Exportaciones Misiones

Misiones consolida su liderazgo exportador en el NEA y explica más de cuatro de cada diez dólares en la región

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En mayo las exportaciones de Misiones totalizaron USD 54,9 millones y pese a que se trata de la mejor marca en lo que va del año, presentaron  una caída del 14,0% respecto a igual mes de 2025. Esta baja se explicó por el descenso  observado en los Productos Primarios (-40,4%), ya que tanto las manufacturas  agropecuarias (+8,8%) como las industriales (+6,3%) presentaron subas. Por su parte, las exportaciones medidas en cantidades totalizaron 67.764 toneladas, creciendo 14,9% interanual, el mayor volumen desde mayo de 2004

La baja de precios promedio de las  exportaciones generaron que pese al récord de cantidades, el monto en USD quede por debajo del año anterior. 

De este modo, Misiones muestra en el acumulado del año exportaciones por USD 210,7 millones, un valor que se ubica -0,7% respecto a igual período del año anterior. Aún así, se trata del segundo mayor nivel desde 2002, quedando únicamente por debajo de 2025.

En tanto, las exportaciones medidas en cantidades totalizaron 301.625 toneladas, marcando  el mayor nivel desde 2006.

En el plano regional, Misiones ratifica su liderazgo en el NEA siendo la provincia con el  mayor monto exportado medido en USD, explicando el 42% del total regional; sin embargo, en términos de desempeño, Chaco (+54,2%) y Corrientes (+13,0%) presentaron alzas al  tiempo que Misiones y Formosa (-1,9%) presentan bajas, siendo además los únicos dos  casos de caídas en todo el país para el período acumulado. 

Además, las exportaciones de Misiones conservan el mejor precio promedio de la región: con USD 698 por tonelada superan a los de Chaco (USD 441), Corrientes (USD 476) y Formosa (USD 358) marcando así un importante diferencial que se apoya en mayor valor agregado en los productos exportados; finalmente, al medir las exportaciones Per Cápita, también lidera Misiones en región con USD 157 por habitante, por encima de Chaco (USD  106), Corrientes (USD 123) y Formosa (USD 19).

Mayor registro mensual

Según el último informe del INDEC, las exportaciones argentinas totalizaron USD 9.537 millones en mayo, el mayor registro mensual de la serie histórica, con un crecimiento interanual del 34,4%. En paralelo, las importaciones cayeron 7%, lo que permitió alcanzar un superávit comercial récord de USD 3.504 millones.

En los primeros cinco meses de 2026, las ventas externas sumaron USD 40.359 millones, un incremento del 24,3% respecto del mismo período del año pasado. Las importaciones, en cambio, retrocedieron 6,6%, dejando un saldo positivo acumulado de USD 11.783 millones.

El crecimiento no fue homogéneo. El principal impulso provino de los combustibles y la energía, que aumentaron 44,7% en el acumulado anual y 167,1% en mayo gracias al petróleo y los carburantes. También crecieron las manufacturas industriales (+26,7%), los productos primarios (+28,9%) y las manufacturas agropecuarias (+11,3%).

La región pampeana sigue dominando el comercio exterior argentino. Entre Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa concentró exportaciones por USD 26.626 millones entre enero y mayo, equivalentes a casi dos tercios del total nacional.

Detrás aparece la Patagonia, impulsada por Vaca Muerta y los hidrocarburos, con USD 7.184 millones exportados.

Aunque representa apenas el 1,2% de las exportaciones nacionales acumuladas, el Nordeste Argentino exportó USD 499 millones entre enero y mayo.

La composición regional muestra una estructura muy diferente a la del resto del país. Mientras Patagonia se apoya en energía y la región pampeana en granos y agroindustria, el NEA combina productos forestales, alimentos industrializados, yerba mate, té, arroz, tabaco y manufacturas vinculadas a las economías regionales.

Dentro del bloque regional, Misiones aparece como el actor dominante.

Entre enero y mayo, Misiones exportó USD 211 millones, el mayor volumen de toda la región. Esa cifra representa el 42,3% de las exportaciones totales del NEA.

Detrás se ubicaron:

  • Corrientes: USD 148 millones.
  • Chaco: USD 129 millones.
  • Formosa: USD 12 millones.

