La Odisea, esta vez, no fue la protagonista del cine IMAX del Centro del Conocimiento. La verdadera travesía ocurría unos metros más acá: hacerle entender al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, que las diez provincias del Norte Grande todavía tienen demasiados reclamos pendientes.
Santilli había llegado a Posadas con una certeza llamativamente optimista. “El 90 por ciento de los planteos de los gobernadores está resuelto”, aseguró antes de entrar a la cumbre. Y cuando se le preguntó por la crisis yerbatera -una actividad que lleva 27 meses en rojo, según el semáforo de Coninagro, en coincidencia con la desregulación que impuso el presidente Javier Milei-, la respuesta pareció llegada desde otra realidad: “El dato que tengo es que la yerba está exportando mucho”.
No era exactamente la película que estaban viendo los gobernadores.
Uno tras otro, mientras ingresaban al hall del IMAX donde se realizaría la cumbre del Norte Grande, los mandatarios fueron dejando en claro que entre la mirada de Buenos Aires y lo que ocurre de este lado del mapa todavía hay una distancia considerable. Gas, energía, rutas, infraestructura, producción, empleo y recursos: la agenda que llevaban bajo el brazo estaba bastante lejos de ese 90 por ciento de problemas resueltos.
Quizás por eso la referencia a La Odisea resulte más apropiada de lo previsto. Porque el problema del Norte Grande no parece ser solamente llegar a destino. Primero hay que conseguir que desde el centro del poder reconozcan cuánto falta todavía para llegar.
La cumbre sirvió para enumerar reclamos y cerró con un compromiso de Santilli de revisar un mecanismo de compensación para las tarifas eléctricas del Norte a cambio de los votos para suprimir subsidios en zonas no frías. No mucho más.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dejó claro que entre el conformismo de Santilli y la posición de los gobernadores hay un abismo. “Hoy la Argentina no está bien. Lo único que se hizo fue mejorar algunas variables macroeconómicas, pero ese mejoramiento no llegó abajo, no llegó a la gente, no llegó a la microeconomía”, advirtió.
Para el mandatario tucumano, el deterioro se refleja especialmente en los ingresos y en el creciente peso de las deudas familiares: “Hoy los sueldos, aquel que tiene la posibilidad de tener un empleo, no llegan a fin de mes; y también el que tiene un empleo tiene un nivel de endeudamiento importante”.
En ese escenario, señaló como problemas centrales “los salarios bajos, las faltas de incrementos salariales y, ni qué hablar, los niveles de desocupación que tiene hoy la Argentina”.
Los propios datos oficiales validan la preocupación de los gobernadores, porque se desmarcan de las celebraciones abstractas del Presidente y su equipo económico.
En mayo cerraron 2.371 empresas en la Argentina. No es una fotografía aislada: la cantidad de empresas lleva 16 meses consecutivos en caída.
La comparación interanual es todavía más contundente. Hay 16.560 empresas menos que en mayo de 2025, una contracción del 3,3%, y ya se acumulan 27 caídas interanuales consecutivas. Es decir, no se trata de un tropiezo coyuntural ni de un mal mes, sino de una tendencia que se prolonga y que todavía no encuentra un piso. La perspectiva desde el cambio de Gobierno profundiza esa lectura. Desde noviembre de 2023 desaparecieron 30.633 empresas, el 6% del total, lo que convierte al actual ciclo en la mayor caída empresaria registrada durante los primeros 30 meses de una gestión nacional.
Los números importan porque detrás de cada empresa que baja la persiana no desaparece solamente una razón social. Se pierde inversión, empleo, proveedores, consumo y capacidad productiva. Y, sobre todo, se achica esa trama de pequeñas y medianas empresas que sostiene buena parte de la economía real en las provincias.
La macroeconomía puede exhibir equilibrios que hace tiempo parecían imposibles. Pero si la estabilización no consigue detener la destrucción del tejido productivo, la pregunta deja de ser cuándo llegará la recuperación y pasa a ser cuántos quedarán en pie para protagonizarla.
