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El Banco Central acelera compras de dólares y refuerza su poder en el mercado cambiario

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El Banco Central volvió a mostrar capacidad de intervención en el mercado cambiario con una señal concreta: compró USD 208 millones en una sola jornada sobre un total operado de USD 384 millones, lo que equivale al 54% del volumen. El dato no solo marca la segunda mayor adquisición del año, sino que se inscribe en una secuencia más amplia: 57 ruedas consecutivas con saldo comprador. En un contexto donde la estabilidad del dólar y la acumulación de reservas son variables críticas, la pregunta se impone: ¿es este un punto de consolidación del esquema monetario o un equilibrio sostenido por condiciones transitorias?

Una estrategia sostenida en el tiempo

El movimiento del Banco Central no es aislado. Desde enero, en el inicio de la cuarta fase del esquema monetario, la entidad acumula USD 4.245 millones, lo que representa más del 42% del objetivo anual. En lo que va de 2026, el total supera los USD 4.000 millones.

La lógica es clara: aprovechar un contexto de mayor oferta de divisas —impulsada en parte por exportaciones agropecuarias y emisiones de deuda— para recomponer reservas sin presionar sobre el tipo de cambio. La cotización mayorista cerró en $1.398, todavía 18,3% por debajo del techo de la banda cambiaria fijado en $1.653,70, lo que le permite al Banco Central intervenir sin tensionar el sistema.

Sin embargo, el mecanismo elegido introduce una variable sensible. Para sostener las compras, la autoridad monetaria incrementó la emisión de pesos sin absorber completamente ese excedente con instrumentos tradicionales. El equilibrio se completa con la intervención del Tesoro, que retira liquidez mediante colocaciones de deuda en el mercado local.

Reservas en tensión: acumulación y pagos

A pesar del ritmo comprador, las reservas internacionales mostraron una baja en la última jornada: cerraron en USD 43.381 millones, con una caída diaria de USD 331 millones. La explicación oficial combina factores estacionales —movimientos de fin de mes— y pagos de deuda a organismos internacionales por USD 180 millones.

El dato revela una dinámica más compleja. La acumulación de reservas convive con la necesidad de utilizarlas para atender compromisos externos. De hecho, el Tesoro requirió dólares al Banco Central para afrontar vencimientos, lo que limita el crecimiento neto de las reservas.

Esa tensión no es nueva, pero adquiere relevancia en un escenario donde la acumulación de divisas es uno de los pilares del programa económico.

Correlación de fuerzas en el frente económico

El desempeño del Banco Central fortalece al equipo económico en su objetivo de estabilizar el mercado cambiario y consolidar expectativas. La continuidad de compras durante 57 jornadas consecutivas —algo que no ocurría desde 2007— refuerza la señal de control sobre el frente externo.

Al mismo tiempo, la estrategia depende de una coordinación fina entre la autoridad monetaria y el Tesoro. La emisión de pesos para comprar dólares requiere ser compensada para evitar efectos sobre la inflación y la cotización. Esa articulación se vuelve central para sostener el esquema.

En términos de mercado, la intervención del Banco Central —absorbiendo más de la mitad del volumen en una rueda— muestra un actor con peso decisivo. Pero también evidencia que el equilibrio cambiario se apoya en condiciones específicas: oferta de divisas, demanda de pesos y acceso al financiamiento.

Un equilibrio que se pone a prueba

Las proyecciones oficiales estiman compras netas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para 2026. Hasta ahora, lo acumulado equivale a cerca del 39% de esa meta. El ritmo es consistente, pero no lineal.

En las próximas semanas, el foco estará en la capacidad del Banco Central para sostener este esquema sin alterar otras variables sensibles. La evolución de las reservas, el comportamiento del dólar dentro de la banda y la coordinación con el Tesoro serán claves.

El mercado ya tomó nota de la señal. Falta ver si las condiciones que la hicieron posible se mantienen en el tiempo.

