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Caputo descartó una nueva baja de retenciones en la Rural y condicionó futuros recortes al superávit fiscal

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En la antesala del acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, llevó un mensaje de cautela al sector agropecuario. Durante su visita al predio y tras compartir un almuerzo con las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA), descartó que el presidente Javier Milei anuncie una nueva reducción de las retenciones el próximo domingo y dejó en claro que cualquier modificación futura estará supeditada a la consolidación del superávit fiscal.

Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda buscaron moderar las expectativas que se habían instalado en torno al tradicional discurso presidencial en la Rural, escenario históricamente elegido para comunicar definiciones vinculadas a la política agropecuaria. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, afirmó.

El mensaje confirma que la estrategia económica del Gobierno continúa priorizando el equilibrio de las cuentas públicas como condición para avanzar con una reducción gradual de la presión tributaria. En ese esquema, las retenciones dejan de aparecer como una herramienta de corto plazo y pasan a depender de la evolución de los ingresos fiscales y del sostenimiento del programa económico.

La última modificación del esquema de Derechos de Exportación (DEX) fue anunciada por Javier Milei durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí se definió un cronograma de reducción progresiva para distintos complejos productivos, que comenzará a implementarse desde 2027 y se extenderá durante dos años.

Según ese cronograma, el trigo y la cebada reducirán sus retenciones del 7,5% al 5,5%, mientras que la soja iniciará un descenso gradual desde el 24% hasta el 15% hacia 2028. En el caso del maíz y el sorgo, la baja será escalonada mediante reducciones trimestrales hasta alcanzar el 5,5%, mientras que el girasol también seguirá un esquema progresivo que concluirá con una alícuota del 3%.

Para el sector agropecuario, la definición implica que no habrá modificaciones inmediatas en un contexto donde los productores continúan reclamando una menor carga impositiva para mejorar la competitividad y acelerar las inversiones. Sin embargo, el Gobierno mantiene el compromiso de avanzar con una reducción gradual, siempre que las condiciones macroeconómicas lo permitan.

Caputo también aprovechó su visita para destacar la evolución de la economía y poner en valor la mejora de la calificación crediticia otorgada recientemente por Moody’s, que se suma a las revisiones positivas realizadas previamente por Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

Según el ministro, esas decisiones reflejan un cambio estructural en la economía argentina y fortalecen la percepción internacional sobre el rumbo del programa económico. “Muestran que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que la actividad económica mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido cuando se elimina el efecto de la estacionalidad. “Cuando le sacamos la estacionalidad y nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Todos los motivos para estar optimistas”, concluyó.

Desde una perspectiva económica, la postura oficial refleja una estrategia de gradualismo fiscal. El Gobierno busca sostener la confianza de los mercados y preservar el superávit como principal ancla macroeconómica, aun cuando ello implique postergar demandas de sectores estratégicos como el agro. La señal hacia el campo es que las futuras rebajas tributarias continúan siendo parte del horizonte oficial, pero su ejecución dependerá de la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal sin comprometer la estabilidad alcanzada.

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Pese a los anuncios, el clima inversor es amarrate: el RIGI es sólo el 1,5% del PBI

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El Gobierno de Javier Milei acumula anuncios de inversiones, mejoras en la calificación de la deuda soberana y un renovado discurso de confianza en el rumbo económico. Sin embargo, detrás de las señales positivas persiste una realidad más compleja: el flujo efectivo de inversiones continúa siendo reducido y los analistas advierten que el sector privado aún espera señales de mayor estabilidad antes de comprometer capitales de largo plazo.

Uno de los indicadores que mejor refleja esa brecha es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con estimaciones privadas, de los casi 124.000 millones de dólares en proyectos anunciados, apenas unos 7.881 millones se desembolsarían efectivamente durante los próximos dos años. Esa cifra representa apenas el 7,2% del total previsto y equivale aproximadamente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).

Un clima de negocios que todavía no aparece

Para el economista Orlando Ferreres, la principal limitación no pasa por la existencia del RIGI, sino por el contexto general.

