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Diputados debate un régimen especial para pymes de frontera: beneficios fiscales y lucha contra el contrabando

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La Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley que busca crear un régimen especial para pymes radicadas en zonas de frontera. La iniciativa, inspirada en el modelo brasileño de “Lojas Francas de Frontera Terrestre”, pretende reducir las asimetrías fiscales y cambiarias, equilibrar precios frente a los países vecinos y desincentivar el contrabando, que hoy genera una brecha de hasta el 40% en los productos.

El proyecto, presentado por el diputado entrerriano Gustavo Bordet, propone declarar de interés nacional el fomento y la protección de las Mipymes que operen en áreas limítrofes. La iniciativa plantea beneficios impositivos, la creación de un Consejo Nacional del Comercio Fronterizo (CNCF) y un marco regulatorio específico para incentivar nuevas inversiones.

El esquema se inspira en la Ley Federal Nº 12.723/2012 de Brasil, que regula las “Lojas Francas de Frontera Terrestre”. Sin embargo, en el caso argentino no se trata de zonas francas tradicionales, sino de un sistema de normas “cíclicas”, que otorguen incentivos tributarios para compensar las diferencias con los países vecinos.

Entre las medidas más relevantes se destaca la exención de IVA para compras en comercios fronterizos hasta un monto de u$s500 por persona y por mes para extranjeros y u$s1.000 para compradores nacionales, con el fin de igualar la competitividad de precios.

Asimetrías cambiarias y el impacto en las pymes locales

Según el director de Defensa al Consumidor de Misiones, Alejandro Garzón Maceda, la situación actual es crítica: “Hoy tenés un 40% de desventaja con otras fronteras y un bajo poder adquisitivo, que repercuten negativamente y lleva a que la gente de la zona compre en países vecinos”.

La volatilidad cambiaria provoca un ciclo de expansión y contracción en las ventas locales: cuando el tipo de cambio favorece al peso argentino, las empresas venden masivamente y abren sucursales; cuando se deprecia, deben cerrarlas. “Hace dos años los mayoristas argentinos vendían por pallets. Hoy muchos locales tuvieron que bajar la persiana”, recordó Garzón Maceda.

Por su parte, Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, señaló que el régimen podría tener un impacto fiscal positivo por el mayor movimiento en zonas fabriles y comerciales del centro del país, además de obligar a los comercios a formalizar relaciones laborales para acceder a los beneficios.

El proyecto ingresó originalmente en 2018 y fue retomado este año en la Comisión de Pymes, donde recibió una buena aceptación. Sin embargo, su avance se encuentra paralizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario José Luis Espert, que hasta el momento no convocó a tratar iniciativas opositoras.

La falta de consenso político y el contexto de restricciones fiscales generan dudas sobre la viabilidad del régimen. No obstante, Bordet defendió la propuesta al afirmar que “las ciudades fronterizas comparten vínculos sociales, culturales y económicos que trascienden los límites nacionales, pero la ausencia de un marco especial expone a las Mipymes a las consecuencias de las asimetrías macroeconómicas y cambiarias”.

¿Puede frenarse el contrabando?

De aprobarse, la norma tendría impacto directo en provincias como Misiones, Formosa, Corrientes, Salta y Jujuy, donde la pérdida de competitividad y el contrabando afectan de manera estructural al comercio. Además, permitiría aprovechar la integración regional para generar mayor circulación de turistas y consumidores en condiciones fiscales equilibradas.

La experiencia brasileña muestra que la implementación de incentivos controlados en frontera puede reducir el contrabando minorista, aunque su éxito depende de una fiscalización estricta y de la coordinación entre provincias, Nación y municipios.

En términos políticos, la medida abre un frente de negociación entre oficialismo y oposición, en un contexto en que las economías regionales reclaman herramientas para sostener empleo y producción frente al drenaje de consumo hacia países vecinos.

