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Liberales, neoliberales, progresistas y heterodoxos en tiempos de coronavirus

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En esta columna siempre tratamos de analizar en qué base teórica se sustentan las medidas de política económica que se toman y cuáles serían las consecuencias. Como no puede ser de otra manera, porque la pandemia restringió al máximo la actividad económica y todo es muy reciente para tener datos; y si los tuviéramos, serían todos malos (por razones obvias), entonces nos tomaremos un respiro para aclarar ciertos planteos que se están dando:

La salud o la economía: Hoy esto se presenta peligrosamente como un dilema; o sea, dos proposiciones opuestas que al elegir una rechazamos la otra. A la vista de la opinión internacional, Argentina está manejando muy bien la pandemia y los resultados son positivos cuando comparamos los porcentajes de casos locales con los de países desarrollados como Estados Unidos, Italia o España. 

Entonces la salud es buena y cuidando la salud nos va bien, por ende la economía es mala. La economía es la ciencia que estudia la forma de distribuir los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, esto quiere decir que sin economía estaría faltando vivienda, educación, alimentación, vestimenta y por supuesto salud. Cuando alguien en la calle ofrece una chipa y alguien que camina la acepta a un precio estamos frente a un mercado “oferta, demanda y precio”. Usar el término mercado con la imagen de alguien llenándose de dinero a costa de la enfermedad ajena es un error. Entonces se trata de cuidar la salud y esto incluye volver a normalizar la economía y los mercados, porque sin estos tampoco hay salud. Por lo tanto, el gobierno ha tomado ciertas medidas:

1)- Del control de precios: Cualquier curso básico de microeconomía explica que el control de precios provoca escasez del producto controlado y la aparición de un mercado en negro con ese producto a precios más elevados que el oficial.  Los argentinos hemos visto varias veces esta situación cuando luego de un “precios cuidados” aparecían las góndolas vacías en el sector de los productos abarcados.

Este no es el único reparo que tiene el control de precios, en el caso de productos que de repente por incremento de demanda tienen una fuerte escasez: por ejemplo los barbijos o el alcohol en gel. El axioma de la teoría clásica establece que ante un aumento de precio de estos productos, provocará que más productores quieran producir más, porque aunque sean menos eficientes, como el precio es alto obtendrán ganancia. Al haber más fabricantes habrá más oferta y el precio bajará. Sin embargo, por la curva de aprendizaje, los fabricantes viejos lo hacen mejor que los nuevos porque ya tienen hechas las inversiones y tiene entrenamiento en hacerlo, como también saben comprar mejor los insumos, entre otras cosas.

Si se fijan precios máximos no se incrementará la cantidad porque no hay incentivos para hacerlo. 

¿Entonces por qué se fijan los precios?  La pandemia avanza rápido, y rápido se necesita que la gente pueda adquirir los insumos mínimos para enfrentarla, es probable que si se espera que el incremento de productores de alcohol en gel y barbijos que aparezcan para abastecer la demanda vaya más lento que la enfermedad y termine costando mucho más en vidas e infectados que lo que cuesta si se controla que el producto hoy sea accesible a precios de antes de la pandemia. Pero pensar que en “condiciones normales” podemos resolver todo el abastecimiento con control de precios porque fue exitoso con el alcohol y los barbijos, es un absurdo; ya se probó muchas veces y todas las veces más temprano o más tarde, salió mal.

De lo que hicieron en Francia: en general todos los países tomaron medidas expansivas. Es decir, disminución de impuestos, bajas y congelamientos de hipotecas, cuotas, tasas, además de subsidios al desempleo etc. ¿Entonces por qué no se hace siempre y se solucionan los problemas de pobreza? 

Los estímulos fiscales no son gratuitos, en el caso de un país europeo, que no emite moneda propia,  están redireccionando partidas del presupuesto público o endeudándose, en cualquiera de los dos casos alguien hace un ahorro para que haya un gasto.

