La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso, mediante la Resolución General 5749/2025, publicada el 25 de agosto en el Boletín Oficial, la prórroga del plazo para que los importadores soliciten la devolución de pagos a cuenta del Impuesto PAIS no computados en operaciones de comercio exterior. La nueva fecha límite será el 4 de septiembre de 2025, en reemplazo del vencimiento original del 22 de agosto. La medida busca atender reclamos de operadores y garantizar que más empresas puedan registrar sus operaciones en el sistema.
El Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), creado en 2019 y luego ampliado a diversas operaciones por los decretos 433/2023, 14/2024 y 777/2024, impacta de manera directa en la importación de bienes. Para aliviar su efecto en el sector productivo, la Resolución General 5720/2025 había implementado un procedimiento especial de devolución para los pagos a cuenta que los importadores no pudieran computar dentro de sus operaciones.
Ese régimen incluyó la creación del “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS”, en el cual los operadores deben inscribir las destinaciones de importación correspondientes, mediante la presentación de la Declaración Jurada de Devolución (DJIP).
La fecha tope para presentar esa declaración vencía el 22 de agosto de 2025, lo que generó planteos de cámaras empresarias y despachantes de aduana respecto a la complejidad de reunir la documentación en tiempo y forma.
Más tiempo para cumplir con el trámite
Con la Resolución General 5749/2025 (RESOG-2025-5749-E-ARCA-ARCA), firmada por el subdirector general institucional de ARCA, Agustín Rojo, se resuelve modificar el artículo 3° de la Resolución 5720. En concreto, la norma sustituye la expresión “22 de agosto de 2025” por “4 de septiembre de 2025”, ampliando el plazo en 13 días corridos.
La medida entró en vigencia desde el mismo día de su dictado, y fue publicada en el Boletín Oficial con difusión adicional en el Boletín de la Dirección General de Aduanas.
La prórroga representa un alivio temporal para empresas importadoras que reclaman un esquema más flexible de devolución de saldos del Impuesto PAIS, en un contexto de fuerte presión tributaria y de financiamiento externo limitado.
Según explicaron desde el sector privado, la extensión permitirá evitar la pérdida de créditos fiscales que, en muchos casos, resultan significativos para firmas industriales y comerciales que dependen de insumos importados.
A nivel institucional, la decisión de ARCA muestra la disposición a ajustar plazos administrativos frente a las demandas del comercio exterior, sin modificar el esquema de fondo. De hecho, la devolución de pagos a cuenta del PAIS seguirá sujeta a la presentación de la DJIP y al cruce de datos con la Aduana, garantizando trazabilidad y control fiscal.
Si bien la prórroga otorga un respiro administrativo, persisten las críticas de sectores productivos respecto al impacto del Impuesto PAIS en costos de importación, especialmente para pymes industriales. En el Congreso, algunos proyectos plantean la eliminación gradual del tributo, aunque la necesidad fiscal lo mantiene como una de las principales fuentes de recaudación.
En el corto plazo, los operadores se enfocarán en cumplir con la nueva fecha límite del 4 de septiembre, mientras crece el debate sobre la continuidad del régimen de percepción y devolución en un escenario de elevada presión inflacionaria y cambiaria.
El Gobierno nacional advirtió que las jurisdicciones subnacionales incrementaron el gasto en 0,7 puntos del PBI en 2025, contrariando la política de ajuste fiscal de Nación. Desde el Ministerio de Economía anticipan reformas y nuevos controles para alinear las cuentas provinciales con la meta de déficit cero.
En un nuevo capítulo de tensión fiscal, el equipo económico de Javier Milei acusó a provincias y municipios de no acompañar el ajuste que la Casa Rosada impulsa desde diciembre de 2023. Según datos del Ministerio de Economía, mientras el gasto público nacional cayó al 14,6% del PBI, el consolidado de provincias y municipios trepó del 16,6% en 2024 al 17,3% en el primer semestre de 2025, un aumento equivalente a 0,7 puntos del producto.
El contraste refuerza la narrativa oficial de que el ordenamiento fiscal requiere un compromiso integral. “El gasto público nacional no ha parado de bajar. Sin embargo, provincias y municipios aumentaron el gasto en 2025”, señaló Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, a través de redes sociales.
Contenido técnico: cifras y referencias oficiales
Gasto consolidado subnacional (provincias y municipios): 17,3% del PBI (junio 2025).
Gasto consolidado en 2024: 16,6% del PBI.
