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Más salario, más actividad y más inflación: el nuevo equilibrio del Gobierno según Ecolatina

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Hace varios años que la economía argentina enfrenta dos grandes problemas: una actividad que no crece y una inflación que no baja. Más allá de cuáles sean las causas, por qué pasa esto y cómo podría mejorarse, estas son las formas de manifestación.

A principios de año, el Gobierno parecía enfocarse en el segundo de los desafíos. Confiado en que la demanda se recuperaría luego de un año de pandemia y esperanzado por el buen cierre del 2020, el Poder Ejecutivo priorizó desacelerar la suba de precios por sobre impulsar la recuperación de las variables reales. En este esquema se entienden el cierre de paritarias en sintonía con el 29% objetivo de inflación anual del Presupuesto y la moderación fiscal de la primera parte del año.

Sin embargo, las cosas no salieron tal como lo previsto. La inflación fue mucho mayor a la esperada, en tanto el rebote de la actividad fue revirtiéndose conforme pasaban los meses. Preocupado por esta situación, el equipo económico cambió su orden de prelación: para el segundo semestre, buscará impulsar la demanda, aun cuando esto implique convalidar una mayor inflación. Si bien este cambio podía intuirse, el giro quedó claro con el reciente impulso a la reapertura de paritarias. Con este anuncio, se explicitó el nuevo equilibrio apuntado desde el Gobierno: mayores salarios en busca de un mayor consumo, pero al costo de una mayor inflación.

Entre 2018 y 2020, el poder adquisitivo de los trabajadores registrados cayó más de 20%. En la primera mitad de 2021, esta variable habría caído otro 1,5%, acumulando 22% de retroceso en los últimos 36 meses. Considerando que 3 de cada 4 pesos que nuestro PBI se explican por el consumo, la relación entre el salario real y el nivel de actividad es fundamental. Por lo tanto, su recuperación es condición necesaria para que las ventas mejoren en la segunda parte del año, y de ahí la temprana reapertura de las negociaciones colectivas.

Además del salario, el nivel de empleo es la otra variable determinante para explicar la dinámica del consumo. En 2020, pandemia y cuarentena mediante, se destruyeron 1 de cada 10 puestos de trabajo en nuestro país. Aunque en 2021 no se recuperaría todo lo perdido, sí habría un rebote importante de este indicador, concentrado en la segunda mitad del año. Por lo tanto, la economía también tendría un impulso por esta vía.

A la vez, la actividad tendría otros tres motores adicionales. En primer lugar, el gasto público aumentaría en los próximos meses, alentado por el buen resultado del primer semestre y por las elecciones que se acercan. Por su parte, el proceso de vacunación contra el Coronavirus pareciera avanzar cada vez más rápido, permitiendo relajar las restricciones a la oferta y fortalecer la demanda. Por último, la economía brasileña está mejorando sistemáticamente sus proyecciones de crecimiento, traccionando así sus importaciones, o sea, nuestras exportaciones. Resultado de estos factores, la producción tendría una buena segunda mitad del año, y la realidad se acomodaría un poco más a lo que quiere el oficialismo.

Ahora bien, no todo será color de rosas. Si bien el dólar oficial seguiría avanzando muy lentamente en los próximos meses -al menos, hasta noviembre- y las tarifas de servicios públicos harían lo propio, la reapertura de paritarias tendrá un efecto sobre el nivel general de precios. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la inflación pasaría de un promedio de 4% mensual entre enero y junio a otro de 2,8% entre julio y diciembre. En términos anualizados, esto implicaría pasar de una inflación del 60% a otra del 40%. Por lo tanto, aunque la suba de precios bajaría en el corto plazo, seguiría en niveles muy elevados, tan incompatibles con el normal funcionamiento de la economía como lejos de los objetivos oficiales.

Considerando el mal arranque del año en materia de precios, el Gobierno está intentando hacer del defecto virtud y aprovechar el envión inflacionario para reabrir paritarias y lograr que el poder adquisitivo tenga su mejor semestre desde 2017 -comparado contra el pasado reciente, no en valores absolutos donde seguirá por debajo incluso de 2019-. De esta manera, el consumo podría recuperarse y la economía real también tendría su mejor momento de los últimos años. Las elecciones traen buena suerte.

