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Misiones Productiva: “La estabilidad llegó, pero el consumo no”, afirma Alfredo Gruber

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En un contexto de actividad económica contenida y expectativas en revisión, el empresario Alfredo Gruber hablo con Economis y puso en palabras una tensión creciente en el sector productivo de Misiones: reconoció que la estabilidad macroeconómica es un dato positivo, pero advirtió que “está todo frenado” en términos de consumo y actividad. El planteo, realizado tras una jornada sectorial en Posadas, introduce una pregunta incómoda para el Gobierno nacional: ¿alcanza la estabilización para sostener el entramado productivo o se abre una nueva fase de presión por reformas más profundas?

El diagnóstico combina dos planos que hoy conviven en la economía real. Por un lado, la baja de la volatilidad y cierta previsibilidad. Por otro, una caída en la demanda que impacta tanto en el mercado interno como en el externo, con empresas que enfrentan menor volumen de ventas y mayores costos.

Impuestos, logística y regulaciones: el núcleo del reclamo

El eje más consistente del planteo empresario pasa por la estructura impositiva. Gruber insistió en que la presión fiscal sigue siendo elevada en los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal— y que a dos años del gobierno “más reformista” como se autodenomina la gestión de La Libertad Avanza los avances en reducción de cargas aún son “muy pocos”.

En ese marco, apuntó a nivel provincial contra el impuesto a los ingresos brutos, al que definió como distorsivo por su efecto acumulativo a lo largo de la cadena productiva. También planteó la necesidad de una reducción del IVA del 21% al 10%, aunque reconoció que esa medida enfrenta límites estructurales vinculados a la informalidad y al peso del gasto público.

El análisis se completa con otro factor estructural: el costo logístico. Desde Misiones, la salida de producción hacia los puertos de Buenos Aires o Uruguay encarece la competitividad. En ese punto, el empresario vinculó la discusión con obras de infraestructura como la posibilidad de mejorar la navegabilidad mediante sistemas asociados a represas, lo que permitiría reducir costos de transporte. “Hay que pensar en aprovechar el río como dijo Scherer dándole navegabilidad con la construcción de Corpus, que además de energía nos permitiría usar puertos aguas arriba y enviar las cargas por el río”, describió el empresario

Actividad frenada y señales contradictorias del contexto global

El diagnóstico empresarial no se limita al plano local. Gruber advirtió que la falta de dinamismo atraviesa tanto el mercado interno como el externo. “La gente no compra” sintetiza una percepción que se repite en distintos sectores.

A esa situación se suma un escenario internacional inestable. Cambios en aranceles, tensiones comerciales y la incertidumbre global complican la planificación exportadora. En paralelo, la suba proyectada de los combustibles —asociada según Gruber solo al contexto internacional, no a la suba de impuestos nacionales— aparece como un nuevo factor de presión sobre costos y precios, con impacto directo en la inflación.

La ausencia de obra pública también aparece como un elemento que retrae la demanda, especialmente en sectores vinculados a la construcción y la industria.

Reformas en debate y falta de impacto concreto

En términos de política económica, el empresario marcó una distancia entre las reformas anunciadas y su impacto efectivo. Señaló que la reforma laboral aún no está reglamentada y que, por lo tanto, no genera cambios concretos en la operatoria diaria de las empresas.

Esa percepción refuerza la idea de una transición en curso, donde las medidas estructurales todavía no se traducen en mejoras palpables para el sector productivo. En ese contexto, la expectativa se mantiene, pero convive con incertidumbre.

A nivel provincial, también aparece en agenda la posible reforma de normativas nacionales y provinciales vinculadas al uso del suelo y la producción, con debates en ámbitos institucionales sobre cambios regulatorios que podrían ampliar la capacidad productiva. Allí, el planteo empresario apunta a flexibilizar restricciones que hoy limitan el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas.

Entre la espera y la presión por definiciones

El mensaje final combina cautela y presión. “La esperanza es lo último que se pierde”, planteó Gruber, aunque advirtió que sería “una lástima” que el esfuerzo de los últimos años no se traduzca en resultados concretos.

La economía, en esa mirada, aparece como “una moneda en el aire”, donde las decisiones de inversión se postergan hasta tener mayor claridad sobre el rumbo político y económico. Es un dato relevante: sin previsibilidad consolidada, el sector productivo tiende a esperar antes que arriesgar.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en dos variables clave: si la estabilidad logra traducirse en reactivación del consumo y si las reformas —fiscales, laborales o regulatorias— avanzan con impacto real. Entre tanto, el reclamo empresario empieza a ordenarse en una agenda concreta que combina baja de impuestos, mejora logística y simplificación normativa.

