Eldorado

La Legislatura convocó audiencias públicas para cubrir siete cargos clave en la Justicia de Misiones

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La Cámara de Representantes de Misiones convocó a audiencias públicas para tratar los pliegos de siete postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos estratégicos dentro del Poder Judicial provincial, entre ellos jueces de instrucción, jueces de paz y fiscales en distintas circunscripciones judiciales.

Las audiencias se realizarán el lunes 1 de junio de 2026, desde las 8:00, en el Salón Auditorio del segundo piso del edificio anexo de la Legislatura provincial, en Posadas, y estarán a cargo de la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca.

Entre los cargos a cubrir se encuentran juzgados de instrucción en Posadas, Eldorado y Oberá, además de juzgados de paz en Puerto Iguazú y Posadas, y fiscalías en Puerto Rico y en la Primera Circunscripción Judicial.

El primer pliego corresponde a César Humberto Lirussi, propuesto para ocupar el cargo de juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Eldorado. La audiencia fue fijada para las 8:00.

A las 8:30 será el turno de Rosa Raquel Dionisia Mazal, postulada como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Iguazú.

Luego, a las 9:00, se analizará la propuesta de Carla Alejandra Freitag para el cargo de jueza de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en Posadas.

A las 9:30 se tratará el pliego de Camila Arruti, propuesta para fiscal de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar número 1 de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Rico.

Posteriormente, a las 10:00, será la audiencia de Luis Sebastián Martínez, candidato a juez de Paz Letrado de Primera Categoría del Juzgado de Paz Civil y Comercial número 2 de Posadas.

A las 10:30 se evaluará la postulación de Martín Ignacio Balor para desempeñarse como agente fiscal de la Fiscalía en lo Correccional y de Menores número 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

Finalmente, a las 11:00 se desarrollará la audiencia correspondiente a Diego Agustín Lafata, propuesto para juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá.

La resolución también establece que cualquier ciudadano podrá presentar impugnaciones fundadas por escrito dentro de los cinco días hábiles posteriores a la última publicación oficial, acompañando pruebas o señalando su existencia. Estas presentaciones podrán realizarse en formato papel ante la Comisión o, excepcionalmente, mediante correo electrónico institucional.

Además, el público podrá participar mediante preguntas por escrito vinculadas exclusivamente a la función para la cual fue propuesto cada candidato. Las consultas deberán ser autorizadas por la presidencia de la Comisión y serán leídas durante la audiencia pública.

Los antecedentes y copias de los pliegos estarán disponibles para su consulta de 7:00 a 13:00 en la oficina de la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio legislativo sobre calle Constituyentes Provinciales 1980 de Posadas.

El proceso forma parte del mecanismo institucional previsto para garantizar transparencia y participación ciudadana en la designación de magistrados y funcionarios judiciales en la provincia.

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Misiones ratificó multa millonaria por transporte ilegal de madera nativa y rechazó apelación de una empresa forestal

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El gobernador Hugo Passalacqua, ratificó mediante decreto una fuerte sanción económica contra el Establecimiento Don Guillermo S.R.L. por una infracción forestal vinculada al transporte ilegal de madera nativa en Eldorado. A través del Decreto firmado el 1 de abril de 2026, el Ejecutivo provincial rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la empresa y confirmó la multa equivalente a 500 salarios mínimos vitales y móviles -178.900.000 pesos-, además del decomiso correspondiente, por haber trasladado especies arbóreas nativas sin autorización del Ministerio de Ecología, sin guía forestal y sin marca de martillo, exigencias obligatorias bajo la normativa vigente.

El caso se originó el 15 de marzo de 2022, cuando personal policial del Centro Integral de Operaciones secuestró un camión marca Iveco, dominio NPL-886, conducido por Germán Alfredo Ferreira, que transportaba material forestal nativo sin la documentación respaldatoria requerida. El procedimiento fue elevado a la Unidad Regional III de Eldorado y posteriormente intervino el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.

Durante el sumario administrativo, el socio gerente de Don Guillermo S.R.L., Gerardo Guillermo Gruber, reconoció que el vehículo pertenecía a la firma y explicó que la madera provenía de un lote de pino resinoso implantado. Según su descargo, durante las tareas de volteo detectaron especies nativas que habían crecido junto a los pinos y decidieron talarlas por razones de seguridad y trasladarlas al aserradero para no entorpecer la preparación del suelo para una nueva plantación.

