Los embarazos adolescentes bajaron 45% en Misiones en los últimos cinco años

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En la Argentina, los embarazos adolescentes disminuyeron 55% entre 2015 y 2020, lo que significó que el número de personas gestantes de hasta 20 años que tuvieron hijos e hijas se redujera en promedio 60.000 cada año, y los especialistas lo atribuyen a la masividad de la entrega de métodos anticonceptivos de larga duración, a la educación sexual y a los cambios sociales y culturales producidos por los feminismos. 

En Misiones, en el mismo período, la tasa de embarazos adolescentes se redujo 45,32 por ciento, desde que comenzaran a aplicarse políticas de cuidado para las niñas. Si se extiende el análisis hasta el año pasado, la reducción del embarazo adolescente fue de 48,16 por ciento. Las autoridades sanitarias misioneras pusieron como prioridad la reducción de los embarazos adolescentes. En 2015, el 22,29 por ciento de los nacidos vivos era de madres adolescentes, con 6.105 nacimientos en total. Al año pasado, se llegó con 15,30 por ciento, con 3.165 nacimientos, por debajo de los 3.338 de 2020. 

La reducción del embarazo adolescente fue en línea con una baja general de la tasa de natalidad en Misiones, que pasó de 20,28 cada mil habitantes en 2019 a 16,10 en 2021. 

Argentina se encuentra transitando el descenso más pronunciado de nacimientos en su historia, con una tasa de fecundidad que bajó un 34% entre 2014 y 2020, y en gran parte se debe que hay un 55% menos de embarazos adolescentes en los últimos años.

“La fecundidad bajó en todas las edades, pero bajó sobre todo en las menores de 20. La fecundidad baja te dice en lo social que estamos en una sociedad que está evolucionando muy bien en términos de reconocimiento de derechos de las mujeres, el derecho a elegir”, aseguró a Télam Rafael Rofman, demógrafo y economista que elaboró en CIPPEC el informe “Odisea Demográfica. Tendencias demográficas en Argentina: insumos clave para el diseño del bienestar social”.

“Y además tiene que ver con la disponibilidad de métodos anticonceptivos de calidad, el disparador fue que en 2014 se empezó a distribuir los implantes subdérmicos, que son seguros y muy efectivos”, agregó.

Para Rofman, el descenso en los embarazos adolescentes “es muy buena noticia por la causa, porque son pibas que controlan su vida, su cuerpo y tienen oportunidades. Y por las consecuencias, porque la gran mayoría de esos embarazos adolescentes son no deseados”.

En diálogo con Télam, la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, precisó que esta tendencia se vio en los últimos registros ya que “en 2019 la tasa general de nacimientos en menores de 20 años era de 40,7% sobre 1.000 nacimientos, y en el 2020 bajó a 30,3%”.

“Esto se viene sosteniendo y se explica, como hipótesis preliminar, por la aplicación del Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional, con más disponibilidad de equipos y métodos anticonceptivos, sobre todo en las regiones del NOA y NEA, que eran los que tenían más alta”, aseguró.

Según el “Tablero de Monitoreo para la toma de decisiones” de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que se publicó en septiembre de este año con los resultados del 2021, se distribuyeron ese año 7.980.077 métodos anticonceptivos en las 24 jurisdicciones a través de 5.769 efectores del sistema público de salud, logrando la cobertura de 945.866 mujeres.

En el último informe de “Políticas para Prevención del Embarazo Adolescente Basadas en Evidencias” del Ministerio de Salud de la Nación, se informó que en el 2020 fueron madres 53.000 adolescentes pero “7 de cada 10 embarazos siguen sin ser deseados ni planificados”.

“En menores de 15 años, 8 de cada 10 tampoco han sido deseados o planificados, en buena medida, porque muchos son consecuencia de abusos y violencia sexual”, alertó el estudio.

En tres años de aplicación del plan ENIA (2017-2020), la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA) temprana (10 a 14 años) bajó a la mitad; la TEFA tardía (15 a 19 años) bajó 39,4% y la TEFA total (10 a 19) bajó 38,4%.

“En la comparativa entre las provincias que están dentro del Plan ENIA y las que no, se observó que hubo una mayor reducción de la TEFA en las provincias incluidas en el plan”, aseguró el informe.