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“La Renovación mantiene la praxis del peronismo: resolver los problemas reales de la gente”

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Juan Martín Cáceres, reivindica su origen peronista pero sostiene que hoy la verdadera continuidad de esa tradición está en la Renovación. Con 38 años y una militancia que se inició en las agrupaciones universitarias de la Facultad de Ingeniería, Cáceres asegura que el justicialismo perdió su rumbo cuando se encerró en la sobreideologización, dejando de escuchar las demandas reales de la sociedad.

“Todavía soy delegado al Congreso Nacional del Partido Justicialista porque nunca me notificaron lo contrario. Pero mi lugar está en la Renovación, porque allí se mantiene lo esencial del peronismo: la praxis política, el pragmatismo para resolver los problemas cotidianos a la gente”, explica el candidato a diputado nacional suplente por el Frente Renovador de la Concordia.

Para Cáceres, el peronismo nacional entró en decadencia a partir de 2013, cuando el cierre de listas marginó al movimiento sindical. Esa decisión, sostiene, derivó en una ruptura en 2015 y en el encierro de un discurso puramente ideológico. 

“El peronismo se olvidó de su filosofía práctica y popular. Empezó a hablarle a un sujeto que ya no existe: un trabajador en relación de dependencia que hoy es cada vez más minoritario. Mientras tanto, se perdió la cercanía con la gente y se dejaron de lado las nuevas dinámicas laborales que generan las startups o la economía del conocimiento, que en Misiones sí han sido atendidas por la Renovación”, señala Cáceres, que es un pequeño empresario del comercio minorista.

En contraste, destaca que la Renovación se mantuvo fiel a un programa de gestión con ejes claros: educación pública gratuita y de calidad, salud accesible con excelentes profesionales, acceso a la cultura y la tecnología, y generación de empleo en nuevas áreas de desarrollo. “Ese es el corazón del peronismo, sacado del corset ideológico. La Renovación nunca salió de ese eje”, enfatiza.

Su mirada sobre el presente nacional es crítica. Afirma que el presidente Javier Milei está repitiendo el mismo error que llevó al justicialismo a la pérdida de representatividad: el encierro en una narrativa ideologizada. “Quieren tapar el desastre económico con un discurso. Es lo mismo que pasó con el kirchnerismo. Milei plantea que no hay alternativa, que la única opción es la motosierra. Es como si un médico te dijera: ‘te tengo que amputar la pierna’. Pero sí hay otra alternativa: podés usar una muleta, una prótesis, buscar una solución menos traumática. Y esa alternativa la tenemos que mostrar desde la Renovación”, compara.

El dirigente insiste en que el desafío político no pasa solo por ganar elecciones, sino por recuperar la práctica del contacto directo y la construcción comunitaria. “El peronismo nunca fue una doctrina estatista: fue la organización de la comunidad. Hoy la política se redujo demasiado a la gestión estatal. Hay que volver a los barrios, a los lazos de solidaridad, a esa cercanía que la gente reclama”, apunta.

El resultado electoral del 8 de julio también ocupa parte de su análisis. Cáceres entiende que hubo un voto de castigo a la Renovación, en especial de sectores vinculados al empleo público, pero advierte que esos votantes no se fueron con Milei ni con la Libertad Avanza. “Ese 50% está ahí y tenemos que recuperarlo. La presencia de Oscar Herrera Ahuad en la lista le da a la Renovación otro aire, con un discurso centrado en que nadie se salva solo, en la defensa de la salud, de la educación y del pequeño productor. Ese es el camino para reconectar”, subraya.

Con un discurso crítico hacia la dirigencia nacional, Cáceres concluye que la política debe superar las internas y los cálculos de poroteo. “Mientras a nivel nacional discuten cuántos diputados pone cada uno, la gente está esperando soluciones. La Renovación tiene que ser la alternativa a ese vacío: una fuerza que hable menos de ideología y más de cómo garantizar que los misioneros vivan bien”, afirma.

