La carrera recién empieza y ya hay signos de fatiga
Las tensiones dentro de la coalición de gobierno respecto del tema de tarifas ponen de manifiesto que la corrección gradual del desequilibrio fiscal heredado del gobierno anterior tiene costos. El gobierno planteó pasar de un déficit fiscal primario cercano a 5 puntos del PIB a un superávit primario modesto en el año 2022. Una carrera gradual durante siete años de la cual se había transitado al año 2017 la quinta parte. En el año 2018 se debería transitar otro quinto y, sin embargo, dentro del debate sobre los ajustes tarifarios, aparecieron algunas sugerencias de demorar los aumentos sin que quede claro cómo se compensaría el efecto sobre las cuentas fiscales. El gobierno pudo mantener su meta fiscal y trataría de sumar a las provincias en cualquier paliativo (sea por una tarifa social más generosa o por la reducción de la carga tributaria que recae sobre las facturas de energía), pero es riesgoso que la propia coalición de gobierno muestre fatiga cuando la tarea a realizar recién empieza.
Las sugerencias de postergar una parte de los ajustes tarifarios tienen varios problemas. En primer lugar, se olvida que este gobierno ya corrió dos años el cronograma fiscal anunciado al momento de hacerse cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Una nueva postergación despertaría dudas entre los que nos financian. En segundo lugar, los mercados de capitales enviaron una alerta al castigar el riesgo país argentino más que el de otros emergentes. Así, mientras en el último cuatrimestre del año pasado la diferencia entre el riesgo país de la Argentina y el de Brasil se había achicado a 120 puntos básicos, hoy se ubica en alrededor de 160 puntos básicos. Toda la estrategia gradual perdería sustento si no se logra mantener el financiamiento internacional a tasas de interés razonables. En tercer lugar, apelar a que las empresas proveedoras de servicios públicos acepten ceder ingresos para facilitar una corrección más gradual ignora que la Argentina intervino los contratos durante la crisis de comienzos de siglo, sin reconocer siquiera la evolución de la inflación que tuvo lugar desde 2002 en adelante y aún luego de que la economía se había recuperado.
El proceso de normalización de las instituciones económicas de la Argentina requiere dejar lado las soluciones “mágicas”. En el caso de las tarifas, la discusión debería centrarse en los costos y para ello existen las audiencias de revisión de tarifas. El gobierno nacional todavía está en falta en explicitar un esquema regulatorio que facilite la competencia en los precios mayoristas de la electricidad y el gas natural y tampoco queda claro cómo se han definido las estructuras tarifarias de distribución donde se castiga a los consumidores de mayor consumo sin que ello tenga un correlato en los costos. Además, no es fácil de entender porqué difieren los criterios de indexación de los valores de transporte y distribución: se ajustan por precios mayoristas en el caso del gas natural y por una combinación de éstos, precios minoristas y salarios, en el caso de la electricidad. Tampoco se había prestado la debida atención a la carga impositiva que más que duplica a la del resto de Latinoamérica, en particular porque provincias y municipios utilizan a los servicios públicos como una fuente fácil de ingresos, con tasas que no se ajustaron a la baja para compensar el efecto de un mayor precio neto generado por la normalización tarifaria. Además, en algunas provincias, los márgenes de distribución eléctrica son muy altos para financiar una estructura sobredimensionada.
En el caso de la inflación, las sugerencias de lograr bajarla aplicando la Ley de Defensa de la Competencia tienen innumerables problemas. Primero, confunde niveles de precios con tasas de variación. Aún un monopolio fija su nivel de precios teniendo en cuenta ingreso marginal y costo marginal y si este último no varía no le conviene subir su precio de venta, si no cambian las condiciones de demanda. Segundo, tiene un parecido enorme con la estrategia del gobierno anterior que usó controles directos de precios sin poder lograr un descenso de la inflación. Sea por la vía de un control directo o uno indirecto vía una utilización inapropiada de la legislación de Defensa de la Competencia se genera un señal muy negativa respecto a entender los problemas económicos y cómo resolverlos.
El gobierno espera que la inflación comience a ceder en el mes de mayo. Si ello no ocurriese, el BCRA ha adelantado que deberá aumentar las tasas de interés. Es importante que quede claro qué objetivo perseguirá: si pretende llegar a una inflación cercana a la meta del 15%, la tarea será costosa para el funcionamiento de la economía. Parecería que ese no será el camino a transitar si se atiende a las declaraciones del Jefe de Gabinete que ha mencionado que el 15% es orientativo y no un compromiso. En algún momento habrá que explicitar cuál es el objetivo para que el BCRA no vuelva a quedar atrapado en la retórica de una meta demasiado ambiciosa.
