DIPUTADOS

El Gobierno defendió en Diputados la nueva Ley de Inocencia Fiscal

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Altos funcionarios del Ministerio de Economía defendieron este miércoles en la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias y busca fomentar la incorporación de ahorros informales o no declarados al circuito económico formal.

En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, los representantes del Gobierno explicaron los detalles técnicos y alcances de la actualización de la ley, que incorpora los cambios plasmados en el decreto reglamentario de la norma original.

Desde la oposición llovieron las críticas al considerar que la norma alienta la evasión impositiva y que constituye un “blanqueo permanente” que favorecerá a funcionarios públicos, que no están excluidos del régimen de Inocencia Fiscal.

La ley de Inocencia Fiscal había quedado en la mira luego de que unos días antes de ser eyectado del cargo, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaran su solicitud de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en medio de la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito. 

La presidenta de la comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), destacó la propuesta del Poder Ejecutivo y al respecto dijo que el objetivo de este nuevo enfoque del sistema impositivo es “perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias”. 

La cordobesa salió al cruce de quienes consideran desde la oposición que el proyecto favorece la impunidad de los evasores.

“No elimina delitos, no reduce penas y no beneficia a quien haya cometido un delito”, subrayó.

La primera funcionaria invitada en tomar el micrófono fue la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quien recordó que “el vencimiento de la declaración jurada de ganancias fue postergado para el mes de agosto, con lo cual nos parece importante ampliar lo que hoy está vigente a otro universo de contribuyentes”. 

“Teniendo en cuenta que el nivel de acatamiento al régimen simplificado previsto en el régimen actual fue muy importante, muy significativo, está bien ampliar ese régimen para que pueda haber más cantidad de adhesiones”, agregó.

Por su parte, el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, comparó la ley vigente con los alcances del proyecto de ley en debate. 

“El primer tema a considerar es que, en cuanto a los lineamientos generales, la ley no sufre ninguna modificación, esto es que sigue comprendiendo al mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las asociaciones indivisas”, comenzó. 

“Es decir, no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado, para ello, esas personas humanas continúan o deben continuar cumpliendo la condición de ser residentes fiscales argentinos”, añadió.

A su turno, el director del Banco Central Martín Vauthier calculó el impacto que la medida podría llegar a tener en la economía.

“Cuando uno mira las estimaciones de los montos de billetes en moneda extranjera que tienen los argentinos fuera del sistema financiero, estamos hablando de aproximadamente 170 mil millones de dólares, probablemente eso sea un piso. Y para ponerle un orden de magnitud, hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40 mil millones de dólares”, dimensionó.

“Estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera. Esto es un número enorme y obviamente el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”, estimó.

El diputado nacional de Unión por la Patria Agustín Rossi calificó al proyecto de Inocencia Fiscal como “un escándalo” porque favorece a “los estudios contables más grandes de la Argentina”.

Al mismo tiempo, cuestionó que la norma habilite a los funcionarios públicos a adherir al régimen simplificado de Ganancias. 

“No podemos aprobar en este Congreso una ley que nos beneficia a nosotros”, aseveró.

El diputado nacional del Frente de Izquierda Néstor Pitrola aseguró que la ley de Inocencia Fiscal configura “un blanqueo permanente” y “una ley de impunidad permanente de la evasión”.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) advirtió que “había una gran oportunidad para dejar con contundencia la exclusión del régimen simplificado para todos los funcionarios públicos”.

La bonaerense adjudicó esa decisión a la posibilidad de que Adorni adhiriera a la ley de Inocencia Fiscal.

Tras escuchar el aluvión de críticas, Balestrini rechazó que el nuevo proyecto suponga un nuevo blanqueo. 

“Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, aclaró. 

Además, explicó que más allá de lo estipulado en esta nueva ley, los funcionarios públicas seguirán estando obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción como hasta ahora. 

En la misma línea, la subsecretaria de Ingresos Públicos aclaró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.

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El Gobierno envió el proyecto de reforma del BCRA a la Cámara de Diputados

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El gobierno del presidente Javier Milei envió anoche a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca reforma la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), según informó la Agencia Noticias Argentinas basado en fuentes parlamentarias. 