En mayo el empleo registrado en el sector privado a nivel nacional presentó una caída del 0,1%, equivalente a la pérdida de unos 9.059 empleos en todo el país respecto al mes anterior, mientras que en la comparación interanual el resultado también fue negativo en -2,2% y unos 137.549 empleos menos comparados con mayo de 2025.
Misiones también presentó retrocesos: según la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en base SIPA. En el quinto mes del año Misiones registró unos 96.540 trabajadores en el sector privado formal,con una baja del 0,4% contra el mes anterior, lo que equivale a la pérdida de 411 empleos, el decimosegundo mes consecutivo a la baja y la cuarta caída más alta del país (la segunda mayor en el NEA).
En la comparación interanual Misiones también continúa exhibiendo resultados negativos: contra mayo de 2025, Misiones muestra un retroceso del 6,1% (-6.546 empleos), el segundo más fuerte del país. Desde que asumió Javier Milei, Misiones acumula una pérdida de 12.324 empleos (-11,3% vs. noviembre de 2023). En este caso, la provincia presenta la quinta caída más fuerte del país y la segunda mayor del NEA (solo mejor que Formosa).
La inflación merece una lectura parecida. Después de 32 meses de ajuste, el Gobierno nacional continúa aferrado a la premisa de que “no hay plata” como una de las condiciones necesarias para terminar de disciplinar los precios. Sin embargo, julio volvió a encender una señal de advertencia: después de tres meses consecutivos de desaceleración, el IPC subió 2,1%, contra 1,9% de junio. No es un salto dramático, pero sí una interrupción de la tendencia que el propio Gobierno exhibía como prueba del éxito de su programa.
Hay una paradoja todavía más incómoda. En los primeros siete meses de 2026 la inflación acumuló 19,3%, por encima del 17,3% registrado durante el mismo período de 2025. La interanual también volvió a acelerarse ligeramente, de 33,5% en junio a 33,8% en julio. Después de semejante esfuerzo fiscal, caída del consumo y deterioro del entramado productivo, los precios siguen aumentando. Hasta la Confederación Económica de Misiones, bastante proclive a avalar las políticas nacionales, se desmarca de Milei. La última encuesta de la entidad señala que el 77% de los empresarios considera que el rumbo económico carece de medidas para el sector pyme y las economías regionales.
Y aparece entonces una pregunta que el Gobierno todavía no termina de responder: ¿en algún momento habrá más dinero en los bolsillos para consumir, producir e invertir o el modelo es precisamente este? Porque si después de casi tres años de sacrificio la estabilidad requiere salarios contenidos, jubilaciones deterioradas, consumo débil y empresas que desaparecen, la discusión ya no es solamente cuánto bajó la inflación, sino cuál es el costo necesario para mantenerla allí.
Incluso la magnitud de esa desaceleración admite matices. Según un cálculo de la consultora Qualy, si se utilizara una canasta de consumo actualizada con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, la inflación acumulada desde noviembre de 2023 sería de 344,3%, frente al 328,8% que arroja la medición oficial basada en ponderaciones de una estructura de consumo mucho más antigua. Son 15,5 puntos de diferencia acumulada, aunque en julio prácticamente no hubo brecha: 2,11% con la metodología oficial y 2,14% con la actualización.
Pero quizás la discusión más relevante ni siquiera esté allí. Hay una inflación visible y otra que se esconde detrás del promedio. Y esa segunda inflación explica bastante mejor la sensación cotidiana de muchos hogares.
El NEA ofrece un ejemplo contundente. Desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026, la inflación general de la región acumuló 312,3%, la menor del país. Mirado aisladamente, el dato podría presentarse incluso como relativamente favorable. Pero dentro de ese mismo índice, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 722,9%: 2,3 veces el incremento del nivel general regional, como detalla Alejandro Pegoraro en su columna de Economis.
