En el marco de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Civil Cooperadora del Hospital Ramón Gardés de la ciudad de Eldorado, realizada durante el mes de junio, se llevaron adelante las elecciones y la designación de las nuevas autoridades que tendrán la responsabilidad de conducir la institución en esta nueva etapa.
Entre las designaciones se destaca la de Juan Alberto “Pulga” Ocampo, quien fue elegido como Secretario de la Asamblea y Vicepresidente de la Comisión Directiva, integrando además la Comisión Revisora de Cuentas.
La incorporación de Ocampo representa el reconocimiento a una extensa trayectoria de compromiso social y trabajo comunitario. Reconocido dirigente justicialista e integrante de la Agrupación Aparicio Almeida, ha desarrollado durante años una intensa labor territorial en la ciudad de Eldorado, acompañando a vecinos, instituciones y organizaciones sociales con una presencia permanente y un fuerte compromiso con las necesidades de la comunidad.
Su designación constituye un respaldo a una forma de construir desde el diálogo, la participación y el servicio, valores que han caracterizado su recorrido militante y comunitario.
Desde la Cooperadora del Hospital Ramón Gardés se inicia así una nueva etapa de trabajo orientada a fortalecer el acompañamiento a la institución sanitaria, promoviendo acciones que contribuyan al bienestar de los pacientes, al fortalecimiento del hospital y al desarrollo de iniciativas solidarias en beneficio de toda la comunidad.
La Dirección Provincial de Vialidad presentó el proyecto de rehabilitación de la Ruta Provincial 17 y el nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní en cinco instancias participativas que involucraron a vecinos, comunidades mbya, municipios y sectores productivos. La obra, financiada por el BID, apunta a mejorar la conectividad logística y la seguridad vial en uno de los principales corredores del norte de Misiones.
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) completó una ronda de consultas públicas para presentar el proyecto de construcción del nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní, rehabilitación integral de la Ruta Provincial 17 y ejecución de obras complementarias, una iniciativa de fuerte impacto estratégico para el desarrollo del norte de Misiones. Durante cinco encuentros realizados en distintas localidades, el organismo expuso los alcances técnicos, ambientales y sociales de la intervención y recibió aportes de vecinos, productores, comerciantes, comunidades originarias, docentes, empresarios y autoridades locales.
El proceso participativo se desarrolló en los municipios de Dos Hermanas, Pozo Azul, Santiago de Liniers, 9 de Julio y Eldorado, localidades atravesadas por uno de los corredores provinciales más importantes para la producción forestal, agropecuaria y el transporte de cargas. La instancia de consulta forma parte de los requisitos previstos para proyectos de infraestructura financiados con organismos multilaterales y busca incorporar observaciones de las comunidades antes del inicio de las obras.
Uno de los aspectos destacados fue la participación de comunidades mbya guaraní. Integrantes de las comunidades Tekoa Arandu, Pozo Azul y Pozo Azul I participaron de una reunión específica en la Escuela Intercultural Bilingüe N.º 812, donde técnicos de la DPV y consultores ambientales explicaron el proyecto y respondieron consultas vinculadas al impacto territorial de las futuras intervenciones. Posteriormente, también se realizó un encuentro con miembros de la comunidad mbya de Santiago de Liniers, donde además se recorrieron sectores que requerirán adecuaciones para garantizar una correcta integración entre la ruta y los caminos locales.
En Eldorado, la convocatoria reunió a vecinos urbanos y rurales interesados en conocer cómo las obras modificarán la circulación y la conectividad de la denominada Capital del Trabajo. Mientras tanto, la última jornada, realizada en Santiago de Liniers, permitió concentrar además la participación de habitantes de 9 de Julio, consolidando una instancia regional de intercambio.
Desde Vialidad Provincial remarcaron que el proyecto mantiene una lógica de diseño abierta, contemplando la posibilidad de introducir modificaciones puntuales surgidas de las demandas planteadas durante las consultas. La estrategia busca reducir eventuales impactos sociales y ambientales, además de fortalecer el consenso comunitario alrededor de una obra considerada estructural para el desarrollo regional.
