La transición hacia una economía más sostenible no sólo demanda nuevas tecnologías o inversiones en infraestructura. También requiere capital humano especializado capaz de medir, analizar y gestionar los impactos ambientales de las actividades productivas. Con esa premisa, el Ministerio de Cambio Climático de Misiones y el Instituto Misionero de Educación Superior (IMES) lanzaron una nueva edición del Diplomado de Posgrado en Analista de Huella de Carbono, una propuesta académica orientada a formar profesionales que puedan intervenir en uno de los desafíos centrales de la agenda global: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La iniciativa, que transita su tercera edición consecutiva, surge como una herramienta estratégica dentro del Plan de Respuesta al Cambio Climático de Misiones, que contempla entre sus ejes prioritarios la mitigación de emisiones. El objetivo es claro: generar capacidades técnicas para que empresas, instituciones y organismos puedan cuantificar su huella de carbono y avanzar en planes concretos de reducción de emisiones.
Eduardo Saldivia, director de Planificación y Ejecución Territorial del Ministerio de Cambio Climático y coordinador académico de la propuesta, explicó que cualquier estrategia de mitigación requiere primero un diagnóstico preciso. “Para reducir emisiones necesitamos saber cuánto estamos emitiendo y cuáles son las fuentes que generan esos gases. Es el equivalente a un análisis clínico antes de definir un tratamiento”, señaló durante una entrevista en Radio Open 101.7.
La formación apunta a cubrir una demanda creciente tanto del sector público como privado. Desde empresas logísticas que buscan optimizar sus recorridos y reducir el consumo de combustibles hasta industrias, hoteles y organizaciones que deben adaptarse a estándares ambientales cada vez más exigentes en los mercados nacionales e internacionales.
El diplomado tiene una duración de tres meses y se desarrolla bajo modalidad virtual, con una instancia presencial vinculada al trabajo integrador final. Durante el trayecto formativo, los participantes abordan metodologías estandarizadas para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, análisis de datos ambientales y elaboración de estrategias de mitigación.
La propuesta está dirigida a profesionales universitarios de disciplinas vinculadas a la biología, ingeniería, ciencias ambientales y áreas afines, así como también a técnicos superiores relacionados con la gestión ambiental, la estadística y otras especialidades que requieran capacidades analíticas.
Uno de los aspectos distintivos del programa es su enfoque práctico. El último mes está destinado al desarrollo de un trabajo de campo sobre un caso real, donde los estudiantes realizan el cálculo de la huella de carbono de una organización y elaboran propuestas de mejora. En las ediciones anteriores, las experiencias se llevaron adelante junto a la empresa Intacto Welty, dedicada al reciclaje de aceites usados, y el Hotel Batista de Posadas, incorporando además la dimensión de la sostenibilidad en el sector turístico.
“Lo que buscamos es formar profesionales capaces de ayudar a cualquier organización que quiera medir su huella y avanzar en un plan de mitigación”, explicó Saldivia. Según indicó, la creciente demanda de este tipo de conocimientos responde a la necesidad de generar información confiable para la toma de decisiones ambientales y productivas.
La capacitación también se inscribe dentro de una tendencia global. Cada vez más mercados exigen certificaciones ambientales, trazabilidad de emisiones y reportes de sostenibilidad como condición para acceder a determinadas cadenas de valor. En ese contexto, la medición de la huella de carbono deja de ser una práctica voluntaria para convertirse en una herramienta de competitividad.
Desde la perspectiva de Misiones, la formación de especialistas adquiere una relevancia adicional. La provincia se posicionó en los últimos años como una de las jurisdicciones más activas del país en materia de políticas climáticas, impulsando iniciativas vinculadas a la conservación de la biodiversidad, los mercados de carbono y la valorización de los servicios ecosistémicos.
La nueva cohorte del diplomado busca precisamente fortalecer esa estrategia mediante la generación de recursos humanos especializados que puedan acompañar la transformación productiva hacia modelos más sostenibles.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio web del IMES. La actividad es arancelada y cuenta con un cuerpo docente integrado por especialistas con experiencia en medición de emisiones, gestión ambiental y sostenibilidad corporativa.