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Ramón Puerta sobre la gestión de Milei: “Una cosa es el ajuste y otra el desbarajuste”

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“Yo nunca me fui”, aseguró al iniciar su discurso, cargado de referencias históricas y críticas al oficialismo provincial y nacional. De esta forma Ramón Puerta lanzó su candidatura y llamó a reconstruir el “peronismo frentista del tercer milenio”.

En un acto realizado en el Hotel Julio César de Posadas, el exgobernador de Misiones y exembajador en España, Ramón Puerta, presentó oficialmente su lista dentro de Encuentro Republicano Federal, en el marco del partido Activar. Con fuertes críticas al kirchnerismo y a la política económica del gobierno nacional, Puerta planteó la necesidad de “reconstruir el peronismo frentista del tercer milenio” y defendió un modelo basado en la producción, la honestidad pública y la defensa de los intereses provinciales.

“El kirchnerismo no es peronismo”

En su discurso, Puerta marcó distancia del oficialismo nacional y de la deriva ideológica del movimiento que alguna vez lideró el general Perón: “El kirchnerismo no es peronismo. Hicieron del peronismo algo que no representa nuestra historia: no es el peronismo de Perón en el ‘46, ni el de Menem que resolvió la hiperinflación, ni el de Duhalde que se hizo cargo del país cuando nadie quería hacerlo”.

El exgobernador remarcó que su espacio busca “recuperar la identidad peronista desde el trabajo, la producción y la honestidad pública”, y denunció que la corrupción ha deteriorado el vínculo entre la política y la sociedad.

“El pueblo argentino ya no tolera los privilegios, las prebendas y la falta de transparencia. Tenemos que volver a construir un peronismo que sea frentista, amplio, que una voluntades en lugar de dividir”, remarcó con énfasis Puerta.

Puerta también cuestionó al gobierno de Javier Milei por la política económica: “Una cosa es el ajuste y otra el desajuste. El país no puede vivir paralizado porque no se paga nada a nadie. Tampoco podemos seguir endeudándonos para sostener un dólar artificialmente bajo que desincentiva exportaciones”.

En relación con la situación de Misiones, el candidato puso el foco en la problemática impositiva y aduanera que, según señaló, afecta la competitividad provincial: “La aduana interna es una barbaridad. Todos los días vemos aserraderos que se trasladan a Corrientes. No podemos seguir permitiendo que Misiones pierda empleo y oportunidades por culpa de impuestos y trabas burocráticas”.

En ese marco, reclamó un IVA diferencial para Misiones, teniendo en cuenta la competencia desleal que enfrentan productores y comerciantes frente a Paraguay y Brasil.

Respecto de la producción yerbatera, advirtió que la falta de regulación eficiente está empujando a los productores a la crisis: “La súper producción es lo peor que hay. Necesitamos reglas claras, no viajes a China para vender yerba en un país que no la consume. Hay que pensar en el interés de los colonos y no en el marketing político”.

Aclaración política: Germán Kiczka no pertenece a Activar

Durante el acto, Alejandro Paredes -presidente del partido Activar- intervino para despegarse de Germán Kiczka: “Quiero dejar absolutamente claro que Germán Kiczka no forma parte de Activar. Su presencia en algunos espacios no significa que represente al partido. Nuestro espacio es coherente, tiene identidad propia y la lista que presentamos hoy refleja esa visión”.

La lista de Encuentro Republicano Federal dentro de Activar combina dirigentes con trayectoria política y referentes sociales del interior provincial. Entre los principales nombres se encuentran:

  • Karina Griss (Puerto Rico), empresaria forestoindustrial y referente comunitaria, creadora del proyecto Pelucas Solidarias 9 de Julio.
  • Alejandro Rodríguez (Posadas), dirigente con experiencia militante en la capital misionera.
  • Julieta Koch (San Vicente), joven abogada que representa la renovación generacional.
  • Héctor Ariel Salguero (Oberá), abogado con experiencia en derecho y gestión local.
  • Marina Raineck (San Pedro), abogada penalista y excandidata a intendenta en 2023.