Gasto nacional: 14,6% del PBI (junio 2025).
Niveles previos: 18,7% del PBI a fines de 2023.
Fuente: Ministerio de Economía (Nación) y datos provinciales a marzo.
En el caso de los municipios, las cifras son preliminares y responden al primer trimestre del año. Para el Palacio de Hacienda, el desvío en el gasto pone en riesgo los equilibrios alcanzados en el nivel nacional y amenaza la consistencia del ancla fiscal.
El reclamo se enmarca en la creación del Consejo de la Libertad, organismo que buscará diseñar reformas liberales para que las provincias “acompañen el camino de la Nación hacia la libertad”, según palabras del presidente Milei. La estructura convivirá con el Consejo de Mayo —encargado de velar por el cumplimiento del Pacto de Mayo— y con el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, reactivado por Caputo en 2024 tras cinco años de inactividad.
El objetivo común es avanzar hacia la meta de reducir el gasto público consolidado al 25% del PBI, compromiso asumido en el Pacto de Mayo. La ofensiva se complementa con el veto presidencial a leyes con impacto fiscal, la prohibición de financiar gasto primario con emisión monetaria y el próximo envío al Congreso de un proyecto para “amurallar” el déficit cero.
La advertencia oficial llega en medio de un año electoral y tras una serie de votaciones en la Cámara de Diputados que, a juicio del Ejecutivo, incrementan el gasto. El presidente ya vetó iniciativas como la suba del 7,2% en las jubilaciones y el aumento del bono previsional, la reinstauración de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad.
Para el Gobierno, cualquier deterioro del equilibrio fiscal puede trasladarse rápidamente a precios y tipo de cambio. “Si vos afectás el ancla fiscal, podés tener una caída de la demanda de dinero y eso es inflacionario”, advirtió el consultor Federico Domínguez, enfatizando que el mero cambio de expectativas puede impactar en el mercado cambiario.
Provincias: aumento del gasto, pero con superávit
Pese al señalamiento de Nación, informes privados como el de Eco Go muestran que el gasto primario provincial (sin municipios) llegó al 15,1% del PBI en el primer trimestre de 2025, tras un piso de 14,4% en el tercer trimestre de 2024. Aunque implica un repunte, se mantiene por debajo del pico de 17,1% en 2023 y de los máximos históricos de 2017 (17,8%).
La consultora Politikón Chaco informó que el consolidado de provincias y CABA sumó $25,7 billones de gasto total en el primer trimestre, con un alza real interanual del 16,4%, pero aún 12,2% por debajo de 2023. Además, cerraron el período con superávit financiero del 0,27% del PBI y superávit primario del 0,34%, aunque en niveles menores a los del año anterior.
El Ministerio de Economía anticipa que el foco estará en “alinear” la dinámica del gasto provincial y municipal con la meta nacional. El Consejo de la Libertad será la herramienta política y técnica para promover reformas estructurales y condicionar transferencias discrecionales.
La expectativa oficial es que el debate se traslade al Congreso con la ley de blindaje fiscal. Sin embargo, economistas advierten que la ejecución presupuestaria subnacional responde a factores estacionales y políticos —como el calendario electoral y la obra pública—, lo que podría tensar la relación Nación-provincias en la segunda mitad del año.
Leo Bilanski de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) habló sobre el impacto de las medidas llevadas adelante por el presidente Javier Milei sobre las PyMEs. Advirtió un “cierre masivo en plena crisis” y rechazó del modelo económico presidencial
Mientras el presidente Javier Milei reafirma su intransigencia política con un discurso de “morir en la suya”, la economía real de Argentina sufre un cierre promedio de 40 PyMEs diarias, reflejo de un modelo que favorece la especulación y la concentración de capital extranjero en detrimento del sector productivo nacional.
Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la economía argentina transita una profunda recesión, con un deterioro acelerado del mercado interno y la producción nacional. El cierre de pequeñas y medianas empresas —que representan más del 70% del empleo privado formal en Argentina— expone el impacto tangible de las políticas implementadas. Según fuentes sectoriales, 40 PyMEs cierran sus puertas diariamente, con un total acumulado de aproximadamente 15.000 empresas afectadas en menos de un año de gestión presidencial.
El escenario económico muestra una combinación de restricciones crediticias para productores nacionales, inflación persistente, tarifas de servicios públicos crecientes y una apertura indiscriminada a capitales y productos extranjeros, lo que desincentiva la producción local y el consumo interno.
