DIPUTADOS

El oficialismo acelera la adhesión al sistema internacional de patentes

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El oficialismo intentará avanzar este martes con el dictamen del proyecto de adhesión argentina al sistema internacional de patentes, una iniciativa que combina compromisos internacionales, presión empresarial cruzada y una discusión sensible sobre el acceso a medicamentos y la protección de la industria nacional.

El plenario conjunto de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General fue convocado para las 15 con el objetivo de dejar lista la iniciativa para una eventual sesión de la Cámara de Diputados prevista para el 20 de mayo. El proyecto forma parte de una agenda legislativa que también incluiría la denominada Ley de Hojarasca y la readecuación del régimen de zona fría para usuarios de gas.

La discusión gira en torno a la adhesión argentina al PCT (Patent Cooperation Treaty), un sistema internacional al que ya adhieren cerca de 150 países y que permite simplificar el registro de patentes mediante un único trámite internacional. Para el Gobierno nacional, el ingreso al esquema representa una señal de alineamiento regulatorio y apertura económica en el marco de los acuerdos comerciales recíprocos firmados meses atrás con Estados Unidos.

El cambio político que destrabó el expediente

El proyecto había quedado listo para ser dictaminado el 14 de abril, luego de la intervención de la Secretaría de Desregulación de la Nación. Sin embargo, el tratamiento se frenó por la reacción de la industria farmacéutica local frente a uno de los capítulos del texto.

Según lo informado, la versión original dejaba a los laboratorios nacionales en una situación de mayor vulnerabilidad frente a compañías multinacionales, especialmente estadounidenses. Esa situación activó el lobby de las cámaras empresariales locales, principalmente CILFA y COOPERALA, que reclamaron mantener bajo reserva parte del tratado vinculada a instrumentos técnicos y mecanismos de patentamiento de medicamentos.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) presionó para sostener la redacción original, en línea con el texto aprobado por el Senado en 1998, con el objetivo de preservar los intereses de las farmacéuticas norteamericanas.

La disputa dejó expuesta una tensión habitual en la política económica argentina: la necesidad de avanzar en compromisos de integración internacional sin desarticular sectores industriales locales considerados estratégicos.

De acuerdo con lo trascendido, representantes de AmCham se comunicaron con la titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Juliana Santillán, aunque finalmente no lograron revertir los cambios impulsados por el sector farmacéutico local.

Qué cambia con la adhesión al PCT

El sistema internacional de cooperación en patentes permite centralizar trámites y facilitar la protección de desarrollos tecnológicos en múltiples mercados. Para investigadores y empresas argentinas, el esquema abre la posibilidad de registrar innovaciones con menos costos administrativos y mayor alcance internacional.

Pero el debate excede la cuestión técnica. El punto más sensible está vinculado al negocio farmacéutico y al eventual impacto sobre la producción de medicamentos genéricos.

La preocupación de los laboratorios nacionales radica en que una mayor facilidad para patentar medicamentos por parte de empresas extranjeras podría retrasar o limitar la fabricación local de genéricos, que suelen comercializarse a valores más bajos. Según el planteo de las cámaras empresariales argentinas, eso podría trasladar costos al sistema sanitario y encarecer el acceso a medicamentos.

Frente a esa presión, el Gobierno resolvió finalmente dejar bajo reserva el capítulo II del tratado. De esa manera, Argentina avanzaría con la adhesión al sistema internacional, pero manteniendo control local sobre determinadas herramientas de evaluación técnica y patentamiento farmacéutico.

La negociación con Estados Unidos y los tiempos que se vencieron

El expediente también quedó atravesado por los compromisos asumidos por el Gobierno argentino ante Estados Unidos. El objetivo original era que la ley estuviera aprobada antes del 30 de abril, plazo que formaba parte de los entendimientos comerciales recíprocos firmados meses atrás.

Sin embargo, la negociación interna y la presión cruzada entre laboratorios nacionales y multinacionales terminaron demorando el proceso. Con los tiempos vencidos, la eventual entrada en vigor de la norma recién podría concretarse hacia fines de mayo, siempre que el proyecto logre superar el trámite en Diputados y luego en el Senado.

