Economías Regionales

La rebaja del IVA a la mandioca llega al recinto: Diputados tratará la iniciativa de Herrera Ahuad

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La mandioca misionera dio un paso decisivo en el Congreso. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto que propone reducir la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la fécula de mandioca y extendió el beneficio a harinas, farináceos y una amplia gama de alimentos elaborados a partir de esta materia prima.

La iniciativa tiene como uno de sus principales impulsores al diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad y quedó formalmente incorporada a la Orden del Día Nº 210, impresa este 18 de agosto. El expediente tiene como término reglamentario del artículo 113 el próximo 27 de agosto, un paso parlamentario que deja el dictamen en condiciones de avanzar hacia su tratamiento por el pleno de la Cámara.

El dato político y económico relevante es que la Comisión de Presupuesto no solamente acompañó la propuesta, sino que unificó dos proyectos que perseguían el mismo objetivo: el expediente 2.115-D.-2026, encabezado por Herrera Ahuad, y el 3.829-D.-2026, presentado por Yamila Ruiz junto con legisladores misioneros. Después de analizarlos, la comisión resolvió dictaminarlos favorablemente mediante un único texto.

La decisión representa un avance concreto para una cadena productiva particularmente importante para Misiones y el Nordeste y, al mismo tiempo, amplía significativamente el alcance que tenía la iniciativa original.

Del almidón a toda una cadena de alimentos

El proyecto inicial proponía incorporar la fécula de mandioca, identificada en la posición 1108.14.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur, entre los productos alcanzados por la reducción prevista en el artículo 28 de la Ley de IVA.

Sin embargo, el texto que finalmente obtuvo dictamen de Presupuesto y Hacienda fue más lejos. La redacción aprobada incorpora dentro del régimen a la fécula de mandioca o yuca, pero también a la harina y fariña de mandioca, comprendidas en la posición 1106.20.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur. Además, incluye a los demás farináceos derivados de la raíz.

El alcance económico es todavía mayor: también ingresan los productos de panadería, pastelería y galletería y cualquier otro alimento elaborado total o parcialmente a base de farináceos de mandioca.

Ese cambio transforma una modificación tributaria inicialmente concentrada en la fécula en una herramienta con potencial impacto sobre diferentes eslabones de la cadena de agregado de valor.

No se trata solamente de aliviar la carga fiscal sobre el producto industrial primario obtenido de la mandioca. El texto abre la puerta para que el tratamiento impositivo reducido alcance también a las empresas que utilizan esa materia prima para producir alimentos.

En términos productivos, el diseño busca generar un incentivo que se extienda desde la industrialización de la raíz hasta las góndolas.

Para Misiones, la discusión excede la modificación puntual de una alícuota. La mandioca forma parte de las economías regionales históricas de la provincia y tiene una cadena que conecta producción primaria, cooperativas, industrias elaboradoras de fécula y alimentos y un creciente universo de productos con valor agregado.

La modificación del IVA apunta precisamente sobre ese punto: reducir la carga tributaria de una producción regional y mejorar las condiciones para industrializarla en origen, en lugar de limitar el beneficio a la venta de materia prima.

También introduce una dimensión de competitividad. La fécula de mandioca compite como insumo industrial y alimenticio dentro de mercados en los que el componente tributario puede incidir sobre el precio final. Una menor alícuota permitiría achicar esa incidencia y mejorar el posicionamiento de los productos derivados.

Qué cambia si se convierte en ley

La modificación se realiza sobre el artículo 28 de la Ley 23.349 del Impuesto al Valor Agregado. El dictamen propone incorporar como nuevo punto 10 del inciso a) del cuarto párrafo a la fécula, harina, fariña y demás farináceos de mandioca, además de los alimentos elaborados total o parcialmente con ellos.

En términos tributarios, la incorporación a ese apartado implica que estos productos quedarían alcanzados por la alícuota reducida equivalente al 50% de la tasa general del IVA. Con una tasa general del 21%, el tratamiento efectivo sería del 10,5%.

Ese es el corazón económico de la iniciativa: llevar del 21% al 10,5% la imposición sobre los productos comprendidos por la reforma.

La norma tampoco tendría efectos inmediatos desde el momento mismo de su eventual promulgación. El texto dictaminado establece que comenzará a aplicarse a los hechos imponibles perfeccionados a partir del primer día del segundo mes inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

El dictamen favorable conseguido por Herrera Ahuad y los legisladores que acompañaron la iniciativa constituye apenas una etapa del recorrido parlamentario: la reducción todavía no es ley. Deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados, posteriormente atravesar el Senado y completar el proceso de promulgación.

