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Nación y Corrientes acuerdan avanzar con proyecto de represa Garabí

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La firma del acuerdo con EBISA implica la decisión de Nación y de Corrientes de reactivar el proyecto de la represa Garabí en el marco de una política energética nacional de incrementar la matriz de generación de energía en el país.

El acuerdo rubricado la semana pasada prevé iniciar el trabajo de distintos estudios ambientales, técnicos y el diálogo con las intendencias de las áreas relacionadas al proyecto, así como otros sectores que quieran participar.

La decisión del Gobierno nacional está, y el apoyo de Corrientes también, señala el medio Momarandú, de la vecina provincia. Hacia adelante el Gobierno provincial trabajará en sentar las bases en dos direcciones: que el proyecto tenga el menor impacto ambiental negativo y que el proyecto genere real “derrame” en materia de desarrollo para la provincia, a diferencia de lo ocurrido con Yacyretá, ubicada en la provincia, pero con pocos beneficios para el territorio provincial.

Tras el avance en la difusión del proyecto a nivel de Corrientes, el Gobierno nacional buscará articular consensos en Misiones, provincia donde el proyecto de represa tiene mayor rechazo.

El proyecto Garabí

Respecto al proyecto Garabí, cabe recordar que EBISA, en conjunto con la empresa brasileña Eletrobrás, terminaron el Estudio de Inventario Hidroeléctrico de la cuenca hidrográfica del río Uruguay, en la frontera entre Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, y Argentina, en las provincias de Misiones y Corrientes. El estudio se orientó a la identificación de dos posibles aprovechamientos hidroeléctricos binacionales. Para mayor información puede consultar el documento “Síntesis del Estudio de Inventario del Río Uruguay en el Tramo Compartido entre Argentina y Brasil”.

Todo el proceso de estudios para el Aprovechamiento del tramo binacional Argentina – Brasil del río Uruguay se basa en lo dispuesto en el Tratado de 1980, y en el 1º y 2º Convenio de Cooperación entre EBISA y Eletrobrás suscriptos en el 2008 y en el 2009, respectivamente. Dicho tratado identifica como responsables de llevar adelante estudios y obras para el desarrollo hidroeléctrico del tramo compartido Argentina – Brasil del río Uruguay a AGUA y Agua y Energía Eléctrica y a Eletrobrás. EBISA actúa como continuadora de la empresa Agua y Energía Eléctrica.

Las dos empresas acordaron también que, cuando estuviesen actuando conjuntamente en los proyectos de los aprovechamientos hidroeléctricos, se denominarán Unidad Ejecutiva Garabí – Panambí (UnE Garabí – Panambí).

Creación de la Comisión Mixta Técnica
El Tratado de 1980 indica que la ejecución de los estudios y las obras estarán a cargo de EBISA (como continuadora de Agua y Energía Eléctrica) y Eletrobrás. Estas empresas han integrado para ello una Comisión Coordinadora, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de 1980. Dicha Comisión está conformada, del lado argentino, por un representante de la Secretaría de Energía, dos de EBISA, uno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para acelerar el proceso, en caso de que surjan divergencias entre ambas empresas, se creó la Comisión Técnica Mixta, que representa a ambos Estados y que se compone del lado argentino con un representante del Ministerio de Planificación (que además la preside), uno de la Secretaría de Energía y dos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Garabí o Garabi Panambí es una represa proyectada para construirse sobre el río Uruguay, entre las provincias argentinas de Corrientes y Misiones y el Estado brasileño de Río Grande del Sur. La represa que se proyecta construir sobre el río Uruguay, dotará de energía eléctrica a ambos países. Está proyectada en dos “cortes” o diques localizados uno a la altura de la localidad correntina de Garabí y otro a la altura de la localidad misionera de Panambí.

En Misiones una ley provincial (Ley 56)conocida como “Ley de Soberanía Energética” obliga a la realización de un Plebiscito para determinar la aprobación o no de la ciudadanía respecto de obras de esta naturaleza.