La secuencia revela una dinámica cada vez más visible en el Congreso: reformas impulsadas por el Ejecutivo que avanzan condicionadas por disputas sectoriales y negociaciones empresariales de alta intensidad.

Impacto económico y lectura industrial

Aunque el proyecto tiene una dimensión diplomática y regulatoria, el trasfondo es económico. El régimen de patentes afecta directamente la estructura de costos del sistema farmacéutico y el posicionamiento competitivo de la industria nacional.

La definición del Gobierno de mantener bajo reserva parte del tratado puede leerse como un intento de equilibrio entre dos objetivos: sostener la agenda de apertura y alineamiento internacional sin exponer completamente a los laboratorios locales frente a actores globales con mayor capacidad financiera y tecnológica.

En términos productivos, el debate también involucra a provincias con presencia industrial vinculada a la salud, distribución farmacéutica y cadenas comerciales regionales. Aunque el texto no menciona impactos específicos sobre Misiones o el NEA, el eventual encarecimiento de medicamentos podría tener efectos indirectos sobre sistemas provinciales de salud y consumo familiar en regiones con menor capacidad adquisitiva relativa.

El oficialismo buscará ahora transformar el acuerdo político alcanzado en mayoría legislativa. Pero el debate sobre propiedad intelectual, producción local y acceso a medicamentos difícilmente quede cerrado con la votación parlamentaria.

La evolución de los costos farmacéuticos, la reacción de los laboratorios nacionales y el alcance efectivo de las reservas introducidas al tratado serán algunas de las variables que el mercado y el sistema político seguirán de cerca en las próximas semanas.

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Misiones no cobrará más Ingresos Brutos en forma anticipada en los controles fiscales en ruta

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Un cambio de época. El gobernador Hugo Passalacqua sorprendió con un anuncio que modifica el escenario económico de Misiones: el fin del cobro anticipado de Ingresos Brutos en el acceso al territorio provincial, en los controles fiscales del Centinela y El Arco Aunque se trata de una “prueba”, que durará doce meses, representa una decisión estratégica que desarma el andamiaje de quejas de la oposición y las cámaras empresarias, que cuestionaban el impacto del pago a cuenta, que comenzó a cobrarse en 2007, hace casi 20 años. 

La medida, que comenzará a regir desde el 1 de julio, deja fuera de la exigencia al 95 por ciento del padrón de contribuyentes que operan en Misiones. “No habrá más cobros de ningún tipo en los puestos de control”, enfatizó Passalacqua en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Los puestos quedarán solo para verificación de documentación. Finalmente, se dispone para los nuevos contribuyentes, la exclusión del pago a cuenta desde su alta, a efectos de atraer aún más inversiones legítimas a la provincia.

Esta exclusión que será de oficio y sin necesidad de realizar trámite alguno, incluye a las pymes que en el año 2025 hubieran dado hasta $10 millones anuales de pago a cuenta y comprenderá a 16.500 pequeños y medianos contribuyentes sobre un total de 17.300 registrados.

Dicho de otra manera: el 95% del padrón de contribuyentes queda excluido del pago. Además, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que les significará un ahorro del gasto administrativo, agilizando además el tráfico de ingreso a la provincia.

De este modo se pone fin a la bautizada “aduana paralela”, aunque en la práctica era un régimen de cobro anticipado que sorteó varios cuestionamientos jurídicos. En la oleada de fallos que sacó la Corte Suprema en las últimas semanas, se cuestionó a varias provincias por discriminar a empresas externas con impuestos diferenciados -una verdadera aduana paralela-, algo que en Misiones nunca ocurrió. El control fiscal se instaló con el argumento de mejorar la recaudación en un escenario distinto al del resto del país, con una provincia rodeada por 900 kilómetros de frontera con Brasil y Paraguay. 

Además de la relevancia política, la decisión toma otra dimensión porque se toma en medio de una fuerte caída de los recursos federales y de la recaudación propia.

