Las últimas actuaciones del oficialismo en el Congreso no pueden leerse como episodios aislados ni como simples errores de cálculo parlamentario. Lo que se observa, con creciente nitidez, es el costo político de una estrategia basada en la imposición, el desprecio por los consensos y una confianza desmedida en la capacidad de disciplinamiento. Cuando la soberbia reemplaza a la política, el resultado suele ser el mismo: retrocesos, fracturas y pérdida de control de la agenda.
La primera señal fue clara en la Cámara de Diputados. El Gobierno logró aprobar en general el Presupuesto, pero sufrió una derrota significativa al rechazarse el capítulo 11, donde se concentraban algunos de los puntos más sensibles del ajuste: la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, entre otros. A pesar de negociaciones de último momento, promesas a gobernadores y presiones internas, el oficialismo no consiguió los votos necesarios. El mensaje fue inequívoco: hay límites que ni siquiera los aliados están dispuestos a cruzar. “Este presupuesto no nos sirve”, se lamentó en privado el presidente.
Lejos de leer esa votación como una advertencia, el Ejecutivo insistió con la misma lógica en el Senado. El resultado fue inmediato. Senadores que hasta ahora habían acompañado al Gobierno se rebelaron contra el estilo de conducción de Patricia Bullrich, cuestionando el método de “latigazos” y dejando en claro que sin presupuesto aprobado en condiciones aceptables no habrá reforma laboral. La decisión de postergar el tratamiento hasta febrero no es solo una dilación técnica: es un gesto político de autonomía y, sobre todo, de hartazgo. A todo esto se sumó la masiva movilización de la CGT, que no pasó sin pena ni gloria y dejó preparado el terreno para oponerse a una reforma que va contra los derechos de los trabajadores y no generará nuevos puestos de trabajo, según lo reconocen en el propio gobierno.
Desde distintos sectores del Congreso, incluso entre quienes no se identifican con la oposición dura, la lectura es coincidente. Legisladores y asesores parlamentarios señalan que el Gobierno subestima el funcionamiento real del sistema institucional, creyendo que la épica del ajuste y la confrontación permanente alcanza para ordenar voluntades. “No alcanza con tener razón en Twitter para ganar una votación”, deslizó un senador dialoguista. Otro fue más directo: “La firmeza sin negociación es solo soberbia”. “Se terminó la espuma del triunfo electoral”, dijo el diputado Agustín Rossi.
Analistas políticos advierten que el problema no es únicamente aritmético, sino estratégico. Un gobierno que no tiene mayoría propia en el parlamento, necesita ampliar consensos, no reducirlos. Sin embargo, la Casa Rosada, como es su costumbre, parece apostar a una dinámica de desgaste: forzar votaciones, exponer a los aliados, tensionar hasta el límite. Esa lógica puede servir en el corto plazo para marcar posiciones, pero erosiona rápidamente el capital político necesario para sostener reformas estructurales.
El caso de la reforma laboral es paradigmático. Presentada como uno de los pilares del programa económico, hoy aparece empantanada no solo por la resistencia opositora, sino por la desconfianza de quienes deberían garantizar su aprobación. Sin acuerdos previos, sin un presupuesto que ordene expectativas y con un estilo de conducción verticalista, el proyecto de reforma laboral quedó en suspenso. No por conspiraciones externas, sino por errores propios.
En política, la soberbia suele confundirse con determinación. Pero cuando el gobierno cree que gobernar es imponer y no persuadir, termina aislándose incluso de sus propios socios. Esta semana en el Congreso dejó una lección que la historia argentina ya enseñó más de una vez: sin diálogo, sin escucha y sin respeto por la dinámica institucional, la gobernabilidad se vuelve frágil.
Lo ocurrido en el Congreso no es una anécdota ni una conspiración opositora: es el resultado directo de un estilo de gobierno que confunde autoridad con prepotencia y convicción con arrogancia. La derrota parcial en Diputados y la rebelión en el Senado son dos caras de un mismo problema: un Ejecutivo que cree que puede avanzar sin construir acuerdos reales.
Gobernar no es arrasar, ni disciplinar a fuerza de amenazas simbólicas o castigos presupuestarios. Mucho menos en un sistema institucional que exige negociación permanente. Cuando incluso los aliados comienzan a decir basta, el problema deja de ser numérico y pasa a ser político. Y cuando los propios empiezan a rebelarse, la soberbia deja de ser un rasgo de estilo para convertirse en un factor de ingobernabilidad.
El oficialismo enfrenta hoy una encrucijada clara: o revisa su lógica de confrontación permanente o seguirá acumulando derrotas, aun teniendo la iniciativa y la agenda. Porque en política, como vuelve a demostrar esta semana, la soberbia no solo es una mala consejera: suele ser el prólogo del fracaso.
El oficialismo todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Pero para eso debería asumir algo elemental: la soberbia no es una estrategia, es un obstáculo. Y en el Congreso, como en la política en general, suele ser una muy mala consejera.
