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La exportación de productos foresto-industriales creció 18% en 2025

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, sobre la base de datos proporcionados por el INDEC, informó que las exportaciones de productos foresto-industriales alcanzaron un crecimiento promedio de 18,55 % en valor durante el año 2025 en comparación con el año anterior, con más de USD 376 millones.

Los rubros que representaron este crecimiento en 2025 y tuvieron mayor dinamismo fueron:

• Papel y Cartón: Se exportó un total de USD 104 millones, lo que representa un incremento del 30,1%, en valor respecto a lo exportado en 2024.
• Muebles y Casas: En este rubro, la exportación alcanzó los USD 9 millones lo que representa una suba del 18,3% interanual.
• Maderas: El sector exportó un total de USD 263 millones, lo que representa un aumento del 14,5%, respecto al año anterior.

A su vez, dentro de este rubro se destacan la Madera Aserrada con un aumento del 28% y un total exportado en 2025 de USD 134 millones y los Tableros de Partículas con un total exportado de USD 9,4 millones lo que representa un aumento del 34,4% respecto al año anterior.

Se fortaleció la presencia argentina en destinos claves, como Estados Unidos donde se mantiene como el principal destino de las exportaciones argentinas e India. Argentina e India acordaron nuevas condiciones fitosanitarias que convalidan el tratamiento térmico (56°C por 30 minutos) para la exportación de madera aserrada de eucalipto y pino, lo que permitió consolidar a este destino, que cuenta con importaciones cercanas a USD 2.300 millones anuales, como uno de los más prometedores para el sector foresto industrial argentino.

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En Argentina se consumen cerca de 10 millones de empanadas al día

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En el Día Internacional de la Empanada, el 8 de abril, Argentina exhibe un dato que trasciende lo gastronómico y entra en el terreno económico: se consumen cerca de 10 millones de unidades por día. La cifra, respaldada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) y estudios del Ministerio de Agricultura, no solo confirma una tradición cultural, sino que expone una cadena productiva en expansión. En un contexto donde el Gobierno busca dinamizar el consumo interno, surge una pregunta implícita: ¿la empanada es solo un símbolo identitario o también un motor silencioso de la economía real?

De tradición popular a indicador de consumo masivo

El volumen diario de 10 millones de empanadas no es una estimación aislada. Surge del análisis de la venta de tapas industriales, que arroja un promedio de 50 unidades por persona al año, al que se suma la producción doméstica y la elaboración en pizzerías y casas especializadas.

Ese dato ubica a la empanada entre los cinco alimentos más consumidos del país, en el tercer lugar, y como el segundo plato más pedido en plataformas de delivery. En términos concretos, se trata de un producto con alta rotación, presencia transversal en todos los niveles socioeconómicos y fuerte capilaridad territorial.

La diversidad de la demanda también estructura el mercado: la empanada de carne suave lidera con el 20% de preferencia, seguida por jamón y queso (19%), pollo (11%) y carne a cuchillo (10%). Más atrás aparecen variantes como humita, verduras y combinaciones gourmet, que consolidan una oferta segmentada pero estable.

Industria, escala y expansión: la cadena detrás del consumo

Detrás del consumo masivo hay una estructura productiva en crecimiento. La evolución tecnológica permitió que fábricas alcancen entre 80.000 y 120.000 unidades diarias, con procesos mecanizados que incluyen amasado, laminado, corte y armado.

Este salto productivo no solo abastece el mercado interno. También acompaña una expansión internacional sostenida. La empanada argentina ya se comercializa en mercados como España, Portugal, Brasil, República Checa, Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido, Estados Unidos y Francia.

El reconocimiento externo refuerza esta dinámica. La empanada tucumana fue destacada como la mejor del mundo por la guía Taste Atlas, con una calificación de 4,4 sobre 5, consolidando su posicionamiento como producto exportable con identidad.