Un corredor estratégico para la producción del norte provincial
La intervención sobre la Ruta Provincial 17 trasciende una simple repavimentación. El proyecto contempla la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Piray Miní, con dimensiones superiores a las actuales, mejorando la capacidad hidráulica y la seguridad del tránsito en uno de los puntos más sensibles del corredor.
A ello se suma la rehabilitación integral de la calzada entre Eldorado y Dos Hermanas, la construcción de travesías urbanas en Eldorado, 9 de Julio, Santiago de Liniers y Pozo Azul, además de una tercera trocha para sobrepaso en un tramo aproximado de cuatro kilómetros donde actualmente la pendiente dificulta la circulación de vehículos pesados.
Las obras incluyen además banquinas pavimentadas, nueva señalización horizontal y vertical, mejoras en intersecciones, cordones cuneta, canteros centrales, plazoletas con mobiliario urbano y otras intervenciones destinadas a incrementar la seguridad vial y ordenar el tránsito en las zonas urbanas.
Desde una perspectiva económica, la modernización de la RP 17 adquiere relevancia por tratarse de un eje utilizado diariamente por la actividad forestal, la producción agropecuaria y el comercio regional. La mejora de la infraestructura permitirá reducir tiempos logísticos, optimizar el transporte de cargas y fortalecer la conectividad entre los municipios del norte provincial y los principales corredores nacionales.
El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que exige procesos de participación ciudadana y la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Social antes de la ejecución de las obras. Ambos documentos permanecen disponibles para consulta pública tanto en el portal de la Dirección Provincial de Vialidad como en el sitio oficial del BID, en cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia y acceso a la información.
En el marco del Plan Guacurarí, implementado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera noreste del país, la Prefectura Naval Argentina secuestró en Misiones un cargamento de 991 kilogramos de marihuana, valuado en más de 3.700 millones de pesos.
El procedimiento se concretó en la localidad de Eldorado y fue el resultado de tareas de inteligencia criminal desarrolladas por personal especializado de la fuerza, que permitieron detectar el presunto ingreso de un cargamento de estupefacientes desde la República del Paraguay.
Con esa información, efectivos apostados en puestos estratégicos de vigilancia observaron el cruce de una embarcación a motor de alta potencia por el río Paraná. La lancha arribó a la costa argentina, a la altura del kilómetro 1.811, en el sector conocido como Puerto Paticuai, donde descargó numerosos bultos que fueron cargados rápidamente en una camioneta tipo pick-up. Inmediatamente después, la embarcación emprendió el regreso hacia la costa paraguaya.
Al advertir la maniobra, los prefectos intentaron identificar el vehículo, pero sus ocupantes ignoraron la orden de detenerse y emprendieron la fuga.
Luego de una breve persecución, los sospechosos abandonaron la camioneta en una zona de monte, a aproximadamente un kilómetro del lugar de la descarga, y escaparon a pie aprovechando la vegetación.
Posteriormente, mediante una consulta al Comando Tripartito de la Triple Frontera, se constató que el vehículo poseía un pedido de secuestro por robo.
Durante la requisa, el personal de la Prefectura encontró 59 bultos que contenían 1.368 panes prensados de marihuana, con un peso total de 991 kilogramos. Según la estimación oficial, el valor de la droga supera los 3.700 millones de pesos.
La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Eldorado, encabezado por el juez Miguel Ángel Guerrero, y de la Fiscalía Federal de Eldorado, a cargo del fiscal Pablo Fernando Kulchar, quienes ordenaron el secuestro del estupefaciente y de la camioneta utilizada para el traslado de la carga.
La Policía de Misiones incautó una camioneta robada cargada con casi 900 kilos de marihuana durante un operativo realizado en Eldorado. Se presume que el conductor abandonó el vehículo ante el arribo de las patrullas y escapó hacia una zona de malezas y montes, donde actualmente permanece rodeado por distintas unidades operacionales que mantienen un intenso despliegue para concretar su captura.