No obstante, porque es difícil cerrar una nota sobre economía argentina de manera optimista, vale decir que esta recuperación se volvería insostenible por su propio peso. Con más inflación, el atraso cambiario y tarifario, que entre otras cosas serán fundamentales para explicar la recuperación de salario real, se volverán más difíciles de sostener. En este marco, habría que corregirlos, como máximo, a comienzo del 2022 -casualmente, cuando llegará el acuerdo con el FMI-. Por lo tanto, si no hay mal que dure cien años, tampoco hay alegría que dure seis meses. Al menos por ahora.

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La construcción vive el mejor presente en más de dos años

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¿Cómo arrancó la construcción en 2021?

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró un marcado crecimiento del 23,3% i.a. en enero, registrando el tercer avance interanual consecutivo luego de dos años en terreno negativo. Por su parte, en términos desestacionalizados la actividad creció 4,4% frente a diciembre, mejorando por quinto mes al hilo y llegando al mayor nivel desde septiembre de 2018.

De esta forma, el sector sostiene la reactivación que comenzó a tomar fuerza en los últimos meses de 2020, la cual le ha permitido colocarse casi 30% por encima de los niveles pre-pandemia y perfilarse como uno de los protagonistas de este 2021. ¿Qué factores explican la magnitud de esta recuperación? ¿Cuán sostenible es? Veamos.

Drivers de la auspiciosa perfomance del sector

Una brecha cambiaria persistiendo en niveles altos (promediando 80% en enero) y un costo de construcción en dólares que se mantiene en mínimos históricos (-55% respecto a los máximos de 2017, medido al dólar blue), ineludiblemente aportan atractivo inversor en el sector. Esto se materializa a través de refacciones o ampliaciones en el hogar como opción de ahorro por parte de las familias, incluso en un contexto donde el precio de los materiales subió cerca de 10 p.p. por encima de los salarios en los últimos 12 meses.

Pese a este efecto provocado por el “cuello de botella” que reúne la mencionada demanda de los hogares, el regreso a la actividad de obras que habían estado frenadas durante varios meses y el acopio de materiales por parte de desarrolladores ante el temor a una devaluación; los despachos de cemento en bolsa crecieron 18,2% i.a. en enero, sumando ocho meses en terreno positivo.

Adicionalmente, el relajamiento de las restricciones sanitarias habilita una paulatina mejora en el desarrollo de obras privadas y en el número de empresas activas, que creció 7,5% en los últimos tres meses pero en enero todavía se mantenía 15% por debajo de un año atrás. Por otro lado, los despachos de cemento a granel exhibieron en enero su tercer incremento interanual consecutivo (+21% i.a.) luego de atravesar 15 meses en baja, a la vez que los despachos de hormigón elaborado (+29% i.a.) y los envíos de hierro y aceros para la construcción (+30,2%) aceleraron su crecimiento en el primer mes del año.

Esta tendencia también permite apuntalar el empleo en el sector. Si bien se conoció que 2020 cerró con una caída del 22% i.a., hacia diciembre los puestos de trabajo registrados continuaron con una tendencia de recuperación.

Finalmente, la reactivación de la obra pública va consolidando su dinamismo, tras varios meses de virtual inactividad. Según el relevamiento de Construar, en el primer bimestre fueron licitadas obras en todo el país por casi ARS 100.000 millones, superando ampliamente los ARS 15.000 registrados en el mismo lapso de 2020, aún antes de la pandemia. Además, frente a reducidas bases de comparación, los despachos de asfalto saltaron 35,7% i.a. en enero (cuarto mes en crecimiento), mientras que los gastos de capital del Gobierno Nacional se duplicaron en el primer mes del año (+112% i.a. en términos reales), sumando tres meses en expansión.

¿Qué esperamos para este año?

La recuperación en “V” que experimentó la demanda de insumos del sector durante los últimos meses dejó un más que relevante arrastre estadístico en torno al 30% de cara a este año. Asimismo, los primeros indicadores de febrero dan cuenta de la auspiciosa dinámica que mantiene la actividad.