En nuestro país hay un consenso generalizado de emitir para otorgar dinero a los afectados por la pandemia (el gráfico que se presenta más abajo muestra cómo creció la Base Monetaria, es decir los billetes que circulan en la economía, a partir del mes de marzo de 2020). No se puede hacer otra cosa porque no hay otra cosa. No nos podemos endeudar porque nadie nos presta y no podemos reasignar porque ya venimos de crisis. Entonces, ¿se soluciona emitiendo? Si no se prevé como esterilizar el dinero emitido, cuando todo vuelva a la normalidad y parte de ese dinero emitido quiera ahorrarse en dólares o comprar productos importados o con insumos importados la historia terminará en devaluación e inflación.

Fuente: Elaboración propia en base a Datos del BCRA

Conclusión

Tiempos extraordinarios merecen medidas extraordinarias; ahora bien, todas las medidas repercuten en el presente pero también en el futuro. Por lo tanto, más adelante el Gobierno deberá ver cómo resuelve los efectos no deseados de estas políticas. Y a prestar atención, ya que enamorarse de medidas como control de precios, combinadas con emisión y pensar que pueden tener éxitos en tiempos normales es un camino seguro a la explosión inflacionaria: pasó en el pasado y va a volver a pasar en el futuro.

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Aplanar y suavizar: sobre salud y economía en tiempos de pandemia

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En éstos tiempos de pandemia, la protección de la salud de la población se erige en el objetivo principal de los países, utilizando la estrategia del aislamiento social con un horizonte claro: aplanar la curva de contagios. Aplanar significa, en resumidas palabras, disminuir la tasa de variación de las infecciones diarias, alcanzando guarismos que, proyectados, permitan al sistema sanitario prepararse y dar debida atención al flujo de enfermos que ingresen al mismo. 

Sin embargo, aplanar la curva de contagios ha tenido su efecto en la economía, la que, con el correr de los días, comienza a presentar signos claros de debilitamiento. El aislamiento social ha significado inicialmente una dinámica compleja, asimilable a un shock de oferta y demanda negativos, esto es, una disminución sensible y rápida en la producción de bienes y servicios, así como en la demanda de los mismos. Disminuido (o directamente detenido) el flujo de ingresos por ventas, el efecto multiplicador negativo a lo largo de toda la cadena de valor amenaza con destruir cada vez más puestos de trabajo, dejando sin recursos a proporciones crecientes de la población. 

Ante ésta situación, los gobiernos han reaccionado principalmente en dos frentes: 1. redirigiendo recursos hacia la demanda, con el objetivo de contener el consumo de las poblaciones más vulnerables y, 2. sosteniendo el funcionamiento de la producción de bienes y servicios esenciales. Con todo, a pesar de los esfuerzos, la enorme diversidad y escala de las actividades que se han desacelerado requiere un flujo de ingresos que tal vez solo unos pocos Estados en el mundo puedan proveer. Por ello, resulta de vital importancia adoptar una batería de estrategias precisas, entre las que destaco la siguiente: suavizar la curva de ingresos

Suavizar la curva de ingresos: un mecanismo anti-cíclico, en un contexto “de economía de guerra” De la crisis de los años  ́30, de las políticas implementadas en ese momento por los gobiernos, y de Keynes, hemos aprendido sobre ciertas dinámicas de los ciclos económicos, así como sobre la forma de administrarlos a través de políticas económicas contra-cíclicas (bajo condiciones de capacidad instalada disponible y caída de la demanda). Sin embargo, a pesar del éxito de las mismas, existe bastante consenso en la doctrina económica respecto a que el desempleo recién disminuyó sensiblemente con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. De contextos lamentables cómo éste, también hemos podido extraer algún aprendizaje en materia económica, a saber: los mecanismos de reasignación administrativa de 

recursos a áreas específicas dada la coyuntura (o la denominada “economía de guerra”). Combinación de políticas económicas anti-cíclicas y administración de la oferta y la demanda -una tarea no menor, pero cuya discusión excede el presente análisis- pareciera ser un sendero posible. Pero, ¿con qué recursos? En ésta dirección, el concepto de suavizar (smoothing) la curva de ingresos resulta de interés. La idea primaria de la que surge el presente análisis tiene larga data en la economía, pudiendo citarse como un antecedente lejano la historia Bíblica de José y sus hermanos. Más cercano en el tiempo, han sido autores como Franco Modigliani, Miltron Friedman, Paul Samuelson y otros quienes han trabajo (con variantes) la temática y sus implicaciones. El resultado en economía se refiere de la siguiente manera: distribuir inter-temporalmente el flujo de ingresos, suavizando los ciclos económicos (o shocks). 

