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Según FADA los impuestos representan el 59,2% de la renta de una hectárea agrícola

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El informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) de diciembre 2020 sobre los Impuestos ¿De dónde vienen y hacia dónde van? Costos, cepo, índices provinciales. Efectos sobre la economía y las regiones

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) publicó su icónico índice trimestral en el cual miden la participación del Estado en la renta agrícola. El estudio marcó que los impuestos representan el 59,2% de la renta (ingresos menos costos) de una hectárea agrícola. “En otras palabras, de cada $100 que genera el productor, $59,2 quedan para los distintos niveles de gobierno”, explicó David Miazzo, economista jefe de FADA.

El informe realiza la medición nacional, haciendo un promedio ponderado de cultivos, y también lo analiza para cada grano. En esta medición se conoció que la participación del Estado en soja es del 64,6%, maíz 49,7%, trigo 55,2% y girasol 49%.

Precios: “El índice reconoce rindes menores que en otras campañas. El trigo se vio muy afectado por la sequía y, por las proyecciones climáticas, se espera que maíz y soja, también se vean afectados. Esto también se va a ver reflejado en la próxima medición en marzo”, comentó Miazzo.

En cuanto a precios, respecto a diciembre de 2019, el precio FOB de la soja ha mejorado un 35%, el del maíz 31% y el trigo 28%. Esto también trajo incrementos de los precios en el mercado interno.

Origen y destino de los impuestos:
“Algo que siempre se remarca en este informe es el tema del federalismo en un esquema fiscal como este, que muestra que más de la mitad de los impuestos que recauda el Estado Nacional, no se distribuye luego entre las provincias, en una actividad como la agrícola, que está presente en todo el territorio argentino”, explicó Miazzo. “Esto afecta de manera negativa al federalismo por tres cuestiones: la primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la suba de derechos de exportación”, concluyó Miazzo.

El 59,2% de participación del Estado está compuesta por impuestos de diversos orígenes y con distintos destinos. Los impuestos no coparticipables son el 61% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina. En esta categoría se encuentran principalmente los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los coparticipables entre el Estado Nacional y las provincias son el 34%. Acá se ubican principamente el impuesto a las ganancias y el IVA. Las provincias reciben parte de este 34% a través de la coparticipación y, a su vez, aplican otros impuestos. Este índice considera el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos con ciertas consideraciones metodológicas ya que en algunas provincias la actividad está exenta. Concluye en que los impuestos provinciales representan el 4,5% de los impuestos totales.

Por último, los municipios aplican sus cargas impositivas y representan el 0,5% del índice FADA promedio nacional. El componente central de estos impuestos municipales son las tasas viales.

Este indicador no incorpora el impuesto a la riqueza, que en algunos casos puede incrementar la carga tributaria sobre el productor. A modo de ejemplo, de acuerdo a la valuación fiscal vigente en la Provincia de Córdoba, campos de 800 hectáreas en Río Cuarto y campos de 550 hectáreas en Marcos Juárez alcanzan el umbral mínimo para pagar el impuesto a la riqueza. Claro que al valor fiscal de los campos hay que incorporarle maquinaria y vehículos.

Índices Provinciales
Mientras el índice FADA nacional es de 59,2%, Córdoba registra un 58,7%, Buenos Aires 60,7%, Santa Fe 58,4%, La Pampa 58,7%, Entre Ríos 62,3% y San Luis 57,1%.

Para esas mediciones se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales y los fletes. También se tiene en cuenta cuánto de cada cultivo se produce en relación al territorio cultivado de la provincia.

“Por ejemplo, en el caso de San Luis, que tiene el índice más bajo, se debe a que se produce una mayor cantidad de maíz, que es el cultivo con menos participación del Estado, no a una menor presión fiscal en sí”, explicó Miazzo.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos. La alícuota es del 1% en los casos de Buenos Aires y San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta.

Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

Cepo cambiario
El cepo cambiario es una restricción al acceso al tipo de cambio oficial, y una de las consecuencias que se desprenden de esto es el crecimiento de la brecha cambiaria: un tipo de cambio oficial de $81,02, un dólar bolsa de alrededor de $147 y un blue de $160, es decir, una brecha cercana al 100%.

“Esto genera en la economía un incentivo de las personas a adquirir y stockearse de bienes dolarizados: autos, electrónica y materiales de construcción. En el sector agropecuario genera dos efectos: por un lado, incentiva a una mayor retención y ventas con precio a fijar o sin liquidar; por otro lado, genera incentivos a stockearse de bienes dolarizados como maquinaria, fertilizantes y fitosanitarios”, comentó Miazzo.

El endurecimiento del cepo además limita la entrada de divisas e impulsa mayores importaciones. Lo mismo sucede cuando se aplica a empresas y se limita que accedan al tipo de cambio oficial para saldar deudas en dólares. Esto genera mayor riesgo en estas empresas y menores posibilidades de ingreso de dólares por créditos corporativos. “Por esto se dice que el cepo limita la pérdida de dólares de las reservas, pero también inhibe cualquier oportunidad de ingreso de dólares”, concluyó Miazzo.

Tipo de cambio y costos
En los últimos 12 meses, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 36%. En los últimos 3 meses, se incrementó un 7,9%. “Que el tipo de cambio nominal no se atrase respecto a la inflación es importante en actividades exportadoras para proteger la competitividad cambiaria, aunque en contextos de brecha cambiaria cercana al 100% estos análisis de tipo de cambio real multilateral pierden vigencia”, analizó Miazzo.

Si se analiza la estructura de costos según la moneda en la que se presentan, se ve que un 54% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados. Si consideramos en ese esquema al costo de la tierra, ese número asciende al 68%. En el caso del maíz los costos dolarizados son el 59%, si tenemos en cuenta ahí la tierra, llega al 67%.

Muchos costos en pesos también guardan relación con el dólar: por la transmisión de la devaluación a los precios y porque muchos componentes pesificados están ligados al precio del dólar. Es el caso del combustible, la labores, el valor de los camiones y maquinaria, todos insumos que varían en relación al tipo de cambio. En el último año, el valor del gasoil evolucionó por debajo de la inflación y el dólar, lo que ha colaborado a mantener con actualizaciones bajas los costos de flete y labores.

Costos
Para profundizar, se analizan los costos involucrados en una hectárea de maíz, para tomar un ejemplo. Se resaltan dos puntos: el primero, los gastos de fobbing representan entre el 10% y el 13%. El segundo unto son los fletes, donde se puede ver cómo se incrementa el costo a medida que se aleja de los puertos. En el caso del maíz, el flete representa el 17% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 17%, en San Luis el 19%, en La Pampa el 16% y en Entre Ríos el 13%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 11%.

Entre fobbing y flete suman entre el 23% y el 30% de los costos de una hectárea de maíz, sin considerar el costo de la tierra. Si se le suma la comercialización, los tres ítems suman entre el 30% y el 37%.

¿Cómo se calcula el índice FADA?
La renta es lo que vale la producción menos los costos, en otras palabras, el resultado que se obtiene al restarle los costos de producción, comercialización y transporte al valor de la producción a precios internacionales. Así, por ejemplo, si suben los costos, la renta baja y el indicador sube. Y, si bajan los precios, baja el valor de la producción, se reduce la renta y, nuevamente, aumenta el índice FADA.

La producción y costos de la hectárea se calculan utilizando los rindes, costos y distancias al puerto promedio a nivel nacional para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol y ponderándolos por la participación de estos cultivos en el área sembrada nacional. Así, se obtiene la renta, la que se distribuye en el resultado de la producción después de impuestos, la renta de la tierra y la participación del Estado.

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Carne, pan y leche: ¿Qué pagamos en nuestras compras?