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Las Tunas busca sostener a 380 el kilo de hoja verde pese a la crisis del sector yerbatero

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La cooperativa yerbatera Las Tunas queda en el centro de una discusión que atraviesa a toda la cadena: cómo sostener el precio al productor en un mercado que empuja hacia abajo.

En ese marco, su gerente, José Luis “Joselo” Semienchuk, planteó en una entrevista con Economis una decisión que no es menor: intentar mantener los $380 por kilo de hoja verde en el inicio de la cosecha, aun cuando el resto del mercado paga menos.

El dato, más que técnico, es político dentro del sector: ¿puede una cooperativa sostener un precio de referencia sin quedar fuera de competencia?

Sostener el precio en un mercado que presiona a la baja

La definición surge de una reunión interna reciente del consejo de la cooperativa. Allí, según explicó Semienchuk, no hubo una resolución cerrada, pero sí una tensión clara: mantener los $380 aunque eso implica perder competitividad en góndola.

“El problema es que nosotros estamos pagando trescientos ochenta y casi nadie en la provincia ni en el país está pagando ese precio. Entonces se nos complica con el producto final”, advirtió. La ecuación es directa: materia prima cara, paquete que no se puede encarecer y consumidores que migran al precio más bajo.

Ese desfasaje, explicó, se agrava en un contexto donde “todos los otros insumos están subiendo”, desde energía hasta combustible, mientras la hoja verde se abarata a modo de fusible. El resultado es un sistema invertido donde el productor cobra menos y la estructura de costos sube.

Cooperativismo en tensión: entre el socio y el mercado

El planteo abre una discusión más profunda sobre el rol de las cooperativas en el esquema actual. Semienchuk fue explícito: “La cooperativa es del socio, él es el que tiene que poner el precio”, pero al mismo tiempo reconoció que muchas entidades no sostienen valores altos.

“Allí está la contradicción: hablamos de fijar referencia, pero terminamos tirando el precio para abajo”, señaló. Reconoció que otras cooperativas pagaron la cosecha anterior $380 la hoja verde a sus socios, pero ahora bajaron el precio y se han observado ofertas de $230 a 240 por kilo, cuando los costos de producción han subido.

La situación no es menor. En su diagnóstico, si las cooperativas actuaran coordinadamente podrían establecer un piso distinto. Sin embargo, describió un escenario fragmentado donde incluso entidades venden materia prima a grandes actores, debilitando la lógica cooperativa.

Costos, sobreoferta y una economía que no cierra

El trasfondo es productivo, pero también estructural. Semienchuk confirmó la existencia de sobreoferta: “Hay yerba suficiente”, afirmó, tanto en planta como en stock, lo que presiona aún más los precios.

En paralelo, la alternativa de vender yerba canchada tampoco resulta viable. Según explicó, con una hoja verde a $380, el valor lógico de la canchada debería ser de $1.440, pero el mercado ofrece apenas $800. “Si salimos a vender a ese precio, fundimos la cooperativa”, sintetizó.

Esa distorsión empuja a sostener la molienda propia como única vía para acercarse al costo real, aunque sin margen suficiente.

Competencia externa y cambio de paradigma

Otro eje que introduce tensión es la competencia con productos importados o adaptados a otros mercados. Semienchuk cuestionó que yerbas de estilo uruguayo o brasileño se vendan a valores superiores, mientras la producción local pierde precio.

Pero el punto más relevante es estratégico: la dificultad para insertar el producto en el mundo bajo el formato tradicional. “El mate no siempre entra en otros países”, reconoció, y valoró los intentos de exportar en otros formatos, como bebidas, alimentos o incluso como infusión o mate cocido. Destacó el paso que dio la cooperativa de Dos de Mayo llevando yerba para infusión a China y dijo que es un inicio para ingresar al mercado y que a largo plazo podríamos pensar en llevar el mate

En esa línea, dejó una definición que interpela al sector: “Muchas veces queremos imponer el mate, pero el mercado internacional no consume así”. El productor es consiente que podemos vender más yerba al extranjero, pero hay que abrir el juego a otras presentaciones que sean pensadas en la demanda de los nuevos consumidores y no solo en el mate tradicional.