Según su análisis, Argentina aún no ofrece un ambiente de inversión comparable con el de otras economías de la región, ya que las empresas prefieren esperar definiciones políticas antes de comprometer grandes desembolsos. El interrogante central continúa siendo qué ocurrirá con el rumbo económico después de 2027.

En la misma línea, el exsecretario de Finanzas Daniel Marx sostiene que la pregunta más frecuente entre los inversores internacionales es si esta vez las reformas tendrán continuidad más allá del actual gobierno. Esa incertidumbre, coinciden distintos especialistas, sigue siendo uno de los principales frenos para el ingreso de inversiones productivas.

Mejora financiera, pero con poco impacto en la economía real

El optimismo oficial se apoya también en la recuperación de la percepción financiera del país. Esta semana, la calificadora Moody’s elevó la nota de la deuda argentina y dejó una perspectiva positiva, alineándose con las evaluaciones de las otras grandes agencias internacionales.

Para el Gobierno, esta mejora constituye una señal de confianza que debería facilitar el acceso al financiamiento y reducir el riesgo país. Sin embargo, los economistas distinguen entre la recuperación del mercado financiero y la inversión en la economía real. Una menor prima de riesgo ayuda a estabilizar el escenario macroeconómico, pero no garantiza por sí sola nuevas fábricas, plantas industriales o generación de empleo.

Pocas inversiones y muy concentradas

Otro de los rasgos que muestran los datos del RIGI es la fuerte concentración sectorial y geográfica.

La mayor parte de los proyectos aprobados corresponde a hidrocarburos, minería e infraestructura energética, principalmente en Río Negro y Neuquén. Tres emprendimientos explican alrededor del 60% de las inversiones previstas para los próximos dos años, una característica que reduce el efecto multiplicador sobre el resto de la economía.

En consecuencia, mientras algunos sectores estratégicos muestran una expansión significativa, buena parte de la industria continúa operando con bajos niveles de utilización de su capacidad instalada y el crecimiento económico se distribuye de manera muy desigual.

El desafío del Gobierno

La administración Milei apuesta a profundizar la desregulación, reducir aún más el riesgo país y consolidar el equilibrio macroeconómico para atraer inversiones de mayor volumen.

No obstante, el principal desafío parece ser transformar las mejoras financieras en decisiones concretas del sector privado. Mientras persista la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico y se mantengan elevadas las tasas de interés, gran parte del capital seguirá optando por esperar antes que asumir riesgos en proyectos productivos de largo plazo.

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Asimetrías por doquier

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Las cifras de las cuentas nacionales y de empleo del primer trimestre de 2026 arrojan algunos resultados interesantes.

Actividad económica

El PIB mantuvo su expansión durante el primer trimestre con un crecimiento del 3% anual, acumulando un alza superior al 2% en los últimos tres años, tras revertir la caída de 2023 y del primer semestre de 2024. No obstante, esta evolución macroeconómica oculta profundas disparidades sectoriales, regionales y sociales:

  • Disparidad sectorial: Mientras la Pesca (+49%) y el Agro (+36%) lideraron la recuperación de los últimos tres años, la Construcción (-13%) y la Industria (-11%) sufrieron severas contracciones. En el sector industrial, la brecha interna es también es enorme, con ramas que crecieron 17% frente a otras que se desplomaron un 36%.
  • Brecha regional: El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella registra un mayor optimismo en el interior del país en comparación con el Gran Buenos Aires (GBA), superando ampliamente las diferencias previas entre esas regiones registrada en 2016 y 2017.
  • Desigualdad de ingresos: En términos reales respecto a 2023, los salarios de los empleados públicos cayeron un 21% y los del sector formal privado un 5%. En contraste, los ingresos de los trabajadores informales aumentaron un 56%, consolidando una fuerte recuperación tras la desaceleración de la inflación.

Los datos del EMAE de abril mostraron una caída respecto de marzo, pero se corrigieron al alza los valores publicados anteriormente para los meses previos.