Puntos clave de la política económica y su impacto en las PyMEs
La administración Milei mantiene una política económica basada en la liberalización total de los mercados, reducción del gasto público y desregulación estricta, orientada a atraer inversión extranjera y fortalecer el capital financiero. Sin embargo, estas medidas implican:
Restricción del crédito para PyMEs: acceso limitado y costoso a financiamiento bancario y financiero, dificultando la renovación de activos y la inversión productiva.
Aumento sostenido de tarifas: luz, gas, y transporte con ajustes por encima de la inflación, elevando los costos operativos para empresas pequeñas y medianas.
Apertura comercial indiscriminada: eliminación o reducción de barreras arancelarias y controles que exponen a las PyMEs locales a una competencia directa con productos importados más baratos.
Fomento a la especulación y capital extranjero: incentivos fiscales y regulatorios para grandes corporaciones y fondos internacionales, que concentran riqueza y limitan el desarrollo del mercado interno.
El presidente Milei ha declarado públicamente su intención de mantener el rumbo actual, afirmando con contundencia: “Me van a sacar con los pies para adelante de la Casa Rosada”. Esta frase simboliza su intransigencia y rechazo a modificar el modelo económico a pesar de las evidentes señales de crisis. En campaña, Milei había prometido “defender la propiedad privada”, pero no especificó que esa defensa privilegiaría a grandes capitales extranjeros, mientras el empresariado nacional y las PyMEs pierden capital y mercado.
Ante este panorama, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) ha convocado a un Foro Social y Productivo, que reúne a PyMEs, cooperativas, sindicatos, universidades, organizaciones sociales y la justicia, con el objetivo de elaborar una alternativa política y económica para reconstruir el mercado interno y defender la producción nacional.
Según Leo Bilanski, analista y periodista especializado en economía argentina, “la agresión a las PyMEs no es sectorial, es generalizada y afecta directamente a la mayoría de la población, especialmente a los sectores más vulnerables.”
El cierre masivo de PyMEs tiene consecuencias directas sobre el empleo, la innovación y la economía regional. El sector PyME genera más del 60% del empleo formal privado y su retracción puede aumentar la informalidad laboral y la pobreza estructural. Además, la concentración de la riqueza en manos de grandes capitales extranjeros y financieros puede acentuar la desigualdad y debilitar la soberanía económica del país.
Políticamente, la persistencia en este modelo puede profundizar la fractura social y deslegitimar la gestión presidencial, abriendo espacios para respuestas multisectoriales y reclamos de actores sociales y económicos que exigen un cambio de rumbo.
Si el Gobierno insiste en mantener el actual modelo, se prevé que el cierre de PyMEs continúe o se acelere, profundizando la crisis del mercado interno. Esto podría derivar en mayor conflictividad social, presión sindical y políticas públicas orientadas a la defensa de la producción nacional.
Por otro lado, el Foro Social y Productivo convocado por ENAC y otras entidades puede marcar el inicio de un movimiento multisectorial para diseñar y proponer una hoja de ruta alternativa que priorice el desarrollo sostenible, la justicia social y la recuperación económica con soberanía.
En el plano institucional, la continuidad del modelo de Milei implica tensiones con sectores productivos y podría condicionar las futuras negociaciones políticas y económicas, incluyendo acuerdos con organismos internacionales y el diseño de políticas industriales.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, por el cual vetó en su totalidad los proyectos de ley N° 27.791, 27.792 y 27.793, aprobados por el Congreso el 10 de julio pasado. Las iniciativas incluían un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, una nueva ayuda previsional de hasta $110.000, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad con nuevas prestaciones y beneficios.
Según el Poder Ejecutivo, estas normas “implicarían para el Estado un gasto adicional superior a $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026”, lo que representa el 0,9% y el 1,68% del PBI, respectivamente. “Su promulgación afectaría profundamente la sostenibilidad del sistema previsional y pondría en riesgo las metas fiscales”, señala el decreto firmado por Milei.
¿Qué preveían las leyes vetadas?
El proyecto más amplio (27.791) otorgaba un incremento excepcional del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones con movilidad por la Ley 24.241 y una ayuda económica previsional de hasta $110.000, actualizable por el índice de movilidad jubilatoria. También disponía transferencias adicionales a las provincias con cajas previsionales no transferidas y establecía modificaciones al financiamiento, como la eliminación de ciertas exenciones de IVA a directores de sociedades y a contratos de garantía recíproca.