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Reintroducción del guacamayo rojo en el Iberá: primeros resultados alentadores

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El 29 de octubre de 2015 fue una fiesta en el sector norte del Parque Iberá. Más de 100 personas observaron emocionadas como, por primera vez, una especie completamente extinta en Argentina retornaba a nuestro país. Ese día, siete guacamayos rojos salieron de su jaulón de presuelta y surcaron los cielos correntinos. La noticia fue ampliamente cubierta por medios periodísticos y más de medio millón de personas la vieron a través de las redes sociales. Sin embargo, un mes después, tres de las aves habían sido depredadas, tres habían dispersado sin conocerse su paradero y una séptima fue recapturada y vuelta a ingresar al jaulón.

El proyecto no había comenzado de la mejor manera. Las iniciativas de reintroducción de especies no resultan empresas fáciles y muchas de ellas fracasan. Cuando se analizaron estos resultados resultó obvio que varios aspectos clave a tener en cuenta habían sido omitidos o subestimados, sobre todo en lo concerniente a la liberación de aves adultas provenientes de cautiverio, que llegaban con poca o nula capacidad de vuelo (entre otras habilidades faltantes) en un sitio donde la especie ya no estaba presente.

Las alternativas eran dos: dar por finalizado el proyecto o redefinirlo para intentar una nueva suelta. Se optó por la última opción, lo que implicó realizar cambios profundos: asumir la coordinación del proyecto de manera directa, y reevaluar y mejorar el equipamiento, la infraestructura y las metodologías de trabajo. Como resultado de esto, el proyecto fue replanteado en tres etapas. Una primera etapa de entrenamiento intensivo de las aves cautivas para que, entre otras cosas, aprendan a volar largas distancias, desarrollen habilidades de vuelo (por ejemplo, realizar maniobras complejas en el aire), aprendan a distinguir potenciales depredadores y reconozcan el alimento que encontrarán en el campo una vez que estén libres. Una segunda etapa donde las aves serán liberadas progresivamente para que se fijen al sitio de suelta por una largo tiempo una vez que se encuentren libres, lo que permitirá someterlas a un manejo muy activo.

Y una tercera etapa, donde se espera que las aves ya puedan vivir de forma independiente en un territorio mucho mayor, sin necesidad de intervención humana.

El proceso completo llevará sin dudas varios años hasta que se pueda establecer una población totalmente autosuficiente y viable en el largo plazo.

Para la primera etapa se recurrió a la ayuda del biólogo Fabián Gabelli, un especialista en comportamiento y entrenamiento animal, muy conocido por su participación en comerciales y películas que involucran animales alrededor del mundo; alguien que podría ayudarnos a entrenar a nuestros guacamayos para la vida en un ambiente silvestre.

Para el entrenamiento de vuelo hubo que construir un túnel de red de 25 metros de largo, al que se le fueron agregando obstáculos móviles y que actualmente posee en los extremos alimentadores que se activan a control remoto y que incitan a las aves a volar de un extremo a otro del túnel. Durante varios meses, las aves fueron entrenadas para subir a una balanza (para registrar su peso previo a cada entrenamiento) y pasar luego al túnel de vuelo donde, en sus idas y vueltas, llegaban a volar algunos kilómetros cada día.

Con la colocación de nuevos y más complejos obstáculos cada semana, el vuelo se complicaba y sus habilidades mejoraban. Para que aprendieran a huir de los predadores, Fabián trajo a aves rapaces y gatos especialmente entrenados que simulaban el ataque a maquetas de guacamayos enfrente del grupo de aves a liberar.

Poco a poco, estas aves que no volaban o lo hacían muy mal, que no reaccionaban a la presencia de peligros y que solo conocían alimento proveniente de verdulerías, comenzaron a transformarse en animales aptos para ser liberados. Hoy consideramos que esta etapa se encuentra concluida exitosamente.

Hace más de 190 años fue el último registro de un guacamayo volando libre por los cielos de Argentina. Por sus plumas rojas, la caza furtiva y la deforestación, se había extinguido y sólo había ejemplares en algunos zoológicos del país.