Un importante golpe al narcotráfico se concretó este lunes en Eldorado, donde efectivos policiales secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok cargada con 895 kilos de marihuana, valuados en más de 3.375 millones de pesos. Además, se estableció que el vehículo registraba un pedido de secuestro por robo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La intervención se inició cuando efectivos de la División Drogas Peligrosas detectaron la camioneta circulando a alta velocidad y en sentido contrario por la zona de las calles Bertoni e Independencia, en el kilómetro 3 de Eldorado. Al advertir la presencia policial y las señales de detención, el conductor aceleró la marcha y emprendió la fuga.
Ante esta situación, los uniformados desplegaron un seguimiento controlado y lograron reconstruir el recorrido realizado por el vehículo. Finalmente, a unos 3.000 metros del punto inicial, localizaron la Amarok, la cual era abandonada por un hombre sobre un camino terrado.
Durante la inspección, los policías detectaron numerosos bultos con características compatibles con estupefacientes. Con intervención de Criminalística y en presencia de testigos, se realizaron las pruebas orientativas correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo para Cannabis Sativa.
El pesaje final determinó un total de 895 kilos con 200 gramos de marihuana distribuidos en 46 bultos. Por disposición de la Justicia Federal se procedió al secuestro de la droga y del vehículo utilizado para su transporte.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el operativo continúa con efectivos desplegados en la zona para ubicar y detener al responsable de la carga narco.
A once años de la irrupción de Ni Una Menos en la agenda pública argentina, cientos de personas volvieron a ocupar las calles de Posadas para reclamar políticas efectivas contra la violencia de género y exigir justicia por las víctimas de femicidio. La movilización de este 3 de junio estuvo atravesada por la conmoción generada por los recientes asesinatos de Dulce María Beatriz Candia, en Eldorado, y de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, dos casos que reactivaron el debate sobre la capacidad del Estado para prevenir situaciones extremas de violencia.
La marcha misionera se desarrolló en paralelo a las movilizaciones realizadas en distintos puntos del país, en una fecha que ya forma parte del calendario político y social argentino. Sin embargo, el contexto actual le otorgó una carga simbólica particular. Los nombres de Dulce y Agostina estuvieron presentes en carteles, pancartas y discursos, junto al reclamo histórico que dio origen al movimiento en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez.
La concentración comenzó en el Mástil de la avenida Uruguay y avanzó hacia la Plaza 9 de Julio, donde se realizó el acto central. Durante el recorrido, las organizaciones feministas realizaron intervenciones frente a organismos públicos vinculados a la salud, la seguridad y la asistencia social, señalando la necesidad de fortalecer los dispositivos de prevención y acompañamiento de víctimas.
Las fotografías de Dulce Candia y de Soledad Machuca, víctima de femicidio en febrero de 2025, encabezaron parte de la movilización. Familiares de Machuca fueron los primeros en tomar la palabra en una jornada marcada por testimonios, reclamos y críticas a los retrocesos que, según las organizaciones convocantes, se registran en materia de políticas de género.
Una década de movilización y una problemática persistente
Las cifras difundidas por el Observatorio Nacional de las Violencias de Género “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mumalá reflejan que, pese a la visibilización alcanzada por el movimiento, la violencia letal contra mujeres y diversidades continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del país.
Entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026 se registraron 105 femicidios en Argentina, equivalente a una mujer asesinada cada 35 horas. El informe incluye 80 femicidios directos, cinco femicidios vinculados, tres trans-travesticidios, cinco suicidios femicidas, cinco muertes violentas asociadas al género, un crimen de odio y doce casos relacionados con contextos de narcotráfico y crimen organizado.
La dimensión del fenómeno se amplía al considerar los 420 intentos de femicidio registrados durante el mismo período y otros 14 casos que permanecen bajo investigación judicial. Desde la primera marcha del 3 de junio de 2015 hasta mayo de este año, el observatorio contabilizó 3.096 femicidios en todo el país.