En un escenario donde los compromisos climáticos ganan peso en las agendas públicas y empresariales, la formación de analistas en huella de carbono emerge como una herramienta clave para traducir los objetivos ambientales en acciones concretas y medibles.
La noticia tiene una dimensión que trasciende las fronteras provinciales. No se trata solamente de una validación técnica. Representa el reconocimiento internacional de un modelo de conservación forestal construido durante años y coloca a Misiones en una posición privilegiada dentro de los mercados globales de carbono, justo cuando la provincia se encuentra a las puertas de concretar su primera gran operación comercial vinculada a estos activos ambientales.
Según informó Verra, el programa misionero cubre aproximadamente más de un millón de hectáreas de Bosque Atlántico nativo y opera bajo el Escenario 2 del marco JNR, un esquema que permite a los gobiernos generar créditos de carbono por áreas forestales que no están incluidas dentro de proyectos privados específicos. Durante el primer período de monitoreo, comprendido entre 2017 y 2022, la provincia logró reducciones verificadas de emisiones equivalentes a unas 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese volumen constituye la base para la generación futura de créditos comercializables en los mercados internacionales.
La directora ejecutiva de Verra, Mandy Rambharos, destacó que el caso de Misiones demuestra lo que puede lograrse cuando los gobiernos lideran políticas climáticas de largo plazo y logran articular instituciones, regulaciones y alianzas para transformar la conservación forestal en resultados verificables y comercializables.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, afirmó que “celebramos haber alcanzado un hito tan importante en materia de conservación. Misiones siempre ha considerado la protección de la selva como una política de Estado. Nuestro mecanismo de distribución de beneficios nos permitirá devolver a la comunidad el esfuerzo realizado durante décadas. Invitamos a los inversores calificados interesados en créditos de alta calidad a sumarse y apoyarnos en esta iniciativa. Agradecemos a Verra por su colaboración continua y su disposición para trabajar con nosotros”.
Se espera que esta aprobación impulse el desarrollo de programas adicionales bajo el Marco JNR del VCS en toda Argentina y en países de América Latina, África y Asia que están explorando enfoques jurisdiccionales a gran escala para la financiación climática y la protección de los bosques. El programa ofrece un modelo replicable para otros gobiernos nacionales y subnacionales que buscan alinear los objetivos de las políticas climáticas, las prioridades de conservación forestal y el acceso a los mercados internacionales de carbono.
La aprobación llega en un momento particularmente oportuno. Misiones se encuentra en negociaciones avanzadas para concretar la primera venta privada de créditos de carbono de su historia. La potencial compradora sería LATAM Airlines Group, interesada en adquirir entre 2,8 y 2,9 millones de toneladas de carbono para el mercado internacional CORSIA, el sistema global de compensación de emisiones para la aviación. La operación podría rondar los 65 millones de dólares.
La estrategia provincial comenzó formalmente en 2021, cuando Misiones inició el desarrollo de su programa jurisdiccional REDD+ junto a socios internacionales especializados en mercados ambientales. Desde entonces se desarrollaron auditorías, mediciones, validaciones independientes, consultas con comunidades, propietarios privados y organizaciones ambientales, además de la construcción de un sistema institucional capaz de sostener la trazabilidad exigida por los mercados internacionales.
El programa tiene además una característica singular: no concentra los beneficios exclusivamente en el Estado. El esquema prevé mecanismos de distribución para propietarios de tierras con bosque nativo, comunidades locales y proyectos de desarrollo sustentable, incorporando incentivos económicos para quienes contribuyen a la conservación de la Selva Paranaense.
La aprobación de Verra también fortalece la posición de Misiones frente a potenciales compradores internacionales. Los créditos certificados bajo estándares reconocidos globalmente tienen mayor liquidez, transparencia y aceptación en los mercados voluntarios y regulados de carbono. Precisamente, la organización certificadora acaba de incorporarse formalmente a la Mesa Argentina de Carbono, reforzando su presencia en el país y acompañando el desarrollo de proyectos de calidad internacional.
El avance se suma a otros hitos recientes del sector ambiental misionero. En las últimas semanas también fue certificado el primer proyecto argentino privado de carbono de bosque nativo bajo estándares Verra, desarrollado en la Selva Paranaense y validado por 138.000 créditos de carbono.
