dom. Jul 12th, 2026

ESTADO

Es oficial el decreto que prohíbe designar a familiares de ministros en reparticiones estatales

By Redacción Economis 8 años ago
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El Gobierno Nacional oficializó hoy la medida que prohíbe la designación de familiares de funcionarios de alta jerarquía -rango ministerial- en la administración pública.

Mauricio Macri la había anunciado el lunes en conferencia de prensa y hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto, que lleva la firma del Presidente y del jefe de Gabinete Marcos Peña.
El artículo 1 del texto oficial indica que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro”. “Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”, aclara la norma.
“Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1° las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo”, agrega el decreto 93/2018.
E indica que “las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por el artículo 1° deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018”.

En los considerandos de la norma, el Gobierno argumentó que “asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante”. “Transcurridos dos años de gestión, y efectuado un reordenamiento administrativo que ha permitido mejorar la gestión global del Estado Nacional, resulta ahora necesario adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos”, completó.

Horas después del anuncio de Macri, se supo que las hermanas de Jorge Triaca, Mariana y Lorena, directora del Banco Nación y directora de Asuntos Externos de la Agencia Nacional de Inversiones, respectivamente, habían decidido dar un paso al costado. La misma decisión adoptó la esposa del jefe de cartera, María Cecilia Loccisano, quien es subsecretaria de Coordinación Administrativa hace 10 años y abandonaría el cargo cuando se publicara el decreto.
No son pocos los casos de familiares de ministros que ostentan un cargo en la administración pública. El ministro de Turismo, Gustavo Santos, se desprenderá de los servicios de su hijo, Matías Agustín Santos, como jefe de asesores de gabinete. Rodrigo de Loredo, yerno de Oscar Aguad, ministro de Defensa, es presidente del ARSAT y también que dejará su cargo.

Entre los casos alcanzados por la medida también se encuentran Andrés Peña, hermano del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien es subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Secretaría de Industria; Victoria Costoya, esposa del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, directora de Financiamiento Internacional y Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social; Octavio Frigerio, padre del ministro, director de YPF, quien ayer anunció que renunciaría; y Francisco Langieri, hijo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asesor de la Secretaría País Digital.
El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ya firmaron decretos similares para llevar a cabo una purga similar en sus distritos. De esta manera, Larreta y Vidal buscan generar en el resto de los mandatarios un efecto dominó de recorte y austeridad en el Estado, como el que pregona el gobierno nacional.
La iniciativa de la Casa Rosada también fue imitada fuera de Cambiemos: el kirchnerista Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, le pondrá la firma a un texto similar para que entre en vigencia a partir del 1 de febrero. Como consecuencia, uno de los que se quedarán sin lugar en el gobierno municipal es su hermano, quien ocupa la dirección de Relaciones Institucionales.

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Nueva estructura del Ejecutivo para achicar “un mínimo de 20% de los cargos políticos”

By Redacción Economis 8 años ago
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Congelado el ingreso de trabajadores al Estado nacional hasta 2019, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, le presentó un plan de achicamiento de la “planta política” a Mauricio Macri, con el cual buscan recortar el 20% de estos cargos.