La distancia es significativa. Misiones exportó un 42,6% más que Corrientes y un 63,6% más que Chaco durante los primeros cinco meses del año.

El liderazgo provincial también se observó en mayo. Durante ese mes, Misiones exportó USD 55 millones, equivalentes al 45,5% de todas las ventas externas del NEA. Corrientes alcanzó USD 34 millones, Chaco USD 30 millones y Formosa apenas USD 3 millones.

El valor agregado marca la diferencia

La estructura exportadora misionera revela uno de los rasgos más distintivos de la provincia: el peso de las manufacturas.

De los USD 211 millones exportados entre enero y mayo -misma cantidad que en 2025-:

  • USD 108 millones correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA).
  • USD 65 millones a Manufacturas de Origen Industrial (MOI).
  • USD 38 millones a Productos Primarios.

Esto significa que más del 82% de las exportaciones misioneras tienen algún nivel de transformación industrial.

La composición contrasta con otras provincias del NEA. Chaco depende principalmente de productos primarios, mientras Corrientes mantiene un perfil más equilibrado entre producción primaria y agroindustria. Misiones, en cambio, sostiene un patrón exportador basado en la agregación de valor, impulsado por complejos como la forestoindustria, el té, la yerba mate, la pasta celulósica y diversos productos manufacturados.

El dato cobra relevancia porque se produce en un contexto complejo para varias actividades productivas misioneras.

La yerba mate atraviesa una crisis de rentabilidad derivada de la desregulación del mercado y de la caída de los precios de la hoja verde. La forestoindustria enfrenta dificultades por el atraso cambiario y la pérdida de competitividad. Sin embargo, el desempeño exportador provincial sigue mostrando capacidad para sostener mercados externos.

Los datos acumulados del primer cuatrimestre ya habían anticipado esta tendencia. Misiones registró exportaciones por USD 155,5 millones y concentró el 41% de todas las ventas externas del NEA, además de exhibir el mayor valor exportado por habitante y el mejor precio promedio por tonelada de la región.

Exportar más, el desafío de la competitividad

El récord exportador nacional muestra que Argentina logró aprovechar mejores precios internacionales, una fuerte expansión energética y una recuperación de las cantidades exportadas. Pero también deja planteado un desafío.

Las economías regionales necesitan sostener competitividad en un contexto donde empresarios forestales, yerbateros y tealeros advierten sobre costos crecientes, presión tributaria y dificultades logísticas.

En ese escenario, Misiones mantiene una posición singular. Es la principal exportadora del NEA y una de las provincias con mayor proporción de manufacturas dentro de su canasta exportadora. El reto hacia adelante será sostener ese liderazgo en un escenario donde la apertura de mercados y la competitividad cambiaria vuelven a convertirse en factores decisivos para el crecimiento.

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Argentina avanza con la digitalización aduanera regional y apunta a reducir costos logísticos

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La Resolución 829/2026 del Ministerio de Economía formalizó la adhesión argentina a una reforma acordada entre los países miembros del ATIT que modifica integralmente el Anexo I sobre Aspectos Aduaneros. Aunque se trata de una actualización normativa de carácter técnico, su alcance impacta directamente sobre la competitividad del comercio exterior terrestre, especialmente en corredores donde los tiempos de frontera representan uno de los principales costos ocultos para exportadores e importadores.

El cambio más relevante es la creación del marco legal para la utilización digital del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera y Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (MIC/DTA), el documento que acompaña las operaciones de transporte terrestre entre los países firmantes. La reforma permitirá que la información sea intercambiada electrónicamente entre las administraciones aduaneras, eliminando procesos basados en documentación física y reduciendo instancias de validación manual.

La Secretaría de Transporte sostuvo que la actualización responde a la necesidad de adaptar el acuerdo a la evolución del comercio internacional y a las nuevas tecnologías de control aduanero. El objetivo es avanzar hacia un sistema con intercambio de datos en tiempo real entre las autoridades de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

Menos burocracia, más previsibilidad logística

La relevancia económica de la medida radica en que los costos logísticos ya no están determinados únicamente por el transporte en sí mismo. En muchas cadenas productivas, especialmente las exportadoras, los tiempos administrativos representan un componente creciente del costo total de una operación.