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FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó su informe semestral sobre cómo se compone el precio de tres productos claves en la mesa de los argentinos: la carne, el pan y la leche. El estudio arrojó que el consumo de carne de vaca por persona sigue cayendo por tercer año consecutivo, mientras que, por otro lado, somos el quinto proveedor mundial de carne vacuna. La leche triplicó su precio, desde el campo hasta que llega a la góndola; y desde el trigo hasta que se convierte y se vende el pan, el precio se multiplicó por siete. 

CARNE

Se registró que la carne tuvo un precio promedio de $372 por kilogramo, de los cuales la cría representa el 29% ($108,08), el feedlot el 23% ($83,91), el frigorífico el 5% ($18,09), la carnicería el 14% ($53,26) y los impuestos el 29% ($108,55).

Del precio de la carne, los costos de la cadena representaron $251,50. Los impuestos sumaron $108,55 y el resultado de la cadena alcanzó los $11,83. De esos impuestos, el 76% son nacionales (impuesto a las ganancias, IVA, e impuesto a los créditos y débitos), 19% provinciales (inmobiliario rural, ingresos brutos) y 5% municipales (impuesto a la industria y comercio y tasa vial). A lo largo de la cadena, la etapa de la cría es la que más impuestos paga, seguido por el consumidor. Los mayores costos en las distintas etapas son: en el feedlot y en el frigorífico el animal, y en la carnicería la media res.

El precio de la carne, paso a paso: se pagó por el ternero un precio promedio de $141,33 el kg. de animal vivo, equivalente a $148,50 el kg. de carne al mostrador. En la siguiente etapa, el precio promedio de venta del novillo al frigorífico fue de $109,50 por kilo de animal en pie. 

Luego, el frigorífico vendió el kilo de carne al gancho a $202,72, un 13% superior respecto marzo 2020. Finalmente, la carnicería, tuvo un precio de $336,55 el kg para agosto, mientras que en marzo fue de $293,72. El IVA representa el 10,5%, por lo que el consumidor final pagó en promedio $372 el kilo de carne. 

En el año 2020, un 73% de la producción de carne vacuna fue al mercado interno. “Si tenemos en cuenta estas cantidades, consumimos 50 kg. de carne de vaca por persona al año. Este es el tercer año consecutivo que ese número viene bajando, y esto se debe, en parte, a una pérdida del poder adquisitivo de la población, que hace que prefiera consumir otras carnes como cerdo o pollo”, explica Ariño. De todos modos, Argentina se encuentra entre los países con mayor consumo de carne por persona del mundo, donde la carne vacuna se complementa con cerdo y pollo. “Si nos vamos al mercado externo, vemos que Argentina se ubica dentro de los cinco principales proveedores de carne vacuna mundiales, superado solo por Brasil, India, Australia y Estados Unidos”, afirma la especialista.  

PAN

FADA registró que el consumidor paga un promedio de $107,50 por kilo de pan francés. En ese precio, el trigo representa el 12% ($13,27), el molino el 6% ($6,27), la panadería el 57% ($61,20) y los impuestos el 25% ($26,80).

Al analizar el precio del pan según qué lo compone, se detecta que el 60% son costos ($64,40), 25% impuestos ($26,80) y 15% ganancias ($16,30). De esos impuestos, el 78% son nacionales, 19% provinciales y 3% municipales.

“Traduciendo de otro modo, de 1 kg de pan, 600 grs representan los costos de producirlo, 250 grs impuestos y 150 grs ganancias de toda la cadena. En seis meses, aumentó la participación de los costos y se redujo la de impuestos y ganancia global”, explica Ariño.

El precio del pan, paso a paso: al realizar este informe, el productor vendió el trigo a $15,50 el kilo, aplicada la conversión a “kg de pan” equivale a $15,72. El molino lo compra a ese precio e incluye sus propios costos ($5,23), impuestos ($1,28) y el margen neto ($1,04), y llega al comercio en $23,27. El eslabón de la panadería es donde se produce el mayor salto de la cadena al incorporar sus costos ($47,67), los que componen casi la mitad del precio del pan. Si a los costos de la panadería, se suman los impuestos que paga ($12,83) y lo que se obtiene por la actividad ($13,52), se llega a un precio del kilo de pan a la salida de la panadería de $97,29Se suma el IVA ($10,22) y finalmente el consumidor pagó en promedio $107,50 el kilo de pan. 