En el primer bimestre Misiones registró una recaudación propia de impuestos y tasas varias por $179.166 millones, cifra que equivale a una  variación real negativa de -23,4% respecto a igual período del año anterior. En términos de variación relativa, se trata del peor primer bimestre desde 2006. Visto en moneda constante, la recaudación de este 2026 es la más baja desde el año 2020. Entre enero y febrero, la provincia registra una pérdida de más de $40.000 millones en términos reales, explicada por la baja tanto en la coparticipación como en la recaudación propia. Solo en enero, la caída total real fue de $43.492 millones, y en febrero de $41.159 millones interanual. 

Passalacqua también soltó otra bomba para dinamitar el discurso opositor. Tal como había anticipado Economis, aseguró que “Misiones está en la mitad de la tabla de la llamada presión fiscal, exactamente en el puesto 13”, lo que, a diferencia de lo que esgrime la oposición, permite atraer contribuyentes de todo el país. Desde diciembre de 2023, el padrón de Convenio Multilateral en Misiones creció un 10%. Se sumaron 4.600 nuevas firmas (entre
empresas, PyMEs y unipersonales) que hoy eligen operar en la provincia. Mientras Misiones suma firmas, la tendencia nacional es drásticamente opuesta: en el resto del país, este padrón de contribuyentes cayó en casi 18 mil.

“Hay 12 provincias que cobran una alícuota superior a nuestro 4,5%. Y la diferencia de fondo es que varias de esas jurisdicciones con impuestos más altos hoy están emitiendo bonos para tapar agujeros financieros o tienen peores calificaciones de riesgo crediticio internacional. Nosotros, con un enorme esfuerzo propio, elegimos el camino del orden, cumpliendo nuestras obligaciones sin hipotecar el futuro”, contrastó..

Passalacqua trazó su mensaje de Estado con un fuerte tono económico, en el que hizo foco en la recesión que se extiende en el tiempo y la caída de los recursos con los que se debe administrar la provincia. Sin embargo, destacó que Misiones se mantiene en marcha gracias a una administración saneada que permite tomar iniciativas propias para aliviar a los sectores más afectados, como el reciente lanzamiento del Ahora Chacra, que permitirá a los productores comprar insumos con descuentos y reintegros, lo mismo que un consumidor de ciudad, en un paquete de quince programas, que el año pasado generó operaciones por más de 105 mil millones de pesos. 

El Gobernador reveló que Misiones invierte 775 millones de pesos por mes en sostener este plan, que puede significar para una familia misionera de cuatro integrantes un ahorro combinado de hasta 273.000 pesos mensuales, equivalente al 23% de sus ingresos.

No gastamos más de lo que tenemos y no es de ahora, lo es desde hace 23 años. La gestión política va mucho más allá de lo macroeconómico. La verdadera salida requiere la recuperación de la actividad económica”, explicó el mandatario. 

El Gobernador remarcó que esa política de Estado transformó a Misiones en una potencia en el NEA y a escalar en el ránking económico de la Argentina, en una carrera no exenta de dificultades. 

“A pesar de ser la provincia con más habitantes en el NEA, Misiones recibe menos fondos per cápita que todos sus vecinos. Los misioneros aportan por mes en impuestos nacionales (IVA, ganancias y cheques): por cerca de $476.000 millones, de los que sólo retornan $170.000 millones”, detalló. 

Passalacqua destacó que Misiones se ubica en un séptimo lugar a nivel nacional de demanda energética, lo que demanda inversiones para atender esa demanda, como la que se hizo ahora con fondos propios, para la nueva línea de 132 kv que unirá a Posadas con Oberá, pasando por Alem. La inversión supera los 70 millones de dólares, que se hará con recursos provinciales conseguidos a través de la Corporación Andina de Fomento. 