Escala, estructura y límites del modelo

Las limitaciones también son internas. La cooperativa trabaja con pequeños productores —unos 84 socios, de los cuales cerca de 40 son activos— y un volumen que ronda entre 1,3 y 1,4 millones de kilos anuales. Esa escala condiciona cualquier estrategia.

“No tenemos espalda para comprar más hoja verde”, explicó, y anticipó una decisión defensiva: sostener el precio actual, pero sin incorporar nuevos proveedores. “Vamos a mantenernos con lo que estamos”, dijo.

Un equilibrio inestable

La posición de Las Tunas expone una tensión que excede a una sola cooperativa. Sostener precios más altos protege al productor, pero puede dejar fuera del mercado. Bajar precios permite competir, pero deteriora la base productiva.

En el medio, el sistema yerbatero enfrenta una discusión que aún no encuentra síntesis: cómo equilibrar mercado, rentabilidad y sostenibilidad en un contexto donde la oferta sobra, los costos suben y las reglas no parecen alinearse.

El inicio de la cosecha será el primer test. Y también un indicador de hasta dónde el sector puede sostener sus propias referencias sin romper su equilibrio interno.

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Volumen récord de las exportaciones agroindustriales durante el primer bimestre de 2026

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Las exportaciones agroindustriales de Argentina alcanzaron en el primer bimestre de 2026 un volumen récord de la última década con 18,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 8% respecto del mismo período de 2025, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a INDEC.

Asimismo, según los datos del la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación el valor exportado ascendió a USD 7.595 millones, el segundo mayor de los últimos diez años, y un 7% superior al 2025, con envíos a más de 105 países.

De los 54 complejos analizados (incluyen los productos primarios y sus derivados), 26 mostraron aumentos respecto del año 2025 y 12 presentaron volúmenes récords de la década. En orden, por el aporte en el volumen, son los siguientes: trigo (+92%); cebada (+32%); maní (+13%); girasol (+249%); pesca y acuicultura (+14%); forrajeras (+132%); azúcar (+43%); productos lácteos (+19%); apicultura (+60%); otras oleaginosas- lino, sésamo, jojoba, cártamo- (+209%); ovinos (+38%) y aromáticas y especias (+30%).

A su vez, 169 productos incrementaron sus exportaciones respecto del primer bimestre de 2025. Entre los más relevantes se mencionan las semillas de girasol con el 6.354%; aceite de jojoba con el 722%; harina de maíz con el 288%; porotos de soja con el 270%; porotos secos con el 242%; sésamo con el 227%; semillas con el 165%; aceite de maní con el 113%; aceite de girasol con el 99%; granos de trigo con el 94%; manteca con el 86%; lana sucia, esquilada con el 63%; miel con el 60%; dulce de leche con el 48%; madera aserrada con el 33%; entre otros.

Se destacan en el bimestre 36 productos que no fueron exportados en 2025, tales como hilados de algodón, carne caprina, damasco, otros frutos secos, peras secas, preparaciones de frutilla, poroto salvaje, semillas de cártamo, malta tostada, tocinos y grasas porcinas.

Dentro de los productos con mayor valor por tonelada exportada en 2026 se encuentran el aceite esencial de limón con USD 29.718/tn; complementos alimenticios con USD 19.688/tn; equinos con USD 16.780/tn; carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada con USD 12.338/tn; huevos sin cáscara con USD 8.678/tn; crustáceos congelados con USD 7.243/tn; cortes de carne ovina, congelada con USD 6.071/tn entre otros.

Los principales destinos fueron en orden de importancia por el volumen exportado fueron: Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Arabia Saudita, Brasil, Argelia, Perú, Chile, Malasia y Marruecos. Estos 10 destinos representaron más del 55% del total exportado.

