EMPLEO PRIVADO

La Fundación Mediterránea advierte que la estabilidad macro aún no se traduce en una mejora real del empleo y los ingresos

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La desaceleración de la inflación, el equilibrio fiscal y la recuperación de algunos indicadores macroeconómicos aparecen como los principales logros exhibidos por el Gobierno nacional. Sin embargo, un informe de la Fundación Mediterránea plantea una advertencia de fondo: la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza una mejora en las condiciones de vida de la población si no viene acompañada por una recuperación sostenida del mercado laboral formal y de los ingresos.

El trabajo, elaborado por las especialistas Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, sostiene que la economía argentina enfrenta un desafío estructural que excede el ordenamiento de las variables macroeconómicas. Según el análisis, el mercado de trabajo continúa mostrando elevados niveles de precarización, informalidad y presión laboral, factores que limitan el impacto social de la estabilización económica.

Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan esa contradicción. La tasa de desempleo se ubicó en 7,8%, equivalente a aproximadamente 1,8 millones de personas sin trabajo, un nivel prácticamente idéntico al registrado en igual período del año anterior. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se observa un deterioro en otros indicadores clave.

La subocupación aumentó de 10% a 11,1%, alcanzando a unas 2,5 millones de personas que trabajan menos horas de las que necesitan para sostener sus ingresos. A su vez, al incorporar a quienes tienen empleo pero buscan otra ocupación o mayores horas laborales, la denominada presión laboral total trepa hasta el 23,6% de la población económicamente activa, involucrando a más de 5,3 millones de argentinos.

Para la Fundación Mediterránea, este indicador resulta especialmente relevante porque revela una situación de fragilidad económica que no aparece reflejada únicamente en la tasa de desempleo. La necesidad de complementar ingresos o conseguir más trabajo evidencia que una porción significativa de la población no logra cubrir sus necesidades básicas con su actividad actual.

El informe también pone el foco sobre la calidad del empleo. Durante el último año se perdieron alrededor de 100.000 puestos asalariados privados y otros 21.000 empleos públicos, mientras que el número de monotributistas aumentó en 90.000 personas. La dinámica refleja una sustitución parcial del empleo asalariado por formas de ocupación más flexibles, aunque generalmente con menores niveles de protección social.

A este fenómeno se suma la persistencia de una elevada informalidad laboral. Según el estudio, el 44,2% de los ocupados trabaja sin aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social, lo que equivale a unos 9,2 millones de personas. Se trata de uno de los principales obstáculos para que el crecimiento económico pueda traducirse en una mejora sostenible del bienestar.

“La heterogeneidad que exhibe el mercado laboral argentino pone de manifiesto que la estabilización macroeconómica, aun siendo un paso indispensable, no garantiza por sí misma una mejora en las condiciones de vida”, señala el documento. El diagnóstico apunta a que el país enfrenta problemas estructurales que requieren políticas específicas orientadas a la generación de empleo formal y productivo.

El análisis también muestra fuertes diferencias territoriales. En ocho provincias la presión laboral supera el promedio nacional. En los partidos del Gran Buenos Aires, por ejemplo, la problemática se expresa a través de mayores niveles de desempleo y competencia por los puestos de trabajo disponibles. En otras jurisdicciones como Río Negro, Santiago del Estero, Formosa o Chubut, la menor presión laboral convive con altas tasas de inactividad, un fenómeno que refleja la salida de personas del mercado laboral más que una mejora efectiva de las condiciones económicas.

Desde una perspectiva económica, el informe plantea que la verdadera prueba para la actual etapa de estabilización será su capacidad para generar empleo de calidad. “El desafío ya no pasa solamente por crear puestos de trabajo, sino por mejorar su calidad”, remarcan las autoras.

La conclusión del trabajo utiliza una analogía futbolística para resumir el escenario actual. Si la estabilidad macroeconómica representa una defensa ordenada, el empleo formal y los ingresos constituyen la capacidad ofensiva de una economía. En otras palabras, mantener el equilibrio fiscal y controlar la inflación son condiciones necesarias, pero insuficientes, para mejorar el bienestar social si no se generan oportunidades laborales capaces de sostener el crecimiento del consumo y la movilidad económica de los hogares.

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Reforma laboral: el Gobierno acelera la revisión de 800 convenios colectivos y abre una pulseada clave con los gremios

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El Gobierno nacional puso en marcha una de las transformaciones más profundas del sistema de relaciones laborales de las últimas décadas. Tras la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Trabajo comenzó a notificar a empresas y sindicatos para iniciar la revisión de aproximadamente 800 convenios colectivos de trabajo, una medida que promete redefinir las reglas de negociación en sectores estratégicos de la economía argentina.