La validación del programa jurisdiccional de Misiones tiene además un valor simbólico. Durante décadas la provincia sostuvo políticas de conservación que limitaron actividades productivas sobre grandes extensiones de bosque nativo. Ahora, por primera vez, esa preservación comienza a transformarse en un activo económico reconocido por los mercados internacionales.
En un contexto de creciente demanda global por créditos ambientales de alta integridad, Misiones no solo aparece como la principal referencia argentina en mercados de carbono. Con la aprobación de Verra, la provincia se posiciona como uno de los casos más avanzados del mundo en la monetización de servicios ecosistémicos a escala gubernamental, abriendo una nueva etapa en la relación entre conservación, financiamiento climático y desarrollo económico.
El Banco Mundial confirmó que los mecanismos de fijación del precio del carbono triplicaron su recaudación en una década y ya cubren casi el 30% de las emisiones globales. El avance de estos sistemas empieza a redefinir competitividad, comercio exterior y acceso a financiamiento para sectores productivos intensivos en energía y recursos naturales.
Según un informe del Grupo Banco Mundial publicado el pasado 19 de mayo, los ingresos derivados de la fijación del precio del carbono se triplicaron en la última década: aumentaron de menos de US$30.000 millones en 2016 a movilizar más de US$107.000 millones para presupuestos públicos en 2025.
En el informe anual titulado State and Trends of Carbon Pricing 2026 (Situación y tendencias de la fijación del precio del carbono 2026) se revela que actualmente existen 87 políticas de fijación de precios del carbono en el mundo, un aumento de siete con respecto al año anterior. Asimismo, se muestra que todas las grandes economías de ingreso mediano han implementado o tienen previsto implementar mecanismos de fijación directa del precio del carbono. India y Viet Nam son los países que realizaron avances más significativos en este ámbito en 2025. En la publicación también se señala que los precios directos del carbono han crecido un 7% desde la edición del año pasado del informe y que se han duplicado en la última década. El precio promedio del carbono es ahora de casi US$21/tCO2e.
Un poco más del 29% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en todo el mundo están ahora cubiertas por mecanismos de fijación directa del precio del carbono. Esta cifra aumentaría a alrededor de un tercio si los instrumentos actualmente en desarrollo se implementaran en más economías emergentes importantes.
“La fijación del precio del carbono y los mercados de carbono pueden desempeñar un papel importante al permitir que los países determinen su propia matriz energética”, dijo Paschal Donohoe, director gerente y oficial principal de Conocimientos del Grupo Banco Mundial. “Cuando están bien diseñados, pueden ayudar a impulsar la eficiencia y la innovación, al tiempo que movilizan recursos para las prioridades de desarrollo. Durante más de 20 años, este informe ha ayudado a los responsables de formular políticas y al sector privado a comprender mejor la evolución de estos mercados y las oportunidades que representan”.
En los mercados de créditos de carbono, el volumen total de las emisiones de créditos de carbono aumentó un 8% entre 2024 y 2025. En tanto, los precios de los créditos de carbono disminuyeron levemente durante 2025, pero algunos tipos de proyectos continuaron teniendo un sobreprecio, incluidos aquellos que pueden ser utilizados por aerolíneas internacionales o proyectos de conservación forestal y reforestación con alta calificación.
El Grupo Banco Mundial se ha comprometido a ayudar a los países a alcanzar sus propios objetivos de desarrollo para facilitar la creación de empleo y promover el crecimiento sostenible. Un área de apoyo es el creciente acceso al financiamiento disponible a través de los mercados de carbono. A tal fin, el Departamento de Clima del Grupo Banco Mundial complementa sus servicios básicos de financiamiento y asesoría con productos clave que respaldan a los clientes a lo largo de la cadena de valor de las soluciones climáticamente inteligentes.
Mientras crece el debate global sobre la efectividad de las campañas masivas de plantación de árboles para mitigar el cambio climático, Colombia decidió avanzar con una estrategia diferente: restaurar ecosistemas degradados mediante especies nativas, compromisos de conservación a largo plazo e integración económica de las comunidades locales.
La iniciativa, denominada Sembrando Futuro 2.0, contempla la restauración de más de 2.000 hectáreas de bosque en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó. El plan prevé la plantación de 2,3 millones de árboles autóctonos y ya es considerado uno de los proyectos de restauración ecológica más ambiciosos del país.
