Un volumen de negocios por US$ 844 millones en el segmento de contado llevó al dólar mayorista a ceder un peso, a $1.506,50 para la venta.
En lo que va de septiembre cae dos pesos, para encaminarse a ser el primer mes con desempeño negativo desde marzo último.
El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.899,56.
El mayorista se ubica ahora a $393,06 o 26,1% de ese umbral para la flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%).
El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en esa cotización.
El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.
El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.560 para la venta, en su punto más alto desde el 25 de agosto.
El mayorista sigue planchado por debajo de los $1.510.
El mercado fijó la postura mayorista para diciembre en $1.602,50, un valor que ratifica la previsión de un deslizamiento cambiario pausado y descarta expectativas de desfasajes bruscos antes de fin de año.
Pese al freno reciente, el balance positivo acumulado por la autoridad de contralor en el transcurso del 2026 asciende a US$ 14.218 millones.
El agro continúa liquidando a unos US$ 170 millones diarios.
La discusión sobre el futuro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ingresó este martes en una nueva etapa. Durante una reunión extraordinaria de su Directorio, funcionarios del Gobierno nacional plantearon una propuesta de ordenamiento normativo que contempla eliminar o modificar resoluciones propias del organismo y trasladar parte de sus facultades de fiscalización al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La iniciativa fue presentada durante la visita a la sede del Instituto en Posadas por funcionarios de las áreas de Desregulación y Agricultura. Participaron el subsecretario de Reformas Estructurales, Eugenio Marí; la directora nacional de Planificación de Reformas Estructurales, Brenda Padilla Tanco; el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Fernández.
La propuesta todavía no constituye una decisión definitiva. Deberá ser analizada por el Directorio del INYM, que deberá evaluar el alcance de las modificaciones y su factibilidad. Pero el planteo introduce una discusión de fondo: qué capacidad específica conservará el Instituto para ordenar y controlar una economía regional que ya perdió buena parte de sus herramientas regulatorias.
Ricardo Maciel, representante de Misiones en el Directorio del INYM, explicó que los funcionarios nacionales llevaron una propuesta para “abrogar y ajustar” normas vinculadas con los controles propios del Instituto, con la posibilidad de que determinadas funciones sean ejercidas por el Senasa.
Para el representante misionero, el problema no está en modernizar procedimientos, sino en qué ocurre cuando la modernización supone retirar controles específicos de una cadena productiva compleja. “Quitar controles dentro del sistema de la actividad yerbatera genera mucha asimetría”, sostuvo, al advertir que una menor capacidad regulatoria puede ampliar el margen de negociación del actor con mayor poder dentro de la cadena.
El planteo adquiere mayor peso porque el INYM fue creado precisamente como organismo especializado para una actividad con características particulares. Desde la desregulación iniciada a fines de 2023, el Instituto perdió la facultad de intervenir en la determinación de precios y otras herramientas de ordenamiento productivo. La eventual transferencia de nuevas funciones al Senasa abriría otra instancia de reducción de sus competencias.
Del control en la cadena al control en góndola
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el cambio en la modalidad de fiscalización. Según explicó Maciel, la propuesta nacional apunta a concentrar determinados controles en el producto terminado, es decir, en el paquete de yerba mate que llega a la góndola, en lugar de sostener controles intermedios sobre las distintas etapas de la cadena.
El dirigente puso como ejemplo el control del porcentaje de palo. El límite establecido para la yerba mate elaborada continúa siendo del 35% y, según explicó, durante la reunión no se planteó modificar ese parámetro. La discusión está puesta en cómo se controla su cumplimiento, y no en eliminar ese límite.
Para Maciel, trasladar el control exclusivamente a la góndola puede resultar insuficiente. La actividad yerbatera requiere controles sobre distintas etapas, desde el ingreso de la materia prima hasta su elaboración, para garantizar que las condiciones establecidas por las normas se cumplan antes de que el producto llegue al consumidor.
