marzo de 1976, la multiplicación de campesinos de las Ligas Agrarias era más que fructífera. El movimiento cooperativo llegó a comercializar el 80 por ciento de las producciones agropecuarias en casi todas las provincias en las que tenían presencia, según los cálculos que maneja Vénica, quien, por otro lado, destaca que durante el “auge” de las organizaciones rurales, eran “500.000 pequeños y medianos productores en todo el país. Ahora no somos más de 100.000”.
La organización campesina llegó a convertirse en “un movimiento súper fuerte de las comunidades rurales que decidían cada cosa en asamblea, las medidas que tomarían, quiénes iban a conducir el movimiento”, remarca Vénica.
Sin embargo, aquel marzo fue la estocada final de un plan de persecución y exterminio que venía consolidándose desde por lo menos un año antes. Para entonces, hacía años que gran parte de la dirigencia del movimiento —en casi todos los territorios— integraba alguna organización de la lucha armada. Varios de ellos pasaron la previa del golpe de Estado de 1976 en la cárcel. Lovey fue detenido en abril de 1975 y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, como algunos otros. Desde fines de 1975, “la represión se agudizó, se sucedieron las muertes, los asesinatos callejeros y las desapariciones, los secuestros, las torturas. Fue una cacería literalmente. Porque a la semana de habernos largado, nos volvieron a buscar y esa vez el plan era no dejarnos con vida”, describe.
Él, Venica y otra decena de referentes de las Ligas Agrarias debieron refugiarse en el monte chaqueño cuando la Junta Militar dio el golpe “pues no había lugar seguro” para ellos.
En la zona del Nordeste, la confluencia de “todas las fuerzas, Ejército, Prefectura, Gendarmería, y las Policías” desplegaron una serie de operativos a los que bautizaron “Toba” y tuvieron como única meta encontrarlos: “Iban casa por casa en las colonias, allanaban a cada familia. Secuestraban a delegados campesinos que nos ayudaban con alimento y agua, los torturaban y luego los exponían en las comunidades, maniatados con alambre, hinchados de los golpes, ensangrentados, los paseaban hasta por las canchas de fútbol de los barrios para demostrar qué pasaba si seguían insistiendo con otro modo de vida”, describe Vénica.
En el marco de esos operativos “cayeron” algunos dirigentes liguistas en 1976, como Carlos Orianski y Juan Sokol. Orianski venía escapando de la patota genocida que lo sorprendió en el monte en octubre. Permanece desaparecido. Las familias campesinas con las que había tenido contacto antes fueron detenidas y torturadas. Como la familia de Sokol, a quien hallaron en la ruta y lo trasladaron a la comisaría de Saenz Peña, donde murió producto de los golpes.
Pero además de violencia física, también hubo de la otra: robo de tierra y de herramientas, una política para desarmar el monte. “La estrategia era despojar a los campesinos de la tierra. Primeros destruían los lazos sociales con el miedo, luego les privaban del trabajo”. En Chaco, suma Lovey, “solo en 1978 se embargaron 3000 tractores de los agricultores. Entonces les quitaban las herramientas de trabajo y después las chacras. Además de campesinos secuestrados, acá desaparecieron del escenario agrario más de 20.000 familias agricultoras, el motor económico de esta provincia”.
Fueron entre tres y cuatro años de vivir escondidos. Irmina Kleiner parió dos de los seis hijos que tiene con Vénica en ese tiempo: la niña nació en una cueva que cavaron a tres metros de profundidad; el niño, en el campo de cañas de azúcar de tres metros de alto. Ambos pudieron exiliarse, al igual que Lovey y otros compañeros. Más tarde o más temprano, regresaron en el marco de la Contraofensiva. Fueron muchos los referentes de las Ligas Agrarias que no sobrevivieron al terrorismo de Estado.