Un mercado transversal que tensiona entre consumo y producción

El fenómeno empanada no es neutro en términos económicos. Combina producción industrial, pymes gastronómicas y economía informal, lo que lo convierte en un indicador indirecto del consumo cotidiano.

Su presencia en todos los segmentos —desde el hogar hasta el delivery— la posiciona como un termómetro de hábitos de gasto. En un escenario donde el crédito y los ingresos condicionan el consumo, su alta demanda sugiere una persistencia de patrones básicos de alimentación, incluso en contextos de ajuste.

Al mismo tiempo, el rol de APYCE como entidad promotora muestra un intento de ordenar y profesionalizar el sector, elevando estándares y proyectando la empanada como activo cultural y económico.

Entre identidad y economía: una dinámica en evolución

La empanada atraviesa generaciones, regiones y clases sociales. Pero hoy también atraviesa otra dimensión: la de producto con escala industrial, proyección global y peso en la economía cotidiana.

El dato de los 10 millones diarios funciona como síntesis de ese proceso. No define por sí solo una tendencia estructural, pero sí marca un punto de equilibrio entre tradición y mercado.

En adelante, la clave estará en observar si esta expansión logra sostenerse en un contexto económico cambiante, o si el consumo masivo de un clásico argentino empieza a reflejar nuevas tensiones entre ingresos, precios y hábitos.

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Juan José Bahillo sobre el sector agropecuario: “va camino a la quiebra”

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Juan José Bahillo, diputado provincial por Entre Ríos y especialista del sector agropecuario de la Fundación Encuentro, expresó su profunda preocupación por la delicada situación que atraviesa el campo argentino. Advirtió sobre un proceso de descapitalización masiva impulsado por el aumento de costos en dólares y el tarifazo en los combustibles.

Los datos son contundentes: hoy un productor necesita prácticamente el doble de toneladas de soja, trigo o maíz que hace apenas tres años para acceder a un tractor. Un reciente informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos expone que, mientras en 2022 se requerían 186 toneladas de soja para adquirir una unidad, tras el quiebre de 2024 ese número llegó a 355 toneladas, evidenciando un encarecimiento relativo masivo de la maquinaria agrícola.

Al respecto, Bahillo fue categórico al analizar la crisis de rentabilidad: “La situación del sector primario de la agricultura es muy mala con respecto al 2023. Hemos tenido una inflación en dólares del 35%. Los costos de los insumos, llámese fertilizantes, fitosanitarios, semillas o maquinaria, han tenido un aumento de alrededor de un 30% en dólares”.

Este deterioro del poder de compra no es casual, sino el resultado de un “efecto tijera” letal para el productor. Entre 2022 y 2025, los tractores aumentaron un 36% en dólares, mientras que los precios internacionales de los granos cayeron entre un 20% y un 30%. Si bien los granos tuvieron un incremento en pesos de entre el 110% y el 120%, Bahillo advirtió que por el salto inflacionario de los costos “el sector va camino a la quiebra”.

El encarecimiento de la energía juega un rol protagónico en esta crisis, validando las advertencias realizadas por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. “Sergio Massa se quedó corto cuando dijo que el combustible iba a subir el 300%. El combustible ha subido el 500% en estos dos años y algo, y es uno de los insumos más importantes en la estructura de costos de los productores”, sentenció el diputado entrerriano.

Un espejismo climático y el silencio dirigencial Para Bahillo, la falta de políticas de apoyo al sector productivo está siendo invisibilizada por la naturaleza. “El gobierno debería intervenir para darle sustentabilidad a la producción primaria, que es la que aporta granos y dólares a la economía. Y agregó: “Hay buenos rindes, simplemente porque llovió en tiempo y en forma, no porque haya habido una política que haya ayudado al sector, pero hoy la ecuación es de pérdida para los productores”.

Es imperioso repensar el rumbo económico para evitar que quienes producen sigan perdiendo capacidad de trabajo y crecimiento. La Argentina necesita un modelo que cuide a sus productores, fomente la producción y garantice condiciones sostenibles para el desarrollo, y no uno que los empuje a la descapitalización. 