El comunicado difundido por el INYM presentó la propuesta desde una perspectiva de modernización institucional. Entre los temas abordados figuraron la digitalización de expedientes mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica, la posibilidad de un convenio con el Senasa para articular acciones de fiscalización, registro e inspección, y la modernización del esquema de estampillado mediante un sistema digital de identificación y trazabilidad.
También se analizó la elaboración de un compendio que reúna las normas dictadas por el Directorio para depurar, consolidar y simplificar el marco regulatorio vigente. Es decir, hay un componente genuino de modernización administrativa, pero el conflicto aparece cuando la simplificación normativa se cruza con la pregunta sobre quién conserva la capacidad efectiva de controlar la cadena.
El problema que Nación no tomó: el precio de la hoja verde
La reunión tuvo además otro dato político y económico relevante. Mientras los funcionarios nacionales discutían el rediseño institucional, los representantes del sector productivo plantearon la crisis de rentabilidad que atraviesan los productores de hoja verde.
Maciel señaló que tanto él como otros representantes del sector productivo expresaron la preocupación por los valores que recibe el productor. La respuesta oficial, según relató, fue que el precio de la hoja verde no sería abordado porque corresponde a una cuestión del sector privado.
Ahí aparece la principal tensión de la discusión. Para el productor, la modificación de las reglas de fiscalización ocurre sobre una cadena cuyo principal conflicto económico sigue siendo la distribución del ingreso entre sus distintos eslabones. Para la Nación, en cambio, el precio debe resolverse dentro de las relaciones privadas y el foco de la política pública está puesto en reducir regulaciones y burocracia.
Maciel resumió esa diferencia al señalar que “de nada sirve modificar normativa de un organismo sin considerar las situaciones que está pasando el productor”. La frase condensa el dilema que atraviesa actualmente al INYM: si ya no puede intervenir sobre el precio y pierde nuevas funciones de fiscalización, qué instrumento queda para equilibrar una cadena donde el poder de negociación no está distribuido de manera uniforme.
El argumento oficial apunta a evitar superposiciones y concentrar las funciones sanitarias y de inocuidad alimentaria en el Senasa. El argumento de los sectores que defienden la estructura actual es diferente: una economía regional requiere controles específicos y cercanos a su realidad productiva, además de las competencias sanitarias generales del organismo nacional.
Una discusión que excede al INYM
El propio Instituto comunicó que la reunión forma parte de un proceso de modernización que busca avanzar en digitalización, trazabilidad y simplificación. Esos objetivos no son necesariamente incompatibles con la existencia de controles. El punto de conflicto está en determinar si la tecnología permite hacerlos más eficientes o si la desregulación termina directamente eliminándolos.
La diferencia es sustancial. Digitalizar una fiscalización puede reducir costos y mejorar la trazabilidad sin eliminar la capacidad de control. Trasladar o suprimir competencias, en cambio, modifica quién define las reglas, quién las ejecuta y qué capacidad existe para detectar incumplimientos dentro de la cadena.
Maciel sostuvo que el análisis quedará ahora en manos del Directorio y de los distintos sectores que lo integran. La discusión deberá determinar no solamente qué normas pueden simplificarse, sino cuáles resultan necesarias para evitar que la libertad de mercado termine profundizando las asimetrías existentes.
La yerba mate enfrenta así una discusión institucional que se superpone con una crisis económica. El INYM ya dejó de tener la capacidad de fijar precios y fue objeto de sucesivas modificaciones en su estructura y competencias. Si además pierde parte de sus herramientas de fiscalización, el debate dejará de ser únicamente sobre eficiencia administrativa y pasará a definir qué tipo de organismo queda para representar, ordenar y controlar una de las principales economías regionales del NEA.
El Directorio tiene ahora la tarea de evaluar la propuesta nacional. En esa instancia se jugará algo más que el destino de determinadas resoluciones: se discutirá si la modernización del INYM puede convivir con una estructura de controles capaz de evitar que la simplificación regulatoria termine trasladando todavía más poder hacia los eslabones dominantes de la cadena.
