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El consumo de los hogares volvió a crecer en mayo, según la CAC

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El consumo de los hogares mostró una nueva señal de recuperación en mayo, impulsado por una inflación más moderada y una mejora gradual del poder adquisitivo. Según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el Indicador de Consumo (IC) creció 0,9% en comparación con igual mes del año pasado y avanzó 0,7% frente a abril en términos desestacionalizados, consolidando el rebote observado durante el último bimestre.

El dato marca un cambio de tendencia luego de un primer trimestre con variaciones interanuales negativas, aunque el ritmo de expansión continúa siendo moderado y todavía insuficiente para recuperar plenamente los niveles de consumo registrados antes del deterioro económico de 2024. De hecho, la CAC remarcó que la serie permanece por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

La mejora se produce en un contexto de desaceleración de la inflación. En mayo, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual de 2,1%, el menor incremento desde septiembre de 2025, aunque la inflación interanual todavía se ubicó en 33,2%, un nivel que continúa condicionando las decisiones de gasto de los hogares.

Para la entidad empresaria, la menor presión inflacionaria comenzó a traducirse en una recuperación parcial del ingreso disponible. Ese fenómeno permitió que, por segundo mes consecutivo, los ingresos familiares exhibieran una mejora interanual frente a un período de 2025 que ya había mostrado cierta recomposición tras el fuerte ajuste de 2024.

Sin embargo, la continuidad de esa recuperación dependerá en gran medida de la evolución de los precios durante los próximos meses. La CAC advierte que la estabilidad inflacionaria será determinante para consolidar un mayor poder de compra y sostener el crecimiento del consumo interno.

El comportamiento de los distintos rubros continúa mostrando una recuperación heterogénea. Vivienda, alquileres y servicios públicos fue uno de los principales motores del indicador, con un crecimiento estimado de 7,4% interanual, explicado principalmente por el mayor consumo de servicios públicos. Este segmento aportó 1,3 puntos porcentuales al crecimiento general del índice.

También contribuyó positivamente el conjunto del resto de bienes y servicios, que avanzó 2,7% interanual y explicó otros 1,5 puntos porcentuales del resultado general. Según el informe, este grupo de actividades ya opera en niveles levemente superiores a los observados antes de la pandemia, tomando como referencia mayo de 2019.

En contraste, algunos sectores continúan mostrando debilidad. El rubro de indumentaria y calzado retrocedió 1,7% interanual, mientras que transporte y vehículos registró una caída de 7,7%, afectado por una menor cantidad de patentamientos de automóviles respecto de un año atrás, cuando las ventas habían alcanzado niveles elevados.

La actividad vinculada a recreación y cultura también presentó un retroceso significativo del 10,1% interanual. En este caso, la CAC explicó que la comparación se realiza contra una base muy alta, ya que durante mayo de 2025 el sector había experimentado un crecimiento excepcional de más del 35%.

El informe también vuelve a mostrar una relación cada vez menos lineal entre consumo y actividad económica. Mientras el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en marzo —último dato disponible— una expansión interanual del 5,5%, el Indicador de Consumo había mostrado ese mismo mes una caída del 2,6%, evidenciando que la recuperación macroeconómica no necesariamente se traslada con la misma intensidad al consumo de las familias.

Para provincias como Misiones, donde el comercio representa uno de los principales motores de la actividad económica, estos datos reflejan una recuperación todavía frágil. Si bien la desaceleración inflacionaria comienza a aliviar el presupuesto de los hogares, el consumo continúa condicionado por la evolución del empleo, los salarios reales y el acceso al crédito, variables que definirán si el repunte observado durante el segundo trimestre logra consolidarse en la segunda mitad del año.

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Tragedia silenciosa en Argentina: hay más suicidios que muertes por crimen y accidentes

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Mientras la inseguridad, el narcotráfico y los accidentes de tránsito ocupan gran parte del debate público, otra tragedia avanza con una persistencia mucho más silenciosa y devastadora. Por primera vez en muchos años, el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta en Argentina, revelando una crisis social y sanitaria que permanece parcialmente invisibilizada.

Los datos oficiales correspondientes a 2025 muestran una realidad inquietante: se registraron 5.209 suicidios en todo el país, una cifra que supera ampliamente los aproximadamente 3.500 fallecidos en accidentes de tránsito y los 1.600 homicidios dolosos contabilizados durante el mismo período. La estadística equivale a una media de 14 personas por día que decidieron quitarse la vida.

Más allá del impacto numérico, el dato refleja un cambio estructural en el perfil de la violencia letal en Argentina. El principal riesgo ya no proviene de la delincuencia o de los siniestros viales, sino de una problemática vinculada a la salud mental, la fragilidad de los vínculos sociales y la capacidad del sistema para detectar y contener situaciones de sufrimiento extremo.