Por su parte, el proyecto 27.792 prorrogaba por dos años el plan de pagos de la deuda previsional (moratoria) y reducía de 65 a 60 años la edad mínima para que las mujeres accedan a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), compatibilizándola con otras prestaciones e ingresos laborales.
Finalmente, el proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo y garantizaba la actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, entre otras medidas de apoyo a personas con discapacidad y prestadores del sistema.
Las razones del veto: “Gasto exorbitante e insuficiente financiamiento”
El decreto firmado por Milei califica las normas como “técnicamente deficientes” y “manifiestamente inviables” por carecer de fuentes de financiamiento adecuadas.
Solo la ayuda económica previsional prevista en el proyecto 27.791 demandaría $1,3 billones este año (0,16% del PBI) y $3,2 billones en 2026. Sumando todas las medidas, el gasto adicional asciende a $4,45 billones en 2025 (0,54% del PBI) y a $8,9 billones en 2026 (0,89% del PBI). El impacto total de los tres proyectos eleva el gasto en 6% del gasto primario anual previsto.
“El Congreso no cumplió con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige especificar fuentes concretas, específicas, actuales y suficientes de financiamiento. Pretender cubrir estos gastos con reasignaciones presupuestarias o eliminación de exenciones marginales es irresponsable”, sostiene el texto.
Además, el Ejecutivo cuestiona la prórroga de las moratorias previsionales, señalando que el 55% de las jubilaciones actuales corresponden a regímenes por moratoria, y que estas medidas “socavan los incentivos a la formalidad laboral y generan inequidades frente a quienes aportaron durante 30 años”.
Más allá del aspecto económico, el decreto denuncia “graves vicios” en el procedimiento legislativo del Senado. Según el Ejecutivo, los proyectos fueron tratados sin una citación formal a los senadores, con dictámenes “careciendo de los requisitos reglamentarios” y con votaciones que deberían haber requerido dos tercios de los presentes.
“La sanción de estos proyectos constituyó un atentado directo contra nuestra Constitución. No resulta tolerable que una mayoría circunstancial manipule las reglas del Congreso para imponerse sobre las minorías”, afirma el texto presidencial.
Milei: “El equilibrio fiscal es innegociable”
El veto se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno. “El equilibrio fiscal constituye uno de los principales compromisos asumidos por el Presidente y fue refrendado en el Pacto de Mayo firmado con 17 gobernadores”, señala el decreto, que reitera el objetivo de “emisión monetaria cero” y la defensa del valor de la moneda.
“El gasto aprobado por el Congreso aumentaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”, advierte el texto.
Con el veto, los proyectos regresan al Congreso, que podrá insistir con una nueva votación por dos tercios de ambas cámaras para convertirlos en ley. Sin embargo, en el oficialismo confían en que no existen los votos para revertir la decisión presidencial.
Desde la oposición, algunos bloques anticiparon que buscarán insistir, mientras que organizaciones de jubilados y de personas con discapacidad cuestionaron la medida por “afectar a los sectores más vulnerables”.
El Gobierno, por su parte, sostuvo que seguirá “generando las condiciones necesarias para evitar el deterioro de los haberes, la solvencia fiscal y el crecimiento genuino, basado en la sustentabilidad y la búsqueda de fuentes de financiamiento reales”.
Hacia fines de 2024, con la actividad económica creciendo al 2% trimestral y un fuerte rebote del 6,6% frente al cierre de 2023, sumado a los pronósticos del propio gobierno nacional y de entidades privadas que auguraban un crecimiento del 5% al 6% del PIB, se esperaba un 2025 con un repunte significativo. Ese optimismo no solo se apoyaba en una baja base comparativa, producto de un 2024 débil, sino también -y fundamentalmente- en un proceso genuino de recomposición económica, que a su vez permitía proyectar una mejora en otras variables, como el mercado de trabajo y los salarios, casi como un efecto derrame.
En esa línea, también desde las provincias, se trazó un 2025 con expectativas positivas. Bajo el supuesto de que la recuperación de la actividad redundaría en mayores niveles de recaudación y, por ende, en una mayor distribución de recursos, se contemplaba la posibilidad de expandir el gasto público sin comprometer las finanzas fiscales. En definitiva, se esperaba un año de crecimiento significativo. Sin embargo, cada vez son más las señales que indican que, lejos de consolidarse, la economía podría estar entrando en una etapa de estancamiento.
