Argencon, la entidad que nuclea a las principales empresas de la Economía del Conocimiento en Argentina, informa que las exportaciones del sector alcanzaron el valor más alto de su historia. Según los datos correspondientes a los doce meses finalizados en marzo de este año, los Servicios Basados en el Conocimiento -es decir, la venta al mundo de talento, innovación y trabajo intelectual sin necesidad de exportar bienes físicos- totalizaron los USD 10.085 millones anualizados.
La cifra representa un crecimiento interanual del 11,7% y consolida a la Economía del Conocimiento como el tercer complejo exportador del país, detrás del agro y la energía, además de posicionarla entre las principales fuentes de generación de divisas de Argentina.
El desempeño estuvo impulsado por todos los segmentos que integran la actividad. Los Servicios Profesionales -que incluyen áreas como contabilidad, ingeniería, diseño, marketing y servicios legales prestados desde Argentina a clientes internacionales- alcanzaron casi USD 6.500 millones y representaron el 63,7% del total exportado.
Por su parte, los Servicios Informáticos -que abarcan desarrollo de software, programación, videojuegos y soporte tecnológico- se encuentran muy cerca de superar la marca de los USD 3.000 millones en exportaciones y continúan consolidándose como uno de los principales verticales de crecimiento del sector.
“Que la Economía del Conocimiento haya superado por primera vez los USD 10.000 millones en exportaciones confirma la capacidad de Argentina para competir globalmente a partir del talento, la innovación y la calidad de sus recursos humanos. Un mundo cada vez competitivo, acelerado por la difusión de la IA generativa, es un escenario que puede implicar desafíos, pero también múltiples oportunidades, las cuales Argentina muestra capacidad para capitalizar” señaló Sebastian Mocorrea, Presidente de Argencon.
“El sector ha demostrado una notable resiliencia y una trayectoria de crecimiento sostenido durante más de dos décadas, más allá de los distintos ciclos económicos. Este logro debe ser entendido como un punto de partida para seguir ampliando nuestra presencia internacional, generar más empleo de calidad y consolidar a la Argentina como un proveedor global de servicios basados en el conocimiento”, destacó Leandro Mora Alfonsín, Director Ejecutivo de Argencon.
La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa lanzó la Convocatoria 2026 del Régimen de Promoción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, con un cupo fiscal de $2.000 millones destinado a financiar proyectos de investigación, desarrollo y producción. La medida apunta a acelerar la incorporación de innovación en sectores estratégicos de la economía y abre una ventana de oportunidad para empresas tecnológicas, agroindustriales, farmacéuticas y de base científica que busquen reducir costos fiscales mientras escalan desarrollos productivos.
La Resolución 138/2026 establece que las empresas y personas humanas que encuadren en la Ley 26.270 podrán presentar iniciativas hasta el 31 de julio de 2026 o hasta que se agote el cupo disponible. El esquema contempla beneficios fiscales vinculados a proyectos de I+D y a la producción de bienes y servicios basados en biotecnología o nanotecnología.
Una herramienta para transformar conocimiento en producción
Más allá del incentivo tributario, la convocatoria refleja una definición de política productiva: fortalecer la transferencia de conocimiento desde el sistema científico hacia el sector privado. La biotecnología moderna y la nanotecnología son dos actividades con capacidad de generar ventajas competitivas en cadenas de alto valor agregado, desde semillas mejoradas y bioinsumos hasta desarrollos farmacéuticos, biomateriales y soluciones industriales avanzadas.
El régimen prioriza proyectos con impacto económico verificable. Entre los criterios de evaluación aparecen aspectos como la generación de exportaciones, la creación de empleo calificado, el desarrollo de empresas tecnológicas nacionales, la competitividad y la sostenibilidad ambiental.
Para los tomadores de decisiones, la señal es clara: no se trata únicamente de financiar investigación, sino de promover iniciativas con capacidad de convertirse en negocios escalables y con inserción en mercados internacionales.
Aunque históricamente las principales inversiones biotecnológicas se concentraron en los polos científicos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, la convocatoria también puede generar oportunidades para provincias del NEA donde existen capacidades crecientes vinculadas al agro, la bioeconomía y la innovación aplicada.