Pero el avance en Presupuesto y Hacienda es significativo porque la discusión dejó de ser solamente una propuesta de representantes de una provincia productora para convertirse en un dictamen formal de una de las comisiones centrales del Congreso en materia fiscal.

Para Misiones, detrás de la discusión sobre algunos puntos de IVA aparece una cuestión bastante más amplia: cuánto pesa la estructura tributaria nacional sobre las economías regionales y qué herramientas puede utilizar el Congreso para estimular que una provincia productora transforme su materia prima antes de sacarla de su territorio. La mandioca es, en ese sentido, un caso testigo.

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Encuesta CEM: el 77% considera que el rumbo económico carece de medidas para el sector pyme y las economías regionales

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La economía pyme de Misiones atraviesa una etapa de cautela que ya no puede explicarse solamente por una caída coyuntural del consumo. La Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), correspondiente a julio de 2026 y elaborada sobre las respuestas de 203 empresarios, muestra un tejido productivo que conserva actividad, pero opera con márgenes estrechos, decisiones defensivas y una percepción cada vez más crítica sobre las condiciones para invertir y contratar.

El dato que mejor sintetiza el escenario es que el 44% de los empresarios calificó como “regular” el movimiento económico de julio. Otro 21% lo consideró “malo” y un 12% “muy malo”, frente a apenas un 19% que lo definió como “bueno” y un 2% que lo ubicó en la categoría de “muy bueno”. La fotografía no muestra un colapso generalizado, pero sí una economía que todavía no consigue transformar la estabilización macroeconómica en una mejora perceptible para buena parte de las pymes.

La cautela también aparece con claridad en el mercado laboral. El 84% de los empresarios consultados aseguró que evita tomar decisiones sobre sus recursos humanos, es decir, no despide pero tampoco incorpora personal. El 11% anticipó despidos y apenas el 3% señaló que contratará. En términos económicos, el dato revela una demanda empresarial que permanece en modo defensivo: antes que expandir capacidad, las firmas priorizan conservar su estructura actual.

Las dificultades para contratar explican parte de ese comportamiento. Las cargas laborales altas fueron señaladas por el 28% de los empresarios como el principal obstáculo, seguidas por la inestabilidad económica, con 22%. El riesgo sindical concentró el 16% de las respuestas y el temor a enfrentar juicios laborales, otro 15%. La combinación plantea un problema que excede la discusión sobre el costo salarial: para las pymes, incorporar un trabajador supone asumir un conjunto de costos y riesgos que puede resultar difícil de absorber cuando la demanda todavía no ofrece señales sólidas de expansión.

La carga tributaria vuelve a aparecer como el principal factor de presión sobre las empresas. En el plano nacional, fue señalada por el 24% de los encuestados, apenas por encima del costo laboral, con 23%, mientras que la recesión alcanzó el 18%. El financiamiento representó otro 10% de las respuestas, seguido por la caída de la obra pública, con 6%, y la corrupción, con 5%.

Cuando el foco se desplaza hacia Misiones, la estructura de preocupaciones cambia poco. La carga tributaria encabeza las respuestas con 28%, mientras que las barreras arancelarias alcanzan el 23%. La corrupción aparece con un significativo 14% y la caída de la obra pública suma otro 10%. Es una combinación particularmente relevante para una provincia periférica, donde los costos logísticos y la competencia con mercados vecinos pueden tener un impacto mucho mayor sobre la rentabilidad que en los principales centros de consumo del país.

A escala municipal emerge otra dimensión de la problemática. La informalidad y la competencia desleal constituyen la principal preocupación, con 23% de las respuestas. Le siguen las tasas e impuestos internos, con 15%, y el movimiento comercial fronterizo, con 12%. Infraestructura y burocracia administrativa reúnen cada una un 10%, mientras que la corrupción alcanza el 9%.

El resultado es una suerte de “pinza” sobre la empresa misionera: presión tributaria y costos en los distintos niveles del Estado, competencia informal y fronteriza, dificultades de financiamiento y una demanda que todavía no genera suficiente confianza como para disparar nuevas inversiones.

Esa falta de confianza se observa con mayor nitidez cuando los empresarios deben proyectar los próximos seis meses. Apenas el 28% cree que Argentina crecerá, mientras el 31% considera que el país no crecerá y un 35% directamente no sabe qué ocurrirá. La percepción sobre Misiones es todavía más negativa: solo el 10% espera crecimiento provincial, mientras el 48% no lo prevé y otro 39% no logra anticipar un escenario definido.

