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Brito: “Los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”

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El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, eligió Puerto Iguazú para poner en palabras una mirada que combina respaldo al ordenamiento macroeconómico con una advertencia sobre el punto más sensible que enfrenta ahora el programa económico: la estabilización todavía no consiguió traducirse con suficiente fuerza en actividad, empleo e ingresos.

“El nivel de actividad hoy es el tema en Argentina, el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo”, sostuvo Brito en una diálogo con Economis y otros medios, durante su participación en la reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú.

No es una observación menor viniendo de uno de los principales banqueros del país. Brito respaldó la necesidad de eliminar el déficit fiscal y consideró inevitable la corrección de buena parte de los subsidios que sostenía el Estado. Pero también marcó una diferencia con uno de los supuestos centrales sobre los que se apoyó el cambio de modelo: la velocidad con la que el mercado podía reordenar la economía.

“Para mí es un error de diagnóstico creer que el mercado te iba a resolver muchos temas en el corto plazo”, afirmó.

Para Brito, el nuevo esquema económico produjo sectores ganadores y perdedores, pero ambos reaccionaron a velocidades diferentes.

“Claramente lo que está ocurriendo es que los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”, explicó. Y allí ubicó una de las tareas pendientes: “Creo que ahí tiene que haber una coordinación”. 

Equilibrio fiscal, pero con matices

Brito no cuestiona el corazón fiscal del programa económico. Por el contrario, sostuvo que la Argentina había llegado a una situación en la que prácticamente no existían alternativas.

Cuando un Estado mantiene déficit y ya no consigue quién lo financie, explicó, quedan dos caminos: ajustar o emitir dinero. La experiencia inflacionaria argentina, planteó, mostró los límites de la segunda alternativa.

Sí puede discutirse, según el empresario, dónde debía recaer el recorte.

En ese sentido, defendió la reducción de los subsidios generalizados a las tarifas. “No hay países en el mundo, ni desarrollados ni subdesarrollados, que tengan subsidios de tarifa de la magnitud que tenía Argentina”, señaló.

Y utilizó su propio caso para graficar la distorsión: “Acá se subsidiaba la oferta y yo era subsidiado, yo, Jorge Pablo Brito. Entonces eso era algo que estaba claramente mal y había que resolverlo”. 

La corrección tarifaria redujo el ingreso disponible de las familias al mismo tiempo que la economía todavía no generó suficiente empleo e inversión como para compensar ese impacto. Según Brito, el peso de los servicios públicos en el presupuesto familiar pasó de niveles cercanos al 5 por ciento a alrededor del 25 por ciento, en un contexto que además combinó tasas de interés reales excepcionalmente elevadas, pérdida de puestos de trabajo y deterioro de ingresos. 

Uno de los ejes de la jornada del IAEF fue el crecimiento de la morosidad. Brito reconoció el problema, aunque evitó una lectura catastrófica.

En el sistema bancario, explicó, la mora involucra a más de dos millones de clientes, aunque representa menos del 10 por ciento. En Banco Macro, sostuvo, las nuevas generaciones de créditos muestran mejores indicadores de cumplimiento que las anteriores, una señal que alimenta la expectativa de que el deterioro haya comenzado a revertirse. 

“No hay nada que nos haga pensar que eso vaya a incrementarse a futuro”, aseguró. “Somos muy optimistas de que esto se va a poder resolver en el corto plazo”. 

Brito aprovechó la entrevista con Economis para enviar además un mensaje directo a los clientes de Macro que atraviesan dificultades financieras.

“Convoco a todos los clientes que están en mora a que vengan. En el caso de mi banco van a encontrar una ayuda para poder refinanciar a tasas ventajosas y plazos convenientes”, afirmó. 

Pero trazó una línea frente a las propuestas políticas que buscan resolver el sobreendeudamiento afectando los derechos de los acreedores.

Para el presidente de Macro, una intervención de ese tipo podría solucionar un problema coyuntural a costa de generar otro mucho más profundo: reducir estructuralmente la oferta de crédito.

“Si violentamos o afectamos los derechos de los acreedores, eso en definitiva termina afectando la capacidad de dar préstamos”, advirtió. 

El argumento de Brito va más allá de la coyuntura de la mora. Su diagnóstico es que una de las debilidades estructurales argentinas es precisamente la escasez del crédito privado en relación con el tamaño de la economía.