Los guacamayos cuentan con habilidades de las que antes carecían para tener la oportunidad de desenvolverse en libertad. Actualmente está en marcha la segunda etapa: de suelta progresiva. Las aves presentes en el sector Cambyretá del Parque Iberá cada día salen del túnel de vuelo y se desplazan por el exterior, sin barreras, volviendo a entrar al mismo cuando termina el entrenamiento. Cada semana, las aves vuelan libres por más tiempo y mayores distancias. Incluso algunas han pernoctado fuera del jaulón por algunos días.

La primera etapa ha sido concluida en forma exitosa gracias a la ayuda de expertos en entrenamiento, del cuidado de los veterinarios de CLT y sobre todo de la incansable dedicación de Noelia, Leandro (los dos técnicos que llevan adelante el manejo de las aves) y sus voluntarios.

Seguramente el conocimiento adquirido va a servir también como herramienta para rehabilitar otras aves cautivas (no solo guacamayos rojos) y poder reinsertarlas en la naturaleza como parte de otros proyectos de conservación. “Observar cómo cada día aves que estuvieron confinadas por años en peque- ñas jaulas ya vuelan entre los montes de Cambyretá nos alienta a encarar los pasos siguientes con buenas expectativas, a pesar de los tropiezos iniciales. Sabemos que el camino a recorrer es arduo y largo, y que pasará un buen tiempo hasta tener nuevamente una población de guacamayos rojos bien establecida y totalmente independiente en Argentina. Para eso estamos trabajando”, aseguró Sebastián Di Martino, Coordinador Programa de Restauración de Fauna Amenazada, CLT.

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Con servicios a Bariloche, Misiones y Rosario, inauguraron la terminal porteña de colectivos Dellepiane

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La Terminal de colectivos Dellepiane quedó inaugurada esta tarde en el barrio porteño de Villa Soldati, desde donde saldrán servicios a Bariloche, Misiones y Rosario y que, en los próximos meses, sumará nuevos destinos para absorber el 40% de los micros que hoy circulan por la terminal de Retiro.

Situada en el enclave de las autopistas Perito Moreno y Luis Dellepiane, su localización agilizará el ingreso y salida de servicios para no afectar el tránsito.

“Con la nueva Terminal Dellepiane, 23.000 personas por día van a poder viajar mejor, sin tener que ingresar al centro de la Ciudad. El objetivo es lograr que los vecinos tengan una nueva alternativa más cerca de su casa para sus traslados de media y larga distancia al mismo tiempo que mejoramos el flujo de tránsito en la zona del bajo”, expresó Juan José Méndez, secretario de Desarrollo Urbano y Transporte, quien participó de la inauguración.

También estuvieron presentes en el acto Andy Freire, ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, autoridades de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), de la Corporación Buenos Aires Sur y de la empresa constructora de la terminal.

Ya quedaron habilitadas las primeras boleterías, desde las que se venderán pasajes de las empresas Flechabus, Chevallier, Vía Bariloche y Urquiza, entre otras, a distintas regiones del país.

“Como no se pueden vender viajes con más de un mes de anticipación, hoy pasarán por esta terminal 15 servicios que salieron de Retiro, pero esperamos que para mediados de abril o principios de mayo tengamos aquí una frecuencia de 500 micros diarios y que, a mitad de año, lleguemos a los 800”, expresó a Télam Martín Amendola, presidente de Transportes Terrestres Argentina (TTA), empresa a cargo de la terminal.

Respecto de sus diferencias con Retiro, Amendola destacó la ventaja de la localización geográfica: “Todos los destinos que están en la zona sur y oeste de la provincia de Buenos Aires -Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Olavarría y Azul, entre otros- tienen mucha mejor conectividad desde Dellepiane”.

“Estuvimos más de 2 años trabajando en su construcción pensando en la comodidad de los pasajeros y reactivar la zona sur de la Ciudad”, aseguró Amendola.

La puesta en marcha de la terminal estuvo signada por la polémica, ya que la Cámara de Transporte de Pasajeros de Larga Distancia (Celadi), que concentra cerca del 80% del transporte de micros de larga distancia de la Argentina, se niega a operar allí.