Aclararon que recién el próximo lunes tomará estado parlamentario porque ingresó luego del cierre de la mesa de entradas de la Cámara baja. 

Patricia Bullrich: “Es difícil que alguien se niegue a esta ley”

La senadora nacional Patricia Bullrich señaló este viernes que “es difícil que alguien se niegue a esta ley” al hablar del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentado por el presidente Javier Milei y dijo que el único objetivo “ es cuidar el peso y el bolsillo”.

“El único objetivo con la reforma del Banco Central es cuidar el peso y el bolsillo”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, a la vez que dijo: “Es difícil que alguien se niegue a esta ley”.

Además, señaló: “El Banco Central le prestaba plata al gobierno para tener más gasto público y tener el ministerio de la ‘pindonga’ que no servía de nada. No se emite más ni se le presta al tesoro”.

“Hemos decidido que el Estado argentino no sea un pozo ciego, un lugar donde uno saca, saca y saca”, aseveró, tras lo cual indicó que “seguro que el kirchnerismo se va a poner en contra”, pero dijo que “el resto de los sectores va a querer aprobar la ley”.

“Estoy convencida de que todo lo que se ha mandado va a salir antes de fin de año”, manifestó, tras lo cual indicó: “En estas leyes se discute si se quiere seguir gastando la plata de los argentinos como si nada o cuidarla”.

Finalmente, expresó: “Yo sé que es un momento difícil, peor estamos sentando los cimientos para ahora empezar a construir la casa”.

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El oficialismo acelera la adhesión al sistema internacional de patentes

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El oficialismo intentará avanzar este martes con el dictamen del proyecto de adhesión argentina al sistema internacional de patentes, una iniciativa que combina compromisos internacionales, presión empresarial cruzada y una discusión sensible sobre el acceso a medicamentos y la protección de la industria nacional.

El plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General fue convocado para las 15 con el objetivo de dejar lista la iniciativa para una eventual sesión de la Cámara de Diputados prevista para el 20 de mayo. El proyecto forma parte de una agenda legislativa que también incluiría la denominada Ley de Hojarasca y la readecuación del régimen de zona fría para usuarios de gas.

La discusión gira en torno a la adhesión argentina al PCT (Patent Cooperation Treaty), un sistema internacional al que ya adhieren cerca de 150 países y que permite simplificar el registro de patentes mediante un único trámite internacional. Para el Gobierno nacional, el ingreso al esquema representa una señal de alineamiento regulatorio y apertura económica en el marco de los acuerdos comerciales recíprocos firmados meses atrás con Estados Unidos.

El cambio político que destrabó el expediente

El proyecto había quedado listo para ser dictaminado el 14 de abril, luego de la intervención de la Secretaría de Desregulación de la Nación. Sin embargo, el tratamiento se frenó por la reacción de la industria farmacéutica local frente a uno de los capítulos del texto.

Según lo informado, la versión original dejaba a los laboratorios nacionales en una situación de mayor vulnerabilidad frente a compañías multinacionales, especialmente estadounidenses. Esa situación activó el lobby de las cámaras empresariales locales, principalmente CILFA y COOPERALA, que reclamaron mantener bajo reserva parte del tratado vinculada a instrumentos técnicos y mecanismos de patentamiento de medicamentos.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) presionó para sostener la redacción original, en línea con el texto aprobado por el Senado en 1998, con el objetivo de preservar los intereses de las farmacéuticas norteamericanas.

La disputa dejó expuesta una tensión habitual en la política económica argentina: la necesidad de avanzar en compromisos de integración internacional sin desarticular sectores industriales locales considerados estratégicos.

De acuerdo con lo trascendido, representantes de AmCham se comunicaron con la titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, aunque finalmente no lograron revertir los cambios impulsados por el sector farmacéutico local.

Qué cambia con la adhesión al PCT

El sistema internacional de cooperación en patentes permite centralizar trámites y facilitar la protección de desarrollos tecnológicos en múltiples mercados. Para investigadores y empresas argentinas, el esquema abre la posibilidad de registrar innovaciones con menos costos administrativos y mayor alcance internacional.

Pero el debate excede la cuestión técnica. El punto más sensible está vinculado al negocio farmacéutico y al eventual impacto sobre la producción de medicamentos genéricos.

