Economías Regionales

La yerba mate sigue en rojo en el semáforo de economías regionales

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La yerba mate volvió a cerrar diciembre en rojo y se consolida como una de las economías regionales más comprometidas del país. El deterioro del componente de negocio -precios que crecen muy por debajo de la inflación y costos operativos en alza- volvió a golpear la rentabilidad del productor, en un contexto de desregulación que no logró recomponer ingresos ni equilibrar la cadena.

Este desempeño explica buena parte del resultado general del Semáforo de Economías Regionales de diciembre de 2025, que registró 4 actividades en verde, 9 en amarillo y 6 en rojo, con una desmejora respecto del mes anterior. El único cambio intermensual fue el retroceso de la actividad porcina, que pasó de verde a amarillo.

En el componente de negocio, la tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $195.000, registrando una suba del 18% frente al 31,5% de inflación, Desde febrero de 2025, el precio oscila entre $280.000 y $300.000.
o Componente productivo: El área cultivada se expandió un 11%, pasando de 231 mil a 231 mil hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó 867 mil toneladas, lo que representó una caída del 12% respecto al período anterior (1 millón toneladas). Aun así, el nivel actual se ubica levemente por encima del promedio histórico (800.000 toneladas)
En el componente de mercado, el consumo interno se mantiene en torno a los 4,5 kg por habitante al año. En el comercio exterior, las exportaciones generaron ingresos por 127 millones de dólares, un incremento del 8%, mientras que las importaciones sumaron 23 millones de dólares, +6%.

Dentro del grupo de actividades en amarillo, la actividad forestal volvió a mostrar señales mixtas. En diciembre, el precio promedio de la madera creció 19% interanual, claramente por debajo de la inflación del 31,5%, lo que mantuvo presionado el componente de negocio.

En el frente externo, el sector forestal acumuló exportaciones por USD 166 millones, con una caída del 29% interanual, mientras que las importaciones crecieron 10%, alcanzando los USD 187 millones. La combinación de precios atrasados y pérdida de competitividad externa explica por qué la actividad no logra salir de una zona de estancamiento prolongado.

El tabaco fue una de las economías regionales que mostró un desempeño relativamente más sólido dentro del semáforo. El precio al productor registró una suba interanual del 34%, superando la inflación, lo que permitió una mejora en el componente de negocio.

En comercio exterior, el sector alcanzó exportaciones por USD 620 millones, con un crecimiento del 21% interanual, mientras que las importaciones se redujeron un 11%. Aun así, el tabaco permanece en amarillo, reflejando que la mejora de precios convive con desafíos estructurales en costos, financiamiento y sostenibilidad del esquema productivo.

La mandioca mostró en diciembre una mejora marcada en el precio al productor, con el kilo pagándose en torno a $660, lo que implicó una suba interanual del 182%, muy por encima de la inflación. Sin embargo, este desempeño no alcanza para consolidar una recuperación estructural del sector. Se trata de una actividad fuertemente orientada al mercado interno, con un consumo estimado de 2 kilos por habitante al año, y con escasa inserción externa. En 2025 no se registraron exportaciones relevantes y, en contraste, las importaciones crecieron 142% interanual, alcanzando USD 3,8 millones, lo que introduce presión competitiva adicional sobre una cadena productiva de baja escala, altos costos logísticos y márgenes aún frágiles.

En perspectiva histórica, el semáforo confirma una tendencia persistente: 8 de las 19 economías regionales pasaron más de la mitad de los últimos diez años en rojo. La vitivinicultura y los cítricos dulces lideran ese ranking negativo, seguidas por lechería, arroz, ovinos, peras y manzanas y papa.

Del otro lado, los complejos bovino, aviar, porcino, granos y maní lograron mayor estabilidad, permaneciendo en verde en más del 45% del período.