“Somos la provincia con mayor empleo privado formal de todo el NEA. Misiones se ubica entre las ocho provincias con menor proporción de empleados públicos cada 100 mil habitantes”, detalló. Para sustentar ese dato, reveló que del total de tarjetas de crédito y débito del Banco Macro, solo 21% son de empleados públicos y 49% son de trabajadores privados.

En cuanto a los préstamos privados tomados en el sistema financiero, Misiones lidera nuevamente entre las provincias del NEA, y se ubica en el 11° lugar a nivel país, con un monto de casi 5 billones de pesos entregados al sector privado solo en 2025.

Passalacqua tomó distancia política de Nación y de la grieta. “La esencia del misionero es esa voluntad de encontrarnos, de buscar consensos y avanzar juntos, aún en el lógico y necesario disenso que nos ofrece la democracia. Ya en la Revolución de Mayo se acuñó el concepto de “El poder está en la gente”. Estas mismas palabras expresó Carlos Rovira en la génesis de este espacio cuando ratificó el compromiso con cada misionero en la pelea inclaudicable por la genuina soberanía política. Esa frase simple y nítida resume nuestra concepción de gobierno: los cargos son siempre temporales, por lo que no debemos olvidar jamás ante quiénes rendimos cuentas, nuestros comprovincianos. Ser Gobernador, a mi entender, significa sostener con autoridad y firmemente los atributos del poder que se nos concedió, pero con la llaneza de lo que en esencia somos, simples ciudadanos. Como he tenido el honor de afirmar en años anteriores, Misiones se ha consolidado como precursora de una idea que el Santo Padre, el Papa Francisco, supo bautizar como la “Cultura del Encuentro”.

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Obras viales, saneamiento y economías regionales: la respuesta de Adorni a los reclamos de los diputados de Encuentro Misionero

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La diputada nacional por el Bloque Encuentro Misionero, Yamila Ruiz, interpeló al Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, durante el informe de gestión que el funcionario brindó este miércoles en la Cámara de Diputados. El eje del planteo fue el incumplimiento de obras comprometidas por el Gobierno nacional en un convenio firmado en junio de 2024 entre el gobernador de Misiones y el entonces ministro Guillermo Francos.

Esas obras fueron ratificadas en 2025 en el régimen de extinción de obligaciones recíprocas y, según la diputada, permanecen sin avances hasta la fecha.

La lista de obras reclamadas por Ruiz abarcó una amplia variedad de intervenciones viales y de infraestructura en distintos puntos de la provincia. Entre ellas figuran la travesía urbana de Posadas sobre la ruta nacional 12, el acceso al Aeropuerto Internacional de Posadas, la garita kilómetro 10 de la ruta nacional 105 y el servicio de conservación y mantenimiento del corredor 3 de la ruta 12. También incluyó la autovía del tramo Posadas-San Ignacio de la ruta nacional 12.

El reclamo se extendió a obras con impacto en municipios del interior provincial. Ruiz mencionó el puente sobre la ruta 14 en el límite con Corrientes en San José, la obra de abastecimiento de agua potable en Corpus, las tomas sobre el río Iguazú y los desagües cloacales en Aristóbulo del Valle. Completó la lista con la ruta de acceso a Azara, los tramos de la ruta 12 entre San Ignacio y Jardín América, Puerto Rico y Montecarlo, obras en Puerto Esperanza y Puerto Arroyo, el acceso a Tobuna desde la ruta 14 y el circuito peatonal y ciclovía en Puerto Iguazú.

Las obras en ejecución con financiamiento nacional

En su respuesta, Adorni precisó que el acuerdo con Misiones establece una distinción entre obras a cargo del Estado nacional y obras a cargo de la provincia. En ese marco, confirmó que tres obras de saneamiento tienen ejecución en curso con financiamiento nacional: los desagües cloacales de Apóstoles, los desagües cloacales de Aristóbulo del Valle y el saneamiento del arroyo Itá. Las tres obras tendrán finalización en el transcurso del año 2027.