Para acompañar la inserción internacional de la agroindustria, la Secretaría pone a disposición mapas y tableros interactivos que permiten visualizar la apertura de mercados desde 2024, el posicionamiento global de los productos argentinos y la evolución de las exportaciones por complejo y destino.

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Hidrovía: el Gobierno apura la licitación y ata el futuro del río a una disputa política de largo plazo

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La licitación de la Hidrovía entró en una fase decisiva y el Gobierno busca cerrar uno de los contratos más sensibles de la economía exportadora antes de que el calendario político vuelva a alterar el tablero. Con evaluación en curso de los sobres técnicos y la expectativa de definir al nuevo operador entre fines de mayo y junio, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, defendió el proceso, rechazó las acusaciones de direccionamiento y dejó una frase que expone la dimensión política de la compulsa: “Hay que licitar la Hidrovía; si llegara el peronismo nuevamente, sería difícil que vuelva al sector privado”.

La definición excede una discusión administrativa. La vía navegable por la que circulan en promedio 4500 buques al año determina buena parte de los costos logísticos de la Argentina exportadora, y su concesión aparece hoy en la intersección entre infraestructura, comercio exterior y correlación de fuerzas. El oficialismo no solo intenta adjudicar un negocio millonario; también busca blindar un esquema de gestión antes de que cambie la relación política de poder.

Un contrato que define tarifas, inversión y control sobre una infraestructura crítica

El pliego prevé que el futuro concesionario absorba una deuda de US$80 millones generada tras la reestatización bajo el gobierno de Alberto Fernández, de la cual todavía restan US$35 millones por pagar. Ese pasivo será tomado por quien gane una licitación que obliga, además, a invertir US$425 millones en los primeros seis años de la concesión.

La magnitud del contrato explica la tensión. Según la proyección oficial, en los 25 años de concesión, con posibilidad de extenderla por cinco más, la inversión total rondará los US$10.000 millones entre bienes de capital y gastos operativos. A cambio, el operador recuperará su apuesta a través del peaje, dentro de un esquema de bandas tarifarias que, según el Gobierno, permitiría un retorno del 12% para la tarifa máxima y del 6% para la mínima.

No se trata solo de mantener el canal. El punto estratégico está en la profundización y el ensanche para que los barcos salgan con más carga. Arreseygor fue directo: hoy los buques están saliendo con alrededor del 70% de la carga, y el objetivo es que al menos los Panamax puedan operar completos. En términos económicos, esa diferencia impacta de lleno sobre la competitividad exportadora.

La pelea real está en el sobre técnico, no en la retórica

El funcionario negó que el pliego haya sido diseñado para favorecer a una empresa en particular. Admitió que existen cuestionamientos, algunos “racionales” y otros “incomprobables”, pero insistió en que la decisión no se definirá por antecedentes formales sino por el plan de trabajo, que explicó como el núcleo del sobre dos y al que atribuyó entre el 80% y el 90% del peso de la evaluación.

Esa precisión no es menor. El Gobierno intenta mostrar que la discusión no se resolverá por historia empresaria, sino por capacidad operativa concreta: dónde se descargará el sedimento, qué maquinaria se utilizará, cómo se responderá ante una bajante extraordinaria y qué cronograma de obras puede garantizarse. Es, en el fondo, una manera de correrse de la sospecha de favoritismo y llevar la disputa al terreno técnico, aunque la política siga empujando desde abajo.

De los tres oferentes iniciales, según el texto base, quedarían dos en carrera: Jan De Nul y DEME, ambas compañías belgas. La competencia, sin embargo, no es solo comercial. La Hidrovía concentra una puja global por una infraestructura crítica donde confluyen intereses privados, trazado logístico y capacidad estatal de control.

Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación

El Estado quiere concesionar, pero sin perder la botonera

Arreseygor defendió una condición central del pliego: que los equipos sean propios y no alquilados. El argumento es político además de operativo. Si el privado falla, el Estado debe intervenir sobre una infraestructura que no puede detenerse. “Al río hay que dragarlo todos los días o no salen los barcos”, resumió.