Las víctimas campesinas de las Ligas Agrarias y los juicios a represores
El pasado 10 de junio, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a cinco jerarcas de la Inteligencia del Ejército por un centenar de delitos de lesa humanidad contra los militantes que “volvieron” a resistir el terrorismo de Estado. Entre ellos, se cuentan los que sufrieron Arturo Dean, Hugo Voucouber, María Bregant, Luis Fleitas y Carlos Piccoli. Todos estuvieron escondidos en el monte, lograron exiliarse en Europa y regresaron. A Dean y Bregant, una pareja de liguistas de Santa Fe, los secuestraron en el Puente Internacional Paso de los Libres. A Fleitas y Vocouber, se cree, los interceptaron en el aeropuerto de Mendoza. Piccoli llegó hasta Saenz Peña, en el Chaco. Su objetivo era reorganizar a les campesinos, pero no lo dejaron: lo asesinaron en una emboscada mientras andaba en bicicleta la noche del 22 de abril de 1979.
Por su muerte y la de Raúl Gómez Estigarribia, otro referente de las Ligas de Chaco, también fueron juzgados y condenados en 2019 por la justicia federal de Resistencia el ex teniente coronel del Ejército Tadeo Bettolli; los ex agentes policiales Alcides Sanferraiter y Miguel González y los ex comisarios José Rodríguez Valiente y Eduardo Wischnivetzky. El Tribunal Oral Federal de Corrientes, en tanto, revisó el secuestro y las torturas que sufrieron una decena de integrantes del movimiento en esa provincia. Por esos hechos, condenó a tres represores y absolvió a otros cuatro.
Pero son muchas más las víctimas campesinas que dejó el terror. Lovey no sabe cuántos exactamente, “nunca” quiso contarlos “por una cuestión de dolor en el alma”. Los hay muertos, los hay desaparecidos, los hay sobrevivientes, como él. Y también hay nombres que no integran la lista de ninguna “categoría”, pero igualmente sufrieron. Todas “son pérdidas que se sienten y se van a sentir para toda la vida”. “Todos están en el corazón y el alma del pueblo campesino, porque han dado todo por su lucha y organización. No hay día que el pueblo no los recuerde”, completa Vénica.
El docente y militante Manuel Ramat espera que este año la Justicia de Entre Ríos condene al hombre que lo secuestró y torturó en la última dictadura militar, el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Carvallo, quien con la llegada de la democracia se convirtió en locutor radial y logró durante años encubrir bajo esa actividad su pasado represivo.
“Esperé mucho tiempo pero tengo esperanza que después de tanto tiempo se llegue a una condena. Si bien la justicia no tiene un plazo, todo está dado para que antes de fin de año haya una condena para Carvallo. Están los alegatos y los pedidos de pena. La sentencia es algo que está al caer”, señaló Ramat en diálogo con Télam.
Ramat, único denunciante en esta causa que se sigue contra Carvallo, presenció la audiencia virtual (en función de las restricciones sanitarias) que se realizó el 14 de octubre, y que estuvo a cargo del juez federal de Concepción de Uruguay Pablo Seró.
A través de medios electrónicos, la fiscal Carlos García Escalada pidió una pena de 11 años para el acusado, en tanto que las querellas que representan al Estado y a la agrupación HIJOS solicitaron 21 años de prisión.
Por una cuestión de procedimiento, los juicios de lesa humanidad se celebran en Entre Ríos con el antiguo código procesal y en función de esta particularidad los procesos no son públicos y por lo general son convocadas audiencias cuando se piden las penas y se dan a conocer las sentencias.
Para la fiscalía, el imputado fue autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos sobre la víctima.
“Durante los años ’70 participé de lo que fue la formación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la zona de Paraná y Santa Fe con compañeros que venían de las Universidades de Entre Ríos, el Litoral, la UTN y la UCA. Tuvimos una militancia muy activa y quedamos todos identificados”, recordó Ramat.
El 30 de septiembre de 1976, Ramat, estudiante de Ingeniería, se presentó con un representante legal ante la jefatura de la Policía de Paraná que lo requería por haber violado la ley de “actividades subversivas”.