Misiones, por ejemplo, cuenta con sectores productivos que podrían encontrar en este régimen una herramienta para acelerar desarrollos asociados a Bioinsumos para la actividad forestal y agrícola. Soluciones biotecnológicas para cultivos regionales. Tecnologías vinculadas a biomasa y economía circular. Proyectos de nanotecnología aplicados a materiales, envases o procesos industriales.
La propia convocatoria exige que los proyectos detallen impacto en cadenas de suministro locales, generación de empleo especializado, articulación con universidades e institutos de investigación y potencial exportador, variables que pueden favorecer iniciativas con fuerte anclaje territorial.
La competencia será por mérito técnico y económico
El diseño del programa revela que el acceso a los beneficios no dependerá únicamente de la innovación tecnológica. Las empresas deberán demostrar capacidad financiera, infraestructura, recursos humanos especializados, viabilidad técnica y potencial de mercado. También se evaluarán indicadores patrimoniales, niveles de solvencia y capacidad de ejecución del proyecto.
La exigencia busca reducir el riesgo de iniciativas que no logren transformarse en resultados productivos concretos y orienta los recursos públicos hacia proyectos con mayores probabilidades de éxito comercial.
Otro dato relevante para las empresas es que los beneficiarios estarán sujetos a auditorías técnicas y administrativas durante la ejecución de los proyectos, cuyos costos serán afrontados por las firmas mediante una tasa equivalente al 4% de los beneficios fiscales aprobados.
Una señal para sectores intensivos en conocimiento
La reapertura de la convocatoria llega en un contexto donde la competitividad de las empresas depende cada vez más de la incorporación de innovación y propiedad intelectual propia. En industrias donde la diferenciación tecnológica define márgenes de rentabilidad y acceso a mercados, los incentivos fiscales pueden actuar como un factor decisivo para acelerar inversiones que de otro modo quedarían postergadas.
El desafío para las empresas será presentar proyectos con impacto productivo tangible y capacidad de generar retornos económicos medibles, un aspecto que el régimen coloca en el centro de la evaluación.
El aspecto más relevante no será únicamente la cantidad de proyectos presentados, sino la distribución territorial y sectorial de los beneficios. Si el régimen logra ampliar la participación de empresas fuera de los grandes polos tecnológicos tradicionales, podría convertirse en una herramienta para diversificar la matriz productiva regional y fortalecer ecosistemas de innovación emergentes. Para el NEA, el desafío pasa por transformar capacidades científicas dispersas en proyectos empresariales capaces de competir por una porción de los $2.000 millones disponibles.
Misiones dio un nuevo paso en su estrategia de consolidación de la economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico con la entrada en vigencia de la Ley VIII N.º 120, una norma destinada a promover la creación, radicación, consolidación y expansión de startups en el territorio provincial.
La legislación, sancionada por la Cámara de Representantes el 28 de mayo y promulgada por el gobernador Hugo Passalacqua el 12 de junio, establece un marco específico para empresas innovadoras de base tecnológica, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor, atraer inversiones y generar empleo calificado.
La nueva normativa reconoce como startups a las personas humanas o jurídicas que desarrollen productos, servicios o procesos innovadores sustentados en tecnología o modelos de negocio disruptivos, con potencial de crecimiento escalable y actividad efectiva en Misiones.
La ley se inscribe dentro de una política provincial que en los últimos años tuvo como ejes la creación de Silicon Misiones, la expansión de programas de formación tecnológica y la promoción de industrias vinculadas a la innovación, la programación, la inteligencia artificial y la economía digital.
El corazón de la norma es la creación del Registro de Empresas Startups de la Provincia de Misiones, una herramienta que permitirá identificar y caracterizar al sector, además de constituirse en requisito indispensable para acceder a los beneficios previstos.
La intención oficial es contar con una base de datos actualizada que permita diseñar políticas públicas específicas para un segmento empresarial que, por su naturaleza, suele enfrentar dificultades para acceder a financiamiento tradicional y para escalar sus proyectos en etapas tempranas.
Las startups registradas podrán acceder a una batería de incentivos que incluyen:
Exenciones o diferimientos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y otros tributos provinciales.
Prioridad en programas de incubación, aceleración y capacitación.
Mentorías y asistencia técnica especializada.