La decisión encuentra su principal sustento en la eliminación de la ultraactividad, el principio jurídico que garantizaba la continuidad automática de los convenios colectivos una vez vencidos hasta que fueran reemplazados por un nuevo acuerdo. Con la nueva normativa, el Gobierno busca acelerar la actualización de marcos regulatorios que, en muchos casos, llevan décadas sin modificaciones sustanciales y que el oficialismo considera incompatibles con las nuevas dinámicas productivas y tecnológicas.

Desde la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, evitaron fijar plazos concretos para completar el proceso. Sin embargo, las primeras notificaciones reflejan una clara intención de avanzar con rapidez sobre los acuerdos más relevantes del mercado laboral argentino, especialmente aquellos vinculados a actividades con fuerte impacto económico y alta capacidad de movilización sindical.

La primera etapa incluye convenios correspondientes a algunos de los gremios más poderosos del país. Entre ellos figuran Aceiteros, Bancarios, Camioneros, Construcción, Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y los distintos sindicatos del sector aeronáutico. También quedaron alcanzadas actividades estratégicas como petroleros, ferroviarios, marítimos, portuarios, estaciones de servicio y trabajadores vinculados a la logística.

La revisión se extiende además a sectores industriales y de servicios que representan una porción significativa del empleo formal argentino. La industria láctea, el sector textil, químicos, plásticos, seguridad privada, entidades deportivas, futbolistas profesionales, trabajadores de prensa y televisión forman parte del universo de convenios que deberán adecuarse al nuevo marco legal.

Para el Gobierno, el objetivo declarado es modernizar las relaciones laborales y generar condiciones que favorezcan la competitividad y la creación de empleo privado. La visión oficial sostiene que muchos convenios contienen cláusulas diseñadas para estructuras productivas que ya no existen y que dificultan la incorporación de nuevas modalidades de trabajo, tecnologías y esquemas organizacionales.

Sin embargo, la lectura sindical es radicalmente distinta. En los principales despachos de la CGT interpretan la ofensiva como un intento de avanzar sobre conquistas históricas mediante una flexibilización gradual de las condiciones laborales. Los dirigentes gremiales advierten que detrás de la renegociación masiva podrían discutirse aspectos sensibles como jornadas laborales, sistemas de categorías, esquemas de productividad y condiciones operativas específicas de cada actividad.

La preocupación sindical también radica en el desequilibrio de fuerzas que podría generar el nuevo escenario. Con convenios vencidos y bajo presión para renegociar, muchos gremios consideran que las empresas buscarán introducir cambios que durante años resultaron imposibles de negociar en el marco tradicional de las paritarias.

No obstante, la respuesta sindical no aparece homogénea. Algunos gremios comenzaron a marcar diferencias respecto de la estrategia confrontativa impulsada por sectores de la CGT. Uno de los primeros casos fue el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), liderado por Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato cegetista. La organización manifestó su disposición a participar del proceso de renegociación, aunque aclaró que lo hará con una agenda propia y defendiendo las particularidades del sector.

La posición del gremio refleja una realidad que atraviesa a buena parte del sindicalismo argentino: muchos convenios arrastran temas pendientes de actualización desde hace años y algunos dirigentes consideran que la reapertura de las negociaciones puede transformarse también en una oportunidad para incorporar demandas históricas de los trabajadores.

Más allá de las diferencias internas, el proceso abre una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. La revisión de 800 convenios colectivos no solo implica una discusión técnica sobre normas laborales, sino una disputa por el modelo de relaciones laborales que regirá en la Argentina de los próximos años.

La magnitud de la reforma convierte a esta negociación en uno de los capítulos más relevantes del programa de transformación impulsado por Javier Milei. El resultado de esa pulseada determinará no solo el alcance real de la modernización laboral, sino también el equilibrio de poder entre el Estado, las empresas y los sindicatos en una economía que busca redefinir sus reglas de funcionamiento.

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Pymes misioneras mantienen la cautela y advierten caída de expectativas

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La economía pyme de Misiones continúa transitando un escenario de estancamiento y elevada incertidumbre. Sin señales claras de recuperación de la demanda ni de mejora en las condiciones de competitividad, los empresarios de la provincia mantienen una postura defensiva frente a la evolución de la actividad económica, el empleo y las inversiones.

