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¿Cómo “desintoxicar” la cobertura periodística sobre drogas en América Latina?

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Hace cuatro años, la reportera Valentina Parada Lugo estaba realizando una cobertura en Nariño, la región con mayor producción de coca de Colombia, cuando comenzó a escuchar las historias de mujeres que cocinan y realizan labores domésticas para los trabajadores de los cultivos de coca.

Parada Lugo tenía experiencia cubriendo la erradicación de drogas en el departamento del Nariño, pero esta era la primera vez que enfocaba su atención en las mujeres que, aunque no participan directamente en la producción de drogas, podrían enfrentar los castigos plenos del gobierno contra narcotraficantes. Esto además de recibir bajos salarios y ser víctimas de frecuentes casos de acoso y violencia sexual.

Parada Lugo convirtió esas historias en dos reportajes para El País en 2024 que se alejaban de la habitual narrativa de villanos y víctimas del narcotráfico para examinar la vida de las mujeres que la industria emplea bajo condiciones precarias. Lo hizo como parte de su participación en una iniciativa del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas, o FINND, que cuestiona cómo los periodistas pueden cubrir el narcotráfico.

En Colombia, la mitad de las mujeres judicializadas lo están por delitos asociados al narcotráfico. Pero, lejos de ser un país de “Griseldas”, la mayoría ejercen las labores más frágiles, como ser las trabajadoras domésticas de los cocales.

“La historia fue tomando otro tono porque intenté también ver la agencia política de las mujeres, el rol que ocupan en la cadena de las economías ilícitas, cómo se ven ellas a sí mismas”, dijo Parada Lugo a LatAm Journalism Review (LJR). “Ese ejercicio simplemente de cuestionar esos paradigmas sobre los que uno ya está parado es bien interesante y yo creo que es difícil de encontrar”.

El FINND, organizado por la Fundación Gabo y Open Society Foundations, ha permitido a decenas de periodistas de América Latina explorar nuevas formas de contar un fenómeno que atraviesa problemáticas de salud, educación, medioambiente y pobreza. Con casi 90 investigaciones publicadas, el programa ha contribuido a “desintoxicar” la narrativa de la cobertura sobre drogas, Guillermo Garat, coordinador editorial del FINND, dijo a LJR.

“En el periodismo lamentablemente tenemos esta debilidad de ir detrás de las incautaciones, de los discursos oficiales, de una narrativa clásica que nos ofrece una visión muy sesgada”, dijo Garat. “Hay que desandar lo que hemos aprendido y empezar a mirar a esas personas, esas comunidades afectadas, a la cara y poder entender otras formas de interpretar esta realidad”.

La séptima edición del programa estará dedicada a coberturas enfocadas en problemáticas de Colombia y México. La convocatoria para aquellos interesados en participar cierra el 9 de septiembre.

Otros enfoques, mismo rigor

Cambiar la narrativa no significa romantizar el fenómeno de las drogas, sino ampliar la mirada sobre el tema, según Miguel Montes, director de programas de la Fundación Gabo. 

“[Significa] Que esa cobertura alejada de estigma, de prejuicios, de la criminalización pueda ahondar en esas otras temáticas, en esas otras perspectivas”, dijo Montes a LJR. “Pero siempre basada en evidencia, en hechos verificados”.

Neldy San Martín, directora editorial del medio mexicano Causa Natura Media y participante de la más reciente edición del FINND, dijo que el programa le ayudó a reflexionar sobre cómo contar mejor las historias de las personas más vulnerables de la cadena de producción de drogas, quienes suelen ser equiparadas con grandes delincuentes pese a vivir situaciones de marginación y abandono.

San Martín y sus colegas Diego Legrand y Lenin Ocampo realizaron un video reportaje, “Paraquat, el veneno invisible de la guerra contra las drogas en México”, que fue publicado por la revista Proceso en junio de este año. Aborda los efectos del uso de ese herbicida en las comunidades campesinas del estado mexicano de Guerrero.

“Este trabajo ayuda a ponernos en los zapatos del otro, porque no sabemos qué haríamos en una situación similar de pobreza, de olvido, de abandono institucional”, dijo San Martín a LJR. “Es un reto como periodista plasmar eso en un video o en un texto, y el Fondo me ayudó a usar las palabras correctas [para] lograr con la narración que la gente pueda percibir y entender el contexto”.