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Empresarios de Oberá piden a la CELO mayor flexibilidad en el pago de la energía eléctrica

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La CRIPCO solicitó que se reevalúe la restricción al uso de cheques de terceros. Argumentan que la medida afecta la liquidez y complica el cumplimiento de las obligaciones en un contexto económico recesivo.

La Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (CRIPCO) presentó una nota formal a la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO) solicitando la revisión de la medida que prohíbe el pago del servicio eléctrico con cheques de terceros.

El planteo, dirigido a la presidenta de la entidad, ingeniera María Emilia Pires, refleja la preocupación del sector empresarial y productivo frente a una disposición que, según advierten, limita los medios de pago disponibles en un momento de alta presión financiera y caída de la actividad económica.

Preocupación empresaria por la restricción financiera

Desde la CRIPCO recordaron que el uso de cheques de terceros es una práctica comercial extendida y legítima, especialmente en economías regionales donde las empresas medianas y pequeñas dependen de circuitos financieros informales para sostener su operatoria diaria.

“La medida que impide a los socios utilizar cheques de terceros para abonar el servicio eléctrico genera dificultades concretas para cumplir con las obligaciones corrientes”, expresaron en la nota remitida a la cooperativa.

El documento subraya que mantener opciones de pago flexibles es clave para garantizar el cumplimiento de los compromisos por parte de los usuarios empresariales y evitar acumulación de deuda o cortes de servicio. En ese sentido, la cámara planteó que la reevaluación de la decisión sería un paso necesario “para acompañar el esfuerzo del sector privado en un contexto económico adverso”.

Costos energéticos y caída de la actividad

La solicitud de la CRIPCO se enmarca en una coyuntura caracterizada por altos costos de energía, menor rentabilidad industrial y contracción del consumo interno.

Empresarios locales advierten que las restricciones en los mecanismos de pago afectan la liquidez, particularmente en sectores productivos que deben afrontar facturas elevadas de electricidad mientras enfrentan demoras en los cobros o ventas a plazo.

Si bien la cooperativa no se expidió públicamente hasta el momento, el planteo de la entidad empresaria busca abrir una mesa de diálogo institucional que permita encontrar soluciones prácticas sin comprometer la sustentabilidad financiera de la CELO.

El pedido pone nuevamente sobre la mesa el desafío de equilibrar la gestión de las cooperativas eléctricas —que deben garantizar el cobro y la estabilidad operativa— con las dificultades de los usuarios comerciales e industriales en una economía que aún no muestra señales de recuperación.

Equilibrio entre gestión y desarrollo local

La relación entre las cooperativas de servicios y las cámaras empresariales del interior provincial se volvió más relevante en los últimos años, ante la necesidad de articular políticas locales que favorezcan la continuidad productiva y el empleo.

En ese marco, la CRIPCO insistió en que la flexibilidad en los medios de pago no implica morosidad, sino una herramienta que permite a las empresas mantener la regularidad de sus compromisos, en especial en períodos de recesión o inestabilidad financiera.

El pedido, que busca reabrir el debate sobre la política de cobro de la CELO, podría también derivar en una revisión más amplia de los mecanismos de financiamiento del servicio energético en la región, considerando la importancia del acceso a la electricidad como insumo esencial para la producción y el comercio.

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Departamento en Miami, yates y $2.400 millones: qué ofrecieron los imputados en la causa Cuadernos

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En una audiencia ante el Tribunal Oral Federal N.° 7, imputados en la causa Cuadernos intentaron evitar el inicio del juicio ofreciendo departamentos en Miami, embarcaciones de lujo y sumas superiores a los $2.400 millones. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscal Fabiana León rechazaron los planteos, advirtiendo que aceptar estas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción”.

La estrategia de los empresarios: bienes y dinero a cambio de no ir a juicio

Este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó a las defensas de más de 40 imputados arrepentidos en la llamada causa Cuadernos, el expediente que investiga un esquema de corrupción sistémica durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015.

La audiencia, celebrada de manera virtual, se amparó en el artículo del Código Penal que habilita la “reparación integral” mediante acuerdos resarcitorios. Bajo ese paraguas legal, los acusados ofrecieron sumas millonarias y bienes de alto valor para evitar el juicio oral fijado para el 6 de noviembre de 2025.

Entre las propuestas más resonantes:

  • Ernesto Clarens: un departamento en Miami y una embarcación valuada en USD 1,5 millones.
  • Ángelo Calcaterra (ex primo político de Mauricio Macri): $2.492.654.900.
  • Benito Roggio: $1.875.907.639.
  • Mario Rovella: $731.828.906.
  • José Paolini: $826 millones.
  • Marcelo Aznar: $240 millones (actualizado).
  • Osvaldo De Souza: $200 millones.
  • Adrián y Mauricio Pascucci: $133 millones.
  • Roberto Orazi: $136.403.400.
  • Otros imputados ofrecieron cifras menores, desde $45 millones hasta $100 millones.