“Hay un descenso de los embarazos adolescentes y eso es muy importante, pero hay que seguir haciendo foco en la no intencionalidad. La evidencia indica que el embarazo no intencional en la adolescencia es un problema por eso es importante acompañar a los adolescentes para que puedan vivir su sexualidad, que tengan información y métodos anticonceptivos, por eso la ESI es tan importante”, aseveró Isla.

Por último, la directora nacional resaltó que la reducción del embarazo adolescente impacta en la vida de esas jóvenes ya que pueden tener mayores oportunidades de finalizar estudios e insertarse laboralmente en mejores condiciones.

“Hay estudios sobre el impacto económico del embarazo en la adolescencia y es muy impresionante la variación en la trayectoria de vida de esas personas que han tenido hijos en edades tempranas respecto a aquellas que han podido postergar esa situación. Toda la evidencia muestra que es importante bajar el embarazo no intencional en la adolescencia”, resaltó Isla.

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La ANM advierte sobre los procedimientos anticonceptivos quirúrgicos en adolescentes

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La Academia Nacional de Medicina advierte que los procedimientos quirúrgicos como métodos anticonceptivos a partir de los 16 años, no son recomendables ya que los adolescentes podrían tomar decisiones por la “impulsividad” que caracteriza a esa etapa de la vida.

La Academia Nacional de Medicina (ANM) cuestionó la promoción procedimientos quirúrgicos como métodos anticonceptivos a partir de los 16 años. En un comunicado, esta academia precisó que la adolescencia se caracteriza por la “impulsividad” y advierten que las medidas quirúrgicas no tienen retorno. Temen que un adolescente pueda arrepentirse luego de tomar una decisión tan drástica como lo es practicarse una ligadura de trompas, o una vasectomía.

En nuestro país, si un adulto quiere practicarse dichas intervenciones, la ley 26130 del año 2006, autoriza la ejecución de procedimientos anticonceptivos quirúrgicos permanentes. Siempre que sean solicitados por personas mayores, que deben prestar con su firma un consentimiento informado.

“Informado, significa que antes de la firma del consentimiento, el médico interviniente deberá explicar con claridad al interesado lo que la operación implica para su salud; las características de la intervención, las casi nulas posibilidades de volver atrás con la consecuente esterilidad definitiva de por vida, los riesgos inherentes al procedimiento, la carencia de protección contra enfermedades de transmisión sexual y la posibilidad de emplear otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos”, se lee en el comunicado de la ANM.

Atendiendo a la modificación del código civil en 2014, que considera que a partir de los 16 años los adolescentes son personas adultas, con autonomía para tomar decisiones, la ANM precisa: “La adolescencia es un período madurativo durante el cual los niños dependientes se convierten en adultos independientes. Esa evolución gradual en lo físico y en lo psicológico se opera en un lapso que suele ir más allá de los 20 años, durante el cual son frecuentes los cambios de carácter, las dudas sobre su propia identidad e incertidumbre sobre el futuro”.

Dentro del comunicado, la ANM se refiere a que dentro del campo de las neurociencias se enseña que el proceso madurativo del sistema nervioso no ha llegado aún a las áreas responsables de la mesura de las decisiones. “La impulsividad de los adolescentes es un rasgo característico, que puede llevar a actuar con escasa reflexión y cautela, tomando decisiones sin retorno de las cuales luego pueden arrepentirse”.

Además, los expertos señalan las consecuencias irreversibles. “Una operación considerada lesión grave con esterilidad permanente e irreversible no condice con el criterio de cuidado del cuerpo de los adolescentes”.

Y continúa: “Los embarazos adolescentes, cuando no son deseados, suelen conducir a situaciones penosas para la madre y para el niño. Ante la alarmante frecuencia de estos embarazos no deseados, evitar los mismos es una necesidad que la medicina puede intentar solucionar con medidas adecuadas, pero sin los riesgos intrínsecos ni la irreversibilidad de los procedimientos de esterilización quirúrgica. La Academia Nacional de Medicina, considera que el mejor método de protección de los adolescentes es la educación sexual y reproductiva y la recomendación de los métodos anticonceptivos reversibles”.

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Ginés e Ibarra defendieron en el Senado el aborto legal

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En la primera jornada de debate en el Senado, la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra y los Ministros de Mujeres Géneros y diversidad, Elísabeth Gómez Alcorta y de Salud, Ginés González García brindaron precisiones sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ya tiene media sanción en Diputados.