Desde el Gobierno de Mauricio Macri confirmaron que avanzarán con el despido de cientos de empleados públicos “sobrantes”.
“Impulsaremos una nueva Ley de Ministerios, que reflejará esa reducción, que no quiero animar un número, pero de mínima va a ser de un 20% de los cargos políticos del Poder Ejecutivo”, anunció hoy el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante una conferencia de prensa brindada en Casa Rosada, tras el regreso de Mauricio Macri de sus vacaciones en Villa La Angostura.
Según publicó el sitio ‘TN’, Peña indicó que la remoción de cargos se aplicará en ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales, principalmente. Hoy se cuentan unas 3.400 designaciones con vinculaciones partidarias.
Un releva miento de la Fundación Libertad y Progreso (LyP) reveló en abril de 2017 que el Poder Ejecutivo posee hoy tiene 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarias de Estado y 687 direcciones nacionales y generales.
Según ese informe, existen además 122 institutos y organismos, sin contar universidades ni academias. En total, existen 1.124 unidades administrativas bajo la cabeza de Macri.
El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial que depende del ministro de Trabajo Jorge Triaca informó, sobre la base de registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP), que en 2015 cuando asumió Cambiemos había 742.113 empleados públicos dependientes de Nación, y que para 2016, ya eran 740.677.
Sin embargo, fuentes gremiales indican que Macri incrementó un 25% promedio la estructura del Estado desde que asumió, pese a haber despedido a uno s 12.000 contratados en los primeros dos años de gestión. Ahora busca dar marcha atrás con las incorporaciones “políticas”.
En ese marco y para cumplir las metas de reducción del gasto público y el déficit fiscal, el presidente encargó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, un plan de ajuste del empleo gubernamental.
Según informa el diario ‘Ambito Financiero’, Ibarra contrató a una consultora privada para hacer el trabajo. A fin del año pasado trascendió que la “planta óptima” del Estado implicaría el despido de 19.119 que “sobran” en la administración, de un total de 129.606 trabajadores. En el Gobierno hablan de 17.000 puestos “superfluos”.
La ola de desvinculaciones ya comenzó, pero se profundizará en los próximos días con la disminución de más de 680 cargos de coordinadores, directores, subsecretarios, secretarios y hasta ministros, con sueldos de entre $50.000 y $200.000.
Eso es lo que llaman el ajuste de la “planta política”. Se menciona desde hace tiempo que el Ministerio de Ambiente de Sergio Bergman sería absorbido nuevamente por la Jefatura de Gabinete y que la cartera de Ciencia y Tecnología de Lino Barañao regresará al ámbito de Educación.
Hacienda y Finanzas podrían volver a unificarse, al igual que Interior y Transporte. Cultura y Turismo volverían al rango de secretarías. Según el mencionado matutino, todo está por verse.
Modernización estimó que la planta “óptima” se alcanzará con jubilaciones anticipadas, retir os voluntarios, cese contratos a los que tengan ausencias reiteradas y eliminación de “exceso” de personal en algunas dependencias oficiales. En lo que va de 2018 los sindicatos estatales ya denunciaron más de 1.200 despidos de trabajadores del Estado nacional.
Durante la conferencia, Peña consideró que se trata de un “esfuerzo en materia de austeridad” que debería imitarse “en las provincia, en los municipios”.
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Tú haces, nosotros hacemos, y ellos hacen

By Administrador Economis 9 años ago
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Esta frase resume lo que entiendo será el devenir económico del año 2018. La economía nacional no logra exponer dos años consecutivos de crecimiento desde el año 2010 hasta la fecha, después de 7 años (2003-2009) con altas tasas de crecimiento indiscutido y reducción del desempleo.

El Gobierno Nacional entiende que para salir del actual estancamiento (en realidad, crecimiento y decrecimiento registrado año tras año) debe motivarse a la Inversión Privada como el disparador del crecimiento y el garante que sea sostenible todos los años venideros.

La inversión privada no es la colocación financiera en depósitos de ahorro, a plazo, compra de Lebacs o similares. Es el aumento en los bienes de capital de una sociedad (rutas, autovías, fábricas, maquinarias, medios de transporte, etc) que aumenta la capacidad de producción de un país y con ello su crecimiento.

Desde el Gobierno Nacional y las provincias (“Tú haces y nosotros hacemos”) se asumió un compromiso de reducción gradual de impuestos nacionales y provinciales con el objeto de mejorar la rentabilidad de determinados sectores de la economía –empezando por la industria y el transporte- y también su competitividad.

Ahora bien, para que el Consenso Fiscal surta los efectos deseados, estos sectores económicos beneficiarios deberán (“Ellos hacen”) reinvertir esos mayores beneficios productos de la reducción impositiva, inversión que asegurará el crecimiento económico y dinamizará a la economía.

Esta conducta empresaria será crucial para el éxito del paquete de reformas que se concretaron sobre el fin de este año. La inversión será el único componente de la Demanda Agregada que podrá exhibir un incremento sustancial, incrementar las ventas finales y con ello recuperar a la economía.

