Economía Regional

Passalacqua entregó 48 viviendas en Oberá y reafirmó la continuidad de la política habitacional provincial

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El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este lunes 29 de diciembre de 2025 la entrega de 48 viviendas en el barrio Punta Alta de Oberá, en una actividad que combinó gestión pública, simbolismo social y definición política. Las unidades forman parte de un conjunto mayor de 130 soluciones habitacionales cuya finalización depende de recursos provinciales, luego de la interrupción de las partidas nacionales destinadas al programa. En ese marco, el mandatario reafirmó que Misiones sostendrá la política de vivienda como política de Estado, pese al complejo contexto económico.

“La entrega de una vivienda es como una celebración más en esta época navideña”, expresó Passalacqua, al subrayar la importancia práctica e institucional de garantizar el acceso a la casa propia, no solo como respuesta social inmediata, sino como inversión pública de largo plazo que ordena la vida familiar, dinamiza la economía local y fortalece el tejido comunitario.

Vivienda, inversión pública y continuidad institucional

Durante la recorrida, el gobernador puso el acento en el esfuerzo fiscal y administrativo que implica sostener los programas habitacionales con fondos propios. “Brindar soluciones habitacionales requiere un enorme esfuerzo para reunir ese capital, que es dinero público, proveniente de los contribuyentes. Los impuestos no se terminan en la recaudación, sino que se invierten”, señaló. En ese sentido, destacó que destinar recursos a la vivienda supone una inversión cuantiosa y compleja, más aún en un escenario de restricciones macroeconómicas.

Passalacqua enfatizó que la decisión de avanzar con la finalización de las viviendas responde a una definición política: “La meta de Misiones es seguir adelante, porque cuando entregás una vivienda, y con ella el título de propiedad, se crea una atmósfera especial, casi sagrada —y más en esta época navideña—, que se asemeja a la fundación de un hogar”. Para el mandatario, ese acto “define el futuro de esa pareja, de esa familia y de cada niño que crecerá entre esas paredes”.

La entrega se inscribe en una estrategia provincial que busca sostener el empleo, la obra pública y la inclusión social, aun cuando el financiamiento nacional se vio interrumpido. En términos institucionales, el programa refuerza el rol del Estado provincial como actor central en la planificación urbana y el acceso a derechos básicos.

Familias adjudicatarias y trabajo conjunto

En el marco del acto, Passalacqua visitó a dos familias beneficiarias, poniendo rostro humano a una política pública de alto impacto social. Una de ellas fue la familia Núñez, integrada por Sergio Núñez, Ruth Sánchez y sus hijos Enzo (11) y Ruth (8). Sergio se desempeña como empleado de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, mientras que Ruth trabaja desde su hogar en la confección de indumentaria y lencería. Enzo cuenta con Certificado Único de Discapacidad por una parálisis cerebral con cuadriplejia y la vivienda entregada fue completamente adaptada, con soportes y un baño amplio que permitirá mejorar su calidad de vida.

“Es una vivienda con soportes y un baño súper amplio que le permitirá a mi hijo tener una vida más cómoda y segura”, agradeció Ruth Sánchez, quien además destacó el acompañamiento social recibido para el tratamiento médico que su hijo realizará en México.

El gobernador también visitó a la familia Wroble, conformada por Luciano Wroble, Yesica Da Silva y su hija Tessa, de 7 años. Wroble trabaja en una pinturería y Da Silva en un servicio de salud mental. La familia se había inscripto en 2017 en Apóstoles y, tras actualizar su domicilio en Oberá, accedió al sorteo de la Convocatoria 253. “No alcanzan las palabras para describir lo que se siente tener una casa propia”, expresó Wroble, mientras que Da Silva remarcó que “la fe y la paciencia cobró sentido”.

En diálogo con ellos, Passalacqua subrayó que “detrás de estos logros siempre hay un gran esfuerzo y sacrificio, no solo del Gobierno provincial y del IPRODHA, sino también de las familias beneficiarias”. En ese marco, valoró el trabajo del organismo y del intendente Pablo Hassan, al remarcar que “estas no son tareas fáciles”.