El balance de diciembre vuelve a dejar una señal clara: mientras algunos sectores logran amortiguar el contexto macroeconómico, la yerba mate continúa atrapada en una crisis de rentabilidad, y economías clave del NEA como la forestación y el té siguen sin encontrar un sendero de recuperación sostenida.

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Yerba sin reglas: “La desregulación no trajo libertad, trajo concentración y pobreza rural”

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La crisis que atraviesa el sector yerbatero tiene, para Roberto Buser, un origen claro y reciente. Representante de CONINAGRO en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), el dirigente sostiene que la desregulación del mercado, profundizada desde diciembre de 2023, alteró de manera drástica el equilibrio de toda la cadena productiva y golpeó de lleno a productores y trabajadores rurales.

Buser señala que la puesta en marcha del DNU 70/2023, con la asunción del presidente Javier Milei, marcó un punto de quiebre al quitarle al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sus principales herramientas de intervención. Entre ellas, la facultad de regular la actividad y fijar precios de referencia para la hoja verde. Lejos de generar un mercado más eficiente, advierte, la medida produjo un impacto inmediato y negativo sobre los eslabones más débiles del sistema.

Según su análisis, en apenas tres o cuatro meses desde la vigencia del decreto, el precio que perciben los productores cayó alrededor de un 30%. Si se amplía la mirada a los últimos dos años, la situación es aún más crítica: hoy se recibe menos del 50% de lo que se cobraba por el mismo volumen de hoja verde. Esa pérdida, remarca, no se distribuyó a lo largo de toda la cadena, sino que se concentró casi exclusivamente en los productores primarios, mientras que los grandes compradores y molinos se beneficiaron pagando menos por la materia prima.

La eliminación del precio de referencia dejó al productor sin capacidad real de negociación. Antes de la desregulación, el INYM calculaba el costo de producción teniendo en cuenta salarios rurales, insumos y gastos operativos, y a partir de ese esquema establecía valores que garantizaban una rentabilidad mínima, con actualizaciones periódicas frente a la inflación. Con ese mecanismo fuera de juego, los productores quedaron obligados a aceptar los precios impuestos por los grandes actores del mercado.

Buser remarca que los más perjudicados son los pequeños y medianos productores, que en su mayoría no cuentan con secaderos propios y deben vender su producción a establecimientos privados, cooperativos o ligados a grandes empresas. Esa dependencia los coloca en una posición de extrema debilidad. La caída de los ingresos redujo de manera drástica la capacidad de afrontar los costos de producción, entre ellos la mano de obra, que representa cerca del 67% del costo total de la actividad yerbatera.

El impacto, subraya, no se limita al plano productivo. La crisis se trasladó de forma directa al empleo rural. Ante la imposibilidad de cumplir con aportes y contribuciones, muchos productores se vieron empujados a esquemas de informalidad. El resultado es una mayor vulnerabilidad para los trabajadores rurales, que quedan fuera de la registración y sin cobertura de los sistemas de protección social. En este escenario, Buser destaca el rol del RENATRE como organismo clave para garantizar derechos laborales, aunque reconoce que la caída de la registración es una consecuencia directa de la crisis económica del sector.

Para el dirigente, el proceso actual no es nuevo. La historia del sector yerbatero muestra que cada experiencia de desregulación desembocó en crisis profundas. Recuerda que en la década de 1930, frente a un escenario de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de seis décadas permitió ordenar la actividad. Sin embargo, en los años noventa, durante el gobierno de Carlos Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada, generando concentración del mercado y una fuerte caída de los ingresos de los productores.

En aquel período existía un mercado consignatario que fijaba precios de referencia en función de los costos de producción, lo que permitía acceder a crédito, financiar la cosecha y evitar la venta forzada a valores de remate. Con la eliminación de ese sistema, los productores quedaron nuevamente expuestos a las condiciones impuestas por los grandes compradores.