La respuesta del Jefe de Gabinete indicó además que el presupuesto 2026 contempla obras viales estratégicas para la conectividad y la seguridad vial en la provincia. En la ruta nacional 12 figura la obra de la travesía urbana de Posadas, en el tramo acceso aeropuerto-Garita kilómetro 10, empalme con la ruta nacional 105. También se incorpora una obra de seguridad vinculada al soterramiento de calzada en la intersección con la avenida San Martín.

Para la ruta nacional 105, el Gobierno nacional contempla la autovía San José-Posadas en el tramo comprendido entre la rotonda de la ruta nacional 12 y la rotonda de la ruta nacional 14. La inclusión de estas obras en el presupuesto 2026 implica que cuentan con partida asignada, aunque Adorni no precisó fechas de inicio ni de finalización para cada una de ellas.

En materia vial, la respuesta del Jefe de Gabinete también detalló tareas en curso a cargo de Vialidad Nacional. En la ruta nacional 14 y en el acceso sur se ejecutan tareas por administración de bacheos. Además, el Estado nacional adjudicó una compra de mezcla asfáltica en la ruta nacional 14 entre los kilómetros 1093 y 1127, y en la ruta nacional 101 entre los kilómetros 0 y 89.

Mantenimiento de rutas y tareas en ejecución

Adorni informó que en las rutas nacionales 12, 14 y 101 el Estado nacional ejecuta tareas de mantenimiento que incluyen corte de pasto, desmalezado y cortafuegos, limpieza de banquinas, cauces, alcantarillas y señalamiento horizontal y vertical. Esas intervenciones tienen encuadre en la ejecución de obras nacionales priorizadas para el año 2026, según el detalle efectuado en la pregunta 80 del informe de gestión.

El conjunto de obras confirmadas por Adorni no cubre la totalidad de los reclamos formulados por Ruiz. La diputada había incluido en su interpelación obras sobre las que el Jefe de Gabinete no brindó respuesta específica, como el puente sobre la ruta 14 en San José, las tomas sobre el río Iguazú en Corpus y el circuito peatonal y ciclovía en Puerto Iguazú.

Economías regionales, asimetrías de frontera y el acuerdo Mercosur-UE

Más allá de las obras, Ruiz planteó también una serie de reclamos vinculados al desarrollo productivo de la provincia. Preguntó si el Gobierno nacional tomará medidas específicas para fortalecer a las economías regionales misioneras —yerba mate, té y madera— mediante reducción o compensación impositiva, en un contexto que la diputada describió como “una crisis fuerte” para esos sectores.

La representante de Encuentro Misionero puso además sobre la mesa el problema de las asimetrías de frontera. Señaló que el 80% de los límites geográficos de Misiones son con Brasil y Paraguay, lo que genera una competencia de precios casi imposible de sostener para los productores locales. En ese marco, preguntó si el Gobierno nacional analiza la posibilidad de establecer una zona aduanera libre de impuestos, a la que definió como “un reclamo histórico de Misiones”.

Ruiz consultó también si Misiones tendrá prioridad en la cobertura de cupos de operaciones comerciales en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea. La respuesta de Adorni fue categórica: el tratado no estipula cupos ni cuotas preferenciales para ninguna provincia. “El acceso a la exportación y el mercado de la Unión Europea depende de la competitividad de cada productor o exportador”, precisó el Jefe de Gabinete, y remitió a las respuestas 354 y 762 del informe escrito para mayor detalle sobre las cuotas del acuerdo.

Los reclamos sobre economías regionales, asimetrías de frontera y zona aduanera especial no tuvieron respuesta directa en el informe oral de Adorni. La diputada Ruiz planteó esas demandas como parte de una agenda estructural que el bloque Encuentro Misionero impulsa desde hace años a través de proyectos de ley, sin que hasta el momento hayan tenido resolución en el ámbito nacional.

El intercambio entre Ruiz y Adorni dejó un mapa parcial de compromisos cumplidos y reclamos sin respuesta concreta. Las tres obras de saneamiento en ejecución y la inclusión de intervenciones viales en el presupuesto 2026 representan avances, pero la brecha entre la lista de obras reclamadas y las confirmadas por el Jefe de Gabinete da cuenta de una agenda pendiente que Misiones continúa sosteniendo ante el Gobierno nacional.