La tendencia no es nueva, pero sí se aceleró con fuerza. Según los registros oficiales, la tasa nacional de suicidios pasó de 7,8 casos cada 100.000 habitantes en 2020 a 11,8 en 2025. En apenas cinco años, el crecimiento fue superior al 50%, una magnitud que preocupa a especialistas, autoridades sanitarias y organizaciones dedicadas a la prevención.

En Misiones durante el 2025 se  atendieron más de 1.300 situaciones vinculadas al suicidio, de los cuales más del 56%  fueron intentos y poco más de 12% fueron suicidios. Misiones tiene una tasa del 11,5% por cada 100 mil habitantes de suicidios consumados, siendo la mayor incidencia en los grupos de 20 a 24 años, de los cuales el 81% son  hombres. Según los datos oficiales, en los últimos dos años se registraron 180 casos, lo que implica que cada dos días un misionero se suicida.

La evolución de la última década muestra que no se trata de un fenómeno coyuntural. Los suicidios vienen aumentando de manera sostenida y en 2025 registraron un salto particularmente significativo: un incremento interanual del 22,6% respecto de los 4.249 casos reportados en 2024.

Una problemática federal, pero desigual

La distribución geográfica del fenómeno revela fuertes contrastes territoriales. Provincias como Entre Ríos, San Luis, Salta, Santa Cruz y Catamarca exhiben tasas considerablemente superiores al promedio nacional, lo que pone de manifiesto que las condiciones sociales, económicas, culturales y sanitarias influyen de manera diferente según cada región.

Los especialistas coinciden en que no existe una única explicación para el incremento. El suicidio es un fenómeno multicausal donde convergen factores psicológicos, familiares, económicos y comunitarios.

Entre las variables más recurrentes aparecen los trastornos depresivos, la ansiedad, las situaciones de violencia doméstica, las adicciones, el aislamiento social, las dificultades económicas y la falta de acceso oportuno a tratamientos especializados.

La pandemia de COVID-19 aparece además como un punto de inflexión. Si bien los expertos advierten que no puede establecerse una relación directa y exclusiva, existe consenso en que el período posterior dejó secuelas emocionales profundas, incrementó los cuadros de ansiedad y depresión y profundizó situaciones de vulnerabilidad preexistentes.

Los jóvenes, en el centro de la preocupación

Uno de los aspectos más alarmantes es el crecimiento de los suicidios entre adolescentes y jóvenes.

Las estadísticas muestran una mayor incidencia en varones, un fenómeno que especialistas vinculan con mayores niveles de impulsividad, dificultades para expresar el sufrimiento emocional y menor tendencia a buscar ayuda profesional.

Las señales de alerta suelen aparecer mucho antes de una conducta extrema: aislamiento social, cambios abruptos de comportamiento, abandono de actividades habituales, bajo rendimiento escolar, alteraciones en el sueño, consumo problemático de sustancias o manifestaciones persistentes de desesperanza.

Sin embargo, gran parte de estos indicadores pasan inadvertidos o son interpretados como problemas pasajeros propios de la adolescencia.

Por eso, cada vez más especialistas plantean que la prevención debe comenzar fuera de los hospitales y consultorios. Escuelas, clubes, iglesias, organizaciones barriales y familias son considerados espacios clave para detectar tempranamente situaciones de riesgo.

El déficit de atención

La creciente demanda por problemas de salud mental también dejó expuestas las limitaciones estructurales del sistema sanitario argentino.

La falta de profesionales especializados, las largas listas de espera y las dificultades de acceso en muchas provincias constituyen obstáculos recurrentes para quienes necesitan asistencia.

El problema no se limita a la capacidad hospitalaria. Diversos especialistas sostienen que existe un déficit de recursos destinados a prevención, acompañamiento comunitario y capacitación de docentes, familias y referentes sociales.

En paralelo, continúan los debates sobre la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Mientras algunos sectores destacan el cambio de paradigma impulsado por la norma, otros advierten que la falta de infraestructura y recursos dificulta una respuesta adecuada frente al aumento sostenido de los casos.

Una tragedia que exige hablar

La principal conclusión que surge de las estadísticas es que el suicidio dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en uno de los desafíos sanitarios más importantes de la Argentina contemporánea.

Cada muerte impacta mucho más allá de la víctima. Afecta a familias, amigos, compañeros de trabajo, escuelas y comunidades enteras, generando consecuencias emocionales que pueden prolongarse durante años.

Por eso, los especialistas insisten en un punto central: hablar del suicidio no aumenta el riesgo, sino que constituye una herramienta fundamental para prevenirlo. La información adecuada, la detección temprana y la construcción de redes de apoyo siguen siendo los mecanismos más efectivos para reducir una tendencia que hoy muestra números récord.

