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Productores y tareferos presentaron en Diputados la Ley de Emergencia Yerbatera

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Productores y tareferos de distintos puntos de Misiones presentaron este miércoles por la mañana ante la Cámara de Diputados el proyecto denominado “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, una iniciativa construida por organizaciones del sector como respuesta a la crisis que atraviesa la actividad y al debilitamiento de los mecanismos nacionales de regulación.

La propuesta ingresó formalmente a la Legislatura a través de la banca de la diputada Arabela Soler, quien recibió a los representantes de la producción a las 10 en el Poder Legislativo. El proyecto obtuvo el acompañamiento de los bloques “Movimiento por lo que viene”, del “Partido Agrario y Social” (PAyS) y de “Encuentro Misionero”. De esta manera, el proyecto tomó estado parlamentario y quedó habilitado para continuar su recorrido institucional hacia las comisiones correspondientes.

“Es un día que quiere dar cuenta a la sociedad de que hay un grupo organizado que está atravesando una situación muy compleja y tiene la posibilidad de hacer ingresar un proyecto”, sostuvo Soler durante la presentación, al remarcar que la iniciativa fue trabajada durante meses por distintas asociaciones de productores.

La legisladora destacó especialmente que el proyecto surgió desde el propio sector productivo y no como una propuesta diseñada exclusivamente desde la estructura política. “Es un logro fantástico saber que todavía hay personas que se comprometen con las causas, que saben que si las cosas se hacen bien y trabajan, no se quedan solamente en la idea”, señaló.

El proyecto plantea declarar durante 360 días la emergencia de toda la cadena productiva yerbatera, con un alcance específico para los productores que posean hasta 50 hectáreas cultivadas. Según explicó Soler, ese universo representa aproximadamente el 90% de los productores de la provincia, por lo que la herramienta apunta principalmente a preservar la estructura de pequeñas explotaciones familiares.

El eje económico de la iniciativa se encuentra en la creación de herramientas para avanzar hacia un precio mínimo de sostén para la hoja verde, con el objetivo de mejorar la capacidad de negociación de los pequeños productores frente a secaderos e industrias de mayor escala.

La propuesta no plantea establecer un precio único para toda la cadena, sino generar un piso por debajo del cual la materia prima no pueda ser comercializada. El valor debería contemplar los costos de una producción eficiente, las obligaciones laborales, previsionales y fiscales y un margen de rentabilidad para el productor.

El proyecto también incorpora mecanismos de fiscalización, regularización y sanciones para garantizar el cumplimiento del esquema. La lógica planteada es que el precio mínimo tenga respaldo institucional y que el Estado provincial disponga de herramientas concretas para intervenir cuando se produzcan operaciones por debajo de ese umbral.

La iniciativa fue elaborada por los propios productores junto con su asesor jurídico, Federico Padolsky, y había sido socializada previamente durante la reunión que representantes del sector mantuvieron con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio. En ese encuentro, los productores expusieron la situación de la actividad y el contenido de la propuesta que posteriormente fue llevada al Parlamento.

El trasfondo de la iniciativa es el cambio producido en el esquema nacional de regulación de la yerba mate. La fundamentación del proyecto cuestiona el impacto del DNU 70/23, que modificó las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y dejó al sector primario con menores herramientas para incidir sobre el precio de la materia prima.

Frente a ese escenario, los impulsores de la ley sostienen que la Provincia conserva competencias constitucionales para promover el desarrollo productivo, proteger el trabajo rural y adoptar políticas destinadas a preservar una economía regional estratégica para Misiones.

Para Soler, el desafío consiste ahora en transformar la propuesta elaborada por los productores en una herramienta legislativa viable. El proyecto será analizado en comisión, donde podrá incorporar aportes de otros legisladores y de especialistas vinculados con la actividad.

La diputada también destacó el acompañamiento del legislador Cristian Castro durante el proceso de elaboración de la iniciativa y remarcó que el objetivo de esta etapa no es cerrar el debate, sino abrirlo institucionalmente para alcanzar soluciones concretas.