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Adorni: “No cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia”

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó su informe de gestión ante la Cámara de Diputados para responder a las acusaciones sobre su patrimonio y su situación judicial. En una intervención atravesada por la tensión política, aseguró que “no hubo delito” y sostuvo que las denuncias en su contra fueron archivadas por la Justicia, al tiempo que derivó las explicaciones de fondo al ámbito judicial.

La exposición se dio en el Congreso, en el marco de su obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno. Sin embargo, el tramo final del discurso se concentró en su defensa personal frente a cuestionamientos opositores, lo que reconfiguró el eje político de la sesión.

En los minutos finales de su extensa exposición de más de una hora y media ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se apartó del balance de la marcha del Gobierno para referirse a su situación personal y patrimonial, en respuesta a cuestionamientos formulados por legisladores de la oposición.

Entre la obligación constitucional y la defensa personal

El informe de gestión está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga al jefe de Gabinete a rendir cuentas ante el Congreso. En ese contexto, Adorni planteó que varios de los cuestionamientos excedían ese marco y correspondían al ámbito judicial.

El Informe 145 que Manuel Adorni envió a la Cámara de Diputados dejó al descubierto una estrategia defensiva clara: frente a las preguntas más sensibles sobre su situación patrimonial, la de su esposa y el episodio del criptoactivo $LIBRA, el jefe de Gabinete evitó dar explicaciones de fondo y trasladó la responsabilidad casi por completo al Poder Judicial.

Según lo expuesto, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial ya intervinieron en el caso vinculado a su patrimonio y a la participación de su esposa en un viaje oficial. De acuerdo a su versión, la causa fue archivada y no se detectaron irregularidades ni uso de recursos públicos.

El funcionario remarcó que los bienes familiares forman parte de anexos reservados de la declaración jurada, en línea con la normativa vigente, lo que limita la divulgación pública de esa información.

Qué explicó y qué evitó detallar

Durante su intervención, Adorni afirmó que su esposa viajó como invitada en un tramo de un vuelo oficial y regresó en un vuelo comercial, y que no hubo gastos para el Estado. También aseguró que todos sus viajes personales fueron financiados con recursos propios.

En relación a su patrimonio, sostuvo que cumplió con la presentación de declaraciones juradas y anticipó que presentará una nueva en la fecha correspondiente. Insistió en que no existió ocultamiento de bienes.

El mismo criterio se aplica a las preguntas referidas al crecimiento patrimonial del propio Adorni. El informe no niega la existencia de investigaciones ni cuestionamientos, pero evita explicarlos: no hay referencias a ingresos, actividades previas, préstamos, donaciones ni mecanismos de financiación. La respuesta oficial se limita a remarcar que el asunto está bajo análisis judicial y que cualquier ampliación podría afectar derechos individuales.

El planteo se vuelve todavía más explícito cuando el informe aborda el caso del criptoactivo $LIBRA, episodio que derivó en una causa penal en la Justicia federal. Como “consideración preliminar de carácter general”, la Jefatura de Gabinete remarca que “los hechos vinculados al lanzamiento del criptoactivo $LIBRA son objeto de una investigación judicial en curso”, identificada como la Causa Nº 574/2025 y sus acumuladas. En ese marco, advierte que “la divulgación de determinada información por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.

A partir de esa premisa, el informe rechaza responder una serie de preguntas clave. En primer lugar, niega la existencia de acuerdos, contratos, memorandos o cartas de intención entre el Estado, el Presidente o funcionarios del Ejecutivo y los empresarios vinculados al proyecto. “En los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias de ningún instrumento de esa naturaleza”, afirma el texto, y sostiene que tampoco hay documentación que acredite pagos, honorarios o contraprestaciones.

