mar. Feb 24th, 2026

Economías Regionales

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: cómo cambia el mapa productivo argentino y qué regiones ganan y pierden

By Economis Redacción 2 semanas ago
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El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones, abre un nuevo escenario para la economía argentina y redefine el mapa productivo regional. El entendimiento prevé una desgravación arancelaria asimétrica y progresiva que permitirá el acceso a un mercado de casi 500 millones de habitantes, de alto poder adquisitivo y responsable de alrededor del 15% del Producto Bruto Interno mundial.

Según el análisis del economista Gerardo Alonso Schwarz, los beneficios iniciales se concentrarán en los sectores que ya exportan a la Unión Europea, mediante la reducción inmediata de aranceles sobre el comercio existente. Actualmente, ese bloque explica cerca del 10% de las exportaciones totales argentinas, con una fuerte gravitación de la región pampeana en términos de volumen y del Noroeste Argentino en participación relativa.

El acuerdo establece que la Unión Europea eliminará aranceles de manera acelerada: el 80% de las posiciones arancelarias se liberará de forma inmediata y el resto en un plazo máximo de diez años, incluyendo el 99% de la oferta agrícola. En contraste, el Mercosur contará con períodos de transición más largos, de hasta quince años, para productos sensibles como automóviles, autopartes, maquinaria y químicos, junto con mecanismos de salvaguarda para evitar daños significativos a las industrias locales.

Acuerdo UE–Mercosur: puntos centrales

  • Acceso a un mercado de casi 500 millones de habitantes.
  • Desgravación arancelaria asimétrica y progresiva.
  • 80% de los aranceles europeos se eliminan de forma inmediata.
  • Períodos de transición de hasta 15 años para sectores sensibles del Mercosur.
  • Mecanismos de salvaguarda ante aumentos bruscos de importaciones.

Más allá del impacto inmediato, el trabajo identifica dos efectos centrales en el mediano plazo: la creación y la desviación del comercio. La creación de comercio permitirá la aparición de nuevas exportaciones, favoreciendo a sectores como la carne vacuna en la región pampeana, la pesca en la Patagonia, el maní en Córdoba, el vino en Cuyo y producciones regionales como cítricos, miel y té en el Noroeste y Noreste Argentino. En paralelo, la desviación de comercio plantea riesgos para sectores industriales orientados al mercado brasileño, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y algunas economías regionales del NEA.

El análisis incorpora el caso de Chile como referencia empírica. En un contexto de apertura comercial plena con la Unión Europea, Chile logró desarrollar industrias exportadoras competitivas, demostrando que es posible convivir con proveedores europeos si se identifican nichos de mercado y se reducen costos estructurales. En ese marco, Schwarz subraya que la clave para la Argentina será aprovechar el período de transición para avanzar en reformas que reduzcan el denominado “costo argentino”.

Impacto regional del acuerdo

  • Cuyo: vinos, minería y agroexportación; principal beneficiaria.
  • NOA: cítricos, legumbres, miel y minería; desafíos ambientales y logísticos.
  • Patagonia: pesca y energía; riesgos tecnológicos en Tierra del Fuego.
  • Región Centro: mayores ganancias absolutas, pero fuerte competencia industrial.
  • NEA: alto potencial en arroz, madera, infusiones y carne; baja inserción internacional.

Un capítulo central del acuerdo es el ambiental. El cumplimiento obligatorio del Acuerdo de París y las exigencias vinculadas a la deforestación cero podrían transformarse en barreras no arancelarias para productos como carne, soja, madera y biodiesel, con especial impacto en provincias del NOA y del NEA. En particular, la posible clasificación del biodiesel argentino como producto de “alto riesgo” por cambio indirecto en el uso del suelo representa un desafío relevante para uno de los principales rubros de exportación al bloque europeo.

Desde una mirada regional, el estudio concluye que Cuyo aparece como la principal ganadora potencial, impulsada por la baja de aranceles al vino, la minería y su perfil agroexportador. Le siguen el NOA, con fuerte complementariedad productiva, y la Patagonia, beneficiada por la pesca y la energía, aunque con desafíos tecnológicos en Tierra del Fuego. La región Centro concentra los mayores volúmenes y ganancias absolutas, pero enfrenta una competencia más intensa en sectores industriales. El NEA, en tanto, muestra un alto potencial a largo plazo, condicionado a una mayor inserción internacional, certificaciones técnicas y cumplimiento de estándares ambientales.