Días atrás, se conoció el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC correspondiente a mayo, que arrojó señales de enfriamiento. Si bien la comparación interanual aún muestra alzas (+5,0%), estas se desaceleran respecto al 8,0% del mes anterior. Además, se registró una caída mensual del 0,1%, y el trimestre móvil cerró con la misma baja, cuando el anterior había mostrado un alza cercana al 1%. Con este resultado, el nivel de actividad retrocedió a los valores de febrero. Así, la economía comienza a delinear una tendencia descendente que preocupa y podría marcar el agotamiento del rebote post-crisis.
Esto ya había sido advertido por los gobernadores, al señalar que la recaudación tributaria (y por ende, la coparticipación) no avanzaba al ritmo estimado. Ahora, esa percepción se confirma con la evolución de la actividad. Las proyecciones para junio van en la misma dirección y los primeros datos del mes ratifican la preocupación. No se trata aún de una recesión -más bien, de un estancamiento-, pero sí de una desaceleración respecto del crecimiento esperado a comienzos de año. Incluso el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), compilado por el BCRA, ya reflejaba este cambio en junio, al recortar la previsión de crecimiento del PIB de 5,2% a 5,0%.
En este contexto, resulta pertinente volver a analizar los principales indicadores de actividad de la provincia de Misiones para evaluar si transita la misma trayectoria. Siete meses atrás, en una nota de Economis, hablábamos del “Semáforo de Actividad“, que comenzaba a mostrar luces verdes intensas en línea con la recuperación nacional. Veamos ahora cómo se actualiza ese monitor provincial.
Se presentan cuatro ejes de análisis por indicador: variación interanual, variación mensual, variación del último trimestre móvil y variación respecto a noviembre de 2023 (previo a la asunción de Milei). Para los tres últimos, se utilizan datos desestacionalizados, lo que permite comparaciones entre meses no equivalentes.
Los primeros seis indicadores corresponden al consumo, diferenciando entre bienes no durables (supermercados, combustibles) y durables (patentamientos). En el caso de las ventas en supermercados, mayo registró una caída del 2% interanual en términos reales (tras tres meses consecutivos de suba), sin variación mensual desestacionalizada (0,0%) y una baja trimestral del 0,2%, explicada por la caída de abril. Así, se dejó atrás el buen desempeño de diciembre a febrero. La cifra más preocupante es la caída del 22,6% respecto a noviembre de 2023. En resumen, el repunte observado entre diciembre y marzo se interrumpió en abril, en línea con la dinámica nacional, aunque con diferente intensidad.
Respecto al consumo de combustibles, predominan los indicadores negativos tras una breve recuperación a comienzos de año. En junio, las ventas de gasoil cayeron -7,7% interanual, -9,1% mensual, -3,0% en el trimestre móvil y -29,3% respecto a noviembre. Las ventas de nafta mostraron -2,3% interanual, -6,0% mensual, -3,2% trimestral y -23,8% respecto a la era pre Milei. Estos datos contrastan con los meses previos, cuando entre enero y mayo las ventas crecieron en 4 de los 5 meses analizados. Se trata, sin dudas, de un deterioro claro en este rubro.
Muy distinto es el caso de los patentamientos. Tal como se ha venido señalando, el consumo se mueve a “dos velocidades”, con esenciales en baja y durables en alza. En Misiones, los autos (según la clasificación del INDEC, que excluye pick ups) crecieron 74,0% interanual, las motos +22,2% y los patentamientos totales +30,6%. En todos los casos, los niveles actuales superan ampliamente a los previos a la asunción de Milei: +44,4% en autos, +43,1% en motos y +36,3% en el total. La expansión del crédito y la reducción de la brecha cambiaria explican gran parte de esta tendencia. Sin embargo, hay señales de alerta: en junio, la variación mensual fue negativa en los tres rubros, y el trimestre móvil también cayó en motos (-1,7%) y en el total (-1,1%), aunque los autos crecieron +1,7%. Aún no es un panorama adverso, pero conviene estar atentos a los posibles límites del mercado automotor.
Los indicadores séptimo, octavo y noveno se vinculan con el mercado laboral y los salarios. En cuanto al empleo registrado privado, el último dato (abril) muestra una baja interanual del -2,6%, aunque con mejora mensual desestacionalizada del +0,7%. Aun así, el trimestre móvil marca -0,2% y se encuentra -5,4% respecto a noviembre de 2023. Se trata de un indicador que aún no logra retomar una senda de recuperación sostenida.