Durante un plenario de las comisiones de la Banca de la Mujer -cuya titular la senadora por La Pampa, Norma Durango (Frente de Todos) presidió el debate-, de Justicia y Asuntos Penales, y de Salud, los tres funcionarios expusieron detalles de la norma, que continuará tratándose mañana y el miércoles de 10 a 13 y 15 a 18 recibiendo las exposiciones de varios especialistas que tienen posturas a favor o en contra de la iniciativa.  

Antes de que tomaran la palabra los funcionarios del Ejecutivo, el senador por Catamarca del Frente de Todos, Dalmacio Mera, fue disparador de un intercambio de opiniones entre algunos senadores sobre el hecho de que la Banca de la Mujer sea la cabecera de la discusión del IVE. 

Los dos ministros y Vilma Ibarra afrontaron juntos la videoconferencia desde la Casa de Gobierno y tras exponer, respondieron algunas preguntas planteadas por distintos senadores.       

La secretaria Legal y Técnica dijo que iba a explicar “dos proyectos muy consistentes, que dialogan entre sí, que marcan claramente la idea que tiene el Ejecutivo en estos temas”. 

“El de mil días es un proyecto muy robusto que valora los proyectos de maternidad, que es un momento muy hermoso para una familia, y por cual el Estado estará allí acompañando esas maternidades, y el cual recibió una aprobación en diputados en forma unánime”, dijo Ibarra inicialmente. 

De inmediato contó que “el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una promesa que se hizo en la campaña electoral, y surge de un trabajo interministerial. La idea de este proyecto es que tenemos que hacernos cargo como sociedad, desde el Estado, de un problema que afecta a las mujeres y a la salud pública, que es el aborto clandestino”. 

Añadió que “este proyecto quiere evitar muertes evitables, abordar un tema de salud pública, disminuir la cantidad de abortos, y reforzar la educación sexual y la prevención de abusos en niñas y adolescentes” 

Ibarra sostuvo que “las mujeres acuden a los abortos clandestinos en la Argentina, y esto sucede todos los días porque hay muchísimos casos de mujeres que tienen embarazos no queridos” 

“Queremos introducir humanidad en este tratamiento, queremos tratarlas a las mujeres con dignidad, que puedan acceder a métodos anticonceptivos, que puedan ser tratadas con seguridad”, indicó la secretaria antes de consignar que “hasta la semana 14 son métodos seguros, no quirúrgicos, con fármacos” para realizar la interrupción de un embarazo. 

Remarcó que “esta ley se espera igual que la del matrimonio igualitario, sancionada en el 2010, porque para las mujeres el aborto suele ser una opción para una maternidad forzada y se recurre a la clandestinidad, que es un negocio.”  

Finalmente, Ibarra remarcó que “si este proyecto de ley se aprueba, nosotros no vamos a violentar las ideas o las creencias de nadie, sin embargo algo habrá cambiado, vamos a tener menos infecciones, menos sufrimiento de mujeres y menos muertes evitables” 

A su turno, el titular de la cartera de Salud, González García señaló que “el objetivo de este proyecto de ley está claro: primero tenemos que hacer prevención y si sucede que tenga menores consecuencias. Otro eje es la justicia social y el tercer tema es estrictamente de salud pública y sus consecuencias” 

“Desde la prevención, el proyecto intenta y lo hace con efecto inmediato disminuir la mortalidad materna y la morbilidad”, dijo González García antes de aclarar que actualmente “tenemos 11 métodos de prevención, hay varios programas en ese sentido y contamos con el plan ENIA, destinado a reducir el número de embarazos en adolescentes”.  

Al referirse a la justicia social graficó que “hoy están sucediendo mil abortos en Argentina y cien internaciones en hospitales públicos producto de abortos con complicaciones” y más tarde consignó que “todas las estimaciones refieren que hay un aborto cada dos nacimientos y es una magnitud tremenda”. 

El ministro de Salud contó que “una mujer de un sector social con educación, dinero y familia que cuente con entre 2.800 y 10 mil pesos puede acceder al misoprostol pero hay mujeres muy vulnerables, que no tienen dinero ni educación, ni familia ni entorno, que recurren a medidas tremendas” para interrumpir el embarazo. 