Así lo refleja la última Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), elaborada sobre una muestra de 212 empresarios de distintos sectores productivos y comerciales de la provincia. Los resultados muestran una economía que no termina de encontrar un punto de inflexión positivo y donde predominan las preocupaciones vinculadas a la presión tributaria, los costos laborales, la informalidad y la competencia desleal.

Durante mayo, el 42% de los encuestados calificó el movimiento económico como “regular”, consolidando una tendencia que se viene repitiendo desde hace varios meses. Apenas un 14% evaluó la actividad como buena o muy buena, mientras que un 41% la consideró mala o muy mala, evidenciando que el proceso de estabilización macroeconómica nacional todavía no logra traducirse en una mejora homogénea para el entramado pyme misionero.

La cautela también se refleja en las decisiones vinculadas al empleo. El 86% de los empresarios aseguró que no prevé modificar su plantilla laboral, mientras que apenas un 2% manifestó intenciones de contratar personal. En contrapartida, un 12% anticipó posibles despidos, un dato que refleja las dificultades que enfrentan muchas empresas para sostener costos en un contexto de consumo débil y márgenes ajustados.

Entre los principales obstáculos para incorporar trabajadores aparecen las elevadas cargas laborales, señaladas por el 28% de los consultados. También pesan la inestabilidad económica, mencionada por el 21%, el riesgo sindical con un 15% y el temor a litigios laborales con un 13%. La combinación de estos factores configura un escenario donde la generación de empleo privado continúa encontrando fuertes barreras estructurales.

A nivel nacional, los empresarios identifican a la carga tributaria como el principal problema que afecta la actividad económica, con un 24% de las respuestas. Muy cerca aparecen los costos laborales, con un 23%, y la recesión económica, con un 21%. Más atrás se ubican las dificultades de financiamiento, la corrupción y la inflación, lo que muestra cómo la agenda empresarial se ha desplazado desde la preocupación por los precios hacia la competitividad y la rentabilidad.

En el plano provincial, las demandas históricas del sector privado mantienen plena vigencia. La carga tributaria lidera las preocupaciones con el 32% de las respuestas, seguida por las barreras arancelarias con el 26%. La corrupción y los problemas de infraestructura completan el cuadro de dificultades señaladas por los empresarios.

Sin embargo, cuando se analiza la realidad municipal, emerge una problemática que gana cada vez más relevancia: la informalidad y la competencia desleal. Con el 24% de las menciones, se ubica como el principal condicionante de la actividad económica local. A ello se suman el impacto del comercio fronterizo, las tasas municipales y las dificultades de infraestructura y burocracia administrativa.

La percepción sobre el futuro tampoco muestra señales contundentes de optimismo. Respecto de la evolución de la economía nacional durante los próximos seis meses, apenas el 28% cree que Argentina crecerá, mientras que un 31% considera que no lo hará y un 33% manifiesta incertidumbre.

Las expectativas son aún más pesimistas cuando se consulta sobre Misiones. Solo el 7% de los empresarios cree que la provincia experimentará crecimiento en el próximo semestre, mientras que el 54% considera que no habrá expansión económica y un 32% no tiene una opinión definida.

Otro dato que revela la fragilidad del escenario económico es la percepción sobre los precios. A pesar de la desaceleración inflacionaria observada a nivel nacional, casi el 88% de los empresarios continúa registrando aumentos de costos y precios en su actividad diaria, mientras apenas un 10% no percibe variaciones significativas.

La situación financiera de empresas y consumidores también muestra señales de tensión. El 50% de los encuestados detectó un incremento de la mora en los pagos de sus clientes durante el último período. De ese total, un 23% aseguró que el aumento fue significativo y un 27% señaló que se incrementó levemente.

En paralelo, la problemática de los cheques rechazados continúa presente en la operatoria comercial. Entre quienes utilizan este instrumento, más de una cuarta parte reconoce recibir cheques rechazados con cierta frecuencia u ocasionalmente, un indicador que suele funcionar como termómetro adelantado de las dificultades financieras en el sector privado.

Los resultados de la encuesta dejan en evidencia que, más allá de la estabilización macroeconómica y la desaceleración de la inflación, las pymes misioneras todavía no perciben condiciones suficientes para retomar una senda de crecimiento sostenido. La presión impositiva, los costos laborales, la informalidad y la falta de dinamismo de la demanda continúan configurando un escenario de prudencia empresarial, donde la prioridad sigue siendo sostener la actividad antes que expandirse.