La reforma busca atacar precisamente ese punto mediante la estandarización digital de procedimientos y la actualización de las reglas que regulan el Tránsito Aduanero Internacional (TAI).

Entre los principales cambios se destacan: Digitalización del MIC/DTA, principal documento del transporte internacional terrestre. Intercambio electrónico de información aduanera entre los países miembros. Actualización de las definiciones operativas vinculadas al tránsito internacional. Adecuación de los requisitos técnicos de unidades de transporte y precintos de seguridad. Fortalecimiento de los mecanismos de control sin incrementar cargas administrativas. Consolidación del principio de suspensión de tributos mientras la mercadería permanece en tránsito internacional.

La Dirección General de Aduanas, dependiente de ARCA, intervino en el análisis técnico del protocolo y manifestó no haber encontrado observaciones sobre el texto negociado entre los países participantes.

Para las provincias del NEA, donde gran parte de la actividad exportadora depende del transporte carretero hacia Brasil, Paraguay y los puertos regionales, la digitalización de procesos aduaneros tiene una relevancia que excede el plano administrativo.

La posibilidad de que las aduanas compartan información en tiempo real podría contribuir a disminuir tiempos de validación documental y mejorar la trazabilidad de las cargas. Aunque el protocolo no elimina controles ni modifica requisitos tributarios, sí establece las bases para una operatoria más integrada entre las administraciones aduaneras de la región.

Un paso hacia la integración logística sudamericana

La actualización del ATIT refleja una tendencia que atraviesa los principales bloques comerciales del mundo: sustituir controles basados en papel por sistemas interoperables de gestión de datos.

La logística regional enfrenta actualmente desafíos estructurales vinculados a infraestructura, costos de transporte y coordinación fronteriza. En ese contexto, la digitalización aparece como una de las herramientas de mayor impacto inmediato porque permite mejorar la eficiencia sin requerir grandes inversiones físicas.

La resolución establece que el nuevo protocolo entrará en vigencia sesenta días después de que todos los países firmantes completen sus procedimientos internos de aprobación y la ALADI comunique formalmente su entrada en vigor.

La verdadera dimensión económica de la reforma dependerá de la velocidad con que las administraciones aduaneras implementen sistemas interoperables y adopten procesos digitales compatibles. La experiencia internacional muestra que la digitalización genera beneficios cuando se acompaña con integración tecnológica efectiva entre organismos. Para los exportadores del NEA, el indicador clave no será la modificación normativa en sí misma, sino su capacidad para traducirse en menos tiempo de espera, menor costo operativo y mayor previsibilidad en los corredores de comercio exterior.

Anexo Resolución 829/2026 Min Economía by CristianMilciades

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Transporte internacional: Argentina reduce hasta un 80% las multas del ATIT y alivia costos para operadores logísticos del Mercosur

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El Ministerio de Economía oficializó la incorporación al ordenamiento jurídico argentino del Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), una modificación que reduce significativamente los montos de las multas aplicables a empresas que realizan transporte internacional de cargas y pasajeros entre los países miembros del acuerdo.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 830/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y representa una adecuación normativa consensuada entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

La modificación responde a un planteo impulsado por los propios Estados parte del acuerdo ante las dificultades económicas y financieras que atraviesa el sector del transporte internacional. Según consta en los fundamentos de la norma, la situación de las empresas motivó la revisión del esquema sancionatorio vigente.

El protocolo establece una nueva escala de multas para las infracciones cometidas en operaciones de transporte internacional terrestre: Infracciones leves: USD 100 (antes U$S 500). Infracciones medias: USD 500 (antes U$S 3.000). Infracciones graves: USD 1.000 (antes Suspensión del permiso de 31 a 180 días, o multa de U$S 6.000.). Infracciones gravísimas: USD 2.000 (antes Suspensión de 181 días a caducidad del permiso, con prohibición de los vehículos de efectuar el paso de la frontera, cuando corresponda, o multa de U$S 12.000 a caducidad del permiso)

La nueva estructura reemplaza los valores vigentes hasta ahora y refleja una reducción sustancial de las penalidades económicas aplicadas a las empresas transportistas. El acuerdo fue firmado en Montevideo el 4 de agosto de 2025 y comenzará a regir 60 días después de que la ALADI comunique que todos los países signatarios completaron sus procedimientos internos de aprobación.