Las cifras de 2025 representan una señal de alarma que trasciende la estadística. Detrás de los más de cinco mil casos hay una pregunta que interpela a toda la sociedad: cómo construir entornos más protectores, accesibles y humanos en un contexto donde el sufrimiento psíquico se convirtió en una de las amenazas más silenciosas y letales del país.

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La Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno en la causa por el financiamiento universitario

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación le asestó un nuevo revés procesal al Gobierno nacional en el conflicto judicial por el financiamiento de las universidades públicas. El máximo tribunal rechazó la queja presentada por el Poder Ejecutivo en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades contra el Estado Nacional por el Decreto 759/25, al considerar que el recurso extraordinario no cumplía con uno de los requisitos esenciales para su tratamiento: no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable.

La decisión no implica una resolución sobre el fondo de la controversia, pero sí constituye un límite procesal para la estrategia judicial impulsada por la administración de Javier Milei en uno de los conflictos institucionales más relevantes abiertos con el sistema universitario desde el inicio de su gestión.

En la resolución firmada este jueves, la Corte sostuvo que el recurso extraordinario cuya denegación parcial originó la presentación directa no satisfacía las exigencias previstas en el artículo 14 de la Ley 48, que restringe la intervención extraordinaria del máximo tribunal a decisiones definitivas o asimilables por sus efectos.

De esta manera, los jueces desestimaron la queja promovida por el Poder Ejecutivo Nacional, que interviene en el expediente a través del Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, en su carácter de demandado.

La resolución también rechazó un pedido de excusación formulado dentro del mismo expediente. En ese punto, el Tribunal remitió a lo resuelto previamente el pasado 4 de junio de 2026, cuando había rechazado un incidente de recusación con causa presentado en el marco de la misma controversia judicial.

Además del rechazo procesal, la Corte intimó al Estado nacional para que haga efectivo el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ese pago había sido diferido conforme a la Acordada 47/91 y deberá concretarse en el ejercicio financiero correspondiente.

El expediente se originó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 y posteriormente fue revisado por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, instancia desde la cual el Gobierno intentó llegar al máximo tribunal mediante un recurso extraordinario.

El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión entre el Gobierno y el sistema universitario. La discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas derivó en múltiples presentaciones judiciales luego de la implementación del Decreto 759/25 y de los cambios impulsados por el Ejecutivo en la asignación de recursos para la educación superior.

Si bien la Corte no ingresó a analizar la constitucionalidad del decreto ni el planteo de fondo realizado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la decisión mantiene vigente la tramitación de la causa en las instancias inferiores y posterga cualquier revisión extraordinaria hasta que exista una resolución definitiva sobre el conflicto.

Desde el punto de vista jurídico, el fallo reafirma un criterio reiterado por el máximo tribunal: la vía extraordinaria no puede utilizarse para revisar resoluciones interlocutorias o decisiones procesales que no pongan fin al litigio. En consecuencia, el Gobierno deberá continuar litigando el expediente en las instancias ordinarias antes de intentar nuevamente una revisión por parte de la Corte Suprema.

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El Tribunal Electoral oficializó el cambio de nombre de la Concordia: ahora será Partido Encuentro Misionero

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El Tribunal Electoral de Misiones oficializó el cambio de denominación del Partido de la Concordia Social, que a partir de ahora pasará a llamarse Partido Encuentro Misionero, en una decisión que consolida una transformación política que ya había sido aprobada por la Justicia Federal con competencia electoral.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Nº 0009, dictada el 9 de junio de 2026, en el expediente histórico de reconocimiento partidario de la fuerza política que constituye el principal sostén electoral del oficialismo misionero.

La resolución provincial toma conocimiento de la decisión adoptada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional con Competencia Electoral de Misiones, que el 8 de junio había autorizado el cambio de nombre de la agrupación. La comunicación fue remitida al Tribunal Electoral provincial a través del Oficio Nº 432/2026 de la Secretaría Electoral de Distrito.

Continuidad jurídica

Uno de los aspectos centrales del fallo es que el cambio de denominación no altera la identidad jurídica del partido. El Tribunal recordó que el reconocimiento provincial de la entonces Concordia Social se sustentó en su previa existencia como partido de distrito en la órbita federal, reconocida mediante la Resolución 331/2004 bajo el número partidario 152.

En ese sentido, la resolución señala que la agrupación mantiene una “unidad jurídica institucional” derivada de su condición de partido de distrito, por lo que el cambio de nombre constituye una modificación de denominación y no la creación de una nueva fuerza política.

La discusión sobre el término “misionero”

El punto más relevante desde el punto de vista jurídico estuvo vinculado al uso del vocablo “misionero” en la nueva denominación partidaria.