En síntesis, el acuerdo Mercosur–Unión Europea abre oportunidades transversales para todas las regiones del país, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de modernizar la producción, mejorar la competitividad, reducir costos logísticos y adaptarse a las nuevas reglas del comercio internacional.

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La yerba mate sigue en rojo en el semáforo de economías regionales

By Economis Redacción 2 semanas ago
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La yerba mate volvió a cerrar diciembre en rojo y se consolida como una de las economías regionales más comprometidas del país. El deterioro del componente de negocio -precios que crecen muy por debajo de la inflación y costos operativos en alza- volvió a golpear la rentabilidad del productor, en un contexto de desregulación que no logró recomponer ingresos ni equilibrar la cadena.

Este desempeño explica buena parte del resultado general del Semáforo de Economías Regionales de diciembre de 2025, que registró 4 actividades en verde, 9 en amarillo y 6 en rojo, con una desmejora respecto del mes anterior. El único cambio intermensual fue el retroceso de la actividad porcina, que pasó de verde a amarillo.

En el componente de negocio, la tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $195.000, registrando una suba del 18% frente al 31,5% de inflación, Desde febrero de 2025, el precio oscila entre $280.000 y $300.000.
o Componente productivo: El área cultivada se expandió un 11%, pasando de 231 mil a 231 mil hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó 867 mil toneladas, lo que representó una caída del 12% respecto al período anterior (1 millón toneladas). Aun así, el nivel actual se ubica levemente por encima del promedio histórico (800.000 toneladas)
En el componente de mercado, el consumo interno se mantiene en torno a los 4,5 kg por habitante al año. En el comercio exterior, las exportaciones generaron ingresos por 127 millones de dólares, un incremento del 8%, mientras que las importaciones sumaron 23 millones de dólares, +6%.

Dentro del grupo de actividades en amarillo, la actividad forestal volvió a mostrar señales mixtas. En diciembre, el precio promedio de la madera creció 19% interanual, claramente por debajo de la inflación del 31,5%, lo que mantuvo presionado el componente de negocio.

En el frente externo, el sector forestal acumuló exportaciones por USD 166 millones, con una caída del 29% interanual, mientras que las importaciones crecieron 10%, alcanzando los USD 187 millones. La combinación de precios atrasados y pérdida de competitividad externa explica por qué la actividad no logra salir de una zona de estancamiento prolongado.

El tabaco fue una de las economías regionales que mostró un desempeño relativamente más sólido dentro del semáforo. El precio al productor registró una suba interanual del 34%, superando la inflación, lo que permitió una mejora en el componente de negocio.

En comercio exterior, el sector alcanzó exportaciones por USD 620 millones, con un crecimiento del 21% interanual, mientras que las importaciones se redujeron un 11%. Aun así, el tabaco permanece en amarillo, reflejando que la mejora de precios convive con desafíos estructurales en costos, financiamiento y sostenibilidad del esquema productivo.

La mandioca mostró en diciembre una mejora marcada en el precio al productor, con el kilo pagándose en torno a $660, lo que implicó una suba interanual del 182%, muy por encima de la inflación. Sin embargo, este desempeño no alcanza para consolidar una recuperación estructural del sector. Se trata de una actividad fuertemente orientada al mercado interno, con un consumo estimado de 2 kilos por habitante al año, y con escasa inserción externa. En 2025 no se registraron exportaciones relevantes y, en contraste, las importaciones crecieron 142% interanual, alcanzando USD 3,8 millones, lo que introduce presión competitiva adicional sobre una cadena productiva de baja escala, altos costos logísticos y márgenes aún frágiles.

En perspectiva histórica, el semáforo confirma una tendencia persistente: 8 de las 19 economías regionales pasaron más de la mitad de los últimos diez años en rojo. La vitivinicultura y los cítricos dulces lideran ese ranking negativo, seguidas por lechería, arroz, ovinos, peras y manzanas y papa.

Del otro lado, los complejos bovino, aviar, porcino, granos y maní lograron mayor estabilidad, permaneciendo en verde en más del 45% del período.