El Índice Construya expuso un alza del 25,2% i.a. en el mes, marcando el mejor febrero en siete años, mientras que los despachos de cemento crecieron 18% i.a.. Sumado a esto, tiende a fortalecerse el sesgo positivo de la confianza de las empresas, mientras que la superficie involucrada en los permisos para obras privadas retoma de a poco niveles pre-pandemia.

Los drivers que vienen apuntalando la actividad se mantendrán vigentes en 2021, erigiendo a la construcción como uno de los pilares de la recuperación post-pandemia. Por un lado, la continuidad del cepo junto a una brecha cambiaria en niveles altos mantendrá el incentivo a volcar ahorros al “ladrillo”, a la vez que menores restricciones a la actividad seguirán favoreciendo la reanudación de las obras de mayor magnitud. En este sentido, se debe destacar la aprobación del régimen de incentivos -fiscales y blanqueo de capitales- para promover las inversiones en la construcción que estima alcanzar una exteriorización de capitales cercana a los USD 5.000 millones.

A su vez, en el año electoral se afianzará el crecimiento de la obra pública, con gastos de capital del Gobierno Nacional que esperamos se expandan en torno al 50% i.a. en términos reales este año.

Los potenciales riesgos que enfrenta la actividad provienen de un resurgir de los casos COVID-19 que obligue a restringir la actividad o un salto cambiario, eventos que no prevemos sucedan en el corto plazo. Asimismo, pese a lo mencionado anteriormente, el poder adquisitivo del salario seguirá deprimido y el acceso al crédito hipotecario limitado, factores que se sumarán a la demora en las aprobaciones de proyectos de obra en el marco de la pandemia/cuarentena y a posibles problemas de abastecimiento de insumos como impedimentos para un mayor despegue de la actividad.

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Crisis cambiaria o ajuste fiscal, dilemas pandémicos

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Entre enero y septiembre, el déficit primario del Sector Público acumuló ARS 1,3 billones, rozando 5% del PBI. Para dimensionar el desequilibrio, vale recordar que todo 2015 este cociente estuvo apenas por debajo de 4%. Por lo tanto, el ratiode 2020 abre muchos interrogantes, la mayor parte de ellos vinculados a su sostenibilidad y el impacto de su financiamiento con emisión sobre las variables nominales primero y reales después.
En este sentido, la disparada de los dólares paralelos, que superaron 180 pesos en la última semana, obedece en parte importante al exceso de oferta de pesos al que está llevando el agujero fiscal en un escenario de creciente incertidumbre y desconfianza en el peso.
Ahora bien, ¿por qué creció tanto el déficit fiscal? ¿era posible un camino distinto en medio de esta pandemia y cuarentena inédita? ¿tiene sentido esperar un mayor ajuste para el año próximo? Analizar los números de este año junto con la dinámica de las diferentes partidas, nos permitirá entender mejor dónde podrían enfocarse los esfuerzos del gobierno nacional hacia adelante.
En primer lugar, corresponde notar que el gasto primario creció casi 70% i.a. en los primeros nueve meses del año. En sentido contrario, producto de la gran recesión que estamos atravesando, los ingresos públicos avanzaron solo 22% i.a. entre enero y septiembre. De esta manera, el superávit primario de ARS 0,2 billones acumulado en los primeros tres trimestres de 2019 se convirtió en un déficit de ARS 1,3 billones este año. Con estos valores, se entiende por qué el Banco Central emitió ARS 1,7 billones entre enero y septiembre para financiar al Tesoro y por qué, a pesar de la esterilización vía LELIQs, pases y venta de Reservas, la base monetaria creció 40% en ese período, muy por encima de la inflación acumulada (25%).
Sin embargo, al adentrarnos en los números no todo es lo que parece. Por caso, aislando el gasto COVID (IFE, ATP, etc.), cerca de ARS 550.000 millones -2% del PBI-, se observa un aumento de “solo” 50% de las erogaciones primarias. Aunque este porcentaje está por encima de la inflación de período, en torno a 45%, la dinámica se presenta menos insostenible. 
Excluyendo los planes de emergencia que motivó la pandemia, las prestaciones sociales crecieron solo 45% i.a. en el acumulado a los primeros nueve meses del año. La actualización por decreto de las jubilaciones y los programas sociales se diferenciaron entre decil de ingresos, dando ajustes por encima de la inflación a los sectores de menores recursos y por debajo de ésta a los estratos superiores. Esta evolución puede servir como anticipo para pensar la reforma jubilatoria que podría tratarse en el congreso y por dónde podría continuar el ajuste del año próximo.
Asimismo, al analizar el resto de los componentes del gasto, se observa una dinámica heterogénea que también podría servir para diagramar el futuro. Los subsidios económicos y las transferencias a provincias -con ingresos propios muy golpeados por la recesión y sin posibilidad de financiarse en el mercado- crecieron más de 100% i.a. En sentido contrario, los gastos de funcionamiento -salarios de empleados públicos- treparon 30% i.a. y los gastos de capital menos de 5% i.a., en un contexto de fuertes restricciones operativas. Asumiendo que los dos primeros tuvieron un carácter de emergencia y una fuerte impronta social, la disparada del déficit puede parecer incluso todavía más “inevitable”.
En síntesis, buena parte del aumento del gasto parece forzado por la crisis. De hecho, al analizar el resto de las partidas extra COVID se encuentran incluso algunos ajustes reales (jubilaciones y pensiones altas). En una lógica similar, el desplome de la recaudación que provocó la recesión también era difícil de evitar. Por lo tanto, buena parte del incremento del rojo fiscal responde a la pandemia, en línea con lo sucedido en la mayoría de los países de mundo. Sin embargo, no por eso deja de ser desequilibrante: en la mayoría de los países, el financiamiento vía emisión fue menor que en el caso argentino.