“Esto sale y se sanciona, hay que ver qué letras se le agregan de parte de otros diputados”, explicó Soler, al plantear que el paso por las comisiones permitirá discutir los mecanismos de aplicación y fortalecer el texto antes de una eventual sanción.

La presentación representa así un intento de trasladar al ámbito institucional una discusión que durante los últimos meses se desarrolló con fuerte intensidad dentro de la cadena yerbatera: cómo recuperar capacidad de negociación para el productor primario cuando el mercado concentra el poder de compra y los mecanismos nacionales de regulación perdieron capacidad de intervención.

En ese sentido, la emergencia propuesta no apunta únicamente a una declaración política, sino a dotar al Ejecutivo provincial de instrumentos de intervención sobre el mercado, con un plazo definido y mecanismos de control. El resultado dependerá ahora del debate legislativo y de la capacidad de convertir esas herramientas en una política efectiva para sostener la producción primaria.

Para una provincia cuya economía tiene en la yerba mate una de sus principales actividades regionales, el desafío es evitar que la caída de rentabilidad termine trasladándose a la estructura productiva de menor escala. La discusión que comenzó este miércoles en la Legislatura buscará precisamente determinar si una respuesta provincial puede generar ese piso de protección y contribuir a preservar a miles de productores que sostienen la actividad desde el territorio.

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Emergencia yerbatera: Passalacqua recibió un proyecto para fijar un precio sostén y proteger a pequeños productores

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La crisis de la producción primaria de yerba mate dio un nuevo paso hacia la búsqueda de una respuesta institucional. Tras reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, representantes de asociaciones de productores y de los tareferos entregaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia yerbatera en Misiones y crear un régimen extraordinario para proteger a los pequeños productores mediante la fijación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde. La iniciativa busca contener una situación que, según los impulsores, ya dejó de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza para la economía provincial.

El abogado de las asociaciones de productores, Federico Padolsky, explicó a Economis que el encuentro permitió abrir una instancia de trabajo con el Ejecutivo provincial. “Le presentamos un proyecto de ley de emergencia. Entendemos que se tiene que decretar la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones. El gobernador nos escuchó y nos dijo que estaba totalmente de acuerdo con lo que le comentaron tanto tareferos como productores”, señaló.

Como resultado de la reunión, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo para revisar la iniciativa y darle forma definitiva antes de enviarla a la Cámara de Representantes de Misiones para su tratamiento legislativo.

De la reunión participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), encabezados por Hugo Sand; representantes del INYM, de la Asociación del Alto Uruguay, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, de la Cooperativa Río Paraná y del Movimiento Agrario de Misiones, además de integrantes del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), del Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA), de la UATRE y de la Asociación Civil de Tareferos de la Zona Centro.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, afirmó Passalacqua

A través de un comunicado emitido por Casa de Gobierno, se indicó que el mandatario propuso avanzar con una mesa de diálogo para profundizar el análisis de la situación y manifestó su acompañamiento a los reclamos de los productores. “Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, remarcó.

El gobernador también ratificó su respaldo a la recuperación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “No voy a parar de luchar para que el instituto recupere sus facultades. Acá no hay cuestiones partidarias”, afirmó.

Además, sostuvo que las cuestiones de mercado no resuelven por sí solas todos los problemas económicos de los ciudadanos y señaló que la situación que atraviesa la actividad yerbatera “priva a todos los misioneros” de mejores condiciones de vida.

Los fundamentos del proyecto

La propuesta se sustenta en un diagnóstico económico contundente. Según expusieron los representantes del sector durante el encuentro, la caída del precio de la hoja verde provocó que aproximadamente 250.000 millones de pesos dejaran de ingresar al circuito económico de Misiones, afectando no solo a los productores y tareferos, sino también al comercio, los municipios y toda la economía del interior.