CEM Encuesta Provincial MAYO 26 1 by CristianMilciades

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Oficial: Volvió a subir la desocupación

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La recuperación macroeconómica que exhibe el Gobierno nacional todavía no logra traducirse en una mejora sostenida del mercado laboral. Según los datos difundidos por el INDEC correspondientes al primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación volvió a aumentar y alcanzó el 7,8% de la población económicamente activa, consolidando una tendencia de mayor fragilidad en el empleo durante el inicio del año.

El informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestra además que la tasa de actividad se ubicó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 44,8%. Esto significa que, si bien una mayor proporción de personas salió a buscar trabajo, la economía no generó suficientes puestos laborales para absorber esa demanda, provocando un incremento del desempleo.

El dato adquiere relevancia porque se produce en un contexto donde el Gobierno nacional destaca la desaceleración de la inflación, la estabilidad cambiaria y la mejora de algunos indicadores de actividad. Sin embargo, el mercado laboral continúa mostrando señales de heterogeneidad, con sectores vinculados a la energía, minería y exportaciones que exhiben dinamismo, mientras actividades intensivas en empleo como el comercio, la construcción y parte de la industria manufacturera siguen enfrentando dificultades.

La situación resulta más compleja al analizar otros indicadores laborales. El porcentaje de ocupados demandantes de empleo alcanzó el 15,8%, reflejando que una porción significativa de trabajadores, aun teniendo empleo, busca mejorar sus ingresos o sumar una segunda ocupación. A su vez, la subocupación se ubicó en 11,1%, un nivel que evidencia persistentes problemas de calidad laboral y utilización insuficiente de la fuerza de trabajo.

Las diferencias regionales continúan siendo marcadas. El Gran Buenos Aires registró una tasa de desocupación de 8,7%, por encima del promedio nacional, mientras que la región Pampeana alcanzó el 8,2%. En contraste, las regiones del Norte mostraron menores niveles relativos de desempleo, aunque con mercados laborales históricamente más afectados por la informalidad.

En el caso del Noreste Argentino (NEA), la desocupación se ubicó en 7,2%, levemente por debajo del promedio nacional. Dentro de la región, Posadas volvió a destacarse entre los principales aglomerados urbanos por sus indicadores laborales relativamente favorables, con una tasa de desempleo de 4,7%, una de las más bajas del país. Sin embargo, la capital misionera mostró una subocupación del 9% y un 10,2% de ocupados demandantes de empleo, señales que reflejan una búsqueda creciente de mayores ingresos por parte de los trabajadores.

La evolución del mercado laboral se transforma así en uno de los principales desafíos para la segunda mitad del año. Si bien la estabilización macroeconómica comienza a consolidarse, los datos del INDEC muestran que la creación de empleo aún no acompaña con la misma velocidad la recuperación de algunos sectores de la economía. Para el Gobierno, el desafío ya no pasa exclusivamente por reducir la inflación, sino por lograr que la mejora de los indicadores macro se traduzca en más inversión, mayor actividad y generación sostenida de puestos de trabajo.

El aumento de la desocupación al 7,8% constituye una señal de alerta para una economía que busca consolidar su proceso de normalización. La estabilidad de precios y la recuperación de ciertos sectores productivos aparecen como condiciones necesarias, pero todavía insuficientes para recomponer un mercado laboral que continúa exhibiendo tensiones, desigualdades regionales y una creciente demanda de mejores oportunidades de empleo.

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El empleo formal volvió a caer en marzo y el comercio marcó su peor nivel en casi dos años

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La recuperación del mercado laboral volvió a mostrar señales de fragilidad durante marzo. Luego de dos meses de relativa estabilidad, el empleo asalariado formal retomó la senda descendente y arrastró también al monotributo, una categoría que hasta ahora había mostrado mayor capacidad de resistencia. Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que se perdieron 10.728 puestos de trabajo registrados respecto de febrero, mientras que la cantidad de monotributistas disminuyó en 6.322 personas en términos desestacionalizados.

El deterioro del empleo se da en un contexto de reconfiguración del mercado laboral impulsado por el ajuste económico y la desaceleración de distintos sectores productivos. Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el número de empleos asalariados destruidos supera los 300.000, mientras que también desaparecieron 26.448 empresas empleadoras, equivalente al 5,2% del total registrado, según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El economista y especialista en mercado laboral Luis Campos advirtió que la actual fase contractiva comenzó en agosto de 2023 y ya acumula una pérdida de 252.129 trabajadores asalariados, un nivel que se aproxima a la destrucción de empleo registrada durante la crisis de 2018-2019.

