¿El Gobierno nacional espiaba desde Misiones al ex presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti?
A la lista de 21 jueces y juezas federales “espiados” a través del sistema de registros de entradas y salidas del país de la Dirección Nacional de Migraciones se sumó el nombre de Ricardo Lorenzetti. Sus movimientos habrían sido monitoreados de manera ilegal en dos ocasiones cuando era presidente de la Corte Suprema, según detectó el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, que está a cargo de la investigación sobre presunto espionaje ilegal desde varios organismos del Estado. Ahora el juez también envió oficios para establecer si el mismo tipo de rastreo de información personal se hizo respecto de jueces y juezas del resto del país, ministros del Poder Ejecutivo, gobernadores y ministros provinciales, y figuras de la oposición al gobierno. Se trata de determinar los alcances de posibles operaciones de inteligencia ilegal , respecto de las cuales no está claro si existe una centralización o son maniobras variadas con conexiones sueltas con el Gobierno actual, durante el cual proliferaron los aprietes y carpetazos (o intentos de) a miembros del Poder Judicial.
“La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMJA) expresa su profunda preocupación respecto de operaciones de espionaje ilegal de la cual habrían resultado víctimas distintos jueces, y que se encuentra en plena etapa de investigación en el fuero federal. En caso de verificarse esas maniobras ilícitas, de marcada gravedad institucional, se impone determinar quién y por qué las motorizaron tanto como si han sido diagramadas por particulares, funcionarios infieles aislados, una organización paraestatal o, lo que sería más grave aún, una institución pública que decididamente se haya volcado a esa faena ilícita incluso con algún grado de sistematicidad”, dice un comunicado que difundió la entidad que representa a buena parte del Poder Judicial. La AMJA advirtió que todas son conductas que violan el derecho a la intimidad y expresó solidaridad con quien serían víctimas de las maniobras.
Acerca de Lorenzetti, lo que el juzgado obtuvo es la confirmación de que con un usuario de la propia Dirección de Migraciones, pero en su terminal de Misiones, se realizaron consultas sobre entradas y salidas el 18 de febrero y el 14 de abril de 2017. Todavía Lorenzetti era presidente de la Corte, y paradójicamente alentaba a los jueces de Comodoro Py a avanzar contra los ex funcionarios del kirchnerismo en causas de corrupción. Tuvo a su cargo la oficina de escuchas que le dio por decreto al tribunal el gobierno de Mauricio Macri, y que encabezó otro de los posibles espiados por sus viajes, Martín Irurzun. La información sobre otro supremo, Juan Carlos Maqueda, vía Migraciones, fue gestionada por la misma época, el 2 de marzo de ese año. Una versión señalaba ayer también que sobre los hijos de Lorenzetti existió el mismo tipo de consulta. Siempre cerca del supremo que lideró la Corte por once años –hasta que un golpe interno lo destituyó el año pasado—suelen relacionar este tipo de episodios con el ala de Elisa Carrió, su eterna detractora, quien le formuló varios pedidos de juicio político que no avanzaron.
La reacción de la Asociación de Magistrados es novedosa y peculiar. Si se la compara con su postura en los años del macrismo, la institución no había hecho frente a causas armadas contra algunos de los jueces que incluso ahora aparecen en la lista de posibles afectados, como Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Ana María Figueroa. En el caso de Casanello, fue un expediente trucho basado en testigos falsos con el fin de quitarle la causa por lavado contra Lázaro Báez, donde el gobierno pretendía que imputara a Cristina Fernández de Kirchner mientras él decía que no había motivos. Los casos de Rafecas y Figueroa fueron intentos de acusación en el Consejo de la Magistratura ligados a lo mismo: el primero decía que no había delito en la denuncia de Alberto Nisman por el memorándum, y la jueza se opuso a su reapertura.