Padolsky remarcó que la problemática no responde a una crisis del negocio yerbatero en su conjunto, sino específicamente al eslabón más débil de la cadena productiva. “No es la crisis del negocio yerbatero; es la crisis del sector primario. Al desaparecer la herramienta de regulación de precios, los pequeños productores perdieron capacidad de negociación y hoy enfrentan un proceso acelerado de descapitalización“, sostuvo.

Foto Prensa Casa de Gobierno

El planteo coincide con los fundamentos del proyecto de ley presentado al gobernador. Allí se argumenta que la crisis actual no se explica por una sobreproducción ni por una caída del consumo, sino por una alteración en las condiciones de negociación de la materia prima tras los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que limitaron las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

La iniciativa propone declarar la emergencia por 360 días para productores cuya unidad económica no supere las 50 hectáreas, facultando al Poder Ejecutivo provincial a establecer un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde. Ese valor debería cubrir los costos de producción, la mano de obra, las obligaciones previsionales y tributarias, además de garantizar un margen de rentabilidad que permita la continuidad de las explotaciones familiares.

El proyecto aclara que no pretende reemplazar al INYM ni modificar el régimen nacional, sino ejercer las competencias que conserva la Provincia para proteger el trabajo rural y evitar el colapso de la principal economía regional misionera. También contempla facultades de fiscalización, control y sanciones para quienes paguen por debajo del precio mínimo establecido.

Uno de los aspectos que más destacaron los representantes del sector es el perfil social de los beneficiarios de la iniciativa. “Cuando hablamos de productores no estamos hablando de grandes empresarios. El promedio es de 20 hectáreas y el límite que propone la ley es de 50 hectáreas. Estamos hablando de minifundistas, de familias agrarias que viven exclusivamente de ese ingreso“, explicó Padolsky.

Esa mirada también fue compartida por el gobernador durante el encuentro, según relataron los participantes, al reconocer que la crisis excede a la producción primaria y termina impactando sobre toda la estructura económica provincial.

Una herramienta transitoria para evitar el colapso

El proyecto de emergencia plantea un mecanismo excepcional, pero con un objetivo concreto: evitar que miles de pequeños productores abandonen la actividad mientras se redefine el marco regulatorio nacional.

En sus fundamentos sostiene que el federalismo habilita a la Provincia a ejercer sus competencias constitucionales cuando está comprometida la continuidad de una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de Misiones.

La propuesta busca instalar un piso de negociación, no un precio único. El texto deja expresamente establecido que cualquier comprador podrá pagar por encima del Precio Mínimo Sostén, pero nunca por debajo de ese valor, considerado indispensable para garantizar la supervivencia económica de las explotaciones familiares.

Con la conformación de la mesa de trabajo entre el Gobierno provincial y las organizaciones del sector, la discusión ingresa ahora en una etapa política. Si prospera el consenso, Misiones podría debatir en las próximas semanas una ley que intenta convertirse en el principal instrumento provincial para contener una crisis que ya trasciende a la yerba mate.

Un proyecto para sostener el precio de la hoja verde

Tras la reunión, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, se refirió al proyecto presentado por los productores para abordar la situación del sector yerbatero. “Vinieron a presentar un proyecto de ley para buscar levantar el precio de la hoja verde, que es la principal problemática que venimos trabajando desde hace dos años, a partir de que el INYM perdió su función de regular un precio mínimo”, señaló.

El ministro indicó que el gobernador instruyó al Ejecutivo provincial a trabajar junto con la Cámara de Representantes en herramientas legislativas que permitan proteger a productores y trabajadores rurales mientras continúe la discusión nacional sobre las atribuciones del instituto. “Vamos a seguir defendiendo que se devuelvan las facultades del INYM y, mientras eso no ocurra, como provincia autónoma vamos a trabajar para buscar un mejor precio y respaldo para los trabajadores rurales”, sostuvo.

Foto Prensa Casa de Gobierno

Asimismo, se refirió a la postura del Gobierno provincial respecto del proyecto de modificación de la Ley de Tierras. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó.

Una agenda común para el futuro de la Yerba Mate

En diálogo con los medios tras la reunión, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Hugo Sand, destacó la necesidad de avanzar en herramientas que permitan sostener la actividad y mejorar las condiciones del sector.