“Cuantos menos préstamos tenemos en relación al producto, menos desarrollados somos”, sintetizó.

Pero hizo una distinción sobre la calidad del financiamiento. El desafío no pasa únicamente por multiplicar préstamos al consumo, sino por construir un sistema capaz de prestar a largo plazo.

“El préstamo bueno no es necesariamente el de consumo. Es el préstamo hipotecario, el que permite a un individuo comprarse una vivienda, a una pyme o a una empresa financiar capital de trabajo”. 

Allí aparece otra de las restricciones argentinas: el costo financiero.

Brito señaló que sobre cada préstamo existe una carga impositiva correspondiente a los tres niveles del Estado que puede terminar siendo superior al propio spread financiero de las entidades bancarias.

Para bajar el costo del crédito, planteó, también será necesario revisar esa estructura. 

Ante la pregunta sobre cómo recuperar el poder adquisitivo, Brito volvió sobre una palabra: productividad.

Su secuencia es inversión, productividad, creación de empleo y, finalmente, recuperación del salario real.

“Productividad genera empleo y la competencia del empleo es lo que genera aumento de salarios”, explicó.

“Para que aumente el salario real, lo que tenemos que generar es aumento del empleo y el aumento del empleo se genera pura y exclusivamente con inversión”, insistió. 

Desde su rol empresario, aseguró que ésa es precisamente la estrategia que intenta llevar adelante en las compañías que conduce: identificar oportunidades de inversión capaces de generar crecimiento.

Brito mira al interior: “Debe ser el gran ganador”

En Iguazú, el presidente de Banco Macro dejó además una definición especialmente relevante para Misiones y las economías regionales.

“El interior es el gran ganador” del nuevo modelo económico, afirmó, aunque inmediatamente introdujo una condición: para que ese potencial pueda convertirse en producción, exportaciones y empleo, la Argentina necesita infraestructura.

El riesgo, según Brito, es repetir viejos desequilibrios territoriales. Si las oportunidades económicas cambian de lugar pero la infraestructura no acompaña, el país puede volver a generar procesos migratorios y cuellos de botella como los ocurridos décadas atrás.

Por eso planteó la necesidad de “empezar a trabajar diagramando este nuevo modelo de país”, con infraestructura capaz de acompañar el desarrollo productivo de las provincias. 

Misiones, sostuvo, tampoco debería quedar al margen.

Brito identificó a la energía, el petróleo y el gas como motores de buena parte de la Patagonia y a la agricultura como un vector que atraviesa numerosas provincias del centro y del norte. En ese escenario, planteó que las exportaciones deberían adquirir mucho más peso dentro de la economía argentina, pero con una condición adicional: incorporar valor agregado. 

La infraestructura aparece, en su visión, como el puente entre el equilibrio macroeconómico y la recuperación de la economía real.

Argentina, dijo, tiene una infraestructura “totalmente desinvertida y atrasada”. Recuperarla permitiría atacar dos problemas simultáneamente: mejorar la competitividad futura y generar actividad y empleo ahora.

Y no necesariamente mediante obra pública financiada directamente por el Estado.

Brito planteó que el Gobierno puede crear incentivos y marcos regulatorios capaces de movilizar capital privado hacia rutas, ferrocarriles y obras hídricas.

“Todo eso debería generar un plan de infraestructura para generar empleo en el corto plazo”, sostuvo. 

Es, en definitiva, el matiz que Brito introduce al debate económico desde el sector privado. El equilibrio fiscal aparece como una condición que no debería abandonarse. Pero no alcanza.

La segunda etapa necesita inversión. Necesita crédito. Necesita infraestructura. Y, sobre todo, necesita velocidad para que los sectores que pueden crecer comiencen a hacerlo antes de que el ajuste de quienes perdieron termine profundizando el freno de la actividad.

El propio Brito lo resumió desde Iguazú: Argentina necesita empresarios “que se animen, que inviertan”.

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Premios Impacto: reconocen la innovación en la gestión de capital humano

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La innovación en la gestión de personas dejó de medirse solamente por la incorporación de nuevas herramientas o prácticas. Cada vez más, el desafío para las organizaciones consiste en demostrar que esas transformaciones mejoran la experiencia de los colaboradores y, al mismo tiempo, producen resultados concretos. Sobre esa premisa se lanzó la cuarta edición de los Premios Impacto, una iniciativa de la Asociación de Recursos Humanos Argentina (AdRHA) y BenchClub que busca visibilizar casos de éxito en la gestión del capital humano.