Ahí está buena parte de la inflación que no siempre aparece en el titular. Porque mientras el IPC general del NEA avanzó 312,3% durante la era Milei, los gastos fijos de los hogares acumularon una suba del 464,3%. La diferencia es crucial: una familia puede postergar una compra, cambiar una marca o dejar de salir a comer, pero tiene mucho menos margen para escapar de la electricidad, el alquiler, el agua, el transporte o los servicios esenciales. La inflación promedio desaceleró, pero la inflación de aquello que necesariamente hay que pagar todos los meses corrió bastante más rápido.
El costo de este proceso empieza a tener, además, una traducción política. Javier Milei aparece en el puesto 15 entre 18 mandatarios latinoamericanos en el último ranking de imagen elaborado por CB Global Data, con apenas 35,1% de aprobación y 62,8% de desaprobación. Casi dos de cada tres argentinos consultados tienen una valoración negativa del Presidente.
La comparación regional sirve para poner el número en perspectiva. Milei queda muy lejos del salvadoreño Nayib Bukele, que encabeza el ranking con 68,7% de aprobación; de Claudia Sheinbaum en México, con 66,5%; e incluso de Lula da Silva, que alcanza 51,9% en Brasil. El contraste con el brasileño es particularmente interesante porque representa casi la contracara del experimento argentino: mientras Milei hizo del ajuste, la motosierra y la reducción del Estado el corazón de su identidad política, Lula sostiene un modelo con mayor intervención estatal, políticas de ingresos y estímulo al mercado interno.
Hace un año, Javier Milei proyectaba que para agosto de 2026 la inflación iba a converger hacia cero. Agosto llegó y aquella meta quedó muy lejos. El Gobierno consiguió bajar drásticamente la velocidad respecto de los picos que recibió y atravesó durante el comienzo de su gestión, pero no logró extinguir la inflación y, al menos en julio, dejó de reducirla.
Ese contraste probablemente sea uno de los debates económicos que vienen. Porque después del ajuste, del equilibrio fiscal y de la estabilización, necesariamente aparece la segunda pregunta. No alcanza con discutir cuánto menos suben los precios. Hay que preguntarse cuándo volverán a crecer los ingresos, el consumo y la producción.
Y, sobre todo, cuánto tiempo puede sostenerse una economía en la que la inflación baja antes que el costo de vivir. Esa sensación de fragilidad quizás no se sienta en la Rosada o en la Quinta de Olivos, donde el presidente pasa las horas. Pero son microestallidos permanentes en el territorio que deben custodiar los gobernadores en las provincias. La suerte política de cada uno está atada indefectiblemente a una economía en la que no deciden, pero que tampoco, necesariamente, deben respaldar.
Quizás por eso mismo los gobernadores llegaron a la cumbre de Posadas envalentonados tras la muestra de poder que significó la batalla del Senado, en la que lograron frenar la reforma de la ley de Tierras y la de Manejo del Fuego, lo que transformó la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada diseñada por Federico Sturzenegger en una ley blandita, intrascendente. También significó un espaldarazo para el anfitrión, Hugo Passalacqua, quien encarna por estas horas su propia batalla con el nacimiento de un nuevo liderazgo político que deja atrás dos décadas de otra forma de hacer política. La señal ineludible es que esta vez no hubo “reuniones paralelas” como en otras oportunidades. Santilli, así como llegó, se fue.
En ese nuevo liderazgo, Passalacqua proyecta una segunda mitad de mandato sobre un nuevo eje. El Presupuesto General de la Administración Pública Provincial ofrece una pista nítida sobre hacia dónde pretende orientar el Gobierno sus recursos en 2027. El cálculo global pasa de $4.045.600.921.000 en 2026 a $5.206.134.722.000 el próximo año. Son $1,16 billones adicionales, equivalentes a un incremento nominal de 28,69%. Pero el promedio, como casi siempre ocurre con los promedios, cuenta apenas una parte de la historia: detrás de ese 28,7% aparecen movimientos muy diferentes entre las principales funciones del Estado.