Datos técnicos y alcance del programa

Las 48 viviendas entregadas cuentan con 64 metros cuadrados de superficie, están construidas en mampostería y disponen de dos dormitorios, cocina-comedor, baño, galería, lavadero externo, termotanque solar y espacio verde propio. El sorteo de ubicación se realizó en octubre, en el marco de la Convocatoria 253 de Oberá.

Las casas se emplazan dentro de una urbanización que incluye infraestructura y nexos de servicios esenciales, un aspecto clave para el desarrollo comunitario y la integración urbana.

El presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, informó que la provincia ya entregó más de 420 viviendas, aun en un contexto económico adverso. “Trabajamos con mucho esfuerzo con los recursos que tenemos, pero con mucho entusiasmo. La inversión es más grande en este contexto, pero lo hacemos con alegría porque sabemos lo que significa para las familias”, afirmó.

Por su parte, el intendente Pablo Hassan celebró la entrega al destacar que se trata de “familias que esperaron durante mucho tiempo el sueño de la casa propia”, y remarcó el impacto emocional y social que genera acompañar ese momento.

Impacto económico y social

Más allá del acto puntual, la entrega de viviendas tiene repercusiones directas en la economía local: moviliza el sector de la construcción, genera empleo, demanda insumos y consolida barrios con infraestructura. Desde el punto de vista institucional, refuerza una política pública sostenida en el tiempo, que busca garantizar previsibilidad a las familias y continuidad a la obra pública provincial.

En un escenario de retracción de fondos nacionales, la decisión de Misiones de financiar con recursos propios estas soluciones habitacionales marca una señal política clara y proyecta un modelo de gestión que prioriza el arraigo, la inclusión y el desarrollo territorial.

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Las pymes apuestan a reformas laborales, impositivas y financieras para volver a crecer

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Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) miran a 2026 como un punto de inflexión. Para los dirigentes nucleados en la Confederación Económica de Misiones (CEM), el próximo año concentra expectativas concretas de que las reformas estructurales que ya comenzaron a discutirse a nivel nacional —y que el sector reclama desde hace décadas— tengan finalmente el contenido y el impacto necesarios para devolver competitividad, reactivar el consumo y generar empleo sin temor. En un contexto de ajuste fiscal y objetivo de Déficit Cero, las pymes plantean una agenda clara: reducir costos, ordenar el sistema laboral, aliviar la presión impositiva y reconstruir un esquema financiero compatible con la rentabilidad real de las empresas.

El desafío no es menor. Tras un ciclo económico que dejó a muchas firmas sin espalda financiera, el sector entiende que sin actividad económica sostenida ninguna reforma será viable en el tiempo. Por eso, el foco está puesto tanto en las decisiones nacionales como en su necesario correlato provincial y municipal.

Reforma laboral e impositiva: bajar el costo, no el salario

Desde la CEM, que agrupa a más de 30 cámaras empresarias de Misiones, la prioridad está puesta en influir en el debate legislativo. “Cerramos el 2025 e iniciamos el 2026 con el foco de la actividad dirigencial pyme puesto en fortalecer el diálogo y la información brindada a legisladores nacionales, de manera tal de ponerlos al tanto de la situación del sector”, señaló Guillermo Fachinello, presidente de la entidad.

En materia de Reforma Laboral, la posición es tajante: el problema no es el salario, sino el costo laboral. Las pymes dependen del consumo y, por lo tanto, bajar ingresos no es una opción. El reclamo apunta a reducir cargas e introducir cambios que permitan contratar sin el riesgo de una litigiosidad desmedida, que —según advierten— termina fundiendo empresas y no siempre redunda en beneficios directos para los trabajadores.

El planteo se vuelve aún más complejo si se considera el marco macroeconómico actual. El Gobierno Nacional sostiene el objetivo de Déficit Cero, lo que obliga a pensar reformas que alivien al sector privado sin desbalancear las cuentas públicas. En paralelo, las pymes reclaman una Reforma Impositiva propia, con instrumentos pensados específicamente para su escala y estructura de costos, que les permita seguir traccionando la economía real.