La convocatoria está abierta a cualquier organización que opere en Argentina, independientemente de su naturaleza. Pueden participar empresas privadas, organismos públicos, entidades estatales, ONG e instituciones educativas. La participación es gratuita y las iniciativas pueden inscribirse hasta el 15 de septiembre.

En esta edición, los organizadores pondrán especial atención en proyectos vinculados con el impacto sobre los colaboradores, la diversidad e inclusión y la inteligencia artificial. El requisito central es que se trate de iniciativas implementadas desde 2024 que hayan producido una mejora significativa en la experiencia de los equipos y que, de manera simultánea, hayan generado resultados para la organización.

“Los Premios Impacto buscan poner en valor el trabajo de aquellas organizaciones que se animan a cuestionar lo establecido y a desarrollar nuevas formas de gestionar el talento”, señaló Marisabel Barranco, integrante del Comité Ejecutivo de AdRHA. La dirigente remarcó que la innovación en Recursos Humanos ya no puede evaluarse únicamente por la novedad de una propuesta, sino por su capacidad para combinar una mejor experiencia laboral con resultados concretos.

Ese criterio plantea una discusión relevante para las áreas de capital humano. Durante años, determinadas iniciativas vinculadas al bienestar, la capacitación o la cultura organizacional fueron evaluadas como políticas complementarias a la estrategia de negocios. La lógica de los Premios Impacto apunta en otra dirección: identificar proyectos en los que la gestión de personas forme parte de la generación de valor y pueda demostrarlo mediante indicadores.

La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por Cristian Bernal, Hugo Ojeda, Casandra Giuliano, Cecilia Giordano y Mariano Battistotti. Los casos serán analizados a partir de cuatro dimensiones: el impacto sobre la organización, el impacto sobre las personas, el grado de innovación y la sustentabilidad de la iniciativa.

En la dimensión organizacional se considerarán variables como productividad, ingresos, eficiencia en costos y otros indicadores concretos del negocio. En cuanto a las personas, se observarán aspectos vinculados con bienestar, desarrollo, motivación y calidad de vida. La innovación estará relacionada con la originalidad del enfoque y su diferenciación respecto de las prácticas habituales del sector, mientras que la sustentabilidad buscará determinar si el proyecto puede sostenerse en el largo plazo y si se encuentra alineado con los objetivos estratégicos de la organización.

La combinación de estas dimensiones permite correr el foco de una discusión exclusivamente asociada a Recursos Humanos. Una política puede ser novedosa, pero si no mejora la experiencia de quienes trabajan en la organización ni produce un efecto verificable sobre el desempeño, su impacto resulta limitado. Del mismo modo, una mejora de productividad que no contemple las condiciones de los equipos difícilmente pueda sostenerse en el tiempo.

La inteligencia artificial agrega una nueva capa a esa discusión. Su incorporación a los procesos laborales abre oportunidades para automatizar tareas, mejorar la toma de decisiones y personalizar experiencias, pero también obliga a revisar capacidades, roles y formas de organización del trabajo. En ese contexto, los proyectos que logren combinar tecnología con desarrollo de las personas pueden convertirse en referencias para otras organizaciones.

“Esta alianza entre AdRHA y BenchClub nos permite sumar sinergias para visibilizar a quienes están transformando la gestión del capital humano”, destacó Gabriel Pereyra, director de BenchClub Argentina Recursos Humanos. Según explicó, el reconocimiento también busca generar aprendizaje a partir de los mejores casos de la región y elevar los estándares de la comunidad profesional.

La edición 2025 ya dejó un mapa de experiencias que muestra la diversidad de organizaciones que pueden formar parte de esta agenda. McCain Argentina obtuvo el primer premio, YPF alcanzó el segundo puesto y La Anónima y Loma Negra recibieron el tercer premio. Aeropuertos Argentinos y Mondelez fueron distinguidas con una Mención Impacto Estratégico, mientras que Grupo Corven recibió una Mención a la Práctica Innovadora.

El premio principal de esta nueva edición tendrá además un componente de formación: uno de los integrantes del equipo ganador recibirá una Maestría en Recursos Humanos de la Universidad de San Andrés (UDESA). La propuesta vincula así el reconocimiento de una experiencia concreta con el desarrollo profesional de quienes participan en su implementación.