Puerta subrayó que la lista busca articular con distintos sectores opositores: “No somos de Milei, no somos de la Renovación. Somos peronistas del tercer milenio, frentistas, y estamos felices de estar acompañados por otras fuerzas provinciales que creen en la producción, el trabajo y la honestidad pública”.

Proyección y estrategia hacia 2027

El lanzamiento de Ramón Puerta marca su regreso a la primera línea política tras más de diez años sin presentaciones electorales, tiempo en el que fue referente su hijo Pedro, hasta que terminó renunciando a la Legislatura, envuelto en el escándalo por pedofilia protagonizado por Germán Kiczka, su amigo y socio político.

“Este es apenas el primer paso. Queremos unir al peronismo y desde ahí impulsar un cambio de gobierno en 2027. Lo que estamos construyendo es un peronismo de puertas abiertas, moderno, sin corrupción y con visión productiva”.

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Diputados aprobó la redistribución automática de los ATN y limita la discrecionalidad presidencial

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En una sesión cargada de tensiones jurídicas y políticas, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por gobernadores que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa, aprobada con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones, busca garantizar que esos fondos se distribuyan entre las provincias de manera proporcional a la Ley de Coparticipación, eliminando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su asignación.

La medida representa un cambio de fondo en la relación financiera entre Nación y provincias, en un contexto marcado por fuertes tensiones por la caída de transferencias, el ajuste fiscal y el debate sobre el federalismo en Argentina.

La disputa por los fondos coparticipables

Los ATN son recursos creados por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal con el fin de atender desequilibrios financieros y situaciones de emergencia en las provincias. Hasta ahora, el Ejecutivo nacional definía de forma discrecional su asignación, lo que históricamente abrió la puerta a usos políticos de los fondos para premiar aliados o castigar opositores.

Según datos expuestos en el recinto, 2024 registró la menor distribución de ATN en dos décadas, apenas un 7,3% del total disponible, mientras que en 2025 se alcanzó un 20%. En promedio, el 12,7% distribuido durante esta gestión se ubicó en el nivel más bajo de los últimos 20 años.

El oficialismo defendió la discrecionalidad como herramienta de flexibilidad ante emergencias, mientras que la oposición denunció un “equilibrio fiscal ficticio” sostenido a costa de recursos provinciales.

El proyecto aprobado dispone que:

  • Los ATN deberán repartirse de manera diaria y automática, respetando los porcentajes de la Ley 23.548.
  • Se los considerará parte de la masa coparticipable, evitando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
  • Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la iniciativa.

El punto más discutido durante la sesión fue si la norma requería o no una mayoría especial. Mientras el presidente de la Cámara, Martín Menem, y legisladores como José Luis Espert y Ricardo López Murphy defendían la necesidad de mayorías absolutas al tratarse de fondos coparticipados, otros diputados como Germán Martínez y Fernando Carbajal sostuvieron que la iniciativa sólo regulaba la distribución y no alteraba el régimen de impuestos. Finalmente, el proyecto fue aprobado alcanzando la mayoría absoluta, disipando la controversia reglamentaria.

Fundamentos, posiciones y debate en el recinto

El miembro informante del dictamen de mayoría, el pampeano Ariel Rauschenberger (UxP), afirmó que se trata de “fondos de las provincias que deben llegar de manera automática y no discrecional”. Denunció que el Gobierno nacional “se ha retirado de la obra pública, de la salud y de la educación”, y calificó de “equilibrio fiscal ficticio” la estrategia oficial.

La catamarqueña Silvana Ginocchio apuntó contra el “drástico recorte del FONID, la infraestructura y las transferencias” y consideró que los ATN se transformaron en “herramientas de ajuste”.