Financiamiento, consumo y confianza: las claves para volver a invertir

Otro eje central de la agenda pyme es el financiero. La expectativa es que una Reforma Financiera sea inminente y contemple un esquema crediticio acorde a la rentabilidad de las empresas, especialmente en un contexto de baja inflación. En esa línea, Gerardo Díaz Beltrán, secretario de la CEM y secretario del Interior en CAME, insiste en la necesidad de tasas que reflejen la nueva realidad macroeconómica.

El diagnóstico es compartido: pese a la baja del riesgo país y de las tasas de referencia, ese alivio no se trasladó plenamente al crédito productivo. Además, el sector señala que el valor del dinero en el ámbito internacional es sensiblemente mayor al que se toma como referencia para financiar a las pymes locales, lo que profundiza la brecha de competitividad. Tras la eliminación de las Leliq, se espera un gesto concreto del sistema financiero hacia la producción, con mayor flexibilidad y eficiencia.

La reactivación del consumo, en tanto, aparece como una condición necesaria. “Está claro que sin actividad económica, ninguna de las reformas de las cuales estamos hablando tiene sentido”, coinciden los dirigentes empresarios. Sin demanda interna, la baja de costos y el crédito accesible pierden efectividad.

Presión fiscal provincial y tasas municipales

El debate no se agota en la Nación. Las pymes misioneras plantean que las reformas deben generar ecos a nivel provincial y municipal. Reclaman un reacomodamiento del esquema impositivo provincial, una revisión de las tasas municipales y mayor eficiencia en el gasto tanto en empresas públicas como en los distintos niveles del Estado.

No es un reclamo menor: la carga tributaria encabeza desde hace al menos tres años el listado de problemáticas provinciales que más afectan la actividad diaria de las pymes en todos los sectores —industria, comercio, producción y servicios—. A eso se suman regímenes municipales abusivos en varios municipios, que generan impactos negativos directos sobre la actividad y plantean, según el sector, un riesgo institucional para la producción.

En la coyuntura poselectoral, el clima tampoco ayuda. Luis Steffen, director de la Comisión de Comercio y Servicios de la CEM, advierte que “se dio cierto nivel de descreimiento desde el sector pyme hacia el crecimiento tanto para Argentina como para Misiones”. En ese marco, subraya que el país necesita confianza y una tasa de interés razonable para que las inversiones vuelvan y se puedan generar nuevas fuentes de trabajo.

El diagnóstico final es autocrítico. El sector reconoce que atraviesa un fin de ciclo poco beneficioso: “El consumo y la actividad engañosa nos llevó a no tener espalda para soportar el ajuste y avanzar en las transformaciones que hacen falta”, admiten. Por eso, 2026 aparece como una oportunidad clave. No como una promesa abstracta, sino como el año en el que las reformas deberán traducirse en condiciones reales para producir, invertir y volver a crecer.

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Rodrigo Correa debutó al frente del INYM y se aprobó un aumento de la estampilla

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tuvo este jueves 18 de diciembre su primera reunión de Directorio bajo la coordinación de su nuevo presidente, Rodrigo Martín Correa, recientemente designado como representante del Poder Ejecutivo Nacional. El encuentro marcó el inicio formal de una nueva etapa institucional en un organismo clave para la regulación y el equilibrio económico de la cadena yerbatera, en un contexto de alta sensibilidad para productores, cooperativas, industria y gobiernos provinciales. Uno de los primeras decisiones fue aprobar el incremento del valor de la estampilla que paga la Industria, para llevarlo de los 25 pesos actuales a 32,12. De todos modos, la Nación debe autorizar el aumento definitivo. En paralelo, se están analizando resoluciones para poner en línea al INYM con el decreto 812. También se aprobó el presupuesto 2026.

Asimismo, el organismo yerbatero recibió la visita del subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores de Argentina, dependiente de la SAGPYA, Martín Gustavo Giaccio.

Una designación reciente y el inicio de la gestión

El contador público Rodrigo Martín Correa fue designado presidente del INYM el 11 de diciembre de 2025 mediante el Decreto 873/2025, firmado por el Presidente de la Nación y el Ministro de Economía. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el viernes 12 de diciembre, formalizando su incorporación como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el organismo.

