Las exportaciones agroindustriales de Argentina alcanzaron en el primer bimestre de 2026 un volumen récord de la última década con 18,5 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 8% respecto del mismo período de 2025, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a INDEC.
Asimismo, según los datos del la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación el valor exportado ascendió a USD 7.595 millones, el segundo mayor de los últimos diez años, y un 7% superior al 2025, con envíos a más de 105 países.
De los 54 complejos analizados (incluyen los productos primarios y sus derivados), 26 mostraron aumentos respecto del año 2025 y 12 presentaron volúmenes récords de la década. En orden, por el aporte en el volumen, son los siguientes: trigo (+92%); cebada (+32%); maní (+13%); girasol (+249%); pesca y acuicultura (+14%); forrajeras (+132%); azúcar (+43%); productos lácteos (+19%); apicultura (+60%); otras oleaginosas- lino, sésamo, jojoba, cártamo- (+209%); ovinos (+38%) y aromáticas y especias (+30%).
A su vez, 169 productos incrementaron sus exportaciones respecto del primer bimestre de 2025. Entre los más relevantes se mencionan las semillas de girasol con el 6.354%; aceite de jojoba con el 722%; harina de maíz con el 288%; porotos de soja con el 270%; porotos secos con el 242%; sésamo con el 227%; semillas con el 165%; aceite de maní con el 113%; aceite de girasol con el 99%; granos de trigo con el 94%; manteca con el 86%; lana sucia, esquilada con el 63%; miel con el 60%; dulce de leche con el 48%; madera aserrada con el 33%; entre otros.
Se destacan en el bimestre 36 productos que no fueron exportados en 2025, tales como hilados de algodón, carne caprina, damasco, otros frutos secos, peras secas, preparaciones de frutilla, poroto salvaje, semillas de cártamo, malta tostada, tocinos y grasas porcinas.
Dentro de los productos con mayor valor por tonelada exportada en 2026 se encuentran el aceite esencial de limón con USD 29.718/tn; complementos alimenticios con USD 19.688/tn; equinos con USD 16.780/tn; carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada con USD 12.338/tn; huevos sin cáscara con USD 8.678/tn; crustáceos congelados con USD 7.243/tn; cortes de carne ovina, congelada con USD 6.071/tn entre otros.
Los principales destinos fueron en orden de importancia por el volumen exportado fueron: Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Arabia Saudita, Brasil, Argelia, Perú, Chile, Malasia y Marruecos. Estos 10 destinos representaron más del 55% del total exportado.
Para acompañar la inserción internacional de la agroindustria, la Secretaría pone a disposición mapas y tableros interactivos que permiten visualizar la apertura de mercados desde 2024, el posicionamiento global de los productos argentinos y la evolución de las exportaciones por complejo y destino.
La licitación de la Hidrovía entró en una fase decisiva y el Gobierno busca cerrar uno de los contratos más sensibles de la economía exportadora antes de que el calendario político vuelva a alterar el tablero. Con evaluación en curso de los sobres técnicos y la expectativa de definir al nuevo operador entre fines de mayo y junio, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, defendió el proceso, rechazó las acusaciones de direccionamiento y dejó una frase que expone la dimensión política de la compulsa: “Hay que licitar la Hidrovía; si llegara el peronismo nuevamente, sería difícil que vuelva al sector privado”.
La definición excede una discusión administrativa. La vía navegable por la que circulan en promedio 4500 buques al año determina buena parte de los costos logísticos de la Argentina exportadora, y su concesión aparece hoy en la intersección entre infraestructura, comercio exterior y correlación de fuerzas. El oficialismo no solo intenta adjudicar un negocio millonario; también busca blindar un esquema de gestión antes de que cambie la relación política de poder.
Un contrato que define tarifas, inversión y control sobre una infraestructura crítica
El pliego prevé que el futuro concesionario absorba una deuda de US$80 millones generada tras la reestatización bajo el gobierno de Alberto Fernández, de la cual todavía restan US$35 millones por pagar. Ese pasivo será tomado por quien gane una licitación que obliga, además, a invertir US$425 millones en los primeros seis años de la concesión.
La magnitud del contrato explica la tensión. Según la proyección oficial, en los 25 años de concesión, con posibilidad de extenderla por cinco más, la inversión total rondará los US$10.000 millones entre bienes de capital y gastos operativos. A cambio, el operador recuperará su apuesta a través del peaje, dentro de un esquema de bandas tarifarias que, según el Gobierno, permitiría un retorno del 12% para la tarifa máxima y del 6% para la mínima.