La diferencia entre ambas expectativas resulta significativa. El empresariado misionero no solamente mantiene cautela sobre la economía nacional, sino que muestra una percepción particularmente débil sobre la capacidad de la economía provincial para generar una aceleración en el corto plazo. Es una señal que debería ser observada con atención porque las expectativas funcionan como una variable económica en sí mismas: condicionan contratación, inversión, stock y decisiones de financiamiento.

El frente de precios tampoco ofrece demasiado alivio. Más del 92% de los empresarios consultados percibió aumentos durante el período relevado. A esto se suma el deterioro en la cadena de pagos: el 31% indicó que la mora de sus clientes aumentó levemente y otro 17% señaló que lo hizo significativamente, mientras el 34% sostuvo que permaneció estable.

En ese contexto, el 77% de los empresarios considera que el rumbo económico actual es desequilibrado y que carece de medidas específicas destinadas a las pymes y las economías regionales. La conclusión no implica necesariamente un rechazo a la estabilización macroeconómica, sino una demanda por políticas que permitan que esa estabilización llegue al territorio productivo mediante menor presión de costos, financiamiento, infraestructura y condiciones competitivas.

Sin embargo, el relevamiento también encuentra una oportunidad que Misiones todavía parece aprovechar de manera limitada: el turismo como motor transversal de la economía.

Los residentes locales representan el principal grupo de clientes para las empresas consultadas, con 36% de las respuestas. Le siguen los clientes provenientes de otras localidades de Misiones, con 18%, y los de otras provincias, con 17%. Las empresas representan 15%, mientras que los clientes internacionales llegan al 8% y los organismos públicos apenas al 3%.

El turismo, por lo tanto, aparece menos como una actividad aislada y más como un mecanismo capaz de distribuir demanda sobre comercio y servicios. Los empresarios identifican como principales aportes de los visitantes el mayor movimiento económico, con 25%, el incremento del consumo en comercios, con 23%, y una mayor demanda de servicios, con 17%.

Pero allí aparece una de las paradojas más interesantes del relevamiento: el 80,7% de las empresas no se reconoce, o se reconoce muy poco, como parte de la experiencia que vive un visitante cuando llega a la región. Solo el 19,3% considera que participa parcial o plenamente de esa experiencia.

Ese dato abre una agenda concreta para la política económica provincial. Si el turismo genera consumo, movimiento y demanda de servicios, pero ocho de cada diez empresas no perciben que forman parte de la experiencia turística, existe un espacio para mejorar la integración entre visitantes y entramado pyme. La oportunidad no pasa solamente por atraer más turistas, sino por conseguir que una proporción mayor del gasto turístico se derrame sobre empresas locales.

La solución, en ese sentido, requiere pasar de una concepción del turismo como actividad sectorial a otra que lo entienda como plataforma de desarrollo para comercio, gastronomía, transporte, servicios profesionales, producción regional y experiencias vinculadas a la identidad misionera. Capacitación comercial, digitalización, articulación entre prestadores, circuitos de consumo local y mecanismos que faciliten el acceso de las pymes a la cadena turística pueden convertir parte de esa demanda en una fuente más estable de actividad.

La Encuesta CEM deja así una fotografía con luces amarillas para el comercio y señales rojas en segmentos productivos más expuestos a costos, competencia y falta de demanda. Pero también identifica dónde puede estar una salida: transformar la estabilización macroeconómica en condiciones concretas para producir, contratar e invertir, y aprovechar el turismo no solo como generador de visitantes sino como una herramienta para ampliar el mercado de las empresas misioneras.

CEM Encuesta Provincial JULIO 26 1 by CristianMilciades

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Alerta por el té: productores aseguran que el precio cayó 30% en dólares

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El semáforo de las economías regionales debería sumar otro rojo en Misiones, considera el productor Cristian Klingbeil. Además de la crisis que atraviesan la yerba mate y la mandioca, advirtió sobre el deterioro que enfrenta la actividad tealera y aseguró que el precio que recibe el productor perdió alrededor de 30% medido en dólares desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

La advertencia aparece en un momento particularmente sensible para la cadena. El precio de la próxima zafra está en discusión en el ámbito de la Comisión Provincial del Té (Coproté), mientras productores, secaderos e industria intentan encontrar un valor que permita sostener la producción frente al incremento de los costos. Para los productores, no debería ser menos de 130 pesos por kilo. 

Desde que asumió Milei, el productor perdió 30% en dólares el valor del té”, resumió Klingbeil. Y planteó que, si la actividad estuviera incluida en el relevamiento de economías regionales de Coninagro, difícilmente escaparía de la zona crítica: “El té debería estar también en ese semáforo rojo. No sé si en rojo o en violeta, pero estaría seguro dentro de ese lote de producciones”.