“Ese valor debe contemplar los costos de producción, un margen de rentabilidad para el productor y las condiciones laborales necesarias para que los trabajadores puedan desempeñarse dignamente”, expresó.

Foto Prensa Casa de Gobierno

“Nosotros no nos resignamos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate cumplió con sus obligaciones y con sus funciones. En el mientras tanto, necesitamos una herramienta de emergencia que nos permita sostener a los pequeños y medianos productores”, sostuvo.

Sand también valoró la propuesta del gobernador de generar un espacio de trabajo conjunto para abordar la crisis del sector. “El señor gobernador nos ofreció generar una mesa de diálogo y creemos que a partir de ahí tenemos que convocar a toda la comunidad y a todos los sectores sociales para defender los derechos de los ciudadanos”, afirmó.

Proyecto Ley Emergencia Yerbatera by CristianMilciades

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Crisis yerbatera: Sand volvió a pedir una ley de emergencia con precio sostén para frenar el colapso del sector

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La crisis de la producción yerbatera en Misiones sumó un nuevo capítulo político e institucional. Tras reunirse con el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) confirmó que impulsará un proyecto de ley de emergencia provincial para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, mientras la Iglesia convocará a una mesa de diálogo con productores, tareferos y distintos actores sociales.

El encuentro dejó en evidencia que el conflicto ya excede la discusión por el precio de la materia prima. Para los productores, la caída de los ingresos amenaza la supervivencia de miles de familias rurales y pone en riesgo la economía de los pueblos del interior misionero.

Hugo Sand, referente de APAM, aseguró que la desregulación del mercado tras la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) provocó una transferencia de recursos desde los pequeños productores hacia los grandes compradores. Según afirmó, el sector dejó de percibir alrededor de 200.000 millones de pesos por año, situación que atribuyó a la eliminación del mecanismo que regulaba los precios.

“El mercado de la yerba es imperfecto. Hay una posición dominante de unas pocas empresas que concentran más de la mitad del mercado. Nunca van a competir entre ellas para mejorar el precio al productor; por el contrario, terminan acordando valores más bajos”, sostuvo Sand.

Desde APAM plantean que el mercado, por sí solo, no garantiza una remuneración justa para quienes producen la materia prima. Por eso proponen una legislación provincial que establezca un precio mínimo obligatorio, calculado sobre el costo real de producción, incluyendo gastos laborales, previsionales y un margen razonable de rentabilidad.

Actualmente, explicó Sand, el kilo de hoja verde se paga entre 230 y 280 pesos, mientras que el valor de equilibrio debería ubicarse por encima de 700 pesos si se toma como referencia histórica el equivalente a 50 centavos de dólar. Si el cálculo se actualiza por inflación, el precio superaría los 1.100 pesos por kilo, según las estimaciones de la entidad.

“La diferencia ya no es una discusión de unos pesos más o menos. Estamos frente a un problema humanitario”, advirtió.

La iniciativa que APAM presentará propone que sea el Poder Ejecutivo provincial el que determine periódicamente ese precio sostén mediante estudios técnicos realizados por organismos oficiales, evitando que quede exclusivamente sujeto a la negociación entre industrias y productores.

El dirigente también confirmó que solicitarán formalmente la declaración de la emergencia yerbatera y que continuarán reclamando la recuperación de las herramientas regulatorias del INYM, aunque reconoció que, mientras esa discusión continúa en la Justicia y en el ámbito político nacional, resulta imprescindible que la Provincia intervenga con instrumentos propios.

En ese contexto, Sand valoró el acompañamiento del gobernador Hugo Passalacqua en los planteos judiciales contra la desregulación, aunque pidió avanzar ahora con medidas concretas para proteger a los pequeños productores.

Uno de los principales resultados de la reunión con el obispo Martínez fue el compromiso de avanzar en una mesa institucional de diálogo, que reúna a productores, tareferos, organizaciones sociales, representantes políticos y distintos sectores económicos.