La ciudad de San Miguel de Tucumán fue declarada “Capital simbólica de la República Argentina” todos los 9 de julio, a partir de una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Gobierno nacional. La medida establece además que, en adelante, los actos centrales que organice la Nación para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia deberán realizarse en la capital tucumana.
La Ley 27.820 fue sancionada por el Congreso el 26 de agosto y promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1006/2026, firmado el 14 de septiembre por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial y fija un esquema permanente para la celebración nacional del 9 de Julio.
El concepto de “Capital simbólica” tiene un alcance específico. La ley no modifica la capital oficial de la República Argentina ni altera el régimen institucional del país. Establece, exclusivamente, que San Miguel de Tucumán asumirá esa condición cada 9 de julio y que allí deberán realizarse los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para recordar la Declaración de la Independencia.
El cambio tiene, sin embargo, una dimensión política y federal significativa. Tucumán fue el escenario donde el Congreso de las Provincias Unidas declaró la independencia en 1816, por lo que la decisión busca vincular de manera permanente la celebración nacional con el lugar histórico en el que se produjo el hecho fundacional.
La medida también modifica la geografía habitual de las principales ceremonias oficiales. En lugar de concentrar necesariamente la conmemoración en Buenos Aires, la ley establece a Tucumán como sede de los actos centrales del 9 de Julio. De esta manera, una celebración que representa a todo el país tendrá una sede federal definida por ley.
El alcance social de la decisión dependerá, en buena medida, de cómo se transforme esa condición simbólica en una política de federalización efectiva. La presencia anual del Estado nacional en Tucumán puede generar una oportunidad para que la fecha no quede limitada a una ceremonia protocolar y pueda convertirse en una plataforma para visibilizar la historia, la cultura y las capacidades productivas del norte argentino.
Para la provincia, la designación supone además un reconocimiento institucional de su lugar en la construcción de la identidad nacional. La condición se repetirá cada año y no quedará sujeta a una decisión administrativa circunstancial sobre dónde realizar el acto oficial.
La norma es particularmente precisa en ese punto: los actos centrales que organice el Gobierno nacional para conmemorar el aniversario de la Declaración de la Independencia tendrán lugar “en lo sucesivo” en San Miguel de Tucumán. La decisión convierte así al 9 de Julio en una fecha con sede nacional permanente fuera de la Capital Federal.
La promulgación de la Ley 27.820 institucionaliza, de esta manera, una relación que hasta ahora era fundamentalmente histórica y simbólica. Tucumán no pasa a ser la capital del país, pero sí se convierte por ley en el centro de la celebración nacional de la Independencia cada 9 de Julio.
En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el narcotráfico, la Prefectura Naval Argentina incautó más de 324 kilos de marihuana durante un operativo realizado a la vera del río Paraná, en la provincia de Misiones.
El procedimiento se inició cuando integrantes de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la dependencia de Libertador General San Martín obtuvieron información sobre un posible ingreso de estupefacientes desde la República del Paraguay. A partir de ese dato, la Fuerza desplegó un puesto de observación en la zona.
Durante la vigilancia, los prefectos observaron aguas abajo un bote a remos que cruzaba desde la costa paraguaya hacia territorio argentino, con dos personas a bordo y varios bultos. La embarcación arribó a la costa a la altura del kilómetro 1.738 del río Paraná, en inmediaciones del Arroyo León, por lo que se solicitó apoyo para reforzar el operativo.
Al llegar al lugar, personal de la Autoridad Marítima nacional localizó un vehículo con las puertas abiertas. En su interior encontraron tres bultos que contenían panes de marihuana prensada.
Luego, durante el rastrillaje de la zona, los prefectos localizaron más estupefacientes en un sendero que comunicaba con la costa y en un bote de madera.
En total, se contabilizaron 13 bultos con 409 panes de marihuana, cuyo peso superó los 324 kilos y su valor de mercado los 1.242 millones de pesos.