“Ese salto que se da en la panadería tiene una explicación, afirma David Miazzo, economista jefe de FADA, y es que en este eslabón se combinan dos procesos: producción y comercialización. Tiene un uso intensivo de mano de obra, costos de servicios y costos de alquiler. Adicionalmente, las escalas de producción lo largo de las cadenas son distintas, mientras el trigo y harina se realizan a gran escala, en la panadería es menor, por lo que los costos unitarios son mayores.  A su vez, es la etapa que más costos presenta. De hecho, el costo del personal en la panadería representa el 36% de sus costos totales. 

Al estudiar el caso de la pasta seca, este informe registra que el comprador adquiere el kilo de fideos secos a $117,50. De ese monto final, el trigo representa el 13%, los impuestos al trigo el 2,4% y el 84,5% restante está compuesto por costos, impuestos y ganancias del molino y panadería.

Leche

La leche entera en sachet, tuvo un precio promedio de $60. De ese monto, el tambo representa el 30% ($18,33), la industria el 39% ($23,63), el comercio el 19% ($11,17) y los impuestos el 12%. ($7).

Del precio final pagado por el consumidor, el 87,5% son costos, el 11,6% impuestos y 0,9% son ganancias de la cadena. “Esto quiere decir que por cada sachet que compramos, estamos pagando $52,60 de costos, $7 de impuestos y $0,50 de ganancia en toda la cadena”, analiza Ariño. De esos impuestos, el 45% son nacionales, el 43% provinciales y el restante 12% son municipales. Respecto febrero de 2019, cuando no estaba la compensación por el IVA a supermercados, Nación representaba el 78% de los impuestos, mientras que el 22% restante se distribuía en los otros niveles de gobierno.

El precio de la leche, paso a paso: el productor del tambo recibió $18,65 por litro de leche. La industria la adquiere a ese precio y suma $19,73 de costos y $3,16 de impuestos por litro. Con un resultado de $3,90, el precio del sachet sale de la planta a $45,44. El comercio la compra y suma $12,63 de costos de estructura, transporte y costos laborales, paga impuesto por $3,51 y obtiene una pérdida de -$1,45. La leche perdió frente a la inflación y el dólar. En los últimos seis meses, la leche cruda aumentó un 5%, la inflación 14% y el tipo cambio 19%.

El tambo y el comercio registran pérdidas de -$1,94 y -$1,45 respectivamente, luego de varios meses de precio de la leche planchado mientras los costos vienen creciendo. “Una aclaración importante es que, si bien el comercio pierde con cada sachet vendido, este es un “producto gancho”, y luego se compensa con otros lácteos de mayor valor esa pérdida”, aclara Miazzo.

El resultado negativo en el tambo se dio en un contexto complicado para este sector, ante la falta de oferta de pastos, aumento del precio de los granos y el heno, que aumentaron los costos con un bajo precio de la leche. En dólares, el tambero recibió US$ 0,25, mientras que en la medición anterior eran US$ 0,29. “En febrero el productor podía comprar 1,9 kg de maíz por cada litro de leche que vendía, en agosto esa relación cayó a 1,8 y en septiembre continúo cayendo a 1,54 kg. Por litro de leche”, describe Ariño.

Desde el 2019 la cadena se vio afectada por la caída del consumo de algunos productos, esto se agravó en el medio de la pandemia, y se espera que continúe la tendencia durante la pospandemia, producto de la caída del poder adquisitivo de la población, sumado a una actividad económica deprimida y un contexto en el que aumentó el desempleo y la pobreza, impactando en los volúmenes de venta al mercado interno, principalmente de aquellos productos de mayor valor”, explica Miazzo. Sin embargo, advierten los especialistas de FADA, la actividad exportadora es una alternativa que contribuye positivamente a los resultados de la industria que acceda al mercado externo.