Desde APAM consideran que la Iglesia puede desempeñar un rol clave para construir consensos y visibilizar la dimensión social de la crisis, que ya afecta no solo al sector primario sino también al comercio, el empleo y la actividad económica de numerosas localidades del interior de Misiones.

Sand destacó que la convocatoria realizada por el obispo permitió reunir a representantes de diferentes zonas productivas y fortalecer un mensaje común: la necesidad de construir soluciones colectivas frente a una crisis que amenaza la sustentabilidad de la principal economía regional de la provincia.

El dirigente también vinculó la situación yerbatera con otros debates nacionales sobre la propiedad de la tierra, los recursos naturales y el modelo de desarrollo, al sostener que las políticas actuales favorecen la concentración económica mientras debilitan a la agricultura familiar.

Para APAM, el desafío inmediato pasa por transformar el reclamo sectorial en una política pública que garantice ingresos mínimos para quienes producen la materia prima, evitando un mayor deterioro social en las zonas rurales. Con el respaldo de la Iglesia y el impulso de una futura mesa de diálogo, los productores buscan instalar que la crisis yerbatera dejó de ser exclusivamente económica para convertirse en una cuestión de interés social y humanitario para toda Misiones.

Productores esperando ser recibidos por el Gobernador de Misiones

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El Obispo Martínez respaldó el reclamo yerbatero y recordó que: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve”

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La crisis de la producción yerbatera sumó un nuevo actor institucional de peso. El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, recibió este miércoles a representantes de productores, tareferos y organizaciones civiles de Misiones, quienes expusieron el profundo deterioro económico y social que atraviesa la actividad. Tras el encuentro, el titular de la Diócesis de Posadas advirtió que la provincia enfrenta una situación de emergencia y sostuvo que “todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.

La reunión fue solicitada por las entidades que representan a miles de familias vinculadas a la producción de yerba mate. Para el obispo, el principal objetivo fue escuchar de manera directa una realidad que ya conoce a partir de sus recorridas pastorales por toda la provincia, pero que esta vez llegó con el respaldo de organizaciones que expresan la problemática de pequeños productores y trabajadores rurales.

Martínez diferenció la realidad del sector yerbatero misionero de otros conflictos agropecuarios del país. Remarcó que en Misiones predominan los pequeños productores y los tareferos, familias que dependen exclusivamente de la actividad para subsistir y que hoy enfrentan un escenario de extrema vulnerabilidad.

“Acá no estamos hablando de grandes terratenientes ni de grandes capitalistas. Estamos hablando de pequeños productores y tareferos que padecen circuitos de injusticia y que hoy, según ellos mismos manifestaron, ya no pueden sobrevivir”, afirmó.

El obispo explicó que la crisis trasciende al sector primario y termina afectando a toda la economía de los pueblos del interior. Cuando el ingreso de quienes producen y cosechan yerba desaparece, también se resiente el consumo, caen las ventas en los comercios y se deteriora la actividad económica local.

“Esa depresión económica alcanza al supermercado, al almacén, al comerciante, a las fuentes de trabajo. Es un problema social que impacta sobre toda la comunidad”, describió.

Durante la reunión surgió además la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001.

El obispo consideró que aquel antecedente demuestra que el diálogo institucional puede contribuir a ordenar situaciones complejas cuando los sectores afectados logran expresar sus demandas de manera organizada.

Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.

“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.

En ese sentido, llamó a que las políticas públicas contemplen especialmente a los sectores más vulnerables y recordó que el desarrollo económico solo resulta sostenible cuando incorpora inclusión social.

Frente a las familias que hoy atraviesan la crisis productiva, Martínez dejó un mensaje de esperanza, pero también de organización comunitaria.

“Nunca hay que bajar los brazos. En los momentos difíciles es fundamental mantenerse unidos, organizarse y sostener la esperanza”, expresó.

Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.