Los otros componentes no pueden asegurar lo mismo:

1) El Gasto Público no podrá aumentar en términos “reales”, es decir, por encima de la tasa de la inflación, con lo cual el sector público “perderá peso” en la economía, tal cual la ideología dominante en el Gobierno Nacional. Esto surge también de la nueva ley de responsabilidad fiscal que está en tratamiento del Congreso por estos días. Desde el Gobierno de la Renovación siempre se ha sostenido la participación del Estado en la economía, en los programas sociales y educativos, a fin de redistribuir el ingreso y reducir la pobreza; pero en el convencimiento que para salir del actual “estancamiento” de la economía hay que dar gobernabilidad y acompañar las medidas que puedan conducir al crecimiento, es que se ha acompañado este paquete de reformas.

2) El consumo privado, es un componente que por lo general “acompaña” a la economía, es decir aumentando en períodos de expansión y cayendo en períodos de recesión. Pocas veces, el Consumo ha sido la causa de los ciclos económicos, más bien es “la consecuencia”. Si la economía crece, las familias tienen más ingresos y consumen más, y viceversa. Por lo tanto, el consumo privado no es capaz de ser el disparador del crecimiento argentino en el actual contexto.

3)  El sector externo (exportaciones menos importaciones) aún se muestra deprimido. Si aumentaran las exportaciones argentinas, las empresas demandarían más empleo y aumentaría la producción, pero con un tipo de cambio rezagado y una economía internacional que no termina de despegar es dudoso que este sector pueda provocar el salto de crecimiento que se requiere. En esta área hay dos aspectos que pueden influir positiva y negativamente en forma respectiva: I) La recuperación de la economía brasileña, aún como “efecto rebote” que mejorará las exportaciones argentinas (positivo) y II) el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, que provocará una caída en el precio de nuestros productos agrícolas de exportación (soja, trigo, carne, etc) y perjudicando entonces nuestras exportaciones.

Como materia pendiente de la macroeconomía nacional:

  1. a) la baja en la tan criticada elevada tasa de interés de referencia del Banco Central, con el recurrente debut de las Lebacs pero que encarece el crédito para el consumo y la inversión,
  2. b) la corrección del tipo de cambio que le permita a las empresas exportadoras vender más y generar empleo, y
  3. c) la reducción del déficit fiscal nacional para evitar el sobreendeudamiento del Estado que, como dato positivo de último momento se estarían sobrecumpliendo las metas fiscales fijadas para el año 2017, lo cual marca un buen indicio.

Desde el Gobierno provincial, el norte siempre ha sido la defensa y generación de nuevos puestos de trabajo: la promoción del consumo con el Programa AHORA MISIONES, utilizado como modelo a nivel nacional por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa para el lanzamiento del Programa de Comercios de Frontera que ha incluido a 14 localidades misioneras, el subsidio a la tarifa eléctrica para los sectores del comercio y de la producción, el lanzamiento del Fondo de Créditos Misiones SAPEM con más de trescientos créditos aprobados en estos primeros diez meses de existencia, la puesta en marcha del Parque Industrial con la radicación de empresas con tecnología de vanguardia como son las empresas VOLTU y LUG, la profundización de las relaciones con los estados del sur de Brasil para promover la integración regional son algunos de los tantos lineamientos definidos por el gobernador Hugo Passalacqua  y el conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira para incentivar al desarrollo económico de Misiones.

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¿Los impuestos que pagamos son muchos? ¿Es mucho?

By admin 9 años ago
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Escriben Guillermo Knass, y Martín Leiva Varela, ECONEA.  El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne constantemente en todos los anuncios que realiza afirma que se viene una reforma tributaria integral en la Argentina. Cuando se plantea una modificación al sistema tributario vigente es porque la cosa anda muy mal, pero ¿qué es lo que anda mal?