El INYM, recuerda Buser, nació como respuesta a ese fracaso. Su estructura participativa, con representación del Estado nacional, Misiones, Corrientes, trabajadores rurales, productores, secaderos y molineros, permitió durante años un equilibrio relativo entre los distintos intereses de la cadena. Vaciar al Instituto de sus funciones centrales implica, a su entender, desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores ya conocidos.

A este cuadro se suma un factor estructural que agrava la crisis. Antes de la desregulación, el INYM había detectado mediante imágenes satelitales más de 30.000 hectáreas nuevas de plantaciones que aún no habían entrado en producción. Al tratarse de un cultivo que demora entre cinco y seis años en rendir, el Instituto preveía que el ingreso simultáneo de esas hectáreas podía provocar un exceso de oferta y una caída de precios.

Para evitarlo, se regulaba la expansión de nuevas plantaciones, no para prohibir producir, sino para ordenar el crecimiento del sector. Con la liberalización total, ese control desapareció. Según Buser, quienes pudieron invertir en grandes extensiones fueron grandes capitales con capacidad financiera para esperar años sin ingresos, mientras que los pequeños productores quedaron expuestos a la caída de precios cuando esa producción comienza a volcarse al mercado.

Hoy, advierte, el mercado yerbatero muestra una alta concentración: alrededor del 80% de la comercialización está en manos de apenas cinco empresas. No se trata de un mercado competitivo, sino de un oligopsonio donde pocos compradores fijan condiciones. La baja del precio en origen no se traduce en mayor consumo —que es estable— sino en una transferencia directa de ingresos desde los productores hacia los grandes actores.

Buser también cuestiona la norma publicada en diciembre de 2025, que terminó de eliminar las últimas herramientas reglamentarias del INYM. Desde la visión oficial, esas regulaciones eran consideradas trabas. Para el sector productivo, cumplían la función de ordenar la actividad y evitar desequilibrios que hoy afectan de manera directa a productores y trabajadores.

En ese marco, el dirigente plantea que el Estado debería recuperar herramientas de regulación. No para frenar la producción ni distorsionar el mercado, sino para garantizar reglas claras y un mínimo equilibrio en la cadena. Sin planificación, sin precios de referencia y sin protección del empleo rural, concluye, la desregulación no genera libertad económica, sino concentración, exclusión y precarización.

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La Ingeniería Forestal advierte sobre una “regresión ambiental” ante los cambios propuestos a la Ley de Bosques

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La Federación Argentina de la Ingeniería Forestal (FAIF) fijó una postura institucional crítica frente a las modificaciones propuestas a la Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, al considerar que implican una regresión significativa en los niveles de protección ambiental, debilitan el control estatal y aumentan los riesgos productivos, sociales y territoriales, especialmente en materia de incendios forestales. El pronunciamiento fue difundido el 5 de febrero de 2026 y se inscribe en el debate nacional sobre el ordenamiento territorial, el uso del suelo y la sostenibilidad de los bosques nativos como activos estratégicos del desarrollo argentino.

Desde una mirada técnica y profesional, la FAIF sostuvo que los cambios en análisis comprometen la previsibilidad normativa, desalientan inversiones responsables y erosionan el rol de la Ingeniería Forestal como disciplina clave en la gestión sostenible del patrimonio forestal.

Cambios a la Ley 26.331: retroceso normativo y debilitamiento del control estatal

En su análisis, la FAIF remarcó que la Ley 26.331, sancionada en 2007, constituye una herramienta central de ordenamiento territorial de los bosques nativos, al establecer categorías de conservación que permiten compatibilizar producción, conservación y reducción de riesgos ambientales. Sin embargo, advirtió que las modificaciones propuestas desnaturalizan ese esquema.

Entre los puntos más críticos, la entidad enumeró:

  • La flexibilización o eliminación de la autorización previa para desmontes en áreas de Categoría I.
  • La habilitación del desmonte en áreas de Categoría II, en contradicción con los objetivos fundantes de la ley.
  • El debilitamiento de las Autoridades Locales de Aplicación y de los mecanismos de control y fiscalización.
  • La eliminación o vaciamiento del registro de infractores ambientales.