No se trata solo de mantener el canal. El punto estratégico está en la profundización y el ensanche para que los barcos salgan con más carga. Arreseygor fue directo: hoy los buques están saliendo con alrededor del 70% de la carga, y el objetivo es que al menos los Panamax puedan operar completos. En términos económicos, esa diferencia impacta de lleno sobre la competitividad exportadora.
La pelea real está en el sobre técnico, no en la retórica
El funcionario negó que el pliego haya sido diseñado para favorecer a una empresa en particular. Admitió que existen cuestionamientos, algunos “racionales” y otros “incomprobables”, pero insistió en que la decisión no se definirá por antecedentes formales sino por el plan de trabajo, que explicó como el núcleo del sobre dos y al que atribuyó entre el 80% y el 90% del peso de la evaluación.
Esa precisión no es menor. El Gobierno intenta mostrar que la discusión no se resolverá por historia empresaria, sino por capacidad operativa concreta: dónde se descargará el sedimento, qué maquinaria se utilizará, cómo se responderá ante una bajante extraordinaria y qué cronograma de obras puede garantizarse. Es, en el fondo, una manera de correrse de la sospecha de favoritismo y llevar la disputa al terreno técnico, aunque la política siga empujando desde abajo.
De los tres oferentes iniciales, según el texto base, quedarían dos en carrera: Jan De Nul y DEME, ambas compañías belgas. La competencia, sin embargo, no es solo comercial. La Hidrovía concentra una puja global por una infraestructura crítica donde confluyen intereses privados, trazado logístico y capacidad estatal de control.
Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación
El Estado quiere concesionar, pero sin perder la botonera
Arreseygor defendió una condición central del pliego: que los equipos sean propios y no alquilados. El argumento es político además de operativo. Si el privado falla, el Estado debe intervenir sobre una infraestructura que no puede detenerse. “Al río hay que dragarlo todos los días o no salen los barcos”, resumió.
Ahí aparece una tensión clásica del modelo libertario: el Gobierno quiere un concesionario fuerte, pero no uno que condicione al Estado por falta de alternativas. Por eso también justificó la exclusión de la empresa china de dragado, una de las más importantes del mundo, con una razón geopolítica explícita: evitar que un Estado soberano controle un recurso estratégico. La decisión no cuestiona capacidad técnica, sino que busca preservar margen de maniobra nacional en un escenario internacional que el propio funcionario describió como complejo.
La misma lógica explica la negativa a dividir la operación en tres tramos. Según Arreseygor, hacerlo podía facilitar una cartelización y garantizarle a cada actor una zona de negocio. En vez de fragmentar, el Gobierno eligió concentrar la concesión y elevar las exigencias de entrada.
Naciones Unidas, tarifas y el intento de darle blindaje externo al proceso
Otro de los puntos que el funcionario puso sobre la mesa fue el rol de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Frente a la desconfianza que suele rodear los grandes contratos públicos en la Argentina, el Gobierno intenta mostrar que el pliego no quedó solo bajo diseño doméstico. Según explicó, la elección de ese organismo respondió a que su foco estuvo en defensa de la competencia y costos comparados, y no en la lógica de un acreedor que audita para justificar financiamiento.
También por recomendación de Naciones Unidas, el pliego incluyó una tarifa mínima de peaje. La preocupación era evitar una oferta temeraria que, por debajo de costos, terminara haciendo caer el contrato. Es una cláusula que habla menos de precios que de sustentabilidad política y financiera: el oficialismo no quiere repetir una experiencia que derive en conflicto, incumplimiento o judicialización temprana.
A eso se suma una revisión de tarifas cada cinco años. Si el tráfico sube, el peaje debería bajar. Si ocurre una variación abrupta en sentido contrario, podría aumentar. El supuesto oficial, de todos modos, es que el tránsito crecerá.
La herencia, la deuda y el mensaje contra una eventual reversión
El centro político de la entrevista estuvo en la comparación entre la privatización de 1995, la reestatización bajo Alberto Fernández y el nuevo intento de concesión. Arreseygor sostuvo que durante la revisión de números no detectaron irregularidades denunciables, aunque sí “negligencia” por no trasladar a tarifa costos extraordinarios generados por situaciones climáticas, lo que habría contribuido a la deuda actual.
La lectura de poder que propone el funcionario es nítida: la licitación no solo busca mejorar el funcionamiento del sistema, sino evitar una nueva reversión estatal. Cuando afirma que un eventual regreso del peronismo dificultaría que la Hidrovía siga en manos privadas, lo que hace es convertir un expediente técnico en una pieza de estrategia institucional. El Gobierno necesita adjudicar rápido para consolidar un hecho consumado.