Menor costo regulatorio para una actividad estratégica

La decisión tiene implicancias directas sobre uno de los principales eslabones de la integración comercial sudamericana. El transporte terrestre concentra gran parte del intercambio intrarregional, especialmente en corredores vinculados al Mercosur y a los mercados del Pacífico.

Para las empresas de logística y transporte internacional, la reducción de multas disminuye el riesgo económico asociado a incumplimientos administrativos o documentales y mejora la previsibilidad de costos operativos en un contexto donde la rentabilidad del sector continúa presionada por los costos de combustible, mantenimiento, financiamiento y renovación de flota.

La medida también puede interpretarse como una señal de armonización regulatoria orientada a facilitar la circulación de mercaderías entre los países miembros, un aspecto especialmente relevante para economías regionales que dependen de los corredores terrestres para acceder a mercados externos.

En provincias como Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, donde la actividad económica mantiene una fuerte vinculación con Brasil y Paraguay, cualquier modificación en las condiciones del transporte internacional tiene efectos que trascienden al sector logístico.

La reducción de sanciones puede contribuir a disminuir contingencias operativas para empresas transportistas que participan del comercio fronterizo y de cadenas productivas vinculadas a la industria forestal, la yerba mate, el té, el tabaco y otras actividades exportadoras que dependen de corredores terrestres para movilizar cargas hacia puertos y centros de consumo regionales.

Aunque la medida no modifica requisitos técnicos, controles ni exigencias de seguridad vial, sí reduce la carga financiera derivada de eventuales infracciones dentro del sistema de transporte internacional regulado por el ATIT.

Una agenda regional que apunta a la competitividad

La decisión adoptada por los países miembros refleja una preocupación compartida por la sostenibilidad económica del transporte internacional terrestre, actividad que funciona como soporte de buena parte del comercio intrarregional.

La reducción de multas aparece alineada con una estrategia más amplia de revisión de costos regulatorios que afectan la competitividad logística de Sudamérica. Para los operadores del sector, el desafío seguirá siendo avanzar en otros aspectos que impactan sobre la eficiencia, como la digitalización documental, la interoperabilidad de controles fronterizos y la reducción de tiempos de espera en pasos internacionales.

La entrada en vigor efectiva del protocolo dependerá de que todos los países firmantes completen sus procesos internos de aprobación. Una vez operativo, el nuevo esquema permitirá medir si la reducción de sanciones contribuye a mejorar la competitividad del transporte regional sin afectar los estándares de cumplimiento normativo que sostienen la seguridad y la trazabilidad de las operaciones internacionales.

Anexo Resolución 830/2026 Min Economía by CristianMilciades

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El Gobierno prorrogó la regularización de puertos y extiende el proceso de habilitación

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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) prorrogó por otros 180 días hábiles administrativos el plazo para que puertos preexistentes completen su proceso de habilitación definitiva. La decisión impacta sobre terminales estatales y privadas que operaban con autorizaciones precarias y que todavía están adecuando documentación técnica, jurídica y operativa.

La medida, formalizada mediante la Resolución 29/2026, tiene una lectura que excede el expediente burocrático. Para el NEA, donde el costo logístico explica buena parte de la pérdida de competitividad industrial y exportadora, el funcionamiento pleno de la infraestructura portuaria es un tema económico de primer orden.

Misiones observa el movimiento con atención porque la discusión sobre puertos y navegación está directamente vinculada a la posibilidad de reducir costos para la yerba mate, la madera, el té y las economías industriales orientadas a exportación.

El problema estructural: producir lejos y transportar caro

La competitividad del NEA no depende solamente del dólar o de la presión impositiva. El mayor diferencial frente al centro del país sigue siendo logístico.

Mientras una empresa radicada en Buenos Aires o Rosario tiene acceso directo a corredores portuarios consolidados, las industrias misioneras deben enfrentar:

largas distancias terrestres, mayores costos de flete, menor escala logística y dependencia del transporte por camión.