Misiones, entre los focos de preocupación
Dentro del escenario nacional, Misiones exhibe indicadores que generan preocupación tanto en organizaciones sociales como en organismos estatales. En lo que va de 2026 se registraron dos femicidios y un travesticidio, mientras que los intentos de femicidio ascienden a 51 casos.
La provincia además arrastra un antecedente alarmante. Durante 2025 se contabilizaron once femicidios, la cifra más alta de los últimos seis años. Paralelamente, se registraron 31.432 denuncias por violencia familiar y de género, un promedio de 86 por día.
La tendencia no muestra señales de reversión. Solo entre enero y mayo de este año se registraron 14.003 denuncias, lo que representa cerca de 93 presentaciones diarias ante organismos competentes.
Desde Mumalá advierten que existe una creciente desconfianza hacia los mecanismos institucionales de protección. Según la organización, muchas víctimas optan por no denunciar porque consideran insuficientes las respuestas estatales o temen represalias. En paralelo, desde el Gobierno provincial sostienen que también persiste un déficit de compromiso social para reportar situaciones de violencia, pese a que la legislación vigente permite realizar denuncias con reserva de identidad.
El rostro detrás de las estadísticas
El informe nacional también permite identificar patrones que se repiten en gran parte de los casos. El 60% de los femicidios fue cometido por parejas, ex parejas o familiares. El 67% ocurrió dentro de la vivienda de la víctima y un tercio de las mujeres convivía con su agresor al momento del crimen.
La edad promedio de las víctimas fue de 39 años, mientras que los agresores tenían en promedio 41 años. Cuatro de cada diez mujeres asesinadas eran madres y al menos 73 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre durante los primeros cinco meses del año.
Uno de los datos más sensibles es el vinculado al acceso a los sistemas de protección. Apenas el 9% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, el porcentaje más bajo desde que comenzaron los registros sistemáticos hace once años. Entre quienes sí habían denunciado, tres de cada cuatro contaban con medidas de restricción y solo una minoría disponía de botón antipánico.
“Hoy levantamos la voz por Dulce y por Agostina”
Durante el acto central en Posadas, Carla Talavera, referente provincial de Mumalá, recordó que el movimiento nació tras el femicidio de Chiara Páez y señaló que, pese a los avances logrados durante la última década, persisten situaciones que evidencian falencias estructurales.
“Hoy levantamos la voz por Dulce, por Agostina y por todas las pibas que nos arrebató la violencia machista”, expresó ante los manifestantes.
La dirigente remarcó además que el observatorio de la organización continúa siendo una herramienta clave para visibilizar una problemática que, según sostuvo, algunos sectores intentan relativizar. “Sabemos que en lo que va de 2026 hubo tres femicidios y 51 intentos de femicidio en Misiones. Son 51 vidas que hoy están en riesgo”, afirmó.
Una disputa política que también atraviesa la agenda de género
La conmemoración de los once años de Ni Una Menos se produjo además en un contexto de creciente polarización política sobre las políticas de género. Mientras las organizaciones feministas reclamaron la restitución de recursos destinados a prevención, asistencia y protección de víctimas, desde sectores del oficialismo nacional defendieron la estrategia de seguridad basada en el endurecimiento de las penas y cuestionaron la orientación de las políticas implementadas durante los últimos años.
La discusión refleja una disputa más profunda sobre el rol del Estado frente a la violencia de género y sobre la eficacia de los instrumentos creados desde 2015. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, los números continúan imponiendo una realidad difícil de ignorar.
A once años de aquella movilización que transformó para siempre la conversación pública sobre la violencia machista en Argentina, las calles volvieron a expresar un reclamo que sigue vigente. Los nombres cambian, los casos se acumulan y las estadísticas crecen. Pero el mensaje permanece inalterable: que ninguna mujer más sea asesinada por razones de género. Que el “Ni Una Menos” deje de ser una consigna y se convierta, finalmente, en una realidad.