Ese mensaje también dialoga con los exportadores, con los potenciales concesionarios y con los actores del sistema político. Les dice que la administración actual está dispuesta a cerrar el contrato, aun en un clima de sospecha, porque considera que dejarlo abierto sería exponerlo a una futura reconfiguración del modelo.
Una licitación bajo auditoría pública y privada
La Hidrovía arrastra, además, el peso de la desconfianza estructural argentina frente a los contratos públicos de gran escala. Arreseygor no la esquivó. Dijo que entiende esas dudas y que quiere ser auditado. Esa necesidad de exhibir controles funciona como reconocimiento implícito del problema: en negocios de esta magnitud, la legitimidad del proceso vale casi tanto como la adjudicación misma.
En paralelo, el funcionario dejó otra señal de realismo. Admitió que le hubiera gustado una mayor participación, en especial de empresas holandesas, pero señaló que decidieron no desinvertir en otros mercados para competir. Es decir, el universo de jugadores sigue siendo acotado y eso condiciona cualquier diseño licitatorio.
El río entra en tiempo político
La definición del nuevo operador debería llegar entre mayo y junio, pero lo que está en juego no termina ahí. En las próximas semanas habrá que mirar cuántos competidores superan la evaluación técnica, cómo se resuelven las objeciones al pliego y hasta dónde el Gobierno logra sostener la idea de una licitación competitiva en un negocio dominado por pocos actores globales.
También quedará por ver si el oficialismo consigue instalar que esta concesión es un paso de modernización logística o si la discusión deriva otra vez en una pelea sobre control estatal, tarifas y soberanía sobre una vía estratégica. La Hidrovía, al final, no es solo un canal por donde salen barcos. Es una caja de resonancia del modelo económico que cada gobierno quiere dejar atado antes de que cambie el viento político.
Envejeció muy rápido y muy mal el tuiter de Federico Sturzenegger jactándose de los 400 mil empleos creados durante la presidencia de Javier Milei. En realidad, está sucediendo lo contrario. Hay 156.000 desocupados más que en el último trimestre de 2024 y 271 mil más que en el último periodo del gobierno de Alberto Fernández. La desocupación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, trepó a 7,5% en el cuarto trimestre del año pasado, la tasa más alta para el último cuarto de un año desde 2020, en plena pandemia, superando en un punto porcentual el registro del cuarto trimestre de 2024 (6,4%) y en casi dos puntos la desocupación del cuarto trimestre de 2023 (5,7%). Son casi 1.700.000 desocupados, 420.000 más que en 2023 y 7.190.000 personas demandantes de empleo, 960.000 más que en 2023.
Sufrirá la misma suerte la justificación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien atribuyó el fracaso en la contención de la inflación al “daño psicológico” profundo que la sociedad arrastra desde gestiones anteriores. Según Caputo, la economía se encuentra “tremendamente en orden” y el problema radica en el obstinado escepticismo de la sociedad.
Lo cierto es que la confianza en el rumbo se derrumba al mismo tiempo que crece descontento por la criptoestafa $Libra y los vuelos VIP de Manuel Adorni, el vocero que no puede explicar sus gastos exorbitantes.
La consultora Zuban Córdoba y Asociados había cifrado en su último trabajo la desaprobación de Milei en 58,7% -en alza- contra un aval de 35,4% -en baja-. Tres Punto Cero, dirigida por Shila Vilker señala que “el gobierno tiene 37, 38 puntos de aprobación, contra 59 y 60 de rechazo, después de dos años y medio de ajuste”. El 59 por ciento dice haber llegado al límite de la paciencia ante el deterioro de ingresos y constante aumento de los precios que contrasta con la promocionada economía “tremendamente en orden”.
El modelo únicamente es celebrado por aplaudidores sin anclaje territorial, como el diputado nacional Diego Hartfield. Los libertarios convencidos optan por mirar para otro lado mientras las consecuencias de las políticas económicas se evidencian en las economías regionales y el bolsillo cada vez más agobiado de buena parte de la sociedad.
El deterioro económico se expande a todo el territorio. Así el vino como la yerba mate o el sector forestal que atraviesa una de sus crisis más agudas: un aserradero en Gobernador Virasoro comenzó a pagar sueldos en vales. La situación del aserradero Asecor, que pertenece a Mercedes Omeñuka, presidenta de la Federación Argentina Industria Maderera y Afines, es un síntoma de la economía real. Las pymes padecen por el aumento de los costos, ventas mínimas y nula rentabilidad.
La yerba mate atraviesa un escenario similar. Las exportaciones son récord, pero la industria apenas celebra esos datos y cruje por escasos márgenes de ganancia.