Intervino la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de la Dra. Viviana Alejandra Vallejos, que dispuso el secuestro de los estupefacientes, el vehículo y la embarcación utilizados para la maniobra.
Se realizó en Posadas el lanzamiento de la octava edición del Festival Internacional de Danzas “Grito de la Tradición”, que se realizará los días 18, 19 y 20 de septiembre en Puerto Rico. El encuentro cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Estado de Cultura de Misiones y reunirá a más de 750 bailarines de distintos puntos de la Argentina, Misiones y la República del Paraguay.
La octava edición del Festival Internacional de Danzas “Grito de la Tradición” es organizada por la Municipalidad de Puerto Rico y el Ballet Municipal Martín Fierro y tendrá como escenario el Predio Ferial y Cultural, ubicado sobre avenida José Alejo Rauber y avenida Raúl Alfonsín. La propuesta, que tendrá lugar el próximo viernes, sábado y domingo, busca preservar, difundir y poner en valor las tradiciones y expresiones culturales vinculadas con la danza y la música.
De la conferencia que se realizó esta mañana en sala de prensa de Casa de Gobierno participaron como anfitrionas la subsecretaria de Coordinación de Fomento y Regiones Culturales, Laura Lagable y la directora general del Instituto Provincial de la Danza, Andrea Mutti. De Puerto Rico estuvieron el intendente de Puerto Rico, Carlos Koth; la directora de Cultura y Turismo de Puerto Rico, Ana María Hillebrand; la directora regional de la Región Río Paraná, Florencia Monjes; y la directora del Ballet Municipal Martín Fierro, Claudia Blume, junto a las bailarinas Analía González y Elizabeth Orozco Blume.
Testimonios del esfuerzo
La directora de Cultura y Turismo de Puerto Rico, Ana María Hillebrand, destacó el trabajo conjunto que realizan el municipio, el Ballet Municipal Martín Fierro y las familias para concretar el festival. “Invitamos a todos a partir del 18 de septiembre a venir a Puerto Rico y presenciar un espectáculo de primer nivel”, expresó. Las actividades comenzarán cada jornada a partir de las 18 hs.
La directora del Ballet Municipal Martín Fierro, Claudia Blume, puso el foco en la dimensión comunitaria del encuentro y en el crecimiento del cuerpo de danza. “Esto es un trabajo verdaderamente comunitario, no solamente de los integrantes de cada ballet”, sostuvo. La directora informó que el Ballet Municipal Martín Fierro cuenta actualmente con 120 bailarines y destacó la convocatoria de esta edición, que incluye dos delegaciones de Paraguay y grupos provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Calafate y Gobernador Gregores, en Santa Cruz.
A su vez, la subsecretaria de Coordinación de Fomento y Regiones Culturales, Laura Lagable, destacó el acompañamiento que requiere la formación de los bailarines y el papel de las familias en ese proceso. “La danza, además de ser una disciplina hermosa, conlleva un enorme sacrificio y mucha dedicación, y eso lo valoramos especialmente. Por eso es importante brindar apoyo en todo momento y recordar que somos la única provincia que cuenta con un Instituto Provincial de la Danza”, expresó.
Visitas de otras provincias
El intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, destacó la dimensión alcanzada por el festival a partir de la participación de delegaciones nacionales e internacionales y la llegada de grupos provenientes de provincias alejadas de Misiones. También remarcó el movimiento que la propuesta genera para la localidad y su impacto en la actividad gastronómica y turística.
Durante las tres jornadas se desarrollarán presentaciones de los ballets participantes y espectáculos musicales. El sábado actuarán Luciano & su Grupo y Vientos del Norte, de Chaco, mientras que el domingo se presentará RP 2000. La entrada será libre y gratuita. Desde la organización convocaron a la comunidad de toda la provincia y a quienes visiten la localidad durante el fin de semana a participar de esta nueva edición.