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La Sociedad Rural presiona por medidas para el agro ante la suba de costos

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió este martes en Casa Rosada con Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en un encuentro que volvió a poner en primer plano la tensión entre el Gobierno y uno de los sectores clave de la economía. La cita tuvo un eje concreto: el aumento de costos que enfrenta el agro y la necesidad de medidas para sostener la competitividad. En un contexto económico todavía inestable, el planteo del campo introduce una pregunta estratégica: ¿el oficialismo ajustará su política para evitar fricciones con un actor central en la generación de divisas?

Costos en alza y reclamo de previsibilidad

Durante la reunión, la SRA expuso “las principales preocupaciones de los productores”, con foco en el encarecimiento de insumos y gastos operativos. El diagnóstico del sector es claro: la suba de costos, impulsada en particular por el aumento del gasoil y los fertilizantes, ya impacta en la rentabilidad y podría condicionar decisiones productivas en las próximas campañas.

El planteo no se limitó a un diagnóstico. La entidad pidió avanzar en medidas que “devuelvan competitividad” y generen “reglas claras y previsibles” para sostener inversiones. En un “año desafiante”, atravesado además por factores internacionales, el reclamo apunta a reducir la incertidumbre.

El Gobierno, por ahora, no explicitó respuestas. Pero el solo hecho de la reunión muestra que el tema ingresó en la agenda de gestión.

Un vínculo estratégico en construcción

El encuentro se inscribe en una relación históricamente sensible entre el poder político y el sector agropecuario. La SRA representa a un actor con peso estructural en la economía argentina, tanto por su capacidad productiva como por su rol en el ingreso de divisas.

En este caso, el reclamo se produce en un momento donde el Gobierno necesita sostener el flujo exportador y evitar señales de conflicto con sectores productivos. La demanda de competitividad no es abstracta: se traduce en márgenes, decisiones de siembra y volumen de producción futura.

El pedido de previsibilidad, además, tiene una dimensión institucional. Supone reglas estables que permitan proyectar inversiones en un contexto donde los costos se mueven con rapidez.

Presión sin ruptura

El tono del planteo sugiere una estrategia de presión sin confrontación abierta. La SRA expone sus demandas, pero lo hace en el marco de un canal institucional activo con el Gobierno.

Para el oficialismo, el desafío es equilibrar variables. Por un lado, sostener su esquema económico. Por otro, atender un sector que advierte sobre el impacto directo de los costos en la producción.

En términos políticos, el agro conserva capacidad de influencia. No solo por su peso económico, sino porque sus decisiones impactan en indicadores clave como exportaciones, ingreso de dólares y actividad.

La ausencia de definiciones oficiales tras el encuentro deja el tablero abierto. El diálogo está activo, pero las respuestas aún no aparecen.

Decisiones productivas en el horizonte

El punto crítico se ubica en las próximas campañas. Si el aumento de costos se traduce en menor rentabilidad, las decisiones de inversión podrían ajustarse, con efectos en cadena sobre la producción.

El Gobierno deberá definir si introduce medidas específicas para el sector o si mantiene su actual esquema sin cambios. En ese cruce se juega más que una discusión sectorial: se define el vínculo con uno de los motores tradicionales de la economía.

Por ahora, el encuentro marca un canal abierto. La reacción oficial, en cambio, todavía está por escribirse.

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La desregulación impacta en las exportaciones: China se suma a Chile y frena carne argentina

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La política de desregulación impulsada por el Gobierno sumó un nuevo frente de tensión externa: China frenó un cargamento de 22 toneladas de carne argentina por la presunta presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en el comercio internacional. La decisión, tomada por la Administración General de Aduanas del país asiático la semana pasada, se suma al antecedente reciente de Chile, que ya había suspendido importaciones por cambios en los controles sanitarios. El dato trasciende lo comercial. Expone un punto sensible del esquema oficial: la relación entre flexibilización regulatoria y confianza internacional. ¿Se trata de episodios aislados o de un costo estructural de la desregulación?