Misiones cerró el primer bimestre del año con exportaciones por USD 72,6 millones, siendo así el mejor primer bimestre desde que se mide este indicador mensualmente, en 2002. De ese modo, superó el récord anterior, que correspondía a 2011, con USD 71,2 millones exportados. Además, respecto de 2025, las ventas al exterior misioneras crecieron 4,6%.
La provincia llegó a este resultado tras un muy buen enero, con exportaciones por USD 34,6 millones y un crecimiento interanual de 16,3%; y un febrero que, si bien mostró una caída contra igual mes de 2024 de 4,1%, igualmente registró un buen volumen con USD 38,0 millones.
El 54% de las exportaciones misioneras del primer bimestre del año, medidas en dólares, correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), por un total de USD 38,9 millones, con un retroceso de 1,9% interanual. A su vez, el 37% de las ventas al exterior fueron de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que totalizaron USD 27,1 millones, con un alza de 9,1%. El 9% restante correspondió a Productos Primarios (PP), por USD 6,6 millones, con una suba interanual de 34,1%.
La cosecha gruesa de la yerba mate comenzará con precios más bajos que hace dos años para la materia prima. La Cooperativa Flor de Jardín, de Jardín América, puso sobre la mesa una grilla de precios que refleja la dispersión actual del mercado: ofrece $240 por kilo de hoja verde con pago a 120 días, una alternativa mixta de $230 (con $100 al contado y el saldo diferido a 120 días) y un valor de $210 totalmente al contado. La propuesta, además, contempla descuentos adicionales -como costos de cosecha y eventuales penalizaciones por falta de certificaciones-, lo que en la práctica reduce aún más el ingreso efectivo del productor y profundiza las dificultades para alcanzar un precio de equilibrio en la cadena.
Esos valores no logran conformar a nadie. “Esos 240 pesos nos quedan caros a la industria para pagar y al productor tampoco le sirve. Es malo para toda la cadena”, sintetizó el dueño de una de las principales yerbateras.
El contraste con años recientes evidencia un deterioro progresivo. En abril de 2024, en el primer ciclo sin precio sostén del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tras la desregulación que impuso Milei, el mercado operó con referencias de entre $290 y $370 por kilo, aunque con fuerte tensión frente a productores que reclamaban cifras mucho más altas. En 2025, los valores se estabilizaron en torno a los $300, muy lejos de las expectativas del sector primario. En comparación con 2024, los valores ofrecidos ahora son 35 por ciento más bajos, mientras que la inflación fue de 270 por ciento desde que asumió Milei.
Ahora, en 2026, no solo hay una baja nominal de precios -que en términos reales es aún más profunda- sino también una novedad más preocupante: parte de la industria directamente decide no comprar. Consecuencia directa de la desregulación del mercado que no encuentra punto de equilibrio y tiene efectos en toda la cadena, con menos dinero circulante y recursos en los pueblos.
Solo el Gobierno provincial y algunas entidades productivas elevan la voz de alarma. En la oposición, los aliados del Gobierno nacional hacen silencio o describen la situación en redes sociales (donde, se sabe, se hallan todas las soluciones), como el radical Ariel Pianesi, quien ayer nomás militaba la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los que prometía desregulación para el mercado yerbatero.
La pérdida de rentabilidad y la caída de los recursos impactan en la realidad cotidiana de Misiones. La Provincia está obligada a hacer malabares con la falta de recursos e intensifica el plan de ajuste y reordenamiento del Estado.
El gobernador Hugo Passalacqua anunció esta semana un acuerdo con el Banco Macro para refinanciar las deudas de los estatales y jubilados, agobiados por tasas financieras y deudas que consumen buena parte de los ingresos. La refinanciación se hará con un promedio de siete puntos por debajo de la tasa habitual de préstamos. Hoy sería una tasa bonificada al 50 por ciento anual , aunque dependerá del día de la operación. El dato es que el Estado no pone recursos, sino que sumó ingeniería financiera en conjunto con el Banco Macro.
Misiones tiene relativo margen de maniobra por las cuentas en orden y un plan de contención de gastos que se seguirá profundizando. Políticas anticíclicas como el Ahora Pan, lanzado en 2018, están más vigentes que nunca, con precios congelados y planes similares lanzados en otras provincias, como hizo ahora el gobernador vecino, Juan Pablo Valdés, con el programa bautizado “Sostiene Corrientes”. Se trata de una asistencia financiera de hasta $130.000 millones, financiada por el Banco de Corrientes, que busca aliviar las deudas de 89 mil familias y empresas locales ante el complejo contexto económico nacional. La elección del nombre describe el estado de situación. Se sostiene lo que está a punto de caerse.