La hidrovía y los puertos regionales aparecen como una herramienta para compensar parcialmente esa desventaja estructural.

Por eso, aunque la resolución sólo extienda plazos administrativos, el trasfondo es otro: el Estado nacional reconoce que buena parte del sistema portuario todavía no terminó de regularizarse y necesita más tiempo para adecuarse a los requisitos definitivos.

Qué implica la prórroga

La ANPyN había establecido en 2025 un régimen transitorio que otorgó habilitaciones precarias a puertos existentes antes de la Ley de Actividades Portuarias. El objetivo era ordenar jurídicamente terminales que continuaban operando pero sin completar todos los requisitos formales exigidos por la normativa moderna.

Ahora, el organismo extiende el plazo para terminar ese proceso.

La señal es relevante porque evita que terminales queden en una situación de incertidumbre regulatoria que podría afectar operaciones comerciales, seguros, financiamiento o inversiones privadas.

Para operadores logísticos y exportadores, la previsibilidad regulatoria es tan importante como la infraestructura física.

Misiones juega una partida distinta al AMBA. La provincia compite directamente con Paraguay y Brasil bajo un esquema de asimetrías fronterizas, es decir, diferencias de carga tributaria, combustible, financiamiento y costos laborales que alteran la competitividad relativa.

Cuando el transporte interno argentino es caro, las economías regionales quedan doblemente presionadas: pierden margen exportador, encarecen el abastecimiento interno, y quedan expuestas al desvío comercial fronterizo.

La logística fluvial aparece entonces como una herramienta estratégica para reducir costos sistémicos.

Para sectores como la forestoindustria, donde el transporte representa una porción crítica del costo final, cada mejora en infraestructura portuaria puede modificar márgenes de rentabilidad.

El dato político detrás de la medida

La creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación reemplazó a la vieja estructura de puertos y vías navegables bajo una lógica de centralización técnica y simplificación administrativa.

La resolución muestra además otro dato político: el Gobierno evita avanzar con cierres o sanciones sobre terminales que todavía no completaron procesos documentales, priorizando continuidad operativa.

La decisión tiene racionalidad económica. Frenar operatorias portuarias en plena búsqueda de generación de divisas hubiese impactado sobre exportaciones regionales y cadenas logísticas.

La prórroga resuelve un problema administrativo inmediato, pero no modifica el núcleo de la discusión logística del NEA.

La región todavía enfrenta: fletes caros, baja conectividad ferroviaria, dependencia del camión y escasa integración multimodal. Misiones necesita que el debate portuario avance hacia inversiones concretas en infraestructura, dragado, conectividad y reducción de costos operativos.

Sin esa escala logística, la competitividad exportadora seguirá dependiendo más del esfuerzo privado que de una política estructural de transporte.

El nuevo plazo otorgado por la ANPyN funciona como una ventana para ordenar jurídicamente el sistema portuario argentino sin interrumpir operaciones. El mercado observará ahora qué terminales logran obtener habilitación definitiva y cuáles continúan operando bajo esquemas transitorios.

Para el NEA, la discusión real no pasa solamente por habilitaciones. Pasa por si Argentina finalmente construirá una política logística capaz de integrar a las economías regionales al comercio internacional con costos compatibles con Brasil y Paraguay. Ahí se juega buena parte de la competitividad futura de la yerba, la madera, el té y la industria regional.

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Ganancias: el Gobierno achica la lista de “jurisdicciones no cooperantes” y abre una ventana fiscal para exportadores

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El Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 398/2026, mediante el cual modifica la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias para actualizar el listado de “jurisdicciones no cooperantes” a los fines tributarios. Al remover a la República de Filipinas, la República de Madagascar y la República de Trinidad y Tobago de la nómina —tras convalidar su estatus de transparencia ante la OCDE—, la medida reduce el costo impositivo por retenciones a empresas globales. Para los grandes consorcios foresto-industriales y las corporaciones yerbateras de Misiones que triangulan operaciones o importan bienes de capital, la normativa morigera la carga sobre los flujos de divisas, redefiniendo las matrices de planificación fiscal y de precios de transferencia.