Utilización de espacios de coworking, laboratorios y entornos de innovación administrados por el Estado provincial.
Acceso a líneas de financiamiento y programas de apoyo económico vigentes.
La reglamentación deberá definir los alcances concretos de los beneficios fiscales, así como las condiciones de acceso y permanencia dentro del régimen.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, a través de Silicon Misiones SAPEM y la Dirección General de Rentas, cada uno dentro de sus competencias.
Silicon Misiones tendrá un rol central en la implementación de la norma. Entre sus funciones estarán la administración del registro, la definición de criterios de elegibilidad, la articulación de programas de capacitación y financiamiento, y la promoción de vínculos con organismos públicos, universidades, centros tecnológicos e inversores privados.
Además, la ley faculta a la autoridad de aplicación a impulsar procesos de internacionalización, transferencia tecnológica y adopción de tecnologías emergentes, elementos considerados clave para que las empresas locales puedan competir en mercados globales.
Generar empleo y retener talento
Uno de los objetivos estratégicos de la ley es promover el arraigo del talento joven y altamente calificado en la provincia.
El texto reconoce que las startups son actores relevantes para la generación de empleo especializado y para la diversificación de la matriz productiva. En un contexto donde las economías basadas en el conocimiento ganan peso en la estructura económica global, la provincia busca consolidar un entorno favorable para emprendedores, desarrolladores, científicos de datos, programadores, diseñadores y profesionales vinculados a sectores tecnológicos.
La norma también apunta a fortalecer la inversión privada en actividades de alto valor agregado y a estimular la creación de empresas con capacidad exportadora.
La aprobación de la Ley VIII N.º 120 representa un paso institucional importante para un ecosistema que ya mostraba señales de crecimiento en torno a Silicon Misiones, la Escuela de Robótica, la Escuela Secundaria de Innovación y diversos programas provinciales de formación tecnológica.
Con esta herramienta legal, Misiones busca consolidar una estrategia de largo plazo orientada a transformar el conocimiento en producción, empleo y desarrollo económico, posicionándose como uno de los polos tecnológicos emergentes del norte argentino.
La creación de un régimen específico para startups también envía una señal al mercado inversor: la provincia pretende competir por proyectos innovadores, talento emprendedor y empresas tecnológicas en un escenario donde la economía del conocimiento se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento global.
La derogación de una norma vigente desde 2001 busca agilizar la actualización de los criterios de patentabilidad. El cambio impacta especialmente en sectores vinculados a biotecnología, innovación agropecuaria, genética vegetal y economía del conocimiento.
El Gobierno nacional derogó una resolución conjunta que desde hace casi 25 años regulaba la elaboración y modificación de las directrices técnicas utilizadas para evaluar solicitudes de patentes en Argentina. La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 1/2026 de las Secretarías de Agricultura e Industria, transfiere plenamente al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la facultad de revisar y actualizar los criterios de patentabilidad sin necesidad de intervenciones administrativas adicionales.
Aunque se trata de una modificación regulatoria de bajo perfil, su alcance trasciende el ámbito jurídico. La decisión apunta a reducir burocracia en un área estratégica para la innovación tecnológica y podría tener efectos sobre sectores donde la protección de desarrollos científicos resulta un activo económico central, como la biotecnología, la genética aplicada al agro, los insumos biológicos, la industria farmacéutica y la economía del conocimiento.
Un cambio institucional con impacto en la innovación
La norma eliminada había creado en 2001 un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual integrado por organismos como el INTA, el INASE, el SENASA y el propio INPI para elaborar criterios vinculados al patentamiento de materia viva y sustancias naturales.
Aquella estructura respondió a un contexto tecnológico muy diferente al actual. El avance de la biotecnología, la edición genética, los bioinsumos y las nuevas tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria generó escenarios que no existían cuando se diseñó aquel esquema.
Según argumenta el Gobierno, la obligación de incorporar validaciones externas y procedimientos específicos para modificar directrices técnicas terminó convirtiéndose en una barrera para adaptar los criterios de examen a la velocidad que exige la innovación.
La nueva resolución sostiene que las funciones para definir y actualizar esas directrices ya se encuentran contempladas dentro de las atribuciones legales del INPI, por lo que mantener mecanismos adicionales de aprobación resultaba redundante.