Haber sostenido tasas de interés tan bajas en un escenario de liquidez récord, producto de la emisión para cubrir el bache fiscal fue un error significativo del equipo económico. Es cierto que la tasa de interés pasiva es fundamental para determinar el costo de financiamiento de las empresas -en muchos casos, endeudadas incluso para pagar sueldos y sin saber cuándo van a poder volver a vender- y que endurecerla tendría algunos efectos negativos. Sin embargo, los perjuicios de esta liquidez excedente en un contexto de incertidumbre que induce a una mayor dolarización tensó significativamente al mercado cambiario (formal y paralelo), provocando mayores costos que un endurecimiento de la política monetaria. En tanto, los contratiempos del mayor costo de financiamiento podrían subsanarse con un esquema de tasas segmentadas o créditos subsidiados.
En segunda instancia, aparece el déficit primario objetivo explicitado en el Presupuesto 2021. En este sentido, la reducción de 8% del PBI a 4,5% se queda “corta” en relación con lo esperado por el mercado. Aunque el supuesto de un financiamiento con deuda en moneda local de 4 de cada 10 pesos del rojo fiscal es realista, deja las expectativas de emisión en niveles muy elevados para el año electoral. En un marco de creciente tensiones cambiarias (escasas Reservas netas y brecha superior al 100%), aumentar aún más la liquidez atentaría contra la estabilidad de las variables nominales.
Es cierto que el año que viene hay elecciones, y que una reducción significativa del gasto público será compleja, especialmente considerando que la economía no se reactivará de manera sensible. No obstante, no es menos cierto que el desequilibrio del mercado monetario está provocando diversas tensiones que se trasladan al mercado cambiario primero y a la economía real después.
El “ahorro” de 2 p.p. del PBI que representó la suspensión de la fórmula de movilidad y sus ajustes por debajo de la inflación en los deciles más altos es uno de los principales componentes por donde podría advenir el esfuerzo fiscal. Los ajustes en gastos previsionales siempre son complicados de implementar, más en años políticamente relevantes, pero esta línea representa más de la mitad del gasto primario total. En consecuencia, reducir las erogaciones totales preservando los haberes previsionales, implicaría un fuerte recorte del resto de las partidas, de modo que no parece viable.
Por otro lado, los subsidios económicos implican alrededor de 10% del gasto primario total. En los primeros nueve meses de 2020, acumularon 2% del PBI, su mayor valor desde 2015. Los anuncios acerca de probables ajustes tarifarios en los primeros meses del 2021 reflejan la intención de recortar estos destinos en términos reales.
A modo de conclusión, podemos afirmar que la situación fiscal se complicó por la pandemia y la cuarentena, disparando la liquidez y desequilibrando el mercado de pesos, ante la imposibilidad del Tesoro de financiarse con deuda privada. Aunque puede haber sido necesaria para evitar un mayor colapso de la situación social, no por eso esta situación dejó de generar importantes tensiones en el mercado cambiario y, es probable, que se trasladen a la inflación.
En 2021, el Sector Público debería tener una meta fiscal más ambiciosa que ayude a reducir los efectos negativos del exceso de liquidez, en lugar de agravarlos. Sin embargo, el “plan económico” no puede terminar acá: será necesario también subir la tasa de interés para incentivar el ahorro en pesos, mejorar las colocaciones de deuda en moneda local del Tesoro -justamente, para relajar las necesidades de ajuste y emisión- y corregir la brecha cambiaria actual. Caso contrario, el “plan” se quedará corto: deberá articular las distintas aristas de la política económica, que exceden largamente a la cuestión de las arcas públicas.