La ceremonia de entrega se realizará en noviembre en Hit Polo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se conocerán los proyectos ganadores y las iniciativas destacadas.

“Desde AdRHA trabajamos para acompañar a las organizaciones en la construcción de mejores lugares de trabajo, y los Premios Impacto son una manera concreta de traducir esa misión: identificar, visibilizar y potenciar a quienes están innovando en la gestión de personas”, sostuvo Tomás Gómez Alzaga, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina.

La convocatoria propone, en definitiva, transformar experiencias internas en conocimiento compartido. Para las organizaciones, participar implica poner a prueba sus iniciativas frente a criterios de impacto, innovación y sustentabilidad. Para la comunidad profesional, permite identificar qué prácticas están funcionando y bajo qué condiciones pueden replicarse.

Las organizaciones interesadas pueden consultar las bases e inscribirse de manera gratuita hasta el 15 de septiembre en el sitio oficial de Premios Impacto.

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¿Cuánto vale realmente una hora de tu vida profesional?

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Hace unos días tuve que hacer una cuenta que, después de muchos años de vida profesional, nunca había hecho de esa manera. Necesitaba definir cuánto tiempo estaba dispuesta a dedicar a un proyecto antes de sentarme a negociar las condiciones de mi participación. La pregunta parecía económica: ¿cuánto vale una hora de mi trabajo? Sin embargo, mientras intentaba responderla descubrí que dividir mis ingresos por la cantidad de horas trabajadas no resolvía el problema.

Porque esa hora no estaba vacía. Para ocuparla tenía que sacar otra cosa de mi agenda. Podía ser una hora destinada a un cliente, a desarrollar un proyecto propio, a escribir, a pensar una decisión estratégica o, simplemente, una hora de mi vida personal que el trabajo empezaba a absorber. La cuenta, entonces, dejó de ser cuánto podía cobrar por ese tiempo y pasó a ser cuánto me costaba realmente entregarlo.

Esta distinción importa especialmente cuando una carrera profesional empieza a acumular oportunidades. Al comienzo, el desafío suele ser conseguir trabajo, clientes o proyectos. Con los años puede aparecer un problema bastante menos evidente: hay más cosas que podríamos hacer que tiempo disponible para hacerlas. En ese momento, seguir midiendo todas las oportunidades únicamente por el ingreso que generan puede llevarnos a administrar mal nuestro recurso más escaso.

La economía tiene un concepto bastante preciso para esto: costo de oportunidad. Cada vez que elegimos una alternativa, renunciamos al beneficio que podría habernos proporcionado la mejor alternativa descartada. Aplicado a nuestra agenda, significa que el costo de una hora no está compuesto solamente por lo que cobramos o dejamos de cobrar durante esos sesenta minutos. También incluye aquello que desplazamos para poder ocuparlos.

Y ahí las horas empiezan a mostrar diferencias que el reloj no registra. Una hora atendiendo a un cliente puede producir ingresos inmediatamente. Una hora dedicada a tareas administrativas quizá no facture nada y, además, podría ser realizada por otra persona. Una hora utilizada para diseñar un servicio, revisar la rentabilidad de un negocio o preparar una negociación tampoco produce necesariamente dinero ese día, pero puede modificar los resultados de los próximos meses. Hay además horas que desaparecen entre reuniones innecesarias, problemas que podrían haberse evitado y desorganización. Y están, finalmente, aquellas que sacamos de nuestra vida personal para terminar lo que no entró en la jornada laboral.

Todas duran sesenta minutos. Económicamente, no valen lo mismo.

Alguien podría objetar que no todo puede reducirse a una cuenta económica, y tendría razón. Hay proyectos que aceptamos por aprendizaje, compromiso institucional, relaciones, propósito o simplemente porque queremos hacerlos. El problema no está en asignar tiempo a algo que no maximiza nuestros ingresos. El problema aparece cuando no sabemos que estamos tomando esa decisión y tratamos como gratuita una hora que tiene un costo.

Esto también cambia la manera de pensar a los clientes. Durante mucho tiempo asociamos un buen cliente con alguien que necesita nuestro servicio, reconoce su valor y puede pagar nuestros honorarios. Son condiciones importantes, pero no necesariamente suficientes. Un cliente puede pagar el precio acordado y resultar, aun así, demasiado caro para nuestra práctica profesional.