Empleo

El empleo total superó las expectativas al crecer un 1% anual en el último trienio y acelerarse al 1.5% en el último año. Sin embargo, la calidad del mercado laboral se deterioró debido a la reducción del trabajo registrado. El empleo formal se contrajo un 3.3% en el último año, profundizando la tendencia negativa frente al promedio de caída del 1.5% anual de los últimos tres años.

En cambio, el avance de la informalidad y del cuentapropismo compensó con creces la pérdida de puestos formales, sosteniendo el indicador global.

Consumo privado

Durante el primer trimestre, el consumo privado se expandió por encima del PIB y acumuló un alza del 7% respecto al mismo período de 2023. Esta discrepancia con los indicadores que habitualmente se utilizan para aproximar esa variable podría explicarse por la evolución de la masa salarial total. En el último año, la contracción del empleo y del ingreso formal fue compensada con creces por el crecimiento de ambas variables en el sector informal. Al corregir el rezago de aproximadamente 5 meses en la medición de los ingresos informales y hacer supuestos razonables sobre la diferencia entre salarios formales e ingresos informales, estimaciones conservadoras indican que la masa salarial total habría aumentado un 11% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de este año, aunque se estancó a comienzos de 2026 (ver gráfico).

Gráfico 1

La evidencia internacional señala que los trabajadores informales -respecto de los formales- gastan una proporción de su ingresos mayor en comercios poco formales, los cuales suelen subdeclarar sus ventas ante el fisco y a cualquiera que los encueste.

Inversión

El desempeño de la inversión total fue deficiente, registrando una caída del 12% a precios constantes durante el último año, lo que redujo el cociente inversión/PIB en casi tres puntos porcentuales. Aunque históricamente la inversión rara vez superó el 22% del PIB en los últimos 26 años, el registro de 17.2% en el primer trimestre de 2026 se posiciona como uno de los niveles más bajos de la serie histórica. Esta contracción se explica inicialmente por el deterioro en el sector de la construcción, al que se sumó recientemente una marcada reducción en la adquisición de maquinaria y equipo.

Exportaciones

Medidas a precios constantesy corregidas por estacionalidad se mantuvieron en niveles muy altos (28% por encima del promedio 2022-2023 y también 26% más altas que el promedio desde 2004 a la fecha).

Conclusión

A pesar del severo ajuste fiscal en 2024 y de la restricción monetaria de 2025, la economía y el empleo total se expandieron bajo el impulso de las exportaciones y del consumo privado, este último probablemente motorizado por la mejora en los ingresos y la ocupación en el sector informal. No obstante, los peores indicadores se concentran en las variables determinantes para el desarrollo económico de mediano plazo: la inversión y la productividad, reflejada esta última en la pérdida de puestos formales y el avance de la precarización laboral.

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La economía en 2026

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Los datos de actividad e inflación que se conocieron del primer trimestre de 2026 fueron malos. A febrero, el PIB mensual corregido por estacionalidad se ubicaba 2.2% por debajo del nivel alcanzado a finales del año 2025. Los indicadores preliminares de marzo sugieren que habría una recuperación parcial, es decir, que sería insuficiente para llegar a los niveles del mes de diciembre.

La inflación mensual promedió 3,1% en los primeros tres meses del año, pero el registro de marzo fue incluso peor (3,4%). Esa aceleración de la inflación se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo de los salarios formales (algo más de un punto acumulado a febrero) y sólo los ingresos de los trabajadores informales mejoraron en términos reales en ese bimestre.

La Confianza del Consumidor, que mide la Universidad Torcuato Di Tella, se redujo en alrededor de 13% entre diciembre y abril, aunque todavía se ubica en un nivel intermedio de la serie histórica.

El dato positivo vino dado por el sector externo, con exportaciones que aumentaron 30% interanual en el primer cuarto del año, lo que permitió alcanzar un superávit de US$ 2.500 millones en ese período.