En contraste, el salario formal en el sector privado creció 20,8% real interanual en marzo (apoyado en la baja base de comparación de ese mes en 2024). Sin embargo, mostró una caída mensual del -0,6%, aunque el trimestre móvil cerró con una leve suba del +0,1%. Un dato relevante es que el salario real en marzo estaba 3,1% por encima del nivel de noviembre. Pero hay dos advertencias: primero, a nivel nacional el salario comenzó a deteriorarse a partir de abril, con lo cual en la provincia podría replicarse esta dinámica; segundo, debe distinguirse entre salario real y “ingreso disponible”, ya que el aumento en tarifas y servicios recorta el poder de compra efectivo.
El noveno indicador es la cantidad de empleadores en la provincia. Aunque con altibajos, el signo predominante es negativo. El dato de abril muestra una caída interanual del -4,4%, una leve suba mensual del +0,5%, una variación trimestral de -0,1% y un descenso del -6,8% frente a noviembre. Esto refleja la dificultad no solo para generar empleo, sino también para sostener estructuras productivas.
En el plano fiscal, la recaudación de Ingresos Brutos (último dato disponible en marzo) muestra una caída real interanual del -11,4%, del -11,8% mensual y del -3,8% en el trimestre móvil. Este desempeño se explica por un enero muy positivo, un febrero regular y un marzo con fuerte caída. Además, se encuentra 24 puntos por debajo del nivel de noviembre, lo que muestra el amplio margen de recuperación necesario para sostener las finanzas provinciales en un contexto de menor asistencia nacional.
En cuanto al consumo energético, la demanda de electricidad creció 21,6% interanual en junio y 4,2% mensual, aunque el trimestre móvil cayó -7,3%. No obstante, se mantiene 4,3% por encima de noviembre de 2023.
En términos de producción, la yerba mate con destino al mercado interno creció 7% interanual en junio, aunque cayó -1,6% mensual desestacionalizada. El trimestre móvil sube 1,5%, pero aún se encuentra casi 18% por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. En contraste, la yerba para exportación muestra fuertes incrementos: +53,6% interanual, +13,4% mensual, +11,4% trimestral y +99,3% respecto a noviembre.
Las exportaciones también muestran una dinámica favorable: en junio, crecieron 2,4% interanual en dólares y 11,9% en cantidades, aunque con caídas mensuales del -2,2% y -3,3%. En el trimestre móvil, suben en valor (+8,5%) pero bajan levemente en volumen (-0,1%), reflejo de un cambio en los precios internacionales. Frente a noviembre, se ubican +95,1% y +57,3%.
En turismo, el impacto negativo provino de la pérdida de poder adquisitivo para el turismo interno y del encarecimiento en dólares para el turismo receptivo. En mayo, la cantidad de viajeros (según datos de INDEC para Posadas e Iguazú) creció 23,6% interanual, pero cayó -1,4% mensual, -5,4% en el trimestre y se ubicó -4,1% respecto a noviembre.
Por último, al primer trimestre del año, los depósitos en términos reales crecieron 12,1% interanual pero cayeron -5,4% trimestral y se ubicaron 15,5% por debajo del último trimestre de 2023. Los préstamos al sector privado, en cambio, crecieron 108,0% real interanual, 12% en el trimestre y están 53,7% por encima del nivel de fines del año pasado.
En definitiva, el Semáforo de Actividad de Misiones refleja un escenario mixto, donde conviven indicadores aún dinámicos (como patentamientos, exportaciones o crédito al sector privado) con otros que evidencian signos claros de agotamiento o retroceso (como el consumo masivo, los combustibles y el empleo). Esta heterogeneidad confirma que, al igual que en el plano nacional, la economía misionera atraviesa una etapa de estancamiento tras el rebote inicial, con crecientes dificultades para sostener la velocidad de recuperación proyectada al comenzar el año.
De cara a los próximos meses, el comportamiento de variables clave como el ingreso disponible, el empleo y la evolución de los recursos fiscales serán determinantes para marcar el rumbo. Si bien aún no puede hablarse de una nueva recesión, el riesgo de quedar atrapados en una meseta de bajo crecimiento -sin impulso externo claro y con consumo interno debilitado- es cada vez más palpable. Misiones, como el país, enfrenta el desafío de no solo sostener lo recuperado, sino también de encontrar nuevos motores que dinamicen su economía en un contexto aún muy volátil.