La preocupación de los laboratorios nacionales radica en que una mayor facilidad para patentar medicamentos por parte de empresas extranjeras podría retrasar o limitar la fabricación local de genéricos, que suelen comercializarse a valores más bajos. Según el planteo de las cámaras empresariales argentinas, eso podría trasladar costos al sistema sanitario y encarecer el acceso a medicamentos.

Frente a esa presión, el Gobierno resolvió finalmente dejar bajo reserva el capítulo II del tratado. De esa manera, Argentina avanzaría con la adhesión al sistema internacional, pero manteniendo control local sobre determinadas herramientas de evaluación técnica y patentamiento farmacéutico.

La negociación con Estados Unidos y los tiempos que se vencieron

El expediente también quedó atravesado por los compromisos asumidos por el Gobierno argentino ante Estados Unidos. El objetivo original era que la ley estuviera aprobada antes del 30 de abril, plazo que formaba parte de los entendimientos comerciales recíprocos firmados meses atrás.

Sin embargo, la negociación interna y la presión cruzada entre laboratorios nacionales y multinacionales terminaron demorando el proceso. Con los tiempos vencidos, la eventual entrada en vigor de la norma recién podría concretarse hacia fines de mayo, siempre que el proyecto logre superar el trámite en Diputados y luego en el Senado.

La secuencia revela una dinámica cada vez más visible en el Congreso: reformas impulsadas por el Ejecutivo que avanzan condicionadas por disputas sectoriales y negociaciones empresariales de alta intensidad.

Impacto económico y lectura industrial

Aunque el proyecto tiene una dimensión diplomática y regulatoria, el trasfondo es económico. El régimen de patentes afecta directamente la estructura de costos del sistema farmacéutico y el posicionamiento competitivo de la industria nacional.

La definición del Gobierno de mantener bajo reserva parte del tratado puede leerse como un intento de equilibrio entre dos objetivos: sostener la agenda de apertura y alineamiento internacional sin exponer completamente a los laboratorios locales frente a actores globales con mayor capacidad financiera y tecnológica.

En términos productivos, el debate también involucra a provincias con presencia industrial vinculada a la salud, distribución farmacéutica y cadenas comerciales regionales. Aunque el texto no menciona impactos específicos sobre Misiones o el NEA, el eventual encarecimiento de medicamentos podría tener efectos indirectos sobre sistemas provinciales de salud y consumo familiar en regiones con menor capacidad adquisitiva relativa.

El oficialismo buscará ahora transformar el acuerdo político alcanzado en mayoría legislativa. Pero el debate sobre propiedad intelectual, producción local y acceso a medicamentos difícilmente quede cerrado con la votación parlamentaria.

La evolución de los costos farmacéuticos, la reacción de los laboratorios nacionales y el alcance efectivo de las reservas introducidas al tratado serán algunas de las variables que el mercado y el sistema político seguirán de cerca en las próximas semanas.

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Misiones no cobrará más Ingresos Brutos en forma anticipada en los controles fiscales en ruta

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Un cambio de época. El gobernador Hugo Passalacqua sorprendió con un anuncio que modifica el escenario económico de Misiones: el fin del cobro anticipado de Ingresos Brutos en el acceso al territorio provincial, en los controles fiscales del Centinela y El Arco Aunque se trata de una “prueba”, que durará doce meses, representa una decisión estratégica que desarma el andamiaje de quejas de la oposición y las cámaras empresarias, que cuestionaban el impacto del pago a cuenta, que comenzó a cobrarse en 2007, hace casi 20 años. 

La medida, que comenzará a regir desde el 1 de julio, deja fuera de la exigencia al 95 por ciento del padrón de contribuyentes que operan en Misiones. “No habrá más cobros de ningún tipo en los puestos de control”, enfatizó Passalacqua en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Los puestos quedarán solo para verificación de documentación. Finalmente, se dispone para los nuevos contribuyentes, la exclusión del pago a cuenta desde su alta, a efectos de atraer aún más inversiones legítimas a la provincia.

Esta exclusión que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados.

Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia.