Apenas una semana después de su designación, Correa encabezó su primera reunión de Directorio, un hecho institucional relevante por tratarse del espacio donde se definen lineamientos estratégicos, consensos sectoriales y decisiones regulatorias que impactan de manera directa en la producción, industrialización y comercialización de la yerba mate.

La celeridad en la convocatoria y conducción del Directorio fue leída como una señal de continuidad operativa del INYM, en momentos en los que el sector enfrenta tensiones económicas, debates regulatorios y expectativas sobre el rol del Estado nacional en la actividad yerbatera.

Un Directorio con representación plena de la cadena yerbatera

La reunión contó con la participación de todos los directores que representan a los distintos eslabones de la actividad yerbatera, incluyendo productores, trabajadores rurales, secaderos, cooperativas e industria. También estuvieron presentes los representantes de los gobiernos de Misiones y Corrientes, las dos principales provincias productoras de yerba mate del país.

La conformación plena del Directorio resulta un dato institucional relevante, ya que garantiza la presencia de todas las voces sectoriales en un ámbito de toma de decisiones que tiene impacto económico directo sobre miles de productores y trabajadores, así como sobre la dinámica industrial y comercial del complejo yerbatero.

En este marco, la coordinación de Correa en su primera reunión funcionó como una instancia de articulación entre los intereses productivos, laborales, industriales y gubernamentales, en línea con el esquema de gobernanza previsto para el INYM.

Impacto institucional y expectativas del sector

La asunción efectiva de Correa y su debut al frente del Directorio se producen en un momento clave para el INYM, cuyo funcionamiento incide en aspectos centrales como la regulación del mercado, la representación sectorial y la relación entre Nación y provincias productoras.

Desde una perspectiva institucional, el inicio de la gestión del nuevo presidente refuerza el rol del Poder Ejecutivo Nacional dentro del organismo, al tiempo que mantiene el esquema de participación multisectorial que caracteriza al INYM. Para los distintos actores de la cadena yerbatera, la expectativa está puesta en la capacidad de coordinación y consenso del Directorio frente a un escenario económico desafiante.

La reunión del 18 de diciembre no solo significó un hito administrativo, sino también el punto de partida de una gestión que será observada de cerca por productores, cooperativas, industria y gobiernos provinciales, atentos a las definiciones que puedan surgir en materia de política yerbatera.

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Cooperativa Yerbatera Andresito: “No estamos en quiebra, es una medida transitoria”

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Luego de la difusión pública de un comunicado interno que informaba la imposibilidad de realizar pagos “hasta nuevo aviso”, la Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda. buscó llevar tranquilidad a productores, clientes y al sector yerbatero en general. En una entrevista televisiva en el Canal 2 de Comandante Andresito, su presidente, Juan Carlos Amann, explicó que la entidad continúa operando con normalidad, que la restricción alcanza únicamente a los pagos inmediatos por transferencia y que responde a tensiones financieras puntuales de cierre de año, en un contexto económico nacional complejo.

El comunicado oficial y el origen de la controversia

La controversia se originó a partir de una nota fechada el 18 de diciembre de 2025, emitida en Comandante Andresito, Misiones, bajo el asunto “Comunicación oficial sobre la situación de pagos”. En ese documento, la Cooperativa Yerbatera Andresito Limitada informó a sus socios que, “debido a la situación económica actual”, la entidad se encontraba en una posición financiera compleja, por lo cual “lamentablemente, no se podrán realizar pagos hasta nuevo aviso”.

El texto, firmado por el Consejo de Administración —con las rúbricas de Juan Carlos Amann (presidente), Víctor Hugo Krawczuk (tesorero) y Sergio Osvaldo Kreibiger (secretario)— solicitaba comprensión a los asociados y los instaba a mantenerse informados por los canales oficiales ante futuras actualizaciones.

Si bien el comunicado estaba dirigido exclusivamente a los socios, su difusión pública generó interpretaciones que, según la conducción de la cooperativa, no reflejan la realidad integral de la entidad. “Fue un informe interno que se hizo público y eso derivó en muchos comentarios u opiniones que no son correctas”, explicó Amann durante la entrevista.