“Tenemos que defender nuestros minerales, el litio, el acuífero y todos aquellos recursos que forman parte del patrimonio nacional. Si no existe un discernimiento adecuado, podemos terminar entregando riquezas que condicionarán el futuro de las próximas generaciones”, afirmó.

Para el obispo, la actual crisis yerbatera también debe interpretarse como una oportunidad para fortalecer los espacios de diálogo entre el Estado, los sectores productivos y las organizaciones sociales. Consideró que las soluciones no surgirán únicamente desde los indicadores macroeconómicos, sino de la capacidad de construir consensos que permitan sostener el empleo, preservar la producción y evitar que miles de familias rurales continúen profundizando su situación de vulnerabilidad.

El respaldo de la Iglesia Católica al reclamo de productores y tareferos incorpora una nueva dimensión institucional a un conflicto que ya dejó de ser exclusivamente económico. La preocupación expresada por la Diócesis de Posadas refleja que la crisis de la yerba mate impacta sobre el tejido social de Misiones y plantea el desafío de encontrar respuestas antes de que las consecuencias sean aún más profundas.

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La Iglesia respaldó a productores que piden declarar la emergencia yerbatera

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La crisis de la producción yerbatera sumó este jueves un nuevo capítulo institucional. Representantes de los productores fueron recibidos por el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, en busca de respaldo frente a una situación que califican como “crítica”, marcada por el derrumbe del precio de la hoja verde tras la desregulación del mercado impulsada por el Gobierno nacional.

El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, respaldó el reclamo de los productores yerbateros y definió la situación que atraviesa el sector como una verdadera emergencia social. Tras recibir a representantes de las organizaciones rurales, explicó que el encuentro tuvo como eje una escucha directa de quienes representan a miles de familias de pequeños productores y tareferos.

Martínez señaló que, si bien conoce la problemática por sus recorridas pastorales por el interior de la provincia, la reunión permitió profundizar en la dimensión de una crisis que ya trasciende al sector yerbatero y afecta a la economía de numerosas localidades. “Ellos representan a miles de familias. En Misiones hablamos de pequeños productores y tareferos, gente humilde que hoy padece circuitos de injusticia y que no logra sostener su actividad”, resumió.

El Obispo advirtió que la caída de la actividad repercute en toda la vida económica de los pueblos. Explicó que cuando el productor deja de tener ingresos también se resienten los comercios, los supermercados y el empleo, generando un efecto dominó que golpea a toda la comunidad.

En ese contexto, valoró que las organizaciones rurales se mantengan unidas para expresar su situación y reclamar la declaración de la emergencia yerbatera. Además, confirmó que surgió la propuesta de conformar una mesa de emergencia para abordar la problemática de manera conjunta.

Martínez recordó que la diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, un espacio que ya tuvo participación durante la crisis de 2001 acompañando conflictos sociales y productivos. Consideró que esa experiencia puede volver a ser útil frente a una realidad que afecta especialmente a quienes poseen pequeñas explotaciones familiares y hoy, según relataron los propios productores, ya no logran sostenerse económicamente.

“Los números macro no alcanzan si la gente queda afuera”

El Obispo aprovechó la oportunidad para formular una reflexión más amplia sobre la situación económica del país. Afirmó que toda política económica debe medirse por su impacto sobre las personas.

“Todo proyecto económico que no incluye a la gente no nos sirve. Todos queremos estabilidad y que los números cierren, pero esos resultados tienen que alcanzarse con la gente adentro. Si la macroeconomía mejora mientras aumentan la pobreza, el cierre de comercios, la pérdida de empleo y el deterioro de las rutas, estamos frente a un modelo que daña profundamente a la sociedad”, sostuvo.

También relató que durante la reunión varios productores se emocionaron al describir la situación que atraviesan sus familias, reflejando una realidad que, dijo, representa a miles de trabajadores rurales de Misiones.

Como mensaje final, convocó a sostener la esperanza, evitar el desaliento y fortalecer la organización comunitaria. “Nunca hay que bajar los brazos. En estos momentos difíciles es fundamental mantenerse unidos y organizados”, expresó.