Los datos muestran que Misiones, a diferencia de lo que vociferan algunos sectores políticos internos, tiene mayor solidez que los vecinos. La economía misionera se expandió 5,9% entre 2018 y 2024, un crecimiento que fue superior al mostrado por el país en igual período (+0,1%), según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, que actualizó el cálculo de Producto Bruto Geográfico (PBG) de Misiones. En 2024, Misiones participó del 2,07% del PIB nacional, un valor por encima del año 2018 cuando representaba el 1,95%, dando cuenta así de su crecimiento en el período. De acuerdo a esos datos, Misiones se posiciona como la octava economía de mayor peso en la Argentina.
La evolución del producto provincial fue dispar, alternando altas y bajas que no siempre fueron en línea con el ciclo económico nacional: en 2019 el PBG Misiones creció 0,8% mientras que el PIB nacional caía 2,0%; en 2020, la economía misionera sufrió los impactos de la pandemia y marcó una caída del 13%, superior a la baja registrada en el país (-9,9%). Sin embargo, la recuperación misionera fue muy contundente en 2021: creció 17% cuando el país lo hizo al 10,4%. Algo similar se observó para 2022: la expansión misionera continuó con un alza del 10% de su producto cuando la Nación creció al 6%. Ya en 2023 y 2024, los efectos de la recesión y de políticas económicas nacionales pegaron más duro: en 2023 Misiones cayó 3,6% cuando el país lo hizo en -1,9% y para 2024, la provincia vio una merma de 2,6% y -1,3% para el caso nacional.
Si se compara 2024 vs. 2018, todos los sectores económicos de la provincia crecieron, aunque a diferente velocidad. El comercio fue el gran protagonista del crecimiento, con una expansión del 14,7% en el período, casi triplicando el alza general provincial.
Los servicios financieros se ubicaron en segundo lugar con un alza del 12,5% y el Suministro de Electricidad le siguió con +9,1%.
Otros sectores que crecieron por encima del resultado general provincial fueron los Servicios de Salud y Sociales (+8,9%), Alojamiento y comidas (8,3%), Actividades Administrativas (7,9%), Construcción (7,8%), Transporte y Almacenamiento (7,0%), Servicios Inmobiliarios (7,0%) y Agricultura y Ganadería (6,0%).
A precios corrientes, el crecimiento del PBG provincial muestra una expansión sostenida, pasando de 287.524 millones en 2018 a más de 12 billones en 2024, acompañando el proceso inflacionario y el incremento nominal de la economía. En este esquema, la participación de Misiones dentro del PIB nacional se mantiene relativamente estable, en torno al 2%, con leves variaciones anuales que oscilan entre el 1,92% y el 2,15%. Este dato refleja que, más allá de las fluctuaciones reales, la provincia conserva su peso relativo dentro del entramado productivo nacional, sin cambios estructurales significativos en su participación.
El desempeño del Producto Bruto Geográfico de Misiones en el período 2018-2024 muestra una clara divergencia respecto a otras economías del NEA, particularmente Chaco y Corrientes. Mientras Misiones logró un crecimiento acumulado de 5,9%, consolidándose como la provincia de mejor desempeño relativo en la región, Chaco registró una contracción significativa del -6,4% y Corrientes apenas logró expandirse un 0,9%. Esta diferencia evidencia no sólo una mayor capacidad de recuperación de la economía misionera tras el shock de 2020, sino también una estructura productiva más dinámica en términos relativos.
Escribe Mario Osava / IPS Noticias – Brasil es un caso singular de desarrollo agrícola acelerado, multiplicó casi por nueve su producción de granos en 50 años, se presenta como un modelo de agricultura tropical, pero tiene vulnerabilidades acentuadas por las guerras y, más existencial y permanente, por la crisis climática.
De 39,4 millones de toneladas de cereales, leguminosas y oleaginosas en 1975, la cosecha anual saltó para 346,1 millones de toneladas en 2025, según datos del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge).
De importador de cerca de 30 % de los alimentos que consumía, el país se convirtió en gran exportador, con un superávit de 149 000 millones de dólares en el sector agrícola. Las importaciones se limitaron a 20 000 millones de dólares, registró el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En ese período de cinco décadas, la población brasileña se duplicó, de 107 millones de habitantes a 213 millones, según el mismo Ibge. En 1975 aún era mayoritariamente rural, con 52 %. El censo de 2022 apuntó que 87 % de los brasileños viven en ciudades.
Es decir, el salto en la producción agrícola ocurrió en un período de intenso éxodo rural, con la rápida urbanización de la población brasileña.