El balance de diciembre vuelve a dejar una señal clara: mientras algunos sectores logran amortiguar el contexto macroeconómico, la yerba mate continúa atrapada en una crisis de rentabilidad, y economías clave del NEA como la forestación y el té siguen sin encontrar un sendero de recuperación sostenida.

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Yerba sin reglas: “La desregulación no trajo libertad, trajo concentración y pobreza rural”

By Redacción Economis 3 semanas ago
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La crisis que atraviesa el sector yerbatero tiene, para Roberto Buser, un origen claro y reciente. Representante de CONINAGRO en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), el dirigente sostiene que la desregulación del mercado, profundizada desde diciembre de 2023, alteró de manera drástica el equilibrio de toda la cadena productiva y golpeó de lleno a productores y trabajadores rurales.

Buser señala que la puesta en marcha del DNU 70/2023, con la asunción del presidente Javier Milei, marcó un punto de quiebre al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus principales herramientas de intervención. Entre ellas, la facultad de regular la actividad y fijar precios de referencia para la hoja verde. Lejos de generar un mercado más eficiente, advierte, la medida produjo un impacto inmediato y negativo sobre los eslabones más débiles del sistema.

Según su análisis, en apenas tres o cuatro meses desde la vigencia del decreto, el precio que perciben los productores cayó alrededor de un 30%. Si se amplía la mirada a los últimos dos años, la situación es aún más crítica: hoy se recibe menos del 50% de lo que se cobraba por el mismo volumen de hoja verde. Esa pérdida, remarca, no se distribuyó a lo largo de toda la cadena, sino que se concentró casi exclusivamente en los productores primarios, mientras que los grandes compradores y molinos se beneficiaron pagando menos por la materia prima.

La eliminación del precio de referencia dejó al productor sin capacidad real de negociación. Antes de la desregulación, el INYM calculaba el costo de producción teniendo en cuenta salarios rurales, insumos y gastos operativos, y a partir de ese esquema establecía valores que garantizaban una rentabilidad mínima, con actualizaciones periódicas frente a la inflación. Con ese mecanismo fuera de juego, los productores quedaron obligados a aceptar los precios impuestos por los grandes actores del mercado.

Buser remarca que los más perjudicados son los pequeños y medianos productores, que en su mayoría no cuentan con secaderos propios y deben vender su producción a establecimientos privados, cooperativos o ligados a grandes empresas. Esa dependencia los coloca en una posición de extrema debilidad. La caída de los ingresos redujo de manera drástica la capacidad de afrontar los costos de producción, entre ellos la mano de obra, que representa cerca del 67% del costo total de la actividad yerbatera.

El impacto, subraya, no se limita al plano productivo. La crisis se trasladó de forma directa al empleo rural. Ante la imposibilidad de cumplir con aportes y contribuciones, muchos productores se vieron empujados a esquemas de informalidad. El resultado es una mayor vulnerabilidad para los trabajadores rurales, que quedan fuera de la registración y sin cobertura de los sistemas de protección social. En este escenario, Buser destaca el rol del RENATRE como organismo clave para garantizar derechos laborales, aunque reconoce que la caída de la registración es una consecuencia directa de la crisis económica del sector.

Para el dirigente, el proceso actual no es nuevo. La historia del sector yerbatero muestra que cada experiencia de desregulación desembocó en crisis profundas. Recuerda que en la década de 1930, frente a un escenario de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de seis décadas permitió ordenar la actividad. Sin embargo, en los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada, generando concentración del mercado y una fuerte caída de los ingresos de los productores.

En aquel período existía un mercado consignatario que fijaba precios de referencia en función de los costos de producción, lo que permitía acceder a crédito, financiar la cosecha y evitar la venta forzada a valores de remate. Con la eliminación de ese sistema, los productores quedaron nuevamente expuestos a las condiciones impuestas por los grandes compradores.

El INYM, recuerda Buser, nació como respuesta a ese fracaso. Su estructura participativa, con representación del Estado nacional, Misiones, Corrientes, trabajadores rurales, productores, secaderos y molineros, permitió durante años un equilibrio relativo entre los distintos intereses de la cadena. Vaciar al Instituto de sus funciones centrales implica, a su entender, desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores ya conocidos.