Según la FAIF, estas medidas reducen la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de la norma, generan incentivos directos al cambio definitivo de uso del suelo y afectan negativamente la planificación de largo plazo. “La flexibilización normativa no constituye una estrategia de desarrollo, sino un riesgo cierto para el patrimonio forestal, ambiental y social de la Argentina”, señaló el documento.

El posicionamiento se apoya en antecedentes técnicos y académicos, entre ellos los lineamientos del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y aportes de organismos internacionales como la FAO, que destacan el manejo forestal sostenible como eje del desarrollo regional.

Bosques nativos, economía regional e incendios forestales

La FAIF subrayó que los bosques nativos no son áreas improductivas, sino sistemas complejos que sostienen economías regionales, regulan el ciclo hídrico, conservan suelos, albergan biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático. Desde esta perspectiva, reducir los estándares de protección ambiental compromete tanto los servicios ecosistémicos como la disponibilidad futura de materia prima para la industria foresto-industrial.

Uno de los ejes centrales del comunicado es la relación entre ordenamiento territorial e incendios forestales. La entidad afirmó que la creciente severidad de los incendios en la Argentina no puede analizarse solo desde la emergencia, sino como consecuencia de deficiencias estructurales en la planificación del uso del suelo. La fragmentación del paisaje, el avance desordenado de la frontera agropecuaria y la pérdida de continuidad de los bosques incrementan la carga de combustibles y favorecen incendios de gran magnitud.

En este sentido, la FAIF advirtió que las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 debilitan el rol preventivo del ordenamiento territorial, especialmente en regiones donde el fuego interactúa con sequías recurrentes, altas temperaturas y procesos de degradación acumulada. La desregulación, sostuvo, traslada los costos ambientales, sociales y económicos a las comunidades locales y al Estado.

Una política forestal de Estado como condición de sostenibilidad

En su posición institucional, la FAIF reclamó que cualquier revisión normativa se oriente inequívocamente a:

  • Fortalecer el Manejo Forestal Sostenible como eje del desarrollo forestal.
  • Reforzar los mecanismos de control, evaluación ambiental y fiscalización.
  • Garantizar la participación efectiva de las Autoridades Locales de Aplicación.
  • Jerarquizar el rol de los profesionales de la Ingeniería Forestal.
  • Consolidar una Política Forestal de Estado, federal, previsible y basada en la ciencia.

El documento retoma conceptos expuestos en la conferencia del Ing. Ftal. Jaime Ledesma, donde se afirmó que no existe desarrollo sostenible posible sin una política forestal de largo plazo, con sustento científico y previsibilidad normativa.

Como cierre, la FAIF reafirmó que los bosques nativos deben ser conservados y gestionados en pie, bajo criterios técnicos, científicos y sociales, y advirtió que ignorar esta base implica comprometer el futuro ambiental, productivo y social del país.

COMUNICADO_FAIF_LEY26331_V2 by CristianMilciades

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Santilli advirtió que las negociaciones por la yerba deben canalizarse por Agricultura

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El presidente de Federación de Cooperativas de Misiones, Gustavo Hein, expuso la crítica situación del sector yerbatero durante la reunión del Consejo de Coninagro, realizada el miércoles por la noche, de la que participó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

En el encuentro, Hein tuvo a su cargo la presentación vinculada a la yerba mate, donde realizó una reseña detallada del momento que atraviesa el sector primario, con foco en las dificultades que enfrentan los productores yerbateros y las cooperativas.

Según explicó, el mercado yerbatero “es un mercado especial” que requiere reglas de juego diferentes a las del mercado general, debido a sus características propias. En ese sentido, sostuvo la necesidad de contar con instrumentos específicos que permitan equilibrar la oferta y la demanda, evitar la depresión de los precios que recibe el productor y, al mismo tiempo, garantizar que el consumidor pague un precio razonable por el producto terminado.