Básicamente, ajustado al contexto que vivimos y las necesidades y posibilidades emergentes, suavizar la curva de ingresos consistiría en lo siguiente: destinar recursos de los sectores con excedentes y dirigirlos a los sectores con carencias, intercambiando a través del tiempo los excedentes y faltantes. Estos recursos habrán de ser dirigidos tanto a sostener el consumo como a mantener la capacidad instalada actual intacta (sosteniendo principalmente a las empresas y sus trabajadores) en aquellos sectores mayormente afectados. De ésta manera, se logra mantener un nivel de actividad constante a lo largo del tiempo, a partir de la asignación de recursos adicionales a las políticas actuales, las que resultarán probablemente insuficientes (ingresos fiscales escasos, emisión monetaria con techo –antes de volverse riesgosamente inflacionista- y dificultades para el acceso al financiamiento externo, entre otras). Ahora bien, ¿cómo lograr tales resultados? 

Acuerdo Económico y Social de Emergencia, Fondo Soberano de Estabilización y Bono Solidario Canalizar grandes cantidades de dinero desde diferentes sectores en las condiciones de incertidumbre actual requiere un acuerdo de todas las partes involucradas. El Gobierno habrá de convocar a un Acuerdo Económico y Social de Emergencia. En el marco de éste acuerdo, la constitución de un Fondo Soberano de Estabilización resulta primordial (muchos países cuentan con fondos con características asimilables, pudiendo destacarse el caso de Noruega). Éste fondo tiene múltiples funciones y tareas (un análisis en mayor detalle requiere otro espacio aparte) y puede constituirse con recursos del Estado (como es el caso de la mayoría de los fondos soberanos) y también con aportantes privados. Aquí aparece la herramienta del Bono Solidario. A partir de éste, los aportantes obtendrían el compromiso de retribución futura del capital aportado más las compensaciones acordadas (que pueden resultar de naturaleza variada, tales como intereses, deducciones impositivas, bonificaciones crediticias, u otras). De ésta manera, es posible obtener y canalizar los recursos excedentes de algunos sectores hacia las 

actividades con dificultades coyunturales. Si bien para la situación actual es posible que la curva se suavice más en la presente depresión que en la futura expansión, pudiendo sobre-estimular la demanda futura (dado que quienes hoy poseen excedentes, posiblemente también los tengan en el futuro) el mismo Fondo Soberano podrá utilizarse como herramienta de gestión de los excedentes futuros (reabsorbiendo los mismos). 

Con todo, y una vez superadas las dificultades actuales, los gobiernos dispondrían de nuevas estrategias y herramientas que podrían, bien readecuarse para su utilización en escenarios de crecimiento, bien resguardase para futuras recesiones o crisis como la que nos toca en éste momento atravesar. 

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¿Cómo y cuánto gasta el Estado nacional en Misiones?

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Al 7 de abril de 2020 inclusive, la ejecución presupuestaria del Estado Nacional en la provincia de Misiones totalizaba $17.886 millones (etapa devengada), con un grado de ejecución del 30,3% respecto al presupuesto vigente. 

En primer lugar, hay que destacar que, dentro del NEA, Misiones es la provincia con la segunda mayor ejecución presupuestaria nacional y la que tiene también el segundo mayor grado de ejecución. La primera es el Chaco (con $18.539 millones y 32,3%), tercera se ubica Corrientes y última Formosa. 

Al observar en que se realizó el gasto, hay diferentes volver de evaluarlo, según distintos criterios presupuestarios.

Según el objeto del Gasto

En primer lugar, podemos observar el gasto según el “objeto”, donde el punto de “Transferencias” lidera en términos nominales con amplia diferencia: tiene devengado un total de $15.972 millones (el 89,3% del total provincial devengado), explicado sobre todo por el gasto en “jubilados y retiros”, “pensiones” y ayudas sociales a personas”, que solo entre las tres acumulan un gasto devengado de $12.520 millones. 