Desde el oficialismo, el salteño Carlos Zapata defendió la discrecionalidad del instrumento como mecanismo para atender emergencias provinciales, mientras que Mercedes Llano (La Libertad Avanza) fue más allá y cuestionó la coparticipación en sí misma, a la que definió como “un federalismo ficticio que institucionaliza la subordinación de las provincias a la Nación”.

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) vinculó el manejo de los ATN con “la compra de voluntades de gobernadores” y sugirió que la práctica se había replicado incluso en la sesión del mismo día, cuando se debatió el veto presidencial a las jubilaciones.

La sanción de esta ley supone un cambio estructural en la relación fiscal Nación–provincias, ya que reduce la discrecionalidad del Ejecutivo en un contexto en el que los ATN se habían convertido en una herramienta política de negociación.

Para los gobernadores, representa un avance en la defensa del federalismo fiscal y una garantía de previsibilidad presupuestaria, especialmente en un escenario de ajuste del gasto nacional y caída de transferencias automáticas.

En el plano institucional, el debate reflejó la fragilidad del sistema de coparticipación vigente desde 1988, con voces que reclaman una reforma integral frente a lo que consideran un esquema “provisorio” y desigual.

A futuro, la implementación automática de la redistribución de los ATN podría reducir el margen de maniobra política de la Casa Rosada y reforzar la autonomía financiera provincial, aunque también abre interrogantes sobre la capacidad de respuesta del Estado nacional ante crisis puntuales.

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Con dos tercios de los votos, Diputados logró la insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazó el veto de Milei

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La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso clave este miércoles al rechazar, con mayoría especial, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La insistencia en la norma obtuvo 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, superando los dos tercios necesarios (165). Hubo 247 legisladores presentes.

De esta manera, si el Senado también ratifica la decisión con la misma mayoría especial, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgar la ley, conforme lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.

El voto de los misioneros

La delegación de Misiones tuvo un rol activo en la votación. Los diputados renovadores Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa se manifestaron a favor de la insistencia de la ley, mientras que los aliados al Gobierno nacional, Martín Arjol y Emanuel Bianchetti lo hicieron en contra. En tanto, Florencia Klipauka estuvo ausente.

Un debate cargado de tensión política

La sesión se abrió con un fuerte debate, en el que la diputada de izquierda Vilma Ripoll advirtió que, si no se rechazaba el veto, se corría el riesgo de dejar a miles de personas sin atención y a instituciones al borde del cierre.

El neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) valoró que el propio Gobierno reconociera el problema al anunciar posibles mejoras, pero criticó que las medidas lleguen tarde. Desde la Coalición Cívica, Victoria Borrego acusó al Poder Ejecutivo de violar la Constitución y la Convención sobre Discapacidad.

El jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, destacó que el costo fiscal de la ley equivale apenas al 0,03% del PBI, y denunció la falta de sensibilidad del Gobierno. En la misma línea, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) afirmó que el veto refleja “crueldad” y “falta de gestión”.

Por su parte, el autor del proyecto y presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, remarcó que la medida “no tiene impacto fiscal” y que busca reordenar un sistema colapsado. “La ley es de pura justicia, humanidad y racionalidad económica”, aseguró.

En contrapartida, desde La Libertad Avanza, el diputado Santiago Santurio evitó centrarse en el tema y dirigió sus críticas al kirchnerismo, defendiendo al Gobierno y justificando su voto en contra.

Contenido de la ley

La Ley de Emergencia en Discapacidad, con vigencia hasta diciembre de 2026, contempla:

  • Financiamiento adecuado y sostenible de pensiones no contributivas.
  • Compensación arancelaria y actualización de prestaciones básicas.
  • Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
  • Incremento de la asignación estímulo en base al salario mínimo.
  • Ampliación del régimen de empleo protegido para personas con discapacidad.
  • Mecanismos de diálogo con organizaciones representativas del sector.

En números, la ley representa un impacto fiscal mínimo pero busca sostener servicios esenciales para más de cinco millones de argentinos con algún tipo de discapacidad.

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