Sin embargo, la Dirección General de Bosques Nativos concluyó que esa explicación no desvirtuaba la infracción. El organismo sostuvo que la presencia de especies nativas en el predio debía considerarse dentro del régimen de protección de bosques nativos, incluso si se trataba de rebrote espontáneo posterior a desmontes previos. En consecuencia, determinó que se habían talado ejemplares de especies nativas clase B y C sin autorización, configurando una infracción al artículo 25 inciso b de la Ley XVI N° 105.

La empresa intentó encuadrar la sanción bajo la Ley XVI N° 7, que regula de manera general productos forestales y establece multas considerablemente menores. Argumentó que no se trataba de un bosque nativo y que la sanción aplicada era excesiva, arbitraria y violatoria del debido proceso.

Pero tanto el Ministerio de Ecología como la Fiscalía de Estado y la Subsecretaría Legal y Técnica coincidieron en rechazar esa interpretación. Señalaron que la Ley XVI N° 105 constituye un régimen específico para especies arbóreas nativas y se articula con la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, por lo que prevalece sobre la normativa general por especialidad y por ser posterior.

Además, el dictamen oficial subrayó que la propia firma reconoció haber talado y transportado madera nativa sin autorización, sin guía forestal y sin la marca oficial de martillo forestal, lo que encuadra directamente en el régimen sancionatorio específico previsto para bosques nativos.

La Fiscalía de Estado sostuvo que la multa aplicada constituye una consecuencia “directa y proporcional” a la gravedad objetiva de la infracción y defendió la necesidad de sancionar este tipo de conductas para preservar el patrimonio forestal provincial. También remarcó que el recurso jerárquico no aportó nuevos elementos jurídicos ni probatorios que permitieran cuestionar la legalidad o razonabilidad del monto.

Por eso, el decreto firmado por Passalacqua resolvió no hacer lugar al recurso presentado por Don Guillermo S.R.L., ratificar íntegramente la Resolución 146/24 del Ministerio de Ecología y mantener la multa de 500 salarios mínimos vitales y móviles.

La decisión vuelve a poner en primer plano el endurecimiento del control ambiental en Misiones sobre el aprovechamiento forestal, especialmente en materia de especies nativas protegidas, donde la provincia sostiene una política de fuerte aplicación normativa en línea con la legislación nacional de presupuestos mínimos ambientales.

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Tres detenidos en Misiones por tenencia y distribución en operativo internacional contra la explotación sexual infantil

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El combate contra la tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) volvió a poner a Misiones en el centro de una investigación internacional. Este martes 28 de abril, en el marco del operativo “Aliados por la Infancia VI”, se realizaron cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia que terminaron con tres personas detenidas y el secuestro de múltiples dispositivos electrónicos que ahora serán peritados por especialistas judiciales.

La causa se encuadra en presuntas infracciones al artículo 128 del Código Penal Argentino, que sanciona la producción, distribución, tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, uno de los delitos más graves dentro del universo de los ciberdelitos y la explotación sexual de menores.

La supervisión general de los procedimientos estuvo a cargo del procurador general de la provincia, Carlos Giménez, mientras que la investigación preliminar fue desarrollada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), con apoyo de la Policía de Misiones, Gendarmería Nacional y organismos nacionales e internacionales especializados en la protección de niños, niñas y adolescentes .

Tres detenidos y cuatro allanamientos

El saldo más fuerte del operativo en Misiones fue la detención de tres hombres en distintas localidades del interior provincial.

Operativo “Aliados por la Infancia VI” en Misiones: detenidos y procedimientos

Localidad Detenido Edad Elementos secuestrados Dato relevante
Leandro N. Alem C.M.M. 45 años Dos teléfonos celulares y otros elementos de interés Procedimiento con presencia de la jueza Selva Zuetta
Bernardo de Irigoyen C.M.R. 37 años Tres teléfonos celulares Samsung También se hallaron 52 gramos de cannabis sativa; intervino la Justicia Federal
Eldorado Sergio K. No informada Un teléfono celular y dos discos sólidos de 240 GB Se detectó coincidencia con el usuario investigado y material compatible con MASI

Fuente: Ministerio Público de Misiones. MASI: Material de Abuso Sexual Infantil.

Cómo se originó la investigación

Dos de los casos investigados surgieron a partir de detecciones en redes P2P mediante las plataformas ICACCOPS y CPS, herramientas especializadas utilizadas para identificar direcciones IP vinculadas al tráfico y distribución de material de abuso sexual infantil.