Lo que hasta ahora detectó el juzgado de Canicoba Corral es que sobre 22 jueces, a través de diferentes usuarios, y dentro de los últimos dos años, se hicieron consultas sobre movimientos migratorios que no estarían motivadas por ninguna causa judicial, actuación administrativa, protocolo ni expediente de ninguna índole. Por lo tanto, sería una modalidad de espionaje para obtener información sobre determinados jueces y juezas. Los organismos desde donde se tramitaron esos datos privados son AFIP, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, la Procuración General y el propio Poder Judicial. Hasta ahora, como informó este diario, ninguno de ellos justificó esas filtraciones . Desde algunos de los organismos, como el Ministerio de Seguridad, se comunicaron con los espiados desde sus dependencias y argumentaron que el usuario fue utilizado por alguien que no es su titular.
En el caso del camarista Mariano Llorens, por ejemplo, se rastrearon sus datos con la clave de Carlos Manfroni, quien habría alegado estar de licencia en el momento de la solicitud, en agosto de 2018. Lo mismo le dijeron al juzgado. Respecto de Figueroa, la cartera de Patricia Bullrich dice que es un homónimo, pero el juzgado cree que igual pudieron estar espiándola a ella. La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó un comunicado, análogo a lo que presentó ante el juez, donde alegó que pueden investigar como parte de sus reportes de operaciones o informes de inteligencias y que es información reservada, que tampoco piensan darle a Canicoba Corral porque es uno de sus investigados. El juez se excusó en ese tramo de la causa, que quedó a cargo de Servini. “La UIF tiene por ley el deber de guardar secreto sobre sus investigaciones y no revela su existencia ni contenido a ningún tercero, menos aún a quien pueda ser objeto de las misma”, dice el texto. Y advierte que la información sobre la causa por posible espionaje es parte de “operaciones montadas en su contar precisamente a su negativa a violar dichas obligaciones en el marco de requerimientos judiciales extralimitados”.
La Procuradoría de Investigaciones Administrativas abrió una investigación sobre si se cometieron irregularidades dentro de las reparticiones que obtuvieron estos datos de Migraciones. Un tema es que si, como ya se afirmó, alguien hizo un uso indebido de una clave de acceso, o la clave fue usada por alguien que no es el titular, se debía abrir un sumario administrativo. El titular de esta Procuradoría, Sergio Rodríguez, pidió copia del expediente para avanzar en la investigación.
Surge la coincidencia de que muchos de los jueces de la lista que tiene el Canicoba Corral forman parte del club de los cuestionados o mirados con desconfianza por el gobierno de Mauricio Macri. Los viajes son datos que pueden dar cuenta de si un juez o jueza viaja mucho, si sus viajes son acordes a sus ingresos, si pidió licencia para irse, entre otras cosas. La jueza Figueroa, por ejemplo, señala lo llamativo de que sus datos de Migraciones habrían sido rastreados el 12 de enero de 2018, poco antes de que la citara el Consejo de la Magistratura y que La Nación publicara que era la jueza más cuestionada por el Gobierno. “Han utilizado técnicas para disciplinar a la judicatura, que es un poder independiente; es inconstitucional lo que están haciendo. Intentaron mantenernos a algunos en vilo durante tres años. En mi caso el Presidente me cuestionó públicamente con nombre y apellido porque no le agradó mi voto sobre la denuncia de Nisman y felicitó a los dos jueces que votaron por reabrir su denuncia. Todo es gravísimo, y el espionaje ilegal es la máxima expresión. Si se confirma que quisieron espiarme seguramente me constituiré en querellante”, le dijo a Página/12.
En Comodoro Py, donde aparecieron varias de las y los jueces/zas víctimas, no todo el mundo le da la misma entidad a estos hallazgos. Algunos creen que es un escándalo plagado de violaciones a la intimidad encuadrado en una persecución de los últimos años; otros ven los rastros de una gran interna en la Agencia Federal de Inteligencia; otros creen que cierto sector judicial también intenta aprovechar la ola para caer bien parado, anche victimizado, después de una larga temporada de tropelías judiciales.
