En diciembre de 2017, el déficit primario (antes del pago de intereses) del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) rozó los $120.000 millones. De esta forma, más que duplicó al rojo registrado en igual mes del año pasado. Sin embargo, al considerar los ingresos extraordinarios que habían tenido lugar en ese mes producto del blanqueo de capitales, la profundización del saldo negativo se revierte: excluyendo esta masa de recursos (en torno a $90.000 millones), el rojo del sector público se achicó un 25% i.a. nominal, lo que equivale a un retroceso en torno al 40% i.a. en términos reales.
En este sentido, el buen desempeño de diciembre le volvió a permitir al fisco adelantar subsidios para el año entrante, en la búsqueda por relajar obligaciones futuras: del mismo modo que en el último mes de 2016, el sector público le transfirió alrededor de $30.000 millones a CAMMESA (distribuidora del mercado mayorista de energía), correspondientes al ejercicio siguiente. Por lo tanto, al momento de analizar el neto, estos cambios no tuvieron un impacto significativo.
La mejora en el resultado obedeció a un crecimiento de los ingresos ordinarios (sin contar los fondos extraordinarios del blanqueo) más acelerado que el de los gastos: a la par que los primeros treparon 33% i.a. en la comparación interanual (+5,6% i.a. real), las erogaciones avanzaron menos de un 6% i.a. nominal, lo que arroja una caída del 16% i.a. tras descontar por la inflación. En consecuencia, la profundización de la austeridad del sector público, manifestada mediante el recorte de subsidios (caída del 25% i.a. nominal en el mes) y el crecimiento de la actividad que apuntaló a la recaudación, se tradujeron en una considerable recuperación de las cuentas públicas.
Por su parte, el resultado financiero, es decir, el resultado primario más el pago de intereses, arrojó un déficit $150.000 millones en diciembre, lo que implica un salto del 80% i.a. De modo análogo al caso anterior, descontado el “efecto blanqueo”, el rojo del sector público se redujo un 14% i.a., lo que implica una mejora cercana al 30% i.a. medida en términos reales. Este desenlace tuvo lugar pese a un avance del 25% i.a. en el pago de intereses, los cuales saltaron de $25.000 millones en el último mes de 2016 a $30.500 millones en igual período de 2017. Por lo tanto, y al igual que en el resultado primario, diciembre de 2017 mostró un fortalecimiento en las cuentas públicas en comparación a 2016. Ahora bien, con los datos de 2017 completos, cabe preguntarse si esta dinámica se repitió para el todo el año.
Cumplir la meta primaria no garantiza el éxito
En el acumulado anual, el déficit primario superó los $400.000 millones, trepando un 18% i.a. en comparación a 2016, lo que implica un recorte en torno al 8% i.a. en términos reales. Mejor aún, si aislamos el efecto del blanqueo, se registró un ahorro nominal del 1,1% i.a. en el rojo del sector público nacional, lo que equivale a una merma superior al 20% i.a. una vez descontada la inflación.
Producto del achicamiento real del déficit y de la recuperación de la actividad, el gobierno nacional sobrecumplió la meta fiscal que se había autoimpuesto al comienzo del año: el saldo negativo del SPNF implicó un 3,9% de PBI, cuando la pauta lo autorizaba a estirarse hasta el 4,2%. En la misma línea, el adelantamiento de subsidios del año entrante mencionado en la sección anterior, permitió relajar la meta de este año (déficit de 3,2% del PBI). Para su cumplimiento, el gobierno aguarda que un crecimiento más acelerado de la economía morigere los esfuerzos necesarios por el lado de los gastos a la par que apuntale a la recaudación tributaria.
El resultado exitoso de 2017 obedeció a la buena performance que mostraron los ingresos totales, a la par que la reducción de subsidios atenuó considerablemente la expansión de los egresos.