A este cuadro se suma un factor estructural que agrava la crisis. Antes de la desregulación, el INYM había detectado mediante imágenes satelitales más de 30.000 hectáreas nuevas de plantaciones que aún no habían entrado en producción. Al tratarse de un cultivo que demora entre cinco y seis años en rendir, el Instituto preveía que el ingreso simultáneo de esas hectáreas podía provocar un exceso de oferta y una caída de precios.

Para evitarlo, se regulaba la expansión de nuevas plantaciones, no para prohibir producir, sino para ordenar el crecimiento del sector. Con la liberalización total, ese control desapareció. Según Buser, quienes pudieron invertir en grandes extensiones fueron grandes capitales con capacidad financiera para esperar años sin ingresos, mientras que los pequeños productores quedaron expuestos a la caída de precios cuando esa producción comienza a volcarse al mercado.

Hoy, advierte, el mercado yerbatero muestra una alta concentración: alrededor del 80% de la comercialización está en manos de apenas cinco empresas. No se trata de un mercado competitivo, sino de un oligopsonio donde pocos compradores fijan condiciones. La baja del precio en origen no se traduce en mayor consumo —que es estable— sino en una transferencia directa de ingresos desde los productores hacia los grandes actores.

Buser también cuestiona la norma publicada en diciembre de 2025, que terminó de eliminar las últimas herramientas reglamentarias del INYM. Desde la visión oficial, esas regulaciones eran consideradas trabas. Para el sector productivo, cumplían la función de ordenar la actividad y evitar desequilibrios que hoy afectan de manera directa a productores y trabajadores.

En ese marco, el dirigente plantea que el Estado debería recuperar herramientas de regulación. No para frenar la producción ni distorsionar el mercado, sino para garantizar reglas claras y un mínimo equilibrio en la cadena. Sin planificación, sin precios de referencia y sin protección del empleo rural, concluye, la desregulación no genera libertad económica, sino concentración, exclusión y precarización.

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La Ingeniería Forestal advierte sobre una “regresión ambiental” ante los cambios propuestos a la Ley de Bosques

By Redacción Economis 3 semanas ago
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La Federación Argentina de la Ingeniería Forestal (FAIF) fijó una postura institucional crítica frente a las modificaciones propuestas a la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, al considerar que implican una regresión significativa en los niveles de protección ambiental, debilitan el control estatal y aumentan los riesgos productivos, sociales y territoriales, especialmente en materia de incendios forestales. El pronunciamiento fue difundido el 5 de febrero de 2026 y se inscribe en el debate nacional sobre el ordenamiento territorial, el uso del suelo y la sostenibilidad de los bosques nativos como activos estratégicos del desarrollo argentino.

Desde una mirada técnica y profesional, la FAIF sostuvo que los cambios en análisis comprometen la previsibilidad normativa, desalientan inversiones responsables y erosionan el rol de la Ingeniería Forestal como disciplina clave en la gestión sostenible del patrimonio forestal.

Cambios a la Ley 26.331: retroceso normativo y debilitamiento del control estatal

En su análisis, la FAIF remarcó que la Ley 26.331, sancionada en 2007, constituye una herramienta central de ordenamiento territorial de los bosques nativos, al establecer categorías de conservación que permiten compatibilizar producción, conservación y reducción de riesgos ambientales. Sin embargo, advirtió que las modificaciones propuestas desnaturalizan ese esquema.

Entre los puntos más críticos, la entidad enumeró:

  • La flexibilización o eliminación de la autorización previa para desmontes en áreas de Categoría I.
  • La habilitación del desmonte en áreas de Categoría II, en contradicción con los objetivos fundantes de la ley.
  • El debilitamiento de las Autoridades Locales de Aplicación y de los mecanismos de control y fiscalización.
  • La eliminación o vaciamiento del registro de infractores ambientales.

Según la FAIF, estas medidas reducen la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de la norma, generan incentivos directos al cambio definitivo de uso del suelo y afectan negativamente la planificación de largo plazo. “La flexibilización normativa no constituye una estrategia de desarrollo, sino un riesgo cierto para el patrimonio forestal, ambiental y social de la Argentina”, señaló el documento.