Las proyecciones de FIEL para el año 2026 fueron corregidas para tener en cuenta un impacto más prolongado de los altos precios internacionales del petróleo como consecuencia del todavía no resuelto conflicto en Medio Oriente y de las demoras que habrá para normalizar el flujo de insumos a través del estrecho de Ormuz, aún luego de que se alcance un acuerdo entre las partes en disputa.

Las exportaciones argentinas se encaminan a superar los US$ 100.000 millones como consecuencia del aumento en precio y cantidades de la energía y del mayor volumen exportado del complejo agrícola. Además, se espera un buen desempeño de las exportaciones industriales, al menos a la luz de lo observado en los primeros meses del año. Eso permitiría alcanzar un superávit comercial de alrededor de US$ 20.000 millones, que sería suficiente para que la cuenta corriente del balance de pagos esté equilibrada. Junto con un superávit en la cuenta capital, habría espacio suficiente para sobre cumplir la meta de compra de reservas de US$ 10.000 millones recientemente acordada con el FMI.

El stress financiero se ha superado en los precios (tasas reales de interés) pero todavía no en volumen como consecuencia del aumento en la mora de los créditos que tarda algunos meses en normalizarse. Recién en el segundo semestre se sumarían ambos efectos positivos y ello ayudaría a mejorar algo la actividad.

El empleo difícilmente tenga una evolución muy favorable como consecuencia de los cambios sectoriales y de una mejora en la productividad laboral que es necesaria para aumentar la competitividad de las empresas en los sectores transables. Los ingresos de los asalariados podrían recuperarse algo, por paritarias que deberían acomodarse a la aceleración de la inflación observada en los últimos meses. De todos modos, proyectamos que el crecimiento del PIB sería del orden de 2% en 2026.

La inflación del mes de abril iniciaría un camino hacia la baja al haberse diluido los cambios en precios relativos y ayudada por un tipo de cambio estable. Esperamos que esa tendencia continúe durante el resto de 2026 y que la tasa de inflación mensual se reduzca a un promedio mensual de 1.9%, lo que permitiría que el año cierre prácticamente en los mismos niveles observados en 2025.

El nivel del tipo de cambio real ha caído recientemente, pero los salarios privados medidos en dólares ajustados por la inflación americana se encuentran todavía 25% por debajo de los alcanzados a finales de la Convertibilidad y 33% por debajo de los observados en los años 2016 y 2017.

El año 2027 puede verse afectado por la incertidumbre electoral. Ello va a depender de la probabilidad de éxito de un candidato populista. Si ésta es muy baja, no habrá una gran tensión; pero si no es así, es de esperar una nueva ronda de dolarización de portafolios. Más allá de que habría sido conveniente haber fortalecido la posición de reservas netas del BCRA, no hay espacio en los meses que restan de aquí a las elecciones para blindar la economía. El gobierno ha comprado recientemente más dólares de los previstos, ha aprovechado un nicho local para colocar deuda en dólares y ha sobre-colocado deuda en pesos, lo que le permitió esterilizar una parte de la emisión realizada para comprar divisas. Sólo restaría concretar alguna emisión de bonos en el mercado internacional, pero ello se ha complicado por la suba del riesgo país que se ha observado recientemente.   

En resumen, la enorme transformación que está viviendo la economía argentina, con un salto importante en las exportaciones, deberá transitar una nueva prueba electoral en 2027.

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El Gobierno autorizó obras por $85 mil millones y concesionará rutas bajo gestión privada

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Milei reactivó la obra pública, autorizó inversiones por $85 mil millones y licitó 1.800 km de rutas bajo gestión privada. El Gobierno cambia de estrategia: reaparece la inversión pública y se consolida el modelo de concesiones

El Gobierno de Javier Milei autorizó la contratación de diez obras públicas nacionales por un monto total de $85.000 millones en los próximos tres años y lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en lo que representa un giro significativo en la política de infraestructura tras meses de parálisis casi total.