Hein señaló que Santilli escuchó el planteo con atención y se mostró receptivo, al tiempo que manifestó que ya estaba al tanto de la problemática, dado que había dialogado previamente sobre el tema con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

De acuerdo a lo expresado en la reunión, el funcionario nacional indicó que la cuestión deberá canalizarse a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ámbito en el cual se deberían formalizar los planteos y abrir una instancia de diálogo y negociación.

“El desafío es convencer a la Secretaría de que el sector necesita otros instrumentos para mejorar la situación del productor”, resumió Hein, al sintetizar los pasos que, a su entender, deberían seguirse tras el encuentro.

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La crisis nacional empuja a productores misioneros a vender sus chacras y crece el interés desde Europa

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El mercado de venta de chacras y lotes productivos en Misiones muestra un crecimiento sostenido desde 2024, en un contexto marcado por la baja rentabilidad del sector, el aumento persistente de los costos y el impacto de políticas económicas nacionales que golpean de lleno a las economías regionales. La desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dispuesta por el Gobierno nacional, profundizó la incertidumbre en el sector yerbatero y aceleró un proceso que ya venía gestándose: la decisión de muchos productores de desprenderse de sus tierras como estrategia de salida frente a un escenario cada vez más adverso.

Rafael Oliveira, responsable del equipo de Tercios en Misiones, confirmó en una entrevista radial que el fenómeno comenzó a hacerse visible el año pasado y que la tendencia podría intensificarse en el corto y mediano plazo.
“A partir de 2024 empezó. Creemos que este año va a seguir en aumento y el próximo capaz también”, señaló, al referirse al crecimiento sostenido de chacras en oferta en distintos puntos de la provincia.

Según explicó, la decisión de vender no está asociada a una región específica, sino a un problema estructural de rentabilidad.
“No es un tema de zona, sino de que no les alcanza. Los que tienen baja productividad por hectárea son los que quieren vender”, indicó.
No obstante, precisó que existe una mayor demanda por chacras ubicadas sobre las rutas nacionales 12 y 14, aunque el impacto del proceso se percibe de manera generalizada en todo el territorio misionero.

Entre quienes optan por desprenderse de sus tierras predominan los productores vinculados a la actividad tealera y yerbatera, dos cadenas productivas especialmente afectadas por la coyuntura económica. Oliveira remarcó que el té es actualmente el cultivo más comprometido, con márgenes prácticamente inexistentes.
“El té prácticamente no le da nada de ganancia, es muy poquito”, afirmó.

En el caso de la yerba mate, explicó que todavía permite sostener la actividad, aunque resulta insuficiente cuando los rendimientos por hectárea son bajos, una situación frecuente entre pequeños y medianos productores.

El referente empresarial describió este escenario como parte de una lógica habitual del mercado productivo.
“Es algo normal en cualquier negocio. Si no te da un rendimiento adecuado, tratás de vender o cambiar de ámbito. Los costos suben y no les dan el margen de ganancia que necesitan o que esperan”, expresó.

Del lado de la demanda, Oliveira indicó que los principales interesados en adquirir chacras son productores agropecuarios e inversores que buscan iniciar o ampliar actividades productivas. Se destaca un fuerte interés desde otras provincias, principalmente Buenos Aires y Córdoba, donde inversores apuntan a diversificar capital en producciones regionales típicas de Misiones, en muchos casos con la intención de continuar los cultivos existentes.

A este escenario se suma un interés incipiente desde el exterior, con consultas provenientes de países europeos como Alemania y Suiza. Si bien hasta el momento no se concretaron operaciones con compradores extranjeros, el dato marca un cambio en el radar de inversión sobre el agro misionero.

El aumento de chacras en venta refleja así una transformación profunda en la dinámica productiva provincial: una crisis que empuja a numerosos productores a abandonar la actividad y, al mismo tiempo, la aparición de nuevos actores que observan en Misiones un territorio con potencial de desarrollo a futuro.

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