Sin embargo, el diferencial del programa no radica únicamente en la magnitud de la forestación, sino en el modelo de sostenibilidad diseñado para garantizar la supervivencia y recuperación efectiva del ecosistema a largo plazo.
El proyecto apunta a reconstruir corredores biológicos, recuperar biodiversidad y restablecer servicios ambientales en zonas degradadas. Para ello, fueron seleccionadas más de 70 especies nativas, entre ellas nueve consideradas amenazadas, evitando así los modelos tradicionales de monocultivo forestal que suelen ser cuestionados por especialistas ambientales.
La primera etapa del programa ya supera las 1.000 hectáreas restauradas y las tareas de plantación comenzaron en septiembre de 2023. La meta final es completar las 2.000 hectáreas distribuidas en cinco regiones estratégicas desde el punto de vista ecológico.
En los últimos años, distintos expertos ambientales comenzaron a advertir que muchas campañas globales de plantación de árboles fracasan porque priorizan cantidad sobre calidad ecológica. La falta de diversidad de especies, la ausencia de mantenimiento y la escasa participación comunitaria suelen convertirse en factores críticos.
Precisamente allí es donde Sembrando Futuro 2.0 intenta diferenciarse. El proyecto incorporó acuerdos de conservación renovables a 40 años con propietarios privados, pequeños productores y organizaciones comunitarias. Esa escala temporal modifica completamente la lógica habitual de los programas de reforestación, muchas veces limitados a ciclos políticos o financiamientos de corto plazo.
El esquema busca que las comunidades locales no queden relegadas a un rol secundario, sino que participen activamente en los beneficios económicos derivados de la conservación ambiental.
Hasta el momento ya se firmaron 25 acuerdos de conservación y los participantes reciben cerca del 55% de los ingresos asociados a créditos de carbono generados por el proyecto. Ese componente económico aparece como uno de los pilares centrales de la iniciativa.
La lógica detrás del modelo es simple: transformar la protección del bosque en una actividad económicamente viable para quienes viven en esos territorios. De esta manera, la conservación deja de depender exclusivamente de la conciencia ambiental y comienza a integrarse dentro de las economías regionales.
Además del impacto ecológico, el programa ya generó más de 240 empleos locales vinculados a viveros, plantación, monitoreo y mantenimiento forestal.
El proyecto también recibió una calificación “A” de Sylvera, firma internacional especializada en evaluación de proyectos de carbono. La calificación destacó especialmente el diseño técnico, la contabilidad de carbono y los beneficios sociales y ambientales de la iniciativa.
El caso colombiano se produce en un momento en que América Latina busca posicionarse como actor clave dentro de los mercados globales de carbono y soluciones basadas en naturaleza. La región concentra algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta, pero también enfrenta fuertes presiones por deforestación, expansión agropecuaria y degradación ambiental.
La experiencia de Sembrando Futuro 2.0 comienza a ser observada con atención por distintos países de la región debido a su combinación de restauración ecológica, financiamiento climático y participación comunitaria.
El desafío de fondo, sostienen especialistas, ya no pasa solamente por plantar árboles, sino por lograr que los bosques sobrevivan, recuperen biodiversidad y generen incentivos económicos suficientes para garantizar su preservación durante décadas.
En una provincia donde históricamente la riqueza se midió por lo que se extraía del monte -madera, yerba, té, tabaco o biodiversidad convertida en recurso-, está sucediendo una transformación silenciosa. Tardará años en verse, pero que comienza a transformarse en un legado a perpetuidad. En lugar de cortar monte, de expandir la frontera agraria, hay quienes vieron el negocio en reforestar, en cuidar, en replantar monte caído. Y el negocio está funcionando: consiguió inversiones por siete millones de dólares.
La firma detrás de esta transformación es Nideport, que encontró en Misiones el laboratorio perfecto para desarrollar créditos de carbono de alta integridad. Hace seis meses, el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1, desarrollado por la empresa Nideport, obtuvo la certificación internacional de Verra bajo los estándares VCS (Verified Carbon Standard) y CCB Gold Label (Climate, Community & Biodiversity – Nivel Oro), el máximo nivel de reconocimiento global por su impacto en clima, comunidad y biodiversidad.