La investigación científica que permitió al país incorporar a la agricultura extensas tierras del Cerrado, la sabana brasileña, antes consideradas inadecuadas, suele ser apuntada como un factor decisivo de la transformación de Brasil en uno de los graneros del mundo.
¿Razones financieras detrás del bum?
“Hay varias explicaciones, pero quizás una de las más importantes sean las restricciones de recursos externos para importar alimentos. Brasil era muy dependiente de alimentos importados, y eso se agravó por la crisis de los años 80”, evaluó Jorge Arbache, profesor de economía de la Universidad de Brasilia.
Los países latinoamericanos y muchos otros en desarrollo sufrieron en aquella “década perdida” una empobrecedora crisis de la deuda externa que forzó a duros ajustes económicos.
Brasil vivió entonces un recrudecimiento de la hiperinflación, que alcanzó 235 % en 1985, y el inicio de un proceso de desindustrialización. El sector manufacturero pasó a perder participación en el producto interno bruto (PIB), al contrario de la agricultura.
Para ello contribuyó, de forma decisiva en la mirada agronómica, un gran esfuerzo en investigación y desarrollo volcado al sector agrícola. La estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), creada en 1975, tuvo un rol principal, pero otras instituciones especializadas también fueron relevantes.
“Eso resultó en un plan sofisticado de cultivos en el Cerrado”, recordó Arbache, en referencia al bioma que conforma la sabana más biodiversa del mundo.
El maíz y el algodón también tuvieron saltos de producción en las dos últimas décadas, impulsados por la soja, la locomotora cultivada entre noviembre y marzo. Enseguida se siembra algodón o maíz en la misma tierra. Con dos o tres cosechas al año, la agricultura tropical es naturalmente competitiva. Imagen: Mario Osava / IPS
La decisiva soja
La adaptación de la soja al suelo ácido y al clima del Cerrado, que ocupa dos millones de kilómetros cuadrados en el centro de Brasil, fue determinante para el bum agrícola. En 2025 esa oleaginosa, y también leguminosa, representó 48 % de la producción total de granos en Brasil, o sea 166,1 millones de toneladas.
Hace 50 años era un cultivo marginal restringido al extremo sur del país. Hoy Mato Grosso, un estado de la región del Centro-oeste en su mayor parte ocupado por el Cerrado y parte por la Amazonia, concentra 30,4 % de la cosecha nacional de soja.
“La gran capacidad de adaptación de la soja a suelos y clima distintos favoreció esa expansión. La Embrapa y otros centros de investigación lograron seleccionar variedades de producción espectacular en el Centro-Oeste”, explicó Jean Marc von der Weid, economista agrícola con maestría en la francesa Universidad París I Panthéon Sorbone.
Pero más importante fue la inversión en recursos humanos y en la extensión rural, a través de una red que llevó el conocimiento a los agricultores, opinó Arbache a IPS en una entrevista desde Brasilia.
Además, la soja impulsó la siembra de maíz y algodón, de los que Mato Groso se convirtió en el mayor productor nacional en años recientes. Ello porque que esos dos cultivos componen la segunda cosecha anual en las mismas áreas, una ventaja de la agricultura tropical.
“No conozco otro caso (de desarrollo agrícola) comparable al de Brasil. Si hay proyectos específicos y controlados, casi experimentales, de siembras en zonas áridas, pero nada relevante en ninguna mirada global”, acotó Arbache
Una vulnerabilidad fue que la concentración de granos en la frontera agrícola centro-occidental generó una fuerte demanda logística.
Pequeña porción de un bosque amazónico incendiado. Cada árbol talado o quemado en la Amazonia representa miles de litros de agua a menos cada día en los llamados ríos voladores, que llevan lluvias a la agricultura más productiva de Brasil, hacía el sur. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Bum sostenible pese a las vulnerabilidades?
Hay además otras neurálgicas vulnerabilidades.
“Nuestra agricultura es demasiado dependiente de insumos importados, tecnologías, fertilizantes, agroquímicos variados, servicios digitales, y buena parte del comercio es dominado por empresas internacionales”, señaló el profesor de economía Arbache.
“El valor agregado local es relativamente bajo. El sector tiene un talón de Aquiles. Una crisis internacional, como la que ocurre actualmente, puede poner nuestra agricultura de rodillas, a causa de un modelo de negocios muy vulnerable”, acotó.
Se refiere a la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, desde febrero de 2022, y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, que afectan el suministro de dos insumos indispensables: fertilizantes y diésel.