Ademas subrayó que “es un tema de salud pública porque el aborto causa muerte y morbilidad”, ratificó que “la penalización solo sirve para estigmatizar a las mujeres” y reiteró que “el proyecto ha tenido en cuenta la experiencia mundial, baja la mortalidad y morbilidad materna y extiende la vida de las mujeres, eso es extraordinario” 

Consultado sobre por qué se colocó la semana 14 cómo límite para interrumpir el embarazo, el ministro precisó que “el 90 por ciento del procedimiento se hace antes de terminado el tercer mes, pero queda un 10 por ciento que son las de las más vulnerables y esta es una ventana (dos semanas más) para cubrir a ese grupo tan vulnerable” 

Por su parte, la ministra Gómez Alcorta abordó puntualmente los últimos artículos de la norma “del 13 al 17 que hacen modificaciones en el Código Penal” por lo cual se despenaliza y legaliza la práctica hasta la semana 14 de embarazo. 

Gómez Alcorta también precisó que hay “dos causales” por las que se permite la interrupción después de la semana 14 y ellas son “por causa de una violación” o debido a que “corra peligro la vida” de la gestante. 

Salvo esas excepciones “la penalización continúa para el que lo causa (el embarazo) y la gestante”, también se sancionará “a quien en forma injusta retrase, obstaculice o impida el acceso a un derecho” y dejó en claro que “el proyecto establece la objeción de conciencia” para realizar la práctica. 

“Tenemos una responsabilidad histórica y es que en nuestro país nunca más muera una mujer por la práctica de un aborto clandestino”, cerró su exposición la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. 

Los senadores que interrogaron a los funcionarios fueron las tucumanas Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin; el bonaerense Esteban Bullrich, la catamarqueña Inés Blas, la neuquina Nancy González, la porteña Guadalupe Tagliaferri, el fueguino Matías Rodríguez, la santacruceña María Belén Tapia, el jujeño Mario Fiad, el cordobés Ernesto Martínez, y los correntinos Ana Almirón y Pedro Braillard Poccard. 

Sobre el cierre del plenario que se prolongó por más de tres horas el titular del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, pidió la palabra para sostener que “no estamos conformes con la presentación de la ley, no estamos conformes con las explicaciones y argumentos que dieron los ministros”. 

La senadora neuquina Silvia Sapag interpretó que “los que están en contra (del proyecto) están intentando entorpecer para que no se trate (el tema) este año”, a lo que Mayans respondió “no estamos entorpeciendo nada”. 

Foto: Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Senado.
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El embarazo adolescente genera costos anuales de 31.000 millones de pesos a Argentina

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Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas analizó el impacto económico de las maternidades tempranas.

El embarazo en la adolescencia genera costos anuales en Argentina de 31.626 millones de pesos, reveló un informe presentado hoy por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) sobre el impacto económico de las maternidades tempranas.

El ministro de Salud, Ginés González García.asistió al acto de la presentación del informe y dijo que “estos datos van a servir para ver y cambiar el impacto del embarazo adolescente y trabajar desde el Ministerio para que ocurra menos, sobre todo, donde más ocurre”.

“Este es un insumo para que las chicas tengan la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”, resaltó a su turno Mariana Isasi, oficial de Enlace de Unfpa Argentina, al presentar el documentos junto a la titular de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Islas.

“Si se lograran prevenir los embarazos adolescentes en el país se ganaría en su conjunto, cada año, alrededor de 800 millones de dólares que podrían mejorar la competitividad del país y favorecer un desarrollo sostenido e inclusión social”, destacó Federico Tobar, asesor regional en Insumos de Salud Reproductiva del organismo de Naciones Unidas.

Asimismo, el especialista reseñó que con esos recursos “se podrían construir, en cada municipio del país, un hogar de protección integral para víctimas de violencia de género; brindar 850 mil becas a estudiantes universitarios y garantizar en forma integral los costos de formar a casi 3.000 profesionales universitarios”.

“Los gastos que se dejarían de realizar en atención médica de la gestación, parto y puerperio en embarazos no intencionales de madres adolescentes serían suficientes para garantizar métodos anticonceptivos para todas las mujeres y hombres del país que lo requieran”, afirmó Tobar.