De este modo se pone fin a la bautizada “aduana paralela”, aunque en la práctica era un régimen de cobro anticipado que sorteó varios cuestionamientos jurídicos. En la oleada de fallos que sacó la Corte Suprema en las últimas semanas, se cuestionó a varias provincias por discriminar a empresas externas con impuestos diferenciados -una verdadera aduana paralela-, algo que en Misiones nunca ocurrió. El control fiscal se instaló con el argumento de mejorar la recaudación en un escenario distinto al del resto del país, con una provincia rodeada por 900 kilómetros de frontera con Brasil y Paraguay. 

Además de la relevancia política, la decisión toma otra dimensión porque se toma en medio de una fuerte caída de los recursos federales y de la recaudación propia.

En el primer bimestre Misiones registró una recaudación propia de impuestos y tasas varias por $179.166 millones, cifra que equivale a una  variación real negativa de -23,4% respecto a igual período del año anterior. En términos de variación relativa, se trata del peor primer bimestre desde 2006. Visto en moneda constante, la recaudación de este 2026 es la más baja desde el año 2020. Entre enero y febrero, la provincia registra una pérdida de más de $40.000 millones en términos reales, explicada por la baja tanto en la coparticipación como en la recaudación propia. Solo en enero, la caída total real fue de $43.492 millones, y en febrero de $41.159 millones interanual. 

Passalacqua también soltó otra bomba para dinamitar el discurso opositor. Tal como había anticipado Economis, aseguró que “Misiones está en la mitad de la tabla de la llamada presión fiscal, exactamente en el puesto 13”, lo que, a diferencia de lo que esgrime la oposición, permite atraer contribuyentes de todo el país. Desde diciembre de 2023, el padrón de Convenio Multilateral en Misiones creció un 10%. Se sumaron 4.600 nuevas firmas (entre
empresas, PyMEs y unipersonales) que hoy eligen operar en la provincia. Mientras Misiones suma firmas, la tendencia nacional es drásticamente opuesta: en el resto del país, este padrón de contribuyentes cayó en casi 18 mil.

“Hay 12 provincias que cobran una alícuota superior a nuestro 4,5%. Y la diferencia de fondo es que varias de esas jurisdicciones con impuestos más altos hoy están emitiendo bonos para tapar agujeros financieros o tienen peores calificaciones de riesgo crediticio internacional. Nosotros, con un enorme esfuerzo propio, elegimos el camino del orden, cumpliendo nuestras obligaciones sin hipotecar el futuro”, contrastó..

Passalacqua trazó su mensaje de Estado con un fuerte tono económico, en el que hizo foco en la recesión que se extiende en el tiempo y la caída de los recursos con los que se debe administrar la provincia. Sin embargo, destacó que Misiones se mantiene en marcha gracias a una administración saneada que permite tomar iniciativas propias para aliviar a los sectores más afectados, como el reciente lanzamiento del Ahora Chacra, que permitirá a los productores comprar insumos con descuentos y reintegros, lo mismo que un consumidor de ciudad, en un paquete de quince programas, que el año pasado generó operaciones por más de 105 mil millones de pesos. 

El Gobernador reveló que Misiones invierte 775 millones de pesos por mes en sostener este plan, que puede significar para una familia misionera de cuatro integrantes un ahorro combinado de hasta 273.000 pesos mensuales, equivalente al 23% de sus ingresos.

No gastamos más de lo que tenemos y no es de ahora, lo es desde hace 23 años. La gestión política va mucho más allá de lo macroeconómico. La verdadera salida requiere la recuperación de la actividad económica”, explicó el mandatario. 

El Gobernador remarcó que esa política de Estado transformó a Misiones en una potencia en el NEA y a escalar en el ránking económico de la Argentina, en una carrera no exenta de dificultades. 

“A pesar de ser la provincia con más habitantes en el NEA, Misiones recibe menos fondos per cápita que todos sus vecinos. Los misioneros aportan por mes en impuestos nacionales (IVA, ganancias y cheques): por cerca de $476.000 millones, de los que sólo retornan $170.000 millones”, detalló. 

Passalacqua destacó que Misiones se ubica en un séptimo lugar a nivel nacional de demanda energética, lo que demanda inversiones para atender esa demanda, como la que se hizo ahora con fondos propios, para la nueva línea de 132 kv que unirá a Posadas con Oberá, pasando por Alem. La inversión supera los 70 millones de dólares, que se hará con recursos provinciales conseguidos a través de la Corporación Andina de Fomento. 