Ahí aparece una tensión clásica del modelo libertario: el Gobierno quiere un concesionario fuerte, pero no uno que condicione al Estado por falta de alternativas. Por eso también justificó la exclusión de la empresa china de dragado, una de las más importantes del mundo, con una razón geopolítica explícita: evitar que un Estado soberano controle un recurso estratégico. La decisión no cuestiona capacidad técnica, sino que busca preservar margen de maniobra nacional en un escenario internacional que el propio funcionario describió como complejo.

La misma lógica explica la negativa a dividir la operación en tres tramos. Según Arreseygor, hacerlo podía facilitar una cartelización y garantizarle a cada actor una zona de negocio. En vez de fragmentar, el Gobierno eligió concentrar la concesión y elevar las exigencias de entrada.

Naciones Unidas, tarifas y el intento de darle blindaje externo al proceso

Otro de los puntos que el funcionario puso sobre la mesa fue el rol de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Frente a la desconfianza que suele rodear los grandes contratos públicos en la Argentina, el Gobierno intenta mostrar que el pliego no quedó solo bajo diseño doméstico. Según explicó, la elección de ese organismo respondió a que su foco estuvo en defensa de la competencia y costos comparados, y no en la lógica de un acreedor que audita para justificar financiamiento.

También por recomendación de Naciones Unidas, el pliego incluyó una tarifa mínima de peaje. La preocupación era evitar una oferta temeraria que, por debajo de costos, terminara haciendo caer el contrato. Es una cláusula que habla menos de precios que de sustentabilidad política y financiera: el oficialismo no quiere repetir una experiencia que derive en conflicto, incumplimiento o judicialización temprana.

A eso se suma una revisión de tarifas cada cinco años. Si el tráfico sube, el peaje debería bajar. Si ocurre una variación abrupta en sentido contrario, podría aumentar. El supuesto oficial, de todos modos, es que el tránsito crecerá.

La herencia, la deuda y el mensaje contra una eventual reversión

El centro político de la entrevista estuvo en la comparación entre la privatización de 1995, la reestatización bajo Alberto Fernández y el nuevo intento de concesión. Arreseygor sostuvo que durante la revisión de números no detectaron irregularidades denunciables, aunque sí “negligencia” por no trasladar a tarifa costos extraordinarios generados por situaciones climáticas, lo que habría contribuido a la deuda actual.

La lectura de poder que propone el funcionario es nítida: la licitación no solo busca mejorar el funcionamiento del sistema, sino evitar una nueva reversión estatal. Cuando afirma que un eventual regreso del peronismo dificultaría que la Hidrovía siga en manos privadas, lo que hace es convertir un expediente técnico en una pieza de estrategia institucional. El Gobierno necesita adjudicar rápido para consolidar un hecho consumado.

Ese mensaje también dialoga con los exportadores, con los potenciales concesionarios y con los actores del sistema político. Les dice que la administración actual está dispuesta a cerrar el contrato, aun en un clima de sospecha, porque considera que dejarlo abierto sería exponerlo a una futura reconfiguración del modelo.

Una licitación bajo auditoría pública y privada

La Hidrovía arrastra, además, el peso de la desconfianza estructural argentina frente a los contratos públicos de gran escala. Arreseygor no la esquivó. Dijo que entiende esas dudas y que quiere ser auditado. Esa necesidad de exhibir controles funciona como reconocimiento implícito del problema: en negocios de esta magnitud, la legitimidad del proceso vale casi tanto como la adjudicación misma.

En paralelo, el funcionario dejó otra señal de realismo. Admitió que le hubiera gustado una mayor participación, en especial de empresas holandesas, pero señaló que decidieron no desinvertir en otros mercados para competir. Es decir, el universo de jugadores sigue siendo acotado y eso condiciona cualquier diseño licitatorio.