El “Gasto en personal” tiene el segundo mayor nivel de ejecución nominal con $1.390 millones (donde el 87,4% de ese total lo concentran los salarios del personal de planta permanente nacional); le sigue los “Bienes de Uso” con $427,5 millones (donde el 99,7% de ese total se concentra en “construcciones”; luego los “Servicios No Personales” con $73,9 millones (con cierta paridad en la distribución de sus subconceptos); y finalmente los “Bienes de Consumo” acumulan una ejecución de $21,7 millones (donde el 65% corresponde a productos alimenticios, agropecuarios y forestales). 

Todos estos conceptos tienen un grado de ejecución respecto a su presupuesto vigente de entre 24% y 31%, con la excepción de los “bienes de consumo”: la emergencia sociosanitaria a raíz de la crisis del COVID-19 generó que se haya acelerado el gasto en este punto, y lleva acumulado un grado de ejecución del 45%. En este concepto, el punto relativo a “Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales” lleva ejecutado a la fecha un 96,2% de su presupuesto vigente. 

Según la Jurisdicción

Si se observa el gasto según la jurisdicción que la realizó, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social lleva la delantera, concentrando el 47,6% del total devengado en la provincia, con $8.517 millones (23,8% de ejecución). Esto se explica particularmente por el alto peso representativo del Anses, que depende de este ministerio, y que solo ese organismo tiene el 99,6% del gasto total del MTEySS en Misiones. 

En términos nominales, se ubica segunda la jurisdicción de Presidencia de la Nación, a partir del gasto ejecutado por la Agencia Nacional de Discapacidad, por $2.949,9 millones; le sigue el Ministerio de Desarrollo Social ($1.301 millones); el Ministerio de Educación ($1.089 millones) y el Ministerio del Interior (1.009 millones), siendo estos las cinco jurisdicciones con mayor ejecución presupuestaria nominal. Cabe destacar, nuevamente, a que raíz de la emergencia sociosanitaria producida por el avance del COVID-19, generó que se haya acelerado el gasto principalmente en dos jurisdicciones: el Ministerio de Desarrollo Social lleva ejecutado un 223% de su presupuesto vigente; y el Ministerio del Interior un 278,9%. 

En ambos casos, esa sobreejecución está explicada por la necesidad de la adquisición de bienes para combatir la crisis (en el caso de Desarrollo Social) y los envíos a las provincias de recursos, como los ATN, en el caso del Ministerio del Interior.

Según la Finalidad

Observando la ejecución por Finalidad, los Servicios Sociales concentran el 79,6% del gasto en Misiones. En este punto, se destaca sobre todo lo relativo a la Seguridad Social (77,3% del total del punto); seguido de lejos por Promoción y Asistencia Social (9,1% del total), y Educación (8,1%). Mucho más lejos están Salud (4,4%) y Trabajo (0,2%).

En términos nominales, le sigue la finalidad de “Administración Gubernamental”, con un devengado de $1.874 millones, empujado sobre todo por la función denominada “Relaciones Interiores” que representa el 92% de ese total, que no es otra cosa que los recursos que la nación transfiere a las administraciones provinciales, como las que ya se mencionó anteriormente.

Según Clasificador Económico


Finalmente, podemos analizar el gasto en un criterio bastante sencillo, que discrimina el total devengado en dos conceptos: Gastos Corrientes y Gastos de Capital. 

El primero de ellos acumula un total de $17.197 millones (96,1% del total provincial), mientras que los de Capital apenas $689 millones, una cifra muy baja pero que se entiende en un contexto de crisis económica (primero) y de parate de la actividad tras la irrupción del coronovirus (luego).

Misiones en la comparación regional

Además de la comparación del total devengado y su grado de ejecución que se mencionó al inicio de esta columna (que ubica a Misiones segundo en el NEA en ambos puntos), es conveniente tomar, para realizar la comparación del tipo de gasto de la provincia de Misiones con el resto de las de la región, el gasto clasificado por Finalidad. 

En este punto, todas las provincias tienen una alta preponderancia de los Servicios Sociales, pero es Corrientes el que lidera en la región, con un 80,5% del gasto allí concentrado, seguido por Misiones, y más atrás Chaco y Formosa. 

Además, en las cuatro provincias se da el mismo caso de sobreejecución presupuestaria en la finalidad de “administración gubernamental” por lo antes expuesto: así como en Misiones es del 206,3%, en Formosa llega al 822,6%; en Chaco al 494,5%, y en Corrientes al 302,9%. 