El dato que sobresale está en Desarrollo de la Economía. Es, por amplio margen, la partida que protagoniza el mayor salto entre las grandes funciones presupuestarias. Pasa de $354.571,9 millones en 2026 a $747.027,6 millones en 2027. Son $392.456 millones adicionales en apenas un ejercicio, una expansión de 110,7%, casi cuatro veces el ritmo al que aumenta el presupuesto provincial en su conjunto.
Ese movimiento modifica, además, el peso de la política económica dentro de la estructura del gasto. Desarrollo de la Economía representaba el 8,76% del presupuesto en 2026 y pasará a concentrar el 14,35% en 2027. Dicho de otra manera: prácticamente uno de cada siete pesos previstos para el próximo año quedará comprendido dentro de las políticas de desarrollo económico.
No es un movimiento menor ni meramente contable. Es probablemente la principal señal de orientación del primer presupuesto diseñado íntegramente para la segunda mitad del mandato de Hugo Passalacqua: en un escenario de contracción nacional, la Provincia decide aumentar considerablemente el peso relativo de las herramientas destinadas a apuntalar la actividad económica.
Eso no significa que las dos grandes columnas del gasto social pierdan recursos. Salud dispondrá de $1.249.193,7 millones, frente a los $1.002.308,9 millones presupuestados para 2026. El incremento nominal es considerable: $246.885 millones adicionales, equivalentes a 24,6%. Sin embargo, como el presupuesto total aumenta 28,7%, Salud crece por debajo del promedio y, en consecuencia, pierde ligeramente participación relativa: pasa del 24,78% al 23,99% del gasto total.
Algo muy parecido ocurre con Cultura y Educación. Su presupuesto crecerá desde $1.012.065,7 millones hasta $1.251.687,1 millones, es decir, $239.621 millones adicionales, una expansión nominal de 23,7%. Nuevamente, hay más recursos en términos nominales, pero un crecimiento inferior al del presupuesto general. Por eso su participación dentro del gasto provincial se reduce del 25,02% al 24,04%.
Aun con esa reducción relativa, Salud y Cultura y Educación continuarán absorbiendo prácticamente la mitad del presupuesto provincial. No hay, por lo tanto, un retroceso nominal de las partidas destinadas a Salud o Educación. Lo que existe es otra cosa, y quizás allí esté la lectura política más interesante de los números: el Estado provincial decide que durante 2027 el desarrollo económico gane un peso que hasta ahora no tenía dentro de la estructura presupuestaria.
Es una declaración de prioridades. Y la de 2027 parece bastante explícita: correr el centro de gravedad hacia la economía, la producción y el desarrollo.
Para eso primero será necesario aprobar el Presupuesto en la Cámara de Diputados, donde debutó el bloque del Movimiento por lo que Viene, con una inesperada primera minoría de 17 legisladores, lo que dejó Encuentro Misionero, bajo la tutela de Carlos Rovira, con apenas seis legisladores. La ausencia del conductor de la ex Renovación fue el dato saliente del reinicio de las sesiones parlamentarias. El otro es que en las próximas horas, Horacio Martínez y Heidy Schierse también dejarán de estar a su lado. El Movimiento quedará a un voto de garantizarse la sanción de las leyes que necesite e irá por la presidencia del cuerpo en diciembre.
No quiere decir esto que la disputa política ya esté saldada y que Rovira acepte mansamente su exilio forzoso.
Hay una tentación comprensible, pero peligrosa, de interpretar la velocidad de los acontecimientos como si la disputa por el poder en Misiones ya estuviera resuelta. Dos meses pueden alcanzar para cambiar el centro de gravedad político; difícilmente alcancen para desactivar una estructura construida durante más de veinte años.