“Dellepiane no tiene conexión con el Metrobus de la autopista 25 de Mayo, su precio de toque de dársena no está regulado por el Estado, hay pocos colectivos que lleven a los pasajeros hasta allí, no llega el subte ni el tren y las empresas tendríamos que duplicar los costos de operación”, aseguró a esta agencia Gustavo Gaona, vocero de Celadi.

“No es que nos neguemos a las terminales descentralizadas ni a trabajar en Dellepiane, pero lo cierto es que hoy no están dadas las condiciones para operar allí. Ni para los pasajeros ni para nosotros”, explicó.

Consultado por la postura de Celadi, el presidente de TTA aseguró que se trata de “un recelo a aceptar lo nuevo” y que finalmente “serán los pasajeros los que traerán a las empresas a Dellepiane”.

Según TTA, los estudios de impacto ambiental que se hicieron previo a la construcción de la terminal revelaron que entre el 80 y 85% de quienes toman colectivos en la Ciudad viven en la zona de influencia de Dellepiane, en los barrios de Flores, Floresta, Caballito, Parque Chacabuco y Almagro, entre otros.

“Apenas el 4% a 5% de los pasajeros que llegan hasta Retiro usan el tren o el subte y la mayoría usa un vehículo particular o taxi. Por eso es que contamos con 400 espacios de estacionamiento”, señaló Amendola.

Con una superficie de 19.000 metros cuadrados, la nueva terminal de la Ciudad está diseñada para la confortabilidad del usuario, que podrá recorrerla de punta a punta en menos de dos minutos y acceder a una zona de descanso y espera de colectivos bajo techo.

Tiene 48 dársenas para micros, divididas en zonas de arribos y partidos, además de un sector con paradas para 15 líneas de colectivos.

El edificio también es ecológico, ya que cuenta con un diseño que aprovecha al máximo la luz solar, un sistema de recolección de agua de lluvia para usar para los sanitarios, y paneles solares y energía eólica para la iluminación nocturna exterior con lámparas LED.

También cuenta con tecnología de avanzada para control de equipaje, de circulación de micros, scaners detectores de metales, geolocalización satelital de las unidades, cámaras de vigilancia y la instalación de un Destacamento de la Policía de la Ciudad.

El predio de la terminal pertenece a la Ciudad, pero por 18 años su explotación fue cedida a través de la Ley 4924 sancionada por la Legislatura a TTA, a cambio de que se hiciera cargo de los costos de la obra -unos 30 millones de dólares- y el pago un canon trimestral.

 
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Mar del Plata: Casación revocó la exención de prisión a un acusado de transportar casi tres toneladas de marihuana

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En sintonía con el recurso interpuesto por el fiscal general Daniel Adler, la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó por unanimidad una resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata que había concedido la eximición de prisión a Hugo Alberto Esteban, principal imputado en el marco de la investigación de una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes provenientes de Paraguay. El tribunal destacó la gravedad y dimensión del accionar del imputado, quien habría estado a cargo de la “inteligencia operativa” para acondicionar y facilitar la documentación que permitiera el desplazamiento del camión con el cargamento de 2.802 kilos de marihuana que finalmente fue requisado el 23 de agosto de 2015 en la localidad de Wanda, provincia de Misiones. En ese contexto, Casación fundamentó la restricción de la libertad ambulatoria en la existencia de riesgos procesales, en momentos en que se encuentra pendiente la producción de diversas medidas investigativas. “Advertimos que en su razonamiento la Cámara Federal interviniente ha omitido valorar los diversos y serios elementos de prueba obrantes en autos que no hacen más que reforzar los riesgos procesales”, señaló en su voto el juez Eduardo Riggi, al que adhirieron Juan Carlos Gemignani y Liliana Catucci.

Los hechos

Hugo Alberto Esteban se encuentra imputado en orden a los delitos previstos en el artículo 292 y 296 del Código Penal –referidos a la falsificación de documentos- y partícipe del delito de transporte de estupefacientes –art. 5 inc. c) de la ley 23.737-. El 24 de junio de 2016, el titular del Juzgado Federal de Mar del Plata n°3, Santiago Inchausti, rechazó el pedido de exención de prisión presentado por su defensa legal. El magistrado fundamentó tal decisión en la complejidad de la investigación en curso; la pluralidad de personas intervinientes; el importante rol asignado al imputado en la maniobra criminal y en la existencia de medidas de investigación pendientes.