Los gastos de salud relacionados con la atención de embarazo, parto y puerperio adolescente por año relevados por el análisis de ONU fueron de 90.667 pesos por cada una de las 874.715 madres tempranas que hubo en Argentina entre 2017 y 2018.

El análisis también aportó que anualmente las madres menores de 18 años “tienen una perdida social estimada en 21.512 millones de pesos, ya que sus oportunidades laborales disminuyen y son menores comparadas a las mujeres madres adultas”.

“Ellas permanecen más en el hogar dedicadas a tareas domésticas y a cuidados y resultan afectadas por la inactividad laboral un 25% más que las madres mayores de 19 años”, explicó Julia Frenkel, una de las autoras del informe.

Además incorporó el costo para el Estado por la falta de recaudación de impuestos, que se estimó en 2.517.372.468 pesos.

“Con prevención de estos embarazos, el sector público sanitario se ahorraría cada año 5.318 millones de pesos, dato que surge de considerar que 7 de cada 10 embarazadas madres de entre 15 y 19 años no son intencionales. entonces el Estado podría ahorrar al menos 70% de sus gastos en atención”, indicó el análisis.

En relación a la educación, las mujeres que fueron madres adolescentes “tienen menor probabilidad de terminar el secundario; sólo el 3% alcanzó un nivel terciario y únicamente el 1% logró un título universitario”.

El estudio fue elaborado en el marco del proyecto de cooperación de Unfpa con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) que dirige Silvina Ramos en Argentina, y se utilizó la Metodología para Estimar el Impacto Económico del Embarazo y la Maternidad (Milena).

La metodología se basa en comparar las trayectorias de las mujeres que fueron madres con 19 años o menos , con quienes lo fueron después de los 20 años.

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Misiones entre las diez provincias que adhieren al protocolo para la interrupción legal del embarazo

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Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que las jurisdicciones son Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco.

Diez de las 24 jurisdicciones argentinas adhieren al protocolo nacional para garantizar la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), actualizado a través de la resolución 1/2019 del Boletín Oficial, mientras otras nueve dictaron protocolos con requisitos, dos están sin adhesión pero utilizan el protocolo nacional y tres no poseen norma local ni adhesión, según datos a octubre de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.

“Las jurisdicciones que ya adherían al protocolo nacional, o tenían una norma local, no necesitan volver a ratificarlo, pero sí se espera que todas adhieran”, señaló a Télam Patricia Bustamante, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.

La estadística oficial del Ministerio de Salud de la Nación confirmó que son 10 las jurisdicciones que adhirieron al Protocolo Nacional: Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco. Mientras que Formosa y San Juan no presentan adhesión oficial pero utilizan el protocolo nacional.

Y las tres provincias que figuran sin protocolo propio ni adheridas al nacional son: Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán.

“Nosotros contamos con nuestro protocolo desde el 2018 y así seguiremos ya que es muy parecido al Nacional”, indicaron a Télam fuentes de prensa del ministerio de Salud de la provincia de Mendoza.

Catamarca, por su parte, aprobó el 2 de junio de 2018 su propio protocolo o guía sobre la materia bajo la resolución ministerial provincial número 722.
Las otras jurisdicciones que siguieron el mismo camino son Córdoba, Chubut, Río Negro, Neuquén, Provincia y Ciudad de Buenos Aires y La Pampa, según datos de octubre de 2019 de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera nacional.

En marzo de 2012, el Ministerio de Salud cordobés habilitó su propia Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles, mediante la Resolución 093/12, pero recién se logró implementar a partir del 25 de setiembre de este año, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimara las presentaciones contrarias a su aplicación planteadas por la ONG Portal de Belén, confirmaron a Télam fuentes sanitarias de esa jurisdicción.

La legislación

Según establece la legislación, el Protocolo ILE establece un marco de acción normado, pero su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso debido a que todas la jurisdicciones del país deben garantizar su acceso.

Desde 1921, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “FAL”, de 2012, el aborto es legal en los siguientes casos: si representa un riesgo para la vida de la persona gestante, o para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante o si es producto de una violación.

El mismo fallo exhorta a los estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.

El nuevo protocolo

El Ministerio de Salud oficializó hoy el nuevo protocolo para la atención integral de las personas, decisión que calificó como “un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva”.

El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) fue publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación para estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho y se establecen los lineamientos para acceder a la ILE.

Fuente Télam

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