Puede requerir una cantidad desproporcionada de reuniones, mensajes, seguimiento o disponibilidad. Puede ocupar horarios que podrían destinarse a actividades de mayor valor. Puede demandar un nivel de atención que no estaba contemplado al fijar los honorarios. Incluso puede impedirnos aceptar un proyecto más alineado con la dirección en la que queremos crecer.

Por eso, no todos los que pueden pagar son clientes.

No como gesto de exclusividad ni como argumento para cobrar más. Es una cuestión de asignación de recursos. Cuando el tiempo disponible tiene un límite, aceptar una oportunidad significa necesariamente rechazar, postergar o reducir otra.

Esta mirada también obliga a revisar una idea muy instalada: estar con la agenda llena como indicador de éxito. Una agenda completamente ocupada puede mostrar demanda, pero también puede revelar que hemos asignado todo nuestro tiempo a producir el presente y no hemos reservado ninguna capacidad para construir el futuro. Si cada hora disponible está comprometida con la operación, queda muy poco espacio para pensar, diseñar, negociar, desarrollar nuevas oportunidades o simplemente evaluar hacia dónde estamos yendo.

Ahí aparece una hora que solemos subestimar precisamente porque no tiene facturación inmediata: la hora estratégica. Su resultado no siempre puede medirse al terminar el día. Sin embargo, una conversación bien preparada, una revisión seria de los números o una decisión sobre qué dejar de hacer puede producir más valor que varias horas de actividad operativa.

La cuenta que empecé intentando hacer para una negociación terminó llevándome a una conclusión diferente. Ya no necesitaba solamente establecer cuánto deberían pagarme por determinadas horas. Necesitaba decidir cuáles estaba dispuesta a entregar y cuáles no.

Esa diferencia modifica la posición desde la que negociamos. Cuando solamente calculamos nuestro precio, discutimos dinero. Cuando incorporamos el costo de oportunidad, empezamos a discutir algo bastante más importante: qué lugar queremos darle a ese trabajo dentro de nuestra vida profesional.

Durante buena parte de una carrera aprendemos a buscar oportunidades, generar ingresos y ocupar nuestra agenda. Pero llega un momento en que el problema cambia. Ya no es solamente conseguir más, sino elegir mejor. Y elegir mejor supone aceptar que un proyecto puede ser interesante, un cargo puede ser prestigioso y un cliente puede estar dispuesto a pagar nuestros honorarios, sin que eso alcance para justificar el tiempo que demandará.

Por eso, calcular cuánto vale una hora profesional no debería servir únicamente para fijar un precio. Debería ayudarnos a decidir dónde vale la pena ponerla.

Después de todo, el dinero que no ganamos hoy puede recuperarse. Una oportunidad incluso puede volver a presentarse. La hora que entregamos, en cambio, ya fue asignada.

Quizás esa sea la cuenta que conviene hacer antes de decir que sí.

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Los salarios subieron 2,9% en junio y acumularon un alza de 18,5% en el primer semestre

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La evolución salarial constituye uno de los principales indicadores para medir cómo se distribuye el impacto de la dinámica económica sobre los hogares. Un aumento del 18,5% entre enero y junio refleja la magnitud de la recomposición nominal de los ingresos laborales, aunque su efecto real dependerá de la evolución de los precios durante el mismo período y de las diferencias entre sectores, modalidades de empleo y categorías de trabajadores.

El incremento mensual de 2,9% en junio también aporta una señal relevante para las empresas. Los salarios son, al mismo tiempo, ingresos para millones de trabajadores y uno de los principales componentes de costos para numerosas actividades productivas. La capacidad de compatibilizar recomposición salarial, empleo formal y sostenibilidad de las empresas seguirá siendo uno de los desafíos centrales de la economía.

El salario como variable de consumo y actividad

Para los hogares, la discusión trasciende el porcentaje de aumento. La cuestión determinante es qué bienes y servicios pueden adquirirse con ese ingreso y cómo evoluciona la capacidad de cubrir gastos esenciales, desde alimentos y transporte hasta vivienda, educación y servicios.

Para el sector productivo, una mejora sostenida de los ingresos reales puede fortalecer la demanda interna. Comercios, pequeñas y medianas empresas y prestadores de servicios dependen, en buena medida, de la capacidad de consumo de las familias.