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Mucha liquidez, mucho cepo, muchos riesgos

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En 2019, el resultado fiscal primario del Tesoro Nacional estuvo cerca del equilibrio, reduciendo al mínimo la asistencia del Banco Central. Más aún, por la meta de “emisión cero” acordada con el FMI a fines de 2018, la economía presentaba niveles muy bajos de monetización: la relación entre la base monetaria y el PBI terminó el año pasado en 6,2%, 2 p.p. por debajo del año anterior. 

Para 2020, el gobierno se proponía continuar con esta tendencia: controlar la liquidez permitiría controlar (parte de) la demanda de divisas, calmando las tensiones cambiarias e inflacionarias. Sin embargo, la pandemia trastocó todos los objetivos de política económica y el déficit fiscal se disparó, producto del desplome de los ingresos por el derrumbe de la actividad y de la expansión del gasto para atenuar los perjuicios de la pandemia/cuarentena. 

Como resultado, la asistencia del BCRA al Tesoro alcanzó niveles récord (ARS 1,6 billones, 6,3% del PBI) y, a pesar de una fuerte esterilización vía LELIQs y pases (ARS -0,9 billones, -3,4% del PBI), la base monetaria cerraría el año cerca del 10% del PBI, en línea con los máximos de 2012-2015. En este contexto de fuerte aversión al ahorro en pesos, su exceso de oferta se trasladó al dólar paralelo primero, aumentando las expectativas de devaluación y acelerando las presiones sobre el dólar oficial después. 

Hasta hace unas semanas, el equipo económico apostaba a reestructurar la deuda y, de esta forma, calmar las tensiones. Lamentablemente, esto no pasó: aunque el acuerdo con los acreedores privados efectivamente trajo un alivio a nivel macroeconómico de mediano plazo, no logró apaciguar el apetito dolarizador. Por el contrario, motivado por la sangría continua de Reservas (las netas perforaron los USD 7.500 millones y las líquidas se acercan peligrosamente a USD 1.000 millones), el Banco Central decidió reforzar el cepo, complicando aún más el normal funcionamiento de la actividad. 

Hacia adelante, tiene sentido preguntarse qué sucederá con el rojo fiscal y cuál será su fuente de financiamiento: entre ambas variables, determinarán qué pasará con los pesos y, en consecuencia, qué nivel alcanzarán las presiones cambiarias. Siguiendo al proyecto de Presupuesto 2021, se observa que el Ministerio de Economía prevé déficit primario de 4,5% del PBI para el año próximo, en una economía que recuperaría parte del terreno perdido (+5,5% de crecimiento) y bajaría la inflación (desde 32% este año a 29% en el año electoral). 

Más allá de la dosis de realismo que tengan dichas proyecciones -importante en materia de actividad, demasiado ambiciosa en materia de inflación– son el punto de partida para pensar la dinámica fiscal y monetaria del 2021. No obstante, para determinar la asistencia de la autoridad monetaria al Tesoro Nacional, es necesario trabajar con distintos supuestos de rollover de los servicios de la deuda (capital e intereses) del sector público.  