La Ley Provincial XI Nº 7, que regula a los partidos políticos en Misiones, establece restricciones para la utilización de determinados términos en los nombres de las agrupaciones. Sin embargo, el Tribunal consideró que esas limitaciones no pueden impedir el reconocimiento de una denominación previamente autorizada por la autoridad federal competente.

La Justicia Electoral Federal había analizado específicamente la legalidad del nombre “Partido Encuentro Misionero” y concluyó que el término “misionero” no se encuentra alcanzado por las prohibiciones previstas en el artículo 16 de la Ley Nacional Nº 23.298, que regula los partidos políticos en todo el país.

A partir de esa definición, el Tribunal Electoral provincial entendió que debía prevalecer la decisión federal. Para fundamentar su postura invocó el principio de supremacía normativa consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional, según el cual las leyes nacionales y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en su aplicación prevalecen frente a normas locales cuando existe una incompatibilidad.

Por esa razón, declaró inaplicable para este caso particular la restricción contenida en el artículo 20 de la legislación provincial.

Reordenamiento político

La resolución ordena modificar la denominación en todos los registros electorales y recaratular el expediente partidario bajo el nuevo nombre.

El cambio se inscribe en una estrategia de renovación política impulsada por el oficialismo misionero, que busca actualizar su identidad institucional después de más de dos décadas de vigencia bajo la denominación Partido de la Concordia Social.

Desde el punto de vista legal y electoral, la decisión garantiza la continuidad de la personería jurídica, los derechos partidarios y la estructura institucional de la fuerza, que seguirá operando bajo el mismo reconocimiento electoral, aunque con una nueva identidad política.

La resolución lleva las firmas del presidente del Tribunal Electoral, Cristian Benítez; los vocales titulares Andrés Poujade y Augusto Busse; y la secretaria electoral, Irma Hendrie.

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La ONU volvió a respaldar a la Argentina y reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por Malvinas

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El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a recibir un fuerte respaldo internacional. El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó este miércoles, por consenso, una nueva resolución que insta al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales con la Argentina para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

La decisión fue adoptada durante una sesión celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, donde el canciller argentino, Pablo Quirno, expuso la posición oficial del Gobierno nacional y cuestionó la persistencia de la ocupación británica del archipiélago.

La resolución, copresentada por Chile y acompañada por Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, reafirma que la única vía para poner fin a la situación colonial en las Malvinas es mediante una negociación entre ambos países. Además, lamenta que, pese al respaldo internacional acumulado durante décadas, aún no se hayan reanudado las conversaciones formales sobre la cuestión de fondo.

La posición argentina

Durante su exposición, Quirno sostuvo que la Argentina mantiene una posición histórica y jurídica inalterable respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, territorios que considera ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde 1833.

El canciller remarcó que la controversia debe resolverse en el marco del derecho internacional y rechazó la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos al caso Malvinas. Según explicó, la población actual de las islas fue establecida por la potencia ocupante tras la expulsión de las autoridades y habitantes argentinos originales.

Uno de los puntos más duros del discurso estuvo vinculado a la presencia militar británica en el Atlántico Sur. Quirno aseguró que actualmente hay alrededor de 1.200 efectivos destacados en las islas, una cifra que calificó como desproporcionada en relación con la población residente y que, a su criterio, refleja el carácter estratégico y militarizado de la ocupación.

La Argentina también cuestionó las actividades económicas impulsadas por Londres en el área en disputa. En particular, el canciller apuntó contra la concesión de licencias para la exploración y explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos.

Quirno mencionó específicamente los avances anunciados a fines de 2025 por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum para desarrollar el yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El funcionario sostuvo que esas iniciativas son ilegítimas y reiteró que la Argentina utilizará todos los mecanismos previstos por el derecho internacional para defender sus intereses soberanos.

Testimonios y respaldo internacional

La audiencia también incluyó las intervenciones de Paula Vernet, descendiente directa de Luis Vernet, primer comandante político y militar argentino en las islas, y de Guillermo Clifton, nieto de un exhabitante malvinense radicado posteriormente en la Patagonia. Ambos defendieron la posición argentina y cuestionaron la utilización del principio de autodeterminación para justificar la administración británica del territorio.

En representación de los isleños intervino Michael Goss, quien defendió la postura británica y reclamó que cualquier discusión sobre el futuro de las islas contemple la opinión de sus habitantes actuales.

La resolución aprobada este miércoles mantiene una línea histórica de las Naciones Unidas, que desde la década de 1960 consideran a la cuestión Malvinas como un caso especial de descolonización que requiere una negociación entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido.

Para la diplomacia argentina, la aprobación por consenso constituye una nueva ratificación del respaldo internacional a la necesidad de reabrir el diálogo sobre la soberanía, un proceso que permanece congelado desde hace años por la negativa británica a discutir el estatus del archipiélago.

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