Pagos diferidos, stock garantizado y continuidad operativa

En su exposición, el presidente de la cooperativa precisó que la medida adoptada no implica una paralización de la actividad ni una situación de quiebra. “La cooperativa está trabajando normalmente. Tiene su stock de yerba canchada para trabajar todo el año. El molino sigue trabajando. Se sigue cumpliendo con los clientes”, remarcó.

Según detalló, la restricción se limita a los pagos de contado mediante transferencia, en un momento del año en el que confluyen fuertes compromisos fiscales y financieros. “A esta altura del año hay muchos proveedores de hoja verde que quieren cobrar, como es lógico. Pero también la cooperativa tiene que afrontar muchos impuestos de cierre de año, y el estado financiero no alcanza para responder a todo lo que se está solicitando en forma inmediata”, explicó.

En ese marco, la entidad optó por continuar operando con pagos diferidos, una modalidad que —según Amann— utilizan numerosas empresas a lo largo del año y que tiene carácter momentáneo. “Después seguimos trabajando normalmente”, subrayó.

Un dato central que buscó destacar la conducción es el compromiso asumido con el precio de la materia prima. La cooperativa mantiene el pago de 305 pesos por kilo de hoja verde, un valor que el propio presidente calificó como “bastante bueno” dentro del sector, especialmente en un contexto en el que otras empresas pagan por debajo de ese nivel. “Es un compromiso que asumimos y, a veces, se presentan dificultades para pagar, pero siempre tratamos de actuar de la forma más correcta”, sostuvo.

Impacto sectorial, clima interno y mensaje a productores y consumidores

El episodio se inscribe en un contexto más amplio de dificultades económicas que atraviesa el sector yerbatero y la economía argentina en general. Amann evitó minimizar el escenario, pero rechazó las versiones que hablan de un colapso institucional. “La situación es general. La República Argentina está convulsionada. Hay un montón de cosas que hay que ir reestructurando, pero eso no significa que estemos en una situación caótica o extrema”, afirmó.

Desde la cooperativa señalaron que, tras la difusión del comunicado, muchos socios se comunicaron directamente con el Consejo de Administración y recibieron las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, también advirtieron sobre el uso político o sectorial de la información. “Hay quienes usan esto para desacreditar a la cooperativa o al consejo administrativo, cuando son cuestiones privadas. Nosotros estamos tratando de hacer bien las cosas”, expresó Amann.

El mensaje final estuvo dirigido tanto a los productores asociados como a los consumidores de la yerba mate Andresito, una marca de fuerte arraigo regional. “Queremos llevar tranquilidad. La cooperativa sigue trabajando, sigue cumpliendo y sigue proyectando su actividad productiva y comercial”, enfatizó el presidente.

La conducción confía en que, una vez superado el pico de tensiones financieras de fin de año, la operatoria de pagos se normalizará, mientras la entidad continúa enfocada en sostener su estructura productiva, el abastecimiento del mercado y las relaciones con clientes y proveedores.

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Brasil y Paraguay inauguran el Puente de Integración financiado por Itaipú y apuestan a impulsar el comercio regional

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva inauguró este viernes 19 en Foz do Iguaçu el Puente de Integración Brasil–Paraguay, una obra estratégica financiada íntegramente por Itaipú Binacional que conectará esa ciudad brasileña con Presidente Franco. Con una inversión total de 712 millones de reales, la nueva infraestructura apunta a potenciar el comercio bilateral, mejorar el flujo turístico y consolidar la integración logística del Mercosur, con impacto directo sobre las economías de ambos países.

La inauguración se realizó en el marco de un acto oficial en el que Lula aseguró que por el nuevo puente “pasarán unos pocos miles de millones de dólares en intereses a las economías de Brasil y Paraguay”, al facilitar el tránsito de personas, bienes y servicios. “El pueblo paraguayo se mudará a Brasil y el pueblo brasileño a Paraguay, para hacer negocios, trabajar, vender y comprar. Lo importante es que ambas economías crezcan”, afirmó el mandatario.

La obra, que une Foz do Iguaçu (estado de Paraná) con Presidente Franco, en el departamento paraguayo de Alto Paraná, constituye un nuevo paso en la agenda de integración regional impulsada por el gobierno brasileño y se suma a otras conexiones viales estratégicas entre ambos países.