Por su parte, Parada Lugo desarrolló los reportajes “Un oficio invisible y violentado: las cocineras del cocal” y “‘En la lógica del narco, las mujeres en el negocio son fácilmente reemplazables’”. El primer trabajo aborda cómo las mujeres que alimentan a los trabajadores de los plantíos sobreviven todo tipo de violencias, desde la económica hasta la sexual. El segundo habla de los castigos morales, sociales y penales que se les impone dentro del  negocio de las drogas ilegales.

Los reportajes tanto de San Martín como de Parada Lugo retoman el tema de las drogas desde aristas innovadoras y ponen en el centro de las historias a personas que normalmente quedan fuera de la discusión, dijo Garat.

“Es un reto ético no plantear a las víctimas sólo como víctimas sino también desde su lugar en la cadena, de su lugar político en su región y desde su agencia como madres cabeza de hogar”, dijo Parada Lugo. 

Desintoxicando la narrativa

A medida que el narcotráfico se ha sofisticado y diversificado, el fenómeno de las drogas exige una cobertura más amplia y profunda. El FINND surgió en el 2019 con el fin de promover un periodismo que también proponga nuevas aproximaciones al tema, con acento en lo humano. A lo largo de sus seis ediciones, han participado más de 250 profesionales de 12 países de América Latina.

¿Qué ideas sobre las drogas necesitamos desaprender?

La Fundación Gabo lanza ‘Todo lo que debes saber (y olvidar) de la narrativa sobre las drogas’, una guía que invita a cuestionar los estigmas y los discursos simplistas para abrirse a coberturas más amplias y profundas.… pic.twitter.com/OEj7W4dJm2

— Fundación Gabo (@FundacionGabo) July 21, 2026

“Les ha permitido desintoxicar la narrativa que muchas veces rodea la cobertura de temas de drogas y darse cuenta de los aspectos más humanos que lo rodean, y de que no todo tiene que ver con el enfoque punitivista y de criminalización”, dijo Montes.

El FINND consiste en becas de financiamiento de proyectos periodísticos en texto, audio, video, multimedia y documentales. Este financiamiento busca facilitar, sobre todo, que los participantes hagan trabajo en el terreno, agregó Montes.

Los periodistas seleccionados reciben además mentorías, formación y acompañamiento durante el desarrollo de sus proyectos por parte de una red de 19 periodistas expertos de la región. 

Este año se dará prioridad a proyectos transnacionales que cubran temáticas entre Colombia y México, dos de los países en donde existe mayor interés sobre el tema, agregó Montes. Además, por primera vez se permitirá la postulación de creadores de contenido periodístico que presenten proyectos para plataformas digitales.

Para el FINND también ha sido importante llevar a cabo una exhaustiva gestión de todo el conocimiento que ha generado, por lo que a lo largo de los años se han producido diferentes materiales y recursos para periodistas de América Latina que quieran abordar perspectivas poco exploradas sobre las drogas. 

El más reciente es la guía “Todo lo que debes saber (y olvidar) de la narrativa sobre las drogas”, lanzada en julio, que profundiza sobre los conceptos alrededor de lo que para el Fondo son las nuevas narrativas sobre drogas.

La guía, que puede ser descargada sin costo, también incluye una caja de herramientas para construir historias más rigurosas, complejas y libres de estereotipos sobre las drogas, dijo Montes.

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ARCA incineró 600 kilos de droga incautada y valuada en más de US$9 millones

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El organismo quemó 600 kg de estupefacientes secuestrados en distintos operativos. El valor de la droga supera los U$D 9 millones. El procedimiento contó con la participación de autoridades aduaneras, judiciales, y de las fuerzas de seguridad y se desarrolló bajo estrictas normas de seguridad y cumpliendo con las disposiciones emitidas por la Justicia. 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) realizó este viernes una Jornada de Incineración de Estupefacientes en el predio de PELCO S.A., ubicado en la localidad de El Talar, Partido de Tigre. Durante el evento, se llevó a cabo la quema de 600 kilos de estupefacientes, valuados en más de U$D 9 millones.

Durante la apertura de la jornada, las autoridades destacaron la importancia de la articulación estratégica entre la Aduana, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad para profundizar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En ese sentido, el director de Narcotráfico y Delitos Conexos de la DGA, Diego Pérez Escobar, destacó que “estamos muy felices porque de esta manera finalizan varias causas de narcotráfico”. “Con la colaboración de las fuerzas de seguridad hacemos lo imposible para que no entre ni salga droga de nuestro país”, resaltó Pérez Escobar, al tiempo que agregó que respecto al control aduanero, “en nuestro país se ha tecnificado muchísimo con implementación de escáners”.