Los otros dos expedientes se originaron por reportes canalizados a través del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo internacional que alerta sobre circulación de este tipo de contenido en redes sociales, plataformas digitales y servicios de correo electrónico.

La información remitida por estos organismos reveló que algunos de los archivos investigados involucraban víctimas menores de 13 años, lo que elevó la gravedad del caso y motivó la necesidad de una intervención judicial inmediata para evitar nuevas situaciones de revictimización .

Una red internacional de 16 países

El operativo “Aliados por la Infancia VI” no se limitó a Misiones ni a la Argentina. Se trata de una acción coordinada a nivel internacional que involucra a 16 países: Argentina, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Perú, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Brasil, Colombia, México, España, Francia y El Salvador.

En territorio argentino, los procedimientos se desarrollan en distintas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reflejando la magnitud de una estructura criminal que utiliza entornos digitales para la circulación de este tipo de material.

Desde el Ministerio Público destacaron que la posibilidad de investigar este tipo de reportes internacionales en Misiones fue fortalecida a partir del convenio entre el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General de la Provincia, lo que permite canalizar de manera más ágil las alertas internacionales y acelerar la respuesta judicial local .

La investigación ahora entra en una etapa clave: el análisis forense de los dispositivos secuestrados. De allí podrían surgir nuevas pruebas, nuevas imputaciones e incluso nuevas conexiones con redes de distribución más amplias.

En delitos de esta naturaleza, cada archivo encontrado no representa solamente una prueba judicial, sino también una nueva dimensión de una trama que tiene como víctimas directas a niños, niñas y adolescentes.

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Misiones destina casi $20 millones para renovar Becas Andrés Guacurarí a estudiantes universitarios

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El Gobierno de Misiones oficializó la renovación de siete Becas Andrés Guacurarí destinadas a estudiantes egresados del nivel secundario que actualmente cursan carreras presenciales de nivel superior en universidades públicas e institutos públicos. La inversión total asciende a $19.964.000 y corresponde al período comprendido entre abril y diciembre de 2025, aunque el reconocimiento y la reapropiación del gasto se formalizó en el ejercicio financiero 2026.

La medida fue establecida mediante el Decreto 422, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua junto a los ministros Adolfo Safrán y Ramiro Aranda, en el marco de la Ley VI – N° 194, que creó el programa de Becas Andrés Guacurarí como herramienta de acompañamiento para jóvenes misioneros que continúan sus estudios superiores.

Un salario mínimo por mes para sostener la formación superior

Según el decreto, cada beneficiario percibe mensualmente el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, conforme a la Resolución N° 5/2025 del Consejo Nacional del Empleo.

Los montos establecidos fueron escalonados de acuerdo con las actualizaciones del salario mínimo: $302.600 en abril, $308.200 en mayo, $313.400 en junio, $317.800 en julio y $322.000 mensuales entre agosto y diciembre. De esta manera, cada estudiante recibió un total de $2.852.000 durante los nueve meses contemplados.

El total general destinado a los siete beneficiarios alcanzó así los $19.964.000, con imputación presupuestaria específica dentro del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Quiénes accedieron a la beca

Los beneficiarios son estudiantes egresados de establecimientos secundarios dependientes del Consejo General de Educación y del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, con altos promedios académicos y cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa.

La nómina incluye a:

  • Lucas David Acevedo, de Eldorado (promedio 9,13)
  • Cintia Gabriela Aquino, de San Vicente (8,86)
  • Gustavo Sebastián Cantero, de 25 de Mayo (9,34)
  • Santiago Hernán Cantero, de 25 de Mayo (9,31)
  • Danna Melani Kelm, de Florentino Ameghino (9,00)
  • Zaira Milagros Schwab, de Eldorado (9,63)
  • Daniela Maribel Scherbak, de Florentino Ameghino (9,40)

Entre ellos, la estudiante con mayor promedio es Zaira Milagros Schwab, con 9,63, seguida por Daniela Scherbak y los hermanos Cantero, todos con desempeños sobresalientes.

Educación como política de sostenimiento social

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial remarca que “la educación es el principal eje de crecimiento del pueblo” y sostiene que el acceso a ella no debe verse condicionado por barreras económicas. Bajo esa premisa, el programa apunta a fortalecer las trayectorias académicas de jóvenes que egresan del secundario y continúan estudios superiores dentro del sistema público.