La defensa del imputado apeló esa decisión y el 8 de septiembre de 2016, la Cámara Federal de Mar del Plata revocó el fallo y, en consecuencia, dispuso el beneficio de la eximición de prisión para el acusado. Entre otros aspectos, los magistrados consideraron que el magistrado de primera instancia había llevado a cabo “una suerte de prejuzgamiento” a la hora de establecer la referida “complejidad de la investigación” o el rol asignado al imputado dentro de la estructura delictiva, circunstancias que –consideraron los camaristas- no se encontrarían acreditadas en el expediente, sino que constituían más bien hipótesis a corroborarse durante la instrucción.

Contradicciones y arbitrariedad manifiesta

El fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Daniel Adler, interpuso recurso de casación ante la resolución que concedió la exención de prisión a Hugo Alberto Esteban, actualmente con pedido de captura nacional e internacional. El representante del MPF cuestionó que el fallo en cuestión habilitaba al principal imputado “a presentarse cuando quiera en el juzgado y mantenerse en libertad luego de haber traficado más de tres mil kilos de marihuana”.

En su escrito, el fiscal general destacó que a la fecha la causa cuenta con 23 imputados de los cuales 11 se encuentran detenidos con prisión preventiva. En ese contexto,  Esteban fue convocado a prestar declaración indagatoria en razón de haber planeado –junto a otras personas, algunas de las cuales aún no fueron identificadas- la compra de un importante volumen de material estupefaciente en la frontera entre la provincia de Misiones y la República de Paraguay. En concreto, el acusado habría colaborado para la provisión y acondicionamiento del camión Scania con caja de doble fondo, así como con la documentación requerida para darle legalidad a la circulación del mencionado automotor. Asimismo, habría impartido las instrucciones para para llevar a cabo la operación en cuestión, controlando su ejecución desde el inicio mediante comunicaciones telefónicas con otros integrantes de la organización.

En ese contexto, Adler describió algunas de las características particulares del caso, que no fueron tenidas en cuenta por el tribunal de alzada, especialmente en lo referido a la complejidad de la investigación en curso. En este sentido, el representante del MPF puso de relieve que en el expediente logró acreditarse, con el grado de probabilidad que esta etapa del proceso requiere, “la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes, la cual desarrolló una maniobra de tráfico desde la República de Paraguay de casi tres toneladas de marihuana; junto con la existencia de un grupo de personas encargadas de distribuir estupefacientes y comercializarlos a ocasionales consumidaores en la Ciudad de Mar del Plata; como así  también el aporte sustancial de un grupo de personas dedicadas a satisfacer las necesidades logísticas del plan criminal”.

En su dictamen, Adler cuestionó además que el tribunal de alzada haya desestimado el rol asignado al imputado al interior de la estructura delictiva, al caracterizarlo como una “hipótesis a probar” a lo largo de la pesquisa.  “Si el razonamiento del fallo fuera correcto, deberíamos preguntarnos cuál sería el ‘grado de verosimilitud’ necesario para que, durante la etapa de instrucción, pueda afirmarse la ‘hipótesis a demostrar’ sin incurrir en el pretenso prejuzgamiento por parte del juez”, consignó.

Por último, el fiscal general indicó que el fallo había incurrido en contradicción con lo resuelto el 4 de enero de 2016 en el marco de la misma causa, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata había confirmado el auto de procesamiento con prisión preventiva de los primeros seis imputados. En ese fallo, el tribunal estimó que el poderío económico del acusado y la organización constituían un fundamento válido para sostener la existencia de riesgos procesales. Por el contrario, en el presente incidente, los camaristas desestimaron tal argumento.

“En una resolución del mes de enero se afirma que el poderío del imputado es un elemento que debe ser valorado como una pauta objetiva para avalar la prisión preventiva. Por el contrario, en el fallo que se cuestiona se lo considera como ‘una hipótesis a demostrar en el curso de la investigación’. La contradicción es palmaria y cuestiona de manera severa el poder de convicción de esta argumentación”, consideró Adler.