Una infraestructura clave para el comercio y el Corredor Bioceánico

El Puente de Integración Brasil–Paraguay tiene una extensión total de 760 metros y un vano libre de 470 metros, el más largo del continente. La estructura atirantada se sostiene sobre dos torres de 190 metros de altura, equivalentes a un edificio de 63 pisos. Su diseño permite un cruce ágil sobre el río Paraná y una mayor capacidad para el transporte de cargas.

La inversión total de Itaipú Binacional alcanzó los 712 millones de reales. De ese monto, 372 millones se destinaron a la construcción del puente y 340 millones a las obras del Perimetral Este, una autopista de casi 15 kilómetros que conecta la nueva infraestructura con la BR-277. Este corredor desvía el tránsito pesado del centro urbano de Foz do Iguaçu y enlaza la frontera con el puerto de Paranaguá, uno de los principales nodos logísticos de Brasil.

Según precisaron las autoridades, Itaipú asumió el costo total del puente, la aduana y los accesos. El esquema institucional fue tripartito, con el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) como órgano propietario, el gobierno del estado de Paraná como ejecutor y la binacional como responsable de la transferencia de recursos.

Además, Lula destacó que otra conexión vial entre Brasil y Paraguay se encuentra en su etapa final: el puente entre Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul) y Carmelo Peralta, también financiado íntegramente por Itaipú. Esa obra forma parte del Corredor Bioceánico, considerado estratégico para conectar el centro-oeste brasileño con los puertos del norte de Chile, reducir costos logísticos y ampliar la integración regional.

Inicio operativo y respaldo institucional

Durante el acto, el ministro de Transporte, Renan Filho, confirmó que con la finalización del puente y del Perimetral Este, los organismos de control y fiscalización ya están en condiciones de operar. “A partir de mañana liberaremos el flujo de camiones sobre el Puente de Integración”, señaló, en referencia al inicio gradual de la operatoria desde este sábado 20.

En una primera etapa, el cruce estará habilitado únicamente para camiones sin carga, conocidos como “en lastre”, bajo horarios específicos coordinados por la Receita Federal y la Policía Federal de Carreteras. Posteriormente, se habilitará también el tránsito de ómnibus turísticos fletados. Los horarios definitivos serán informados por los organismos competentes.

La ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, subrayó que se trata de “una inauguración real” y no simbólica. “El puente está listo y todos nuestros servicios están preparados para que funcione”, aseguró.

En los últimos dos años, Itaipú Binacional transfirió 70 millones de reales para las obras del Perimetral Este, lo que representa el 20,6% del total invertido en ese tramo. La última transferencia vinculada directamente al puente se realizó en 2023, cuando la binacional aportó 7 millones de reales tras la finalización de las obras civiles, concluidas en octubre de ese año.

Una obra con más de tres décadas de gestación

El director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, recordó que las primeras discusiones sobre la construcción del puente comenzaron a principios de los años 90. Con la firma de Actas de Entendimiento en 1992 y su aprobación por el Congreso en 1994. Sin embargo, el proyecto cobró impulso recién a partir de 2003, durante los dos primeros mandatos de Lula. Y fue licitado en 2014, bajo la presidencia de Dilma Rousseff.

En 2005 se firmó un nuevo acuerdo internacional que definió las bases técnicas de la obra y estableció la responsabilidad financiera de Brasil. En 2012, el proyecto fue incorporado como prioridad estratégica al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Tras completar los procesos de licitación, licencias ambientales y proyectos de ingeniería, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) otorgó la licencia ambiental en febrero de 2017. Las obras comenzaron en 2019 y avanzaron de forma sostenida hasta su finalización física en 2023.

Verri también destacó el rol de Itaipú en la integración regional y citó como ejemplo la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). Creada en 2010, que cuenta con estudiantes de 32 países y cuyas obras fueron reactivadas con recursos de la binacional. “La integración es una marca de todos los gobiernos del presidente Lula”, afirmó.

Con la puesta en marcha del Puente de Integración Brasil–Paraguay, ambos países apuestan a profundizar el comercio, dinamizar el turismo y fortalecer una red logística regional que impacta directamente en la competitividad del Mercosur.

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