Según explicó, la actividad queda afuera de ese monitoreo porque no existe una entidad tealera asociada a Coninagro que aporte regularmente la información sectorial.

El reclamo por un té a $200

La discusión inmediata pasa por el precio del brote verde para la nueva campaña. Klingbeil señaló que en la última reunión de Coproté no hubo acuerdo y se resolvió pasar a un cuarto intermedio. Las negociaciones continuarán durante agosto y hacia fin de mes debería producirse una instancia decisiva.

Dentro del sector primario ya existe una referencia concreta: un grupo de productores reclama $200 por kilo de brote verde.

No me parece mal. Me parece un reclamo, un pedido y un precio lógico, porque ahí hablan de una rentabilidad que se debería recuperar y que hace años se viene perdiendo”, sostuvo.

De acuerdo con Klingbeil, distintos sectores llevaron a la mesa cálculos que ubican el costo de producción alrededor de los US$0,10 por kilo, pero esa cifra prácticamente no contempla rentabilidad.

Ahí no hay rentabilidad para nadie. Agregándole un mínimo de rentabilidad para el prestador de servicio y para el propietario de la chacra, tenés esos $200 que están pidiendo algunos sectores”, explicó.

La brecha respecto de la última campaña es considerable. Klingbeil recordó que $100 por kilo fue el mejor precio de referencia de la zafra anterior, aunque señaló que hubo secaderos que terminaron pagando incluso por debajo de ese valor.

El problema es que, mientras el precio del producto quedó rezagado, prácticamente todos los componentes de la estructura de costos continuaron subiendo.

El gasoil como termómetro 

Klingbeil utiliza una comparación sencilla para describir el deterioro del poder de compra del productor: cuántos kilos de té hacen falta para comprar un litro de gasoil.

Según sus cálculos, entre el comienzo y el final de la última zafra, el productor necesitó entre siete y ocho kilos adicionales de té para comprar el mismo litro de combustible.

El dólar está muy bajo y los costos en dólares subieron muchísimo. El dólar se mueve a paso de tortuga cuando los costos están en modo acelerado”, describió.

El combustible es apenas una parte de la ecuación. Mano de obra, energía eléctrica, fertilizantes, servicios de cosecha, transporte y costos industriales también presionan sobre una actividad esencialmente exportadora y, por lo tanto, muy condicionada por la relación entre el tipo de cambio y los costos internos.

Ahí aparece una de las principales dificultades estructurales del té misionero: la industria vende en un mercado internacional donde tiene poco margen para trasladar el incremento de los costos argentinos.

Afuera pedís precio y te ponen el precio de tu producción. Es difícil”, sintetizó Klingbeil.

El productor recordó que uno de los últimos intentos por sostener una referencia cercana a los US$0,10 por kilo de brote verde necesitó complementar el precio industrial con herramientas públicas.

Durante aquel período hubo asistencia vinculada al fertilizante y mecanismos para aliviar costos de la industria. Posteriormente, en la última campaña, Misiones instrumentó herramientas financieras y asistencia energética para amortiguar parte de la crisis.

Entre ellas, Klingbeil mencionó el financiamiento de intereses de cheques de hasta 90 días utilizados por los secaderos y aportes destinados a aliviar el costo eléctrico de la industria.

Sin embargo, sostuvo que esas herramientas no consiguieron evitar el deterioro del ingreso primario.

El precio fue de $100 en el mejor de los casos. Muchos secaderos incluso pagaron menos”, afirmó.

Con un dólar en torno de los $1.500 utilizado como referencia por el productor, esos $100 están lejos de los diez centavos de dólar que el sector había conseguido tomar como referencia anteriormente.

La diferencia ayuda a explicar el cálculo de Klingbeil sobre una pérdida cercana al 30% en dólares.

Un problema que no termina en la chacra

La advertencia tealera se conecta además con otra crisis productiva de Misiones: la forestal.

Una parte importante de los secaderos utiliza chips de madera como fuente energética, y Klingbeil alertó que la fuerte caída de actividad de los aserraderos podría generar dificultades adicionales para conseguir biomasa.

Los aserraderos no pueden trabajar, están todos parados. Algunos, si trabajan, solamente hacen chip”, describió.

La paradoja es que un subproducto que históricamente representaba un ingreso secundario para los aserraderos pasó a convertirse, en algunos establecimientos, en uno de los pocos negocios con demanda y pago relativamente rápido.

Hace años vendías el chip y no había problema si te pagaban a 120 días porque era un extra del sobrante. Hoy, en muchos aserraderos, es el único ingreso o el mejor ingreso”, señaló.