Ese vínculo explica por qué la evolución salarial tiene un impacto que excede las paritarias. Una recuperación efectiva del poder de compra puede generar un círculo de mayor demanda y actividad, mientras que una mejora exclusivamente nominal, absorbida por la suba de precios, limita ese efecto sobre la economía cotidiana.

El desafío es reducir la distancia entre salarios y costo de vida

El promedio que refleja el índice salarial tampoco necesariamente describe la situación de todos los trabajadores. La evolución de los ingresos puede ser diferente según se trate de empleo registrado privado, empleo público o trabajo no registrado, además de las diferencias entre sectores y regiones.

Para una mirada orientada a soluciones, el desafío consiste en mejorar los mecanismos que permitan sostener ingresos sin deteriorar la capacidad de contratación, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. La productividad, la formalización laboral y la previsibilidad de costos aparecen como variables tan relevantes como el porcentaje de incremento acordado.

En regiones como el NEA, donde la estructura económica tiene un fuerte peso de las PyMEs, el comercio, los servicios y las economías regionales, la evolución del salario adquiere una dimensión adicional. La capacidad de las empresas para trasladar aumentos de costos es limitada cuando la demanda permanece débil, pero al mismo tiempo la falta de recuperación del ingreso de los hogares restringe el mercado interno.

Lo que habrá que seguir de cerca

El dato de junio deja una referencia concreta: los salarios aumentaron 2,9% en el mes y 18,5% en el primer semestre de 2026. La próxima discusión será determinar cómo se ubica esa trayectoria frente a la evolución de la inflación y si la mejora alcanza de manera relativamente homogénea a los distintos segmentos del mercado laboral.

La recuperación del salario real será una variable decisiva para la segunda mitad del año. No solo definirá el poder adquisitivo de los hogares, sino también el comportamiento del consumo, la actividad comercial y la capacidad de las empresas para sostener empleo. El desafío de política económica será convertir la estabilidad de las variables nominales en una mejora verificable de las condiciones de vida y en una recuperación sostenible de la demanda.

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La CGT y las CTA reclamaron un plan de refinanciación ante el salto del endeudamiento de familias y Pymes

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La CGT, las dos CTA y movimientos sociales llevaron al Ministerio de Economía un reclamo que busca instalar una discusión que excede el nivel de las tasas de interés: cómo evitar que el endeudamiento de los hogares y las pequeñas empresas termine convirtiéndose en un nuevo freno para el consumo, la producción y el empleo. Las organizaciones sindicales exigieron al Gobierno de Javier Milei la puesta en marcha de un “programa de refinanciación de deudas” frente al fuerte aumento de la morosidad.

La movilización llegó hasta el Palacio de Hacienda sin un acto central ni escenario para discursos. Los dirigentes entregaron un documento en el que plantearon que el equilibrio macroeconómico no puede evaluarse únicamente por las variables financieras, sino que debe incorporar una solución al endeudamiento de familias y Pymes y una estrategia para recuperar la actividad de la economía real.

El diagnóstico presentado por las centrales sindicales vincula directamente la pérdida de ingresos y el deterioro del consumo con el aumento del costo financiero. En esa lectura, cuando una familia deja de poder afrontar una tarjeta o un préstamo, reduce inmediatamente su capacidad de consumo; cuando una Pyme no consigue financiar su capital de trabajo, restringe su producción. La consecuencia final de esa cadena es una economía con menos ventas, menos actividad y mayor presión sobre el empleo.

El planteo adquiere mayor dimensión a partir de los datos atribuidos al Banco Central. Según las cifras citadas por las organizaciones sindicales, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en Argentina, mientras que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó al 17,5% de los créditos personales.

Para las centrales, el problema no termina en el sistema financiero formal. El deterioro de la capacidad de pago puede expulsar a los hogares del crédito bancario y empujarlos hacia mecanismos informales de financiamiento, incluso para cubrir gastos esenciales. Allí, advierten, el costo del endeudamiento puede adquirir características usurarias y profundizar todavía más la vulnerabilidad económica.

El documento entregado en Economía propone, en ese sentido, una respuesta que combine extensión de plazos y reducción transitoria de la presión de las cuotas. La hipótesis es que una refinanciación con tasas compatibles con la evolución de los ingresos permitiría liberar recursos de los hogares y de las empresas, recuperar capacidad de consumo y sostener el capital de trabajo.