Casos destacados

En estos operativos, la Dirección General de Aduanas intervino en la incautación de cocaína sólida y líquida, MDMA, éxtasis y ketamina. El mayor número de casos ocurrieron en la terminal de pasajeros aéreos de Ezeiza, donde los agentes de la DGA evitaron el ingreso o egreso de estupefacientes del país en valijas con doble fondo, dentro del equipaje o cocaína líquida rociada en la ropa.

Además, el personal aduanero fue clave para descubrir estupefacientes ocultos en suelas de zapatillas, botellas de vino con MDMA dentro y cargas de pescado congelado que se encontraba en un depósito fiscal de Retiro.

También se desarticuló un esquema de exportación de droga a Francia mediante envíos postales (courier), en el marco de una causa que ya lleva tres detenidos en Argentina y Europa. La maniobra consistía en enviar las sustancias dentro de una máquina compresora de aire y falsos paquetes de azúcar.

Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso ineludible en el control de las fronteras, la prevención del tráfico ilícito y la protección de la ciudadanía.

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Trump condiciona asistencia antidrogas a México por extradiciones y desmantelamiento de laboratorios

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La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 del gobierno de Estados Unidos plantea condicionar la asistencia antidrogas a México a resultados concretos contra los cárteles, entre ellos arrestar, procesar y extraditar a líderes de organizaciones designadas como terroristas extranjeras, así como desmantelar laboratorios de drogas sintéticas.

El planteamiento aparece en la página 151, dentro del Apéndice D, “2026 Counternarcotic Border Strategies”, en el capítulo dedicado a la estrategia antidrogas para la frontera suroeste de Estados Unidos. Ahí, Washington señala que buscará una cooperación “robusta, sostenida y medible” del gobierno mexicano para combatir a organizaciones criminales transnacionales y grupos designados como terroristas que operan en su territorio.

“This assistance will be conditioned on tangible results”, dice el documento. Es decir, que esa asistencia estará condicionada a “resultados tangibles”, entre ellos tomar medidas para arrestar, procesar y extraditar a líderes de esas organizaciones, además de desmantelar laboratorios de drogas sintéticas.

EU condiciona asistencia antidrogas a México a extradiciones y desmantelamiento de laboratorios
Laboratoria de drogas. Foto: Cuartoscuro Archivo.
El apoyo mencionado incluye capacitación para autoridades mexicanas de seguridad y justicia, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y respaldo a operaciones conjuntas. Por ello, la estrategia no habla de condicionar toda la ayuda bilateral de Estados Unidos a México, sino la cooperación antidrogas y de seguridad.

Desde el inicio, la Casa Blanca presenta la estrategia como una ofensiva de seguridad nacional. Trump señala que designó a cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y al fentanilo ilícito y sus precursores como armas de destrucción masiva, mientras que el plan plantea usar “todo el peso” del gobierno estadounidense contra esas redes, incluidos procesos penales por apoyo material al terrorismo, sanciones financieras, combate al tráfico de armas, desmantelamiento de redes en línea y recompensas para llevar a líderes criminales ante la justicia.

México aparece como una pieza central del diagnóstico estadounidense. En la página 148, dentro de “The National Southwest Border Counternarcotics Strategy”, el gobierno de Estados Unidos señala que la frontera terrestre de casi 2 mil millas con México sigue siendo el principal corredor de las drogas ilícitas que representan la mayor amenaza para la vida de los estadounidenses.

En ese mismo capítulo, la estrategia afirma que la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025 identifica la producción y tráfico masivo de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetamina, por cárteles mexicanos, como la amenaza relacionada con drogas más importante para Estados Unidos.

También sostiene que las organizaciones criminales transnacionales que operan en México y fueron designadas como terroristas son los actores dominantes de ese tráfico.

Según el texto, esos grupos controlan redes que van desde la compra de precursores químicos en China e India hasta la producción clandestina en México y el posterior contrabando hacia territorio estadounidense.