Algunas cuestiones que tenemos que entender para saber si los impuestos que pagamos están bien o mal:

  • Suficiencia: Los impuestos que pagamos deben alcanzar a cubrir todas las necesidades públicas, reza una cualidad del buen sistema tributario, según estimaciones el país tiene un déficit de entre 7 y 8 puntos del PBI. El tercero más alto de la historia según Economía&Regiones (consultora fundada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio) aquí hay que analizar el resultado fiscal desde dos puntos de vista:

O se está recaudando muy poco, esto quiere decir que la gente puede pagar más y no lo está haciendo; o se está gastando mucho y por más que suban las alícuotas o se creen nuevos impuestos, el Estado no va a poder recaudar más porque la actividad económica (base de toda recaudación impositiva) no permite recaudar más.

 

 

Como se aprecia, la recaudación no alcanza a cubrir los gastos actuales del Estado. Además como el déficit actual se va financiando con endeudamiento, a futuro se puede ir corrigiendo el déficit primario pero se irá agravando el déficit financiero que es el que resulta de pagar los intereses de la deuda.

  • Progresividad: La progresividad es fácil definirla en teoría, implica que aporten más los que más tienen. En este caso el impuesto a las Ganancias es más progresivo que el IVA. Entonces hagamos un solo impuesto que recaude y reemplace a todos los demás y sea de carácter progresivo. Pero el sueño del impuesto único es imposible porque muchas veces los impuestos más justos son más difíciles de recaudar o más costosos de administrar. Por eso tenemos tantos impuestos.

 

Como se ve, en 2016 los impuestos PROGRESIVOS nacionales (Ganancias, Bienes Personales etc.) recaudaron apenas un 5,79% del PBI, mientras que los impuestos más neutros o regresivos (IVA es el principal) recaudaron el 10,82 % del PBI. Porque son más sencillos de administrar.

Aquí es donde lo ideal toca con lo real, los impuestos progresivos dependen más de las declaraciones personales de los contribuyentes y en países con baja cultura tributaria tienden a pagar lo menos posible.

Aparte, hablar de progresividad solo mirando impuestos es muy limitado. La progresividad es un concepto que hay que analizar globalmente en la acción del Estado; o sea mirar de quien recauda (los recursos) y en quien gasta (gasto público, subsidios, etc.).

En síntesis, un Estado es progresivo si distribuye más entre los que menos tiene combinando los impuestos con los gastos.

Lo que sí es innegable es el incremento de la presión tributaria en los últimos años. Como se aprecia en el cuadro anterior en Argentina en el año 2004 los impuestos se llevaban el 24,65 % del PBI, mientras que el año pasado se llevaron el 32,14 %.

Si a esto se le suma que el déficit fiscal es del 7% del PBI, necesitaríamos que los impuestos recauden el 40% del PBI aproximadamente para cubrir el nivel actual de gastos del Estado. Esto es considerando que la actividad estatal es suficiente o a lo sumo hay margen para cambiar gastos superfluos por otros necesarios.

Para saber si es mucho o poco comparemos con otros países del mundo:

 

 

Como vemos la presión fiscal analizada por si solo dista de ser concluyente, si miramos a Europa y la calidad de sus servicios públicos diríamos que el modelo es pagar altos impuestos y tener un Estado de bienestar fuerte, como por ejemplo, en Francia y Alemania, pero también en esta franja encontramos a Grecia con una situación fiscal inmanejable que cada tanto lo pone al borde de caerse de la zona del Euro y con cada vez más protestas sociales.

En la franja de presión media tenemos a Argentina, Japón, Brasil con realidades muy distintas entre sí.

Entre los de menor presión, de menor presencia estatal, tenemos por un lado a Paraguay, como así también a Estados Unidos.

Conclusión:

Recaudar más o menos no se correlaciona con el éxito ni con el fracaso del crecimiento y la inclusión social. Debemos incorporar al análisis cuanto debemos gastar de acuerdo a las realidades y las posibilidades de la economía actual.

Al progresismo hay que mirarlo desde la acción integral del Estado, tanto desde lo que recauda como desde lo que gasta.

Existen más de treinta impuestos nacionales, a lo que hay que sumarle otra tanda de provinciales y tributos municipales.  