La medida marca un punto de inflexión en la administración libertaria, que había reducido al mínimo la ejecución de proyectos de inversión durante el primer semestre de gestión. Según datos oficiales del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, hasta mayo de 2025 solo se habían concluido 330 obras públicas nacionales, con 78 proyectos en ejecución normal y más de 1.400 sin avances.

El cambio de rumbo llega tras el resultado electoral favorable al oficialismo y la convocatoria al diálogo con provincias no peronistas, factores que influyeron en la decisión de corregir el Presupuesto nacional para reincorporar una porción acotada de inversión pública.

“Buscamos transparencia, eficiencia y estándares de calidad”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el nuevo esquema vial en su cuenta de X.

10 obras reactivadas: foco en infraestructura vial, ambiental y de agua potable

De las 2.692 obras nacionales que habían quedado inconclusas del gobierno anterior —sobre un total de 6.700 iniciadas entre 2019 y 2023—, el Ejecutivo decidió descongelar diez proyectos distribuidos en distintas provincias, con prioridad en infraestructura básica y de servicios esenciales.

Las obras seleccionadas implican una inversión total superior a los $85.000 millones, con ejecución escalonada entre 2024 y 2026.

Entre los proyectos destacados figuran:

  • Sistema de provisión de agua potable en Tucumán, con una inversión de $25.938 millones, el más costoso del conjunto.
  • Mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 11 (Rosario–Santa Fe), por $17.516 millones.
  • Conservación mejorativa de la Ruta Nacional 33 (Rosario–Sancti Spíritu), por $23.631 millones.
  • Construcción del Muelle Cabecera Norte en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), por $4.716 millones.
  • Obras ambientales y de conservación forestal en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba y Santiago del Estero, bajo el Proyecto Paisajes, con montos entre $1.400 y $2.200 millones.
  • Reubicación y remodelación del BCG PPD MC en el barrio de Barracas (CABA), con $1.637 millones de inversión total.

La mayor parte de las obras se ejecutarán entre 2025 y 2026, lo que confirma una estrategia de reprogramación presupuestaria gradual, compatible con el objetivo de déficit fiscal cero.

La concentración geográfica también es significativa: Santa Fe reúne tres proyectos estratégicos, seguida por Tucumán, Córdoba y Chubut, mientras que las provincias patagónicas y del norte suman obras de menor escala pero de alto impacto local.

Red Federal de Concesiones: el Estado pasa de operador a regulador

Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva licitación pública para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en el marco de la Red Federal de Concesiones, una de las reformas estructurales más ambiciosas de la gestión Milei.

El esquema se sustenta en la premisa de que el Estado debe “liberarse de funciones improductivas” y actuar como regulador y garante de competencia, en lugar de operador directo de servicios.

El plan se articula en dos tramos principales:

  • Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
  • Tramo Pampa, de 547 kilómetros, correspondiente a la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será la encargada de supervisar los contratos y garantizar los estándares de seguridad y mantenimiento.

Esta segunda etapa se suma a la primera, presentada en enero de 2025, que ya había incorporado las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos a la gestión privada.

Desde la Casa Rosada destacan que el nuevo modelo “sigue estándares internacionales” y permitirá atraer capital genuino sin aumentar el gasto público.

Impacto económico y político: señales de gobernabilidad y apertura federal

La decisión de reactivar parcialmente la obra pública y relanzar el sistema de concesiones envía una señal política de moderación fiscal con apertura federal, tras meses de tensión con gobernadores y sectores afectados por la parálisis.

Según un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), la interrupción de obras públicas había generado problemas de infraestructura crítica, como la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, deficiencias de agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratamiento en Corrientes y tramos intransitables de la Ruta 40 en Chubut.

Con la nueva orientación, el Ejecutivo busca recomponer relaciones con provincias y recuperar capacidad de negociación institucional, al tiempo que traslada al sector privado la ejecución y mantenimiento de obras estratégicas.

El desafío inmediato será asegurar transparencia y competencia real en las licitaciones, en un contexto donde los mecanismos de control estatal seguirán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas.

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