Radicales de Cambiemos proponen quitar todos los símbolos religiosos de espacios y edificios pertenecientes al Estado Nacional
El debate por el aborto dejó grietas en el interbloque de diputados nacionales de Cambiemos donde conviven, radicales, macristas y ‘lilitos’. Tras el rechazo en el Senado, los que impulsaron la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) buscan alternativas para reactivar la iniciativa. Mientras tanto, instalan el debate por la separación del Estado y la Iglesia. El primer paso es quitar las imágenes religiosas de los edificios públicos. Un grupo de radicales presentó un proyecto de ley en ese sentido, aunque no es la primera vez que se plantea la cuestión. El tema promete generar fricciones con el PRO y ya tiene en la mira a la imagen de la Virgen de Luján ubicada en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja.
La semana pasada, Mauricio Macri logró reunir a todos los legisladores nacionales de Cambiemos en la Residencia de Olivos. Hacía más de dos meses que no se lograban juntar desde que se aprobó en Diputados la ley de la IVE. Hubo intentos de hacer asados para reconciliar a los diputados que quedaron enojados, pero habían fracaso. Tras la convocatoria de Macri la situación mejoró, pero todavía quedan algunos integrantes del oficialismo que no se hablan.
La calma lograda podría alterarse con una nueva iniciativa que surgió en medio de las marchas por el aborto: la separación de la Iglesia y el Estado. En esa línea, un grupo de diputados radicales presentó un proyecto de ley para remover imágenes religiosas de los edificios públicos. No es una idea novedosa, ya se han presentado proyectos similares, pero la particularidad es que éste puede tensionar las relaciones dentro de Cambiemos.
El proyecto es de autoría de la radical Karina Banfi y la acompañan Fernando Iglesias (Pro), Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra, de la UCR y propone “la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional”, estableciendo que desde la fecha de promulgación de la ley “queda prohibida toda exhibición de símbolos e imágenes religiosas ubicadas en aquellos espacios”.
El primer objetivo de esta iniciativa será la imagen de la Virgen de Luján ubicada en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, fuente de muchas polémicas pero que siempre permaneció allí.
El proyecto de 5 artículos pone un plazo de 90 días desde la sanción de la ley para concretar la remoción de las reproducciones pero con la excepción de las imágenes que “formen parte del lenguaje arquitectónico”.
“El propósito del proyecto es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina”, dicen los diputados en los fundamentos de la iniciativa.
Y agregan que “la simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional. Argentina es un estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa como así también de la libertad de culto, del principio de iguald ad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia”.
“Con este proyecto buscamos que el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos”, concluyen.
A continuación, el texto completo del proyecto:
El Senado y Cámara de Diputados…
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1° — Objeto. La presente ley tiene por objeto la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos y/o edificios pertenecientes al Estado Nacional. Desde la fecha de promulgación de la presente ley queda prohibida toda exhibición de símbolos e imágenes religiosas ubicadas en aquellos espacios.
ARTÍCULO 2° — Plazo. Deberán removerse todos los símbolos religiosos de todos los espacios públicos y/o edificios públicos pertenecientes al Estado Nacional en un plazo de 90 días de sancionada la presente ley.
ARTÍCULO 3° — Excepciones. Se encuentran exceptuadas de lo dispuesto en la presente ley aquellas imágenes o símbolos que se encuentren en espacios públicos y/o edificios pertenecientes al Estado Nacional cuando estos/as formen parte del lenguaje arquitectónico.
ARTICULO 4° — Destino. La autoridad de aplicación definirá el destino de los diferentes objetos que sean retirados de los espacios públicos y/o edificios públicos.
ARTICULO 5° — De Forma. Comuníquese.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone retirar de la exhibición aquellos símbolos religiosos que se encuentren en espacios públicos y/o edificios públicos pertenecientes al Estado Nacional. El propósito del mismo es el de garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina.
La simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del estado nacional. Argentina es un estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa como así también de la libertad de culto, del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia. Con este proyecto buscamos que el estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una age nda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos.
El Estado argentino debe cumplir con los principios de libertad religiosa y de conciencia explícitos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, así como asegurar su laicidad y cumplir con los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
El Art. 2 de la Constitución Nacional marca que “el Gobierno Federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano” . Sin embargo, este sostenimiento es únicamente de índole económica y financiera. De hecho, el artículo no habla de la “República Argentina”, sino de “Gobierno Federal”, y jamás menciona la adopción de la religión como propia del Estado. Para reafirmar dicho argumento, en la Convención Constituyente de 1853 en Santa Fe hubo intentos de reformar este artículo para lograr que la República Argentina fuese un Estado confesional de la religi ón católica, lo cual no prosperó. En esa instancia se intentó incorporar lo siguiente: “el Estado argentino sostiene y adopta el culto católico apostólico romano”, lo que hubiese hecho explícita la confesionalidad del Estado.
Argentina adhiere a numerosos tratados internacionales que impulsan la libertad de culto y religión.
Con el propósito de poner fin a la discriminación religiosa, las Naciones Unidas presentaron la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones (Resolución Nº 36/55) . Esta herramienta internacional remarca el consenso sobre la importancia de la libertad de religión y los derechos que de ella derivan para individuos y comunidades religiosas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresa en su ar tículo 18: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también en su artículo 18, establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. (…)”
Además de los mencionados, en Ar gentina tienen rango constitucional los siguientes tratados y artículos específicos vinculados a la temática: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 12) , la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 3) y la Convención de los Derechos del Niño (art. 14) .
En este orden de ideas cabe mencionar la causa “Asociación de los Derechos Civiles (ADC) y otros c/Estado Nacional-Poder Judicial de la Nación, nota 68/02, sobre amparo ley 16.986” de diciembre de 2003. Allí se promovió acción de amparo a los fines de declarar la inconstitucionalidad de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de autorizar la entronización de una imagen de la Virgen de San Nicolás, y cualquier otro signo de carácter religioso, en la entrada principal del edificio del Palacio de Tribunales, por ser violatoria de la Constitución Nacional, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los demandantes, entre otras cosas sostuvieron que lo que lo que buscaban con la acción era “crear las condiciones para que ningún justiciable suponga que no tiene garantizado un tratamiento absolutamente igualitario por parte de quienes han de administrar justicia, ni que, por contrapartida, teman que su eventual adhesión a una fe distinta -o su falta de ella- será un factor gravitante en la fuerza de su reclamo”.
Por todo lo expuesto les solicitamos a nuestros colegas que nos acompañen en esta iniciativa y sancionen el presente proyecto.