Las condiciones climáticas agregan otra dificultad. Las lluvias complican el ingreso a las plantaciones forestales y la extracción de rollos, reduciendo todavía más el abastecimiento de materia prima a los aserraderos y, por extensión, la disponibilidad de residuos para producir chips.

Para el sector tealero, el problema no es menor. Sin acceso generalizado al gas natural –reclamo que expresó el gobernador Hugo Passalacqua en la cumbre del Norte Grande-, buena parte del proceso industrial depende de fuentes alternativas de energía, por lo que cualquier encarecimiento o escasez de biomasa termina impactando sobre los costos de secado.

Una economía exportadora atrapada en costos argentinos 

El planteo de Klingbeil expone una ecuación que se repite en distintas economías regionales de Misiones: precios primarios que pierden contra los costos, industrias con dificultades para trasladar esos aumentos y productores cada vez con menor margen financiero.

En el té, esa tensión se potencia por su perfil exportador. La competitividad depende en buena medida del tipo de cambio, mientras que buena parte de los costos se ajusta a valores internos que avanzaron mucho más rápido.

Por eso, para Klingbeil, el té merece ocupar el mismo lugar de alerta que hoy tienen la yerba mate y la mandioca.

La producción es un tema nuestro, es un tema que golpea a la provincia, a miles de familias productoras y dependientes de la actividad tealera”, remarcó.

La discusión de Coproté determinará ahora cuánto de esa pérdida puede recuperar el productor en la próxima campaña. El pedido de $200 por kilo implica prácticamente duplicar la referencia de la última zafra, pero desde el sector primario sostienen que no se trata simplemente de una aspiración de mejora: es el valor que permitiría volver a incorporar una rentabilidad mínima después de años de deterioro.

La incógnita es cuánto puede absorber la industria. También enfrenta aumentos de electricidad, biomasa, combustible y salarios, mientras vende el producto en un mercado externo que no necesariamente reconoce el incremento de los costos argentinos.

En ese delicado equilibrio se definirá la próxima zafra. Y detrás de la discusión por algunos centavos de dólar aparece un problema bastante más profundo: otra de las grandes economías regionales de Misiones comienza la campaña intentando determinar no cuánto puede ganar, sino cuánto necesita cobrar para seguir produciendo.

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Valdés reclamó igualdad para el Norte: “Necesitamos gas para desarrollar nuestras industrias”

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, puso el foco en las asimetrías estructurales que condicionan el crecimiento del Norte Grande y reclamó que las inversiones nacionales en energía, gas, rutas e infraestructura logística permitan equiparar las oportunidades productivas con las regiones Centro y Sur del país.

Todos estamos de acuerdo con Vaca Muerta, con las inversiones que realiza la Nación, pero el Norte tiene que tener las mismas oportunidades de desarrollo que la zona centro y la zona sur del país”, planteó Valdés al hacer un balance de la reunión de gobernadores.

El mandatario correntino remarcó que la discusión sobre la expansión de la red de gas no está centrada únicamente en el consumo residencial. Para las provincias del Norte, explicó, se trata fundamentalmente de una cuestión de competitividad.

Nosotros, más que gas para la zona domiciliaria, lo que buscamos es gas para desarrollar nuestras industrias y para que las oportunidades también estén en el Norte del país y no solamente en la zona centro y sur”, sostuvo.

Gas para producir: el costo de una infraestructura que no llega

Valdés señaló que la falta de gas natural atraviesa buena parte de las economías regionales y afecta directamente la capacidad de competir de las industrias de Corrientes, Misiones y Chaco.

En ese punto, recordó una definición planteada durante el encuentro por el gobernador misionero Hugo Passalacqua: “Hugo le decía muy claramente: acá en Misiones no tenemos problema de gas porque, claramente, no tenemos gas”.

La misma dificultad, explicó, alcanza a Corrientes y amplias zonas chaqueñas, donde numerosas industrias todavía dependen de biomasa, madera o leña para generar energía térmica.

Mucha parte de la industria se mueve a través de la quema de diferentes tipos de maderas o leñas y eso nos hace perder mercado”, advirtió.

El gobernador utilizó como ejemplo la producción arrocera correntina. La provincia lidera la producción nacional, pero la matriz energética utilizada en determinados procesos industriales termina convirtiéndose en una barrera para acceder a mercados más exigentes.

Nosotros en Corrientes, que somos los principales productores de arroz de la Argentina, podríamos abarcar muchos más mercados, pero muchas veces, como los secaderos son a leña, el ahumado que produce la contaminación nos deja fuera de muchos mercados”, explicó.