Las directrices de patentamiento son documentos técnicos que orientan a los examinadores del INPI sobre cómo interpretar la legislación vigente al analizar una solicitud de patente.
No modifican la ley, pero sí tienen incidencia práctica sobre la previsibilidad que enfrentan empresas, investigadores y desarrolladores al momento de proteger una innovación.
Para sectores intensivos en investigación y desarrollo, la velocidad con que se actualizan estos criterios puede ser determinante.
Entre los principales efectos esperados aparecen: mayor capacidad de adaptación a nuevas tecnologías sin necesidad de procesos administrativos complejos. Reducción de tiempos regulatorios para revisar criterios técnicos de patentabilidad. Mayor alineamiento con estándares internacionales utilizados por oficinas de propiedad intelectual de otros países. Más previsibilidad para proyectos de inversión tecnológica que requieren protección de activos intangibles.
El impacto potencial en el agro y la bioeconomía
La decisión adquiere una relevancia particular para la agroindustria argentina.
La discusión sobre la patentabilidad de organismos vivos, desarrollos genéticos, procesos biológicos o innovaciones derivadas de recursos naturales ha sido históricamente uno de los temas más sensibles dentro de la propiedad intelectual aplicada al agro.
En una economía donde la generación de valor agregado depende cada vez más del conocimiento incorporado a semillas, genética animal, biotecnología y bioinsumos, la capacidad de contar con reglas técnicas actualizadas se transforma en un factor de competitividad.
Para provincias como Misiones, donde ganan espacio actividades vinculadas a la biotecnología forestal, la investigación aplicada a cultivos regionales y los desarrollos tecnológicos asociados a la bioeconomía, la modernización de los procesos vinculados a la propiedad intelectual constituye una señal observada con atención por universidades, centros tecnológicos y empresas innovadoras.
Menos burocracia, más responsabilidad técnica
La resolución no modifica los requisitos legales para obtener una patente ni altera los límites establecidos por la legislación argentina.
Lo que cambia es quién tiene la capacidad operativa para adaptar los criterios de evaluación.
A partir de ahora, el INPI concentrará plenamente esa responsabilidad técnica, fortaleciendo su rol como autoridad especializada en propiedad industrial.
El desafío será encontrar un equilibrio entre agilidad regulatoria y seguridad jurídica. La previsibilidad que demandan los inversores tecnológicos depende tanto de la rapidez para actualizar criterios como de la consistencia con que esos criterios se aplican a lo largo del tiempo.
La derogación de una norma administrativa puede parecer un movimiento menor dentro del amplio proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. Sin embargo, en los sectores donde el conocimiento constituye el principal activo económico, las reglas de propiedad intelectual tienen un impacto directo sobre las decisiones de inversión.
La verdadera medida de esta reforma no estará en la eliminación de un procedimiento, sino en la capacidad del INPI para construir un sistema de patentamiento más dinámico, previsible y compatible con los ciclos de innovación que hoy dominan la competitividad global. Para el agro tecnológico, la biotecnología y la economía del conocimiento, ese será el indicador que el mercado seguirá de cerca durante los próximos años.
El Gobierno provincial acordó con el Banco de la Nación Argentina nuevas líneas de financiamiento con bonificación de tasas de hasta 14 puntos. El esquema alcanza a sectores estratégicos como yerba mate, forestoindustria, té, energía y transformación digital, en un contexto de caída de actividad en economías regionales y restricciones de acceso al crédito.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó este jueves junto al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, la presentación de nuevas líneas de crédito subsidiadas destinadas al sector privado productivo de la provincia.
El paquete financiero contempla un cupo total de $97.000 millones, con plazos de hasta 48 meses y subsidios provinciales sobre las tasas de interés que alcanzan hasta 14 puntos porcentuales.
La iniciativa involucra además al Ministerio del Agro, al Ministerio de Industria, a autoridades del Banco Nación y a entidades empresariales como la Confederación Económica de Misiones y la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.
El anuncio aparece en un momento de fuerte tensión para las economías regionales, atravesadas por caída del consumo, presión sobre costos y dificultades para acceder a financiamiento en condiciones competitivas.
El Gobierno provincial subsidia tasas y apunta al circuito productivo. El esquema presentado combina financiamiento del Banco Nación con subsidios directos de la Provincia para reducir el costo financiero final.