La decisión del Gobierno nacional de excluir a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago del listado de “jurisdicciones no cooperantes” en materia tributaria modifica el mapa de riesgos fiscales para empresas argentinas con operaciones internacionales y puede tener impacto indirecto sobre sectores exportadores del NEA, especialmente yerba mate, forestoindustria y comercio exterior.

El Decreto 398/2026 actualizó la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y redefinió el universo de países considerados de baja cooperación fiscal. La medida responde a cambios en los estándares de intercambio de información promovidos por la OCDE y el Consejo de Europa. Para el sector privado, el dato central es que operar con empresas radicadas en esos países dejará de tener el tratamiento tributario agravado que rige para las jurisdicciones consideradas opacas.

En términos prácticos, esto reduce contingencias fiscales vinculadas a precios de transferencia, deducciones y controles sobre operaciones internacionales. Para economías regionales con creciente búsqueda de mercados alternativos, el movimiento no es menor.

Qué cambia para las empresas exportadoras

Las “jurisdicciones no cooperantes” son países que no intercambian información tributaria con Argentina o no cumplen estándares internacionales de transparencia. Cuando una firma argentina opera con compañías radicadas en esos territorios, ARCA y el sistema tributario aplican controles más estrictos y presunciones fiscales más gravosas.

Con la salida de tres países del listado: Se alivian requisitos de fiscalización sobre determinadas operaciones internacionales. Mejora la previsibilidad tributaria para exportadores y traders. Disminuye el riesgo de ajustes fiscales sobre estructuras comerciales vinculadas a esos mercados. Y se reduce el costo administrativo asociado a reportes y validaciones.

Para Misiones, donde muchas empresas medianas comenzaron a explorar mercados fuera del eje tradicional Mercosur-China-Estados Unidos, la señal tiene lectura estratégica. La provincia necesita diversificar destinos ante la desaceleración del consumo interno y la presión de costos logísticos.

Aunque el decreto no menciona economías regionales, la actualización tributaria tiene implicancias sobre el entramado exportador.

La industria tealera y yerbatera misionera viene buscando nuevos compradores en Asia y mercados emergentes. Filipinas, que deja de ser considerada “no cooperante”, aparece como un mercado potencialmente más accesible desde el punto de vista financiero y documental.

Para la forestoindustria ocurre algo similar. Empresas madereras del NEA operan frecuentemente mediante traders internacionales o estructuras logísticas trianguladas. Cuando esas operaciones involucran jurisdicciones observadas por el fisco, el costo financiero y legal aumenta.

La modificación también puede favorecer: Operaciones de financiamiento internacional. Apertura de cuentas y acuerdos bancarios. Menores alertas de compliance tributario. Mayor competitividad administrativa frente a exportadores brasileños o paraguayos.

La señal política detrás del decreto

El Gobierno sostiene una estrategia de alineamiento con estándares OCDE y de integración financiera internacional. La actualización del listado apunta a mostrar una Argentina más compatible con reglas globales de intercambio fiscal y menos aislada del sistema financiero internacional.

El movimiento también busca reducir fricciones para inversiones y operaciones internacionales privadas, especialmente en un escenario donde el Ejecutivo necesita aumentar generación genuina de divisas.

El dato que sigue de cerca el mercado es otro: la lista todavía mantiene a 72 jurisdicciones bajo observación. Entre ellas aparecen Bolivia, Cuba, Surinam, Irán y varios países africanos y asiáticos. Eso implica que los controles fiscales sobre operaciones internacionales seguirán siendo relevantes para empresas exportadoras.

La actualización del listado no cambia por sí sola la competitividad exportadora del NEA. El problema estructural sigue siendo logístico, cambiario y tributario. Pero sí muestra una tendencia: el Gobierno avanza hacia un esquema de menor intervención y mayor integración financiera internacional.

Para Misiones, donde el crecimiento exportador depende de abrir mercados y bajar costos ocultos, cada flexibilización regulatoria suma. El desafío es si esa apertura fiscal será acompañada por infraestructura, financiamiento y alivio impositivo que permitan transformar ventajas productivas en competitividad real.

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