Según Valdés, una situación similar atraviesa la cadena yerbatera. Por eso, sostuvo que las reuniones del Norte Grande permiten exhibir que detrás de los problemas particulares de cada economía regional existe un denominador común.

Lo que hacen estas reuniones en el Norte Grande es desnudar la cantidad de problemas que tienen las diferentes provincias”, afirmó.

Y enumeró: “Falta de infraestructura de gas, falta de infraestructura energética, falta de infraestructura de rutas”.

Hidrovía: Corrientes pide entre 12 y 14 pies de calado

La logística fluvial también formó parte de la agenda. Corrientes pretende avanzar, junto con Chaco, en mejores condiciones de navegabilidad sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay para reducir costos y potenciar los puertos de la región.

Lo que estamos buscando es tener planteos para que se extiendan las profundidades de los calados del troncal de la Hidrovía”, indicó Valdés.

El objetivo inmediato no pasa por alcanzar los 34 pies disponibles en otros tramos del sistema, sino por conseguir una profundidad suficiente para ampliar las posibilidades de transporte desde el Norte.

No el máximo calado, porque estamos lejos de los 34 pies, pero sí por lo menos alcanzar los 12 a 14 pies, que nos permitiría tener otro tipo de navegación, otro tipo de competencia logística”, precisó.

Para el gobernador, la discusión vuelve al mismo punto: reducir las diferencias estructurales entre regiones. “Cuando la Nación hace inversiones en determinadas zonas, que la igualdad llegue también a las provincias del Norte”, reclamó.

El Niño, la sequía y el temor a una nueva temporada de incendios

La cuestión climática fue, según reveló Valdés, el primer tema abordado por los gobernadores.

El mandatario explicó que algunas zonas continuarán expuestas a los efectos asociados al fenómeno de El Niño, mientras otras podrían atravesar períodos de sequía. Pero la preocupación de Corrientes está puesta especialmente en lo que puede venir después.

Siempre después de un Niño viene una Niña y eso significa muchas posibilidades de incendios”, señaló.

La advertencia tiene un peso particular para una provincia que atravesó temporadas de incendios de enorme impacto productivo y ambiental.

Para nosotros los incendios tienen un muy mal recuerdo, entonces hay que estar previstos y atentos a todo lo que podamos hacer”, sostuvo.

Un reclamo para convertir en ley

Valdés también destacó los avances vinculados con el reconocimiento de las zonas cálidas y muy cálidas, como contrapartida del régimen de Zona Fría, pero advirtió que los gobernadores pretenden darle estabilidad jurídica al esquema.

La intención es que el beneficio no dependa exclusivamente de decisiones administrativas o reglamentarias que puedan modificarse con cada gobierno.

Lo que vamos a buscar en este tiempo, y se lo planteamos a nuestro presidente pro tempore, Raúl Jalil, es trabajar en una ley que lo deje explícito, por asentado, y que no siempre quedemos a la buena de que hoy te reconozco, mañana no te reconozco”, señaló.

“El balance siempre es positivo”

Más allá de los reclamos, Valdés valoró la presencia del jefe de Gabinete nacional en la reunión y consideró que el diálogo directo permite trasladar a la Nación una fotografía más precisa de las restricciones que enfrenta la región.

Celebramos hoy la presencia del jefe de Gabinete en esta reunión que impulsamos nosotros, los gobernadores del Norte Grande, porque nos permite darle un conocimiento mucho mejor a la Nación de cuál es la problemática”, expresó.

Para Valdés, la fortaleza política del bloque regional radica precisamente en construir posiciones compartidas alrededor de demandas concretas.

El balance siempre es positivo, siempre que nosotros nos podamos juntar los gobernadores y entender que tenemos que ir con planteos concretos”, concluyó.

La síntesis que dejó el gobernador correntino atraviesa prácticamente toda la agenda del Norte Grande: Vaca Muerta puede transformar la matriz energética argentina, pero para que esa transformación también modifique la estructura productiva del Norte, el gas, la energía, las rutas y la logística tienen que cruzar las fronteras de las regiones que históricamente concentraron la infraestructura del país.