Gracias a la exitosa reestructuración de los bonos soberanos en moneda dura, los vencimientos con privados son prácticamente nulos el año que viene. Asimismo, si se lograra extender la devolución del préstamo del FMI y el Club de París, no habría desembolsos netos con organismos financieros internacionales. De esta forma, se alcanzaría un refinanciamiento del total de los servicios en divisas, de modo que no sería necesaria la asistencia del Banco Central al Tesoro en moneda extranjera (Letras intransferible a cambio de Reservas para pagar deuda) en 2021. 

En cuanto a los servicios de la deuda pública en pesos, elaboraremos tres escenarios El primero es conservador, ya que supone que en 2021 se alcanza un rollover de sólo el 100% (similar al de este año, afectado por el antecedente del reperfilamiento de abril). El segundo asume un 110% de refinanciamiento y, el tercero, 120%. El escenario intermedio parece el más probable, pero no es posible descartar los extremos. 

Bajo un rollover del 120% de los servicios de la deuda en pesos en 2021, las colocaciones netas del Tesoro alcanzarían cerca de 1,4% del PBI (ARS 508.000 millones, según nuestras estimaciones), relajando la asistencia del Banco Central, ya que restaría cubrir un bache fiscal (déficit primario menos colocaciones netas) de 3% del PBI. En este caso, el BCRA tendría que girar el año que viene al Tesoro (vía adelantos transitorios y utilidades) casi ARS 1.080.000 millones, que representan alrededor del 40% de la base monetaria que estimamos para el cierre de 2020.  

Si asumimos que en un año electoral el Banco Central no “quiere” que la base monetaria trepe más que la inflación, tendría –ceteris paribus– que esterilizar vía LELIQs y pses “solo” ARS 210.000 millones (casi 20% de la asistencia) dejando el stock de los instrumentos de esterilización en niveles estables (debajo del 10% del PBI). 

Ahora bien, si el rollover fuera de 110% de los servicios en pesos del Tesoro, las colocaciones netas alcanzarían ARS 254.000 millones (0,7% del PBI), por lo que el BCRA tendría que girar el año que viene ARS 1.333.000 millones (3,8% del PBI) al Tesoro, equivalentes al 45% de la base monetaria del cierre de 2020.  

Suponiendo nuevamente que el Banco Central no deja que la base monetaria vaya más allá de la inflación, debería esterilizar cerca de ARS 460.000 millones, es decir, 1,2% del PBI o 35% de la asistencia. En respuesta, el stock de LELIQs y pases superaría 10% del PBI, prácticamente duplicando al cierre de 2019 (5,5%). En este marco, si bien este el stock de los instrumentos de esterilización alcanzaría el pico de 2018, el nivel de tensión sería sensiblemente menor: a diferencias de las LEBACs, las LELIQs están en manos de bancos comerciales que no tienen casi alternativas más que quedarse en estas letras. 

Por último, asumiendo que solo se logra hacer rollover de los servicios en pesos que vencen (100%), como no hay colocaciones netas (supuesto pesimista, pero no imposible), el Banco Central tendría que cubrir todo el déficit primario (casi ARS 1.600.000 millones, 4,5% del PBI). Sin una política activa de esterilización, esto supondría una expansión del 53% de la base monetaria en 2021.  

Manteniendo vigente la idea de que la autoridad monetaria no permite que la base monetaria supere a la inflación, tendría –ceteris paribus– que esterilizar cerca de ARS 460.000 millones (1,9% del PBI o 45% de la asistencia). En respuesta, el stock de LELIQs y pases superaría 11% del PBI, un nivel que a priori parece inestable. 

Antes de cerrar, es importante destacar que, si la inflación termina siendo superior en 2021 respecto de lo presupuestado, menor será el esfuerzo de esterilización del BCRA necesario para que la base monetaria crezca en línea con la suba de precios, pues mayor será el cobro del “impuesto inflacionario”. 

Esto queda más claro si al ejercicio anterior le agregamos tres hipótesis diferentes de inflación: 30%, alineada al presupuesto 2021; 40% alineada a nuestras perspectivas de inflación para el año entrante; y 50%, un poco por encima de la suba de precios proyectada por el REM para 2021 (47%). Como se observa en la tabla, la esterilización (medida como el stock de LELIQs y pases en relación con el PBI) necesaria para que la base monetaria crezca en línea con la suba de precios, es menor cuanto mayor sea la tasa de inflación proyectada. 