Por el lado de la recaudación, se registró un avance del 22,5% i.a., que redunda en una caída del 4% i.a. al descontar la inflación. No obstante, al aislar el efecto del blanqueo, este movimiento se revierte: el crecimiento en valores corrientes asciende al 28,5% i.a., lo que se traduce en un incremento en términos constantes cercano al 1% i.a. Al igual que en el caso de diciembre, el repunte de la actividad fue la explicación detrás del avance.
Pasando ahora a las erogaciones, se registró un salto del 22% i.a. en términos nominales (caída del 5% i.a. en Pesos constantes). A contramano de los ingresos, en donde la mayoría de los apartados se movieron de forma homogénea, los distintos componentes del gasto tuvieron un comportamiento dispar: a un salto del 37% i.a. en valores del gasto social (+7,3% i.a. real) y del 25% i.a. en salarios (-2,1% i.a. deflactado), le siguió una caída del 22% i.a. nominal en los subsidios económicos (-38% i.a. real).
Alcanzado este punto, merece la pena destacar que los gastos indexados a la inflación (las jubilaciones, pensiones y programas sociales poseen una fórmula de ajuste automático, a la par que los empleados del sector público no se resignaron a perder poder adquisitivo) fueron los que más crecieron, mientras que aquellos más discrecionales (es decir, las transferencias a las empresas prestadoras de servicios públicos) son los que sufrieron los recortes más pronunciados.
Por último, el gasto de capital mostró dos dinámicas contrapuestas a lo largo del último año: a la par que creció 31% i.a. en valores durante la primera mitad del 2017, manteniéndose prácticamente inalterado en términos reales en relación al primer semestre de 2016, trepó un magro 1% i.a. nominal durante la segunda mitad del último año, cayendo 18% i.a. en términos reales. Como resultado, avanzó 14% i.a. en valores corrientes durante el último año, lo que representa una caída del 10% i.a. deflactada. Nuevamente, y al igual que con los subsidios, el gobierno reposó en los gastos más flexibles y con impacto indirecto sobre la población al momento de acotar el gasto y, así, cumplir la meta fiscal.
Si bien el resultado primario mostró avances en comparación al primer año de gestión de Cambiemos, el saldo financiero exhibió un peor desempeño: producto del esquema de financiamiento del déficit fiscal adoptado (más deuda en lugar de emisión), la cuenta intereses saltó más de 70% i.a. (+35% i.a. real) en el último año, rozando los $225.000 millones. De este modo, el rojo financiero superó el 6% del PBI. En consecuencia, se encienden las primeras señales de alerta: aunque el gobierno pasó exitosamente la prueba de acotar el resultado primario, no logró trasladar estas mejoras hacia el resultado financiero. Peor aún, en este contexto de endeudamiento creciente, los pagos asociados a esta cuenta irán en aumento, ubicándose como el punto flaco del nuevo esquema.
Los esfuerzos fiscales continuarán enfocados en el resultado primario
De cara al 2018, el gobierno luce decidido a dar las batallas necesarias para ordenar las cuentas fiscales primarias: la aprobación de la reforma previsional, tributaria y la firma del pacto fiscal fueron señales claras de que el rojo primario de las arcas públicas constituye una de las principales preocupaciones del poder ejecutivo.
Sin embargo, a la par que se muestra “consternado” por el déficit primario, y dispuesto a asumir los costos políticos necesarios para reducirlo, no pareciera preocuparle el ensanchamiento del pago de intereses; por lo tanto, este punto se convierte en el aspecto pendiente del Palacio de Hacienda. Si bien es comprensible que no se puedan atacar todos los frentes a la vez, la ausencia de metas explícitas en esta arista, junto con un endeudamiento en constante crecimiento, abren interrogantes acerca de qué importancia reviste acotar esta variable para el gobierno.
Por lo tanto, 2017 puede ser un adelantamiento de lo que vendrá: un déficit primario en retroceso, conviviendo con una carga de intereses que se agranda. De este modo, la pregunta se transforma en la siguiente: ¿quién le pondrá el límite al pago de intereses? ¿el gobierno o los inversores?