En total, las defensas presentaron un menú de propuestas que, según argumentaron, equivalen a la actualización de los embargos ya trabados en la causa.

La oposición de la UIF y la fiscalía: “La corrupción no se paga”

La Unidad de Información Financiera (UIF), representada por Mariano Galpern en la audiencia, fue categórica: rechazó de plano las ofertas económicas al considerar que aceptar los acuerdos sería “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes tuvieron poder político y económico.

El organismo recordó que los delitos investigados —cohecho, dádivas y asociación ilícita— no representan un perjuicio patrimonial individual sino un daño institucional y colectivo, que debe ser juzgado en un debate oral y público.

El titular de la UIF, Paul Starc, señaló en un escrito: “El dinero eventualmente ofrecido no compensa la pérdida de confianza en el sistema democrático ni el descrédito de la administración pública. Aceptar estos acuerdos enviaría un mensaje de impunidad”.

En la misma línea, la fiscal Fabiana León reiteró su oposición a este tipo de mecanismos. Aunque los empresarios esperaban que su criterio fuera diferente en esta ocasión, León sostuvo que el proceso debe avanzar hacia el juicio oral para garantizar transparencia, condenas y decomisos de bienes.

Un juicio de magnitud inédita

La audiencia de este viernes expuso las tensiones entre las defensas, que reclaman un acuerdo económico, y los organismos de control que buscan llegar a un juicio histórico por corrupción.

Los defensores alegaron que un juicio oral demandaría entre 500 y 1.000 audiencias, lo que podría extenderse por más de una década e impactar en el funcionamiento del sistema judicial federal. “No se paga para zafar del juicio”, defendió el abogado Alfredo Huber, representante de Walter Fagyas.

Sin embargo, tanto la UIF como la fiscalía remarcaron que, más allá de la magnitud del proceso, el debate público es imprescindible para restaurar la confianza institucional y fijar un precedente frente a los delitos de corrupción sistémica.

El Tribunal Oral Federal N.° 7 deberá resolver en las próximas semanas si acepta alguna de las propuestas o si mantiene el cronograma que establece el inicio del juicio para el 6 de noviembre de 2025.

El resultado será clave no solo para los imputados, sino también para el sistema judicial y político argentino, ya que la causa Cuadernos sigue siendo uno de los expedientes más emblemáticos sobre corrupción estatal y privada en las últimas décadas.

Si el tribunal rechaza las propuestas, como pidió la UIF, se abrirá un proceso oral de dimensiones inéditas en el país, con más de 40 imputados, cientos de testigos y un fuerte impacto político en plena coyuntura electoral y económica.

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Ante empresarios, Milei negó corrupción en ANDIS y apuntó contra “la casta”

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En un almuerzo en el Hotel Alvear ante más de 350 empresarios, el presidente Javier Milei rechazó las acusaciones por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las vinculó a “una maniobra de la casta” para frenar el rumbo de su gestión.

El presidente Javier Milei participó este jueves del tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Hotel Alvear, en un momento marcado por la tensión política y judicial. El mandatario viene de sufrir un incidente en Lomas de Zamora, durante una caravana proselitista en la provincia de Buenos Aires, donde fue agredido con proyectiles en medio de la campaña para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

A la par, se conocieron audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien denunció supuestos pedidos de coimas vinculados a personas cercanas al jefe de Estado, como su hermana Karina Milei y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Frente a este escenario, Milei buscó llevar tranquilidad al sector empresario y desligar a su gobierno de cualquier acusación: “La opereta de esta semana no es nada más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta; una nueva mentira”, sentenció.

Milei en clave política: “La casta busca frenar el cambio”

En su exposición, el presidente reforzó el núcleo de su narrativa política: la confrontación con “la casta” y la defensa del rumbo económico de su administración. “Cuando entramos en la política sabíamos que iba a ser difícil sacar a la casta enquistada en el Estado, que va a hacer lo que pueda para defender sus privilegios”, expresó.

Con tono desafiante, Milei agregó: “Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida para frenar el proceso de cambio que el país está atravesando”.

También apeló a la Justicia: “Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de perseguir el crimen”.

El presidente ironizó sobre el episodio en Lomas de Zamora y recordó anécdotas personales: desde su paso como arquero en Chacarita, cuando sufrió agresiones en estadios clausurados, hasta un ataque que vivió en Brasil durante la final de la Copa Libertadores 2000. “Estoy acostumbrado a la lluvia de piedras”, resumió.