“Somos la provincia con mayor empleo privado formal de todo el NEA. Misiones se ubica entre las ocho provincias con menor proporción de empleados públicos cada 100 mil habitantes”, detalló. Para sustentar ese dato, reveló que del total de tarjetas de crédito y débito del Banco Macro, solo 21% son de empleados públicos y 49% son de trabajadores privados.

En cuanto a los préstamos privados tomados en el sistema financiero, Misiones lidera nuevamente entre las provincias del NEA, y se ubica en el 11° lugar a nivel país, con un monto de casi 5 billones de pesos entregados al sector privado solo en 2025.

Passalacqua tomó distancia política de Nación y de la grieta. “La esencia del misionero es esa voluntad de encontrarnos, de buscar consensos y avanzar juntos, aún en el lógico y necesario disenso que nos ofrece la democracia. Ya en la Revolución de Mayo se acuñó el concepto de “El poder está en la gente”. Estas mismas palabras expresó Carlos Rovira en la génesis de este espacio cuando ratificó el compromiso con cada misionero en la pelea inclaudicable por la genuina soberanía política. Esa frase simple y nítida resume nuestra concepción de gobierno: los cargos son siempre temporales, por lo que no debemos olvidar jamás ante quiénes rendimos cuentas, nuestros comprovincianos. Ser Gobernador, a mi entender, significa sostener con autoridad y firmemente los atributos del poder que se nos concedió, pero con la llaneza de lo que en esencia somos, simples ciudadanos. Como he tenido el honor de afirmar en años anteriores, Misiones se ha consolidado como precursora de una idea que el Santo Padre, el Papa Francisco, supo bautizar como la “Cultura del Encuentro”.

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Obras viales, saneamiento y economías regionales: la respuesta de Adorni a los reclamos de los diputados de Encuentro Misionero

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La diputada nacional por el Bloque Encuentro Misionero, Yamila Ruiz, interpeló al Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, durante el informe de gestión que el funcionario brindó este miércoles en la Cámara de Diputados. El eje del planteo fue el incumplimiento de obras comprometidas por el Gobierno nacional en un convenio firmado en junio de 2024 entre el gobernador de Misiones y el entonces ministro Guillermo Francos.

Esas obras fueron ratificadas en 2025 en el régimen de extinción de obligaciones recíprocas y, según la diputada, permanecen sin avances hasta la fecha.

La lista de obras reclamadas por Ruiz abarcó una amplia variedad de intervenciones viales y de infraestructura en distintos puntos de la provincia. Entre ellas figuran la travesía urbana de Posadas sobre la ruta nacional 12, el acceso al Aeropuerto Internacional de Posadas, la garita kilómetro 10 de la ruta nacional 105 y el servicio de conservación y mantenimiento del corredor 3 de la ruta 12. También incluyó la autovía del tramo Posadas-San Ignacio de la ruta nacional 12.

El reclamo se extendió a obras con impacto en municipios del interior provincial. Ruiz mencionó el puente sobre la ruta 14 en el límite con Corrientes en San José, la obra de abastecimiento de agua potable en Corpus, las tomas sobre el río Iguazú y los desagües cloacales en Aristóbulo del Valle. Completó la lista con la ruta de acceso a Azara, los tramos de la ruta 12 entre San Ignacio y Jardín América, Puerto Rico y Montecarlo, obras en Puerto Esperanza y Puerto Arroyo, el acceso a Tobuna desde la ruta 14 y el circuito peatonal y ciclovía en Puerto Iguazú.

Las obras en ejecución con financiamiento nacional

En su respuesta, Adorni precisó que el acuerdo con Misiones establece una distinción entre obras a cargo del Estado nacional y obras a cargo de la provincia. En ese marco, confirmó que tres obras de saneamiento tienen ejecución en curso con financiamiento nacional: los desagües cloacales de Apóstoles, los desagües cloacales de Aristóbulo del Valle y el saneamiento del arroyo Itá. Las tres obras tendrán finalización en el transcurso del año 2027.