¿Qué es el Indicador de Precios?

David Miazzo explica que “El Indicador de precios” de FADA es un seguimiento de tres cadenas: carne, pan, leche. Rastrea cómo se conforman los precios a medida que pasan por los distintos eslabones, en el recorrido que va desde el campo hasta llegar al consumidor. El estudio tiene por objetivo macro contribuir a la transparencia y a reducir la desinformación, para obtener la mejor foto posible de por qué los alimentos valen lo que valen, y así poder identificar dónde pueden estar los principales problemas de cada cadena.

El informe se publica con un rezago de dos meses por el tiempo que se requiere para recabar la información de las distintas fuentes, pero a la vez se utilizan herramientas de actualización de dichos datos. Para poder construir estos datos, FADA cuenta con la colaboración de productores de trigo, ganaderos y tamberos, así como feedlots, frigoríficos, industrias lácteas, molinos harineros, supermercados, carnicerías y panaderías. Además de estas fuentes primarias, se basa en informes y estadísticas publicadas por INDEC, IPCVA, CNV, Revista Márgenes Agropecuarios, Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne, Cámara Argentina de Feedlot, Precios Claros, Rosgan, Asociación de Supermercados Unidos y Subsecretaría de Lechería de Agroindustria.

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Según un informe el 60% de la renta agropecuaria se la queda el Estado

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De acuerdo a un informe privado correspondiente a marzo, el resultado se mantiene estable desde la última medición. La mayor presión es sobre el girasol, que se acerca al 70%. Buenos Aires y La Pampa, por encima del promedio.
Más de $6 de cada $10 de renta generados por los principales cultivos del país se los queda el Estado en sus distintos estratos. Así lo confirma un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que estimó en un 60,6% la participación tributaria por hectárea en las ganancias, de acuerdo a la medición de marzo.
La presión impositiva avanzó 0,5 puntos desde la última medición, en diciembre. Sin embargo, desde FADA consideraron “estable” la situación, a pesar de que se produjeron desde entonces algunos factores que “impulsaban el indicador hacia arriba”.
Según el reporte que se conoció este miércoles, la mayor carga la sufre el girasol, ya que de cada $100 de renta producidos el 67,8% se desvía a través de distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales. En orden, siguen la soja (65,8%), el trigo (53,5%) y el maíz (52,3%).
Para FADA, el resultado de marzo muestra una “llamativa estabilidad” respecto a diciembre si se tienen en cuenta que “algunas variables estaban impulsando el indicador hacia arriba”.
Se refiere a la caída de los precios de la soja y el maíz, que “reduce la rentabilidad y ante una “torta” más chica, la participación del Estado crece en términos relativos”; un aumento de los costos, como consecuencia de la devaluación de 2018 (se esperaban aumentos en fletes y labores); y la actualización de tasas viales municipales y los inmobiliarios rurales.
No obstante, los efectos de esos factores fueron paliados por “2 variables que jugaron a favor”: la cosecha récord (con subas estimadas en cerca del 40%) y la devaluación, que “colabora a que los incrementos de costos en pesos no impacten de lleno sobre la rentabilidad de los cultivos”, dice el informe.
El documento también separa la presión tributaria por provincias. Mientras el índice FADA nacional es de 60,6%, Córdoba registra un 59,3%, Buenos Aires 63,2%,Santa Fe 60,4%, La Pampa 62,2%, y San Luis 58,1%.
Si bien la apropiación de parte de la renta agrícola por parte del Estado subió 0,1 puntos en marzo respecto a diciembre, el resultado aún se encuentra lejos del pico de lo que va del gobierno de Mauricio Macri, que fue del 74,7% en junio de 2017. Aunque también es un rebote importante desde el piso del 55,8% del mismo mes del año siguiente.
Así y todo, el promedio de lo que va de gestión de Cambiemos no llega ni por asomo al récord que se marcó durante el gobierno de Cristina Fernández: en septiembre de 2015, a 2 meses de terminar el mandato, la presión tributaria sobre el agro trepó al 94,1%, de acuerdo al informe de FADA.