El posicionamiento se apoya en antecedentes técnicos y académicos, entre ellos los lineamientos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y aportes de organismos internacionales como la FAO, que destacan el manejo forestal sostenible como eje del desarrollo regional.

Bosques nativos, economía regional e incendios forestales

La FAIF subrayó que los bosques nativos no son áreas improductivas, sino sistemas complejos que sostienen economías regionales, regulan el ciclo hídrico, conservan suelos, albergan biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático. Desde esta perspectiva, reducir los estándares de protección ambiental compromete tanto los servicios ecosistémicos como la disponibilidad futura de materia prima para la industria foresto-industrial.

Uno de los ejes centrales del comunicado es la relación entre ordenamiento territorial e incendios forestales. La entidad afirmó que la creciente severidad de los incendios en la Argentina no puede analizarse solo desde la emergencia, sino como consecuencia de deficiencias estructurales en la planificación del uso del suelo. La fragmentación del paisaje, el avance desordenado de la frontera agropecuaria y la pérdida de continuidad de los bosques incrementan la carga de combustibles y favorecen incendios de gran magnitud.

En este sentido, la FAIF advirtió que las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 debilitan el rol preventivo del ordenamiento territorial, especialmente en regiones donde el fuego interactúa con sequías recurrentes, altas temperaturas y procesos de degradación acumulada. La desregulación, sostuvo, traslada los costos ambientales, sociales y económicos a las comunidades locales y al Estado.

Una política forestal de Estado como condición de sostenibilidad

En su posición institucional, la FAIF reclamó que cualquier revisión normativa se oriente inequívocamente a:

  • Fortalecer el Manejo Forestal Sostenible como eje del desarrollo forestal.
  • Reforzar los mecanismos de control, evaluación ambiental y fiscalización.
  • Garantizar la participación efectiva de las Autoridades Locales de Aplicación.
  • Jerarquizar el rol de los profesionales de la Ingeniería Forestal.
  • Consolidar una Política Forestal de Estado, federal, previsible y basada en la ciencia.

El documento retoma conceptos expuestos en la conferencia del Ing. Ftal. Jaime Ledesma, donde se afirmó que no existe desarrollo sostenible posible sin una política forestal de largo plazo, con sustento científico y previsibilidad normativa.

Como cierre, la FAIF reafirmó que los bosques nativos deben ser conservados y gestionados en pie, bajo criterios técnicos, científicos y sociales, y advirtió que ignorar esta base implica comprometer el futuro ambiental, productivo y social del país.

COMUNICADO_FAIF_LEY26331_V2 by CristianMilciades

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Santilli advirtió que las negociaciones por la yerba deben canalizarse por Agricultura

By Economis Redacción 3 semanas ago
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El presidente de Federación de Cooperativas de Misiones, Gustavo Hein, expuso la crítica situación del sector yerbatero durante la reunión del Consejo de Coninagro, realizada el miércoles por la noche, de la que participó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

En el encuentro, Hein tuvo a su cargo la presentación vinculada a la yerba mate, donde realizó una reseña detallada del momento que atraviesa el sector primario, con foco en las dificultades que enfrentan los productores yerbateros y las cooperativas.

Según explicó, el mercado yerbatero “es un mercado especial” que requiere reglas de juego diferentes a las del mercado general, debido a sus características propias. En ese sentido, sostuvo la necesidad de contar con instrumentos específicos que permitan equilibrar la oferta y la demanda, evitar la depresión de los precios que recibe el productor y, al mismo tiempo, garantizar que el consumidor pague un precio razonable por el producto terminado.

Hein señaló que Santilli escuchó el planteo con atención y se mostró receptivo, al tiempo que manifestó que ya estaba al tanto de la problemática, dado que había dialogado previamente sobre el tema con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

De acuerdo a lo expresado en la reunión, el funcionario nacional indicó que la cuestión deberá canalizarse a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ámbito en el cual se deberían formalizar los planteos y abrir una instancia de diálogo y negociación.

“El desafío es convencer a la Secretaría de que el sector necesita otros instrumentos para mejorar la situación del productor”, resumió Hein, al sintetizar los pasos que, a su entender, deberían seguirse tras el encuentro.

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