La certificación de 138.000 créditos de carbono (VCUs) posiciona a Vida Nativa como uno de los proyectos de restauración de selvas tropicales más grandes del mundo y el primero de bosque nativo en Argentina en alcanzar este nivel de validación. La certificación abarca dos años, 2021 y 2022, sobre la retención de emisiones en la selva misionera.
Verra -la misma entidad que certifica los bonos de carbono del programa jurisdiccional de Misiones– garantiza que estos créditos poseen trazabilidad, adicionalidad y permanencia verificable, lo que les otorga credibilidad y competitividad en los mercados internacionales.
Juan Núñez -junto a su socio Tomás Gutiérrez– es uno de los empresarios detrás de uno de los proyectos más singulares de la nueva economía verde argentina: transformar la recuperación de bosque nativo degradado en un activo rentable, escalable y financieramente sostenible.
“No podíamos depender de la filantropía. Salvar la selva tenía que ser rentable, porque si no, nunca iba a escalar”, resume, con una frase que funciona como manifiesto de época. “Entendíamos que la filantropía para nosotros no era el camino y que también para que eso sea escalable necesitamos que tuviera rentabilidad. Como cualquier negocio”.
No habla desde el ambientalismo tradicional. Es abogado, viene del mundo de la tecnología y la seguridad, con formación en Israel y trayectoria lejos del universo forestal. Pero encontró en la crisis climática una certeza brutal: el sistema natural del planeta ya no logra regenerarse solo.
“Los umbrales biológicos ya están prácticamente cruzados. El mundo ya no se regenera naturalmente”, dice. “La economía global depende mucho de lo que sucede con los bosques, con la producción incluso hídrica de los ríos y demás, tienen origen en los bosques”.
Juan Núñez y Tomás Gutierrez son los socios fundadores de Nideport, que certificó bonos de carbono en Misiones.
Y allí nació la pregunta fundacional: si toda la economía global depende de los bosques -del agua, del clima, de los suelos, de la biodiversidad-, ¿por qué restaurarlos no podía ser también un gran negocio?
La respuesta apareció en el mercado de créditos de carbono.
Ese sistema, consolidado tras el Protocolo de Kioto y luego reforzado por el Acuerdo de París, permite que empresas que emiten dióxido de carbono compensen su huella comprando créditos generados por proyectos que capturan o evitan emisiones.
Pero no todos los créditos son iguales.
Nideport eligió trabajar en el segmento más exigente y más valorizado: créditos asociados a restauración real de naturaleza, con impacto medible en biodiversidad, trazabilidad tecnológica y licencia social validada con comunidades locales.
“Hoy el mercado está orientado a créditos que restauran la naturaleza. Eso es lo que hacemos nosotros”, explica. “Es un tipo de producto barra servicio ideado para hacer un negocio detrás de restaurar el planeta”.
La compañía emite créditos certificados bajo estándares internacionales de máxima exigencia, entre ellos Verra, principal referencia global del mercado voluntario de carbono, además de la distinción CCB Gold -la máxima calificación por impacto positivo en clima, biodiversidad y comunidades- y una calificación A de Sylvera, que la ubica entre los proyectos IFM de mayor integridad y desempeño del mercado .
La sustentabilidad en Nideport, se construye con datos. La empresa desarrolló una plataforma tecnológica propia basada en inteligencia artificial, drones autónomos y monitoreo forestal en tiempo real que permite supervisar grandes extensiones de bosque y detectar amenazas ambientales antes de que se conviertan en daño irreversible.
Cada árbol plantado está georreferenciado. Cada avance del bosque puede medirse y cada riesgo puede anticiparse.
La estructura incluye tecnología LiDAR, fotogrametría, sensores IoT para detección temprana de incendios e intrusiones, cámaras trampa, cámaras en vivo, imágenes satelitales y protocolos de seguridad orientados a prevenir incendios, monitorear deforestación y detectar incluso caza furtiva en zonas críticas .
Además, incorporan blockchain para garantizar transparencia y trazabilidad total de los créditos emitidos, una condición central en un mercado donde la credibilidad define el valor.