Un cambio normativo bajo presión externa

El episodio con China ocurre en un contexto de modificaciones en los controles sanitarios del SENASA, enmarcadas en la política de desregulación. Entre los cambios más relevantes aparece la eliminación del registro obligatorio de empresas certificadoras, un mecanismo que funcionaba como garantía de trazabilidad en la cadena exportadora.

Ese punto resulta central. La trazabilidad no es solo un requisito técnico: es el lenguaje con el que los mercados validan la calidad sanitaria de los productos. Su debilitamiento, aun parcial, impacta directamente en la credibilidad del sistema.

El caso puntual se originó en la planta que un frigorífico posee en Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo. A partir de la detección del antibiótico, se activaron mecanismos de control y una revisión técnica que incluye un proceso de trazabilidad para identificar el origen del lote cuestionado. Las primeras hipótesis apuntan a un posible falso positivo o a la presencia de sustancias similares, lo que abre un margen de discusión técnica, pero no neutraliza el impacto comercial inmediato.

De Chile a China: señales de alerta en cadena

El antecedente con Chile refuerza la dimensión del problema. En agosto, el Servicio Agrícola y Ganadero suspendió importaciones desde la Patagonia tras la flexibilización sanitaria que permitió el ingreso de carne con hueso a zonas libres de aftosa. La medida puso en cuestión el estatus sanitario regional y encendió alarmas por el riesgo de enfermedades.

Aunque Chile reanudó compras luego de verificar condiciones sanitarias, el episodio dejó una señal: los cambios regulatorios internos pueden tener efectos inmediatos en mercados externos.

En el caso de China, el contexto agrega complejidad. El país asiático endurece sus controles a productos importados y avanza en una estrategia de protección de su producción local. Ese escenario amplifica cualquier observación sanitaria. No solo afecta a la carne: también se registraron advertencias sobre envíos de soja por presencia de malezas.

Dólares en juego y un mercado clave bajo revisión

El impacto potencial es significativo. China concentra 458.360 toneladas de las 654.800 exportadas por Argentina en los primeros 11 meses de 2025. Es, por amplio margen, el principal destino de la carne argentina.

Además, el esquema comercial incluye un sistema de cupos con penalidades claras. Si se superan las 511.000 toneladas, el arancel salta del 12,5% al 55%. En ese marco, cualquier restricción o demora no solo afecta volúmenes, sino también costos y competitividad.

El episodio también expone una dinámica interna. El SENASA, con una estructura reducida por recortes, debe responder a exigencias crecientes en mercados que endurecen estándares. La ecuación es delicada: menos regulación interna frente a mayores demandas externas.

Correlación de fuerzas y tensión regulatoria

La situación coloca al Gobierno ante un equilibrio complejo. Por un lado, la desregulación busca reducir costos y simplificar procesos. Por otro, los mercados internacionales operan con lógicas inversas: más controles, más certificaciones y mayor seguimiento de la cadena productiva.

En términos de poder, los países importadores refuerzan su capacidad de condicionar el comercio a través de exigencias sanitarias. La Argentina, en cambio, necesita sostener confianza para mantener acceso a mercados estratégicos.

El resultado es una tensión que trasciende lo técnico. Se trata de quién fija las reglas en el comercio internacional y bajo qué estándares se valida la producción.

Un escenario en revisión

La reacción oficial se concentra ahora en limitar el impacto del caso y evitar que se extienda a otros embarques. El foco está puesto en el informe técnico que deberá producir el SENASA y en las eventuales correcciones del sistema.

En paralelo, el comportamiento de China será clave. Su política de controles más estrictos puede transformar episodios puntuales en tendencias si no se logra restablecer confianza.

Lo que está en juego no es solo un cargamento. Es la consistencia entre el modelo regulatorio interno y las exigencias del mercado global. Esa tensión, por ahora, sigue abierta.

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