El auditorio: récord de empresarios y señales de apoyo

La convocatoria del CICyP tuvo 368 empresarios presentes, una cifra récord que mostró el interés del sector privado en escuchar de primera mano al presidente en medio de la turbulencia política.

Entre los asistentes destacaron Eduardo Eurnekian (Corporación América), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Daniel Funes de Rioja (UIA), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group) y Guillermo Dietrich (Grupo Dietrich).

Del lado del Gobierno, acompañaron al mandatario el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Defensa Luis Petri, el vocero presidencial Manuel Adorni y el secretario de Finanzas Pablo Quirno.

La presencia conjunta de altos funcionarios y líderes empresariales subrayó la relevancia del encuentro, en un momento donde el Gobierno busca respaldo institucional para avanzar con su programa económico y enfrentar la incertidumbre electoral en Buenos Aires.

La estrategia del Presidente apunta a consolidar el apoyo del empresariado y los mercados en medio de acusaciones judiciales y un escenario electoral adverso en la provincia de Buenos Aires. El tono desafiante contra la oposición y la insistencia en que se trata de una “opereta” busca blindar su figura frente a eventuales costos políticos.

El caso ANDIS podría derivar en nuevas citaciones judiciales y mayor presión mediática. Sin embargo, Milei apuesta a sostener la narrativa del “ataque de la casta” como motor de cohesión con sus votantes y, a la vez, como argumento frente al sector económico.

En los próximos días, se espera que el oficialismo intensifique la campaña bonaerense y refuerce la presencia en foros institucionales, con el objetivo de mostrar gobernabilidad y respaldo social en paralelo a las turbulencias políticas.

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Empresarios misioneros no esperan crecimiento de Nación

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La actividad económica en Misiones muestra signos de estancamiento y el escepticismo sobre una recuperación se profundiza. Así lo refleja la Encuesta Provincial de la Confederación Económica de Misiones (CEM), correspondiente a julio 2025, que releva mensualmente la percepción de empresarios pymes de diversos sectores de la provincia. De los 242 empresarios consultados, apenas el 12% cree que la economía misionera crecerá en el próximo semestre, y sólo el 33% mantiene expectativas de mejora para el país.

El sondeo, que la CEM realiza desde hace más de dos años, abarcó empresas de toda la “tierra colorada”. El 64% de los encuestados lidera firmas con hasta cinco colaboradores, mientras que un 21% cuenta con planteles de entre 5 y 10 trabajadores. El perfil predominante confirma el peso de las micro y pequeñas empresas en la estructura productiva provincial.

El 44% calificó al movimiento económico como “regular”, continuidad de la tendencia registrada en los últimos meses (43% en junio, 39% en mayo y 46% en abril). La inercia también se refleja en las políticas de personal: el 88% evita tomar decisiones en materia de recursos humanos, porcentaje similar al de relevamientos previos.

Entre las dificultades para contratar, los empresarios señalaron como principales obstáculos la alta carga laboral (30%), la inestabilidad económica (20%), el miedo a juicios laborales (16%) y el riesgo sindical (14%).

Principales problemáticas: presión fiscal y recesión

En el plano nacional, la carga tributaria (25%), el costo laboral (20%) y la recesión (17%) encabezan las preocupaciones. La corrupción también figura como un factor relevante (12%).

A nivel provincial, las dos mayores problemáticas se mantienen sin cambios: carga tributaria (31%) y barreras arancelarias (26%). Les siguen la corrupción (19%) y, más atrás, los problemas de infraestructura (10%).

En el ámbito municipal, la informalidad y competencia desleal (20%), junto con tasas e impuestos internos (12%), el movimiento comercial fronterizo (12%), la burocracia (11%) y la corrupción (11%), conforman el núcleo de obstáculos percibidos.

Las expectativas para los próximos seis meses muestran un marcado pesimismo: sólo un tercio de los empresarios espera crecimiento nacional y apenas uno de cada diez prevé expansión en Misiones. La falta de señales de recuperación y el contexto macroeconómico adverso parecen condicionar la visión a futuro.

Mora en pagos y uso de cheques

En materia financiera, el 32% advirtió un leve aumento en la mora de pagos de clientes en julio, mientras que un 27% indicó estabilidad y un 22% un incremento significativo.

El uso de cheques como medio de pago continúa siendo limitado: sólo el 4% de las pymes los acepta frecuentemente, el 20% de forma ocasional y el 27% raramente.

La CEM continuará monitoreando la evolución de la actividad y las expectativas empresarias. De confirmarse la tendencia de estancamiento y baja confianza, el segundo semestre podría consolidar un escenario de menor inversión y prudencia en la contratación de personal, con impacto directo en la dinámica económica provincial.

CEM Encuesta Provincial JULIO 25 by CristianMilciades

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