Misiones no es el único territorio en el que invierten. En Uruguay están en la etapa de planificación, gestión y análisis de nuevos ecosistemas y proyectan una expansión global con más de 2 millones de hectáreas evaluadas en múltiples países.
El desembarco en Misiones no fue casual. Uno de los founders tenía tierras en la provincia y fue el anzuelo. Luego, ante complicaciones sucesorias, iniciaron la búsqueda de nuevos campos y encontraron una oportunidad única en el norte misionero: superficies de bosque nativo degradado por décadas de tala selectiva.
“Entendiendo que había una gran oportunidad en Misiones por toda la actividad forestal de bosques nativos”, relata.
No se trata de selva virgen, pero tampoco tierra perdida. Territorios donde todavía sobrevive entre el 20% y el 30% de la biomasa original de un bosque prístino.
“Buscamos tierras que compatibilicen con la emisión de crédito de carbono y que impliquen la necesidad de restaurarlas. Ese es el punto”, explica. “En nuestro caso, en el primer campo que estamos desarrollando, la biomasa está más o menos en un 20% de un bosque prístino”.
Su proyecto insignia es Vida Nativa, en San Pedro, frontera con Brasil: una intervención de 22.878,5 hectáreas sobre el Bosque Atlántico misionero, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del continente .
Se trata de una ex forestal belga atravesada por cuatro sierras, con una geografía compleja y una biodiversidad que aún resiste: más de 50 especies endémicas y al menos diez especies en peligro de extinción, incluido el yaguareté .
El modelo fue de arrendamiento con opción a compra. “El arrendamiento genera la rentabilidad que tenía por la extracción de madera, pero con muchos menos conflictos y riesgos”, explica Núñez. “Después adquirimos la tierra y ya la preservamos a perpetuidad”.
Plantar no alcanza: restaurar lleva décadas
Hablar de árboles puede sonar simple. No lo es. La restauración ecológica seria no consiste en plantar especies en línea para una foto institucional.
Implica entender el suelo, los doseles, la dinámica, los corredores biológicos y la recuperación funcional del ecosistema.
En Nideport comenzaron con ensayos en 2021. En 2022 iniciaron plantaciones.
Entre 2023 y 2024 ya superaron los 40.000 árboles nativos plantados y mantienen una proyección de 100.000 árboles para 2026.
“Queremos alcanzar los 100 mil árboles por año, pero con rigor científico. Primero hay que entender el suelo y cómo responde el bosque”, explica. “Hoy ya estamos en 30 mil árboles por año”.
La intervención cubre entre 200 y 300 hectáreas por año, dependiendo del nivel de degradación y de la presencia de “bambucias”, esas etapas de transición natural del monte.
Restaurar completamente un bosque puede llevar entre 20 y 60 años. En algunos casos, incluso siglos.
“La selva puede tardar entre 500 y 1000 años en restaurarse sola. Nosotros aceleramos ese proceso”, dice.
Además, el proyecto ya incorporó una estrategia de conservación a 100 años, una definición poco habitual incluso dentro del mercado internacional de carbono .
Lo que empezó como una idea entre amigos durante la pandemia terminó atrayendo a uno de los fondos más relevantes de América Latina.
“Surge de un grupo de amigos. A mí particularmente se me ocurre que no podíamos ir por la filantropía. Ya conocía el mercado de créditos de carbono por otro inicio de negocio y empezamos a plantear esa idea. Nos agarra la pandemia y en lugar de dedicarle tiempo a Netflix decidimos empezar a desarrollar el modelo”, recuerda.
Draper Cygnus -ligado a Tim Draper, histórico inversor de Tesla y SpaceX- tomó participación en la compañía. Hoy posee el 10%.
En total, entre equity y deuda de impacto, Nideport levantó cerca de siete millones de dólares.
Entre los inversores figuran además Koi Ventures, Antom.la, Alma Vest y Embarca, fondos vinculados a innovación climática y capital de impacto .
Ese capital permitió desarrollar tecnología propia, certificar créditos de carbono -una barrera que muchos proyectos nunca logran superar- y comenzar la fase de retorno. Hoy el negocio ya es rentable.
“Sí, es un negocio rentable. Supera el 40% de retorno”, afirma. “Ya somos un proyecto que logró certificar créditos de carbono, algo que muchos desarrolladores nunca llegan a conseguir”.