Brasil importa cerca de 85 % de los fertilizantes que consume. Rusia, principalmente, y países del Medio Oriente como Arabia Saudí y Qatar son sus proveedores y, por lo tanto, fuentes de inseguridad, como las guerras en Ucrania y contra Irán evidencian.
Pero, sin duda, la mayor vulnerabilidad es la climática, dijo a IPS, en su residencia en Río de Janeiro, von der Weid, fundador de la organización no gubernamental AS-PTA Agricultura Familiar y Agroecología, originalmente Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, cuyas siglas mantiene.
Ferrocarriles y almacenes insuficientes encarecen la soja y otros granos de exportación brasileños. Esa infraestructura logística es de Anápolis, en el estado centro-oriental de Goiás, donde se conectan dos ferrocarriles. Imagen: Mario Osava / IPS
¿Camina la bonanza de monocultivos hacia la insolvencia?
Las olas de calor redujeron la producción de café y cacao en todo el mundo y hacen mucho daño a la soja y el maíz, los cultivos más voluminosos de Brasil, siendo el maíz el más vulnerable a la sequía, ejemplificó Von der Weid.
Campesinos del Corredor Seco Centroamericano se adiestran en la construcción de un estanque de piedra, una de las «tecnologías» de acopio de agua de lluvia en el Semiárido brasileño, donde estuvieron en junio de 2018, para un intercambio de conocimientos sobre cómo lidiar con las sequias. Imagen: Mario Osava / IPS
¿El Semiárido, la respuesta para el futuro?
La irregularidad climática provoca sequías y lluvias excesivas, dispersas e imprevisibles, de forma distinta en lugares incluso cercanos, se generaliza y se impone de manera similar a la que ocurre en la ecorregión del Semiárido, en el Nordeste de Brasil, donde AS-PTA más actúa desde su fundación en 1983, detalló Von der Weid.
En esa región predomina otro tipo de agricultura, la que en Brasil se denomina familiar, por involucrar poca tierra y el trabajo principalmente de las familias en la producción rural.
El Nordeste concentra 47 % de los predios de la agricultura familiar, según el censo del Ibge de 2017. Es donde más se diseminaron las prácticas agroecológicas, incluso por razones naturales, es decir las condiciones adversas, como lluvias concentradas en pocos meses, agua subterránea salobre, calor y mucha pobreza.
La mayor parte de esas cisternas, más de un millón, se destina a proveer agua potable para beber y cocinar en los hogares. Las demás, llamadas para producción, son para el riego de los huertos y para los animales.
A ello se sumaron variados programas sociales, como la Bolsa Familia, un subsidio directo a los más pobres, beneficios a los jubilados y discapacitados, y compras gubernamentales de alimentos producidos por agricultores familiares para la alimentación escolar y de las instituciones de asistencia social.
El futuro de la agricultura será agroecológico, asegura Von der Weid, una exigencia de la adaptación a los cambios climáticos, a las condiciones adversas que los campesinos ya enfrentan en el Semiárido.
“La crisis del agronegocio ya se instaló y va creciendo, pese a la pujanza que exhibe en Brasil. No se pueden ampliar indefinidamente los subsidios”, concluyó.
El Gobierno recibió un dato que, además de económico, tiene peso político: el INDEC informó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 4,4% en 2025 respecto de 2024, con un avance de 2,1% interanual en el cuarto trimestre y una suba de 0,6% frente al trimestre anterior. El número no sólo ordena el balance del año pasado. También le da al oficialismo una referencia concreta para reforzar su narrativa de recuperación, en un escenario donde cada indicador macroeconómico empieza a ser leído como señal de fortaleza o fragilidad del rumbo económico.
La cifra adquiere relevancia por el momento en que aparece. No se trata únicamente de una mejora estadística: el crecimiento anual del PIB ofrece al Gobierno una base objetiva para defender que la actividad encontró un piso y comenzó una fase de expansión. La pregunta, en términos políticos, no pasa sólo por cuánto creció la economía, sino por qué capacidad tendrá ese dato para consolidar poder, sostener expectativas y ordenar la discusión pública sobre el resultado del programa económico.
El dato del INDEC y qué muestra detrás del número general
Según informó el INDEC, el PIB aumentó 4,4% en 2025 respecto de 2024. La expansión estuvo explicada por incrementos del consumo privado, que subió 7,9%; del consumo público, que avanzó 0,2%; de las exportaciones, que crecieron 7,6%; y de la formación bruta de capital fijo, que trepó 16,4%.