De esta manera, se puede observar donde está la prioridad del gasto del estado nacional, y como impactó la crisis del COVID19 en las mismas, incrementado los recursos (respecto a su presupuesto vigente) para el combate de esta crisis.






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¿El país tiene las entidades financieras acordes a su realidad e idiosincrasia económica?

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A los empresarios nos toca vivir días tan difíciles, escuchamos durante los comienzos de la cuarentena que el Gobierno representado por su máxima autoridad, el Presidente aseguraba la asistencia crediticia a las pymes en forma inminente, práctica y veloz. Este anuncio trajo cierta tranquilidad ya que todavía restaban varios días para el pago de los salarios, al igual que todos, estaba atento a las noticias o comunicados de bancos informando sobre estas líneas que nunca llegaron. 

Los días pasaron y nuevamente el Presidente hizo un anuncio con un mensaje más duro hacia los bancos e instruyó al Central a que articule las condiciones para poder asistir a las empresas con urgencia. El mismo actuó rápido y el Ejecutivo conformó un fondo de garantía para salir de aval de las Pymes solucionando de esa forma el riesgo de los bancos. Pero al día de hoy esa asistencia llegó a cuentagotas.

Viviendo esta situación comencé a pensar: ¿qué pasó? ¿Cómo una orden e intención directa desde lo más alto del poder no podía ejecutarse? En un principio fue lógica por la falta de garantías y cumplimiento de normas, pero después ¿cuál fue el motivo?

Como toda situación difícil que nos toca afrontar uno busca un norte para sus decisiones y generalmente intenta comparar con acontecimientos del pasado y es ahí donde recordé varias charlas con mi padre. Él me comentaba que antes era distinto, vos ibas a un banco y acordabas un crédito en el día, también, dependiendo la dimensión, conocías a los dueños de los bancos y ojo!.. ellos también te conocían a vos, así que sabían a quién le prestaban. Recordando esas charlas fue que llegué nuevamente a otras preguntas:

 1) ¿Tendrá nuestro país el tipo de entidades financieras que puedan brindar asistencia a nuestra realidad económica, donde más del 40% de los trabajadores son autónomos y más del 95% de la empresas son pymes? 

2) La existencia de las llamadas CUEVAS ¿no será en gran medida por la falta de estas pequeñas entidades en el mercado? 

3) El sistema financiero  ¿está más concentrado que nunca? 

4) La banca privada ¿A quién presta y a quien le conviene prestar?

El sistema financiero de Argentina ha sufrido una concentración como ninguna otra actividad comercial en el país. Con solo pensar que a principios de los 90 existían más de 300 bancos y más de 900 Cajas de Crédito, en la actualidad solo hay 62 entidades bancarias de las cuales las primeras 10 concentran el  57% del monto total de créditos otorgados.

Analizando los datos publicados por el BCRA, la cartera de préstamos al sector privado estaría conformada de la siguiente forma: 64% a préstamos de consumo o personales y 36% restante  a empresas de las cuales las primeras 100 deudoras (grandes empresas) se quedan con el 17% de los fondos, el sobrante 19% está tomado por otras empresas y PYMES. 

Otro dato interesante que nos refleja la estadística del Central es que 271.675 empresas pagan sus sueldos a través de bancos. El 93,17% (253.128) de estas empresas son PYMES con menos de 50 empleados.

Las CUEVAS no paran de crecer! analizamos su método de negocio y nos damos cuenta que crecen en volumen pero no en sucursales, esto se  debe a que su ventaja está basada en el CONFIANZA del cliente con el que operan y su gran velocidad para asistirlo. También podemos afirmar que en los últimos años este tipo de financieras resolvió la necesidad de las  PYMES comprando sus cheques al no contar con líneas aprobadas en bancos, increíblemente por la necesidad de financiamiento se han transformado fondos blancos en negro. No deja de sorprendernos que solo en Argentina la gente confía sus ahorros en este tipo de financieras más que en el sistema regulado.