Respecto de los documentos, chats o facturas mencionados en distintos pedidos de informes, la respuesta oficial es tajante: se trata, según el Ejecutivo, de “filtraciones periodísticas de material agregado a la causa judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”. Por ese motivo, concluye que “no es procedente que el Poder Ejecutivo Nacional formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”.

El informe también se pronuncia sobre las reuniones mantenidas en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con personas que luego fueron vinculadas al caso $LIBRA. Allí señala que esos encuentros “han sido debidamente informados en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública” y que las audiencias “fueron registradas conforme los procedimientos establecidos por la normativa de transparencia”.

Respaldo interno y disputa con la oposición

La estrategia del jefe de Gabinete dejó dos movimientos políticos claros. Por un lado, consolidó el respaldo del núcleo del Gobierno, que sostuvo una defensa cerrada frente a las denuncias. Por otro, profundizó la tensión con la oposición, que buscó instalar el tema patrimonial como eje de control político.

El oficialismo se alineó en torno a la idea de que las denuncias forman parte de una disputa política, mientras que desde bloques opositores se insistió en la falta de respuestas concretas. En ese equilibrio, el Gobierno refuerza una narrativa de institucionalidad basada en la división de poderes, al tiempo que limita el debate político sobre el contenido de las acusaciones.

Adorni, agradeció explícitamente al presidente Javier Milei por su respaldo. “Quiero agradecer al Presidente de la Nación, Javier Milei, por su presencia y por haberme dado el honor de ser su Jefe de Gabinete de Ministros”, señaló, y extendió el reconocimiento a los ministros y equipos de Gobierno.

Por último, respondió a las críticas sobre su ausencia en el Congreso durante las semanas previas. “En las últimas semanas, algunos de los integrantes de esta Cámara preguntaron dónde estaba. Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional y mostrando el resultado de nuestro trabajo”, concluyó.

Señal indirecta sobre transparencia y clima de inversión

Aunque el eje del planteo fue político, la discusión sobre transparencia y patrimonio de funcionarios tiene impacto indirecto en el clima económico. La previsibilidad institucional y la percepción de integridad en la gestión pública son variables observadas por inversores y actores económicos.

La falta de definiciones detalladas puede mantener abierta la incertidumbre en ciertos sectores, mientras que el Gobierno apuesta a que el respaldo judicial cierre el tema en el corto plazo.

No hubo referencias específicas a provincias o regiones. Sin embargo, el debate sobre transparencia, control legislativo y funcionamiento institucional tiene impacto transversal en todo el país, incluyendo Misiones y el NEA, donde las relaciones entre oficialismo y oposición también condicionan la dinámica política local.

Justicia, Congreso y disputa política

El escenario queda condicionado por dos variables. Por un lado, la evolución de las causas judiciales en trámite, que definirán si las denuncias avanzan o se archivan definitivamente. Por otro, la capacidad de la oposición para sostener el tema en la agenda parlamentaria.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene su estrategia: respaldo político interno, defensa pública y remisión a la Justicia como árbitro final. El desarrollo de ese equilibrio marcará el tono de la relación entre Ejecutivo y Congreso en los próximos meses.

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El oficialismo avanzó con la firma del dictamen de la ley Hojarasca en Diputados

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Con polémica por la falta de debate, el oficialismo logró hoy de manera exprés la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley “Hojarasca”, una iniciativa concebida por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y obsoletas.

Detrás del pintoresco nombre del proyecto con que el proyecto fue bautizado existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.

Durante meses, la cartera liderada por Sturzenegger se dedicó a peinar exhaustivamente todo el digesto normativo vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha, y presentó una iniciativa en 2024, que por no haberse tratado perdió estado parlamentario: en este segundo intento va por la revancha.

Con el dictamen de mayoría ya validado, la intención del oficialismo es tratarla durante una sesión a principios de mayo, luego de la esperada presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el informe de gestión del 29 de abril. 

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, explicó que las normas que se buscan derogar se clasifican en seis grupos.

Se encuentran aquellas que se pretenden suprimir por haberse cumplido su objeto, aquellas que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, aquellas que suponen trámites inútiles, otras regulaciones que quedaron obsoletas por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores, normas que definen obligaciones para instituciones que ya no existen, y aquellas que crean organismos con financiamiento público.