Allí, Carvallo, que entonces era policía pero estaba vinculado al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, apresó a Ramat y lo subió a un auto policial con la excusa de trasladarlo a Santa Fe, pero a mitad de camino lo esposó, encapuchó y lo metió en el baúl del vehículo.
La víctima terminó en la comisaría del barrio El Brete, en Paraná, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal, en el cual según la acusación Carvallo oficiaba como interrogador y torturador.
Tras 45 días de padecimientos, que incluyeron pasajes de corriente eléctrica sobre su cuerpo y golpes, el militante de la JUP fue blanqueado, sometido a Consejo de Guerra y detenido en varias cárceles como Sierra Chica, la Unidad 9 de La Plata y Paraná, hasta que en enero de 1984 recuperó la libertad.
“Tenía más de 40 materias rendidas en la carrera de Ingeniería, pero no pude terminar la carrera. La cárcel me destruyó. Pero bueno, me dediqué a la docencia, trabajé en el estado, milité en ATE y ahora estoy jubilado”, repasó Ramat.
Al salir de la cárcel, en los primeros años de la democracia, Ramat denunció su secuestrador y contó en sede judicial las alternativas de su cautiverio ilegal.
En 2008 la causa se desarchivó y la víctima volvió a ratificar sus acusaciones, al contar que en junio de 2008 Carvallo había estado en un allanamiento ilegal en su casa, cuando integraba un grupo de tareas que buscaba a su hermano, asesinado por la represión ilegal.
Carvallo había iniciado una trayectoria en los medios de comunicación, y tras recibirse como locutor en el ISER, en 1980, recaló en Misiones, donde trabajó en Canal 12 y en FM Show, una radio propiedad de Alfredo Abrazián.
Por su labor periodística, Carvallo ganó distinciones conferidas por el Sindicato de Prensa de Misiones y en 1998 la Liga de Madres de Familia le entregó el premio Santa Clara de Asís.
Pero en 2012 se difundió una lista de agentes del Batallón 601 en la que figuraba Carvallo, y esto activó la causa iniciada por la denuncia de Ramat.
Dos años después, el juez federal de Entre Ríos Leandro Ríos ordenó su captura nacional e internacional por delitos de lesa humanidad y el exagente decidió profugarse.
En esa condición estuvo cuatro años, hasta que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo detuvo en la casa de su hermana, en un barrio de Posadas.
“Sabíamos que estaba entre Paraguay, Brasil y Misiones. Era evidente que estaba protegido y por eso pudo estar tanto tiempo prófugo”, indicó Ramat.
A los 66 años, Carvallo, quien ante sus víctimas se jactaba de estar adiestrado para torturar, espera que el juez Seró le dicté sentencia.
La inflación del 2019 cerró en un 53,8 %; la del 2020 según las estimaciones más optimistas andaría por encima del 40%. Si a esto le sumamos que la economía se derrumbó en el 2018, 2019 y está prevista una caída del PBI del 1,7 % en el 2020: ya tenemos el combo completo.
Pero todo esto no es nuevo en la Argentina, los ciclos de crisis de stop and go (término con el que se denomina a las crisis económicas de estas características), vienen de los años 50 y todavía no podemos salir de ellos, a pesar de haber sido una de las principales (incluso la mayor en términos per cápita) economía del mundo. Como existía el problema, se buscaron soluciones y, a juzgar por el presente, ninguna nos llevó a un crecimiento sostenido con baja inflación como si lo lograron países muchos más atrasados que nosotros.
La idea de los siguientes artículos es repasar los planes de estabilización económica que se implementaron en la Argentina en los últimos 50 años y entender por qué fracasaron. Empecemos con el último plan de la dictadura, que nos llevó de poder ir de compras a Miami en la patria del “deme dos” a una crisis terrible que si para algo sirvió es para terminar también con el gobierno de facto. Lo que vamos a describir es una breve síntesis de en qué consistía el plan y sus consecuencias.