Detención urgente

Finalmente, el pasado 20 de febrero la sala III  de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el MPF, anuló el fallo de Cámara y revocó la exención de prisión. “La Cámara a quo ordenó la eximición de prisión del incuso valiéndose simplemente de afirmaciones dogmáticas que no reparan suficientemente en las constancias de la causa”, concluyeron los camaristas.

 
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Toma del INYM: El diputado Martín Sereno fue repudiado por los productores

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Uno de los primeros funcionarios que se acercó al lugar de la protesta de productores y tareferos fue el diputado del Partido agrario y Social, Martín Sereno, quien fue repudiado por los manifestantes. Quienes llegaron a golpearlo.

Los productores acusaron a Sereno de “oportunista”. El legislador del PAyS intentó ingresar en el Instituto tomado por los yerbateros, pero los propios productores lo echaron con insultos y acusaciones por un uso político del conflicto.

“Venimos luchando por el tema precios desde hace mucho tiempo; Sereno y Cacho Bárbaro, sólo generan discordia en el sector. No queremos gente así en nuestra lucha”, sentenciaron los productores.

Al verse agraviado por los productores Sereno se dirigió a la plaza 9 de Julio donde encabezó una manifestación donde reunió a varias organizaciones sociales.

Quien sí pudo acercarse a escuchar y dialogar con los referentes de la producción yerbatera y tareferos, fue la Diputada Nacional Cristina Britez.

La otra marcha de Sereno

El reclamo de las organizaciones sociales para que se implemente la Ley de Emergencia Social, sancionada y publicada en el Boletín Oficial en diciembre del 2016, se hizo sentir en todo el país, y Misiones no fue la excepción. La movilización recorrió Puerto Iguazú, Oberá, Puerto Libertad, Wanda, Colonia Victoria, Jardín América, Andresito, Bernardo de Irigoyen, San Vicente, El Soberbio, San Pedro, Garupá y Posadas.

Esta Ley prevé la legitimación de los derechos de los trabajadores precarizados nucleados en la Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quienes este miércoles, desde muy temprano se convocaron haciendo cortes desde la Ruta Nacional 12, intersección con la Ruta Provincial 7.

“Lo que se vive en Misiones es el cansancio y la indignación contra las políticas de ajuste y de hambre que está implementando el Gobierno de Cambiemos, los radicales y el Pro”, destacó el diputado del PAyS, Martín Sereno.

La Jornada Nacional de Lucha que en Misiones fue el primer accionar de la CTEP en conjunto con otras organizaciones sociales, “en la provincia se vio fuertemente reflejada con 12 cortes de rutas y acampes realizados por diferentes sectores como los cooperativistas, docentes, tareferos, productores tabacaleros, los de Agricultura Familiar, el Movimiento Campesino Indígena, los trabajadores y los desocupados”, afirmó.

En esa línea, el legislador hizo hincapié que el amplio abanico social que es castigado “por el macrismo salió a la calle a manifestarse y a decirle al Gobierno basta de ajuste, exigiendo la implementación de la Ley de Emergencia Social, que prevé una partida presupuestaria de 30 millones de pesos en gasto social , y una serie de medidas para paliar la creciente pobreza y desocupación, entre las que sobresale que haya un salario social complementario para los trabajadores de la economía popular”.

Además, piden que “terminen los recortes de las jubilaciones, que se restituyan las que sacaron a nuestros abuelos, y también las pensiones de las personas con discapacidad que cortaron arbitrariamente. Pedimos que no toquen el monotributo social y el agropecuario costo cero, porque eso afectaría a más de 15 mil productores de la provincia que perderían sus asignaciones y tendrían que pagar un elevado costo mensual”, enfatizó Sereno.

También reclamó que se terminen los planes de viviendas que quedaron inconclusos; que haya generación de puestos de empleos, y se solucionen los problemas de tierras. “En todo el país marchamos bajo la consigna nacional Emergencia Social Ya!, Tierra, Techo y Trabajo, y le sumamos muchas problemáticas locales que afectan a los misioneros”, dijo el diputado.

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