El reclamo también apunta al Banco Central. Las organizaciones pidieron que el organismo ejerza su función regulatoria sobre las tasas aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y otros mecanismos capaces de generar endeudamiento entre personas físicas. La demanda busca ampliar la discusión sobre el costo del crédito a todo el ecosistema financiero que hoy utilizan los hogares.

En paralelo, reclamaron un diagnóstico específico sobre la situación de las Pymes, especialmente aquellas cuyo endeudamiento compromete el capital de trabajo y pone en riesgo la continuidad de la actividad. El argumento es que una política de alivio financiero para empresas pequeñas no debería ser vista únicamente como una asistencia al sector privado, sino como una herramienta para preservar unidades productivas y puestos de trabajo.

La CGT sostuvo que “el endeudamiento es una política de gobierno” y cuestionó el modelo económico por obligar, según su diagnóstico, a familias a recurrir al crédito para afrontar alimentación, alquiler y servicios básicos. La protesta reunió a los integrantes del triunvirato de la central, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de dirigentes como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

Desde la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar advirtió sobre el riesgo de que el endeudamiento termine actuando como un factor de conflictividad social. El secretario general de ATE sostuvo que millones de hogares atraviesan una situación crítica y reclamó que el Gobierno utilice sus herramientas regulatorias para limitar los costos financieros e implementar un programa de desendeudamiento.

Más allá de la disputa política, el eje económico del reclamo abre una discusión relevante sobre la relación entre estabilidad macroeconómica y economía real. Una reducción de la inflación o una mejora de determinadas variables financieras no necesariamente se traduce en una recuperación automática de los ingresos disponibles si una proporción creciente del salario o de la facturación empresarial queda comprometida por cuotas, intereses y refinanciaciones.

Ese es, precisamente, el punto de mayor profundidad del documento sindical: la deuda no aparece como un fenómeno aislado, sino como una consecuencia y, al mismo tiempo, como un mecanismo que puede profundizar la caída de la actividad. Si los hogares destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de obligaciones financieras, consumen menos. Si las empresas enfrentan dificultades para financiar su capital de trabajo, producen menos. Y si ambas variables retroceden simultáneamente, la recuperación del empleo se vuelve más difícil.

Desde esa perspectiva, una política de refinanciación no debería limitarse a postergar vencimientos. El desafío sería diseñar mecanismos que reduzcan efectivamente la carga financiera, extiendan los plazos y vinculen las condiciones de pago con la evolución de los ingresos. En el caso de las Pymes, la clave estaría en preservar capital de trabajo y capacidad productiva, evitando que una crisis de liquidez transitoria termine en cierre definitivo.

La discusión plantea, además, una cuestión central para cualquier estrategia de crecimiento: quién tiene capacidad para sostener el ciclo económico. El consumo de los hogares genera demanda; la demanda sostiene las ventas; las ventas permiten producir; la producción sostiene el empleo. Cuando ese circuito se rompe por una combinación de ingresos insuficientes y alto costo financiero, la deuda deja de ser solamente un problema individual y comienza a adquirir una dimensión macroeconómica.

Por eso, el reclamo de la CGT y las CTA puede leerse como una propuesta para desplazar parte del foco desde las cuentas financieras hacia las cuentas concretas de hogares y empresas. El desafío no consiste solamente en reducir la morosidad, sino en evitar que el endeudamiento se convierta en una barrera estructural para la recuperación del consumo y la inversión.

La salida que proponen las organizaciones sindicales incluye, además, una estrategia más amplia de estímulo a la inversión productiva y diversificación de la matriz económica. En esa concepción, refinanciar deudas sería una herramienta de emergencia dentro de una política mayor orientada a recomponer ingresos, activar la capacidad instalada, ampliar mercados y generar empleo.

El punto de fondo es que la sostenibilidad económica también se mide en la capacidad de las familias para llegar a fin de mes y de las empresas para sostener su actividad. Si la estabilización financiera se construye sobre hogares cada vez más endeudados y Pymes con menor capital de trabajo, la economía puede mostrar equilibrio en algunas variables mientras acumula tensiones en otras.

El reclamo entregado en el Ministerio de Economía pone así sobre la mesa una alternativa concreta frente a la morosidad: refinanciar, bajar la presión de las cuotas, regular el costo del crédito y proteger el capital de trabajo de las empresas. Pero también plantea una condición de fondo para que esa solución sea sostenible: recuperar los ingresos y la actividad productiva para que las familias y las empresas vuelvan a tener capacidad genuina de pago.

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