Passalacqua parece haber elegido, por ahora, un camino distinto al del revanchismo. No hay señales de una política de tierra arrasada ni tendría demasiado sentido esperarla. El poder acumulado durante dos décadas no se desmonta de un día para otro, entre otras cosas porque buena parte del engranaje institucional, político y administrativo de la provincia fue construido durante ese mismo período.
La transición, entonces, necesariamente tendrá zonas grises. Hay dirigentes y funcionarios que expresan su alineamiento con Passalacqua pero conservan vínculos, lealtades o afectos políticos con Carlos Rovira. Es probable que muchas de ellas cambien con el tiempo. Pero la lógica elegida parece ser otra: pasos prudentes antes que una purga, acumulación antes que revancha.
También conviene resistir otra comparación tentadora: esto se parece en algunos aspectos a 2003, pero no es 2003. Y confundir ambos momentos puede conducir a errores de diagnóstico.
Hace más de dos décadas, el adversario estaba en la vereda de enfrente. Daba pelea a cara descubierta, tenía identidad política propia y competía electoralmente por el poder. El escenario actual es mucho más complejo. Rovira formó parte hasta hace semanas del mismo dispositivo político y conserva relaciones construidas durante veinte años dentro de ese universo. La frontera entre un espacio y otro todavía no está completamente dibujada.
Por eso sería prematuro escribir su epitafio.
Rovira está herido, pero herido no significa derrotado. Mucho menos desaparecido. Su historia política demuestra una particular capacidad para reinventarse, encontrar espacios desde los cuales reconstruir poder y reunir alrededor suyo a quienes quedaron desplazados, resentidos o sin lugar. Hay algo casi napoleónico en esa lógica: saber juntar heridos para después convertirlos en héroes de guerra.
La incógnita no es solamente qué hará Rovira, sino desde dónde lo hará, con quiénes y bajo qué identidad política. Es razonable suponer que no permanecerá inmóvil.
Por eso también resulta desacertada cualquier intervención pública que pudiera interpretarse como la certificación anticipada de su derrota. La política tiene demasiados muertos que terminaron gozando de excelente salud.
Existe además un fenómeno curioso entre algunos dirigentes: la necesidad de reemplazar rápidamente una obediencia por otra, como si el cambio político consistiera simplemente en cambiar de bozal. Salir de una estructura de poder para colocarse voluntariamente bajo otra no representa necesariamente una transformación. Más llamativo todavía es que, en muchos casos, nadie les está exigiendo hacerlo.
Passalacqua necesita construir autoridad, no reproducir automáticamente los mecanismos que pretende superar.
En ese contexto, una de las mayores amenazas para el nuevo esquema puede no ser Rovira en sí mismo, sino que la sociedad no crea que la ruptura es verdadera. Y esa interpretación puede convertirse en un problema electoral mucho más serio de lo que parece.
Para consolidar su autonomía política, el nuevo oficialismo necesita diferenciarse de Rovira. Pero, al mismo tiempo, necesita que Rovira sea visible. Una confrontación contra un adversario ausente, silencioso o deliberadamente ambiguo es mucho más difícil de explicar.
Falta mucho para las elecciones. Y quizás esa sea la medida correcta para interpretar este momento: el nuevo oficialismo ganó una fecha del campeonato; todavía está lejos de haber ganado el torneo.
La derrota, si finalmente ocurre, tendrá una medida bastante más concreta: las urnas. Y también la capacidad de Passalacqua de construir, después de ellas, un esquema político e institucional definitivamente autónomo.
Hasta entonces, probablemente haya movimientos, silencios, lealtades cruzadas, heridos que busquen refugio y dirigentes intentando descubrir dónde estará parado el poder mañana.
El lunes, el homenaje al Libertador General San Martín, marcará el inicio de una nueva etapa política. Ya se consolidó la ruptura. Ahora empieza el tiempo de una nueva gestión política. Será el tiempo del sentido común.