El río entra en tiempo político

La definición del nuevo operador debería llegar entre mayo y junio, pero lo que está en juego no termina ahí. En las próximas semanas habrá que mirar cuántos competidores superan la evaluación técnica, cómo se resuelven las objeciones al pliego y hasta dónde el Gobierno logra sostener la idea de una licitación competitiva en un negocio dominado por pocos actores globales.

También quedará por ver si el oficialismo consigue instalar que esta concesión es un paso de modernización logística o si la discusión deriva otra vez en una pelea sobre control estatal, tarifas y soberanía sobre una vía estratégica. La Hidrovía, al final, no es solo un canal por donde salen barcos. Es una caja de resonancia del modelo económico que cada gobierno quiere dejar atado antes de que cambie el viento político.

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Haciendo números

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Envejeció muy rápido y muy mal el tuiter de Federico Sturzenegger jactándose de los 400 mil empleos creados durante la presidencia de Javier Milei. En realidad, está sucediendo lo contrario. Hay 156.000 desocupados más que en el último trimestre de 2024 y 271 mil más que en el último periodo del gobierno de Alberto Fernández. La desocupación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, trepó a 7,5% en el cuarto trimestre del año pasado, la tasa más alta para el último cuarto de un año desde 2020, en plena pandemia, superando en un punto porcentual el registro del cuarto trimestre de 2024 (6,4%) y en casi dos puntos la desocupación del cuarto trimestre de 2023 (5,7%). Son casi 1.700.000 desocupados, 420.000 más que en 2023 y 7.190.000 personas demandantes de empleo, 960.000 más que en 2023.

Sufrirá la misma suerte la justificación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien atribuyó el fracaso en la contención de la inflación al “daño psicológico” profundo que la sociedad arrastra desde gestiones anteriores. Según Caputo, la economía se encuentra “tremendamente en orden” y el problema radica en el obstinado  escepticismo de la sociedad. 

Lo cierto es que la confianza en el rumbo se derrumba al mismo tiempo que crece descontento por la criptoestafa $Libra y los vuelos VIP de Manuel Adorni, el vocero que no puede explicar sus gastos exorbitantes. 

La consultora Zuban Córdoba y Asociados había cifrado en su último trabajo la desaprobación de Milei en 58,7% -en alza- contra un aval de 35,4% -en baja-. Tres Punto Cero, dirigida por Shila Vilker señala que “el gobierno tiene 37, 38 puntos de aprobación, contra 59 y 60 de rechazo, después de dos años y medio de ajuste”. El 59 por ciento dice haber llegado al límite de la paciencia ante el deterioro de ingresos y constante aumento de los precios que contrasta con la promocionada economía “tremendamente en orden”.

El modelo únicamente es celebrado por aplaudidores sin anclaje territorial, como el diputado nacional Diego Hartfield. Los libertarios convencidos optan por mirar para otro lado mientras las consecuencias de las políticas económicas se evidencian en las economías regionales y el bolsillo cada vez más agobiado de buena parte de la sociedad. 

El deterioro económico se expande a todo el territorio. Así el vino como la yerba mate o el sector forestal que atraviesa una de sus crisis más agudas: un aserradero en Gobernador Virasoro comenzó a pagar sueldos en vales. La situación del aserradero Asecor, que pertenece a Mercedes Omeñuka, presidenta de la Federación Argentina Industria Maderera y Afines, es un síntoma de la economía real. Las pymes padecen por el aumento de los costos, ventas mínimas y nula rentabilidad. 

La yerba mate atraviesa un escenario similar. Las exportaciones son récord, pero la industria apenas celebra esos datos y cruje por escasos márgenes de ganancia. 

Misiones cerró el primer bimestre del año con exportaciones por USD 72,6 millones, siendo así el mejor primer bimestre desde que se mide este indicador mensualmente, en 2002. De ese modo, superó el récord anterior, que correspondía a 2011, con USD 71,2 millones exportados. Además, respecto de 2025, las ventas al exterior misioneras crecieron 4,6%.