Pero advierte: no es un negocio rápido. Requiere paciencia, certificación, tiempo y credibilidad.
No hay greenwashing posible cuando se trabaja con estándares internacionales serios.
En tiempos donde la sustentabilidad suele reducirse a discursos corporativos, Núñez insiste en una premisa poco habitual en el mundo financiero: antes que cualquier aprobación política, importa la licencia social.
Antes que cualquier oficina pública. Primero, la comunidad Mbya.
“Lo importante para nosotros es que el cacique y la comunidad nos den su consentimiento con la comunidad. Eso está antes que cualquier político o estructura de gobierno, los dueños ancestrales de la tierra”, afirma.
Y profundiza: “Eso es el modelo principal. Una vez que tenemos la licencia social, que fue lo primero que hicimos antes de tocar cualquier planta o poner un pie en la tierra, logramos esa aprobación”.
La comunidad Tekoa Alecrín fue el primer actor consultado y hoy forma parte estructural del proyecto, junto al trabajo con cooperativas locales, fortalecimiento comunitario, acceso al agua potable, mejoras habitacionales tradicionales, apoyo educativo y empleo local.
“Nos juntamos con la comunidad, con las cooperativas locales, con el intendente de San Pedro que tiene una apertura muy interesante, y con esa base de licencia social ya estamos conformes”, explica.
Después llegaron las cooperativas, el municipio y recién luego el resto del sistema institucional. En el negocio del carbono, sin legitimidad territorial, no hay proyecto posible.
La burocracia argentina y la urgencia del planeta
Misiones avanza en una estructura provincial para créditos de carbono. La Nación también tiene registros y marcos regulatorios.
Pero para Núñez, el problema sigue siendo la velocidad. “Misiones está recién teniendo una estructura bastante sólida”, señala. “La Nación tiene un tratamiento sobre los créditos de carbono y un registro, pero son realmente estructuras muy burocráticas. Llevamos años en conversación”.
Y ahí aparece una tensión profunda entre la urgencia climática y la lentitud estatal.
Mientras el planeta pierde entre 10 y 20 millones de hectáreas de bosque por año, la regulación suele caminar a velocidad de expediente.
“Si tuviésemos un mercado de créditos de carbono regulado como existe en Japón, en Paraguay o en México, estaríamos en la panacea, pero bueno, es la Argentina”, ironiza Núñez.
“La humanidad necesita restaurar 2.500 millones de hectáreas de bosques desaparecidos”, advierte.
La visión corporativa ya está planteada con una meta concreta: restaurar 45 millones de hectáreas hacia 2035 y consolidarse como referente regional en soluciones climáticas basadas en la naturaleza .
Núñez no evita hablar del contexto político ni de la mirada ambiental del Gobierno nacional.
Sabe que el presidente Javier Milei tiene una visión distante respecto del cambio climático y la agenda ambiental, pero asegura que eso no modifica la convicción de la empresa.
“El Presidente tiene su visión sobre el planeta y sobre lo que es el cambio climático, la restauración ambiental; nosotros tenemos la nuestra”, afirma.
Y remata con una definición que resume su postura: “Así como él no lo frena a nadie, nosotros tampoco, y veremos el impacto que tiene cada uno en el tiempo”.
El legado: devolverle algo a la tierra
Hay una frase que atraviesa toda la conversación y que define más que un modelo de negocios.
“Nosotros generamos recursos naturales donde la mayoría de los modelos se basan en extraer recursos naturales”, dice.
Núñez sabe que el capitalismo define las reglas actuales del juego. Y si la única forma de salvar bosques es que salvarlos sea rentable, entonces prefiere jugar ahí.
“Ojalá que los árboles no tuviesen que pagar por ser salvados. Esto lo hablamos mucho internamente. Nosotros no creamos eso ni pusimos eso ahí”, admite.
“De alguna manera nuestro trabajo y nuestro fundamento es devolver a la tierra lo que está quitando la humanidad”, sostiene. “No sé si es una mochila que nos corresponde, pero sí que asumimos”.
Y concluye con una mirada de largo plazo: “Yo creo que las generaciones futuras particularmente no nos lo van a agradecer. Hoy no sé si se siente tanto, pero estamos muy convencidos de lo que hacemos”.