La respuesta del Jefe de Gabinete indicó además que el presupuesto 2026 contempla obras viales estratégicas para la conectividad y la seguridad vial en la provincia. En la ruta nacional 12 figura la obra de la travesía urbana de Posadas, en el tramo acceso aeropuerto-Garita kilómetro 10, empalme con la ruta nacional 105. También se incorpora una obra de seguridad vinculada al soterramiento de calzada en la intersección con la avenida San Martín.

Para la ruta nacional 105, el Gobierno nacional contempla la autovía San José-Posadas en el tramo comprendido entre la rotonda de la ruta nacional 12 y la rotonda de la ruta nacional 14. La inclusión de estas obras en el presupuesto 2026 implica que cuentan con partida asignada, aunque Adorni no precisó fechas de inicio ni de finalización para cada una de ellas.

En materia vial, la respuesta del Jefe de Gabinete también detalló tareas en curso a cargo de Vialidad Nacional. En la ruta nacional 14 y en el acceso sur se ejecutan tareas por administración de bacheos. Además, el Estado nacional adjudicó una compra de mezcla asfáltica en la ruta nacional 14 entre los kilómetros 1093 y 1127, y en la ruta nacional 101 entre los kilómetros 0 y 89.

Mantenimiento de rutas y tareas en ejecución

Adorni informó que en las rutas nacionales 12, 14 y 101 el Estado nacional ejecuta tareas de mantenimiento que incluyen corte de pasto, desmalezado y cortafuegos, limpieza de banquinas, cauces, alcantarillas y señalamiento horizontal y vertical. Esas intervenciones tienen encuadre en la ejecución de obras nacionales priorizadas para el año 2026, según el detalle efectuado en la pregunta 80 del informe de gestión.

El conjunto de obras confirmadas por Adorni no cubre la totalidad de los reclamos formulados por Ruiz. La diputada había incluido en su interpelación obras sobre las que el Jefe de Gabinete no brindó respuesta específica, como el puente sobre la ruta 14 en San José, las tomas sobre el río Iguazú en Corpus y el circuito peatonal y ciclovía en Puerto Iguazú.

Economías regionales, asimetrías de frontera y el acuerdo Mercosur-UE

Más allá de las obras, Ruiz planteó también una serie de reclamos vinculados al desarrollo productivo de la provincia. Preguntó si el Gobierno nacional tomará medidas específicas para fortalecer a las economías regionales misioneras —yerba mate, té y madera— mediante reducción o compensación impositiva, en un contexto que la diputada describió como “una crisis fuerte” para esos sectores.

La representante de Encuentro Misionero puso además sobre la mesa el problema de las asimetrías de frontera. Señaló que el 80% de los límites geográficos de Misiones son con Brasil y Paraguay, lo que genera una competencia de precios casi imposible de sostener para los productores locales. En ese marco, preguntó si el Gobierno nacional analiza la posibilidad de establecer una zona aduanera libre de impuestos, a la que definió como “un reclamo histórico de Misiones”.

Ruiz consultó también si Misiones tendrá prioridad en la cobertura de cupos de operaciones comerciales en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea. La respuesta de Adorni fue categórica: el tratado no estipula cupos ni cuotas preferenciales para ninguna provincia. “El acceso a la exportación y el mercado de la Unión Europea depende de la competitividad de cada productor o exportador”, precisó el Jefe de Gabinete, y remitió a las respuestas 354 y 762 del informe escrito para mayor detalle sobre las cuotas del acuerdo.

Los reclamos sobre economías regionales, asimetrías de frontera y zona aduanera especial no tuvieron respuesta directa en el informe oral de Adorni. La diputada Ruiz planteó esas demandas como parte de una agenda estructural que el bloque Encuentro Misionero impulsa desde hace años a través de proyectos de ley, sin que hasta el momento hayan tenido resolución en el ámbito nacional.

El intercambio entre Ruiz y Adorni dejó un mapa parcial de compromisos cumplidos y reclamos sin respuesta concreta. Las tres obras de saneamiento en ejecución y la inclusión de intervenciones viales en el presupuesto 2026 representan avances, pero la brecha entre la lista de obras reclamadas y las confirmadas por el Jefe de Gabinete da cuenta de una agenda pendiente que Misiones continúa sosteniendo ante el Gobierno nacional.

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