Quizás la situación que nos toca vivir está afirmando la necesidad de contar con nuevas o viejas figuras en el sector, como ser Cajas de Crédito (Históricamente las cajas de crédito sirvieron para financiar y desarrollar a pymes. En su momento de esplendor Argentina llegó a tener más 900 cajas de crédito cooperativo que logran  poseer un monto superior al 9% de los depósitos del sistema financiero argentino). También es posible otorgar mayores facultades a las entidades no bancarias que regula el Central como por ejemplo las casas bancarias que existen en muchos países estando facultadas no solo operan en cambio sino que pueden realizar actividades financieras con fondos propios. 

Estas reformas y nuevas figuras son posibles de lograr sin ningún desmedro de la excelente solvencia y  normas de prevención que hoy tiene el sistema argentino. 

Quizás permitiendo el ingreso al mercado de  estos nuevos jugadores con un límite a su escala y márgenes reducidos  para operar podrán atender las cuestiones que los bancos se les hacen difícil y poco atractivo resolver. Estas nuevas entidades darían respuestas más rápidas a PYMES Y AUTÓNOMOS con la ventaja competitiva basada en el análisis del componente más importante del  crédito.. La CONFIANZA generada por conocer a quien y para qué se le está prestando!!! 

Por otro lado la aparición de estas pequeñas entidades sería una posible herramienta para ingresar al sistema los más de 50.000 millones de dólares que se estiman están guardados bajo el colchón, estos fondos  se destinarían a financiar la actividad productiva. Esta oferta frenaría el crecimiento exponencial de las CUEVAS, incluso muchas de estas se reconvertirían bajo esta nueva figura.

También serían una herramienta esencial para llegar a los beneficiarios  de políticas impulsadas por el Estado en forma ágil y eficiente. En la actualidad estas acciones se canalizan a través del banco BICE que no tiene sucursales en el interior del país, haciendo casi imposible el acceso a PYMES del interior. 

Para finalizar, esta nueva oferta  en el mercado generaría competencia a los bancos haciendo bajar los costos y comisiones de los mismos. Las ganancias generadas serían reinvertidas ampliando el volumen del sistema y a su vez generarían gran cantidad de empleo en forma directa en todo el país.

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Durante la pandemia no queda otra que emitir, pero importa la cuantía y quien emite

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Está claro que uno de los principales problemas económicos de Argentina en décadas ha sido su persistente tendencia al déficit fiscal. En las últimas seis décadas, el Sector Público Nacional (SPN) sólo mostró superávit primario en 15 años, y superávit financiero en seis años, es decir, un escaso 10% de todo el período. En 2019 el déficit primario se ubicó en 0,44% del PIB, y generó la expectativa que, con algún esfuerzo fiscal adicional, se podría llegar al equilibrio fiscal en 2020, y al superávit desde 2021.

Pero los efectos económicos de la pandemia echaron rápidamente por tierra dichas expectativas. Con los impactos que vienen del sector externo, más los efectos económicos del confinamiento social decidido, el Estado ha debido salir a aumentar sus erogaciones en salud y otros servicios complementarios en la lucha contra la pandemia, a compensar con montos importantes a los mayores perdedores del sector privado por la inactividad económica (trabajadores informales, cuentapropistas, empresas que debieron para su producción, etc.), a la vez que la recaudación fiscal cae en los tres niveles de gobierno, por las medidas de excepción tributaria, por la misma recesión, porque los parados difícilmente paguen sus impuestos estos meses y porque en estas situaciones aumenta, en general, el incumplimiento tributario.

En marzo comenzaron a verse los efectos fiscales, que recrudecerán en abril, cuando el gobierno nacional aumente en cerca del 20% su gasto público nominal con respecto a marzo, y la recaudación caiga alrededor del 30% contra igual mes. Así, el déficit primario del sector público nacional en abril podría resultar equivalente al 16% del PIB de ese mes, o al 1,1% del PIB anual. Si tal desequilibrio, como es más probable, resulta finalmente monetizado, junto a la porción de servicios de deuda que no puedan compensarse con roll over en el mercado, se tiene que el BCRA debería asistir al Tesoro Nacional con una emisión monetaria de alrededor de $410 mil millones en abril, lo cual supondría una suba del 57% en la Base Monetaria (BM) respecto a febrero pasado, o una suba interanual nominal del orden del 93%.

