Emergencia energética: el Gobierno prorroga el régimen hasta 2026 y endurece el recorte de subsidios
El Gobierno extiende la emergencia energética hasta 2026 y redefine el régimen de subsidios
A través del Decreto 370/2025, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó por un año más la emergencia del sector energético nacional, abarcando los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural bajo jurisdicción federal. La medida, que estará vigente hasta el 9 de julio de 2026, busca dar continuidad a las reformas estructurales iniciadas y consolidar la reestructuración del sistema de subsidios y tarifas.
La declaración de emergencia, inicialmente dictada en diciembre de 2023, responde a una situación crítica heredada, según el Gobierno, en tres frentes clave: deterioro en el sistema económico-recaudatorio del sector, obsolescencia de las infraestructuras energéticas, y ausencia de señales de mercado que incentiven eficiencia y nuevas inversiones.
El decreto resalta que más del 60% de las fallas en el sistema de distribución ocurren en redes con más de 25 años, mientras que muchas estaciones transformadoras operan con cargas superiores al 90%. En tanto, el parque generador eléctrico mantiene una elevada antigüedad que impacta negativamente en su desempeño operativo.
Subsidios: hacia una asignación más focalizada
Uno de los puntos centrales del decreto es la prórroga hasta julio de 2026 del “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, iniciado en junio de 2024. Esta etapa tiene como objetivo migrar desde un esquema de subsidios generalizados —que beneficiaban a más de 10 millones de hogares— hacia un modelo focalizado, basado en criterios de vulnerabilidad y niveles de ingresos.
De acuerdo con la Subsecretaría de Planeamiento Energético, se detectaron más de 1,5 millones de hogares categorizados como de bajos ingresos que recibían subsidios sin haberlo solicitado, además de 370 mil solicitudes vinculadas a personas fallecidas. A partir de este proceso de depuración, más de 970.000 usuarios fueron recategorizados.
Asimismo, se prevé revisar regímenes como el de Zona Fría, que según el decreto ha generado desvíos millonarios al incluir zonas cálidas, y controlar inscripciones irregulares en programas como el de Clubes de Barrio.
Tarifas, inversiones y señales de mercado
Desde mayo rigen nuevos cuadros tarifarios para el transporte y distribución de electricidad y gas, luego de las revisiones quinquenales realizadas por el ENRE y ENARGAS. El objetivo, según el Ejecutivo, es garantizar que las tarifas reflejen de forma progresiva los costos reales del servicio, sin excluir a los hogares más vulnerables.
En gas natural, la cobertura del costo de abastecimiento pasó del 18,7% en enero de 2024 al 74,5% en marzo de 2025. En el caso del precio estacional de la electricidad, los usuarios de Nivel 1 (altos ingresos) ya abonan el 100% del costo, mientras que la cobertura para los Niveles 2 y 3 alcanzó el 29,97% y 45,68% respectivamente.
En paralelo, se avanza en obras estructurales como la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), nuevas licencias de exportación de GNL por 30 años bajo el RIGI, y se habilitaron contratos de abastecimiento para proyectos energéticos habilitados a partir de 2025.
El rol de CAMMESA, ENARSA y la institucionalidad regulatoria
El decreto también extiende hasta julio de 2026 la intervención del ENRE y ENARGAS, hasta que se conforme el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad previsto en la Ley Bases. Se prevé que tanto ENARSA como CAMMESA adecúen su accionar a las nuevas directrices regulatorias, en línea con el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), cuya entrada plena en vigencia está prevista para noviembre de 2025.
La extensión de la emergencia busca consolidar un nuevo marco normativo y económico que incentive la inversión privada, reduzca la dependencia de subsidios y asegure la sostenibilidad del sistema energético nacional. A mediano plazo, se proyecta que las tarifas reflejen plenamente los costos de producción y distribución, con subsidios dirigidos exclusivamente a quienes lo necesiten.
El Gobierno apuesta a que la reforma energética —en articulación con el capítulo energético de la Ley Bases— actúe como uno de los pilares de la estabilización fiscal y el crecimiento económico, mediante la expansión de las exportaciones y la mejora de la infraestructura.