Además, se dispuso el reconocimiento de legítimo abono y la reapropiación del gasto al ejercicio financiero actual, en virtud de que el beneficio ya había generado impacto positivo para la provincia y contaba con autorización de la Comisión de Contención del Gasto Público.

La Beca Andrés Guacurarí se consolidó en los últimos años como uno de los principales instrumentos de acompañamiento educativo provincial, especialmente para estudiantes del interior que deben sostener sus estudios universitarios lejos de sus lugares de origen o en contextos económicos complejos.

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Energía habilita una central a biomasa en Misiones y la familia Gruber se suma a la generación eléctrica

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El Gobierno nacional autorizó el 23 de abril, mediante la Resolución 101/2026 de la Secretaría de Energía, el ingreso de la empresa Establecimiento Don Guillermo S.R.L. al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como agente generador. La decisión habilita la operación de la Central Térmica a Biomasa EDG Bioenergía, con una potencia de 3 megavatios, ubicada en Eldorado, Misiones. El movimiento, de escala acotada en términos de potencia, adquiere relevancia política en un contexto donde la estrategia energética combina apertura a inversiones privadas, generación distribuida y aprovechamiento de recursos regionales. La pregunta es si se trata de un caso puntual o de una señal más amplia hacia un modelo descentralizado.

Un ingreso técnico con aval regulatorio

La autorización se inscribe dentro del marco de las leyes 15.336 y 24.065, que regulan el funcionamiento del sistema eléctrico y el MEM. El proceso siguió el circuito habitual: evaluación técnica, validación de requisitos y publicación para eventuales objeciones, sin que se registraran impugnaciones.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) certificó que la empresa cumple con las condiciones exigidas para operar, tanto en términos técnicos como de información para la programación del sistema. Además, deberá completar la instalación de equipamiento vinculado a comunicaciones y monitoreo, en línea con los estándares del mercado.

El proyecto cuenta también con aval ambiental. El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones aprobó el estudio de impacto ambiental, lo que habilita su desarrollo en términos regulatorios.

La central se conectará en 13,2 kV a la Cooperativa de Electricidad Eldorado Ltda. (CEEL), que a su vez se integra al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de instalaciones de 33 kV bajo jurisdicción de Electricidad de Misiones S.A. (EMSA). Es decir, se trata de una inserción en red con fuerte anclaje local pero impacto en el sistema nacional.

Distribución de riesgos y reglas del juego

Uno de los puntos menos visibles pero más relevantes de la resolución es la asignación de costos. La Secretaría de Energía instruyó a CAMMESA a trasladar a la empresa los sobrecostos o penalidades que puedan generarse por eventuales indisponibilidades en su conexión al sistema.

Este criterio fija una señal clara: el ingreso al MEM no solo habilita la venta de energía, sino que también implica asumir riesgos operativos. La lógica es consistente con un esquema donde el Estado regula, pero traslada a los privados la responsabilidad por su desempeño técnico.

En términos institucionales, el movimiento refuerza el rol de CAMMESA como administrador del sistema y consolida el funcionamiento del MEM como espacio de coordinación entre actores públicos, privados y cooperativos.

Escala chica, señal relevante

Aunque los 3 MW representan una potencia limitada dentro del sistema nacional, el proyecto introduce varias capas de lectura. Por un lado, promueve la generación a partir de biomasa, una fuente vinculada a economías regionales. Por otro, articula actores diversos: una empresa privada, una cooperativa local y una empresa provincial.

En ese cruce, la decisión puede leerse como un gesto hacia la integración de proyectos de menor escala en el esquema energético, sin necesidad de grandes inversiones centralizadas.

Para el Gobierno, este tipo de habilitaciones suma volumen a una narrativa de diversificación energética. Para las provincias, abre la puerta a proyectos con impacto territorial directo.

Un modelo que se arma caso por caso

La resolución no define una política general, pero encaja en una secuencia de decisiones que apuntan a flexibilizar el acceso al mercado eléctrico. Cada proyecto aprobado construye, en la práctica, un modelo más abierto.

Habrá que observar si este esquema se acelera en los próximos meses y si aparecen más iniciativas similares, especialmente en regiones con disponibilidad de recursos como la biomasa.

También será clave el desempeño operativo de estas plantas: en sistemas interconectados, incluso los proyectos pequeños pueden tensionar la red si no cumplen estándares.

Por ahora, el Gobierno habilita, regula y traslada riesgos. El equilibrio entre expansión, confiabilidad y costos todavía está en construcción.

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