Adicionalmente, es muy probable que el Tesoro Nacional deba asistir a provincias y municipios en el mes en curso, por un monto aproximado de $150 mil millones en el caso de provincias y $23 mil millones en los municipios. Dado que el Tesoro tendría que recurrir al BCRA para que lo financie, la expansión de la BM en abril podría resultar del 68% respecto a febrero, o una suba interanual nominal del orden del 105%. Se tratarían de cifras preocupantes, aún en un contexto fuertemente recesivo, por lo que pueda ocurrir inicialmente con la inflación, pero especialmente luego que los flujos económicos comiencen a normalizarse, y perdure el exceso monetario. Por dicho motivo, deberían diseñarse medidas adicionales a las fiscales para equilibrar el mercado de dinero.

Ante el riesgo que supone una emisión excesiva de dinero, como la antes señalada, con sus posibles efectos inflacionarios y/o sobre la cotización del dólar informal, existen dos vías fiscales por las cuales podría disminuirse dicha expansión monetaria: 1) ajustar el gasto público no esencial en dicho mes, especialmente salarios que no estén ligados a salud y otros sectores ahora esenciales; 2) Obtener más financiamiento en pesos en el mercado local. Por caso, si se logra obtener financiamiento por el total de los vencimientos de servicios en pesos que tiene el Tesoro Nacional en abril, a la vez que se produce una reducción del 25% en el gasto en personal en Nación y Provincias2 , podría bajarse la necesidad de emisión de dinero en dicho período, con una expansión del 55% respecto a febrero, o una suba interanual nominal del orden de 90%. Se debe considerar que ya a fines de marzo la BM está mostrando una variación interanual cercana al 70%.

La reducción que se necesitaría en el gasto en salarios en el sector público nacional y provincial en abril (potencialmente también en mayo-junio), para que resulte compatible con una expansión más moderada de la BM en ese período, podría instrumentarse como un ahorro forzoso para los funcionarios y agentes públicos de mayores ingresos, sin excepciones en los tres poderes. Podría implementarse a través del pago con títulos públicos nacionales de una porción de los salarios públicos de abril en el gobierno nacional y en los provinciales en que, a partir de cierto piso salarial, la porción que se debería cancelar con dichos títulos resultaría creciente con los salarios, constituyendo un ahorro obligatorio progresivo.

Aunque en provincias y municipios la situación fiscal también se agrava a pasos agigantados en marzo y abril, no se justifica la emisión de cuasimonedas provinciales en este contexto, pero por supuesto, el gobierno nacional debería asistir a las provincias con mayores transferencias durante los meses críticos de abril y mayo, financiado también con emisión monetaria del BCRA, con un criterio objetivo de asignación de fondos entre dichas jurisdicciones locales. Si no se diera tal asistencia y objetividad en la asignación de mayores recursos nacionales a provincias, las jurisdicciones perjudicadas tendrían una excusa para emitir cuasimonedas, desordenando adicionalmente la economía y agregando costos de transacción.

Resulta conveniente mantener el monopolio de la emisión en el BCRA, aunque en este período de crisis compartiendo una porción de su poder de señoreaje con los gobiernos provinciales, y emitiendo la menor cantidad posible de dinero, tal que permita amortiguar el efecto de la pandemia y la cuarentena sobre la economía, con la menor inflación extra posible. Se trataría de aceptar que, como la oferta de bienes y servicios será menor, al menos por unos meses, lo mejor que se podría hacer en el sector público es redistribuir recursos “al interior” de la demanda agregada, en que algunos son compensados y otros hacen un esfuerzo. Emitiendo más dinero, pero minimizando dicha emisión, para lo cual ayudaría especialmente una reducción transitoria en la masa salarial del sector público en sus tres poderes del estado, con el mencionado “ahorro forzoso” para las remuneraciones altas del sector público. El bono que se entregaría a los agentes públicos debería ser emitido por el gobierno nacional, y en una porción constituir un préstamo a los gobiernos provinciales, a cancelar desde el año 2021, a través de descuentos en la coparticipación federal de impuestos. Las ayudas adicionales que Nación realice a provincias deberían compensarse con el saldo a favor de éstas existentes en el fondo ATN previsto por la ley de coparticipación, que actualmente ascendería a alrededor de $75 mil millones.

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