Esto hace que el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos sea algo realmente complejo, vendría bien una reforma pero enmarcada en un modelo integral de estado que determine también un modelo de país más justo y solidario con sus ciudadanos y más responsable con sus finanzas.

 

 

 

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Misiones fue una de las provincias donde el crecimiento del empleo público fue poco significativo

By admin 9 años ago
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Conforme a los datos publicados por la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación  sobre la evolución del empleo en el sector público provincial (excluyendo a los empleos municipales) entre diciembre de 2016 y el mismo mes de 2015, la cantidad de empleos dependientes de las administraciones provinciales (incluyendo las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se incrementó un 1% (21.603 puestos de trabajo). En Misiones, el crecimiento fue de menos de la mitad, con 0,4 por ciento.

Es decir, el Estado misionero está lejos del concepto de “aguantadero” que utilizó el presidente Mauricio Macri, pese a que durante el primer año de su gestión se perdieron en Misiones más de seis mil puestos de trabajo registrados por la caída del poder adquisitivo y las asimetrías generadas por la inflación y los sucesivos tarifazos. 

Asimismo, la dinámica del empleo público no fue homogénea entre las distintas provincias: i) Hubo un grupo de provincias cuya expansión en términos de puestos de trabajo se encontró por encima de la media del empleo público provincial. Este es el caso de las provincias de Santa Cruz, Chaco, Tucumán, San Juan, Formosa, La Pampa, Neuquén, Corrientes y Jujuy. ii) Otro grupo de provincias presentó una dinámica del empleo más moderada que la media, en este segmento se encuentran las siguientes jurisdicciones: CABA, Santa Fe, Salta, Misiones, La Rioja, Catamarca y Rio Negro que crecieron por debajo de la media iii) Finalmente, se identifican un conjunto de provincias donde el empleo público cayó durante el último año: en Buenos Aires, Córdoba y San Luis la reducción de la dotación de personal fue leve (entre -0,2% y -0,4%), mientras que en los casos de Mendoza y Santiago del Estero se registraron caídas más pronunciadas (-0,9% y -1,7% respectivamente).

El incremento del empleo público provincial en términos absolutos en promedio para las 24 jurisdicciones alcanzó a un total de 900 personas, siendo las Provincia de Tucumán (+4.931), Chaco (+3.472), Neuquén (+2.573), San Juan (+2.344), Formosa (+1.951) las de mayor incremento, en tanto que, la Provincia de Misiones aumento su dotación en tan solo 221 personas, estando por debajo del promedio nacional en 679 personas, como así también, representó el menor aumento en el NEA estando por debajo del promedio en 1.648 puestos.

Misiones, a través de su política fiscal conocida como “misionerista” tiene por objeto cuidar claramente los recursos fiscales provinciales sin comprometer las finanzas provinciales, que ante contexto de vacas flacas como las que actualmente se viene afrontando por la coyuntura económica nacional de falta de crecimiento y las asimetrías con respecto a los países limítrofes, termina permitiendo que no salga a endeudarse para paliar tales ciclos económicos a diferencia de otras provincias que tienen que acudir al endeudamiento, por la razón de que es afrontada con recursos propios a pesar de tener uno de los menores índices de coparticipación.

Si se analiza la dotación de empleados públicos provinciales (sin contemplar empleados municipales) cada Mil habitantes  según la proyección del INDEC para el año 2016, Misiones se encuentra por debajo de la media provincial que asciende a 53, ubicándose asimismo en el puesto Nº 20 de las 24 jurisdicciones, inmersa en el lote de las provincias menor concentración de empleados públicos conjuntamente con Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz entre el 5% y 7% de sus habitantes.

Al respecto, es importante resaltar que mediante el Decreto Nº 152 de fecha 1 de Marzo de 2017, el mandatario provincial Hugo Passalacqua, a los fines de mantener esta tendencia, decidió prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 2017 a la suspensión de las designaciones en planta permanente a fin de racionalizar los recursos humanos prevista en el Decreto Nº 913/16, en el marco de la sensible situación económica y merma de los ingresos públicos.

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