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el objetivo de la iniciativa para barrer “legislación obsoleta” es “el ordenamiento normativo”. 

“Así como es conocido que hemos tenido en la historia de nuestro país un problema de inflación monetaria también en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación normativa”, indicó.

Y agregó que sumando leyes, decretos y resoluciones ministeriales “se contabilizan más de un millón de normas”. 

Desde luego uno de los objetivos de la desregulación es ordenar eso porque tiene un gran costo. El primer costo es para el ciudadano”, señaló.

También enfatizó que existe un “costo fuerte” para la administración pública porque “hay un problema de aplicación” de leyes que perdieron sentido práctico y que ya no son ejecutables.

Además apuntó que “hay organismos y estructuras que se crearon a partir de esas leyes que ya no cumplen ninguna función”.

A su entender, “este ordenamiento normativo es tan necesario para la certeza de los argentinos en qué normas les rige y para la certezas de los órganos de la administración para saber qué normas aplicar”.

Cacace aclaró que el de La Libertad Avanza no es el primer gobierno que se dedica a depurar el digesto jurídico, ya que es una tarea que encaró la gestión de Carlos Menem, que continuó Fernando de la Rúa y que retomaron años después los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Disconforme con la celeridad con la que el oficialismo cerró el debate, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano, planteó además que es “extraño que en este momento del país estemos discutiendo la hojarasca”.

Si bien reconoció que dentro del paquete de normas que el Poder Ejecutivo pretende derogar decenas de normas que quedaron obsoletas, como la ley de azotes, o el pago del impuesto a los sellos por la conscripción, advirtió que hay otras derogaciones que tocan temas “sensibles” y requieren de un abordaje más profundo, consultando a los sectores involucrados.

Lo presentan como una tarea de limpieza normativa, de una depuración de normas obsoletas, pero estamos frente a una intervención de mayor alcance del Poder ejecutivo que incide sobre el modelo del Estado y las prácticas y orientación del Estado”, subrayó el legislador massista.

“Por otro lado, han dejado pasar leyes que sí deberían haber sido analizadas para su derogación. Dejaron vigente la ley de telégrafos de la presidencia de Avellaneda, en tiempos de la Inteligencia Artificial”, criticó, y lamentó que desde el Gobierno hayan hecho “un dispendio de la administración”.

Según denunció Giuliano, “quieren tocar temas sensibles que tienen que ver con la educación, la salud y la cultura”, y además “han incorporado otras normas que merecen ser analizados con mayor seriedad, como la cuestión cartográfica”.

También reprochó que se busque derogar la ley de producción pública de medicamentos, que reduce costos del sistema sanitario y garantiza el acceso a los medicamentos”, y también se pretenda eliminar la norma sobre control sanitario de la lepra, cuando existen “300 a 400 casos” de esa enfermedad en la última década.

Otros temas que despertaron la advertencia del legislador de Unión por la Patria son la derogación de la ley de apicultura y del Consejo Federal de Juventud.

Sin dudas, uno de los puntos que más controversia durante el debate fue la intención del Gobierno de derogar la ley 11.380 que autoriza al Banco Nación a otorgar prestamos especiales a cooperativas y establece beneficios tributarios a ese tipo de entidades.

Al tomar la palabra, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman consideró que “solamente con un termo en la cabeza se puede levantar la mano para aprobar una ley de este tipo”. 

“Ante todo es una muestra de autoritarismo total hacer estas modificaciones sin consultas mediante”, siguió, y agregó que “esta ley lejos está de tener una implicancia menor” ya que “ataca la salud, las cooperativas y la cultura”, entre otros sectores.__IP__

La diputada de La Libertad Avanza Patricia Vásquez confirmó que “la decisión es ésta” y lamentó que no se puedan “poner de acuerdo porque el más mínimo sentido común nos tendría que ayudar a no tener leyes en desuso”.

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