La tablita
La inflación en 1978 fue del 170 por ciento, la de Estados Unidos era el 9 %, y algo había que hacer:
La famosa Tablita fue un plan de carácter gradualista se podría decir, porque buscaba reducir la inflación a través del tiempo hasta que convergiera con la internacional (o la de Estados unidos en ese momento). Sus medidas principales fueron las siguientes :
Hacer devaluaciones preanunciadas: en principio las devaluaciones serían cada ocho meses y después se aceleraron ¿De qué serviría esto? Se parte de que el problema de la inflación era las variaciones del dólar, entonces lo que se buscaba era que la tasa inflación se alineara a una tasa de devaluación decreciente en el tiempo hasta terminar convergiendo con la inflación internacional.
Para que se cumpla lo anterior, los precios no debían superar a la devaluación más la inflación internacional; por eso se bajaron los aranceles y restricciones a las importaciones para que ingresen productos del exterior, y la competencia haga que los productos locales no puedan subir por encima de los precios internacionales (sino serían más caros y no se venderían).
Los servicios públicos aumentarían sus tarifas junto con la devaluación para que no queden atrasados y no provoquen déficit.
Se liberó el mercado de capitales para que ingresen o salgan de acuerdo con la tasa de interés (acá se conoció por primera vez el término bicicleta financiera).
Se hicieron otras cosas, como los seguros de cambio para que las empresas saquen sin riesgo créditos en el exterior y el país les cubría la diferencia de cotización.
¿Que debía pasar?
La tasa de inflación, que según el diagnóstico dependía de la devaluación, debería alinearse con esta y juntos ir descendiendo hasta igualar a la tasa internacional. Esto pasaría porque las importaciones de productos no permitirían que los precios de los productos locales aumenten por encima de la devaluación y habiendo actualizado los servicios públicos en la misma sintonía. Entonces el nivel de precios internos debería converger al nivel de precios internacional.
¿Qué pasó?
Pasaron cosas… resumidamente, la inflación fue más alta que la devaluación preanunciada, pero como había dólares producto de aportes del Fondo Monetario Internacional y la entrada de capitales golondrinas, estos quedaban cada vez más baratos (porque el aumento de precios internos, incluidos los sueldos, era mayor al aumento del dólar programado), y por ende los bienes importados eran más baratos. Esta situación provocó un brutal déficit de cuenta corriente a la par de que la industria nacional iba desapareciendo (las importaciones se triplicaron entre el 78 y el 80).
Capítulo aparte merece el negocio del siglo: como la tasa interna era mayor que la internacional y se sabía cuándo y cuánto se iba a devaluar, entraban dólares al por mayor: se compraban pesos, se ponían a interés y un día antes de la devaluación, que se conocía de antemano, se volvían a convertir a dólares, repitiéndose estas maniobras especulativas una y otra vez.
Obviamente que el ritmo de endeudamiento de la Argentina para alimentar esta bicicleta era insostenible. Entonces pasó lo que iba a pasar: un día se terminaron los dólares de reserva y la posibilidad de endeudamiento y las corridas de febrero de 1981 dieron muerte a la tablita; con ella a la industria nacional y se dio inicio al largo historial de dramas de la deuda externa.
¿Y la inflación? Subió del 87% en 1980 al 131% en 1981 y al 209.7% en 1982; acompañando las sucesivas devaluaciones y desastres monetarios.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y de Inflación Verdadera.
¿Que se hizo mal?Entre muchas cosas que la Dictadura hizo mal, en materia económica, si al ver que las devaluaciones programadas eran menores a la inflación real, el error fue no corregir la tasa de devaluación hacia arriba, así como liberar el mercado de capitales para que las inversiones especulativas se llevaran todos nuestros dólares. Esto demuestra una vez más que el dólar barato en la Argentina siempre salió caro. Cualquier semejanza con 2018, no se trata de una mera coincidencia.