En marzo, el sector privado eliminó 7.603 puestos de trabajo (-0,12%), el sector público perdió 2.364 empleos (-0,07%) y el empleo en casas particulares retrocedió en 761 puestos (-0,17%). También continuó la caída entre los trabajadores independientes: los autónomos disminuyeron en 5.275 personas (-1,32%), el monotributo cayó en 6.322 contribuyentes (-0,3%) y el monotributo social volvió a retroceder con una baja de 5.188 inscriptos (-2,1%).

Comercio e industria concentran la mayor destrucción de empleo

Entre las principales actividades económicas, el comercio volvió a consolidarse como uno de los sectores más afectados. Durante marzo perdió 2.147 puestos registrados respecto del mes anterior y acumuló una caída interanual de 24.275 empleos (-1,9%), alcanzando 1.229.599 trabajadores registrados, el nivel más bajo desde julio de 2024.

El dato adquiere especial relevancia porque el comercio continúa siendo el principal empleador privado del país. Junto con la industria manufacturera, el transporte y la intermediación financiera concentró la mayor parte de la destrucción de empleo formal durante el tercer mes del año.

La industria manufacturera también profundizó su deterioro. Perdió 5.043 puestos de trabajo en marzo (-0,5%) y acumula una baja interanual de 47.647 empleos (-4,1%), reflejando las dificultades que aún enfrenta la actividad fabril pese a la desaceleración inflacionaria.

En contrapartida, los sectores considerados ganadores del actual modelo económico —como minería, petróleo y agro— continúan mostrando incrementos porcentuales en el empleo, aunque con escasa incidencia sobre el mercado laboral total. Durante marzo, ambas actividades incorporaron apenas 1.305 nuevos puestos de trabajo.

Según destacó Campos, estos sectores representan apenas el 7% del empleo registrado del país, mientras que las actividades que hoy muestran retrocesos concentran casi la mitad de los trabajadores formales.

La evolución territorial también muestra un comportamiento dispar. Durante marzo, Neuquén, Río Negro, San Juan y La Rioja registraron aumentos en el empleo privado formal, impulsados principalmente por actividades vinculadas a la energía, la minería y algunos proyectos de inversión específicos.

Sin embargo, si se toma como referencia el inicio de la actual administración nacional, únicamente Neuquén y Río Negro conservan un saldo positivo sostenido, con 9.501 y 3.294 puestos adicionales, respectivamente. San Juan logró recuperar en marzo el nivel de empleo que tenía en noviembre de 2023, mientras que el resto de las provincias continúa por debajo de esos registros.

El monotributo pierde dinamismo por primera vez en cinco meses

Uno de los datos más significativos del informe fue la caída del monotributo, que interrumpió una secuencia de cinco meses consecutivos de crecimiento.

En marzo se registraron 6.322 monotributistas menos respecto de febrero, mientras que el conjunto de trabajadores independientes disminuyó en 16.785 personas debido al retroceso simultáneo del monotributo, el trabajo autónomo y el monotributo social.

En términos interanuales, el régimen todavía mantiene un saldo positivo de 75.344 nuevos inscriptos (+2,7%). No obstante, desde el comienzo de la actual gestión nacional el monotributo social perdió 225.527 contribuyentes producto de las recategorizaciones y modificaciones implementadas sobre ese régimen. Si se excluye esta categoría, el universo conformado por monotributistas y autónomos muestra un crecimiento acumulado de 167.356 personas.

Salarios reales mejoran, pero no compensan la debilidad del mercado laboral

En contraste con la evolución del empleo, los salarios registrados continúan mostrando una recuperación en términos reales.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo, la remuneración bruta promedio del sector privado alcanzó en marzo los $2,2 millones, con un incremento interanual del 31,6%, mientras que la remuneración mediana llegó a $1,54 millones, un 28,1% superior a la de un año atrás.

Los datos preliminares de abril también muestran una mejora del poder adquisitivo. El salario medio del empleo registrado privado avanzó 1,3% respecto de marzo y se ubicó por encima del nivel observado a fines de 2023. Sin embargo, la evolución de los salarios negociados en los convenios colectivos continúa rezagada: el salario conformado promedio de los principales convenios apenas creció 0,3% en abril y todavía acumula una pérdida real cercana a seis puntos porcentuales frente a noviembre de 2023.

El panorama que dejan las estadísticas oficiales muestra así una economía donde los ingresos comienzan a recuperarse, pero con un mercado laboral que aún no logra consolidar una etapa de creación sostenida de empleo. La persistente caída del comercio, el retroceso industrial y la desaceleración del trabajo independiente plantean nuevos interrogantes sobre la capacidad de la recuperación económica para traducirse en mayores niveles de ocupación formal.

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