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Norte Grande: gas, infraestructura y zonas cálidas, la agenda que Misiones llevó a la mesa nacional

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La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande dejó en Posadas una conclusión que excede la discusión coyuntural sobre la provisión de energía: para las provincias del norte argentino, la infraestructura sigue siendo una condición determinante para competir, industrializarse y reducir las brechas de desarrollo con el centro y el sur del país. El encuentro reunió a los mandatarios regionales con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y colocó en el centro de la agenda el transporte de gas, las obras viales, la hidrovía, el impacto climático y el futuro régimen de zonas cálidas.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, planteó que la discusión energética debe incorporar las particularidades estructurales de la región. “No tenemos un metro de caño de gas, Osvaldo yo te envidio cuando decís que tenés problemas con el gas, acá no tenemos porque no hay gas. Acá funcionamos a leña”, remarcó el misionero. “El Norte Grande necesita una estrategia energética que contemple nuestra realidad y nos permita contar con el gas necesario para seguir creciendo, fortaleciendo nuestra industria y reduciendo las asimetrías de la región”, sostuvo.

La definición tiene una particularidad para Misiones: la provincia no enfrenta simplemente un problema de abastecimiento insuficiente, sino que carece de acceso a la red de gas natural. Esa diferencia explica por qué el reclamo regional apunta a una política de infraestructura de largo plazo y no únicamente a resolver eventuales restricciones durante los meses de mayor demanda.

Santilli aseguró que el Gobierno nacional tomó nota de los planteos y vinculó la discusión con las obras destinadas a recuperar capacidad de transporte. Según explicó, la reversión del Gasoducto Norte ya fue concluida y ahora resta avanzar con obras de compresión y otros trabajos necesarios para incrementar el flujo. El funcionario también señaló que el cambio en el suministro proveniente de Bolivia obligó a modificar la arquitectura del abastecimiento y a fortalecer el transporte desde Vaca Muerta hacia el norte.

La cuestión adquiere una dimensión productiva cuando se observa cómo la falta de gas condiciona a las economías regionales. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, fue explícito al señalar que el objetivo no es solamente garantizar el consumo domiciliario, sino disponer de energía suficiente para transformar la matriz productiva. En su diagnóstico, Corrientes y Misiones comparten con sectores de Chaco una desventaja estructural frente a las zonas que sí cuentan con infraestructura gasífera.

El caso correntino permite dimensionar el costo económico de esa brecha. Valdés señaló que parte de la industria arrocera utiliza leña en sus procesos de secado y que el humo generado puede convertirse en una barrera para acceder a determinados mercados. La discusión, por lo tanto, no se reduce al precio de la energía: involucra calidad, competitividad, estándares ambientales y capacidad exportadora.

El mismo razonamiento alcanza a la yerba mate y a otras actividades industriales del Norte Grande. Cuando una provincia carece de infraestructura energética competitiva, una parte del costo de producir se traslada directamente a las empresas. En mercados internacionales donde los compradores pueden sustituir proveedores con rapidez, perder competitividad puede significar perder mercados que después requieren años para recuperarse.

Tucumán llevó a la Asamblea una advertencia similar. Osvaldo Jaldo explicó que las restricciones en el suministro de gas afectan actividades estratégicas como la industria citrícola y la producción sucroalcoholera. En conjunto, según planteó, esos sectores representan cerca de 100.000 puestos de trabajo en la provincia. El dato expone el vínculo entre infraestructura y empleo: una interrupción energética para una industria de escala regional no es solamente un problema operativo, sino un riesgo directo sobre la actividad económica y los ingresos de miles de familias.

Jaldo también marcó una transformación en el mapa energético argentino. Durante los años en que el gas proveniente de Bolivia ingresaba por el norte, las provincias de esa región ocupaban una posición privilegiada dentro del esquema de distribución. Con el desplazamiento hacia el gas producido en Vaca Muerta, el flujo se reorganizó desde el sur hacia el norte y dejó a varias provincias ante la necesidad de adaptar su infraestructura para recibir el nuevo suministro.

En ese punto aparece uno de los principales desafíos de la política energética nacional: Vaca Muerta puede ampliar de manera sustancial la disponibilidad de gas argentino, pero el recurso no genera por sí mismo desarrollo territorial si no existe una red capaz de transportarlo hacia los centros industriales y productivos. La infraestructura es el puente entre la abundancia del recurso y su transformación en inversión, empleo y competitividad.

La discusión sobre las llamadas zonas cálidas incorpora otra dimensión de la misma asimetría. Mientras el Congreso avanza con el proyecto de Zonas Frías, los gobernadores del Norte Grande buscan que el esquema de beneficios energéticos contemple también las regiones sometidas a temperaturas extremas durante el verano. El planteo consiste en evitar que el reconocimiento de las condiciones climáticas dependa de decisiones administrativas cambiantes y avanzar hacia un marco legal que otorgue previsibilidad.