No es un dato menor que la inversión haya mostrado la mayor variación. En cualquier lectura económica e institucional, la formación bruta de capital fijo funciona como una señal especialmente sensible: cuando sube con fuerza, el dato suele ser interpretado como una mejora en la disposición a ampliar capacidad, renovar equipamiento o apostar por actividad futura. En este caso, ese 16,4% se convierte en uno de los argumentos más valiosos para el Gobierno, porque le permite mostrar que la recuperación no habría quedado limitada al consumo o a un rebote transitorio, sino que también alcanzó al componente más asociado a expectativas de mediano plazo.
El consumo privado, con una suba de 7,9%, también ocupa un lugar central en la lectura política del informe. Se trata de un motor decisivo de la actividad y, al mismo tiempo, de una variable que impacta sobre la percepción social del rumbo económico. Cuando el consumo se mueve, el dato excede el plano técnico: entra de lleno en la conversación política. Algo similar ocurre con las exportaciones, que crecieron 7,6% y aportan otro elemento que el oficialismo puede mostrar como parte de un esquema de crecimiento más diversificado.
El cuarto trimestre aporta una señal de continuidad
Además del resultado anual, el informe del INDEC dejó otro dato relevante: en el cuarto trimestre de 2025, el PIB aumentó 2,1% frente al mismo período de 2024 y 0,6% respecto del trimestre anterior. Esa doble comparación importa porque permite leer no sólo la foto del año cerrado, sino también la dinámica con la que terminó 2025.
La mejora interanual muestra que la actividad se ubicó por encima del nivel del mismo tramo del año previo. La suba de 0,6% desestacionalizada frente al trimestre anterior, en cambio, funciona como una señal de continuidad en el margen. No habla de un salto abrupto, pero sí de una economía que terminó el año todavía en expansión. Para el Gobierno, ese detalle tiene valor estratégico: le permite evitar la lectura de un cierre agotado o de un rebote que perdió impulso demasiado rápido.
Un dato económico con traducción política
Los números del PIB no votan leyes ni ordenan por sí solos las alianzas, pero sí moldean el clima en el que se discute el poder. Un crecimiento de 4,4% en 2025 fortalece al Gobierno en varios planos. Primero, le ofrece un respaldo técnico para defender su gestión económica. Segundo, le mejora la posición discursiva ante la oposición, que queda condicionada a discutir no sólo costos o tensiones del programa, sino también un dato agregado de expansión. Tercero, le permite reingresar a la agenda pública con una noticia positiva, algo particularmente importante en contextos donde la política económica se mide, semana a semana, por indicadores concretos.
También hay una dimensión institucional más profunda. El PIB es una variable de referencia para múltiples decisiones públicas y privadas. Cuando el dato oficial muestra crecimiento, se reordena la discusión sobre inversión, consumo, capacidad de recuperación y sostenibilidad del esquema económico. No resuelve por sí mismo las tensiones, pero cambia el terreno sobre el que esas tensiones se disputan.
En ese marco, el dato del INDEC fortalece la posición del oficialismo en la batalla por el sentido. Le permite sostener que la economía no sólo estabilizó variables, sino que además mostró expansión en componentes clave. Y esa secuencia —inversión, consumo privado, exportaciones— tiene un peso narrativo evidente porque combina presente y expectativa.
Qué impacto puede tener en la agenda pública
Con este resultado, el Gobierno gana una pieza importante para la etapa que viene. El crecimiento de la inversión y del consumo privado puede transformarse en argumento para sostener reformas, defender decisiones económicas y buscar mayor margen político en la discusión pública. No porque el dato cierre el debate, sino porque le da al oficialismo una base estadística difícil de ignorar.
Al mismo tiempo, el informe obliga a la oposición a recalibrar su enfoque. Cuestionar la distribución, la calidad o la sustentabilidad del crecimiento puede seguir siendo parte del debate político, pero el dato oficial de expansión modifica el punto de partida. Ya no se discute frente a una economía en retroceso, sino frente a una medición que marca recuperación anual y continuidad trimestral.
Un número que fortalece, pero no clausura la discusión
El crecimiento del PIB en 2025 le da al Gobierno una señal favorable en un terreno decisivo: el de la economía real medida por el organismo estadístico oficial. El avance de 4,4%, junto con la mejora del cuarto trimestre, ordena una narrativa de recuperación que encuentra respaldo en la inversión, el consumo privado y las exportaciones.
Pero en política, incluso los buenos datos abren nuevas exigencias. A partir de ahora, la discusión no girará sólo en torno a si hubo crecimiento, sino sobre su capacidad para sostenerse, traducirse en mayor actividad y consolidar expectativas. El número ya entró en la escena. Lo que resta ver es cuánto poder efectivo puede construir el Gobierno alrededor de esa cifra en los próximos meses.