La política de reimplantación al como sea, del patio trasero de EEUU, hoy con el asociado menor de la UE, o más precisamente de las Potencias Atlantistas y del mega poder financiero especulativo globalizador mundial, da sobradas muestras de estar aplicándose sistemáticamente y sin eufemismos ni medias tintas. Los ataques a los gobiernos de orientación nacional y popular, y en particular a los que sostienen o sostuvieron la coherente visión geopolítica de la Patria Grande, se siguen perpetrando con una sistematización que demuestra no detenerse ante nada, desembozadamente. Ya el golpe de Estado de 2009, contra Manuel Zelaya en Honduras, mostró la vigencia del viejo modelo de utilización de las fuerzas armadas del país, como tropas de ocupación y de agresión contra su propio pueblo y su gobierno; metodología recurrente en el siglo XX, junto con las invasiones lisas y llanas, como las que padecieron las pequeñas naciones de Centroamérica y el Caribe. Si bien en el caso venezolano, la invasión por parte de EEUU, con o sin otras tropas subordinadas provenientes de algunos países de nuestra región, se mostró como la alternativa de máxima que parecieron estar dispuestos a utilizar (y que hasta ahora no sucedió seguramente por el alto grado de entrenamiento, buen equipamiento y concientización nacional que está demostrando la Fuerza Armada Bolivariana, que además cuenta con el explicito respaldo de Rusia como fuerte reaseguro); muchos analistas supusieron que las guerras híbridas (como la que sigue en perpetración contra Venezuela), o las otras agresiones del tipo “lawfare” (guerras judiciales con respaldos mediáticos, de operadores encubiertos y/o “mano de obra desocupada” de algunos “servicios” y los avales de las oligarquías siempre apátridas), o eventualmente los aprietes financieros y políticos, o los golpes de tipo palaciego previa violencia o acciones de zapa (como contra Lugo) serían los formatos vigentes, excluyendo las tradicionales asonadas militares salpimentadas con parafernalia pseudo nacionalista. Aquellas insurrecciones, por lo general cruentas, tenían la excusa perfecta, de impedir el avance del comunismo, que era la muletilla recurrente, que hoy ya es un anacronismo total; aunque muchos retirados de Argentina sigan “alertas contra los que quieren imponernos un trapo rojo como bandera”, tal el grado de alienación y/o vetustismo conceptual que los envuelven. Los lamentables sucesos de Bolivia, demuestran la renovada vigencia de los alzamientos armados de uniformados (en ese caso policía y ejército), para perpetrar golpes de Estado fogoneados por oligarquías locales, con respaldo de evangélicos y sectores ultra conservadores del catolicismo; ahora con el inmediato y explícito apoyo de EEUU, por medio de su presidente. Claramente, esos poderes transnacionales siguen con su objetivo de desguazar totalmente a Argentina, para con ello no solo disponer de nuestro territorio y riquezas, sino también impedir la necesaria constitución del bloque de poder de la Patria Grande. Más allá de como termine el tema en Bolivia, lo que se puede avizorar es que un formato similar, o con varias similitudes, es muy posible que esté incubándose en Argentina, de acuerdo a la sumatoria de indicios señalados seguidamente. Con bases de sustentación algo diferentes, las oligarquías de Bolivia y Argentina, son de vieja data; siendo ambas fuertemente excluyentes de los sectores populares, además de clasistas acentuadas, racistas, y gustosamente subordinadas a los poderes imperiales de turno. La soberanía y el desarrollo nacional no les importan, solo cuidan sus abusivos privilegios. Los medios de difusión dominantes en ambos países, son funcionales o directamente manejados por los poderes oligárquicos e imperiales, salvo contadas excepciones en Argentina, y si las hay en Bolivia. Las carencias conceptuales o directamente mediocridades acentuadas, de los sectores empresariales, que no asumen sus roles de burguesías progresistas y favorables a un sano proteccionismo nacional, para en cambio aceptar e impulsar dogmatismos e ideología neoliberal –claramente en perjuicio propio y del país-, son muy marcadas en Argentina (salvo honrosas excepciones), y seguramente la realidad es similar o peor en la hermana Bolivia. Sus adhesiones al “libre comercio” y otras falacias neoliberales, son pruebas de sus limitaciones de enfoques, operando contra sus propios intereses y los de la nación toda. Son marcadamente favorables a gobiernos de esa conformación ideológica, y reciben alborozados a los golpes de Estado que voltean a gobiernos populares y nacionales, con los cuales esos mismos empresarios se ven beneficiados; pero el cerrado dogmatismo y el odio de clase, suelen enceguecerlos. Hay excepciones, por supuesto. Las fuerzas armadas y de seguridad, llevan largas décadas de cerrada colonización cultural, con la doctrina de la seguridad nacional –una aberración y anacronismo total- como basamento de sus cerrados dogmatismos cargados de prejuicios antinacionales y antipopulares; convenientemente “adornados” con mucho himno y bandera, cosa de salvar formalidades y evitar que se razonen las consecuencias reales de sus acciones, de claras subordinaciones a los mandatos imperiales de turno. En Argentina, la mentalidad “procesera” sigue incólume como supuesto conjunto de “verdades absolutas” y por ende incuestionables; por lo que no asumen todo el daño hecho al haber impuesto al apátrida neoliberalismo a punta de bayonetas. Entre los retirados, es mayoritariamente excluyente la ideología dogmática antiperonista, inculcada machaconamente en los institutos de formación militar, y como aberración conceptual (que se niegan a razonar) se consideran “patriotas y liberales”, lo cual es un oxímoron tan burdo como decirse “honestamente mafioso”. Eso sigue inculcándose a uniformados en actividad, con lo cual pasan a ser “material disponible” para cuanto golpe de Estado pseudo patriótico se quiera perpetrar. ¡Urge volver a tener vigente la Doctrina de la Defensa Nacional e inculcar reales Valores Patrióticos (no de opereta) y Nacionales, como fuerte reaseguro en defensa de La Patria! Vinculado con lo anterior, existen fuertes evidencias, que los factores de poder que operan entre los uniformados, mantienen un aceitado sistema de comunicaciones informales, con mensajitos convenientemente edulcorados y precondicionados ideológicamente, para mantener y acentuar los dogmatismos ya inculcados, y eventualmente predisponer a efectuar actos supuestamente “patrióticos” (léase represiones al pueblo como las perpetradas contra manifestantes pacíficos, o directamente consumar nuevos golpes de Estado), subordinados a los dictados anglosajones. Con esa ideología de la dependencia, operan ciertos “referentes”, que siguen dando letra a la tropa, que por desconocimiento de Geopolítica, Historia y Economía, carece de referencias válidas para analizar los aberrantes principios que les transmiten casi sin solución de continuidad desde 1955 y sobre todo desde 1976, predisponiendo potencialmente a nuevos quiebres institucionales, antinacionales y oligarquicos. Los mercenarios de las comunicaciones, ya están instalando ideas que esmerilen la credibilidad del nuevo gobierno pronto a asumir, y es muy posible el accionar muy activo de los servicios cooptados por intereses antinacionales, a los mismos efectos. En todo ello, el accionar de ciertas “progresías” de diversos pelajes, que son funcionales a los mismos intereses antinacionales, siempre terminan sumándose al caos y las acciones disolventes. Los riesgos aparentemente difusos, son muy concretos, y la alocada idea de separar el “país central”, rico, blanco racista, oligárquico y excluyente, cobró estado público, y no debe tomarse como una simple bravuconada. Hace décadas nos quieren desguazar y volver al más elemental subdesarrollo, y esos objetivos no tienen plazos. Por eso denigran de mil modos a gobiernos y sectores políticos que no se subordinan a tan abyectos dictados. Ahora, potenciales golpes de Estado, vuelven a ser una brutal herramienta de sometimiento y destrucción. No se puede ni se debe desconocer esa preocupante amenaza a la propia subsistencia de Argentina, y al ya muy atacado proyecto de constituir la Patria Grande, elemental herramienta en esta época de grandes bloques geopolíticos.