La provincia llegó a este resultado tras un muy buen enero, con exportaciones por USD 34,6 millones y un crecimiento interanual de 16,3%; y un febrero que, si bien mostró una caída contra igual mes de 2024 de 4,1%, igualmente registró un buen volumen con USD 38,0 millones.

El 54% de las exportaciones misioneras del primer bimestre del año, medidas en dólares, correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), por un total de USD 38,9 millones, con un retroceso de 1,9% interanual. A su vez, el 37% de las ventas al exterior fueron de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que totalizaron USD 27,1 millones, con un alza de 9,1%. El 9% restante correspondió a Productos Primarios (PP), por USD 6,6 millones, con una suba interanual de 34,1%.

La cosecha gruesa de la yerba mate comenzará con precios más bajos que hace dos años para la materia prima. La Cooperativa Flor de Jardín, de Jardín América, puso sobre la mesa una grilla de precios que refleja la dispersión actual del mercado: ofrece $240 por kilo de hoja verde con pago a 120 días, una alternativa mixta de $230 (con $100 al contado y el saldo diferido a 120 días) y un valor de $210 totalmente al contado. La propuesta, además, contempla descuentos adicionales -como costos de cosecha y eventuales penalizaciones por falta de certificaciones-, lo que en la práctica reduce aún más el ingreso efectivo del productor y profundiza las dificultades para alcanzar un precio de equilibrio en la cadena.

Esos valores no logran conformar a nadie. “Esos 240 pesos nos quedan caros a la industria para pagar y al productor tampoco le sirve. Es malo para toda la cadena”, sintetizó el dueño de una de las principales yerbateras. 

El contraste con años recientes evidencia un deterioro progresivo. En abril de 2024, en el primer ciclo sin precio sostén del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tras la desregulación que impuso Milei, el mercado operó con referencias de entre $290 y $370 por kilo, aunque con fuerte tensión frente a productores que reclamaban cifras mucho más altas. En 2025, los valores se estabilizaron en torno a los $300, muy lejos de las expectativas del sector primario. En comparación con 2024, los valores ofrecidos ahora son 35 por ciento más bajos, mientras que la inflación fue de 270 por ciento desde que asumió Milei.

Ahora, en 2026, no solo hay una baja nominal de precios -que en términos reales es aún más profunda- sino también una novedad más preocupante: parte de la industria directamente decide no comprar. Consecuencia directa de la desregulación del mercado que no encuentra punto de equilibrio y tiene efectos en toda la cadena, con menos dinero circulante y recursos en los pueblos. 

Solo el Gobierno provincial y algunas entidades productivas elevan la voz de alarma. En la oposición, los aliados del Gobierno nacional hacen silencio o describen la situación en redes sociales (donde, se sabe, se hallan todas las soluciones), como el radical Ariel Pianesi, quien ayer nomás militaba la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los que prometía desregulación para el mercado yerbatero. 

La pérdida de rentabilidad y la caída de los recursos impactan en la realidad cotidiana de Misiones. La Provincia está obligada a hacer malabares con la falta de recursos e intensifica el plan de ajuste y reordenamiento del Estado. 

El gobernador Hugo Passalacqua anunció esta semana un acuerdo con el Banco Macro para refinanciar las deudas de los estatales y jubilados, agobiados por tasas financieras y deudas que consumen buena parte de los ingresos. La refinanciación se hará con un promedio de siete puntos por debajo de la tasa habitual de préstamos. Hoy sería una tasa bonificada al 50 por ciento anual , aunque dependerá del día de la operación. El dato es que el Estado no pone recursos, sino que sumó ingeniería financiera en conjunto con el Banco Macro. 