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Agrimensores de provincias argentinas discuten en Misiones los desafíos de la profesión

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Durante dos días, profesionales de la agrimensura de todo el país participarán de la primera reunión anual de la “Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Agrimensores” (FADA). El encuentro se desarrolla en el Parlamento Misionero. Esta tarde, en la plaza 9 de Julio de Posadas, concretarán diferentes actividades abiertas al público.
La apertura fue encabezada por el vicegobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, Lucas Zanella Kohli; el presidente del Colegio Profesional de Agrimensura de Misiones, Ernesto Errecar; la diputada provincial, Natalia Rodríguez; el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNaM, Jorge Luis López; y el intendente de Posadas, Joaquín Losada. Acompañaron referentes de Tucumán, La Pampa, Chubut, Buenos Aires, San Juan, Neuquén, Corrientes, Chaco, Mendoza, San Fe, Santa Cruz, Córdoba, Salta y Tierra del Fuego; así como autoridades y funcionarios de los tres Poderes del Estado y del ámbito académico.
El vicegobernador Herrera Ahuad manifestó, en la oportunidad, la importancia de hacer visible este tipo de discusiones “necesarias para exponer las necesidades estructurales y que requieren del compromiso de la política para la definición de acciones”.
Por esto, resaltó el indispensable trabajo conjunto entre “los cuerpos colegiados, los funcionarios de diferentes áreas y los espacios de formación” en la constitución de “una política activa de ordenamiento territorial, de viviendas, terrenos, en definitiva de los lugares donde la gente pueda vivir”.
De lo contrario, expuso, “seguirá habiendo gente intrusando, con un Estado yendo sobre las consecuencias”. “El documento nacional de identidad, la historia clínica y el título de propiedad son elementos del mismo nivel y una cuestión de derechos”, dijo.
Por último, expresó el “desarrollo inexorable de la provincia de Misiones en materia tecnológica” por lo cual manifestó la voluntad “de pasar de sistemas analógicos a digitales”, en relación a la agilización del trámite para obtener títulos de propiedad.
A su turno, el presidente de la Federación Argentina de Agrimensores explicó que se definió a Misiones como sede para esta primera reunión “en mérito al esfuerzo que realiza la provincia”.
El desafío, consideró, “es poner en marcha la Ley 26209 y para esto se requiere de una transformación interna, que Misiones está haciendo”.
Más adelante, el referente provincial Ernesto Errecar agradeció a la Legislatura por facilitar el espacio de encuentro y subrayó el trabajo interactivo y de consulta permanente para alcanzar el “reordenamiento territorial que acompañe el crecimiento de la provincia”.
También dio a conocer la situación y el estado del trámite iniciado para que en Misiones se pueda dictar la carrera de Agrimensura, “un trabajo de mucho esfuerzo del que se apropió la Facultad de Ingeniería y que hoy transita la recta final en proceso de acreditación de la CONEAU”.
A su turno, la legisladora Natalia Rodríguez, contó que esta aproximación se dio por el acercamiento de la Legislatura a los colegios profesionales, para brindar respuestas de políticas públicas “en beneficio de la gente y del desarrollo de la profesión”.
“En un momento y con un Estado nacional donde las incumbencias están bastardeadas, en Misiones vamos por el camino contrario, el de la revalorización”, agregó.
Después de la apertura, la Federación Argentina entregó (post mortem) el “Premio Nacional Teodoro Schuster” al agrimensor Héctor Ringa.
El cronograma de actividades incluye el desarrollo de la reunión 168 de delegados del Comité Consultivo Permanente sobre el Ejercicio de la Agrimensura, la primera reunión anual de la Comisión Nacional de Agrimensores Jóvenes; y la primera reunión anual de la Comisión Nacional Permanente de Estudiantes de Agrimensura (CoNaPEA).

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