Valdés sostuvo que los gobernadores quieren trabajar durante este período en una ley que deje expresamente establecido el tratamiento para las provincias cálidas y muy cálidas. El objetivo político es convertir un reclamo recurrente en una política pública permanente, con criterios objetivos y previsibles.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y presidente pro tempore del Norte Grande, confirmó que habrá una nueva reunión de trabajo con el Gobierno nacional para abordar la cuestión energética. La expectativa es que el debate por zonas frías y cálidas pueda avanzar en paralelo con las obras de infraestructura necesarias para ampliar la disponibilidad de gas y electricidad.

La agenda energética no fue el único frente de infraestructura discutido en Posadas. Los gobernadores también plantearon la necesidad de mejorar las rutas nacionales y profundizar la capacidad navegable de la hidrovía Paraná-Paraguay. Para Corrientes, Valdés puso el foco en llevar el calado del troncal a un rango de entre 12 y 14 pies, una mejora que permitiría ampliar las alternativas de navegación, reducir costos logísticos y generar mayor competencia entre puertos.

La lógica detrás de ese reclamo es similar a la energética. Una infraestructura insuficiente aumenta el costo de colocar producción en los mercados y termina funcionando como un impuesto implícito sobre las economías regionales. En provincias alejadas de los grandes centros de consumo y exportación, cada restricción logística tiene un impacto proporcionalmente mayor.

El componente climático agregó una urgencia adicional a la agenda. Corrientes planteó la necesidad de anticiparse a las consecuencias de la transición entre los fenómenos de El Niño y La Niña, especialmente por el riesgo de sequías e incendios. La experiencia reciente de la región convirtió la prevención en una cuestión económica además de ambiental: incendios, sequías y eventos extremos afectan producción, infraestructura, empleo y finanzas provinciales.

En ese contexto, la presencia de Santilli fue leída por los gobernadores como una oportunidad para transformar reclamos dispersos en una agenda institucional común. El jefe de Gabinete evitó involucrarse en la política interna de las provincias y sostuvo que el camino debe ser el trabajo conjunto entre Nación y gobernadores, incluso cuando existan diferencias políticas.

La definición tuvo especial eco en Jaldo, quien reivindicó el diálogo institucional con un Gobierno nacional de signo político diferente al suyo. El tucumano sostuvo que los gobernadores deben representar a todos los habitantes de sus provincias y que el Presidente, elegido democráticamente, representa al conjunto de los argentinos. Para el mandatario, la discusión sobre infraestructura requiere superar la lógica de la confrontación política y concentrarse en aquellos puntos donde existe coincidencia.

Esa postura también revela el nuevo escenario de negociación entre Nación y provincias. Los gobernadores buscan recuperar capacidad de incidencia sobre políticas que impactan directamente en sus economías, mientras el Gobierno nacional necesita ordenar prioridades fiscales y de infraestructura. El desafío consiste en transformar esa tensión en acuerdos que permitan ejecutar obras con impacto productivo y no solamente atender emergencias.

Jalil resumió esa perspectiva al destacar que una parte importante de los reclamos planteados en reuniones anteriores está avanzando y que el diálogo permitió destrabar distintos temas. También anticipó avances en una nueva legislación vinculada al cabotaje y una agenda de trabajo con Cancillería para fortalecer la denominada Marca Norte Grande.

Para Misiones, sin embargo, el punto estructural continúa siendo el acceso a la energía. La provincia puede reclamar reducción de asimetrías, pero la discusión adquiere otra profundidad cuando se considera que el gas natural todavía no forma parte de su infraestructura básica. En ese escenario, la incorporación al sistema de transporte de gas no debería pensarse únicamente como una obra energética, sino como una plataforma para atraer inversiones, sustituir combustibles más costosos, mejorar procesos industriales y ampliar mercados.

El resultado de la Asamblea, por eso, puede medirse menos por la cantidad de compromisos anunciados que por la capacidad de convertir una agenda regional en decisiones concretas. La solución para el Norte Grande no pasa por una transferencia permanente de recursos para compensar desventajas, sino por construir las condiciones de infraestructura que permitan que las provincias produzcan en igualdad de condiciones.

La discusión sobre gas, rutas, hidrovía, electricidad y clima converge finalmente en una misma pregunta: qué infraestructura necesita la Argentina para que el crecimiento de Vaca Muerta, la producción agroindustrial y las economías regionales no queden concentrados territorialmente. La respuesta, para el Norte Grande, pasa por conectar recursos con mercados y convertir esa conexión en competitividad. En Posadas, los gobernadores volvieron a poner esa ecuación sobre la mesa; ahora el desafío es convertir el diagnóstico en obras y reglas que sobrevivan al próximo ciclo político.

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