El señalamiento más fuerte sobre México aparece también en la página 148. Ahí, el gobierno estadounidense afirma que esas organizaciones “operan con un nivel de impunidad en partes de México que desafía directamente la soberanía del Estado”, mediante violencia extrema para controlar corredores de contrabando hacia Estados Unidos.

La estrategia advierte que la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no es sólo simbólica, sino que cambia el enfoque de Washington frente a esos grupos: pasan de ser tratados como un problema tradicional de aplicación de la ley a una amenaza de seguridad nacional.

Ese cambio, según el plan, permite usar herramientas diplomáticas, informativas, militares y económicas contra sus redes financieras y logísticas. En la página 149, agrega que la mayoría de opioides ilícitos, metanfetamina y cocaína, particularmente fentanilo, ingresan por puertos oficiales de entrada, ocultos en vehículos particulares o mezclados con mercancía legal en camiones de carga.

En el capítulo 2, “Securing the Global Supply Chain from Foreign Terrorist and Transnational Criminal Organizations”, el gobierno estadounidense aborda el control de cadenas globales usadas para mover precursores químicos, drogas terminadas y equipo para fabricar drogas sintéticas. En ese apartado, plantea que buscará que México incaute precursores, reduzca la producción y elimine la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio y la seguridad estadounidense.

Sanciones financieras y procesos penales contra empresas y directivos
La estrategia también prevé imponer costos a empresas que faciliten la producción o tráfico de drogas. En la página 24, señala que Estados Unidos podrá aplicar sanciones financieras y procesos penales contra compañías o directivos que, de forma deliberada o por omisión, faciliten el comercio ilícito de drogas o precursores químicos.

El plan incluye además una “Global Campaign Against Transnational Criminal and Foreign Terrorist Threats”, en el capítulo 4. Ahí, Washington plantea investigar, procesar y desmantelar redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, lavado de dinero, armas y otros delitos, incluso bajo cargos relacionados con terrorismo cuando corresponda.

En ese capítulo, Estados Unidos señala que buscará desarticular a esas organizaciones desde sus liderazgos hasta distribuidores de bajo nivel, incautar activos ilícitos y destruir sus redes logísticas para que dejen de representar una amenaza estratégica para su seguridad nacional.

El documento también fija metas cuantificables. En el Apéndice B, sobre objetivos y sistema de evaluación, la estrategia toma como base 807 mil 131 libras de drogas ilícitas incautadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en 2024, y plantea elevar esa cifra a 887 mil 844 libras en 2026.

En cuanto a precursores, la estrategia toma como base 11 incidentes reportados en 2024 por China, Colombia, India y México sobre incautaciones de precursores, sustancias relacionadas y equipo, y plantea subir a 48 en 2026 y 208 en 2029.

El texto no hace señalamientos directos contra políticos mexicanos, gobernadores, partidos o funcionarios del gobierno federal. Lo que sí menciona es al gobierno de México, a cárteles que operan en territorio mexicano, a organizaciones designadas como terroristas extranjeras y a la asistencia antidrogas condicionada a resultados medibles.

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Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro

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Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y unas 80 han sido detenidas, según informa la prensa local.

El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderosos del crimen organizado en el país sudamericano.

El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.

Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.

Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.

El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.

El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes, relató Naiara Galarraga Gortázar para el diario El País de España.

El CV es un grupo criminal que se dedica al tráfico de drogas y de armas, entre otras actividades ilícitas como el transporte ilegal, que nació en 1979 en una cárcel de Río, se ha expandido a otros Estados en los últimos años. En territorio brasileño, solo le supera el Primero Comando de la Capital (el PCC), que tiene su base en São Paulo y es su rival más encarnizados.

Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.

Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.

El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.

El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.

El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.

Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.

En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.

Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.

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Alertan sobre el riesgo para el feto y el recién nacido frente al consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo y la lactancia

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El consumo de sustancias psicoactivas durante la concepción, el embarazo y la lactancia conlleva un riesgo significativo para la salud del bebé. Especialistas advierten sobre posibles afecciones en el sistema nervioso central, cardiovascular, renal y cutáneo, así como complicaciones obstétricas como retraso del crecimiento intrauterino, abortos, partos prematuros y eclampsia, que pueden poner en peligro la vida tanto de la madre como del recién nacido.

La advertencia forma parte de un documento elaborado por el Grupo de Consumos Problemáticos y el Comité de Estudios Fetoneonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría. En él, los pediatras sostienen que se trata de situaciones evitables y prevenibles, y destacan el rol clave de las intervenciones en salud para prevenir este tipo de complicaciones.

“Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, tanto sintéticas como naturales, nos referimos a productos como alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis y ácido lisérgico, entre otros. Su consumo, en cualquier cantidad —porque no existe una dosis segura— afecta tanto la salud del bebé como la de la propia madre”, explicó la doctora Guadalupe Albornoz, médica pediatra y neonatóloga, secretaria del Comité de Estudios Fetoneonatales.

En la misma línea, la doctora Silvia Cabrerizo, pediatra y toxicóloga, secretaria del Grupo de Trabajo de Adicciones, señaló: “Estas sustancias, en su mayoría psicotrópicas, ingresan fácilmente al cerebro y, en muchos casos, también a la leche humana. Por eso representan una alerta para las madres que amamantan”.

El informe detalla que este tipo de sustancias puede alterar el comportamiento de quien las consume y provocar riesgos concretos para el lactante, como alteraciones en la talla, en el perímetro cefálico, en el neurodesarrollo, infecciones, e incluso el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante.

La doctora Sandra Machado, médica neonatóloga, prosecretaria del Comité y coautora del documento, advirtió que “este tipo de adicciones suele estar asociado a contextos socioambientales específicos y a características individuales que aumentan el riesgo para la salud del bebé”, como embarazos en adolescentes, bajos niveles educativos, desnutrición y falta de controles prenatales adecuados.

Además, el texto advierte sobre el fenómeno del policonsumo, que incluye sustancias legales como el tabaco y el alcohol, y que incrementa las conductas de riesgo. Estas conductas, a su vez, predisponen a contraer infecciones como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o hepatitis B y C. “En todos los casos, los recién nacidos están expuestos a un alto riesgo de presentar problemas médicos, psicológicos y del desarrollo”, indica el documento.

Frente a esta situación, la doctora Albornoz remarcó la necesidad de un abordaje multidisciplinario que incluya a profesionales de ginecología, obstetricia, neonatología, pediatría, toxicología, salud mental y servicios sociales.

En cuanto a la lactancia, se recomienda suspenderla de forma inmediata ante la detección de consumo activo, hasta evaluar la situación de la madre, del bebé, el contexto familiar y social de cuidado, y asegurar una evolución clínica, mental y toxicológica estable de ambos. Así lo afirmó la doctora Cabrerizo.

Asimismo, la doctora Albornoz agregó que “deben considerarse cuidadosamente los beneficios documentados de la leche humana frente a los riesgos que implica la exposición del bebé a sustancias psicoactivas durante la lactancia. La atención médica debería comenzar incluso antes del embarazo, en el período preconcepcional”.

El documento concluye señalando que, para una persona con consumo problemático de sustancias, asumir la crianza puede representar una oportunidad de transformación. Para ello, es fundamental que existan equipos de salud capacitados, con enfoque de género y una mirada integral, que acompañen a estas mujeres y a su entorno durante el embarazo, el parto, el posparto y la crianza, sin adoptar actitudes punitivas.

“La prevención del consumo problemático debe comenzar en la niñez y la adolescencia, para que el momento de la concepción ocurra en las condiciones más saludables posibles”, concluyó la doctora Machado.


Sobre la Sociedad Argentina de Pediatría

La Sociedad Argentina de Pediatría fue fundada el 20 de octubre de 1911 y es una de las instituciones científicas más antiguas del país. Reúne a médicas y médicos pediatras, así como a profesionales interesados en el estudio y la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

Su independencia de intereses sectoriales ha consolidado su rol como entidad asesora de gobiernos, universidades y organizaciones sociales en el área maternoinfantil.

Actualmente, la SAP cuenta con más de 19.500 asociados distribuidos en 49 filiales y una delegación, organizadas en nueve regiones. Todos ellos trabajan en forma solidaria por los objetivos de la institución, con un fuerte compromiso con la infancia y la adolescencia.

Su lema —“por una niñez y una adolescencia sanas, en un mundo mejor”— expresa el compromiso integral de la pediatría con el bienestar social.

La SAP participa activamente en el movimiento pediátrico internacional, a través de alianzas con UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Latinoamericana de Pediatría, la Asociación Internacional de Pediatría y el Foro de Sociedades de Pediatría del Cono Sur.

Para más información, se puede consultar el sitio web oficial: www.sap.org.ar

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