Misiones tiene relativo margen de maniobra por las cuentas en orden y un plan de contención de gastos que se seguirá profundizando. Políticas anticíclicas como el Ahora Pan, lanzado en 2018, están más vigentes que nunca, con precios congelados y planes similares lanzados en otras provincias, como hizo ahora el gobernador vecino, Juan Pablo Valdés, con el programa bautizado “Sostiene Corrientes”. Se trata de una asistencia financiera de hasta $130.000 millones, financiada por el Banco de Corrientes, que busca aliviar las deudas de 89 mil familias y empresas locales ante el complejo contexto económico nacional. La elección del nombre describe el estado de situación. Se sostiene lo que está a punto de caerse. 

Los datos muestran que Misiones, a diferencia de lo que vociferan algunos sectores políticos internos, tiene mayor solidez que los vecinos. La economía misionera se expandió 5,9% entre 2018 y 2024, un crecimiento que fue superior al mostrado por el país en igual período (+0,1%), según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, que actualizó el cálculo de Producto Bruto Geográfico (PBG) de Misiones. En 2024, Misiones participó del 2,07% del PIB nacional, un valor por encima del año 2018 cuando representaba el 1,95%, dando cuenta así de su crecimiento en el período. De acuerdo a esos datos, Misiones se posiciona como la octava economía de mayor peso en la Argentina.  

La evolución del producto provincial fue dispar, alternando altas y bajas que no siempre fueron en línea con el ciclo económico nacional: en 2019 el PBG Misiones creció 0,8% mientras que el PIB nacional caía 2,0%; en 2020, la economía misionera sufrió los impactos de la pandemia y marcó una caída del 13%, superior a la baja registrada en el país (-9,9%). Sin embargo, la recuperación misionera fue muy contundente en 2021: creció 17% cuando el país lo hizo al 10,4%. Algo similar se observó para 2022: la expansión misionera continuó con un alza del 10% de su producto cuando la Nación creció al 6%. Ya en 2023 y 2024, los efectos de la recesión y de políticas económicas nacionales pegaron más duro: en 2023 Misiones cayó 3,6% cuando el país lo hizo en -1,9% y para 2024, la provincia vio una merma de 2,6% y -1,3% para el caso nacional.

Si se compara 2024 vs. 2018, todos los sectores económicos de la provincia crecieron, aunque a diferente velocidad. El comercio fue el gran protagonista del crecimiento, con una expansión del 14,7% en el período, casi triplicando el alza general provincial. 

Los servicios financieros se ubicaron en segundo lugar con un alza del 12,5% y el Suministro de Electricidad le siguió con +9,1%. 

Otros sectores que crecieron por encima del resultado general provincial fueron los Servicios de Salud y Sociales (+8,9%), Alojamiento y comidas (8,3%), Actividades Administrativas (7,9%), Construcción (7,8%), Transporte y Almacenamiento (7,0%), Servicios Inmobiliarios (7,0%) y Agricultura y Ganadería (6,0%).

A precios corrientes, el crecimiento del PBG provincial muestra una expansión sostenida, pasando de 287.524 millones en 2018 a más de 12 billones en 2024, acompañando el proceso inflacionario y el incremento nominal de la economía. En este esquema, la participación de Misiones dentro del PIB nacional se mantiene relativamente estable, en torno al 2%, con leves variaciones anuales que oscilan entre el 1,92% y el 2,15%. Este dato refleja que, más allá de las fluctuaciones reales, la provincia conserva su peso relativo dentro del entramado productivo nacional, sin cambios estructurales significativos en su participación.

El desempeño del Producto Bruto Geográfico de Misiones en el período 2018-2024 muestra una clara divergencia respecto a otras economías del NEA, particularmente Chaco y Corrientes. Mientras Misiones logró un crecimiento acumulado de 5,9%, consolidándose como la provincia de mejor desempeño relativo en la región, Chaco registró una contracción significativa del -6,4% y Corrientes apenas logró expandirse un 0,9%. Esta diferencia evidencia no sólo una mayor capacidad de recuperación de la economía misionera tras el shock de 2020, sino también una estructura productiva más dinámica en términos relativos.

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