Rechazo al proyecto sobre tierras

Durante la conferencia, Martínez también ratificó la posición de la Iglesia frente al proyecto nacional de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, actualmente en debate en el Congreso.

Recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social manifestaron su rechazo a la iniciativa porque, a su entender, absolutiza el derecho de propiedad privada y desconoce el principio del bien común que sostiene la doctrina social de la Iglesia.

Además, advirtió sobre el riesgo de que grandes intereses económicos avancen sobre recursos estratégicos del país.

“Valoramos la propiedad privada, pero no puede absolutizarse. Hoy quizá ya no sean gobiernos los que vienen por nuestros recursos, sino grandes empresas interesadas en los minerales, el litio o el Acuífero Guaraní. Tenemos que defender nuestra independencia y evitar que, por beneficios inmediatos, terminemos hipotecando el futuro de la Argentina”, concluyó.

Carlos Ortt, histórico productor yerbatero, explicó que la estrategia apunta a buscar apoyo en todos los ámbitos posibles. “Estamos tratando de encontrar todos los recursos e influencias que puedan ayudarnos a salvar la situación que vive hoy el sector productivo. Es crítica. La mayor parte de la provincia está semiparada porque los costos ya no cierran y no hay materia prima”, afirmó.

Según Ortt, la crisis ya comenzó a trasladarse al conjunto de la economía provincial. “Esto va a significar un retroceso muy grande para la economía de Misiones. Esperamos encontrar alguna solución con el Gobierno, con el Obispado y con todos los sectores que puedan colaborar”, sostuvo.

Una crisis que combina precios, clima y falta de mano de obra

El productor describió un escenario en el que convergen múltiples factores negativos. A la fuerte caída de los precios de la hoja verde se suman los efectos climáticos de un año con abundantes precipitaciones y un problema creciente: la escasez de trabajadores rurales.

“No solo nos afecta el clima. Hoy prácticamente no tenemos obreros rurales porque muchos están migrando hacia Brasil. La baja rentabilidad del sector hace imposible pagar mejores salarios y los trabajadores buscan oportunidades donde les ofrecen mejores ingresos”, explicó.

La cercanía con la frontera facilita ese proceso migratorio, que complica aún más las tareas de cosecha y mantenimiento de las plantaciones.

Temor por la venta de chacras y la concentración de tierras

Ortt también manifestó preocupación por el impacto estructural que puede tener la crisis sobre el modelo productivo misionero.

Advirtió que la pérdida de rentabilidad está acelerando la venta de chacras familiares y favoreciendo un proceso de concentración de tierras.

“Es impresionante la cantidad de chacras que se están vendiendo. Muchos productores abandonan la actividad porque ya no pueden sostenerla. Si esto sigue así, vamos hacia una concentración de la tierra en manos de quienes tienen mayor capacidad económica”, alertó.

En ese contexto cuestionó las políticas nacionales que, a su entender, favorecen la concentración económica mientras el pequeño productor pierde competitividad.

“El modelo productivo de Misiones no puede reemplazarse”

El dirigente también rechazó las propuestas que plantean reemplazar la producción tradicional por cultivos extensivos como soja o maíz.

Recordó que la estructura agraria de Misiones, con chacras promedio de unas 25 hectáreas y una topografía compleja, hace inviable ese esquema.

“La unidad económica histórica en Misiones fue de unas 25 hectáreas. Los modelos que proponen requieren establecimientos de más de 100 o incluso 300 hectáreas y terrenos aptos para maquinaria pesada. Nuestra geografía no lo permite. Ni siquiera la mecanización de la cosecha de yerba puede implementarse en toda la provincia”, explicó.

Por eso insistió en que el desafío es sostener el modelo de agricultura familiar que caracteriza a Misiones y evitar que la crisis derive en un proceso irreversible de abandono de chacras.

“Necesitamos que el Gobierno provincial, la Iglesia y todas las instituciones que puedan influir nos ayuden a equilibrar una situación que hoy está golpeando de lleno a los productores misioneros”, concluyó.

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