Safrán sostuvo que el nuevo contexto de baja de tasas mejora la viabilidad de estas herramientas, a diferencia de lo ocurrido durante 2025, cuando los niveles de interés “hacían inviable” tomar crédito productivo.
El diseño incluye líneas diferenciadas según actividad económica y destino de los fondos.
Entre los principales segmentos alcanzados aparecen: capital de trabajo para PyMEs, inversiones productivas, compra de maquinaria agrícola, transformación digital, servicios industriales, biomasa y energía, y asistencia específica para yerba y forestoindustria.
Yerba y madera concentran parte del foco financiero
Uno de los capítulos centrales del programa está orientado al sector yerbatero y forestal, dos actividades estructurales para la economía misionera.
La línea reglamentaria 750_44 prevé financiamiento para capital de trabajo con subsidio de 10 puntos porcentuales y plazo de hasta 180 días.
Los cupos establecidos son: hasta $400 millones para secaderos y molinos yerbateros, y hasta $80 millones para empresas forestales.
La decisión refleja una lectura económica y política concreta: ambos sectores atraviesan un escenario de fragilidad por presión de costos, caída de rentabilidad y menor dinámica del mercado interno.
En paralelo, la provincia busca evitar una desaceleración más profunda sobre empleo industrial y actividad regional.
Energía y biomasa: financiamiento para infraestructura estratégica
Otro tramo relevante del esquema apunta al sector energético. Las líneas prevén financiamiento para: expansión de generación con biomasa, almacenamiento energético, transporte de gas natural a granel, y proyectos vinculados a infraestructura energética.
En esos casos, los créditos podrán alcanzar hasta USD 4 millones por empresa, equivalentes —según lo informado oficialmente— a $5.640 millones, con plazos de hasta 48 meses y subsidio de 7 puntos de tasa.
La inclusión de biomasa no es menor para Misiones. La provincia concentra una parte importante de la actividad forestal del país y busca desde hace años ampliar el aprovechamiento energético de residuos industriales madereros.
PyMEs y economía del conocimiento: la apuesta a sostener inversión
El paquete también incorpora líneas para micro y pequeñas empresas, con subsidios de hasta 14 puntos porcentuales.
Los créditos contemplan: hasta $20 millones para capital de trabajo e inversión productiva en pequeñas empresas, hasta $40 millones para innovación y transformación digital, y financiamiento para empresas de servicios industriales.
El Gobierno provincial intenta así sostener inversión privada en un contexto donde el acceso al crédito todavía sigue restringido para buena parte de las PyMEs del interior.
Passalacqua vinculó la herramienta con la necesidad de preservar empleo y actividad económica. Durante la presentación, remarcó que los recursos “van a generar producción y empleo”, y destacó que el esquema es posible por el equilibrio fiscal sostenido por la provincia.
Banco Nación gana centralidad en economías regionales
El lanzamiento también deja una lectura institucional.
En un escenario nacional de fuerte ajuste fiscal y retracción de instrumentos de estímulo, el Banco Nación recupera centralidad como brazo financiero para economías regionales.
Passalacqua planteó explícitamente esa mirada al señalar que las economías del interior “más frágiles” requieren cooperación financiera y una visión federal del sistema bancario.
El mensaje tiene peso político porque aparece asociado a un reclamo histórico de provincias periféricas: acceso desigual al crédito frente a sectores más concentrados de la economía argentina.
El impacto efectivo del programa dependerá de varios factores: nivel real de tasas finales, velocidad de aprobación bancaria, demanda empresaria, y evolución de la actividad económica.
Para sectores como yerba, té o forestoindustria, el acceso a capital de trabajo puede aliviar tensiones operativas de corto plazo.
En el caso de inversiones energéticas o tecnológicas, el horizonte es más estructural y dependerá de estabilidad macroeconómica y capacidad de ejecución privada.
Por ahora, el Gobierno provincial apuesta a utilizar subsidios de tasa como mecanismo anticíclico para sostener producción y empleo sin ampliar transferencias directas.
El nivel de utilización de los cupos y la capacidad de absorción del sector privado serán variables clave para medir el alcance real del programa durante los próximos meses.