En síntesis, tras el fuerte aumento de la base monetaria, el stock de instrumentos de esterilización y las presiones cambiarias, los agentes económicos precisan una señal clara de que el desequilibrio fiscal/monetario excepcional producto de la pandemia/cuarentena no continuará el año entrante. El proyecto de Presupuesto 2021 arroja un déficit primario elevado (-4,5% del PBI), que luce complejo de financiar si el Tesoro no logra abultadas colocaciones netas, que dependen de la percepción de consistencia fiscal de los agentes. Si bien siempre se pueda apelar al impuesto inflacionario para cerrar el bache, este acarrea consecuencias negativas sobre el consumo/actividad. 

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El salario real cayó 9,5% en 2019

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Un análisis de la consultora Ecolatina muestra como el salario real perdió contra la inflación en 2019, según los datos del INDEC.

¿Qué pasó con los salarios en 2019?

El INDEC informó que los salarios en la economía avanzaron 2,6% en diciembre, por lo que, contemplando la dinámica de los precios (+3,7%), la pérdida del poder adquisitivo fue superior a 1% en el último mes del año.

De este modo, los salarios crecieron 40,9% durante el año pasado (+39,3% en promedio), impulsados por las remuneraciones de los trabajadores formales (+43,8%, +41,2% en promedio), donde acotadamente se destacaron los asalariados del sector privado (+44,3%, +41,1% en promedio) por sobre los del sector público (+42,9%, +41,4% en promedio). Por su parte, los trabajadores informales quedaron muy rezagados, ya que experimentaron un incremento de apenas 29,5% (+31,9% en promedio) en sus ingresos laborales.

Si contemplamos el aumento del nivel de precios y utilizamos la evolución promedio del salario real, que suele ser más informativa que la comparación punta a punta para captar la dinámica del poder adquisitivo a lo largo de un período de tiempo, se obtiene que la caída del poder adquisitivo en promedio fue de 9,5% i.a. en 2019. La caída media fue menor para los trabajadores registrados (-8,3% i.a.), mientras que los no formales sufrieron un desplome promedio de 14,1% i.a. en sus ingresos laborales. Por su parte, el salario medido en dólares retrocedió más de 20% i.a. en promedio durante el año pasado.

Así, el salario real en 2019 encadenó su segundo año consecutivo en retroceso y, tras ubicarse en rojo en tres de los cuatros años de Cambiemos, alcanzó un nivel 15% menor al promedio de 2015. Acuerdos salariales que continuamente quedaron desfasados ante las sucesivas sorpresas inflacionarias fueron la principal causa de esta dinámica.

¿Qué ocurrirá en 2020?

Los aumentos otorgados por decreto en el comienzo del año serán un paliativo ante la evolución del poder adquisitivo en los últimos meses, especialmente si la desaceleración de la inflación de enero se sostiene en los primeros meses del año. Sin embargo, en tanto estos incrementos más sean absorbidos por las paritarias -ya sea por las cláusulas gatillo o las propias negociaciones del año- menos abrupta será la recuperación del salario real.

En este escenario, en ausencia de una elevada volatilidad del tipo de cambio, la inflación promediará 2,5% mensual y, si bien podría acelerarse levemente en la segunda mitad del año cuando las tarifas de servicio público se descongelen luego de un año, se lograría una mayor estabilidad nominal que, al menos, evitaría grandes pérdidas del poder adquisitivo. Sin embargo, vale destacar el caso de los trabajadores informales, que al carecer de mecanismos legales para proteger sus ingresos reales en una economía que se recuperará muy lentamente, pueden tardar en sentir el repunte del poder adquisitivo que experimenten los empleados registrados.

En consecuencia, el incremento de los salarios nominales rondaría el 40% en 2020, levemente por encima de la inflación. Sin embargo, como resultado del arrastre negativo del año pasado, la recuperación será paulatina, por lo que prevemos que el salario real cierre el año con un nuevo retroceso, pero esta vez de 0,5% i.a. en promedio.

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